La catedrática de Prehistoria Marga Sánchez Romero es también
vicerrectora de Extensión Universitaria, Patrimonio y Relaciones
Institucionales de la Universidad de Granada. Pero todo título se le
queda pequeño para la titánica labor de divulgación que desempeña.
Podemos verla en El condensador del Fluzo de La 2 y leer Prehistoria de
mujeres (Destino, 2022).
Marga Sánchez Romero (Madrid, 1971) defiende que la
sociedad vive en el eterno prejuicio sobre las mujeres, y que la
arqueología, que en el siglo XIX fue de élites de hombres blancos y
europeos, ha contribuido a construir estos discursos. Por eso ella
empuña su lanza (conocida como ciencia) para desmontar mitos, estudiar
qué fuimos y somos, seguir investigando y divulgando sobre la otra mitad
de la humanidad: nosotras. Y para ello usa la Academia y la
divulgación, participando en el programa de televisión El condensador del Fluzo, que emite La 2, y escribiendo libros Prehistoria de mujeres (Destino, 2022).
Porque, ¿se acuerdan de los Marmol y los Picadiedra? Betty y Vilma
delgadas, guapas, cuidadoras de sus retoños, amas de casas sin
rechistar, y sus contrarios, gordos, fuertes, que llegan a casa agotados
de trabajar y se ponen a beber cerveza. La construcción de la historia
–y sus ficciones– no es inocente. Y la arqueología y las historiadoras
feministas levantan otro relato que pone el ojo dónde nunca nadie miró. Y
cuando se hizo, lo desdeñó por categorizarlo como “cosas de mujeres”.
Su libro Prehistoria de mujeres lleva seis
ediciones. Enhorabuena a usted y a su editora Martina Torrades. ¿Por qué
considera clave el relato de la Prehistoria para la composición de toda
la historia de las mujeres?
Los relatos sobre las sociedades de la Prehistoria se han hecho para
sustentar las desigualdades. En el presente hombres y mujeres seguimos
siendo desiguales y, para mantener el statu quo, el patriarcado tiene
que trabajar los argumentos. Bajo el argumento de “esto es así porque ha
sido siempre, desde la Prehistoria”, es como si la desigualdad fuera
inherente al ser humano o formara parte de lo que somos. Mientras más
lejos lo pongan y más cercano a los primeros seres humanos, más difícil
es comprender que no, que esto es cultural, construido, y que no tiene
nada de biológico. El patriarcado necesita sustentar el discurso actual,
que se generó partir de la segunda mitad del siglo XIX, que es cuando
la arqueología se articula como disciplina y hace un discurso
científico, dándole así validez. Pero no. Cuando hablamos de la
Prehistoria estamos hablando de decenas de miles de años, y la mayor
parte de la humanidad ha sido igualitaria.
¿Qué se está demostrando con la arqueología feminista?
Abre el campo a nuevas formas de entender quiénes somos. Cuando en el
XIX se hacen los discursos sobre cómo funcionan las sociedades del
pasado, lo que se hizo fue elegir una serie de actividades como el
culmen de la sociedad: la caza, la guerra, el comercio y el arte
rupestre. Estos elementos son los que supuestamente nos hace evolucionar
y los sitúa todos en manos masculinas. De manera que las mujeres o las
personas en edades avanzadas, o las criaturas o las personas con
discapacitadas no están en ese relato. Cuando el feminismo llega a la
arqueología a finales de los 70, principio de los 80 lo que dice es ¡os
habéis dejado tanto sin contar! El cuidado, la socialización, la
crianza, la alimentación, las tecnologías relacionadas con el textil…,
es decir, la historia es parcial y todo esto no se consideró porque se
vinculó esencial, natural y biológicamente a la mujer. Y, además, las mujeres sí cazábamos,
sí pintábamos, sí viajábamos y desgraciadamente sí peleábamos en los
conflictos violentos. El dato científico también pone a las mujeres ahí.
Sin olvidar que lo que se consideraba que no tenía importancia es lo
único que realmente la tiene, porque si no crías, cuidas, socializas,
curas, alimentas no puedes hacer nada. Estas actividades de
mantenimiento son las que de verdad son estructurales e imprescindibles
en todas las sociedades. Y todas estas informaciones respecto al pasado
se han obviado porque estaban vinculadas a la mujer.
“La desigualdad arranca con la acumulación y con el excedente”
Vamos a grabarlo a fuego: las sociedades paleolíticas eran igualitarias.
Sí, las desigualdades empiezan con la producción. ¿Qué te hace a ti
ser desigual a otra persona? Tener más o poseer cosas distintas. La
desigualdad arranca con la acumulación y con el excedente. Cuando en el
Neolítico se empieza a cultivar y a tener ganadería, poco a poco,
empieza a haber gente que tiene algo más. Todo esto es muy sutil y son
procesos de miles de años. El que cada vez intenta tener más, fabrica el
discurso para que el resto crea que lo natural es que unos tengan más
que otros. Y aquí empiezan también las desigualdades de género, porque
la producción depende de la reproducción. Si no se producen hijos que
sean mano de obra, no se produce más, con lo que empieza a haber un
control de la reproducción por parte de los hombres. En las poblaciones
cazadoras recolectoras las mujeres se mueven por el territorio igual que
los hombres, por eso las sociedades móviles tienen muchos menos hijos
que las sociedades sedentarias. Las crías humanas en el primer año están
en estado fetal, son dependientes completamente, por eso las madres se
quedan en los espacios de protección mientras que los hombres siguen
moviéndose. En esa situación ellos intentaron controlar el discurso. Y
luego llegaron los griegos y dijeron que las mujeres no somos seres
humanos completos.
¿Y de ahí viene la división sexual del trabajo?
Ten en cuenta que es una estrategia económica para ser lo más
efectivos posibles. Es cierto que histórica, etnográfica y
arqueológicamente se documenta que las mujeres han estado más vinculadas
a las actividades de mantenimiento y los hombres a la producción, en un
sentido más amplio de la palabra. El problema no está en la división en
sí, sino en el valor que le damos, no que tienen. Todo lo relacionado
con lo masculino lo ponemos arriba y las actividades relacionadas con lo
femenino abajo. Además, el reparto del trabajo pudo ser más fluido. Por
ejemplo, los barcos balleneros en Alaska que dicen que las mujeres no
van en los barcos, ¿y cuando el hombre se pone malo? Pues va una mujer.
Pero es cierto que cuanto más especializadas (en cerámica, metalurgia…)
son las sociedades, más férrea es la división sexual del trabajo.
¿Qué están estudiando ahora?
Nosotras trabajamos con la cultura material. Yo escavo y de ahí
extraigo cuerpos, objetos, contexto en el que están y de ahí podemos ir
reconstruyendo. Lo importante en realidad son las preguntas que hacemos.
Por ejemplo, estamos estudiando la lactancia: analizamos los dientes de
las criaturas para saber cuándo se empieza a producir el destete y
cuando termina. Analizamos el interior de las cerámicas para saber qué
productos se consumían y cómo se preparaban. Estudiamos el cuidado en
los huesos, porque cuando se rompían había formas de soldarlos. Hay
personas enfermas que sobrevivían, y si lo hacen es porque se las cuida.
También miramos los enterramientos: con quién, cómo, con qué. Esto nos
habla de la identidad de esas personas. Hasta ahora, lo encontrado solo
había servido para reconstruir la vida de los hombres. Ahora estamos
reconstruyendo la vida de las mujeres, por tanto, la vida del grupo.
“Estamos reconstruyendo la vida de las mujeres en la prehistoria, por tanto, la vida del grupo”
Esta conversación se está produciendo por videoconferencia. Y
veo detrás de usted muchísimas estatuillas de las venus. Digo
estatuillas, pero he aprendido -en su libro- que se llama “arte móvil”.
¿Qué son? ¿A qué responden?
Son estatuillas muy diversas. El problema es que con el término
“venus” se simplifica demasiado, porque solo en el Paleolítico conocemos
unas ciento y pico figurillas. Hay adolescentes, mujeres embarazadas,
obesas, otras con los rasgos sexuales muy marcados y señoras mayores. Al
llamarlas venus se nos viene a la cabeza la Venus de Praxíteles y esto
está relacionado con una ideología, con una ética y moral, que no tienen
nada que ver con la Prehistoria. La única relación es que son mujeres
desnudas, pero el término venus se relaciona con la sexualidad y la
reproducción, y esto es reducir el pensamiento simbólico de 30.000 años
de historia. Yo digo que responden a motivaciones diferentes y que
reconocen el cuerpo de las mujeres como un elemento fundamental en la
explicación de sus vidas. Creo que representan la feminidad. En los años
80 la arqueóloga Prudence Rice las estudió y concluyó que no representan reproducción sino feminidad.
¿Pudo Altamira ser pintado por mujeres?
Por lo menos no se puede asegurar que solo fueran hombres. Lo que
pasa que cuando pensamos en un genio creador se nos viene a la cabeza un
hombre: Picasso pintando Altamira. Pero ¿podemos asegurar cien por cien
que lo pintaron hombres? No, podrían haber sido mujeres también. El
arte rupestre es muy complejo y muy diverso. Lo hay en todas partes del
mundo y en cada sitio responde a una cosa distinta. Es una forma de
comunicación y una forma de expresar identidad. En la Cueva del Trucho
hay un panel con manos y encontramos hasta de bebes. Es como decir “aquí
estoy yo, esta es mi identidad y pertenezco a este grupo”. Del arte
rupestre hay cuestiones que no entenderemos nunca porque no tenemos los
códigos simbólicos de la sociedad de la Prehistoria. Es por eso que
reducir a que solo los hombres pintaron es completamente acientífico.
Sobre el presentismo, ¿cómo ha influido a la hora de escribir la historia?
Es la idea de que las circunstancias de cualquier momento histórico
han sido iguales a las del presente. El presentismo es malo, pero
tampoco podemos desvincularnos de quiénes somos. Y el feminismo es muy
de punto de vista situado: yo miro al pasado con mi punto de vista y
estoy buscando a las mujeres de la prehistoria porque me interesan las
mujeres del presente. La honestidad es fundamental, porque si solo hablo
de hombres estoy haciendo ciencia, pero si meto a las mujeres en el
discurso nos dicen que ya estamos haciendo política. Perdona, pero
política se estaba haciendo antes negando a una parte de la población e
visibilizando solo unos trabajos y actividades que supuestamente solo
hacían hombres. Política hacemos todos.
¿Quién sois las Past Women y qué hacéis?
Somos una red de compañeras. En los años 2000 vimos que nos
interesaban estos temas, pero estábamos muy aisladas las unas de las
otras. Yo en Granada, otras en Barcelona, en Valencia, en Jaén… y hacía
que la arqueología feminista no acabara de cuajar. A principio de los
2000, de mí se reían lo más grande. Ahora si lo hacen tiene que ser para
dentro. Era muy complicado. En 2003 organicé en Granada un curso de
arqueología feminista y las invité a todas. Se generó una red que nos
sustenta, sostiene y que son mi referente. Esto ha permitido que la
arqueología feminista en España crezca de forma brutal: yo no sería
quien soy si no fuera por mis compañeras. Tenemos muchas líneas de
investigación abiertas que se van materializando en nuestro recurso web.
Empezamos trabajando en construir imágenes, hace unos años solo eran
tíos y tíos. Ahora también sacaremos una línea de publicación en clave
divulgativa porque hay que hacer accesible la academia a la ciudadanía.
.-Ciudad
de México.- De acuerdo con el informe más reciente del Fondo de
Población de las Naciones Unidas (UNFPA), se refrendó que el derecho a
la salud sexual y reproductiva de las mujeres depende de su identidad o
lugar de nacimiento, es decir, estos factores siguen siendo
determinantes para saber si se accede a estos derechos, esto sumado al
racismo, sexismo y discriminación aumenta la posibilidad de no acceder a
ellos, por eso este organismo hace un llamado para la erradicación de
las desigualdades, porque hay progresividad pero no para todas.
La
atención de la salud han beneficiado sobre todo a las mujeres más ricas
y a las que proceden de grupos étnicos que ya disfrutaban de un acceso
más amplio a dichos servicios. De igual forma, alertó que las mujeres y
niñas con discapacidad, las personas migrantes y refugiadas, las
minorías étnicas, las personas que viven con el VIH y las castas que
viven con mayores condiciones de rezago, porque corren un mayor riesgo
de sufrir problemas de salud sexual y reproductiva y un acceso desigual a
la atención sanitaria de esta índole.
Nota de Cimacnoticias. Consulta la información
Aunque
las distintas naciones desde hace décadas lograron llegar a un acuerdo
en consenso de que la salud y los derechos reproductivos son piedras
angulares del desarrollo mundial, un acuerdo pionero de hace tres
decenios, no se ha traducido como tal para algunas mujeres en México.
México
sigue representando un país donde se registran muerte de mujeres por
abortar, por complicaciones en sus embarazos, durante el parto,
puerperio o simplemente por una hemorragia obstétrica, esto de acuerdo
con el Observatorio de Muerte Materna y llevamos este año un acumulado
de 130 mujeres que han muerto por estas causas en todo el país:
Las
principales causas de defunción son: Hemorragia obstétrica (20.8%);
Enfermedad hipertensiva, edema y proteinuria en el embarazo, el parto y
el puerperio (11.5%); Aborto (10.0%) y Complicaciones en el Embarazo
(9.2%).
Las entidades con defunciones maternas son:
Veracruz (12)
Chiapas (9)
Chihuahua (9)
Jalisco (9)
Puebla (9).
El
embarazo adolescente vulnera los derechos sexuales, reproductivos, de
salud, de educación, entre otros, de las mujeres y niñas. Sus
consecuencias no solo limitan la posibilidad de una buena calidad de
vida de las y los hijos, sino que repercuten en las personas
adolescentes y en la comunidad
Embarazo adolescente en México
De
acuerdo con la Secretaría General del Consejo Nacional de Población
(Conapo) y el Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres) subrayan que
el Sistema de Indicadores para Monitoreo y Seguimiento (SIMS),
a cargo del Grupo de Trabajo de Indicadores de Monitoreo y Seguimiento
(GTIMS) de la Enapea, entre 2015 y 2023, la Tasa Específica de
Fecundidad de Adolescente (TEFA) se redujo en 16.7 por ciento, al
descender de 72.4 a 60.3 nacimientos por cada mil adolescentes de 15 a
19 años.
Durante
2022, casi 1 de cada 2 (45.1 por ciento) interrupciones voluntarias del
embarazo (IVE) correspondieron a niñas y adolescentes menores de 20
años de edad, las cuales descendieron entre 2019 y 2022, de 55.6 a 45.1
por ciento.
Lo anterior, cabe precisar como proporción del total
de IVE en mujeres de todas las edades atendidas en unidades médicas de
la Secretaría de Salud.
De acuerdo con el INEGI en 2021 ocurrieron 147 mil 279 nacimientos en adolescentes de 15 a 19 años, y en niñas
menores de 15 años, 3 mil 019.
En
2023, la tasa de nacimientos en adolescentes de 15 a 19 años fue de
26.3 por cada mil; en niñas, fue de 0.2 por cada mil menores de 15 años.
La diferencia de los nacimientos ocurridos entre madres adolescentes de 15 a 19
años
en localidades de menos de 15 mil habitantes y en localidades de 15 mil
y más fue de 4.4 puntos porcentuales: 16.4 % frente a 12.0 %,
respectivamente.
De acuerdo con el Centro
Nacional de Equidad de Género y Salud Reproductiva, la consejería en
anticoncepción, oportuna y adecuada a las condiciones individuales, y el
acceso universal a métodos anticonceptivos modernos integran una de las
estrategias costo-efectivas más importantes en salud pública. Estas
intervenciones tienen un impacto positivo en la salud materna, ayudando a
la prevención de la morbimortalidad materna y perinatal, reduciendo los
abortos inseguros por embarazos no planeados y contribuyendo a reducir
las infecciones de transmisión sexual como el VIH .
Entre los
beneficios destacan a nivel individual el fortalecimiento de la
autonomía de las personas y el empoderamiento de las mujeres; a nivel
social, coadyuva a la igualdad entre los géneros, posibilita la
prolongación de la educación formal y con ello al desarrollo
económico-laboral, y a nivel global, es una medida efectiva contra los
impactos negativos del cambio climático, al reducir los embarazos no
planificados que contribuyen al crecimiento de la población.
Según
la Encuesta Nacional de la Dinámica Demográfica (ENADID) realizada en
2018, señala que en México un importante porcentaje de la población
conoce y utiliza métodos anticonceptivos, en mujeres sexualmente activas
de 15 a 49 años de edad alcanza el 75%. Sin embargo, el uso de métodos
anticonceptivos muestra importantes desigualdades entre grupos de la
población. Prueba de ello es que en mujeres hablantes de lengua indígena
la prevalencia de uso de anticonceptivos es de sólo 64% y en el caso de
la población adolescentes de 15 y 19 años la prevalencia de uso de
anticonceptivos es únicamente del 60%.
Además de las diversas
barreras en la provisión de servicios para abatir la necesidad no
satisfecha en anticoncepción, en México existen barreras ideológicas y
culturales que requieren políticas públicas progresistas y con enfoque
de derechos que garanticen una sexualidad placentera y saludable.
De
acuerdo a un estudio realizado en América Latina y el Caribe entre el
2020 y el 2021 se mostró que el 92.2% de las muertes maternas asociadas a
la COVID-19 correspondieron a mujeres indígenas o afrodescendientes.
El
organismo internacional, señaló que estas cifras resultan inadmisibles,
más aún teniendo en cuenta que 9 de cada 10 muertes maternas son
evitables si se aplican las medidas que han demostrado ser efectivas:
cuidados maternos de calidad, acceso universal a los métodos
anticonceptivos y lucha contra las desigualdades en el acceso a la
salud, entre otras.
Mortalidad materna en mujeres
De
acuerdo a un informe de la Organización Panamericana de la Salud (PAHO)
en América Latina y el Caribe , los datos sobre mortalidad materna en
las mujeres indígenas arrojan cifras inaceptablemente altas.
Además,
las tasas de fecundidad y los embarazos a edades tempranas son mayores
en las mujeres indígenas. A ello se suman las limitaciones en su acceso a
los controles prenatales y a servicios de salud sexual y reproductiva.
De acuerdo
con datos de GIRE, (Grupo de Información en Reproducción Elegida)2016 a
2021 en México habían muerto un total de 5 mil 99 mujeres por causas
prevenibles relacionadas con el embarazo, parto y puerperio. Esto
significa que, en promedio, mueren 850 mujeres al año; dos al día. Las
cifras han sido especialmente preocupantes para 2020 y 2021, siendo el
último el año con mayor número de muertes maternas desde el 2000. Sus
muertes son un reflejo de las profundas injusticias que persisten en el
país y las violaciones a derechos humanos que enfrentan las mujeres
todos los días, llevando a muertes que hubieran podido evitarse.
La
agenda de la Conferencia Internacional sobre la Población y el
Desarrollo o Conferencia de El Cairo de 1994 sirvió para marcar las
pautas del camino a seguir, si bien es cierto que ha habido mejorías
notables aún ninguno de los países que la integran puede decir que ha
llegado a la cobertura total de los planteamientos.
UNFPA en este
registro también toma en consideración el reconocimiento de la autonomía
corporal de las mujeres, el cual ya se consolida como un derecho
humano, este es un punto focal porque ha habido una ancestral lucha por
alcanzarlo.
Desafortunadamente persiste el abandono de sectores
poblaciones de mujeres, porque aunque a nivel global han tenido un
impacto positivo en las últimas tres décadas gracias a los avances, se
ha pasado por alto a comunidades que viven en contextos de marginación.
Las
miradas del mundo han estado puestas en otras poblaciones que tienen
mayor facilidad de acceder a este derecho pero se han olvidado de
incluir en las agendas las desigualdades y disparidades.
UNFPA que
cada año publica algún informe con mediciones relacionadas con los
derechos a la salud sexual y reproductiva de las mujeres nos hace saber
que hubo algunos avances, como son:
Logros
-Entre 2000 y 2020, la mortalidad materna a nivel mundial disminuyó en un 34% (OMS et al.,
2023), una victoria que se atribuye principalmente a la mejora del
acceso a la atención obstétrica especializada y de urgencia.
-De 1990 a 2021, la cifra de mujeres que recurren a métodos anticonceptivos modernos
se duplicó (Departamento de Asuntos Económicos
y Sociales de las Naciones Unidas [DAES], 2022).
-La tasa de embarazos no intencionales se redujo en un 19% entre los períodos 1990-1994 y 2015-2019 (Bearak et al., 2018).
-Desde 2000, los partos de adolescentes de entre 15 y 19 años se han reducido en cerca de la tercera parte (UNFPA, 2023).
-Las tasas de infección por el VIH han experimentado una fuerte bajada: en 2021 se registraron casi un tercio menos
de infecciones nuevas que en 2010 (Naciones Unidas, 2023).
-La proporción de niñas a las que se somete a la mutilación genital femenina también ha disminuido con creces debido a que las actitudes con respecto a tal práctica han cambiado (UNICEF, 2022).
UNFPA considera que los modelos de autoasistencia,
derivados de la evolución acelerada de las nuevas tecnologías que
facilitan que las mujeres afronten enfermedades y discapacidades sin la
intervención directa de ningún profesional sanitario.
Los Estados
tienen la obligación de garantizar a las mujeres el acceso a servicios
de atención para la salud reproductiva, disponibilidad suficiente, de
calidad y sin discriminación, no obstante, la realidad en muchos sitios
es que a pesar de estas obligaciones, las violaciones de la salud y los
derechos sexuales y reproductivos son frecuentes. Éstas adoptan muchas
formas, entre ellas:
negación del acceso a los servicios que solo necesitan las mujeres
servicios de baja calidad
someter el acceso de las mujeres a los servicios a la autorización de terceros
esterilización forzada, exámenes de virginidad forzados y aborto forzado, sin el consentimiento previo de las mujeres
la mutilación genital femenina (MGF)
matrimonio precoz
Marco legal internacional30 años de Cairo
Normas de derechos humanos pertinentes
CEDAW (artículo 16)
garantiza a las mujeres la igualdad de derechos a la hora de decidir
«libre y responsablemente el número y el espaciamiento de sus hijos y a
tener acceso a la información, la educación y los medios que les
permitan ejercer estos derechos.»
CEDAW (artículo 10)
también especifica que el derecho de las mujeres a la educación incluye
«el acceso a información educativa específica para ayudar a garantizar
la salud y el bienestar de las familias, incluida la información y el
asesoramiento sobre planificación familiar.»
ElPlataforma de Acción de Beijing afirma
que «los derechos humanos de la mujer incluyen su derecho a tener
control y a decidir libre y responsablemente sobre cuestiones
relacionadas con su sexualidad, incluida la salud sexual y reproductiva,
sin coacción, discriminación ni violencia.»
La Recomendación general 24 del Comité de CEDAW recomienda
que los Estados den prioridad a la «prevención de los embarazos no
deseados mediante la planificación familiar y la educación sexual.»
La Observación General 22 del CESCR recomienda
a los Estados «derogar o eliminar las leyes, políticas y prácticas que
penalicen, obstruyan o socaven el acceso de las personas o de un grupo
determinado a los establecimientos, servicios, bienes e información de
salud sexual y reproductiva.»
La
autonomía corporal de las mujeres consiste en tener el poder y la
capacidad de decisión sobre sus cuerpos y de su futuro, sin violencia ni
coacciones. Esto incluye, la libertad para tomar sus propias decisiones
sobre cuestiones relacionadas con la atención de la salud, los
anticonceptivos y si tener o no relaciones sexuales.
Bajo la
óptica de lo que no es medible, no es alcanzable, la adopción de los
Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) en 2015 marcó el punto en el
que, mediante un indicador, la comunidad internacional trató de
cuantificar la capacidad de las mujeres para ejercer su autonomía
corporal.
Aunque a la luz de los nuevos tiempos, pudiera parecer
que la autonomía corporal de las mujeres es un territorio ganado, no fue
sino hasta el 2017 cuando el Alto Comisionado de las Naciones Unidas
para los Derechos Humanos reconoció la importancia de la autonomía
corporal en cuanto a que derecho humano.
Avances progresivos
Protección a las mujeres y las niñas por medio de la legislación, 162 países han promulgado leyes (Banco Mundial, s. f.)
Despenalización
progresiva de las relaciones sexuales entre personas del mismo sexo, en
2022 se abolieron más leyes punitivas de esta naturaleza que en
cualquiera de los últimos 25 años (HIV Policy Lab et al., 2023).
Las
nuevas tecnologías facilitan que los usuarios promuevan su salud sin la
intervención directa de ningún profesional sanitario, dichos modelos
cuentan con el respaldo del UNFPA, la Organización Mundial de la Salud
(OMS) y otras organizaciones de salud pública.
Pondera la
atención de parteras cualificadas, —cuya profesión antiquísima ha
quedado relegada a los márgenes de la medicina moderna desde hace mucho
tiempo es un recurso vital que ahorra costos (UNFPA et al., 2021).
Se
ha extendido la noción de que invertir recursos en la igualdad de
género es apropiado, puesto que arroja beneficios sociales y económicos
cuantiosos.
Asignaturas pendientes
Una
cuarta parte de mujeres en el mundo, no puede negarse a mantener
relaciones sexuales con su marido o pareja. Datos recientes de 69 países
indican que el 25 por ciento, de las mujeres no tiene la posibilidad de
tomar las decisiones más elementales sobre su cuerpo.
La
aparición de numerosas crisis —por ejemplo, conflictos, consecuencias
climáticas y la pandemia de COVID-19— han hecho peligrar la trayectoria
favorable de los últimos decenios y constituyen una amenaza para los
avances venideros.
En muchas regiones, la oposición a la salud y
los derechos sexuales y reproductivos se justifica con el pretexto de
las tradiciones y se disfraza de nostalgia en muchos casos, es
incompatible con los consensos ya asentados y los acuerdos fundamentales
de derechos humanos.
En casi 1 de cada 10 casos, utilizar anticonceptivos no depende de ellas (UNFPA, 2024a).
Tasa
mundial de reducción de muertes maternas fue de 0 entre 2016 y 2020
(OMS et al., 2023). Esto se traduce en que fallecen durante el parto
unas 800 mujeres al día.
Más del 70% de muertes maternas se
registran en África subsahariana, una región que concentra a muchos de
los países menos adelantados y a los sistemas de salud más frágiles del
mundo.
Si una mujer de África Subsahariana sufre complicaciones
durante el embarazo y el parto, tiene una probabilidad de morir casi 130
veces mayor que si viviera en Europa o América del Norte.
Existe
una marcada diferencia en vivir en la misma región pero con diferentes
recursos y nivel socioeconómico, de tal forma que las mujeres más ricas
de Madagascar son cinco veces más propensas que las más pobres a dar a
luz con ayuda de profesionales cualificados (ONU-Mujeres et al., 2023).
En
todo el continente americano, las personas afrodescendientes tienen más
posibilidades de ser víctimas de la violencia obstétrica (UNFPA et al.,
2023).
El acceso a métodos anticonceptivos modernos es desigual
y varía, por motivos de raza y etnia, situación migratoria y condición
de persona, nivel de estudios, situación socioeconómica y residencia en
zonas urbanas o rurales.
El peso de las palabras
Dos
preceptos que desempeñan una función esencial en la Agenda 2030, es
cambiar la forma de nombrar a los grupos sociales, surge la expresión
«no dejar a nadie atrás». A la hora de encarar la desigualdad, el
lenguaje que empleamos cobra importancia. Cuando hablemos sobre una
persona o comunidad, es vital que no demos la impresión de que carece de
toda capacidad de acción o tiene poca trascendencia.
Si bien se
ha tendido a calificar a grupos enteros como “marginadas” u “oprimidas”,
cada vez se pone más empeño en aludir a las condiciones particulares
que ponen trabas al ejercicio de sus derechos y libertades.
Muchos
factores interactúan con el género y dan como resultado la marginación
de personas y comunidades. Entre ellos, la etnia, la raza, el idioma y
la religión, la discapacidad, el estado serológico con respecto al
VIH/sida, la situación migratoria y la orientación sexual y la identidad
de género.
Fuente: Adaptación de “No dejar a nadie atrás y llegar a los más regazados: Plan estratégico para 2022-2025” del UNFPA.
Brechas de desigualdad
El informe «Vidas entrelazadas, hilos de esperanza: eliminar las desigualdades en materia de salud y derechos sexuales y reproductivos»
de la UNFPA, hace énfasis en el papel del racismo, el sexismo y otras
formas de discriminación que dificultan que la población de mujeres el
avance en este ámbito.
Al hablar de las condiciones de vida de las
mujeres indígenas, se tiene que tomar en cuenta la discriminación
agravada, así como las dinámicas patriarcales y misóginas que imperan en
su cotidianidad. Además de atravesar por la interseccionalidad nada
favorable, en la que se cruza el ser mujer, pero además, la premisa, de
ser indígena.
Según datos poblacionales del 2022 proporcionados
por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, INEGI, en México
existen 23.2 millones de personas de tres años y más que se
autoidentifican como indígenas, lo que equivale a 19.4 % de la población
total de ese rango de edad.
Según los cálculos del UNFPA del
2022, si se gastaran 79 mil millones de dólares de los Estados Unidos en
países de ingreso mediano y bajo de aquí a 2030, por ejemplo, se
evitarían 400 millones de embarazos no planeados, se salvaría la vida a 1
millón de madres y 4 millones de recién nacidos y se generarían
beneficios económicos por un valor de 660 mil millones de dólares.
El
informe del Fondo de población de las Naciones Unidas, (UNFPA) destacó
que los datos resultan abrumadores. Las mujeres y las niñas pobres,
aquellas que pertenecen a minorías étnicas, raciales o indígenas o que
se ven atrapadas en entornos de conflicto tienen más probabilidades de
morir porque no pueden acceder a la atención sanitaria oportuna, por
ejemplo, las mujeres pertenecientes a grupos étnicos indígenas tienen
más probabilidades de morir por complicaciones relacionadas con el
embarazo y el parto.
El diagnóstico
Este
año se conmemora el trigésimo aniversario de la Conferencia
Internacional sobre la Población y el Desarrollo (CIPD) de El Cairo, un
momento histórico en el que 179 gobiernos adquirieron el compromiso de
convertir la salud y los derechos sexuales y reproductivos en un eje
central del desarrollo sostenible.
Sin embargo, las cifras
muestran que son millones de mujeres y niñas en condiciones de rezago,
en tanto que, los avances respecto a indicadores fundamentales se han
ralentizado o estancado: todos los días mueren 800 mujeres al dar a luz, una cifra que no ha cambiado desde 2016.
El
25% de las mujeres no puede negarse a mantener relaciones sexuales y
cerca de 1 de cada 10 no puede tomar sus propias decisiones sobre
anticonceptivos. En el 40% de los países que disponen de datos al
respecto, la autonomía corporal de la población femenina es cada vez
menor.
La eterna lucha de la apropiación del cuerpo de las mujeres
es un factor clave en dicho retroceso, siendo una suerte de truco, en
la que se tejen y destejen las oportunidades de acceder a una vida
tranquila, en la que los derechos de salud y reproductivos de las
mujeres sean respetados. Es decir, por un lado corre la vía de los temas
políticamente correctos, pero por otra muy distinta, corre la vía de
los hechos, resultaba necesario dicho diagnóstico para dimensionar el
impacto real de las políticas establecidas.
En cuanto a los
avances, el organismo internacional señaló una marcada tendencia a
frenar la tasa de embarazos no deseados, entre otros aspectos a
considerar: “en el transcurso de una generación, hemos conseguido frenar
la tasa de embarazos no intencionales en casi una quinta parte, hemos
reducido la tasa de muertes maternas en un tercio y hemos logrado que
más de 160 países promulguen leyes contra la violencia doméstica”,
explicó Natalia Kanem, Directora Ejecutiva del UNFPA.
Asimismo, la
funcionaria del organismo global, señaló las áreas de oportunidad para
avanzar en materia de salud y derechos reproductivos, dijo, “a pesar de
estas mejoras, las desigualdades en el seno de las sociedades y los
sistemas de salud están empeorando y no hemos otorgado la debida
prioridad a las personas con mayores condiciones de rezago.
En la
región de América Latina y el Caribe, si bien es cierto que ha habido
avances, estos han sido dispares dependiendo de la identidad y la
ubicación de las personas, entre otros factores.
En nuestra región, la reducción de la mortalidad materna se ha estancado, con cifras comparables a las de hace dos décadas.
Casi
todos los países de Latinoamérica muestran una lenta tendencia a la
baja en el embarazo adolescente. Sin embargo, la tasa de fecundidad
adolescente de la región sigue siendo la segunda más alta del mundo
después de la del África subsahariana.
Catorce de los 25 países del mundo con mayores tasas de feminicidio se encuentran en América Latina y el Caribe.
Mientras
que la práctica del matrimonio infantil y la unión informal ha
disminuido a nivel mundial en los últimos 25 años, en América Latina y
el Caribe lo está haciendo muy lentamente.
En nuestra región una de cada cinco mujeres jóvenes de entre 20 y 24 años se casó antes de cumplir los 18 años.
Atención desde lo micro
En
los pocos lugares donde se recopilan datos, las mujeres
afrodescendientes han resultado ser más vulnerables a la violencia
obstétrica y los malos resultados de salud materna. En muchas ocasiones,
se priva a las mujeres indígenas de atención a la salud materna con
pertinencia cultural y se tipifican como delito sus costumbres
relacionadas con el parto, lo que se traduce en un riesgo mucho mayor de
fallecer durante el embarazo o al dar a luz.
La infraestructura
sanitaria sigue plagada de normas de género desiguales, como el déficit
crónico de inversión en el personal de atención obstétrica (mujeres en
su inmensa mayoría). Las mujeres y niñas con discapacidad tienen hasta
diez veces más probabilidades de sufrir violencia de género y,
simultáneamente, se topan con más impedimentos para recibir atención de
la salud.
Su vulnerabilidad se agrava como consecuencia de
factores de gran incidencia como el cambio climático, las crisis
humanitarias y las migraciones masivas, que a menudo tienen un efecto
desproporcionado sobre las mujeres que viven en los márgenes de la
sociedad. Un punto de luz dicho informe, fue el de mencionar la
importancia de adaptar los programas a las necesidades de las
comunidades -en lugar de seguir enfoques genéricos a gran escala- y de
empoderar a las mujeres y las niñas de modo que conciban y pongan en
ejecución soluciones innovadoras.
Es decir, ir lo micro a lo macro
para lograr mejores resultados en la implementación de políticas que
permitan alcanzar mejores resultados a nivel global en materia de salud y
derechos sexuales y reproductivos.
2024 podría marcar un hito
como el año con mayor concentración de procesos de democracia
participativa de la historia. Durante estos meses, más de 50 países
afrontarán citas electorales importantes que influirán en el destino de
buena parte de la humanidad (Harbath, 2023; Federación Internacional de
Sociedades de la Fecundidad, s. f.), como miles de millones de mujeres y
niñas e infinidad de comunidades marginadas.
Matrimonio infantil en México
De
acuerdo al Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), “El
matrimonio infantil y las uniones tempranas constituyen una violación a
los derechos humanos de la niñez y son consideradas por el Sistema de
Naciones Unidas como prácticas nocivas que afectan gravemente la vida,
la salud, la educación y la integridad de las niñas”.
El
matrimonio infantil y uniones tempranas son tanto causas como
consecuencias del embarazo temprano, de la violencia sexual y de género y
se vincula directamente con problemáticas como la deserción escolar, la
mortalidad materna, la transmisión intergeneracional de la pobreza y en
general la limitación a las oportunidades de vida de las niñas y
adolescentes.
Esta práctica también se vincula con mayores costos
en los sistemas de salud y educación, afectando los ingresos futuros de
las mujeres, por ello es importante que el Estado mexicano adopte
medidas urgentes para erradicar esta práctica nociva que viola los
derechos de niñas y mujeres adolescentes, señaló la Red por los Derechos
de la Infancia en Mexico (REDIM).
En
junio de 2020 se estableció en todo el país que la edad mínima para
casarse eran los 18 años de edad, sin permitir excepciones. Sin embargo
esto no significó que la práctica del matrimonio y la unión temprana
desaparecieran, particularmente en comunidades en las que se practican
usos y costumbres como el matrimonio forzado.
No
existen cifras oficiales del fenómeno; aunque en el Censo 2020 que
publicó el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática
(INEGI) se preguntó a mujeres de 12 años o más por su estado civil: 237
mil 175 mujeres de entre 12 y 17 años a nivel nacional se encontraban
casadas o unidas en 2020; esto correspondía a 3.7% de la población
femenina de dicho rango de edad.
El
mismo año, la cantidad de mujeres adolescentes casadas o unidas entre
los 12 y 17 años era tres veces superior a la de hombres de la misma
edad.
La mayor cantidad de mujeres de 12 a 17 años casadas o
unidas durante 2020 habitaba en Estado de México, Chiapas y Veracruz. En
estas tres entidades residía una de cada cuatro mujeres adolescentes
casadas o unidas durante 2020.
Por otro lado, el matrimonio o la
unión entre las mujeres de 12 a 17 años era un fenómeno más frecuente en
Chiapas, Guerrero, Michoacán y Tabasco. En estas cuatro entidades más
de una de cada 20 mujeres adolescentes de entre 12 y 17 años se
encontraba casada o unida en 2020.
Aunque no existe un registro de
cifras oficiales sobre matrimonio o unión antes de los 12 años debido a
que el Estado mexicano no lo contabiliza. No obstante, es posible decir
que ya desde los 12 a 14 años 18 mil 974 mujeres adolescentes estaban
casadas o unidas en México durante 2020.
La cantidad de mujeres
adolescentes casadas o unidas aumenta entre los 15 y 17 años a 218 mil
201 el mismo año. En este último rango de edad, 6.8% de las adolescentes
en el país se encontraban casadas o unidas en 2020; sin embargo, en
Chiapas, Guerrero y Michoacán, más de una de cada 10 mujeres de 15 a 17
años estaban casadas o unidas el mismo año.
Un avance gradual en
la erradicación de esta práctica que lacera a las niñas y adolescentes
en México, es la disminución en el porcentaje de matrimonios y uniones
tempranas, del 2010 al 2020; mientras en 2010 el 5.3% de las mujeres de
entre 12 y 17 años se encontraban casadas o unidas, esta misma cifra se
había reducido en 2020 a 3.7%.
Más concretamente, de 2015 a 2020
el porcentaje de mujeres adolescentes que estaban casadas o unidas entre
los 12 y 17 años se redujo en un 20.7% (de 4.6% a 3.7%).
Sin
embargo, este ritmo de disminución no era generalizado: durante el mismo
periodo, el porcentaje de mujeres adolescentes casadas o unidas a la
misma edad en Chiapas únicamente decreció 6.3% (de 6.7% a 6.3%), al
tiempo que en Oaxaca la reducción fue de 9.5% (de 4.9% a 4.5%). En
definitiva, más acciones son necesarias para acelerar la erradicación de
este fenómeno, señaló la REDIM.
.-Cuenta oficial X Dante Delgado.-Ciudad
de México.- Mujeres militantes de Movimiento Ciudadano (MC) que han
sido candidatas, alzaron la voz para protestar por violencia política de
género dentro del partido naranja, ante el incumplimiento de acuerdos
alcanzados para elegir candidaturas con paridad, y demandaron una
reunión urgente con su dirigente nacional, Dante Delgado; en su
respaldo, las congresistas Patricia Mercado, Amalia García y la ex
legisladora Martha Tagle respaldaron la petición y pidieron al dirigente
del partido las escuchen para resolver su solicitud porque es legítima,
aseveraron.
“En
consenso, las mujeres firmantes hemos decidido hacer públicos los
puntos que buscábamos tratar en privado con la dirigencia nacional, las
mujeres que suscribimos decidimos no renunciar a nuestras candidaturas,
pues son espacios ganados gracias a nuestro trabajo, no son canonjías
del partido ni de nadie y a pesar de las condiciones de adversidad
coincidimos en dar la batalla, porque tenemos la enorme responsabilidad
de representar a otras mujeres y sus causas”, difundió Ana Lucía Baduy
en su cuenta oficial de X, antes Twitter.
También,
hicieron un llamado a que el partido político deje de utilizar a las
mujeres como eslogan de campaña, al considerarlo una incongruencia por
parte de MC, ante la situación de las candidatas y reiteraron su
petición de reunirse directamente con Dante Delgado.
Y es que el
partido Movimiento Ciudadano se ha caracterizado por no escuchar ni ver a
las mujeres militantes del partido para ocupar cargos de elección
popular, como el representante de MC en el Instituto Nacional Electoral
(INE), Juan Miguel Castro Rendón, quien aseguró que les cuesta mucho
trabajo encontrar candidatas, pero fue la senadora, Patricia Mercado, y
la ex emecista Indira Kempis, quienes le recriminaron sus dichos, al
expresar estar “hartas del machismo y la violencia en los partidos”.
Incluso,
Patricia Mercado afirmó que hay muchas mujeres en MC que están
dispuestas y quieren participar como aspirantes a un cargo de elección
popular, porque “escasez de representación de mujeres con liderazgos no
tenemos”, pero sigue la idea de que los hombres tienen más estructuras y
son mejores candidatos, las mujeres no y ellas se enfrentan a muchos
rechazos.
Además, esta institución partidista acumula
señalamientos, como la impugnación que realizó al acuerdo de paridad que
aprobó el INE para que las se otorgaran 5 de 9 espacios para mujeres a
las gubernaturas que estarán en juego el próximo 2 de junio y en el
gobierno de este partido en Nuevo León no cumplió con la armonización de
la Ley 3 de 3 contra la violencia de género.
Hacen pública carta de reclamo de mujeres
En
seguimiento a la carta entregada el pasado 7 de abril dirigida al
coordinador de la Comisión Operativa de MC, Dante Delgado, pero, ante la
falta de respuesta, enviaron una nueva misiva, pero en esta ocasión la
hicieron pública y va firmada por Ana Lucía Baduy, delegada estatal en
Chihuahua de Mujeres en Movimiento, organización del partido naranja que
promueve la participación política de las mujeres; Alejandra García
Morlan, delegada nacional de MC en Oaxaca y ex candidata a gobernadora;
Alejandra Puente García, integrante de Operación Nacimiento del partido,
y Marbelys Constanzo Rangel, integrante de la Coordinadora Ciudadana
Nacional y ex candidata a gobernadora de San Luis Potosí.
🚨COMUNICADO IMPORTANTE
En seguimiento a la carta entregada el 7 de abril, dirigida al Coordinador de la Comisión Operativa Nacional de @MovCiudadanoMx, y de la cual no hemos recibido respuesta; en consenso, las mujeres firmantes hemos decidido hacer públicos los puntos que… pic.twitter.com/SaQ2iHVqN6
Las
mujeres de Movimiento Ciudadano advirtieron que agotarán todos los
recursos legales para defender sus derechos políticos y aseguraron que
no renunciarán a sus candidaturas, como ha ocurrido con otras compañeras
afectadas en diversos estados.
Denunciaron que Dante Delgado no
cumplió los acuerdos de paridad de género y que, por la violencia
política interna, algunas de ellas han decidido abandonar el partido,
mientras que otras optaron por no renunciar a sus candidaturas y luchar
dentro de MC. Y es que el pasado 4 de abril, Sofía Yunes renunció al
partido naranja, tras un cambio que le quitó la candidatura a una
diputación plurinominal por Veracruz, pero la sobrina del exgobernador
veracruzano Miguel Ángel Yunes negó que ese fuera el motivo de su
renuncia.
“La
decisión la he tomado porque Movimiento Ciudadano ya no tiene un
proyecto propio, porque Movimiento Ciudadano se puso al servicio de un
gobierno y se volvió un partido esquirol de Morena y yo no me pienso
prestar a ello. Yo creí en el proyecto, creí en sus dirigentes y me han
decepcionado mucho”, afirmó Sofía Yunes en un video publicado en sus
redes sociales.
La carta de las mujeres militantes de
MC expresa que tienen el conocimiento de que varias compañeras están
pasando por las mismas circunstancias en sus entidades federativas, pero
quienes suscribieron esta carta decidieron dar la batalla interna por
sus derechos, por los espacios que les corresponden y tener la capacidad
real de tomar decisiones en todos los niveles.
En
sus cuentas de X, se ha dado una lluvia de expresiones en apoyo a las
mujeres emecistas que protestan por violencia política de género dentro
del partido naranja, ante el incumplimiento de acuerdos alcanzados para
elegir candidaturas con paridad. Así, la senadora y candidata a diputada
para la LXVI Legislatura, Patricia Mercado, manifestó que pese a los
logros alcanzados por las mujeres, a través de las reglas de paridad, en
general se sigue enfrentando inercias estructurales en todos los
partidos políticos.
En
estas muestras de respaldo, a través de un post en su cuenta de X se
hizo presente la diputada del partido naranja, Amalia García Medina,
quien unió su voz a la de las militantes de Movimiento Ciudadano y de
otras compañeras para que la dirección de MC dialogue con ellas.
También, la ex diputada Martha Tagle, en sus redes sociales, mostró su
solidaridad con las mujeres que no solo firman esta carta, sino que la
hicieron pública y con aquellas que pasan por circunstancias parecidas.
Mi
solidaridad con las compañeras que firman esta carta (que han decidido
hacer pública) y con aquellas mujeres que pasan por circunstancias
parecidas.
Las mujeres estamos en la política por derecho propio y no hay vuelta atrás.
En
su oportunidad, la ex militante de Movimiento Ciudadano, Sofía Yunes,
también expresó que la fuerza de las mujeres es solo un slogan, las
decisiones son unilaterales y casi la total mayoría los coordinadores
estatales son hombres, sin criterio o personalidad propia y tienen una
eternidad trabajado para el dirigente o el partido, obedeciendo o
bloqueando todo lo que parezca una mujer con capital político propio.
Movimiento Ciudadano se ha caracterizado por menospreciar el principio de paridad para la participación de las mujeres como candidatas, incluso cuando el Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) aprobó por unanimidad cancelar el registro de candidatos al Senado de Movimiento Ciudadano en Campeche y Jalisco, por incumplir con
las disposiciones en materia de paridad de género; ante la
inconformidad de MC por esta resolución, las consejeras electorales Dania Ravel y Claudia Zavala le aclararon que se llegó a esta medida, tras diversos requerimientos en la materia que no fueron cumplidos, y le expresaron que no se dará un paso atrás tratándose de los derechos de las mujeres.
Sin embargo, en tono de reproche, Ivonne Ortega, ex gobernadora de Campeche y represente de MC ante el INE: cuestionó a las consejeras electorales sobre cuál es el espíritu del feminismo, si era poner la cara y decir «estamos cumpliendo con las candidaturas o queremos realmente que las mujeres estén en los espacios de decisión”.
“Yo voy a poner mi ejemplo (…), no eran consejeras ustedes cuando yo fui candidata a presidenta municipal, porque si no, desde su óptica yo no hubiera podido competir a
la presidencia municipal, porque mi pueblo es un pueblo de mil 200
habitantes, de mil 200 electores y 3 mil habitantes, entonces no hubiera
sido presidenta municipal. Y si no hubiera sido presidenta municipal no
hubiera sido nada. ¿Por qué lo digo? Porque aquí lo que están diciendo y
lo hago como pregunta, es ¿díganme si no estamos cumpliendo?”, expresó.
Claudia Zavala le reviró: “mire, diputada, pues hoy somos consejeras, porque afortunadamente hemos avanzado en términos de paridad por las posiciones que hemos adoptado desde la autoridad administrativa, aún con la resistencia de los partidos políticos. Eso hay que tenerlo claro. Ahora, para mí lo relevante en este caso es que las reglas estaban estipuladas desde un principio y que el partido político no las cumplió”.
En su momento, la consejera presidenta del Instituto Nacional Electoral, Guadalupe Taddei Zavala, manifestó que son sensibles ante la preocupación del partido Movimiento Ciudadano por los criterios utilizados para aplicar los principios de paridad en las candidaturas a senadurías y diputaciones federales.
El
fin de los estudios medios es para muchas adolescentes y jóvenes de
América Latina un tránsito lleno de frustraciones por las limitadas
oportunidades para continuar su formación y posterior inserción al
mercado laboral en condiciones decentes. En la foto, adolescentes
peruanas en una actividad festiva en el municipio populoso del Rímac,
dentro de la capital de Perú. Imagen: Mariela Jara / IPS
LIMA – La pandemia y la maternidad expulsaron a Miriam Chávez del
mercado laboral, al que no ha logrado volver. A sus 26 años, conforma el
grupo de más de 13 millones de mujeres jóvenes nini que en América
Latina y el Caribe ni estudia ni trabaja.
“Mi hijito tiene seis años y me dedico a él y a atender mi casa
mientras mi esposo sale a trabajar. He querido conseguir algún empleo,
pero no tengo con quién dejar a mi niño”, declaró a IPS en su vivienda
en el municipio popular del Rímac ubicado en la capital del Perú.
Chávez, quien proviene de una familia de pocos recursos a la que
aportó económicamente desde los 13 años, es parte de las mujeres jóvenes
del país sudamericano que pese a sus deseos no logra reinsertarse en la
dinámica laboral. Y que, aun cuando destina casi todo su tiempo a
trabajar en tareas de cuidado, no recibe ninguna remuneración.
“En 2022 casi el 21,0 % de jóvenes de 15 a 29 años no estaba inserto
ni en el sistema educativo ni el mercado laboral de la región. La
inactividad es significativamente más elevada entre las mujeres (26,6 %)
que entre los hombres (15,5 %)”, dijo a IPS Francesco Carella,
especialista regional en Migración Laboral y Empleo Juvenil de la
Organización Internacional del Trabajo (OIT).
En declaraciones desde la sede regional de la OIT en Lima, y haciendo referencia al Panorama Laboral 2023 de América Latina y el Caribe, sostuvo que la mayoría de esas jóvenes señala estar en inactividad principalmente debido a tareas domésticas y de cuidados.
“En 2022 casi 21,0 % de jóvenes de 15 a
29 años no estaba inserto ni en el sistema educativo ni el mercado
laboral de la región. La inactividad es significativamente más elevada
entre las mujeres”: Francesco Carella.
“Esta situación afecta negativamente la incorporación de habilidades y
genera desventajas al momento de ingresar al mercado laboral”,
enfatizó.
Explicó que esa realidad se refleja en los inicios de las
trayectorias laborales por las mayores probabilidades de estar
desempleados, de ser informales y tener alta rotación laboral, lo que en
algunos casos deja cicatrices a lo largo de toda la vida activa.
Miriam
Chávez con su pequeño hijo Mauro de seis años. La pandemia y la
maternidad la expulsaron del mercado laboral peruano, al que no logra
reinsertarse. Imagen: Cortesía de Miriam Chávez
En ese panorama, las mujeres, sobre todo jóvenes en situación de
vulnerabilidad, seguirán enfrentando desafíos en su autonomía económica y
en la lucha contra la pobreza.
“Aunque se registra una ligera mejora tras la pandemia con un aumento
en la participación femenina en la fuerza laboral, persiste una brecha
de género de 24 % en la región, reflejando una división profunda y
arraigada en la distribución del trabajo entre hombres y mujeres”,
manifestó Carella.
Subrayó que se observa una clara disparidad en la participación
laboral, con tasas de ocupación y presencia notoriamente más bajas entre
las mujeres respecto a los hombres.
Carella compartió cifras de esa realidad: en el segundo trimestre de
2023, la tasa de participación laboral de las mujeres en la región fue
de 51 %, 23 puntos porcentuales inferior a la de los varones (74 %),
mientras que la tasa de ocupación femenina se situó en 47 %, muy por
debajo de la tasa masculina de 69,6 %.
A ello se suma la informalidad “que afecta a siete de cada diez
jóvenes en la región, que no solo impacta en la calidad del empleo
joven, sino también posterga el comienzo de sus cotizaciones a la
seguridad social”.
Francesco
Carella, especialista regional de la Oficina de la OIT para América
Latina y el Caribe, en su sede de Lima. «La informalidad afecta a siete
de cada diez jóvenes en la región», resalta, y las mujeres son más
golpeadas debido a la desigualdad de género. Imagen: OIT
Miriam Chávez recordó que desde adolescente desempeñó diversos
trabajos para contribuir a la economía de su familia, con su madre como
cabeza.
“Tengo 13 años trabajando y no sé lo que es un seguro de salud o un
fondo de pensión, no quiero ni imaginar cómo será en el futuro cuando
sea una persona mayor. Mi esposo es bueno, pero no quiero seguir
dependiendo económicamente”, explicó.
De los 33 millones de habitantes d Perú, 23 % es joven y suma casi ocho millones
según el oficial Instituto Nacional de Estadística e Informática. De
esa cantidad, 18% ni estudia ni trabaja. El rostro de esa población es
mayoritariamente femenino y urbano: una de cada cuatro mujeres de las
ciudades se encuentra en situación de nini.
El 2023 se informó oficialmente que cerca de 30 % de la población
peruana sufría de pobreza monetaria, siendo más afectada la rural (41 %)
respecto de la urbana (24 %). Las mujeres se encontraban en porcentaje
ligeramente mayor (27,8 %) que los hombres (27,2 %).
El
rostro de la población joven que no estudia ni trabaja en Perú y otros
países latinoamericanos es mayoritariamente femenino y urbano: una de
cada cuatro mujeres de las ciudades se encuentra en situación de nini.
En la imagen, «Noelia» lamenta que su país no garantice oportunidades a
este sector. Imagen: Mariela Jara / IPS
No son suficientes los estudios
Sucesivos informes de la OIT evidencian, refirió Carella, la
persistencia de mayores dificultades para los jóvenes, especialmente
mujeres, en el acceso y calidad de los puestos de trabajo a pesar del
aumento en su nivel educativo promedio.
“En la región a principios de los 2000, 40 % de jóvenes entre 15 y 24
años tenía 10 o más años de educación, en 2021 esa proporción se
incrementó a 63%”, citó.
Reflexionó que “existe una falta de oportunidades laborales para
quienes tienen niveles educativos medios quizá porque no estarían
adquiriendo las habilidades necesarias para insertarse exitosamente en
el mercado laboral”.
Noelia, una joven peruana de 23 años y que prefiere no dar su nombre
real, evidencia con su testimonio aspectos de cómo la salud mental
influye en la inactividad de una población con tanto potencial.
“Después del colegio (educación secundaria) empecé a estudiar diseño
gráfico en un instituto, pero lo dejé, no era lo que esperaba y me puse a
trabajar. Renuncié a mi primer empleo en un casino en línea porque la
presión era muy fuerte, me llegué a enfermar”, narró.
Confió a IPS que “ingresé después a un call center (centro
de atención al cliente) y la alta demanda de los clientes, que muchas
veces tenían malos tratos, me afectó tanto que terminé con un cuadro de
ansiedad y depresión”.
En diálogo en su vivienda en el municipio de clase media San Miguel,
relató que en sus dos empleos se dio cuenta de la cantidad de problemas
de salud mental que, como en su caso, interferían con el desempeño de
muchas de sus compañeras.
“Algunas tenían ataques de pánico, se quedaban paralizadas, otras no
podían controlar las lágrimas, o, sino, tenían brotes de rosácea,
alergias que les cortaba la respiración. Cuando lo hemos hablado, lo que
teníamos en común era una ansiedad que prácticamente nos incapacitaba”,
afirmó.
Las dos jóvenes entrevistadas por IPS transmiten un claro desaliento
por la frustración de no poder ser mujeres autónomas y realizadas.
“La situación en Perú no favorece oportunidades a muchas adolescentes
que ya saben qué carrera seguir, y menos toma en cuenta la importancia
de la salud mental y emocional en el desarrollo personal, pese a que la
pandemia nos desgarró tanto”, puntualizó Noelia.
Por su parte Miriam Chávez dijo que la esperanza no la pierde.
“Dentro de tres años dejaré de ser oficialmente joven, no quisiera que
esos años hayan pasado sin dejarme alguna puerta abierta por poder
iniciar mi negocio propio”, dijo.
Para Carella, el especialista regional de la OIT, las políticas para
favorecer la inserción laboral juvenil requieren mejorar la vinculación
entre la demanda laboral y el crecimiento económico, y la demanda de
empleos acordes a los mayores niveles educativos alcanzados. Y potenciar
la oferta con la formación orientada al empleo.
El Banco Mundial proyectó
para la región un bajo crecimiento de 1,6 % en el producto interno
bruto de este año, lo que incrementa los retos para los Estados n
materia de empleo, más para los jóvenes y en especial las mujeres
“Como señalan los estudios de OIT, el empleo juvenil continúa siendo
un desafío relevante para las políticas e instituciones del trabajo,
como también para otras políticas económicas y sociales, en la medida
que las brechas de inclusión y posibilidades de construcción de
trayectorias de trabajo decente son insuficientes y desiguales,
afectando particularmente a ciertos grupos poblacionales”, puntualizó
Carella.
Una
joven madre con su bebé en el campo de refugiados de Nyarugusu, en
Tanzania. Las probabilidades de que una mujer muera durante el embarazo o
el parto son 130 veces mayores en África que en América del Norte o
Europa, dice un informe del Fondo de Población de las Naciones Unidas.
Imagen: Bright Warren / Unfpa
NACIONES UNIDAS – Las mujeres africanas tienen 130 veces más
probabilidades de morir por complicaciones en el embarazo o el parto que
las de Europa y América del Norte, señaló un informe publicado por el Fondo de Población de las Naciones Unidas (Unfpa).
Pero “incluso en los países más acomodados, las comunidades que se
ven afectadas por prejuicios raciales y de otra índole en su vida
cotidiana presentan tasas de mortalidad materna más elevadas”, observó
la directora ejecutiva del Unfpa, Natalia Kanem,
El documento, “Vidas entrelazadas, hilos de esperanza”,
expone que 62 % de las muertes maternas se producen en países que se
encuentran en estado de guerra o de conflicto, y destaca el papel del
racismo, el sexismo y otras formas de discriminación en el bloqueo de
los avances en materia de salud sexual y reproductiva.
Hace 30 años, la Conferencia Internacional sobre la Población y el
Desarrollo, que se realizó en El Cairo con 179 gobiernos, estableció que
un desarrollo sostenible e inclusivo debe priorizar los derechos
humanos, incluidos los derechos reproductivos, empoderar a las mujeres y
a las niñas y abordar las desigualdades.
El nuevo informe del Infpa resalta la desigualdad: las mujeres y
niñas atrapadas en la pobreza tienen más probabilidades de morir
prematuramente por la insuficiente atención sanitaria si pertenecen a
grupos minoritarios o están atrapadas en un entorno de conflicto.
Todavía en el mundo 800 mujeres mueren a diario durante el parto, en
69 países una de cada cuatro mujeres no pueden tomar decisiones
fundamentales sobre sus cuerpos, y una de cada 10 no puede escoger un
método anticonceptivo.
Por otra parte, reconoce avances en los últimos 30 años: las tasas de
mortalidad materna han descendido casi un tercio, el número de mujeres
que utilizan métodos anticonceptivos modernos se ha duplicado, y más de
160 países han aprobado leyes contra la violencia doméstica.
Insiste en que esas dispares realidades están impulsadas por la
desigualdad y la discriminación, a menudo ocultas en los sistemas
sanitarios y en las instituciones económicas, sociales y políticas.
Existe una clara disparidad entre el Norte y el Sur, el Oeste y el
Este del mundo, en lo que respecta a los anticonceptivos, los servicios
de parto seguro, la atención respetuosa a la maternidad y otros
servicios esenciales, según documenta el informe.
Dentro de las regiones existen “bolsas de desigualdad”: en América
las mujeres afrodescendientes se enfrentan a tasas de mortalidad materna
más elevadas que las mujeres blancas, lo que es especialmente evidente
en Estados Unidos, donde triplica la media nacional.
Las minorías indígenas y étnicas también se enfrentan a elevados riesgos relacionados con el embarazo y el parto.
En Europa, en Albania, por ejemplo, más de 90 % de las mujeres
romaníes de los grupos socioeconómicos más marginados tenían graves
problemas para acceder a la atención sanitaria, frente a sólo cinco por
ciento de las mujeres de etnia albanesa de los estratos más
privilegiados.
Además, las mujeres con discapacidad tienen hasta 10 veces más
probabilidades de sufrir violencia de género, y las personas de diversa
orientación sexual y expresión de género se enfrentan a importantes
actos de violencia y obstáculos para recibir atención, y algunas se
enfrentan a la denominada esterilización forzada.
El informe expone la importancia de adaptar los programas a las
necesidades de las comunidades y de capacitar a las mujeres y las niñas
para que elaboren y apliquen soluciones innovadoras.
Asimismo, calcula que, si se invirtieran 79 000 millones de dólares
adicionales en países de renta baja y media de aquí a 2030, se podrían
evitar 400 millones de embarazos no deseados, salvar un millón de vidas,
y generar 660 000 millones de dólares en beneficios económicos.
