3 niñas sobrevivientes, logran la mayor sentencia por violencia sexual infantil agravada en Jalisco

 Escrito por Wendy Rayón Garay 

.-crédito:CIMAC Foto.- Ciudad de México.- En agosto de 2020, Claudia Casas se dio cuenta de que sus tres hijas sufrieron violencia sexual por parte de su progenitor mientras estaban a su cuidado y a cuatro años, un Tribunal Unitario de la Fiscalía del Estado de Jalisco, otorgó una condena a su agresor de 44 años por sus dos hijas menores aplicando perspectiva de género y pro infancia. Ahora, Claudia busca justicia para su hija mayor en la Ciudad de México.

Cabe mencionar que la violencia sexual que sufrieron las hijas de Claudia ocurrió en tres estados de la república: Oaxaca, Jalisco y Ciudad de México; por lo que se interpusieron distintas demandas para pedir justicia.

De acuerdo con la Red por los Derechos de la Infancia en México (REDIM), son las niñas y adolescentes las mayores afectadas por la violencia sexual. Datos de los Registros de lesiones 2019 a 2022 evidenciaron 9 mil 929 personas de entre 1 y 17 años que fueron atendidos por violencia sexual en el que 92.2% fueron mujeres y 7% hombres. 

Los estados donde se observan más casos de violencia sexual hacia ellas son el estado de México concentrando el 16.8%, seguido de Veracruz con 10% y de Chihuahuas con 9.2%, según apuntó REDIM. Asimismo, la organización estableció que las relaciones de parentesco más comunes entre la víctima y agresor son la pareja con 26.5% de casos, conocidos sin parentesco con 19.2%, parientes de la madre o padre con 18.3%, y la figura del padre o padrastro con 13.4% que se agudizó en 2020 durante la pandemia.

Los principales sitios donde se reportan casos son la vivienda con 75.2%, son la vía pública con 4.1% y la escuela con 2%. En consecuencia, la violencia sexual no solo afecta a los derechos de una vida libre de violencia, a la salud física y mental, y al sano desarrollo integral; sino que las víctimas también presentan malestar emocional, embarazo no deseado, trastorno del estado de ánimo, trastorno de la ansiedad, depresión, laceración, contusión, infección de transmisión sexual o trastornos psiquiátricos. 

La historia de Claudia y sus hijas 

En entrevista para Cimacnoticias, Claudia declaró que durante la pandemia y debido al contexto global que mantuvo a las personas en confinamiento, su familia tuvo que mudarse a su casa en Oaxaca para dejar de rentar y ajustar los gastos económicos.

En esa etapa se enteró que su hija mayor vivió violencia sexual por Jorge Alberto, su esposo. Después de exámenes psicológicos realizados por parte del Programa de Apoyo a las Instancias de Mujeres en las Entidades Federativas (PAIMEF), se determinó que todas habían sido víctimas de su progenitor en diferentes momentos de su vida.

La denuncia por el delito de violación agravada a sus tres hijas se interpuso en la Fiscalía General del Estado de Oaxaca. A partir de ahí, se ejercieron diversas violencias hacia ellas. Para empezar, en una denuncia individual por el caso de su hija mayor, se le incluyó en su carpeta el “no ejercicio de la acción penal”, el cual se trata de una medida que el Ministerio Público puede determinar para no continuar con la investigación. Además, se le negó la realización de un dictamen psicológico hasta seis meses posterior de la denuncia. 

“Yo apelé a eso, ya que dije que no había elementos suficientes para ser judicializable o no esta carpeta. Le faltaban peritajes e información para poder determinar el no ejercicio de la acción penal”

Claudia Casas

Cuando Claudia denunció la violencia sexual contra sus otras dos hijas, uno de los dictámenes evidenció la violencia que sufrieron, por lo que le enviaron un citatorio para realizar una revaloración, a lo que se negó.

Para ella, era evidente la intención de cerrar las carpetas por violación como lo hicieron con las de violencia familiar. Asimismo, sus hijas fueron acosadas por Luz Gabriela, trabajadora del Ministerio Público, a través de llamadas telefónicas para preguntarles si alguien las estaba obligando a declarar, violentando así a Claudia. 

¿Por qué en Oaxaca no hubo justicia? Claudia mencionó que, durante el proceso legal, recibió una llamada de Ivette Morán de Murat, esposa del entonces gobernador de estado, Alejandro Murat de Hinojosa, para comunicarle que el caso sería tomado por el fiscal Arturo Peimbert Calvo. A lo que ella atribuyó que fue gracias a la relación entre la primera dama y la familia del imputado. 

”Se me volteó el mundo al revés en la búsqueda de justicia” dijo Claudia refiriéndose a las agresiones que sufrieron en todo el proceso como violencia institucional, acoso, aislamiento por miedo a represalias y desplazamiento forzado hacía Jalisco.

Esta situación afectó a las hijas de Claudia de forma física, psicológica y económica. Además, agregó que como madre ha sido víctima indirecta de Jorge Alberto ya que ejerció violencia económica a la par de que Claudia fue señalada como “problemática” en su trabajo, lo que causó que perdiera el sustento para solventar los gastos legales. 

Jalisco y Ciudad de México, en búsqueda de justicia

Después de que desestimaron la carpeta de su hija mayor y de la obstrucción a la justicia en los casos de sus hijas menores; una abogada le hizo saber a Claudia que debía interponer la denuncia en los estados donde ocurrieron los hechos. Por lo que, en junio de 2021 viajó a Ciudad de México para colocar la denuncia por sus tres hijas y a Jalisco por las dos menores. 

En los tres estados denunció por el delito de violación agravada, siendo Jalisco y Ciudad de México los únicos que implementaron la perspectiva de género y pro infancia. Igualmente Claudia declaró que en la primera ubicación, obtuvieron un trato justo con el acompañamiento de una asesora jurídica. 

En una de las etapas del juicio que duró 15 días y en el que se realizaron varias preguntas a las niñas por parte de los abogados del imputado y del Ministerio Público, el juez solicitó que el cuestionamiento fuera congruente y en el idioma de las niñas, asimismo, valoró las respuestas obtenidas en este proceso al considerarlas sectores vulnerables por ser infancias y mujeres.

Gracias a esto, se pudo obtener una sentencia de 44 años, 5 meses y 10 días por el delito de violencia sexual infantil agravada, una pena que no se había visto en Jalisco ni en el país en general, según mencionó Claudia.

Para ella, esto representa el avance a la justicia y la realización de penas severas para quien agreda a un menor de edad. También se les dio una reparación del daño, sin embargo, el juez consideró dejarlo abierto para que pudieran solicitar una reparación integral que tomara en cuenta los gastos económicos en abogados.

Actualmente, en Ciudad de México se iniciará el juicio para otorgar justicia a su hija mayor, en el que también se acusará a la madre de Jorge Alberto por ser cómplice de su hijo. Desde la semana pasada, Claudia viajó a la capital para asistir por primera vez a la marcha del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia Contra las Mujeres conmemorado el 25 de noviembre.

Ese día platicó con diversas mujeres y se dio cuenta de los distintos tipos de violencia que viven. Y aunque al principio no entendía por qué cada año, miles de mujeres salen a marchar, ahora considera que “es necesario salir a gritarlo”.

Hortensia Bussi, la mujer que viajó por el mundo para denunciar las violencias de la dictadura chilena

Escrito por Wendy Rayón Garay 

.-Ciudad de México.- Hortensia Bussi no solo fue «la esposa de Salvador Allende», ella tuvo un papel relevante tras la instauración de la dictadura militar en su país, ella se dedicó a realizar actos políticos y de denuncia alrededor del mundo, fue recibida por 50 mandatarios quienes escucharon las denuncias que ella emitía sobre lo que estaba sucediendo en Chile.

En 1973, Salvador Allende, presidente socialista de Chile, fue asesinado en el Palacio de la Moneda, por el golpe de Estado que dio lugar a la dictadura de Augusto Pinochet. Debido a la persecución y represión en contra del movimiento popular, México recibió a ciudadanía chilena exiliada, entre los que estaba la primera dama, Hortensia Bussi.

A Hortensia Bussi se le debe reconocer más allá de un papel de «primera dama» o viuda, sus viajes por el mundo permitieron conocer las violaciones a derechos humanos vividas en Chile; ella al igual que las mujeres chilenas se convirtieron en parte de la resistencia contra el régimen militar.

Durante las campañas de Salvador Allende, Hortensia colaboró como parte de su equipo y tuvo un acercamiento con los trabajadores, mujeres, jóvenes y niños del país. En 1970, su esposo asumió la presidencia y ella se convirtió en la primera dama. El mandato de Salvador Allende en la historia de Chile fue recordado por ser el primer gobierno socialista latinoamericano y democrático que estuvo marcado por reformas sociales y económicas orientadas a distribuir la riqueza en el país. Por lo que, se enfrentó a diversos sistemas multipartidistas de oposición. 

De acuerdo con la filósofa Fernanda Navarro, quien acompañó a Hortensia en sus viajes por el mundo, en entrevista con La Jornada, el primer destino que visitó fue Estados Unidos, lugar que estuvo relacionado con los “golpistas chilenos” y considerado como el “país enemigo”. 

El día del golpe de Estado, la casa de Hortensia fue bombardeada por aviones de la fuerza aérea y más tarde tuvo que trasladarse a Valparaíso para enterrar los restos de su esposo. “No me van a ver llorar” declaró Hortensia en su documental refiriéndose a ese día. Después gritó “Aquí enterramos a Salvador Allende, presidente de Chile”, en medio de un entierro que estaba transcurriendo en silencio y a escondidas.

Fue hija del oficial de marina, Ciro Bussi Aguilera, y de Mercedes Soto García. Después de la muerte de su madre, “Tencha”, como solían decirle de cariño, ocupó un papel importante para sus hermanos, ya que al ser la mayor procuró su bienestar. A una edad temprana, se mudó a Santiago para estudiar como profesora de Historia y Geografía. Conoció a Salvador durante el terremoto de Chillán en 1939 y se casaron en 1940. Más tarde tuvieron tres hijas: Carmen Paz, Beatriz e Isabel.

Algunos de sus allegados comentaron en el documental “Tencha”, dirigido por Carmen Luz Parot, que Hortensia fue una mujer culta, inteligente, políglota, de carácter “fuerte” y adelantada a la época. Dentro de sus intereses albergaba los libros literarios y una buena conversación con café. Además, fungió como anfitriona durante comidas conde invitaban a los actores, pintores, intelectuales y políticos del país en donde impartía sus opiniones. 

Crédito: Archivo General de la Nación

Crédito: Archivo General de la Nación

México recibe a Hortencia Bussi

De acuerdo con el artículo ‘Los anfitriones del exilio chileno en México, 1973-1993’ de Claudia Fedora Rojas Mira, antes del golpe de Estado, ya existía una estrecha relación entre ambos países que inició con intercambios culturales hasta trascender con la visita de Luis Echeverria a Chile y de Salvador Allende a México. 

Además, el gobierno mexicano ya había realizado esfuerzos de acercamiento con ayuda humanitaria en el terremoto de Chile en 1971, el apoyo en la III Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo, y un préstamo económico para el país. Sin embargo, ambos países compartían el deseo de la transformación social y el antiimperialismo.

A partir de este episodio en la historia de Chile, varios estados de los cinco continentes decidieron refugiar a ciudadanas y ciudadanos chilenos, entre los que destaca México con una política de solidaridad que ya se había consolidado en los años sesenta.

El asesinato del presidente Allende, conmovió a la población mexicana y provocó un rechazo por la Junta Militar. Los exiliados chilenos llegaron a la Ciudad de México por medio de dos vías: el aislamiento diplomático la Embajada de México en Santiago y su expulsión después de permanecer prisioneros en la cárcel o campos de concentración.

Sin embargo, en el caso de Hortensia Bussi, el presidente Echeverria solicitó al embajador Gonzalo Martinez Corbalá también se enviará un avión para traerla junto con otras personalidades de la izquierda chilena, según documentó el escritor mecano José Agustin en su libro Tragicomedia mexicana II.

Según información del Archivo General de la Nación, cuando Hortensia llegó a México fue recibida por funcionarios del gobierno mexicano en el Aeropuerto Internacional Benito Juárez de la Ciudad de México junto a otros exiliados. Además, los acogieron en el Salón Oficial en donde se atendían asuntos diplomáticos en presencia de líderes de gobiernos estatales, partidos políticos y de la iglesia católica.

Después dió una conferencia de prensa agradeciendo los esfuerzos del presidente Echeverría y del embajador Gonzalo Martinez por la bienvenida y el recibimiento de los exiliados chilenos. También comentó el episodio en el Palacio de la Moneda y la muerte de su esposo Allende.

“Hoy termina mi exilio, un exilio injusto e inhumano” declaró Hortensia a las televisoras de Chile el 28 de septiembre de 1988. La población la recibió con flores y pancartas donde le daban la bienvenida a la primera dama. A pesar de su historia de lucha, es poca la documentación que se tiene sobre su trabajo político alrededor del mundo, lo que no ha permitido que sea olvidada en la historia.

La memoria de las mujeres chilenas y el «Nunca+»

En la víspera de la conmemoración del golpe militar en 2023 contra Salvador Allende en Chile, la columnista Lucía Melgar, recordó en un texto cómo miles de mujeres de negro, iluminadas con velas, rodearon el palacio de la Moneda en un acto simbólico de memoria, defensa de la democracia y repudio a la política de terror que por más de 15 años enlutó al país. La memoria viva encarnada en mujeres de distintas generaciones fue un recordatorio de los daños de la brutalidad militar sobre los cuerpos, el espíritu y la palabra. 

Es también una advertencia contra la mentira, la distorsión de la historia y el olvido selectivo en estos tiempos de noticias falsas y discursos extremistas polarizantes.

Al impacto del silencio alrededor de la Moneda, siguió esa misma noche el poder de la palabra colectiva, en denuncia y rechazo de los crímenes de la dictadura: “Nunca+ la palabra silenciada”, “Nunca+ cuerpos torturados”, “Nunca+ mujeres secuestradas y violadas”, “Nunca+ niñas robadas”, “Nunca+ cuerpos torturados”, “Nunca+desaparecidos ni ejecutados”, “Nunca más búsqueda sin respuesta”.

Estas y otras exclamaciones, que sintetizan el miedo y el dolor, el acallamiento y la fragmentación social de decenas de miles de personas exiliadas, torturadas, asesinadas, desaparecidas; el desgarramiento de familias mutiladas y poblaciones aplastadas, el trauma de una sociedad amordazada y desmovilizada, resuenan con particular vehemencia hoy en un país donde 30 años de democracia no han bastado para suturar heridas y divisiones, donde persiste cierta admiración por el caudillo local y la ultraderecha ha ganado seguidores.

En un mundo donde resurgen (o han cobrado fuerza) voceros neofascistas que ofrecen falsos paraísos a los insatisfechos de la democracia, donde líderes iluminados reproducen, como en los años 70, promesas de “salvación” contra la incertidumbre y la desesperanza del presente, es preciso recordar que el gobierno militar transformó a jóvenes conscriptos de 18 años en verdugos de otros jóvenes, impuso la tortura como profesión a cientos de personas, salpicó ciudades y campos de centros de detención y muerte, justificó la saña y la deshumanización contra sus “enemigos”, así estigmatizados por apoyar a un régimen legítimo, por defender sus ideas y el derecho a vivir en libertad.

Contra las versiones que restan importancia a la intervención estadounidense y resaltan, en cambio, la visita de Castro a Chile en esos años de guerra fría, es importante recordar que el propio embajador de EU reconoció (después) que Nixon quería “hacer chillar” la economía chilena y que, ya en dictadura, Kissinger se encargó de frenar cualquier queja por la violación masiva de derechos humanos. El manto de impunidad sobre quienes favorecieron y apoyaron el golpe, sobre Pinochet y los agentes del terror, no debe confundirse con justificaciones históricas. El peso de esos crímenes sin castigo forma parte del legado envenenado de los regímenes dictatoriales en América Latina: los anhelos de justicia quedan siempre en el aire.

Aunque la justicia poética y la verdad sin reparación no basten, la persistencia y la esperanza desesperanzada de quienes vivieron esos años de miedo y angustia resuenan en viejas y nuevas voces. 

Contra el militarismo, la impunidad y el discurso engañoso, canciones, novelas, documentales y obras artísticas hilan memoria y verdad. Nos invitan a reflexionar sobre nuestra propia responsabilidad ante el autoritarismo, la mentira y la manipulación del presente y del pasado. 

Víctimas acusan a Poder Judicial de CdMx de ser omiso en feminicidios y darles largas

 sinembargo.mx

Víctimas de tentativa de feminicidio y de feminicidio denunciaron que el acceso a la justicia sigue siendo tardío y revictimizante debido a tácticas dilatorias estructurales dentro del Poder Judicial de la Ciudad de México, que lo que buscan es cansar a las familias. Se han enfrentado a prácticas administrativas y judiciales convertidas en obstáculos para garantizar justicia y la erradicación de la impunidad en casos de violencia contra las mujeres. Acá las historias de Yeritza Bautista, Zaira Maité y Fátima Cecilia. 

Ciudad de México, 30 de noviembre (SinEmbargo).- ¿Qué papel juega el Poder Judicial de la Ciudad de México en el acceso (u obstrucción) a la justicia para víctimas de violencia feminicida? Es uno de los actores más importantes y que en casos recientes ha contribuído a que los procesos sean tardíos y revictimizantes con fallas administrativas y judiciales estructurales dentro del mismo sistema, convertidos en verdaderos obstáculos para mujeres sobrevivientes de violencia feminicida y familias de víctimas de feminicidio. 

El pasado 25 de noviembre se conmemoró el  Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres y en México, de enero a octubre de 2024 y con base en datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, suman 2 mil 901 asesinatos de mujeres a nivel nacional, 110 en la CdMx y de los cuales sólo 45 se clasificaron como feminicidio. 

Pese a la cantidad de víctimas de feminicidio y de sobrevivientes de feminicidio, el acceso a la justicia sigue siendo una deuda pendiente que se traba, en muchos casos, cuando entra al Poder Judicial de la capital porque se convierte en un viacrucis: “poco se habla de las fallas estructurales que aún en casos en los que se ha detenido y vinculado a proceso al agresor, la justicia no es pronta ni expedita y, en algunas ocasiones, no llega”. 

El objetivo, que no se cumples, es garantizar procesos justos, expeditos y con perspectiva de género (obligatorio bajo la sentencia Mariana Lima Buendía de la SCJN), sin embargo, algunos casos demuestran que el sistema judicial, al menos de la CdMx, sigue fallando apostando al desgaste de las víctimas y en pro de la impunidad. 

“Lo hemos escuchado muchas veces, que la justicia es pronta y expedita. Pero una justicia no puede ser ni pronta ni expedita si dura más de 3 años el inicio del juicio, o sino podemos empezar un juicio. No puede ser pronta y expedita si se tiene que reponer tres veces el proceso. No puede ser pronta y expedita si la fijación de audiencias es cada 10 días en lugar de hacerlo de manera concentrada en un día, o en una semana, como se hace en otros estados”, dijo Ana Yeli Pérez, directora de la organización Justicia Pro Persona y asesora jurídica del Observatorio Ciudadano Nacional de Feminicidio (OCNF). 

Las familias de víctimas de feminicidio y mujeres sobrevivientes de violencia feminicida se enfrentan a adversidades dónde no pueden promover un recurso jurídico para cuestionar la actuación de un juez o jueza porque no ha resuelto su caso, “pero en cambio la persona juzgadora sí puede observar el contexto de violencia institucional y no lo está considerando. Y esto es de manera estructural”. 

La sentencia de la SCJN Mariana Lima Buendía obliga a las autoridades a investigar con perspectiva de género. Foto: Cuartoscuro

Repiten tres veces juicio por tentativa de feminicidio 

A principios de 2024, Yeritza Bautista, víctima de intento de feminicidio en la Ciudad de México, denunció que el Octavo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito anuló la sentencia condenatoria y la etapa de juicio oral contra Carlos Enrique “N”, su agresor que ya había sido sentenciado a 11 años y 8 meses en prisión.

 Fue la ponencia de la Magistrada Silvia Estrever Escamilla la que propuso otorgar el amparo a Carlos Enrique, dejar sin efectos la condena en su contra y reponer el juicio, a más de 4 años de los intentos de feminicidio contra Yeritza, es decir dejando de lado la justicia expedita.

La próxima audiencia de este caso está programada para enero de 2025 y esto ocurre pese a que el delito de intento de feminicidio ya fue acreditado en dos ocasiones pues antes de la sentencia condenatoria, obtenida en septiembre de 2022, la defensa del agresor logró un amparo para reponer el proceso. Entonces, dos jueces distintos fueron quienes lo vincularon a proceso pero pese a todo esto, el juicio iniciará otra vez. 

“Nuevamente me imponen iniciar el juicio dejando de lado el derecho primordial de las víctimas a la no revictimización. En 2025 iniciaré por tercera vez el juicio en contra de mi agresor y esta estrategia se está volviendo tan recurrente y lo peor es que es respaldada y solapada por un sistema que apuesta a cansarnos hasta lograr que las víctimas desistamos”. 

“Llevo casi 5 años en un proceso en donde ya se acreditó que Carlos Enrique N es culpable de tentativa de feminicidio y no logro tener una sentencia en firme. Pero no porque él sea inocente, sino porque el sistema de muchas formas está fracturado y de muchas formas a las víctimas se nos obliga a continuar en el camino”, dijo Yeritza. 

Los principios del sistema penal acusatorio, bajo el cuál se rige el acceso a la justicia en méxico, son: celeridad, concentración, publicidad y juzgamiento con perspectiva de género, pero en el caso de Yeritza todos estos han sido violados pues audiencia se han dilatado de manera injustificada con actos dolosos de la defensa del agresor que permite del Poder Judicial de la CdMx para que el proceso se siga extendiendo pese a los años que ya suma. 

Además, hay falta de continuidad pues las reposiciones innecesarias, en este caso el inicio de juicio oral por tercera vez, generan revictimización y prolongan el sufrimiento de la víctima. Y otra violación más, la ausencia de perspectiva de género porque las personas juzgadoras siguen ignorando la violencia estructural contra las mujeres. 

Las familias de víctimas de feminicidio clausuraron simbólicamente la sede del Poder Judicial CdMx. Foto: SinEmbargo

Feminicidios: Fátima Cecilia y Zaira Maité 

El 11 de febrero de 2020 Fátima Cecilia Aldrighetti Antón, de 7 años de edad, fue desaparecida, y el 15 de febrero su cuerpo fue encontrado en la alcaldía Xochimilco. Fue víctima de feminicidio.  En la búsqueda por justicia, su familia ha sido revictimizada y en particular, su tía Sonia López, quien lleva el caso. 

El pasado 11 de noviembre le notificaron que el juicio contra Giovanna “N” y Mario “N”, la pareja acusada del feminicidio, había sido anulado debido a que la jueza que llevaba su caso se retiraba por incapacidad médica, tirando a la basura el trabajo de los últimos 10 meses. Ya se habían presentado  testigos, peritos expertos en diversos campos y donde la familia revivió con dolor lo sucedido.

“Es una noticia que nos ha costado mucho procesar”, mencionó Sonia López, la tía de Fátima, en un comunicado. “Esta anulación es una revictimización para la familia. Todo el trabajo realizado durante este tiempo para poder alcanzar justicia, se descarta, fue en vano”.

Reiniciar un proceso implica un esfuerzo titánico para las familias porque son meses de escuchar nuevamente los testimonios e informes de peritos sobre los daños ocasionados a la víctima. A cuatro años del crimen, a pesar de las pruebas contundentes en su contra y de haber confesado el crimen a sus familiares, sigue sin haber sentencia. 

En conferencia de prensa, Sonia explicó que al iniciar el proceso penal, también comienzan una cadena de absurdos, desgastes, violencias y revictimizaciones hacia las familias porque las defensas empiezan a utilizar todas las estrategias posibles para “desgastarnos y alargar procesos de una manera indefinida. Lo desgastante es para las familias, estar yendo a cada una de las audiencias, estar escuchando todo lo que ocurrió en los días más terribles de nuestra vida es una forma de hacernos revivir al infierno”. 

Lo misma ha vivido la familia de Zaira Mayte Martínez Soto, víctima de feminicidio ocurrido el 14 de julio de 2019 en la casa de su agresor, Alfredo “N”, ubicada en la alcaldía Gustavo A. Madero, Ciudad de México. Han pasado más de 5 años y pese a que dicho hombre se mantiene detenido, no se ha podido llegar a una sentencia por las dilaciones de su defensa, solapadas por el Poder Judicial de la capital. 

Ana Yeli Pérez explicó que el caso ha sido complejo y agotador ante un abogado privado que ha logrado retrasar el juicio oral. Por ejemplo, en la etapa intermedia del proceso penal, dicho defensor pospuso en nueve ocasiones las audiencias: “ha sido un proceso largo, desde la etapa intermedia que requirió de nueve audiencias. Y ahora para dictar sentencia han sido diez intentos para que se le dicte. Todos los retrasos han sido por el abogado y sus recursos legales que han sido admitidos por el Poder Judicial”. 

Otro ejemplo que dió Pérez es que el abogado pidió que el Tribunal de Enjuiciamiento fuera colegiado, conformado por tres jueces y juezas, y no unitario, con una sola jueza, eso ha retrasado años el proceso. 

“¿Qué sería de la justicia en este país si no luchamos por ella? ¿Qué sería si no estuviéramos alzando la voz? ¿Por qué tenemos que luchar y arrancar nosotras la justicia de un sistema que se supone está diseñado para protegernos? ¿Qué es lo que está pasando y por qué nuestros derechos van después que los de los agresores? Por eso estamos aquí y por eso vamos a seguir alzando la voz”, concluyó la tía de Fátima.

Nancy Gómez

Nancy Gómez es reportera especializada en periodismo judicial, de datos, derechos humanos y género. Egresada de la FCPyS de la UNAM.

"De dioses, mitos y hombres"

 tribunafeminista.org

EstherTauroni Bernabeu

Doctoranda en Políticas de Igualdad, Licenciada en Historia del Arte, Técnica en Igualdad, Activista, Ingobernable, Investigadora y Mujer.

Cuando Zeus, dios de los dioses, violó a Europa se transformó en un toro manso que se confundió entre el rebaño del padre de ella hasta conseguir su confianza. Cuando ella le acarició el pelaje él aprovecho y la raptó, cabalgando sobre su lomo y conduciéndola a la isla de Creta donde la violó, incesantemente, hasta que la aborreció y regaló a Asterio, rey de la isla.

Para violar a Leda, Zeus se convirtió en un cisne que aleteó hasta ella alegando que era perseguido por un águila. Leda, conmovida, permitió que se ocultase entre sus faldas y con su pico fálico Zeus penetró en su vagina.

Hasta en lluvia dorada se transformó Zeus para violar a Dánae, hija de Acrisio y Eurídice, soberanos de Argos, cuyo padre la tenía encerrada en una torre. Incluso, en una ocasión Zeus se metamorfoseó en el novio de Alcmena para violarla.

Los amores del dios Zeus no fueron solamente con mujeres, también los tuvo con hombres, como es el caso del amor que el dios mantuvo con el joven Ganímedes (Libro X, Las Metamorfosis).

Poseidón, hermano de Zeus y dios de los mares, al igual que él sedujo y forzó a numerosas diosas, ninfas y mujeres mortales, con ellas tuvo incontables descendientes. Poseidón violó a Céneo  y también a Medusa  en un templo consagrado a Atenea. Lo mismo hizo con su propia hermana Deméter a quien persiguió y, aunque ella huyó transformándose en una yegua él se convirtió en un semental y la violó. Otra víctima de la lujuria de Poseidón fue la bella princesa Córnix, que escapó del dios en el último momento cuando Atenea la trasformó en un cuervo.

Hades violó a Perséfone que después fue su esposa. Asimismo, a la ninfa Mente a la que transformó en una planta llamada menta para que su esposa Perséfone no tomara represalias contra ella. De forma similar, la ninfa Leuce, a quien también había violado, fue metamorfoseada tras su muerte natural por Hades en un álamo blanco

El dios Apolo violó a Dríope (Libro IX Las Metamorfosis), que era pastora y cuidaba los rebaños de su padre cerca del monte Eta. Apolo la vio un día bailando en medio de los coros y se enamoró de ella, acercándose a la muchacha transformado en tortuga. La joven se puso a jugar sobre sus rodillas con la tortuga como si fuera una pelota, momento que Apolo aprovechó para adoptar la figura de una serpiente y entrar en ella. Algo parecido hizo con una princesa mortal llamada Leucótoe , hija de Órcano y hermana de Clitia; el dios Apolo se disfrazó de la madre de Leucótoe para lograr acceder a sus aposentos (Libro X Las Metamorfosis). Otros amantes del Dios fueron Jacinto y Cipariso.

Ha pasado más de dos siglos de toda una era cristiana y otros tantos de una época clásica y, sin embargo, perviven esos mitos en torno a la transformación, monstruosidad o enfermedad que pretenden justificar a agresores sexuales o violadores. En estos días de Iñigo Errejón hemos oído que la persona se ha transformado en personaje y que se considera víctima del patriarcado. Habrá quien se lo crea al igual que quien cree en la metamorfosis de Zeus, sin embargo, es momento de desmontar mitos.

En primer lugar, tenemos el mito del agresor/violador desconocido. A través de cuya creencia se introduce el prejuicio de que los violadores son personas desconocidas para la víctima, como si las personas cercanas fueran menos propensas a violar. Sin embargo, diversas investigaciones empíricas, realizadas la mayoría en países anglosajones, constatan que se denuncia con mayor facilidad las violaciones cometidas por extraños en comparación con las violaciones que sufren las mujeres a manos de conocidos, amigos y familiares. En las encuestas de victimización realizadas en el Estado español, también se pone de manifiesto que la mayoría de violencia se sufre a manos de personas conocidas por las víctimas. Con Errejón cae el mito. No solo lo conocían sus víctimas, sino que alardeaba de ser quien era ante ellas e incluso, según fuentes, exhortaba en su éxtasis sexual a que dijeran su nombre en un total abuso y ejercicio de poder.

En segundo lugar, está el mito del agresor/violador no-hombre llegándose a considerar enfermos y en los casos más graves, equiparándolos a animales. Además, el consumo de alcohol se emplea habitualmente para exculpar a los hombres agresivos o violadores, como si estar en estado de embriaguez les transformara en seres sin control ninguno sobre sí mismos. En otras palabras, a través de esta creencia se sugiere que los hombres no violan, agreden sexualmente otros, los no-hombres: los degenerados, los enfermos, los que son como bestias, etc. Sin embargo, como se incide en las publicaciones especializadas, la hostilidad hacia las mujeres y, en concreto la violencia sexual, es una forma de construir la masculinidad.  Este proceso no se realiza de forma natural ni es esencial a los hombres, sino que son socializados en la idea de que humillar, pegar y violar a una mujer es una forma de ser un hombre.

En tercer lugar, está el mito del agresor/violador racializado que conceptualiza la falsa creencia de que los hombres racializados son amenazas sexuales para las mujeres blancas y es más probable que cometan delitos sexuales. Durante los períodos de esclavitud en Estados Unidos se asoció a los hombres negros con el salvajismo y a las mujeres de esta etnia con un gran apetito sexual, lo que hacía que sus cuerpos estuvieran siempre accesibles a los hombres blancos. La sexualización del racismo pretendía justificar la violación sistemática de mujeres negras por parte de hombres blancos y las mutilaciones y linchamientos de hombres negros durante el esclavismo. Aunque la esclavitud fue abolida los estereotipos sexuales sobre hombres y mujeres negros continúan presentes en el imaginario social, por ejemplo, a través del mito del violador racializado. También este mito lo incumple Errejón con su patrón heteronormativo y, ahora también, supremacista.

¿Realizaría Errejón estos actos es solitario y en absoluta intimidad? o ¿formaría parte de un grupo en el que entre ellos se animaban y competían? Por qué si fuera así no estaríamos ante un individuo aislado, sino que sería una actuación grupal con una estructura de poder y que compartían una identidad común y unas normas, una alianza “fraternal”.

Iñigo Errejón no solo ha victimizado a las mujeres que ha agredido, también a todas las mujeres alardeando de un feminismo que él ha pervertido hasta el extremo de declararse víctima de un patriarcado en el que los hombres son los agresores y las mujeres las víctimas y que ahora pretende utilizar para su perversa justificación.

Errejón no es un personaje, es un hombre; Errejón no es un enfermo, es un hombre; Errejón no es un animal ni un monstruo, es un hombre. Errejón ha sido y es un falso “aliade”, un macho patriarcal y una evidencia del machismo más feroz que muchas dudamos actuara solo. El que quiso dejar de ser un hombre y convertirse en un Dios ha dejado de ser ambas cosas para convertirse, de momento, en un presunto criminal.

«No hubo justicia, habrá revolución». Absuelven a señalado de traficar con imágenes de alumnas del IPN

 Escrito por Lizbeth Ortiz Acevedo 

.-Ciudad de México.- A punto de cumplirse la media noche de este miércoles 4 de diciembre y luego de transcurrir más de 9 horas desde el inicio de la audiencia donde se esperaba una sentencia condenatoria por parte de las víctimas, contra el presunto violentador digital de alumnas del Instituto Politécnico Nacional (IPN), el juez Francisco Salazar Silva, resolvió absolverlo de los cargos por traficar con imágenes de ellas, es por ello que feministas decidieron emitir una convocatoria para que se sumen a la lucha por justicia y evitar repetición de estos hechos.

Desde el medio día de este miércoles, diversas colectivas y compañeras de las víctimas se dieron cita en los juzgados del Reclusorio Oriente donde montaron un espacio de acompañamiento para realizar artivismo y exigir justicia para las víctimas pero tras enterarse de la resolución decidieron convocar a la resistencia.

En primera instancia, anunciaron que apelarían por vía legal esta resolución del juez Salazar Silva y dijeron que seguirán denunciando por vía política esta injusticia. Defensoras como Olympia Coral, quien estuvo presente acuerpando a las víctimas señaló que en breve darán a conocer las movilizaciones que llevarán a cabo.

Hay que recordar que fue el 6 de octubre del 2023 Diego N, en la Escuela Superior de Comercio y Administración (ESCA), del Instituto Politécnico Nacional (IPN) fue descubierto luego que en un salón de clases, alumnas de la carrera de Mercadotecnia Digital, detectaron que su compañero tenía en su poder una tableta en la que había 20 mil videos y 166 mil imágenes reales y manipuladas de mujeres de 17 a 25 años con el objetivo de comercializarlas; esta práctica llevaba en operación desde el año 2016 en medio de un pacto patriarcal por más de siete años.

Es importante señalar que el espacio digital, es un entorno habitual para las juventudes, pero lo que diríamos desde la lectura feminista, es que ese espacio digital no es un espacio neutro, en términos de relaciones de género.

Tal y como sucede en términos generales en cualquier relación social, el espacio digital está permeado de estereotipos, sexismo y desigualdades de género sostenidas por el sistema patriarcal y ante la urgencia de erradicar las violencias, esto es un renglón pendiente con las jóvenes en el país.

En América Latina existe una carencia casi total de políticas públicas para prevenir y erradicar la ciberviolencia y el ciberacoso contra mujeres y niñas. Además, no se cuenta con instancias especializadas para la atención de casos, ni con presupuestos adecuados para combatirla, pese a que este tipo de violencia se ha incrementado sostenidamente en la región.

María Noel Vaeza, Directora Regional de ONU Mujeres para las Américas y el Caribe (marzo 2024)

En México, 9 millones de mujeres mayores de 12 años han sufrido acoso cibernético, las adolescentes y jóvenes son las más expuestas a las insinuaciones y propuestas sexuales, con un 36 por ciento, mientras que otros delitos como el abuso (obligarnos a ver cosas de índole sexual) o el doxeo (divulgación de información personal como fotografías, videos sin el consentimiento de la dueña de la información, también incluye intervenir una computadora sin permiso) también muestran incrementos. Sin embargo, sólo el 11 de las víctimas de la violencia digital denuncian estos hechos ante el ministerio público; lo anterior, de acuerdo a datos compilados por Cimacnoticias en el 2023.

En los últimos años mujeres, niñas y adolescentes han sido víctimas de estas acciones. Y es que de acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) 36.4 por ciento de las mujeres de entre 20 y 29 años de edad que utilizaron internet en 2019 fueron víctimas de ciberacoso en los últimos doce meses, frente al 27.2 por ciento de los hombres.

Además, se estima que 70 por ciento de las víctimas son adolescentes y mujeres, por lo que las afecta de forma desproporcionada por su propio género.

Lo digital es político: organización y resistencias de mujeres universitarias ante la violencia digital, fue la presentación del tema, realizada en el marco del ciclo de conferencias «Los feminismos en México y Latinoamérica», que durante el mes de marzo se han llevado a cabo en el Museo de la Mujer.

Esta no fue justicia sino complicidad

Juez: Francisco Salazar Silva.

Compañeras el sistema de justicia de este País decidió que #DiegoN no era culpable de este delito.

Llamamos a todas nuestras compañeras feministas a levantarnos y volver a salir 🔥

¡Seguiremos en la lucha! pic.twitter.com/iMBkxRb2Ki

— Olimpia (@OlimpiaCMujer) December 5, 2024

La audiencia de este 4 de diciembre del 2024 fue en los juzgados ubicados del Reclusorio Oriente y las víctimas, así como feministas quienes se dieron cita para acuerparlas, esperaban una sentencia de 12 años, no obstante, han quedado en un vacío de justicia.

Audiencia de Diego N, ex estudiante del IPN, acusado de violencia digital contra amigas y compañeras… pic.twitter.com/VWOGZLwN3J

— Ely Mávil (@elimavyl) December 4, 2024

El hombre fue señalado de comercializar imágenes de sus compañeras, y se denunció que presuntamente vendía las fotografías en grupos a otros alumnos y personas de la comunidad estudiantil, pero también en plataformas externas. Por estos hechos Diego N fue puesto a disposición de las autoridades y se le imputó el delito de violación a la intimidad sexual.

Las mujeres estudiantes que se identificaron como víctimas de Diego N iniciaron el proceso legal en su contra; pero esto no fue sido sencillo, porque han señalado que la institución educativa «las revictimiza y que las abandonó en un inicio», pues no fue sino hasta que su historia se difundió en redes sociales cuando recibieron el acompañamiento de Olimpia Coral Melo -impulsora de la Ley Olimpia- cuando directivos del IPN tomaron cartas en el asunto. 

El pacto patriarcal de la violencia digital al interior del IPN

El 16 de octubre del 2023, alumnas del IPN, comenzaron una manifestación a las afueras de la Escuela Superior de Comercio y Administración para dar a conocer el pacto patriarcal entre autoridades estudiantiles.

De esta forma revelaron que la violencia que denunciaron ha prevalecido al interior de la institución desde 2016, pues a ellas se acercaron otras jóvenes quienes aseguraron que estudiantes “les pidieron que entraran al negocio para exponer fotografías íntimas en prostitución digital o consiguieran fotos de otras alumnas para editarlas”.

“Existen pruebas de conversaciones entre alumnos que compraban y ofertaban estos contenidos, por lo que señalamos que Diego N no actuó solo; dentro de nuestros salones, en los pasillos, hay una organización patriarcal de hombres que comercializan estas fotografías, le ponen precio a nuestros cuerpos y nos ven como objetos sexuales”, acusó una de las víctimas.

Lo anterior confirma lo que revelaba el Informe de violencia digital. Un estudio de los perfiles de agresores y sobrevivientes de violencia sexual digital, realizado por el Frente Nacional para la Sororidad, el cual documentó de enero de 2020 a diciembre de 2021, mil 705 casos de violencia digital en México, de los cuales 95.3 por ciento fueron perpetrados contra mujeres, siendo las estudiantes universitarias y las empleadas privadas las principales agredidas.

Sumado a lo anterior las víctimas usaron este espacio para denunciar públicamente a plataformas de desarrollo de Inteligencia Artificial por no tener las medidas necesarias “ante un algoritmo patriarcal que beneficia y sistematiza la explotación sexual digital de nuestros cuerpos”.

Niñas en Chiapas sin garantías para el derecho a la vida y supervivencia

By Resumen Latinoamericano 

Por Wendy Rayón Garay. Resumen Latinoamericano, 04 de diciembre de 2024.

La Red por los Derechos de las Infancias y Adolescencias en Chiapas (REDIAS) denunció que, a 35 años de la Convención de Derechos de la Niñez, los derechos básicos como la vida y la supervivencia no están garantizados para las niñas, niños y adolescentes de Chiapas, por lo que exhortaron a la nueva administración de los gobiernos estatales y municipales a implementar políticas públicas para garantizar sus derechos humanos.

Desde el 2021, Chiapas atraviesa una escenario de violencia generalizada en los municipios de Amatenango de la Frontera, Ángel Albino Corzo, Altamirano, Bejucal, Bellavista, Chicomuselo, Chenalhó, El Porvenir, Frontera Comalapa, Honduras de la Sierra, La Concordia, La Grandeza, La Independencia, Las Margaritas, La Trinitaria, Mazapa, Montecristo de Guerrero, Motozintla, Pantelhó, Siltepec y Tila, según reportó REDIAS. 

La situación ya provocó que grupos de mujeres indígenas en situación de vulnerabilidad y precarizada estén en riesgo. En consecuencia, familias abandonaron Chiapas en los primeros 5 episodios de desplazamiento forzado masivo en regiones como Altos, Norte, Frailesca y Sierra Mariscal. 

De acuerdo con REDIAS, esta situación afectó a un estimado de 11 mil 170 personas, de las cuales 4 mil 300 fueron infancias y adolescencias desplazadas en la mitad de 2024. Además, agregó que actualmente el estado de Chiapas ocupa el primer lugar en infancias y adolescencias repatriadas en Estados Unidos, resultado de las carencias, faltas de oportunidades y violencia extrema. 

Asimismo, el monitoreo de esta organización detectó agresiones, feminicidios, homicidios, desapariciones y reclutamiento forzado de adolescentes a grupos criminales. El último reporte del Atlas de Género de Chiapas estima que del 1 de enero de 2024 hasta el 31 de agosto del mismo año, hubo 10 feminicidios, 10 homicidios dolosos y 36 lesiones dolosas en niñas y adolescentes. Sin embargo, ya que no existe un conteo oficial sobre las consecuencias de la violencia en Chiapas, las cifras podrían ser mayor.

REDIAS también denunció otras problemáticas a las que se enfrentan, como la falta de acceso a una identidad, salud y educación. En el ámbito médico, durante 2020 el 40% de la población menor de 18 años se encontraba en una situación de carencia en servicios de salud. En la región de los Altos, 6 de cada 10 infantes tenían carencias en seguridad social en los 17 de 18 municipios. La importancia de servicios médicos y de seguridad social radica en que Chiapas es el estado con mayor número de muertes en infantes por enfermedades diarreicas. 

La guerra territorial en Chiapas

Siguiendo el informe ‘Chiapas es un desastre’ del 2023, del Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas, señaló que este estado se ha convertido en un lugar en disputa por el control político, social, económico y territorial resultado de la triada gobierno, empresas y delincuencia organizada que han contribuido a la violencia. 

En primer lugar está la marcada militarización. Fue el episodio del levantamiento del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) lo que marcó el inicio ocupacional por parte de las fuerzas armadas en Chiapas y que se exacerbó en 2006 con la guerra contra el narcotráfico que provocó un despliegue militar en todo el país.

Durante estos años, el CDH Fray Bartolomé de las Casas ha documentado la implementación de un estado de sitio de facto en zonas específicas, así como crímenes de lesa humanidad perpetrados por el gobierno mexicano, paramilitares, el Ejército Mexicano, la Secretaría de Marina y otras corporaciones policiales.

La organización agrega que el control psicosocial de la población a través de programas sociales facilitan la alienación a proyectos de militarización. En consecuencia, la desmemoria y anestesia social como parte del control militar, cambiando así la narrativa de los derechos humanos, los cuales “son vaciados de contenido y reinterpretados en defensa de los intereses del Estado”.

A este panorama se suma el escenario de gobernanza criminal donde la venta de drogas, homicidios, feminicidios y desapariciones incrementaron. Aunque el informe menciona que la presencia del crimen organizado en Chiapas es histórica, el punto de quiebre se dio en 2021 cuando comenzaron disputas y reacomodos en la región, sobre todo en los municipios de Frontera Comalapa, La Trinitaria y Chamic. 

Peligros de abandonar el hogar para niñas y adolescentes

Como resultado de los diferentes episodios de violencia en Chiapas, niñas y adolescentes se han visto obligadas a desplazarse a otras zonas del país. Esta movilización genera impactos, necesidades y vulnerabilidades específicas, según el CDH Fray Bartolomé de las Casas. 

Entre ellas se encuentran la restricción a servicios de salud, entre las que está la sexual y reproductiva; obstaculización de la educación; discriminación; y marginación. Sin embargo, la principal consecuencia es la violencia sexual que pueden sufrir en campamentos, albergues o casa de familiares.  La organización señala que esta realidad ha sido facilitada por la inacción y omisión del gobierno estatal y federal.

Una de las preocupaciones del CDH Fray Bartolomé de las Casas, es que el desplazamiento forzado transforma las relaciones de género y las dinámicas familiares afectando las libertades de las mujeres y su independencia. Esto quiere decir que los riesgos de violencia sexual provocan que ellas se mantengan en la esfera privada o que dependan de terceros afectando su autonomía para movilizarse.

Convención de Derechos de la Niñez no hizo efecto en Chiapas

El 20 de noviembre de 1989, se firmó un tratado internacional para reconocer los derechos civiles, económicos, sociales y culturales de las infancias y adolescencias. Asimismo, 196 estados reconocidos por la Asamblea General de las Naciones Unidas firmaron el acuerdo a excepción de Estados Unidos. 

La Convención de Derechos de la Niñez está conformada por 54 artículos donde se reconocen a las infancias y adolescencias como individuos con derecho de pleno desarrollo físico, mental y social. También es un modelo para la salud, supervivencia y progreso que deben seguir todos los estados firmantes, entre los que se encuentra México cuando lo ratificó en 1990.

Sin embargo, para REDIAS, el contexto de violencia provocó que no existan garantías sobre el derecho a la vida y de supervivencia de las niñas y adolescentes. En este sentido, explicó que se necesita de una estrategia política en el que se cree un Sistema de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes (SIPINNA) de Chiapas con perspectiva de género, enfoque de derechos humanos e intercultural. De igual forma, la aprobación de un Programa Estatal de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes (PROESPINNA) para el periodo 2025-2030 con presupuesto y recursos humanos para su operación.

Fuente: Desinformémonos

El poder de las mujeres en El Salvador sigue siendo simbólico

Feminismos. 

By Resumen Latinoamericano 

Por Lorena Umaña Reyes, elfaro, Resumen Latinoamericano, 5 de diciembre de 2024.

La cultura política salvadoreña -caracterizada por un patriarcado profundamente arraigado-, impone barreras para la participación sustantiva de las mujeres. En una entrevista con una diputada de la legislatura 2018-2021, esta comentó que en la política es necesario tener “ADN de hombre” para sobrevivir. Esta declaración encapsula el sentir de muchas mujeres en cargos públicos: para ser escuchadas, deben adoptar características asociadas con el liderazgo masculino. Este fenómeno, conocido como “masculinización del poder”, obliga a las mujeres a adoptar actitudes y comportamientos que no necesariamente resuenan con su estilo de liderazgo, pero que el sistema patriarcal exige para ser aceptadas.

En El Salvador, las mujeres han ganado visibilidad en la política, pero su presencia sigue siendo mayormente simbólica. Aunque la paridad de género, las leyes de cuotas y las acciones afirmativas han incrementado su participación en la Asamblea Legislativa, el verdadero poder de decisión continúa en manos de unos pocos; y esos pocos, en su mayoría, siguen siendo hombres. Numéricamente las mujeres han incrementado su presencia de apenas dos o tres diputadas en la década de los 50 a contar con 19 legisladoras en el actual periodo 2024-2027, que representan el 31.67% de los escaños. Lo anterior ha sido resultado de décadas de lucha y políticas de inclusión de género. Sin embargo, mayor presencia femenina en la Asamblea no se ha traducido en poder de influencia real, lo que revela un problema estructural en la política salvadoreña. 

Aunque más mujeres ocupan puestos visibles, su capacidad para influir en decisiones claves sigue siendo limitada, manteniéndose su rol en el plano simbólico sin un impacto real en las políticas públicas. La politóloga Hanna Pitkin, en su análisis de las cuatro dimensiones de la representación política, distingue entre representación descriptiva —donde las mujeres acceden a cargos— y representación sustantiva, en la que realmente ejercen poder y toman decisiones. Aunque la presencia femenina ha aumentado, el acceso a una representación verdaderamente sustantiva sigue siendo escaso.

La representación simbólica, por su parte, se refiere a cómo un representante “significa” o simboliza a quienes representa; en este caso, lo relevante no es su capacidad de acción directa ni su responsabilidad hacia los representados, sino el significado y los valores que encarna. En contraste, la representación sustantiva implica la capacidad de los representantes para actuar y tomar decisiones que afectan el ámbito público. La presencia de mujeres en cargos políticos, sin embargo, no siempre permite ejercer estas dos dimensiones de la representación política. Aunque el aumento de diputadas en la Asamblea parece un avance en la práctica, su presencia no se traduce automáticamente en cambios estructurales ni en una mayor equidad en la toma de decisiones. Tener más mujeres en cargos políticos no garantiza que estas puedan influir efectivamente en decisiones claves. 

La cultura política salvadoreña -caracterizada por un patriarcado profundamente arraigado-, impone barreras para la participación sustantiva de las mujeres. En una entrevista con una diputada de la legislatura 2018-2021, esta comentó que en la política es necesario tener “ADN de hombre” para sobrevivir. Esta declaración encapsula el sentir de muchas mujeres en cargos públicos: para ser escuchadas, deben adoptar características asociadas con el liderazgo masculino. Este fenómeno, conocido como “masculinización del poder”, obliga a las mujeres a adoptar actitudes y comportamientos que no necesariamente resuenan con su estilo de liderazgo, pero que el sistema patriarcal exige para ser aceptadas. La masculinización del poder no solo limita la diversidad de estilos de liderazgo, sino que también refuerza un paradigma de poder diseñado por y para los hombres.

La realidad en la que hoy actúan las legisladoras requiere de un análisis con mayor profundidad, pues debe considerarse el reciente cambio en la estructura de la Asamblea Legislativa. El Decreto No. 755, que redujo el número de diputados en la Asamblea, de 84 a 60, con el argumento de hacer más eficiente el proceso legislativo, ha afectado la diversidad política y agudizado la exclusión de las mujeres. Mientras que las legislaturas de 2018-2021 y 2021-2024 estaban compuestas por 84 curules y reflejaban una mayor pluralidad de partidos, con 26 diputadas en la primera (31%) y 25 en la segunda (29.76%), el periodo 2024-2027 está marcado no solo por una reducción a 60 curules, sino también por un control casi absoluto de la fuerza política en el gobierno. La disminución de curules y la concentración del poder en un solo partido afectan directamente la pluralidad y limitan las oportunidades de representación para mujeres de otras fuerzas políticas.

Actualmente, de las 19 diputadas en la Asamblea, sólo dos pertenecen a partidos distintos a Nuevas Ideas. Este predominio del partido mayoritario ha limitado considerablemente el debate plural y la presentación de iniciativas de otros grupos políticos. Legisladoras de partidos minoritarios, como Cesia Rivas del partido Vamos y Marcela Villatoro del partido ARENA, han expresado públicamente su preocupación ante la falta de espacio para propuestas que no estén alineadas con el partido gobernante. Esta situación evidencia cómo el control casi total de un solo partido reduce no solo la pluralidad política, sino también la capacidad de mujeres de diversos sectores para contribuir a una agenda de igualdad de género.

En el contexto actual, las asambleístas enfrentan una mayor exclusión de los espacios donde se definen las políticas públicas de mayor trascendencia, reforzando un sistema en el que las voces femeninas quedan relegadas. Un ejemplo revelador de este retroceso es la virtual desaparición del Grupo Parlamentario de Mujeres (GPM): un espacio multipartidario que fue crucial para impulsar legislación en favor de los derechos de las mujeres y que comenzó a perder fuerza a partir de 2021. Durante la legislatura 2018-2021, el GPM había sido un actor clave en la promoción de iniciativas como la Ley Especial Integral para una Vida Libre de Violencia para las Mujeres y la Ley de Igualdad, Equidad y Erradicación de la Discriminación contra las Mujeres. Sin embargo, en diciembre de 2021, diputadas de diferentes partidos denunciaron su inactividad y la erosión de un espacio que históricamente había funcionado como foro de diálogo transversal, donde las legisladoras podían construir agendas comunes más allá de las diferencias partidarias.

La desarticulación del GPM coincide con la concentración del poder legislativo en un solo partido. Esto parece indicar que con Nuevas Ideas controlando la mayoría legislativa estos espacios se consideran innecesarios en la agenda oficial. Si bien, de los siete integrantes de la actual junta directiva de la Asamblea Legislativa, tres son mujeres que ocupan los cargos de Primera vicepresidenta, Segunda vicepresidenta y Primera secretaria, habría que preguntarse ¿cuánto de ese poder es sustantivo? El verdadero riesgo es que estas mujeres, a pesar de sus títulos, no tengan un rol protagónico en la toma de decisiones de peso, sino que su presencia sea meramente decorativa, limitada por las dinámicas internas de un partido que sigue replicando estructuras de poder masculinas.

Aunque hay más mujeres en posiciones de poder formal dentro de la Junta Directiva de la Asamblea Legislativa, en los hechos se han debilitado los espacios institucionales para el avance de la agenda de los derechos de las mujeres. Este patrón se repite en la distribución de poder en las comisiones parlamentarias, donde las mujeres presiden comisiones relacionadas con Niñez e Integración Social, Tecnología, Turismo e Inversión, y Salvadoreños en el Exterior; mientras los hombres continúan dominando comisiones clave para decisiones económicas y políticas, tales como Seguridad Nacional y Justicia, Hacienda, y Agricultura y Medio Ambiente. Además, la distribución actual de las comisiones entre hombres y mujeres refuerza las dinámicas de exclusión femenina en los procesos decisivos de gobierno. Las mujeres en la legislatura siguen relegadas a áreas “blandas,” donde las decisiones tomadas no tienen el mismo peso en las políticas de Estado que en las comisiones “duras,” dominadas por hombres. Esta situación perpetúa un modelo en el que la inclusión femenina en la política se restringe a funciones menos influyentes, limitando así su capacidad de generar cambios significativos.

En este escenario  resulta esencial preguntarnos qué significa la representación política de las mujeres en El Salvador. Si bien el aumento en su presencia en la Asamblea parece cumplir con un criterio de equidad, este avance numérico no se traduce en una influencia real ni en acceso a decisiones estratégicas. La configuración actual de la legislatura, en vez de consolidar derechos, expone un retroceso que, lejos de transformar el poder, limita a las mujeres a un papel visible pero subordinado. Mientras el sistema siga operando bajo lógicas patriarcales y de liderazgo autoritario, las mujeres seguirán condenadas a jugar un papel secundario en un tablero político diseñado por y para los hombres. Las medidas afirmativas, aunque indispensables, son solo el inicio; el verdadero desafío radica en desmantelar las barreras estructurales que aún las mantienen en la periferia de las decisiones. Solo cuando las mujeres puedan incidir de manera genuina y sustantiva en el rumbo del país, se podrá hablar de una sociedad verdaderamente democrática en El Salvador.

*Lorena Umaña Reyes es doctora en Ciencias Políticas y Sociales, profesora-investigadora titular de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), miembro de la Red de Politólogas – #NoSinMujeres.  Puedes escribirle al correo lorena.umana@politicas.unam.mx y en X la encuentras como @loreumar.

En alto riesgo, 60 millones de mujeres y niñas desplazadas

 Precario financiamiento: Acnur

Denuncias por agresiones sexuales aumentaron 50 por ciento este año

De La Redacción

Periódico La Jornada

Domingo 1º de diciembre de 2024, p. 17

Más de 60 millones de mujeres y niñas desplazadas o que son apátridas se enfrentan a un alto riesgo de violencia de género, y el financiamiento para los servicios vitales que les prestan apoyo es lamentablemente escaso, advirtió la Agencia de la Organización de Naciones Unidas (ONU) para los Refugiados (Acnur).

Según el organismo, las denuncias por violencia sexual relacionada con los conflictos aumentaron 50 por ciento este año respecto de 2023, y las mujeres y las niñas representaron 95 por ciento de los casos verificados.

Sin embargo, estas cifras representan una pequeña fracción de la realidad, ya que muchos hechos no se denuncian, apuntó la Acnur. En lugares remotos el acceso humanitario está cortado o los recursos y la asistencia son escasos. El acceso a la justicia también sigue siendo limitado y los supervivientes temen represalias y marginación social, dijo la portavoz de la agencia, Shabia Mantoo, en una entrevista publicada en la página web de la ONU. Detalló también que los trabajadores que operan en situaciones de conflicto reciben noticias constantes de supervivientes que han sufrido violencia brutal, tortura, explotación y violencia sexuales y otros horrores, incluso como arma de guerra.

En la República Democrática del Congo, por ejemplo, los cuerpos de mujeres y niñas se han convertido en una extensión del campo de batalla en medio de la violencia cíclica y el empeoramiento de la inseguridad, aun en los lugares de desplazamiento.

En Chad, las mujeres han denunciado haber sido violadas mientras huían del conflicto en Sudán, citó Mantoo. En Afganistán, las crecientes restricciones a las mujeres y niñas, las altas tasas de violencia doméstica y el empeoramiento general de la situación económica están contribuyendo a una crisis de salud mental, y los socios de la Acnur informan de un aumento del número de pacientes que buscan ayuda.

Las refugiadas y migrantes que se desplazan por las rutas hacia el Mediterráneo siguen denunciando que se enfrentan a la violencia y la explotación sexuales, la esclavitud y la trata de personas. Los organismos humanitarios estiman que 90 por ciento son violadas.

Maltrato doméstico

Mientras, las supervivientes que han huido a los países vecinos suelen permanecer en situaciones precarias debido a los riesgos adicionales de violencia de género que pueden afrontar durante su desplazamiento, así como a las demoras en el acceso a los servicios. Además de la violencia sexual relacionada con el conflicto, las mujeres y las niñas desplazadas también se enfrentan a altos riesgos de violencia de pareja. En determinados entornos de desplazamiento se estima que los riesgos para ellas son 20 por ciento superiores a los de las no desplazadas, precisó la portavoz de Acnur.

Por otra parte, las formas interrelacionadas de discriminación también aumentan los riesgos. Por ejemplo, las mujeres y niñas con discapacidad; las que viven en la pobreza o que tienen orientaciones sexuales, identidades y expresiones de género o características sexuales diversas, añadió.

Mantoo argumentó que las medidas tempranas y efectivas de prevención y respuesta a la violencia de género hacia las afectadas por el desplazamiento forzado y el conflicto salvan y cambian vidas, pero hizo hincapié en que el financiamiento está muy por debajo de las necesidades.

La Acnur ha destacado especialmente este problema durante los Dieciséis días de activismo contra la violencia de género, campaña mundial anual que se lleva a cabo del 25 de noviembre al 10 de diciembre.

La Agencia teme que sin el financiamiento adecuado, millones de mujeres y niñas desplazadas por la fuerza no puedan acceder a servicios esenciales el próximo año.

CONAVIGUA: 35 años defendiendo a las mujeres indígenas en Guatemala

Mundubat organiza un Encuentro de las defensoras Josefa Luc Son y María Canil Grave con colectivos de Irún y Hernani

Por Enric Llopis 

Fuentes: Rebelión

La región de América Latina/Caribe se mantuvo entre 1990 y 2020 como la más desigual del planeta (coeficiente de Gini), según el informe de la CEPAL América Latina y el Caribe ante la trampa del desarrollo (octubre 2024); en otros términos, América Latina y el Caribe presenta la distribución de ingresos más concentrada del mundo.

Asimismo 172 millones de personas se hallaban en situación de pobreza en 2023, de los que 66 millones en pobreza extrema, añade el organismo de Naciones Unidas; el mayor porcentaje de población indígena en situación de pobreza se da en Guatemala (70%), seguido de Colombia, Nicaragua, Panamá y Ecuador (Panorama social de América Latina y el Caribe, CEPAL 2024).

La Unidad de Protección a Defensor@s de Derechos Humanos en Guatemala (UDEFEGUA) presentó –el 30 de abril- el informe Guatemala entre la dictadura y la democracia, con datos de 2023; el reporte da cuenta de 9.496 agresiones contra personas, organizaciones y comunidades defensoras de derechos humanos (la mayor parte hostigamiento -4.471-, seguido de difamación -2.218- y estigmatización -1.393-); en 2022 se contabilizó un número inferior, 3.574.

“Durante 2023 no hubo un día sin que se registrara alguna agresión en contra de personas que defendían derechos humanos en el país; lo que se puede percibir es ese clima de zozobra, ansiedad y terror (…)”, valoró UDEFEGUA.

Por tipo de defensa, el documento sitúa en primer lugar los ataques a personas operadoras de justicia (2.657); seguido del acceso a la justicia (2.261) –“en un sistema judicial capturado por las mafias”-; gubernamental -2.169-; y periodismo/libertad de expresión, con 1.432 agresiones.

La ONG Mundubat organizó -el 28 y 29 de octubre- el encuentro de dos mujeres mayas Kaqchikel y K’iche, Josefa Luc Son y María Canil Grave, con asociaciones feministas, movimientos de mujeres migrantes y grupos de cooperación en los municipios de Irún y Hernani (Euskal Herria); las dos defensoras, que provienen del municipio de San José Poaquil (Chimaltenango) y el departamento de Quiché, militan en la Coordinación Nacional de Viudas de Guatemala (CONAVIGUA).

En una nota informativa, Mundubat destacó que CONAVIGUA reúne, desde 1985, a mujeres viudas de origen maya en varias comunidades de tres departamentos: Totonicapán, Chimaltenango y Quiché; en septiembre de 1988, la Coordinadora celebró la primera Asamblea Nacional ordinaria.

Respecto a la actividad de las dos lideresas, “han jugado un papel clave en el interior de su organización” (coordinación política y jurídica), y “dedicado muchos años a la formación de las juventudes en sus comunidades”.

CONAVIGUA surgió con el objetivo de exigir justicia por la exclusión, la pobreza y las violaciones a los derechos humanos y el genocidio perpetrado por el Estado de Guatemala en los años 80; y nació, sobre todo, como organización de las mujeres en cuanto viudas y huérfanas: “Asesinaron y desaparecieron a cientos de esposos, hijos, padres y otros familiares”.

El 25 de noviembre de 2023 la Coordinadora participó en la conmemoración del Día Internacional de la No Violencia contra las Mujeres; además de hacer referencia especial al genocidio  contra el pueblo palestino, condenaron –en el caso de Guatemala- los allanamientos, persecuciones, criminalización y detenciones de personas que ejercen la libertad de expresión y resistencia pacífica.

Un mes después, la miembro de CONAVIGUA, de la Plataforma de Víctimas del genocidio y superviviente al conflicto armado, Rosalina Tuyuc, recordó –en las redes sociales- que las entidades habían presentado una apelación ante la Corte de Constitucionalidad contra el expresidente guatemalteco –entre 2020 y enero de 2024-, el derechista Alejandro Giammattei.

La razón era “el incumplimiento de las responsabilidades del Estado en atender y resarcir a las víctimas de tortura, desapariciones forzadas, masacres y otras violaciones de los derechos humanos durante el conflicto” (entre 1960 y 1996).

Sin embargo la mayoría de los gobiernos, desde 1996, sí atendieron a expatrulleros y exmilitares, subrayó Rosalina Tuyuc; “también demandamos (a Giammattei) por el desmantelamiento de las instancias de paz”, añadió otra mujer sobreviviente e integrante de la Coordinadora, Feliciana Macario.

Se da la circunstancia que una sala de apelaciones de Guatemala ha suspendido el juicio al general –en retiro- Benedicto Lucas García, por la masacre de población indígena durante el conflicto interno (el enjuiciamiento al militar se inició el pasado 4 de abril); la Fiscalía acusa al general de tomar parte en el genocidio; en concreto, por el asesinato de 1.200 indígenas entre 1978 y 1982 (teleSUR, 29 noviembre).

Por otra parte, en abril de 2023 CONAVIGUA participó en el II Encuentro Centroamericano sobre Feminismos-Campesino Popular, y la lucha de las mujeres indígenas de la articulación de Mujeres Cloc-Vía Campesina de Centroamérica; celebrado durante cuatro días en Guatemala, también asistieron al Encuentro mujeres rurales de Nicaragua, El Salvador, Costa Rica y Panamá.

“La lucha desde el pensamiento cosmológico de las mujeres indígenas”, fue uno de los puntos abordados; la última jornada incluyó una visita a las comunidades del  municipio de Tecpán (Chimaltenango), donde compartieron iniciativas de agricultura ecológica y el uso de plantas medicinales con té.

El Proyecto Mujeres Activas contra la Violencia de Género en Centroamérica informa que, entre enero y el 17 de abril de 2024, se registraron 13.555 casos de violencia contra las mujeres en Guatemala, además de 2.729 de maltrato a niñas, niños y adolescentes; a ello se agregan 1.483 de violación sexual; 763 de agresión sexual; 59, de feminicidio y 71 de muerte violenta de mujeres (estadística a partir de datos del Ministerio Público).

La citada fuente añade que, en el primer trimestre de 2024, se produjeron en Guatemala 14.836 partos entre niñas y adolescentes con menos de 19 años (la mayor parte -97%-entre las edades de 15 y 19 años); las tasas más altas se dieron en Alta Verapaz, seguido de Guatemala y Huehuetenango.

En este contexto, entre el 11 y el 21 de noviembre tuvo lugar la VI Edición del foro Herri Babesarea (red vasca municipal de protección a personas defensoras de derechos humanos); promovida en 2019 por Mundubat y Brigadas Internacionales de Paz, seis defensoras de Derechos Humanos visitaron 14 municipios de Euskadi (en el caso de Guatemala, Lin Valenzuela, miembro de la Fundación Guillermo Toriello).

Rebelión ha publicado este artículo con el permiso del autor mediante una licencia de Creative Commons, respetando su libertad para publicarlo en otras fuentes.

En México, 18 mujeres al día se realizan labioplastias para rejuvenecer la vulva. Mutilación voluntaria

 Escrito por Wendy Rayón Garay 

.-Ciudad de México.- En México, 18.6 mujeres al día acuden a un centro médico para realizarse labioplastias, esto de acuerdo con datos de la Sociedad Internacional de Cirugía Plástica Estética (ISAPS) quien informó que solo el año pasado hubo 6 mil 809 labioplastias en el país y 4 mil 495 rejuvenecimientos vaginales.

De acuerdo con el artículo ‘Cirugía estética genital’, la ninfoplastia es cualquier procedimiento que modifica la forma de los labios menores. Entre ellos se encuentran: la labioplastia, enfocada en remover una porción de labios menores hipertróficos (cuando son más grandes de lo normal); y el rejuvenecimiento vaginal, que consta de estrechar o restaurar el contorno de la vagina a través de diferentes tratamientos quirúrgicos o no quirúrgicos, como hormonas, láser o radiofrecuencia.

La ISAPS también recopiló que los procedimientos quirúrgicos más frecuentes que se hicieron las mujeres fueron: liposucción, aumento de senos, cirugía de párpados, abdominoplastia, y levantamiento de senos. Mientras que en los no quirúrgicos estuvieron la aplicación de botox, ácido hialurónico, depilación, estiramiento de piel y reducción de grasa.

Estos datos fueron recabados por la Sociedad Internacional de Cirugía Plástica Estética a través de una encuesta en varios países y Brasil ocupó el primer lugar no solo en ambos procedimientos, sino también en las operaciones quirúrgicas con 2 millones 185 mil 036 cirugías.

Datos de la última encuesta de la Sociedad Internacional de Cirugía Plástica Estética (ISAPS), mostraron que el procedimiento para “rejuvenecer la vagina” aumentó 19,61% y la labioplastia se redujo 2,59% respecto a 2022. Sin embargo, la cifra de este último aún es 14,8% mayor en comparación a los datos de 2019, antes de la pandemia del Sars-coV-2.

A pesar de la lucha de las mujeres por la autonomía de sus cuerpos, siguen siendo regidas por los estándares de belleza. Carmen Gonzales Martín, autora del texto ‘La doncella de hierro y la odalisca: metafísica de una imagen femenina’ considera que existen estereotipos encubiertos que crean una falsa sensación de progreso sobre la imagen femenina.

La metáfora de la doncella de hierro en El mito de la belleza de Naomi Wolf, nos recuerda que, este instrumento de tortura medieval con púas afiladas, restringe y moldea a quienes lo usan como lo hacen las cirugías estéticas. Gracias a ellas, las mujeres asumieron el papel de autoformar sus cuerpos bajo la presión social de alcanzar estándares estrictos. 

De esta manera, Carmen plantea que las mujeres creen que toman decisiones libres sobre la liberación sexual y la reapropiación del cuerpo, cuando en realidad cumplen nuevos estándares de control voluntariamente, lo que continúa con la percepción de que las mujeres son objetos despojados de su individualismo. 

En 2023 se hicieron 189 mil 058 labioplastias y 84 mil 495 rejuvenecimientos vaginales en el mundo, según la ISAP. Ambos procedimientos representaron el 1.7% de las 15 millones 813 mil 353 operaciones quirúrgicas estéticas que se realizaron el año pasado.

Mutilación voluntaria, otra mirada hacia las operaciones genitales

Cambiar el aspecto de los genitales femeninos se convirtió en un procedimiento popular. Según el estudio ‘Factores que influyen en la deducción de someterse a una labioplastia’ del 2022, las razones que impulsan esta decisión son principalmente estéticas, molestias sexuales, causas psicologicas, cambio de sexo y por último, funcionales.

En entrevista para Cimacnoticias, la Doctora María José Díaz Alonso, médica general y activista en derechos sexuales y reproductivos, comentó que el verdadero problema es el desconocimiento de la diversidad vulvar y vaginal. También explicó que los tamaños, el color, la distribución del pelo, la asimetría, el olor son normales y algunos cambian en cada persona. 

La medicina y la cirugía ginecológica se encargaron de sugerir procedimientos como el blanqueamiento, la depilación, el estrechamiento e incluso el corte con los labios en la labioplastia. Para la Doctora María José, este último se asemeja a la mutilación genital femenina que, siguiendo la explicación de la Organización Mundial de la Salud (OMS), son los procedimientos que remueven parcial o total los genitales externos femeninos por motivos no médicos. 

Esta práctica es considerada como una violación a los derechos humanos de las mujeres y niñas. La OMS señaló que actualmente más de 230 millones de mujeres y niñas han sufrido mutilación genital femenina, principalmente en regiones como África, Medio Oriente y Asia. Sin embargo, los motivos distan de deseos estéticos y dependen de las condiciones culturales y sociales de cada región. Entre ellos, destacó la preservación de la “virginidad” antes del matrimonio, lo que refleja el control de la autonomía del cuerpo femenino.

Además, las operaciones para estilizar la vagina son contraproducentes. María José explicó que pueden causar dermatitis, pérdida de funciones totales, hemorragias, riesgo anestésico o afectación en la elasticidad. A pesar de estas consecuencias, advirtió que estos procedimientos se han vuelto accesibles económicamente para las mujeres y son impulsados por la industria de entretenimiento para adultos.

“Creo que la cultura, sobre todo la cultura del porno, ha hecho que nos hagan pensar que todos tenemos que ser igualitas y que todas nuestras vulvas tienen que ser blanquitas, sin pelos y con labios chiquitos”

—María José Díaz Alonso

La pornografía y la construcción de una vagina que no existe

El estudio ‘La representación de la mujer en la pornografía desde una perspectiva de género: un análisis global’ de Andrea Criado Pajuelo analizó el papel de las mujeres desde la pornografía convencional, es decir, las relaciones heterosexuales entre hombre y mujer. En este se concluyó que se muestran imágenes no representativas ni naturales de los genitales femeninos y de la corporalidad de las mujeres.

Después de examinar diferentes videos pornográficos, Andrea observó que la mayoría de las mujeres son caucásicas, jóvenes, delgadas, con cinturas estrechas, sin vello corporal y con pechos y nalgas exuberantes. En otro estudio, Elena del Barrio-Álvarez y Eva Garrosa compararon los 40 videos más vistos de Pornhub y Xvideo y hallaron que ellas compartían características físicas que las “hacían parecer clones”. 

Los genitales femeninos son aislados del cuerpo en tomas fragmentadas. Esto representa la objetivación de las mujeres, ya que la parte sexual se reduce a su parte íntima deshumanizándolas. Igualmente, Andrea notó que la reproducción de la vagina en la pornografía es prepuberta, depilada, quirúrgicamente alterada o que se parece a una muñeca. Es decir, que no comparte características anatómicas reales. Esta representación refuerza el discurso sobre cómo deberían verse los genitales femeninos normalizando un estándar “poco realista”.

Desde la visión del patriarcado, la subordinación de las mujeres se ha sustentado principalmente en la dominación de los cuerpos femeninos, según establecen Alda Facio y Lorena Fries en su artículo ‘Feminismo, género y patriarcado’. Este es ejercido por los hombres y las instituciones que ellos han creado -como la medicina, el derecho y la religión- con el fin de controlar su sexualidad y capacidad reproductiva.

Asimismo, señalan que es el Derecho el que ha permitido este mecanismo de control. Por ejemplo, el matrimonio se consolidó como una institución en donde es el hombre quien ejerce el poder y la mujer debe obediencia por una “incapacidad de actuar por sí misma en el ámbito público jurídico”. Este panorama ha creado escenarios de violencia conyugal y física dentro del ámbito familiar legitimando el uso de la fuerza sobre los cuerpos femeninos.

La violencia sexual contra la mujer tambien esta intitucionalizada gracias a instancias como la familia y el Estado en el que se emplea la fuerza y el temor para mantener los sistemas de dominación ejercidos hacia las mujeres que se mantienen en sus cuerpos quedando sujetas al control sexual y reproductivo.

Por otro lado, las autoras mencionan que durante la etapa de socialización de las mujeres y niñas son obligadas a reprimir su realidad y se les impone otra, por lo que cuando se convierten en adultas son susceptibles al dominio y explotación. La realidad impuesta opera a nivel mental y físico, siendo el cuerpo de las mujeres el que tiene un efecto efectivo que comienza en su seno familiar.Importancia de rechazar mandatos patriarcales

De acuerdo con el Manual de Autocuidado de las Mujeres del Programa Social Promotores Culturales de la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México, el autocuidado es el conjunto de actividades que las personas realizan para mantener su vida, salud y bienestar. Cuando hablamos de mujeres, esto implica prestar atención a las emociones, sentimientos y el amor propio. 

Para la Red de Salud de las Mujeres Latinoamericanas y del Caribe (RSMLAC), el autocuidado es la vía que las mujeres tienen para buscar alternativas para encontrarse, amarse, reconocerse y autodeterminarse como sujetas autónomas capaces de proteger sus cuerpos. 

También es una estrategia utilizada desde el feminismo para concientizar a las mujeres sobre las violencias que terceros ejercen en sus cuerpos, de esta forma, cada una elegirá la forma de autocuidado que más se acerque a su contexto territorial, cultural o socioeconómico. Asimismo, alejar la visión del autocuidado de las exigencias capitalistas y modelos hegemónicos para construir nuevas narrativas sobre sus cuerpos.