6/13/2015

Comisión de ONU investigará abusos de fuerzas francesas en África


Una familia desplazada en Buar, República Centroafricana. En febrero de 2014 la ciudad y sus alrededores sufrieron violencia étnica contra la población civil musulmana. Crédito: Nicolas Rost/OCHA

 

Una familia desplazada en Buar, República Centroafricana. En febrero de 2014 la ciudad y sus alrededores sufrieron violencia étnica contra la población civil musulmana. Crédito: Nicolas Rost/OCHA
NACIONES UNIDAS, 4 jun 2015 (IPS) - La Organización de las Naciones Unidas (ONU) ordenará una investigación independiente de los presuntos abusos cometidos por fuerzas francesas en República Centroafricana, tras las fuertes críticas recibidas por no haber actuado con la debida celeridad al recibir las primeras denuncias en mayo de 2014.
El portavoz de la ONU, Stephane Dujarric, declaró el miércoles 3 que el comité encargado de la investigación, denominada Examen Externo Independiente, tendrá un amplio alcance, y añadió que en los próximos días se dará a conocer el nombre de sus integrantes.
"Lo que ocurrió en República Centroafricana fue una atrocidad, pero el hecho de que la ONU mantuviera silencio durante casi un año tras su propio descubrimiento de los abusos sexuales generalizados por las fuerzas de paz (aunque no fueran tropas de la ONU) es en sí mismo un amargo comentario acerca de la política de ‘tolerancia cero’ de la secretaría general": AIDS-Free World.

La investigación no solo examinará el tratamiento que recibió la denuncia específica sobre los abusos perpetrados en el país africano por soldados no vinculados a la ONU, sino que también abarcará una amplia gama de  cuestiones sistémicas relacionadas con la forma en que el foro mundial responde a informaciones graves de este tipo.
La creación del comité investigador también es consecuencia de las fuertes críticas que organizaciones de la sociedad civil dirigieron a la ONU por su presunto “encubrimiento” y por no haber reaccionado con la debida rapidez.
Entre otros cargos, los soldados franceses fueron acusados de dar alimentos a cambio de mantener relaciones sexuales con menores de edad y adolescentes en situación de hambre.
Paula Donovan, codirectora de la organización AIDS-Free World (Mundo Libre de Sida), que ayudó a difundir la noticia del ocultamiento del informe sobre los abusos sexuales en República Centroafricana, dijo a IPS que recibió con beneplácito la creación del comité. “Fue un paso en la dirección correcta”, opinó.
Pero también advirtió que la comisión investigadora no debe incluir a funcionario alguno de la ONU o de la Secretaría de la organización mundial, sobre todo porque estos no pueden investigarse a sí mismos.
Donovan espera que la investigación no sea una débil excusa para permitir que el personal de la ONU se niegue a comentar sobre los abusos sexuales vigentes o futuros en ese país debido a que “la comisión está trabajando”.
Entre otros requisitos, las organizaciones de la sociedad civil exigieron que la comisión tuviera facultades para citar testigos con el fin de fortalecer el alcance de la investigación.
Como informó Dujarric a los medios de comunicación, el secretario general de la ONU, Ban Ki-moon, “está profundamente perturbado por las acusaciones de abuso sexual por parte de soldados en República Centroafricana, así como por las denuncias de cómo fue manejado esto por las diversas partes involucradas del sistema de Naciones Unidas”.
Con esta investigación Ban quiere asegurarse de que la ONU no les falle a las víctimas de abuso sexual, especialmente cuando el mismo es perpetrado por quienes deberían protegerlas, añadió.
En un comunicado difundido el miércoles 3, AIDS-Free World, que en las últimas semanas lanzó la campaña Código Azul para exigir respuestas por los abusos cometidos en República Centroafricana, dijo que a Ban le esperan tres desafíos.
En primer lugar, la investigación debe ser verdaderamente externa e independiente. Ningún miembro del personal existente de la ONU debe ser designado para investigar ni para actuar como secretaría de los investigadores.
En segundo lugar, hay que entender que los altos funcionarios del propio personal del secretario general tendrán que someterse a la investigación. Eso debe incluir al nivel de los subsecretarios generales ya que nadie puede quedar excluido, ya sea el director de la Oficina de Ética o el propio jefe de gabinete de Ban.

“Al parecer, todos ellos actuaron de manera inadecuada en respuesta a los terribles acontecimientos en República Centroafricana”, según el comunicado de AIDS-Free World.
En tercer lugar, la referencia en el anuncio del secretario general al examen de “una amplia gama de cuestiones sistémicas” es crucial para la investigación.
“Lo que ocurrió en República Centroafricana fue una atrocidad, pero el hecho de que la ONU mantuviera silencio durante casi un año tras su propio descubrimiento de los abusos sexuales generalizados por las fuerzas de paz (aunque no fueran tropas de la ONU) es en sí mismo un amargo comentario acerca de la política de ‘tolerancia cero’ de la secretaría general” con respecto a este tipo de desmanes, subrayó el comunicado.
“Si el señor Ban Ki-moon y los Estados miembros quieren rescatar la tolerancia cero, deben limpiar al sistema de la ONU de su negligencia y mala conducta de una vez por todas”, exhortó.
En 2014 hubo más de 50 casos de abusos sexuales de efectivos que tenían el apoyo de la ONU, aunque se cree que el número real es mucho mayor.
La existencia de la inmunidad diplomática permitiría que los responsables queden impunes y eviten las restricciones legales.
Una propuesta, presentada en 2008, para que un convenio internacional sancionara a los acusados ​​de delitos sexuales en las operaciones de la ONU en el extranjero nunca levantó vuelo.
Pero en el contexto de la actual campaña Código Azul, la propuesta podría retomarse, a pesar de que contaría con la oposición de los países en desarrollo que proporcionan la mayor parte del personal en las 16 operaciones actuales de mantenimiento de la paz, con un total estimado de 106.595 efectivos militares y 17.000 funcionarios civiles.
Los mayores contribuyentes de las fuerzas de paz son Bangladesh (9.307 soldados), Pakistán (8.163), India (8.112), Etiopía (7.864) y Ruanda (5.575), según las últimas cifras de la ONU.
Editado por Kitty Stapp / Traducido por Álvaro Queiruga

Programa Tiempo de Mujeres en CFRU la radio universitaria de la ciudad de Guelph sabado 13 junio 2015

Desde cfru 93.3 fm la Radio de la Universidad de Guelph
en Ontario, Canadá
escuchalo cada sabado en www.cfru.ca

MUJERES POR LA DEMOCRACIA

Bienvenida al programa de hoy
Noticias de Género en la Red



Género en la mira con

 Daniela Villegas
momentaneamente suspendido por motivos academicos

la semana pasada hablamos sobre las diversas manifestaciones en América Latina en contra del feminicidio, este delito que han clasificado ya como una pandemia, lo que significa que no importan los gobiernos este flagelo se repite de manera alarmante y es la sociedad civil la que ante la falta de interés de sus gobernantes, debe tomar diversas medidas que pemitan no solo visibilizar la indiferencia de los gobiernos, sino llamar la atención de organismos internacionales para que juntos obliguemos a quien corrresponda hacer lo necesario para cambiar este terrible panorama de violencia contra las mujeres y las niñas

Pero qué sucede cuando ya se han dado las formas y los protocolos de Organismos internacionales a casos específicos, en este caso México, en donde el feminicidio es uno de los grandes problemas en violación a los derechos humanos contra la sociedad que se agrava cuando este delito es cometido en contra de las niñas, un factor doblemente vulnerable, no es suficiente que existan medidas gubernamentales de vitrina para enfrentar la violencia contra las mujeres y niñas, porque podrán haber leyes y protocolos que si no se aplican resultan ser una burla pública, por eso tan importante es la educación para erradicar las actitudes patriarcales y estereotipos de género que discriminan a las niñas y a las mujeres, y que resultan en una extremada violencia contra ellas


Y del otro lado de nuestro continente las cosas no pintan mejor, el matrimonio precoz o matrimonio infantil es una práctica en muchos países, pero no por ser practicado deja de ser repudiado, la vida de muchas niñas en todo el mundo se ve cortada violentamente por decisiones impuestas que agraden su persona, su vida en general, sin embargo la organización de las víctimas que muchas veces resultan ser las mejores activistas pueden hacer el cambio que necesitamos en nuestras sociedades, es el caso de Camerún en donde juntas Mujeres y Organismos internacionales contribuyen a mejorar el panorama para darles libertad a las víctimas de esta práctica

Mujeres De Puerto Almendro
la presentación de las mujeres creativas en el arte musical hoy nos trae la música costeña del Peru con 
Sandra Peralta

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Cómo el machismo patriarcal violó Recomendación de CDHDF


Por: Teresa Ulloa Ziáurriz*

Para el momento en que escribo estas líneas, la configuración de autoridades en el Distrito Federal se transforma y hoy tiene en el Movimiento Regeneración Nacional (Morena) a una de sus principales fuerzas políticas surgida a raíz de la crisis que padece el Partido de la Revolución Democrática (PRD).
Hoy queda claro que el Jefe de Gobierno tiene la obligación moral con las ciudadanas y ciudadanos del DF de corregir el rumbo, de asumirse como un verdadero gobernante de izquierda y como consecuencia, despedir a su operador político, al procurador y a la mitad de su gabinete, además de derogar las tarjetitas que violan el artículo 6 de la Convención del 49 y también el 6 de la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Contra la Mujer (CEDAW, por sus siglas en inglés).
Ciertamente, la alternancia funciona como un mecanismo de sanción a los partidos políticos que no cumplieron con la ciudadanía.
No obstante, amargas experiencias en nuestro pasado reciente nos llevan a afirmar que, por sí misma, la alternancia no garantiza un buen gobierno, de tal manera que otorgar un voto ciego de confianza a Morena sería un error que no podemos permitirnos frente a las políticas asistencialistas de Andrés Manuel López Obrador que no transforman las estructuras.
De igual forma, las elecciones no son garantía de democracia, justicia y dignidad; mucho menos para las mujeres.
Esto viene a cuento porque si bien vamos a cambiar de titulares en las jefaturas delegacionales y en los cuerpos legislativos, no serán nuevos los problemas que aquejan a nuestra ciudad –por no mencionar al país entero–, y la derecha sigue dando batalla.
Con sólo el 13 por ciento de votos de la lista nominal, el PRI tendrá derecho a subir como diputadas federales plurinominales a personajes como Carmen Salinas o Guillermina de la Torre, frente a candidatos que firmaron un “Acuerdo por la Vida”, a organizaciones de la ultraderecha neopentecostal que hacen negocio con el monopolio de las víctimas que le ha otorgado el procurador de Justicia del DF, con cientos de casos de feminicidio, desapariciones y delitos sexuales contra mujeres y niñas no resueltos, y la impunidad rampante en los delitos en materia de trata de personas disfrazada de simulación, especialmente porque no hay un solo dueño o verdadero explotador que esté sentenciado.
El ex líder del PRI-DF Cuauhtémoc Gutiérrez de la Torre y su grupo delictivo siguen en libertad, cuando los expedientes de las víctimas permanecen archivados en un cajón de la Fiscalía de Asuntos Especiales y Electorales, sin ninguna actuación, lo que permite y fomenta que crezcan y se diversifiquen los delitos en materia de trata de personas, especialmente de mujeres, niñas y adolescentes en el DF, sobre todo en la delegación Cuauhtémoc, donde la impunidad, la omisión y la terrible ignorancia de las autoridades anteriores fueron causa principal de la proliferación de estos delitos, inclusive de adolescentes y niñas, justo frente a las instalaciones de la propia delegación.
Como se sabe, a finales de 2014 el entonces delegado del PRD, Alejandro Fernández Ramírez, intentó hacer prosperar una iniciativa de ley ante la ALDF para “legalizar el ejercicio de la prostitución en la vía pública”, bajo el pretexto de combatir la trata “de fondo”, así como disfrazar a los “tables dance” de arte erótico en la reforma a la Ley de Establecimientos Mercantiles, iniciativas que no prosperaron.
Estas erróneas decisiones quisieron responder a la Recomendación 09/2012 que la Comisión de Derechos Humanos del DF (CDHDF) emitió por la omisión de una política pública integral, para prevenir los delitos en materia de trata de personas, en particular, con propósitos de explotación de la prostitución.
Lo anterior fue resultado de una queja que interpusimos desde la Coalición Regional contra el Tráfico de Mujeres y Niñas en América Latina y el Caribe (CATWLAC, por sus siglas en inglés), cuando el también perredista Agustín Torres Pérez –que era jefe delegacional–, con fondos del erario instaló un “corredor prostitucional” en la calle de Luis Donaldo Colosio, colonia Buenavista, donde reubicó a 150 “sexoservidoras”, la mayoría adolescentes.
De ahí que la Recomendación 9/2012 señalara claramente que la delegación Cuauhtémoc fue y ha seguido siendo omisa en su obligación de prevenir la trata de personas y que el establecimiento de zonas de tolerancia reflejaba el desconocimiento de las condiciones en las que se desarrolla el comercio de la prostitución, agravando la problemática relacionada con la explotación, incitando las agresiones de lenones y proxenetas, e incluso dotándolos de recursos y un espacio público para el desarrollo de sus actividades ilícitas.
No obstante lo anterior, Alejandro Fernández, sucesor de Agustín Torres, al permanecer en la misma posición que su antecesor con su intención de “regular”, dejó claro que no entendió la Recomendación 09/2012 y que no respeta la ley ni los tratados internacionales.
Esto nos llevó a pensar que, más allá de su evidente ignorancia, era probable que hubiera un interés económico detrás de esta necesidad de control de las zonas de tolerancia donde se explota sexualmente a mujeres, niñas y adolescentes, en virtud, sí, de las jugosas ganancias que generan estos delitos, pero también de la reputación como funcionario corrupto que Alejandro Fernández se ganó a pulso, todo lo cual queda de manifiesto con la derrota del PRD en la Cuauhtémoc y la suya propia como candidato a la ALDF, en donde levantó la legalización de la prostitución como bandera principal durante su campaña.
Lo que Alejandro Fernández y Agustín Torres no entendieron es que un verdadero partido de izquierda no toma decisiones a espaldas de la ciudadanía, haciéndole creer que defiende sus Derechos Humanos cuando en realidad, bajo este pretexto, se convierten en cómplices de delitos tan graves como el secuestro de mujeres, niñas y adolescentes que terminan siendo esclavizadas en la prostitución en las más criminales situaciones de violencia y explotación, por acción u omisión.
Fernández y Torres no tuvieron el mínimo interés en empaparse sobre el tema. De lo contrario, habrían caído en la cuenta de que la prostitución o el comercio sexual no están reconocidos como trabajo en ninguna ley ni tratado.
Que prácticamente la totalidad de mujeres y niñas en situación de prostitución no lo hace por gusto, que son amenazadas y obligadas a fingir que disfrutan, a sonreír, a cumplir con una cuota diaria si no quieren recibir fuertes golpizas.
Tampoco comprendieron que los delitos en materia de trata de mujeres y niñas tienen como raíz principal la pobreza, la exclusión, el desempleo, la desigualdad y la falta de oportunidades que históricamente padecen.
De todo ello dan cuenta –como seguramente lo ignoran Alejandro Fernández y Agustín Torres– la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el Protocolo de Palermo, la CEDAW, el Convenio para la Represión de la Trata de Personas y de la Explotación de la Prostitución Ajena, entre otros tratados ratificados por México y que son parte integrante de nuestra Carta Magna.
Al parecer también ignoran que en la Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de Trata de Personas y para Proteger y Asistir a las Víctimas de esos Delitos se establece que el consentimiento otorgado por la víctima a cualquier forma de explotación no es causal excluyente de la responsabilidad penal.
Ser legislador o jefe delegacional, como el caso de Fernández y Torres, no conocer la legislación vigente y no actuar en consecuencia, no sólo atenta contra la confianza que la ciudadanía les otorgó al votar por ellos, sino que los coloca automáticamente fuera de la izquierda. Y también nos deja clara su visión patriarcal de las mujeres y para qué sirven sus cuerpos.
Resultaría ingenuo si tratáramos de hacer borrón y cuenta nueva pensando que Ricardo Monreal (como jefe delegacional electo), Néstor Núñez o José Alfonso Suárez (como diputados locales), mágicamente dimensionarán el problema y terminarán con la explotación de la prostitución y los delitos en materia de trata de personas en la Cuauhtémoc de un día para otro. Al menos de inicio, no han demostrado tener la formación necesaria.
No obstante, recae en ellos la responsabilidad de resolver el problema, y en nosotras como organizaciones civiles y feministas monitorearlos de cerca.
La dignidad y la vida de las mujeres, niñas y adolescentes no pueden estar en manos de vaivenes políticos, ni son objeto de consumo que se venda, se compre o se alquile.
La elección sólo es el inicio para la rendición de cuentas y la ciudadanía debe ejercer este derecho a partir de hoy y todos los días.
Twitter: @CATWLACDIR
*Directora Regional de la Coalición contra el Tráfico de Mujeres y Niñas en América Latina y el Caribe (CATWLAC, por sus siglas en inglés).
Cimacnoticias | México, DF.- 
CIMACFoto: César Martínez López

Ordena ONU a México detener feminicidio de niñas


Preocupa a Comité severas violaciones a DH de la infancia


El Estado mexicano debe implementar medidas concretas para detener las desapariciones de menores de edad, el feminicidio en niñas y adolescentes, así como hacer reformas legislativas a fin de castigar de manera adecuada la violencia sexual, y permitir el aborto legal en caso de violación o cuando esté en riesgo la vida o la salud de la menor de edad.
 
Estas medidas son parte de las recomendaciones del Informe Final del Comité de los Derechos del Niño (CRC, por sus siglas en inglés), que recientemente evaluó la forma en la que México acata la Convención de los Derechos del Niño de la ONU, así como la manera en la que resuelve las agresiones que enfrenta la infancia.
 
Este miércoles 10 de junio el CRC hizo públicas sus observaciones finales –documento disponible en inglés–, en las que manifiesta su preocupación por las diferentes circunstancias violatorias a Derechos Humanos (DH) que enfrentan las y los niños en el país.
 
Los pasados 19 y 20 de mayo, una delegación oficial mexicana acudió a Ginebra, Suiza, a presentar su informe periódico sobre el cumplimiento de la Convención y los protocolos facultativos en la materia.
 
Aunque los representantes del gobierno presumieron la Ley General de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, promulgada en diciembre de 2014, recibieron severos cuestionamientos por parte del Comité sobre la forma en que el Estado protege a la infancia mexicana.
 
En sus observaciones finales, el CRC mandató a México a asegurar que el Programa Nacional de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes, a nivel estatal y municipal, se adopte en tiempo y forma, que cubra todas las áreas de la convención (incluida la perspectiva de género), y que se provean los suficientes recursos humanos, técnicos y financieros para hacer efectiva su implementación.
 
Al mismo tiempo se deben adoptar las medidas para asegurar el monitoreo y evaluación de la ejecución del programa.
 
Como parte de sus conclusiones, el CRC expresó su “profunda consternación” acerca de las persistentes actitudes patriarcales y estereotipos de género que discriminan a las niñas y a las mujeres, y que resultan en una extremada violencia contra ellas, por lo que urgió al Estado a implementar acciones para erradicar estas actitudes.
 
A través de la información presentada por el Estado mexicano y grupos civiles defensores de la infancia, el Comité pudo observar que el mandato de procurar “el interés superior” de la niñez no es considerado en las decisiones legislativas, administrativas y judiciales, por lo que urgió a que este mandato sea respetado por todos los órdenes de gobierno.
 
Tras evaluar a México, las y los integrantes del CRC manifestaron su preocupación por el hecho de que la situación de la violencia armada, el tráfico de drogas y las pugnas entre las bandas del crimen organizado “resulta en asesinatos de menores de edad”.
 
Al mismo tiempo que este contexto deriva en un alto número de desapariciones de niñas desde los 10 años de edad, y un incremento en el número de casos de feminicidio, situación que se agrava ante la falta de datos oficiales desagregados por sexo y la impunidad prevaleciente.
 
Apelando a que México también ha ratificado el Convenio para la Protección de Todas las Personas contra la Desaparición Forzada, el CRC urgió a México a crear una Ley General de Desaparición Forzada para tipificar este delito, y que esta norma incluya medidas específicas para detener la desaparición de menores de edad, especialmente niñas.
 
También llamó a simplificar y armonizar los protocolos existentes para la activación de la Alerta Amber, mecanismo de búsqueda de niñas y niños desaparecidos.
 
Al igual que lo recomendó el Comité de la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Contra la Mujer (CEDAW, por sus siglas en inglés), la CRC recomendó a México armonizar el tipo penal de feminicidio en todo el país de acuerdo con los estándares internacionales.
 
También recomendó recolectar y desagregar datos de asesinatos de menores de edad, incluidos los casos de feminicidio y desapariciones de menores, así como de las madres y padres que han sido asesinados, y que han dejado a hijas e hijos sin protección.
 
Al advertir sobre las altas tasas de violencia sexual, el Comité urgió a reformar el Código Penal Federal, así como los códigos penales locales, para asegurar que la violación será penalizada con base en estándares internacionales, y al mismo tiempo remover figuras legales que pueden ser utilizadas como excusas por los perpetradores de abuso sexual infantil (como el estupro).
 
De acuerdo con el CRC, uno de los objetivos del Estado debe ser reducir la muerte materna en las adolescentes, por lo que mandató que se asegure la adecuada implementación del Programa de Prevención del Embarazo Adolescente, y brindar servicios y educación sexual adecuada.
 
Además se deben armonizar las leyes locales y federales para garantizar el acceso al aborto legal en los casos de violación, incesto o peligro para la vida y la salud de las niñas, así como asegurar el acceso a servicios post aborto “independientemente de si el aborto es legal o no”.
  


Por: Anaiz Zamora Márquez, Cimacnoticias | México, DF.-

Lleva México 3 años sin cumplir recomendaciones de CEDAW


Acciones insuficientes para garantizar derechos a las mujeres

A tres años de su emisión, el Estado mexicano sigue sin cumplir las recomendaciones del Comité de la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Contra la Mujer (CEDAW, por sus siglas en inglés), para abatir el feminicidio, los embarazos en adolescentes, la muerte materna (MM), y la violencia contra las periodistas y defensoras de Derechos Humanos (DH), así como para garantizar los derechos políticos de las mexicanas.

 
Así lo aseguraron defensoras de DH, periodistas, funcionarias, académicas y activistas, quienes coincidieron en Ciudad Universitaria de la UNAM en el X Encuentro Anual de la Cátedra UNESCO de Derechos Humanos: 2015 un paradigma hacia la Agenda Global de Desarrollo Post 2015. De la Plataforma de Acción de Beijing a CEDAW 2016, para hacer un balance del cumplimiento de las recomendaciones de 2012 al Estado mexicano.
 
Durante su participación, Martha Tagle, integrante de la Red Mujeres en Plural, destacó que en materia de derechos políticos el Comité de la CEDAW recomendó hacer efectivas todas las medidas necesarias para que las mujeres pudieran acceder a puestos de decisión y liderazgo, y si bien han existido adelantos en materia legislativa, aún persisten simulaciones para cumplir este mandato.
 
Tagle expuso cómo a raíz de una reforma constitucional en materia político-electoral, en las más recientes elecciones los partidos se vieron obligados a postular a más mujeres y de acuerdo con la información preliminar de los resultados electorales, la Cámara de Diputados quedaría conformada por 42 por ciento de mujeres, lo que representa un incremento de 5 por ciento con respecto a la Legislatura anterior.
 
Sin embargo, acotó, los partidos encontraron la forma de “simular” el cumplimiento del mandato constitucional, pues postularon a mujeres en distritos electorales “perdedores”, y en aquellos casos en los que ellas presentaron impugnaciones y promovieron juicios para hacer cumplir la paridad, finalmente las fuerzas políticas decidían “castigar” a quienes promovieron el juicio y poner en la candidatura a mujeres que “ellos creen que pueden controlar".
 
A esto se sumó que el presupuesto etiquetado en los partidos para el fortalecimiento de los liderazgos políticos de las mujeres se gastó en la compra de material y recursos que nada tienen que ver con el empoderamiento de las mujeres.
 
Marusia López Cruz, directora regional de Asociadas por lo Justo (JASS, por sus siglas en inglés), habló de las recomendaciones en materia de protección a defensoras y periodistas, y enfatizó que el sólo hecho de que “se deban tomar medidas para proteger a quienes defienden los Derechos Humanos es un signo de debilidad democrática muy fuerte”.
 
Recordó que mucho del avance en materia de DH es un trabajo que se ha realizado desde las y los defensores, y ahora cada vez en el país hay más riesgos a la integridad y la vida de las personas y más atentados contra la libertad de expresión.
 
Y es que el Comité de la CEDAW recomendó que se garantizara la aplicación de la Ley para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, y que el Mecanismo de Protección tuviera perspectiva de género, no sólo en el texto, sino en la práctica, y que se investigaran y se hiciera justicia en los casos de violencia contra periodistas y defensoras.
 
Sin embargo, desde su creación, el Mecanismo no ha contado con personal suficiente, capacitado y sensibilizado en perspectiva de género, ni tampoco con los recursos necesarios para su funcionamiento.
 
Lucía Lagunes Huerta, directora general de Comunicación e Información de la Mujer (CIMAC), advirtió que “no es casual” que tanto las defensoras como las periodistas sean dos grupos constantemente atacados por la labor que realizan. Informó que el 56 por ciento de quienes atentan contra las periodistas son funcionarios.
 
Señaló que además de la violencia y agresiones de tipo directo, las periodistas también se enfrentan al no reconocimiento de su derecho a libertad de expresión, toda vez que las mujeres son minoría como fuentes de información en las noticias, a lo que se suma que ellas representan tan sólo el 24 por ciento de las noticias que se transmiten en el mundo.
 
El derecho a la libertad de expresión y el derecho a una vida libre de violencia son los grandes desafíos del gobierno mexicano en materia de recomendaciones internacionales, ya que el Estado mexicano no ha hecho nada por garantizar el derecho a la comunicación y a la libertad de expresión de las mujeres.
 
En materia de las recomendaciones emitidas para garantizar la salud, especialmente sexual y reproductiva de las mujeres, Silvia Loggia, integrante de Ipas-México, recalcó que de manera inicial las observaciones eran limitadas en algunos aspectos y no abordan la complejidad de los retos que enfrentan las mexicanas, sin embargo sentaron las bases para hacer exigibles algunos derechos.
 
La especialista señaló que muchos de los avances logrados no son suficientes, pues no resuelven los problemas estructurales que tiene el sistema de salud, lo que se traduce en que el panorama de violaciones a DH y mala calidad de atención no se haya modificado sustancialmente.
 
Anualmente se registran 900 muertes maternas (casi la totalidad relacionada con violaciones a DH), lo que deja a 3 mil niñas o niños huérfanos debido a las pérdida de sus madres, y de los 2.1 millones de nacimientos que se registran cada año, cerca de 250 mil a 300 mil mujeres tienen complicaciones en el parto.



Foto: Cátedra UNESCO , Por: Anaiz Zamora Márquez, Cimacnoticias | México, DF.- 
  

Argentina: Del #NiUnaMenos al después


"Algo pasa, para que por primera vez Argentina hayan salido a pedir que se termine con la violencia más perpetuada en la historia de la humanidad: la violencia contra las mujeres"


Buenos Aires, 11 jun. 15. AmecoPress/SEMlac.- Algo pasó el 3 de junio del #NiUnaMenos porque aún las conciencias parecen seguir temblando. Es que algo venía pasando y algo pasa, para que por primera vez Argentina haya salido a pedir que se termine con la violencia más perpetuada en la historia de la humanidad: la violencia contra las mujeres.
Cada 30 horas una mujer muere en este país víctima de feminicidio. Según la ONG La Casa del Encuentro, en los últimos siete años hubo 1.808 feminicidios, lo que significa que 2.196 hijas e hijos quedaron sin madre. De ellos, 1.403 son menores de edad.
Este país, desde 2009, posee la Ley 26.485 de Protección Integral para Prevenir, Sancionar y Erradicar la violencia contra las Mujeres en todos los ámbitos en que desarrollen sus relaciones interpersonales, pero no se la instrumenta en su totalidad; tampoco hay estadísticas oficiales.

Entonces ¿cuántas son realmente?, ¿cuánto suman las "otras", las que no son parte de las noticias?, porque los conteos son realizados a partir de las noticias difundidas en los medios y, por ende, no son contabilizadas. Mejor, no pensarlas.
Pero aun sin querer pensarlas, ellas no están. Y en las calles del #NiUnaMenos fueron historias que pululaban como espectros para cachetear cualquier intento de negación, como la historia de la mujer que se acercó a esta corresponsal con una tímida pancarta de no más de 20 por 30 cm: "era mi hija y se llamaba Natalia Verónica Ruiz, la mataron en enero del 2010. La mató su pareja y luego se suicidó él".
AL decirlo, la mujer se quebró, entonces tomó aire y contó que busca justicia, que ahora es ella quien cría a la hija de Natalia, hoy una niña de nueve años. También recordó que con su hija vivían en San Salvador de Jujuy y que vinieron a Buenos Aires para buscar mejor futuro: "quise una buena vida para ella, pero mirá como terminó". El caso de Natalia no está contabilizado, nunca apareció en los medios.

Las historias, los rostros, la conmoción fueron aquel día tan punzantes, que quizás interperló a más de uno, que bajando la cabeza habrá empezado a interpelarse.

Las calles del #NiUnaMenos, no tuvieron banderías políticas y fueron diversas en géneros y edades. Solo en Capital Federal, se logró reunir a cerca de 200.000 personas y hubo más de 100 puntos de encuentros en todo el país.
Las calles cercanas al Congreso de la Nación empezaron a ser ocupadas a partir del mediodía. La impotencia y la tristeza se reflejaba en cada rostro de los presentes, sin embargo las únicas sonrisas se veían en muchas de las pancartas con fotografías de víctimas (será porque la gente sonríe cada vez que la cámara dispara, sin saber cuál será su fortuna o infortuna en la vida).

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Esta convocatoria fue organizada por un grupo de periodistas y artistas y se redactó un documento que pedía por la implementación del Plan Nacional de Acción para la Prevención, Asistencia y Erradicación de la Violencia contra las Mujeres; un registro oficial único; apertura y funcionamiento de la Oficina de Violencia Doméstica de la Corte Suprema de Justicia en todas las provincias; garantizar a las víctimas el acceso a la justicia y el cumplimento de los derechos de la niñez con patrocinio jurídico especializado; creación de más refugios para las víctimas; educación sexual en todo el currículo educativo, capacitación obligatoria para el personal estatal.

Hubo un sector escéptico respecto a la Convocatoria #NiUnaMenos ya que "nada se ganaba con salir a las calles, si todo va a seguir igual". Sin embargo, aunque resulte presurosa una evaluación, lo cierto es que algunos réditos empiezan a palparse.

En este sentido, la periodista especializada en género Claudia Florentin Mayer, de la ciudad de La Paz, en la provincia de Entre Ríos, contó que en esa ciudad se incorporaron cerca de 3.000l personas y que "abarcó todas las edades (…) se juntaron en la plaza principal gente que vinieron de todos los barrios y del centro de la ciudad"

La comunicadora relató que uno de los logros es que desde los colegios y desde espacios de formación docente pidieron capacitación en temas de género y además "armaremos una organización de mujeres, porque en La Paz no hay, nunca hubo una organización de mujeres en La Paz. A pesar de que esta ciudad tiene ya 180 años"

"Traeremos capacitación para algunas mujeres que han sufrido violencias, para las docentes y otras que tienen "algo" de feministas (aunque no les guste reconocerse bajo esa ideología). También, seremos interlocutoras de las candidaturas de los próximos comicios. Llevaremos el documento de petitorio, pero con una mirada más local, para que lo firmen"

En tanto, Gabriela Ayala, periodista y conductora del programa La Calaca de la ciudad de Posadas, Misiones, manifestó su emoción ya que "al fin la sociedad misionera salió a las calles sin banderas políticas ni intereses personales (…). El 3 de junio se originó un espacio donde la gente se animó a contar sus historias de sufrimiento, sin que le dijeran que estaba loca o dudaran de ella. Misiones es una de las provincias que no está adherida la Ley de Protección Integral a las Mujeres. Esperemos que tras esta convocatoria se adhiera".

Algó más y no es poco

Desde el Gobierno Nacional se anunció, el viernes 5 de junio, la conformación de la Unidad de Registro, Sistematización y Seguimiento de feminicidios y de homicidios agravados por el género, a través de la Resolución 1449, que contendrá los casos ocurridos en todo el territorio nacional. Este espacio dependerá de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación.
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Con ello se busca contribuir al "desarrollo de políticas públicas precisas en materia de prevención de violaciones a los derechos humanos específicos de las mujeres en general y feminicidios (íntimo, no íntimo, familiar o infantil; vinculado o por conexión); sistémico (en el contexto de crímenes masivos); por trata o tráfico de migrantes; por prostitución; por mutilaciones sexuales y homicidios agravados por el género en particular (lesbofobia, transfobia)", refiere el parte de prensa.

Aunque se propone alcanzar registros cuantitativos para la elaboración de una estadística oficial, el mencionado Registro espera poder realizar un análisis cualitativo, "que permita ver tanto si existieron intervenciones estatales anteriores a los homicidios (en los distintos niveles del Estado nacional, provincial y municipal), como cuáles fueron las respuestas institucionales recibidas y, fundamentalmente, qué hizo el Poder Judicial en el abordaje del caso". El Registro estará a cargo de Ana Oberlín.

Esta iniciativa es una política pública que cumple con los compromisos y obligaciones contraídos por el Estado argentino al ratificar diversos instrumentos internacionales de derechos humanos de las mujeres, entre ellos la Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW).

También cumple con lo establecido Ley de Protección Integral a las Mujeres que refiere a la necesidad de recopilar y sistematizar información en relación con la violencia contra ellas, a fin de formular políticas públicas que contribuyan a la prevención, sanción y erradicación de la violencia.
Foto: Archivo AmecoPress.

Faltan más medios alternativos encabezados por mujeres



   


Carolyn M. Byerly en entrevista con Cimacnoticias 

Para vencer las desigualdades de género en las industrias comunicativas del mundo se necesitan construir más medios de comunicación alternativos, y rescatar el aporte de los movimientos sociales a favor de la libertad de expresión y el reconocimiento de los derechos de las mujeres.
Así lo reflexionó Carolyn M. Byerly, quien en 2011 realizó el “Informe global sobre la situación de las mujeres en los medios de comunicación”, la investigación más importante hasta ahora a nivel mundial sobre las condiciones laborales de las periodistas.
También es investigadora de la Fundación Internacional de Mujeres Periodistas (IMFW, por sus siglas en inglés), y es profesora de la Universidad de Howard, primera institución estadounidense que matriculó a profesionistas afroamericanas.
Desde el departamento de Investigación y Periodismo de esa universidad, Byerly enseña teorías y metodologías de la comunicación, desarrolla investigación sobre el activismo en los medios, y la dimensión de género en la concentración de la industria comunicativa.
FRENAR MONOPOLIOS
La experta platicó con Cimacnoticias durante el Foro Internacional sobre Género, Medios, Tecnologías de la Información y la Comunicación, y Periodismo, celebrado los días 27 y 28 de mayo pasado en el Centro Cultural España en esta capital, bajo el auspicio de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y Comunicación e Información de la Mujer (CIMAC).
–Angélica Jocelyn Soto Espinosa (AJSE): ¿Qué características políticas y económicas tienen los países donde los medios de comunicación ofrecen mejores condiciones laborales para las mujeres?
–Carolyn M. Byerly (CMB): Los países con sistemas políticos democráticos favorecen el desarrollo de las mujeres en los medios de comunicación; sin embargo, los modelos económicos que permiten los monopolios en esas naciones son un obstáculo para que ellas sean dueñas de las industrias.
“En Europa del Este, las mujeres gozan de posiciones mucho más ventajosas con respecto a las comunicadoras de otras regiones del mundo. No sólo participan más en los medios de comunicación, sino que también ocupan más puestos de decisión y son dueñas de las empresas mediáticas.
“Por el contrario, los países que están bajo la influencia de la Federación Rusa tienen muchos oligarcas. Los medios de comunicación enfrentan un fuerte control e influencia del gobierno. Ahí el ejercicio periodístico de las mujeres es muy difícil.
“La situación de las comunicadoras en los países escandinavos del norte de Europa –que gozan con una democracia de muchos años y muy estable– es muy buena, ya que tienen más posibilidades de ascender en los medios y hay mayor libertad de expresión. En estos países nórdicos incluso el salario es igualitario entre mujeres y hombres.
“Esta condición es opuesta a lo que sucede con las mujeres en Estados Unidos, otro país de larga tradición democrática, donde en todos los campos de trabajo ellas ganan bastante menos que los varones.
“El caso de este país –la primera potencia económica mundial– demuestra que los sistemas democráticos no están íntimamente ligados con la igualdad, ya que hay mucho poder concentrado en algunos medios, lo que genera trabajos de baja calidad y expulsa a las mujeres de los medios de comunicación.
“En Canadá las mujeres tienen una voz muy importante, son escuchadas y el acceso es equitativo. El problema actual es que la mayoría de los medios de comunicación son privados, están concentrados en muy pocas personas (varones) con mucha influencia política.
“La corrupción, la violencia por parte de la policía y los cárteles de las drogas inhiben la participación de las mujeres en los medios de comunicación, como ocurre en América Latina.
“No obstante, el peor continente para que las mujeres ejerzan el periodismo es el asiático, con países como Japón (regido por una monarquía parlamentaria), donde las mujeres enfrentan muchas dificultades para hablar”.
LOGRAR INDEPENDENCIA
–AJSE: ¿Qué tipo de políticas tendrían que implementar los países con mayores brechas de género en los medios de comunicación, para igualar las condiciones prevalecientes en Europa?
–CMB: Depende del contexto y la historia de cada región, pero en general se deberían establecer mecanismos a nivel gubernamental para que el movimiento feminista se fortalezca, ya que en cualquier país los hombres no están dispuestos a compartir sus privilegios de poder con las mujeres. Ellas deben estar organizadas para luchar contra ello.
“Las políticas económicas actuales favorecen principalmente la inversión privada, lo que ha generado que cada vez menos mujeres se empleen en el periodismo. Es necesario que los países impulsen más leyes que protejan los bienes colectivos a través de medios independientes y que las compañías y medios de comunicación que dirigen las mujeres cuenten con más recursos públicos.
“Al interior de las empresas también debería haber acciones. En la mayoría de las naciones los sindicatos están constituidos principalmente por hombres; es necesario que se elaboren mecanismos para garantizar que ellas están representadas en estos sindicatos para favorecer sus necesidades.
“Además, son los dueños de estas cadenas quienes se oponen a que las mujeres escalen en los medios de comunicación porque esto ayudaría a que más mujeres suban. Los varones se oponen al crecimiento laboral de las mujeres, porque no quieren compartir la riqueza y el poder que producen las industrias de comunicación.
“En cada país el crecimiento es diferente, pero es necesario que las mujeres hablen con sus compañeras para organizarse y construyan un mecanismo global para hacer fluir la comunicación sobre lo que está sucediendo con las periodistas en todo el mundo”.
–AJSE: ¿Qué alternativa tienen las mujeres para luchar contra los factores políticos y económicos que impiden su ascenso?
–CMB: Hoy en día uno de los grandes retos es la fundación de medios de comunicación independientes que luchen contra los grandes medios de comunicación que ejercen el poder.
“En los medios independientes existe la ventaja de escribir con más libertad y de construir nuevos contenidos, pero se enfrentan a la precariedad económica y a que la línea editorial disguste.
“A pesar de eso, es tarea del movimiento feminista y de las comunicadoras presentar estrategias concretas de contenidos con perspectiva de género, y que no dejen esta labor a los gobiernos. Se necesita un papel más activo de la ciudadanía femenina.
“También se necesitan mujeres que lideren los medios de comunicación, para que sean ellas quienes produzcan contenidos sobre la vida de las mujeres y no los hombres.
“Se necesitan más espacios para publicar artículos de investigación con perspectiva de género; por ejemplo, las economistas están muy interesadas en escribir, pero falta que los medios las dejen hacerlo, que les den voz.
“Esto hace necesario rescatar la trayectoria de los movimientos sociales y las luchas feministas del pasado. Hay que rastrear, organizar en patrones y teorizar sobre historias de éxito de acción ciudadana en materia de libertad de expresión y democracia.
“Se necesita una fuerte acción ciudadana que demande el cumplimiento de sus derechos y una mayor información por parte de los gobiernos”.
CIMACFoto: César Martínez López
Por: Angélica Jocelyn Soto Espinosa

Cimacnoticias | México, DF.-