El portavoz de la ONU, Stephane Dujarric, declaró el miércoles 3 que
el comité encargado de la investigación, denominada Examen Externo
Independiente, tendrá un amplio alcance, y añadió que en los próximos
días se dará a conocer el nombre de sus integrantes.
"Lo
que ocurrió en República Centroafricana fue una atrocidad, pero el
hecho de que la ONU mantuviera silencio durante casi un año tras su
propio descubrimiento de los abusos sexuales generalizados por las
fuerzas de paz (aunque no fueran tropas de la ONU) es en sí mismo un
amargo comentario acerca de la política de ‘tolerancia cero’ de la
secretaría general": AIDS-Free World.
La investigación no solo examinará el tratamiento que recibió la
denuncia específica sobre los abusos perpetrados en el país africano por
soldados no vinculados a la ONU, sino que también abarcará una amplia
gama de cuestiones sistémicas relacionadas con la forma en que el foro
mundial responde a informaciones graves de este tipo.
La creación del comité investigador también es consecuencia de las
fuertes críticas que organizaciones de la sociedad civil dirigieron a la
ONU por su presunto “encubrimiento” y por no haber reaccionado con la
debida rapidez.
Entre otros cargos, los soldados franceses fueron acusados de dar
alimentos a cambio de mantener relaciones sexuales con menores de edad y
adolescentes en situación de hambre.
Paula Donovan, codirectora de la organización AIDS-Free World
(Mundo Libre de Sida), que ayudó a difundir la noticia del ocultamiento
del informe sobre los abusos sexuales en República Centroafricana, dijo
a IPS que recibió con beneplácito la creación del comité. “Fue un paso
en la dirección correcta”, opinó.
Pero también advirtió que la comisión investigadora no debe incluir a
funcionario alguno de la ONU o de la Secretaría de la organización
mundial, sobre todo porque estos no pueden investigarse a sí mismos.
Donovan espera que la investigación no sea una débil excusa para
permitir que el personal de la ONU se niegue a comentar sobre los abusos
sexuales vigentes o futuros en ese país debido a que “la comisión está
trabajando”.
Entre otros requisitos, las organizaciones de la sociedad civil
exigieron que la comisión tuviera facultades para citar testigos con el
fin de fortalecer el alcance de la investigación.
Como informó Dujarric a los medios de comunicación, el secretario
general de la ONU, Ban Ki-moon, “está profundamente perturbado por las
acusaciones de abuso sexual por parte de soldados en República
Centroafricana, así como por las denuncias de cómo fue manejado esto por
las diversas partes involucradas del sistema de Naciones Unidas”.
Con esta investigación Ban quiere asegurarse de que la ONU no les
falle a las víctimas de abuso sexual, especialmente cuando el mismo es
perpetrado por quienes deberían protegerlas, añadió.
En un comunicado difundido el miércoles 3, AIDS-Free World, que en las últimas semanas lanzó la campaña Código Azul para exigir respuestas por los abusos cometidos en República Centroafricana, dijo que a Ban le esperan tres desafíos.
En primer lugar, la investigación debe ser verdaderamente externa e
independiente. Ningún miembro del personal existente de la ONU debe ser
designado para investigar ni para actuar como secretaría de los
investigadores.
En segundo lugar, hay que entender que los altos funcionarios del
propio personal del secretario general tendrán que someterse a la
investigación. Eso debe incluir al nivel de los subsecretarios generales
ya que nadie puede quedar excluido, ya sea el director de la Oficina de
Ética o el propio jefe de gabinete de Ban.
“Al parecer, todos ellos actuaron de manera inadecuada en respuesta a
los terribles acontecimientos en República Centroafricana”, según el
comunicado de AIDS-Free World.
En tercer lugar, la referencia en el anuncio del secretario general
al examen de “una amplia gama de cuestiones sistémicas” es crucial para
la investigación.
“Lo que ocurrió en República Centroafricana fue una atrocidad, pero
el hecho de que la ONU mantuviera silencio durante casi un año tras su
propio descubrimiento de los abusos sexuales generalizados por las
fuerzas de paz (aunque no fueran tropas de la ONU) es en sí mismo un
amargo comentario acerca de la política de ‘tolerancia cero’ de la
secretaría general” con respecto a este tipo de desmanes, subrayó el
comunicado.
“Si el señor Ban Ki-moon y los Estados miembros quieren rescatar la
tolerancia cero, deben limpiar al sistema de la ONU de su negligencia y
mala conducta de una vez por todas”, exhortó.
En 2014 hubo más de 50 casos de abusos sexuales de efectivos que
tenían el apoyo de la ONU, aunque se cree que el número real es mucho
mayor.
La existencia de la inmunidad diplomática permitiría que los responsables queden impunes y eviten las restricciones legales.
Una propuesta, presentada en 2008, para que un convenio internacional
sancionara a los acusados de delitos sexuales en las operaciones de
la ONU en el extranjero nunca levantó vuelo.
Pero en el contexto de la actual campaña Código Azul, la propuesta
podría retomarse, a pesar de que contaría con la oposición de los países
en desarrollo que proporcionan la mayor parte del personal en las 16
operaciones actuales de mantenimiento de la paz, con un total estimado
de 106.595 efectivos militares y 17.000 funcionarios civiles.
Los mayores contribuyentes de las fuerzas de paz son Bangladesh
(9.307 soldados), Pakistán (8.163), India (8.112), Etiopía (7.864) y
Ruanda (5.575), según las últimas cifras de la ONU.
Editado por Kitty Stapp / Traducido por Álvaro Queiruga