10/08/2016
AL AIRE !!!! DESDE GUELPH EN ONTARIO, CANADA !!!
¡¡¡ AL AIREEEE !!! CFRU
ALTERNATIVA LATINAMERICANA
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TIEMPO DE MUJERES
por la Democracia
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Todos los Sábados de 6 a 9 de la noche
La violencia contra mujeres, emergencia en el país
QUINTO PODER
Por: Argentina Casanova*
Sin que nos diéramos cuenta y aún contra todo pronóstico, la realidad de
violencia contra la población en México no sólo se feminizó, sino que
las cifras de feminicidio, violencia sexual, trata, acoso público y
falta de debida diligencia en la denuncia de violencia familiar fueron a
la alza. Tan sólo este fin de semana en algunas entidades del país se
registraron 3 o 4 casos de feminicidio en menos de 48 horas.
En 2012 el Comité de Expertas de la CEDAW (Convención para la
Eliminación de todas las formas de Discriminación contra la Mujer)
recomendó al Estado mexicano tomar medidas para evitar que la violencia
derivada de la estrategia contra el narcotráfico se tradujera en un
incremento en el número de violaciones, casos de feminicidio,
desapariciones y escasa atención a las denuncias de violencia familiar
contra las mujeres y niñas, pues se veía una tendencia a la alza.
Este año, el gobierno mexicano debió presentar su noveno informe de
cumplimiento de las recomendaciones hechas por este grupo de expertas en
2012, pero de nueva cuenta se retrasó.
No obstante la realidad y el recrudecimiento de la violencia contra las
niñas, mujeres e identidades femeninas (transexuales, trasvestis,
transgénero) coloca en un escenario difícil lo que se informe, y
contraste o no, con la realidad.
Hay responsabilidades específicas del Estado mexicano, eso ni dudarlo, y
mucha de la responsabilidad que surge a la luz de los registros y
denuncias de casos de feminicidio por todo el país es el esfuerzo de
“ocultarlos” bajo la clasificación del delito de “homicidio”, pero
también hay un problema social de impunidad.
Ocultar el dato
Cambiar de nombre un feminicidio por "homicidio" en la calificación del
delito, no borra el hecho y esto aplica igual con las tentativas de
feminicidio clasificadas como “lesiones” u otras retóricas discursivas
que operan a favor de la invisibilización de la violencia contra las
mujeres pero que no cambian la realidad.
Como tampoco lo hace el arma utilizada o el origen indígena, urbano,
rural o extranjero de la víctima; tampoco la geografía: no son casos de
feminicidio los de Yucatán y el Estado de México, pero no los de
Campeche o Baja California por ser “estados vecinos” o más o menos
seguros. Lo que subyace detrás de esa retórica es el uso político del
feminicidio que no borra los hechos de violencia contra las mujeres.
En todos los casos está la misma causa: misoginia y desprecio por la vida de las mujeres.
El propósito del tipo penal es retomar lo que plantea la Convención
Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra
las Mujeres (Belém do Pará) para que toda la sociedad visibilice la
violencia contra las mujeres por razones de género y se tenga claro que
"es una ofensa a la dignidad humana".
El de la mujer asesinada por el marido quien luego se suicidó, o la
fotógrafa extranjera en Yucatán, el de la joven madre y esposa
atropellada en Quintana Roo, las estudiantes asesinadas en Puebla y
Edomex, todos esos casos son feminicidio por el desprecio que muestran
hacia la vida de las mujeres.
No hay casos de feminicidio graves ni menos graves, no es el número de mujeres asesinadas, es la causa.
Pretender borrarlas como "homicidios", no sólo habla de la incapacidad
en la investigación judicial, sino que confirma lo que sostiene la
Relatoría de la CIDH sobre el acceso a la justicia para las mujeres la
cual plantea que las instituciones, operadores y actores políticos "son
un obstáculo para la aplicación de la legislación e impiden con ello la
sanción de quienes violentan a las mujeres". Esto nos lleva a mirar una
grave omisión del Estado Mexicano.
El Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio aporta un dato
relevante: en 2014, de mil 42 mujeres que fueron asesinadas brutalmente,
solamente 353 casos fueron investigados como feminicidio. Siete mil 185
mujeres fueron reportadas como desaparecidas, la mayoría entre 15 y 20
años de edad, y la Comisión Nacional de Derechos Humanos reportó que 93
por ciento de las víctimas de trata son mujeres; 26 por ciento de ellas
son menores de edad.
Podemos seguir omitiendo las cifras, enmascarando las violencias,
permitir que sigan saliendo notas en las que se dé cuenta que la
reparación del daño a una niña víctima de violencia sexual sea un par de
cartones de cerveza en una comunidad de Oaxaca, como lo reportó un
medio, podemos seguir en retóricas discursivas o asumir que hay una
grave emergencia nacional de violencia contra las mujeres y niñas.
Hay también un uso de la violencia institucional como medida para
mantener la desigualdad, es la discriminación sistémica apoyada y que
apoya a un sistema social que castiga a las mujeres.
Y por supuesto la hoguera social de las redes sociales, el llamado a
“matarlas” cuando transgreden, que nos explica por qué México es un
Estado feminicida, y eso es porque su sociedad también lo es.
* Integrante de la Red Nacional de Periodistas y del Observatorio de Feminicidio en Campeche.
CIMACFoto: César Martínez López
Cimacnoticias | Campeche.-
Formas veladas de legalizar la prostitución
MUJERES CAUTIVAS
Por: Teresa C. Ulloa Ziáurriz*
Hace algunos días encontré en el periódico “El País”, una nota que en su
encabezado decía “ambulantes, indigentes y prostitutas amparados en la
Constitución de la Ciudad de México”.
Querámoslo o no, es una simulación más del gobierno encabezado por
Miguel Ángel Mancera, quien ha emprendido una cruzada contra la trata de
personas y en diversos foros presume tener el mayor número de detenidos
y de sentencias en el país.
Y sí, en la sección que aborda los derechos de los trabajadores no
asalariados se incluye el reconocimiento de los derechos de las
“trabajadoras sexuales” como derechos de trabajadores no asalariados.
También habla de vendedores fijos y semifijos y se establece como uno de
sus derechos recibir capacitación para brindar en mejores condiciones
sus servicios, y un fondo de retiro o pensiones.
Hay una serie de oficios y servicios que se brindan en la Ciudad de
México que merecerían la calificación de trabajo no asalariado como la
albañilería, la carpintería, la plomería, o los boleros; y hay otros que
son más bien, medios marginales de sobrevivencia como limpiar
parabrisas, tragafuegos, payasitos, malabaristas, entre otros. Se pueden
considerar servicios o no.
El meollo del asunto es la calificación que se da a ciertas actividades y
los intereses que se ocultan detrás de esta seudolegalización de la
prostitución.
Muchos de los planteamientos que incluye el proyecto de Constitución de
la Ciudad de México están condenados desde antes de su aprobación a
convertirse en letra muerta: porque son muy ambiciosos, porque
contravienen otros ordenamientos jurídicos como la propia Constitución
de los Estados Unidos Mexicanos o tratados internacionales ratificados
por nuestro país; pero fundamentalmente porque lo que ahí se dice es un
completo sin sentido.
Por ejemplo, yo me pregunto qué tipo de capacitación podría ofrecerle el
gobierno de la Ciudad a las mujeres en situación de prostitución para
que brinden “de mejor manera sus servicios sexuales” ¿sería acaso un
curso de cómo poner el condón con la boca? ¿5 puntos para disfrutar el
sexo anal?
Muchas mujeres en situación de prostitución han sido asesinadas en los
cuartos de hotel a manos de sus prostituidores, y el mensaje que se
manda con esta medida es que la libertad personal está por encima del
concepto de bien común, ya que la prostitución es una institución
profundamente patriarcal que ha permitido a lo largo de la historia el
control de los cuerpos y la sexualidad de las mujeres.
El Artículo 6 de la Convención para la Eliminación de todas las Formas
de Discriminación contra las Mujeres (CEDAW por sus siglas en inglés)
establece textualmente que:
“Los Estados Parte tomarán todas las medidas apropiadas, incluso de
carácter legislativo, para suprimir todas las formas de trata de mujeres
y explotación de la prostitución de la mujer”.
Texto que es obligatorio para todos los poderes de la unión y para todos
los niveles de gobierno pero que ignora el proyecto de Constitución
enviado por el Jefe de Gobierno, a la Asamblea Constituyente.
¿Qué intereses hay detrás de esta propuesta? ¿La siguiente medida será
cobrarles impuestos a las mujeres en situación de prostitución?
¿No se dan cuenta que lo único que van a propiciar son mayores niveles
de violencia contra las mujeres, que aumente la prostitución y la trata
en la Ciudad de México y la explotación sexual infantil como ha sucedido
en Uruguay, Brasil y, ahora, en Colombia?
Como lo menciona la doctora Emérita de la Universidad de Massachusetts,
Janice Raymond, de la Coalición contra el Tráfico de Mujeres
Internacional, “los argumentos que se exponen a continuación van
dirigidos a todas las formas de prostitución avaladas o respaldadas por
el Estado, incluyendo, pero no limitándose a la legalización de los
prostíbulos y del proxenetismo, la despenalización de la industria del
sexo, la regularización de la prostitución a través de leyes que
establezcan controles de salud obligatorios para las mujeres que están
en la prostitución, o cualquier sistema que reconozca que la
prostitución es un trabajo o la defienda considerándola una elección
laboral…”
Teniendo en cuenta la pretensión del gobierno capitalino de legalizar y
despenalizar la industria del sexo en la Ciudad de México a través de
reconocer como “trabajo no asalariado” la prostitución, creemos
importante que consideres las razones por las cuales la legitimación de
la prostitución como “un trabajo” no supone un empoderamiento de las
mujeres en situación de prostitución, sino por el contrario, fortalece a
la industria del sexo.
Ø La legalización/despenalización de la prostitución es un regalo para los proxenetas, los traficantes y la industria del sexo.
Ø La legalización/despenalización de la prostitución y de la industria del sexo promueve la trata con propósitos sexuales.
Ø La legalización/despenalización de la prostitución no supone un control de la industria del sexo. La expande.
Ø La legalización/despenalización de la prostitución aumenta la prostitución clandestina, ilegal y la prostitución de la calle.
Ø La legalización de la prostitución y la despenalización de la industria del sexo promueve la prostitución infantil.
Ø La legalización/despenalización de la prostitución no protege a las mujeres que están en la prostitución.
Ø La legalización/despenalización de la prostitución aumenta la demanda
de la prostitución. Incentiva a los hombres a comprar a las mujeres por
sexo en un entorno social más permisible y de mayor aceptabilidad.
Ø La legalización/despenalización de la prostitución no promueve una mejora de la salud de las mujeres.
Ø La legalización/despenalización de la prostitución no aumenta las posibilidades de elección de las mujeres.
Ø Las mujeres que están dentro de la prostitución no quieren que se legalice o despenalice la industria del sexo.
Y es tan incongruente la propuesta constitucional para la Ciudad de
México, que por un lado reputa la prostitución como trabajo no
asalariado -cuando en ningún tratado de Derechos Humanos le reconoce esa
categoría, sino todo lo contrario- y por otro, pone en grave riesgo los
avances que el movimiento feminista y de mujeres han logrado en la
Ciudad en el tema del aborto voluntario, que ni siquiera se menciona,
como la interrupción legal del embarazo.
La Asamblea Constituyente tiene mucho que discutir y acordar, y a pesar
de que es mayoritariamente ilegítima ya que sólo elegimos a 40 por
ciento de las y los Constituyentes, nosotras las mujeres tenemos mucho
que vigilar y exigir en la primera Constitución de la Ciudad de México.
*Directora de la Coalición Regional contra el Tráfico de Mujeres y Niñas
en América Latina y el Caribe (CATWLAC por sus siglas en inglés).
CIMACFoto: César Martínez López
Cimacnoticias | Ciudad de México.-
Movilidad laboral entre México y Estados Unidos
MONEDERO
Por: Carmen R Ponce Meléndez*
Por: Carmen R Ponce Meléndez*
A nivel mundial el tema de migración ha cobrado una especial relevancia y
México no es la excepción. Ya sea por el volumen de remesas que recibe
de sus personas trabajadoras migrantes, por la problemática que viven
las familias al separarlas con las deportaciones, su alto nivel de
criminalización, y recientemente por el racismo y la xenofobia que
encabeza el candidato republicano a la presidencia, Donald Trump.
Ninguna de estas cosas son ajenas a las mujeres, por el contrario, se podría decir que están en el centro del huracán; ya sea como receptoras de remesas -en México para muchas jefas de familia es su principal ingreso, sino es que el único-, también como trabajadoras migrantes, o bien, como familiares de migrantes (madres, hermanas, hijas, esposas).
Con esta visión tiene una especial relevancia el documento recientemente publicado: “Una frontera común, un futuro común. Una propuesta para la regulación de la movilidad laboral entre Estados Unidos y México”.
Informe del Center for Global Development realizado por el Grupo de Trabajo sobre innovaciones en materia de cooperación bilateral para la regulación de la movilidad laboral en el siglo XXI.
El grupo de trabajo que lo formuló es muy heterogéneo, lo conforman académicos tan importantes como el doctor en Economía Gerardo Esquivel; un ex presidente de México (Ernesto Zedillo); un ex secretario de Comercio de Estados Unidos; personas que defienden los Derechos Humanos, funcionarios fronterizos, por mencionar algunos.
Según este documento, casi 10 por ciento de las personas nacidas en México vive y trabaja en los Estados Unidos, y los mexicanos de nacimiento constituyen por lejos la mayor comunidad de inmigrantes en éste último. Por consiguiente, aun los avances más pequeños en el abordaje jurídico y regulatorio de la movilidad laboral, podrían tener un impacto enorme a los efectos de crear oportunidades y elevar el nivel de vida en ambos lados de la frontera.
“No obstante, la mayor parte del flujo laboral entre México y Estados Unidos en los últimos 25 años ha sido de carácter ilegal, lo cual ha ido en detrimento tanto de los trabajadores como de la seguridad nacional de ambos países. A pesar de la creciente importancia de otras naciones, seguirá habiendo importantes flujos laborales de mano de obra mexicana que complementen el mercado laboral estadounidense”.
La historia nos enseña que la flexibilidad regulatoria y la cooperación bilateral son las únicas soluciones duraderas; no obstante, las limitaciones presentes en convenios anteriores son una muestra de que estos acuerdos pueden fracasar si no se planifican adecuadamente.
La firma de un nuevo convenio laboral bilateral ha de perseguir objetivos diversos logrando un equilibrio entre ellos. La historia y la geografía implican que la mano de obra mexicana ha sido un impulsor sin igual de la economía estadounidense
LA OPCIÓN NO ES CONSTRUIR MUROS
Algunos de sus objetivos son:
Reducir drásticamente la movilidad transfronteriza ilegal; preservar la prioridad de los trabajadores estadounidenses respecto de los puestos disponibles en los Estados Unidos, evitando a la vez la proliferación de trabas burocráticas innecesarias; evitar aumentos bruscos en la ausencia de mano de obra, respondiendo al mismo tiempo a las condiciones del mercado.
Eliminar la intermediación laboral abusiva; garantizar el cumplimiento, por parte de los empleadores, de los diversos estándares laborales respecto de todos los trabajadores; disponer la responsabilidad común a lo largo de la frontera en cuanto a la ejecución del convenio y las acciones destinadas a hacerlo cumplir.
Evitar la permanencia de personas con visas vencidas, fomentando la emigración de regreso al país de origen y estableciendo una vía de salida clara; mejorar la seguridad común a ambos lados de nuestra frontera.
Incluir a aquellos sectores en los cuales la mano de obra mexicana aporta un valor agregado; propiciar la adquisición, por parte de todos los trabajadores, de competencias laborales que mejoren la productividad; establecer criterios transparentes para la adaptación a condiciones de mercado cambiantes; y financiar su implementación en los dos países. En síntesis, debe ganarse la aprobación y la confianza de los trabajadores y los empleadores de ambas naciones generándoles beneficios comunes.
Nuestra atención está puesta principalmente en los flujos futuros temporarios motivados por razones de empleo puesto que, a nuestro entender, la raíz de muchos de los problemas actuales se halla en los fracasos del pasado a la hora de regular adecuadamente los flujos futuros.
Y ahora que la presión migratoria entre México y Estados Unidos es menor, es el momento propicio para tratar adecuadamente estos flujos. No desconocemos la creciente importancia de otros países en materia de movilidad laboral, especialmente en Centroamérica; sin embargo, la cooperación debe empezar por los dos vecinos cuyo destino común es harto evidente”.
“La movilidad de la mano de obra menos calificada proveniente de México también mejora las condiciones laborales allí existentes, aumentando los salarios en el país. Cada año que un trabajador mexicano promedio pasa en Estados Unidos hace que su productividad económica sea mayor cuando vuelve a México. El trabajador mexicano promedio utiliza los ingresos provenientes de sus trabajos temporarios en los Estados Unidos para mejorar su vivienda e invertir en la educación y en gran medida prefiere una migración legal temporaria antes que la migración ilegal”.
Como bien se aprecia en la gráfica en las expectativas futuras de demanda de mano de obra no calificada las mujeres juegan un papel preponderante, ya que con excepción de la industria de la construcción en todas las demás áreas tienen una presencia significativa, vamos están feminizadas.
VER GRÁFICA AQUÍ
Las y los trabajadores mexicanos menos calificados que emigran a los Estados Unidos suelen operar como un complemento de los trabajadores estadounidenses locales, mientras que aquellos que no emigran suelen reemplazar a otros trabajadores mexicanos en su lugar de origen.
Esto significa que la movilidad de mano de obra menos calificada desde México hacia los Estados Unidos tiene el potencial económico necesario para mejorar las condiciones del mercado laboral en ambos países.
Hoy en día los mexicanos constituyen 49 por ciento del total de los residentes de Estados Unidos que ingresaron al país o permanecieron en él de manera indocumentada.
A pesar de la creciente importancia de otros países, seguirá habiendo flujos transfronterizos de mano de obra mexicana y es indispensable regular la movilidad laboral de la mano de obra menos calificada”.
Pero es indispensable reconocer que la economía estadounidense ha tenido, y seguirá teniendo, un gran apetito de trabajadores menos calificados.
Con una planificación adecuada, una regulación bilateral puede brindar oportunidades y seguridad en beneficio de ambos países, proteger los derechos de los trabajadores de una y otra nación, y debilitar fuertemente las actividades ilegales a ambos lados de la frontera, además de servir de modelo para la región y el mundo.
México y las familias más pobres seguirán dependiendo de las remesas, pues la economía prácticamente está estancada y los salarios que ofrece son muy bajos. Las mujeres seguirán emigrando en busca de mejores empleos y mejores condiciones de vida, exponiéndose a toda clase de riesgos, maltratos y discriminación.
La separación de las familias y las deportaciones masivas complican más el problema de la migración y tampoco resuelven el problema laboral, no en vano en Estados Unidos es un tema electoral y la reforma migratoria sigue pendiente.
Para colmo, la migración sin documentos (mexicana y centroamericana) ha resultado un pingüe negocio para el crimen organizado.
Un planteamiento sobre la regulación de la movilidad laboral México-Estados-Unidos en estos momentos es crucial. Existe la potencial amenaza de que un personaje como Donald Trump sea presidente de Estados Unidos.
Su discurso (si así se le puede llamar) es contra los migrantes en general y los migrantes mexicanos en particular, contra la comunidad latina y desde luego contra México. Xenofóbico, misógino, racista y discriminatorio, en una palabra fascista.
Tal parece que el único que no ha entendido la gravedad del problema es el gobierno mexicano, primero tuvo una actitud pasiva y permisiva ante sus insultos, para después pasar a ser cómplice, invitándolo a Los Pinos y dándole un trato de estadista a un bufón fascista.
Todo esto ha tenido y tendrá costos muy altos para las personas migrantes (nacionales e internacionales), hasta las remesas están en peligro; abonando a los grupos neofascistas de Europa, en momentos donde hay una crisis humanitaria por la situación de los migrantes. También México pagará ese costo. Para muestra la creciente devaluación del peso frente al dólar.
Desgraciadamente sus opiniones no sólo son personales, también reflejan la posición de una parte de la sociedad norteamericana. La crisis no sólo es económica, también es política.
PD:
Un reconocimiento tácito de que la economía no está bien. Suben las tasas de interés. Banco de México (Banxico) aumentó la tasa de interés en 50 puntos y quedó en 4.75 por ciento. Con este es el tercer incremento en los últimos 10 meses, ya que de 3.0 pasa a 4.75 por ciento, y seguramente seguirá aumentando; en diciembre la Reserva Federal tiene previsto un aumento, por tanto también se hará en México.
Uno de los objetivos es frenar la caída del peso, pero sin mucho éxito. Esta medida encarece los créditos (públicos y privados), así como la deuda. Pretende retener las inversiones y también puede provocar inflación.
Twitter: @ramonaponce
* Economista especializada en temas de género
Especial
Ninguna de estas cosas son ajenas a las mujeres, por el contrario, se podría decir que están en el centro del huracán; ya sea como receptoras de remesas -en México para muchas jefas de familia es su principal ingreso, sino es que el único-, también como trabajadoras migrantes, o bien, como familiares de migrantes (madres, hermanas, hijas, esposas).
Con esta visión tiene una especial relevancia el documento recientemente publicado: “Una frontera común, un futuro común. Una propuesta para la regulación de la movilidad laboral entre Estados Unidos y México”.
Informe del Center for Global Development realizado por el Grupo de Trabajo sobre innovaciones en materia de cooperación bilateral para la regulación de la movilidad laboral en el siglo XXI.
El grupo de trabajo que lo formuló es muy heterogéneo, lo conforman académicos tan importantes como el doctor en Economía Gerardo Esquivel; un ex presidente de México (Ernesto Zedillo); un ex secretario de Comercio de Estados Unidos; personas que defienden los Derechos Humanos, funcionarios fronterizos, por mencionar algunos.
Según este documento, casi 10 por ciento de las personas nacidas en México vive y trabaja en los Estados Unidos, y los mexicanos de nacimiento constituyen por lejos la mayor comunidad de inmigrantes en éste último. Por consiguiente, aun los avances más pequeños en el abordaje jurídico y regulatorio de la movilidad laboral, podrían tener un impacto enorme a los efectos de crear oportunidades y elevar el nivel de vida en ambos lados de la frontera.
“No obstante, la mayor parte del flujo laboral entre México y Estados Unidos en los últimos 25 años ha sido de carácter ilegal, lo cual ha ido en detrimento tanto de los trabajadores como de la seguridad nacional de ambos países. A pesar de la creciente importancia de otras naciones, seguirá habiendo importantes flujos laborales de mano de obra mexicana que complementen el mercado laboral estadounidense”.
La historia nos enseña que la flexibilidad regulatoria y la cooperación bilateral son las únicas soluciones duraderas; no obstante, las limitaciones presentes en convenios anteriores son una muestra de que estos acuerdos pueden fracasar si no se planifican adecuadamente.
La firma de un nuevo convenio laboral bilateral ha de perseguir objetivos diversos logrando un equilibrio entre ellos. La historia y la geografía implican que la mano de obra mexicana ha sido un impulsor sin igual de la economía estadounidense
LA OPCIÓN NO ES CONSTRUIR MUROS
Algunos de sus objetivos son:
Reducir drásticamente la movilidad transfronteriza ilegal; preservar la prioridad de los trabajadores estadounidenses respecto de los puestos disponibles en los Estados Unidos, evitando a la vez la proliferación de trabas burocráticas innecesarias; evitar aumentos bruscos en la ausencia de mano de obra, respondiendo al mismo tiempo a las condiciones del mercado.
Eliminar la intermediación laboral abusiva; garantizar el cumplimiento, por parte de los empleadores, de los diversos estándares laborales respecto de todos los trabajadores; disponer la responsabilidad común a lo largo de la frontera en cuanto a la ejecución del convenio y las acciones destinadas a hacerlo cumplir.
Evitar la permanencia de personas con visas vencidas, fomentando la emigración de regreso al país de origen y estableciendo una vía de salida clara; mejorar la seguridad común a ambos lados de nuestra frontera.
Incluir a aquellos sectores en los cuales la mano de obra mexicana aporta un valor agregado; propiciar la adquisición, por parte de todos los trabajadores, de competencias laborales que mejoren la productividad; establecer criterios transparentes para la adaptación a condiciones de mercado cambiantes; y financiar su implementación en los dos países. En síntesis, debe ganarse la aprobación y la confianza de los trabajadores y los empleadores de ambas naciones generándoles beneficios comunes.
Nuestra atención está puesta principalmente en los flujos futuros temporarios motivados por razones de empleo puesto que, a nuestro entender, la raíz de muchos de los problemas actuales se halla en los fracasos del pasado a la hora de regular adecuadamente los flujos futuros.
Y ahora que la presión migratoria entre México y Estados Unidos es menor, es el momento propicio para tratar adecuadamente estos flujos. No desconocemos la creciente importancia de otros países en materia de movilidad laboral, especialmente en Centroamérica; sin embargo, la cooperación debe empezar por los dos vecinos cuyo destino común es harto evidente”.
“La movilidad de la mano de obra menos calificada proveniente de México también mejora las condiciones laborales allí existentes, aumentando los salarios en el país. Cada año que un trabajador mexicano promedio pasa en Estados Unidos hace que su productividad económica sea mayor cuando vuelve a México. El trabajador mexicano promedio utiliza los ingresos provenientes de sus trabajos temporarios en los Estados Unidos para mejorar su vivienda e invertir en la educación y en gran medida prefiere una migración legal temporaria antes que la migración ilegal”.
Como bien se aprecia en la gráfica en las expectativas futuras de demanda de mano de obra no calificada las mujeres juegan un papel preponderante, ya que con excepción de la industria de la construcción en todas las demás áreas tienen una presencia significativa, vamos están feminizadas.
VER GRÁFICA AQUÍ
Las y los trabajadores mexicanos menos calificados que emigran a los Estados Unidos suelen operar como un complemento de los trabajadores estadounidenses locales, mientras que aquellos que no emigran suelen reemplazar a otros trabajadores mexicanos en su lugar de origen.
Esto significa que la movilidad de mano de obra menos calificada desde México hacia los Estados Unidos tiene el potencial económico necesario para mejorar las condiciones del mercado laboral en ambos países.
Hoy en día los mexicanos constituyen 49 por ciento del total de los residentes de Estados Unidos que ingresaron al país o permanecieron en él de manera indocumentada.
A pesar de la creciente importancia de otros países, seguirá habiendo flujos transfronterizos de mano de obra mexicana y es indispensable regular la movilidad laboral de la mano de obra menos calificada”.
Pero es indispensable reconocer que la economía estadounidense ha tenido, y seguirá teniendo, un gran apetito de trabajadores menos calificados.
Con una planificación adecuada, una regulación bilateral puede brindar oportunidades y seguridad en beneficio de ambos países, proteger los derechos de los trabajadores de una y otra nación, y debilitar fuertemente las actividades ilegales a ambos lados de la frontera, además de servir de modelo para la región y el mundo.
México y las familias más pobres seguirán dependiendo de las remesas, pues la economía prácticamente está estancada y los salarios que ofrece son muy bajos. Las mujeres seguirán emigrando en busca de mejores empleos y mejores condiciones de vida, exponiéndose a toda clase de riesgos, maltratos y discriminación.
La separación de las familias y las deportaciones masivas complican más el problema de la migración y tampoco resuelven el problema laboral, no en vano en Estados Unidos es un tema electoral y la reforma migratoria sigue pendiente.
Para colmo, la migración sin documentos (mexicana y centroamericana) ha resultado un pingüe negocio para el crimen organizado.
Un planteamiento sobre la regulación de la movilidad laboral México-Estados-Unidos en estos momentos es crucial. Existe la potencial amenaza de que un personaje como Donald Trump sea presidente de Estados Unidos.
Su discurso (si así se le puede llamar) es contra los migrantes en general y los migrantes mexicanos en particular, contra la comunidad latina y desde luego contra México. Xenofóbico, misógino, racista y discriminatorio, en una palabra fascista.
Tal parece que el único que no ha entendido la gravedad del problema es el gobierno mexicano, primero tuvo una actitud pasiva y permisiva ante sus insultos, para después pasar a ser cómplice, invitándolo a Los Pinos y dándole un trato de estadista a un bufón fascista.
Todo esto ha tenido y tendrá costos muy altos para las personas migrantes (nacionales e internacionales), hasta las remesas están en peligro; abonando a los grupos neofascistas de Europa, en momentos donde hay una crisis humanitaria por la situación de los migrantes. También México pagará ese costo. Para muestra la creciente devaluación del peso frente al dólar.
Desgraciadamente sus opiniones no sólo son personales, también reflejan la posición de una parte de la sociedad norteamericana. La crisis no sólo es económica, también es política.
PD:
Un reconocimiento tácito de que la economía no está bien. Suben las tasas de interés. Banco de México (Banxico) aumentó la tasa de interés en 50 puntos y quedó en 4.75 por ciento. Con este es el tercer incremento en los últimos 10 meses, ya que de 3.0 pasa a 4.75 por ciento, y seguramente seguirá aumentando; en diciembre la Reserva Federal tiene previsto un aumento, por tanto también se hará en México.
Uno de los objetivos es frenar la caída del peso, pero sin mucho éxito. Esta medida encarece los créditos (públicos y privados), así como la deuda. Pretende retener las inversiones y también puede provocar inflación.
Twitter: @ramonaponce
* Economista especializada en temas de género
Especial
Cimacnoticias | Ciudad de México.-
Violencia medioambiental amenaza a indígenas bolivianas
De la mano de la minería viene la migración, dicen
Originaria de la provincia de Poopó en el departamento de Oruru, en
Bolivia, Margarita Quino Aramayo es una adulta mayor que ante la
inminente extinción del lago Poopó –el segundo más grande de aquel país
luego del Titicaca– se alió con sus compañeras para crear la Red
Nacional de Mujeres en Defensa de la Madre Tierra, un proyecto para
visibilizar lo que llama “violencia ambiental”.
“Como mujeres indígenas nos comparamos con la madre tierra porque es
fértil, da frutos; nosotras también damos fruto a la vida y como a la
madre tierra no hay quien la defienda porque no tiene voz, no sabe cómo
defender sus derechos, nosotras –las mujeres– nos hemos puesto a
defenderla”, aseguró la indígena boliviana Margarita Quino Aramayo.
A sus 65 años, recién cumplidos el pasado 17 de septiembre, Margarita es
una mujer con facilidad de palabra. “Mientras me quede vida tengo que
seguir peleando. El gobierno piensa en el momento, no piensa en el
futuro. Queremos dejar un ambiente sano porque mañana tal vez nos
juzguen nuestros hijos, nuestros nietos, por no haber peleado”, dice en
entrevista con Cimacnoticias.
Madre de tres hijos y abuela de cuatro nietos, Margarita viajó en
septiembre a Brasil para participar en el XIII Foro Internacional de la
Asociación para los Derechos de la Mujer y el Desarrollo (AWID) donde
habló de la defensa de la tierra, repartió folletos para explicar qué es
la "violencia medioambiental contra la mujer" y de paso vender
artesanías, actividad que sirve para recaudar fondos para su causa.
“Nosotras estamos visibilizando la violencia medioambiental contra la
mujer que era invisible hasta hace unos 3 años. Ni nosotras sabíamos que
estaban violando nuestros derechos”, explicó.
Las bolivianas de Oruru empezaron a forjar la idea de crear una red de
defensoras de la tierra luego de que gente de otra comunidad afectada
por la minera las invitó a participar en un taller sobre extractivismo.
Tras ese encuentro, el 15 de noviembre de 2013, las comunidades de
Oruro, La Paz y Potosí, decidieron tejer su propia red de solidaridad.
Ahora Margarita es coordinadora de la Red y desde su cargo como vocera
se ha dedicado a hacer incidencia, “estamos visibilizando la violencia
medioambiental que es la violación de todos los derechos hacia la madre
tierra, nosotras como mujeres indígenas nos comparamos con la madre
tierra porque la madre tierra es fértil, da frutos, nosotras también
damos fruto a la vida”.
La Red comenzó con tres comunidades y ahora tiene más de doce y unas 90
líderes. Con apenas 3 años de lucha pareciera que las bolivianas tienen
todo en contra, y es que el 28 de mayo de 2014 el gobierno de aquel país
promulgó la Ley 535 de Minería y Metalurgia que significó un revés a
todo el discurso de las indígenas. “Ellos nos arrinconan mediante leyes.
La Ley minera tiene 27 artículos en contra de los indígenas
originarios”.
Desde el punto de vista de Margarita Quino, lo peor de esta norma es la
criminalización de la protesta porque quienes se opongan a los proyectos
mineros pueden ser acusados de delitos penales y pasar hasta 8 años en
prisión, “ahí ya nos mandaron un mensaje: las defensoras de la madre
tierra pueden estar haciendo maletas e irse. Nosotras somos ancestras,
vivimos de nuestras comunidades y nadie nos expulsará de nuestro
territorio”.
Además recalca: “El gobierno dice que todo lo de encima de la tierra es
de los indígenas pero debajo de ella es del gobierno y dispondrá toda la
riqueza natural que hay debajo de la tierra, entonces ¿en qué quedamos?
Nos están despojando de nuestras tierras. El gobierno solamente piensa
en lo económico y con la nueva ley van a explorar y entrar a trabajar
donde sea”.
No obstante ella y sus compañeras aseguran que seguirán denunciando la
devastación; y es que el lago Poopó era una cuenca donde había gran
biodiversidad, donde habitaba la comunidad indígena de los urus, quienes
vivían de la pesca y de la caza.
“Ahora están migrando a otros países, y está desapareciendo esa etnia
que era ancestralmente cultural de Oruru”, lamenta la mujer.
De la mano de la minería muchas veces llega también la migración porque la gente debe irse para sobrevivir.
Sobre esta salida forzosa hacia las ciudades Margarita comenta,
“nosotras nos sentimos muy amargadas, queremos retornar a nuestras
comunidades porque esa ha sido nuestra vida, hemos vivido de la tierra,
arraigadas a nuestras ancestras”.
Para lograr que nadie tenga que abandonar su lugar de origen la Red
quiere que se reconozca la violencia medioambiental como un fenómeno que
afecta el derecho de las mujeres a tener una vida digna porque al
contaminar el agua, usar químicos y extraer minerales, se deja infértil
la tierra, les quita su medio de trabajo y les perjudica la salud.
CIMACFoto: Anayeli Garcia Martínez
Por: Anayeli García Martínez
Cimacnoticias | Ciudad de México.-
Uso de tortura sexual contra manifestantes podría ser analizado en CoIDH
Sin voluntad, Estado mexicano para hacer justicia a mujeres de Atenco
Por
los hechos derivados de los operativos policiacos de Atenco de hace una
década, actualmente hay 18 policías estatales en un proceso penal, un
agente del Ministerio Público y 17 médicos | En la imagen, Edith Rosales
observa el collage fotográfico que inauguró el Centro Prodh en 2013
Abogados del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez
(Centro Prodh) y del Centro por la Justicia y el Derecho Internacional
(Cejil) coincidieron en que el caso de las 11 sobrevivientes de tortura
sexual de Atenco pasó a la Corte Interamericana de Derechos Humanos
(CoIDH) porque el Estado mexicano no cumplió las recomendaciones de la
Comisión Interamericana (CIDH), además de su falta de voluntad por hacer
justicia.
Durante la conferencia de prensa para hablar sobre el proceso en la
CoIDH, Araceli Olivos Portugal, Stephanie Erin Brewer y Santiago Aguirre
Espinosa, del Centro Prodh; y Marcía Aguiluz, directora del Cejil,
refirieron que no se sancionó a los responsables por cadena de mando, a
las fuerzas federales ni a los altos funcionarios que cometieron
omisiones o contribuyeron a la falta de esclarecimiento y sanción de los
hechos ocurridos durante los operativos del 3 y 4 de mayo de 2006 en
Atenco, Estado de México y Texcoco.
De acuerdo con información de las y el abogado, en diciembre de 2015 la
CIDH adoptó el Informe de Fondo que contiene sus conclusiones en el caso
y que le da la razón a las denunciantes al encontrar que fueron
detenidas de manera ilegal y arbitraria, que se acreditaron diversos
actos de tortura física, psicológica y sexual, y que hubo una falta del
debido proceso y denegación de la justicia.
Aunque el 17 de septiembre las Secretarías de Relaciones Exteriores, de
Gobernación y la Procuraduría General dela República anunciaron que el
caso pasó al alto tribunal del sistema regional de Derechos Humanos “a
petición de las autoridades mexicanas”, tanto el Centro Prodh como Cejil
dijeron que el caso pasó a la CoIDH por falta de cumplimiento de las
recomendaciones.
Según la defensa de las mujeres el Estado reconoció parcialmente los
hechos desde 2013, pero en los nueve meses siguientes a la notificación
del Informe de Fondo –que próximamente se hará público– no hubo voluntad
de hacer justicia, en particular no se sancionó a los responsables por
cadena de mando, a las fuerzas federales ni a los altos funcionarios que
cometieron omisiones o contribuyeron a la falta de esclarecimiento y
sanción de los hechos.
El subdirector del Centro Prodh, Santiago Aguirre, explicó que al no
cumplirse las recomendaciones del Informe de Fondo el caso fue remitido a
la Corte Interamericana, lo que eventualmente podría significar la
séptima condena contra el Estado mexicano desde que fue reconocida la
competencia contenciosa del alto tribunal en 1999.
La CoIDH ha emitido tres sentencias por violaciones a los derechos de
las mujeres. En noviembre de 2009 condenó al Estado mexicano por su
responsabilidad en tres casos de feminicidio en Ciudad Juárez, Chihuahua; y en octubre de 2010 dictó dos sentencias más por la violación sexual de las indígenas Inés Fernández y Valentina Rosendo, violentadas por elementos del Ejército mexicano en Guerrero, en 2001.
Además la primera sentencia fue en 2008 en materia de derechos políticos
en el caso de Jorge Castañeda Gutman; en noviembre de 2009 el organismo
emitió otra por la desaparición forzada de Rosendo Radilla Pacheco; y
en noviembre de 2010 un fallo más por la tortura y detención arbitraria
de los campesinos ecologistas Teodoro Cabrera y Rodolfo Montiel.
Ahora, la Corte Interamericana tendrá la oportunidad de analizar el uso
de la tortura sexual y dictar medidas de no repetición vinculantes para
el Estado mexicano, contribuyendo al reconocimiento y erradicación de
este fenómeno.
A decir del abogado Aguirre, este litigo a nivel internacional es una
oportunidad para revisar el uso desproporcionado de la fuerza pública en
contra de las expresiones de protesta y de la tortura sexual, dos
problemas estructurales que están detrás de las violaciones a Derechos
Humanos cometidas en 2006 y que hoy siguen vigentes.
Sobre este tema la directora del Cejil Marcía Aguiluz, aseguró que hay
esperanza en que el organismo internacional entienda la importancia de
este caso y dicte medidas de prevención de la tortura sexual contra las
mujeres.
La activista explicó que el Estado mexicano tuvo un plazo para cumplir
las recomendaciones y no lo hizo pero destacó que hoy tiene la
oportunidad de investigar lo que ocurrió a las mujeres porque si bien
hay una indagación abierta en ésta no se ha señalado a ningún agente
federal ni se ha imputado el delito de tortura sexual, lo que significa
que no hay ninguna sanción efectiva.
Aguiluz dijo que la investigación es imprescindible para romper el
círculo de impunidad y así lo demuestran las tres condenas
internacionales por violencia contra las mujeres. En ese sentido
consideró que Atenco será un caso relevante para el continente, para
profundizar estándares y jurisprudencia que protejan a las mujeres
víctimas de tortura sexual, así como investigar estos hechos.
La coordinadora del Centro Prodh, Stephanie Erin Brewer expuso que en
esta nueva etapa del proceso internacional la CoIDH revisará la
responsabilidad del Estado mexicano en la detención ilegal y arbitraria
de las mujeres, el hecho de que no contaron con defensa técnica
adecuada, vivieron procesos penales injustos y violaciones al debido
proceso o falta de investigación adecuada.
Por eso las violaciones se analizarán a la luz de la Convención
Americana de Derechos Humanos; de la Convención Interamericana para
Prevenir y Sancionar la Tortura; y de la Convención Interamericana para
Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer, mejor
conocida como Convención De Belém do Pará.
De acuerdo con la coordinadora del Área de Defensa del Centro Prodh,
Araceli Olivos Portugal, por los hechos derivados de los operativos
policiacos de Atenco de hace una década, actualmente hay 18 policías
estatales en un proceso penal, un agente del Ministerio Público y 17
médicos, mientras que otros cinco profesionales de la salud fueron
absueltos por falta de pruebas.
CIMACFoto: César Martínez López
Por: Anayeli García Martínez
Cimacnoticias | Ciudad de México.-
“Ni mentirosas ni cómplices”, fuimos víctimas del Estado
Mujeres de Atenco reafirman: sí hubo graves violaciones a DH
Con todo y las tropelías, trampas y mentiras del Estado mexicano, en
próximos meses la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH)
juzgará la responsabilidad de éste, en la tortura sexual de once mujeres
detenidas durante los operativos policiacos del 3 y 4 de mayo de 2006
en Atenco, Estado de México, lo que es un triunfo de la palabra y
dignidad de las sobrevivientes.
Así lo dijeron las sobrevivientes, al celebrar la decisión del organismo
internacional, y es que luego de una década de declaraciones ante el
Ministerio Público, peritajes médicos, psicológicos e indagaciones, la
Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) consideró que las
denunciantes fueron víctimas de tortura sexual por lo que caso debe ser
juzgado en la CoIDH.
Luego de que el 17 de septiembre la CIDH remitiera el expediente de las
mujeres de Atenco –conocido como “Mariana Selvas y otras”– al máximo
tribunal regional, las mujeres reunidas esta mañana ante los medios de
comunicación, aseguraron que atrás de esta disposición estuvo su
historia de lucha y dignidad, y su demanda de llegar hasta las últimas
instancias.
Ana María Velasco, Yolanda Muñoz, Norma Aidé Jiménez, Patricia Torres,
Bárbara Italia Méndez y Claudia Hernández, hablaron en nombre de las
once sobrevivientes, del proceso que han seguido para demostrar que en
los operativos de Atenco, ordenados por el entonces gobernador Enrique
Peña Nieto, se cometieron graves violaciones a los Derechos Humanos.
Hace 10 años cuando 47 mujeres fueron detenidas y 27 de ellas violadas
sexualmente y recluidas en prisión por haber estado en el lugar donde la
policía impidió la venta de un grupo de floricultores, el comisionado
de Seguridad Pública del Estado de México, Wilfrido Robledo Madrid, las
llamó “mentirosas y cómplices de una estrategia para desestabilizar el
Estado”, así lo recordó Claudia Hernández.
Al rememorar aquel episodio, Claudia, quien vivió cinco años en proceso
penal, respondió a las declaraciones del entonces funcionario estatal y a
la posición que mantuvo el gobierno mexicano: “Nuestra dignidad en
realidad está en alzar la voz , en caminar durante 10 años para
demostrar que el Estado es el grande responsable de las grandes
violaciones cometidas en Atenco”.
Este camino que para ellas ha sido largo y doloroso, estuvo lleno de
estrategias para causar miedo; sin embargo para Claudia, las mujeres van
a lograr que se nombre a los responsables de los operativos de Atenco,
de un pueblo que desde 2001, cuando logró echar para atrás el proyecto
para expropiar sus tierras y construir un aeropuerto, ha sido ejemplo de
resistencia.
A pesar de la tortura, Patricia Torres, que en ese entonces tenía 23
años de edad, asegura que hoy nadie puede decir que fueron los agentes
policiales quienes orquestaron la represión, y es que los responsables
de las agresiones fueron los que dieron las órdenes. Con todo, dijo,
ellas están vivas, han logrado decirlo y denunciar que fueron
violentadas por apoyar a sus compañeros campesinos.
“Yo volvería a estar ahí, para defender mi tierra, para defender mi vida
porque eso es lo que están robando al pueblo de San Salvador Atenco”,
dijo la mujer que aseguró que a diferencia de los agentes del Estado sus
manos están llenas de las marcas del trabajo y de la lucha por la
justicia.
En los operativos de Atenco participaron más de tres mil policías
municipales, estatales y federales en un despliegue que dejó como saldo
207 personas detenidas; dos muertos: Javier Cortés Santiago, de 14 años,
y Alexis Benhumea, estudiante que murió un mes después del operativo; y
decenas de personas torturadas, entre ellas las mujeres víctimas de
violencia sexual.
De este episodio y demanda de largo aliento, Bárbara Italia Méndez, dijo
que a todas luces el litigio será complicado porque estos años
estuvieron marcados de tropelías, trampas y mentiras, “hoy de manera muy
contundente, muy fuerte, salimos a decirle al Estado mexicano: Nosotras
teníamos razón y tuvimos que acudir a la justicia internacional para
que este momento llegara”.
Para Bárbara Italia, en Atenco se castigó la rebeldía, pero ello no
impedirá que continúen en su exigencia de justicia; y en la libertad
para sus pueblos y aunque advierten que el Estado continuará en su
intento por detenerlas, ellas mantendrán la lucha para romper el círculo
de impunidad. “Es para mandar un mensaje al Estado que tiene que
detenerse, esto no va a poder continuar así”.
Conferencia de Prensa este martes en el Centro Prodh | Cortesía: Centro Prodh
Por: Anayeli García Martínez
Cimacnoticias | Ciudad de México.-
Legislación permisiva para matrimonio infantil violenta DH de niñas
En 15 años 10.6 por ciento de niñas de 12 a 17 años tienen algún tipo de unión
A propósito del 11 de octubre Día Internacional de la Niña, Comunicación e Información de la Mujer A.C. (CIMAC) en conjunto con la Red por los Derechos de la Infancia en México (Redim conformada por 77 organizaciones con trabajo en infancia y con presencia en 16 estados del país) realizaron el webinar informativo “#NiñasNoEsposas”.
En el webinar la encargada de Estrategias de Comunicación de la Redim, Verónica Morales González, dijo que del año 2000 al 2010 las “uniones tempranas” de adolescentes de 12 a 17 años aumentaron de 407 mil 646 a 455 mil 807. Pero en el 2015 se observó una disminución a 400 mil 954 uniones con menores de edad.
La también vocera de la Redim, Verónica Morales, indicó que los matrimonios de niñas y adolescentes incrementa a su vez, la “discriminación y violencia contra ellas”, puesto que en muchas ocasiones se trata uniones forzadas después de haber sido víctimas de delitos como violación y estupro.
Verónica Morales señaló que es necesario que los estados armonicen sus Códigos Civiles con lo que establece la Ley General de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes, aprobada en diciembre del 2014 en México.
Señaló que 20 Códigos Civiles de diferentes entidades federativas que tenían como edad mínima para contraer matrimonio de los 14 a 16 años, hicieron modificaciones para subir la edad a 18 años, pero aún quedan pendientes 9 estados para armonizar entre los que se encuentran: Baja California, Chihuahua, Durango, Guerrero, Hidalgo, Morelos, Nuevo León, Sinaloa y Tlaxcala. Mientras que estados como Sonora, Tabasco y Guanajuato tienen iniciativas de ley en proceso de presentación y dictamen.
La representante de la Redim, Verónica Morales, informó que también es importante que la legislación contemple cambiar artículos que anulan el delito de estupro cuando el agresor se casa con la víctima, porque eso es una grave violación a los derechos de las niñas.
Datos monitoreados por la Redim de diversas encuestas nacionales, revelan que la incidencia nacional de matrimonio infantil o uniones tempranas se refleja en las mujeres de 20 a 24 años de edad que dijeron haber contraído matrimonio o vivir en unión libre, antes de cumplir de 15 a 18 años de edad. De ellas un 3.8 por ciento era menor de 15 años y 21. 5 por ciento era menor de 18 años.
A los 17 años el porcentaje de mujeres no solteras es 3 veces mayor al de los hombres, mientras en las primeras se ubica en 15.2, para los segundos en 4.3. El porcentaje de niñas “no solteras” de 15 a 17 años de edad pertenecientes a poblaciones indígenas es de 11.5 por ciento, y de las que se encuentran en el rango de 12 a 14 años de edad es .8 por ciento.
La relación entre maternidad y unión temprana en México indica que el porcentaje de niñas de 12 a 14 años de edad con dos hijos o más, “no solteras”, es de 65.9 por ciento. Y el porcentaje de adolescentes de 15 a 17 años con dos hijos o más, “no solteras”, es de 86.9 por ciento.
Tres de cada 4 mujeres no solteras de 12 a 17 años de edad se dedican a los quehaceres del hogar y de las mujeres no solteras que no asisten a la escuela es 3 veces mayor que al de las mujeres solteras.
Del año 2000 al 2015 la población “no soltera” (casada, en unión libre,
viudas) de niñas y adolescentes de 12 a 17 años suman un porcentaje de
10.6 por ciento, cuando la práctica de matrimonio infantil es
considerada nociva para su salud, integridad, desarrollo y plan de vida,
informó la Red por los Derechos de la Infancia en México.
A propósito del 11 de octubre Día Internacional de la Niña, Comunicación e Información de la Mujer A.C. (CIMAC) en conjunto con la Red por los Derechos de la Infancia en México (Redim conformada por 77 organizaciones con trabajo en infancia y con presencia en 16 estados del país) realizaron el webinar informativo “#NiñasNoEsposas”.
En el webinar la encargada de Estrategias de Comunicación de la Redim, Verónica Morales González, dijo que del año 2000 al 2010 las “uniones tempranas” de adolescentes de 12 a 17 años aumentaron de 407 mil 646 a 455 mil 807. Pero en el 2015 se observó una disminución a 400 mil 954 uniones con menores de edad.
La también vocera de la Redim, Verónica Morales, indicó que los matrimonios de niñas y adolescentes incrementa a su vez, la “discriminación y violencia contra ellas”, puesto que en muchas ocasiones se trata uniones forzadas después de haber sido víctimas de delitos como violación y estupro.
Verónica Morales señaló que es necesario que los estados armonicen sus Códigos Civiles con lo que establece la Ley General de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes, aprobada en diciembre del 2014 en México.
Señaló que 20 Códigos Civiles de diferentes entidades federativas que tenían como edad mínima para contraer matrimonio de los 14 a 16 años, hicieron modificaciones para subir la edad a 18 años, pero aún quedan pendientes 9 estados para armonizar entre los que se encuentran: Baja California, Chihuahua, Durango, Guerrero, Hidalgo, Morelos, Nuevo León, Sinaloa y Tlaxcala. Mientras que estados como Sonora, Tabasco y Guanajuato tienen iniciativas de ley en proceso de presentación y dictamen.
La representante de la Redim, Verónica Morales, informó que también es importante que la legislación contemple cambiar artículos que anulan el delito de estupro cuando el agresor se casa con la víctima, porque eso es una grave violación a los derechos de las niñas.
Datos monitoreados por la Redim de diversas encuestas nacionales, revelan que la incidencia nacional de matrimonio infantil o uniones tempranas se refleja en las mujeres de 20 a 24 años de edad que dijeron haber contraído matrimonio o vivir en unión libre, antes de cumplir de 15 a 18 años de edad. De ellas un 3.8 por ciento era menor de 15 años y 21. 5 por ciento era menor de 18 años.
A los 17 años el porcentaje de mujeres no solteras es 3 veces mayor al de los hombres, mientras en las primeras se ubica en 15.2, para los segundos en 4.3. El porcentaje de niñas “no solteras” de 15 a 17 años de edad pertenecientes a poblaciones indígenas es de 11.5 por ciento, y de las que se encuentran en el rango de 12 a 14 años de edad es .8 por ciento.
La relación entre maternidad y unión temprana en México indica que el porcentaje de niñas de 12 a 14 años de edad con dos hijos o más, “no solteras”, es de 65.9 por ciento. Y el porcentaje de adolescentes de 15 a 17 años con dos hijos o más, “no solteras”, es de 86.9 por ciento.
Tres de cada 4 mujeres no solteras de 12 a 17 años de edad se dedican a los quehaceres del hogar y de las mujeres no solteras que no asisten a la escuela es 3 veces mayor que al de las mujeres solteras.
Foto: Yunuhen Rangel Medina
Por: Gema Villela Valenzuela
Cimacnoticias | Ciudad de México.-Sólo mis lágrimas, es lo que tengo para Eruviel y Enrique Peña Nieto; eso ofrezco, para que den con los asesinos de mis hijos.
LA COLUMNA ROTA/FRIDAGUERRERA
@FridaGuerrera
--
No tengo dinero; por eso a mí no me ayudan a encontrar a los asesinos de mis hijos.
Sacrisanta Mosso Rendón, no mide más de 1.60 metros, sus ojos inyectados por el enojo, pocas veces dejan que sus lágrimas sean derramadas, hace dos meses le arrancaron el corazón, “la psicóloga me dice que no me duele, lo que pasó, me dejaron vacía cuando mataron a mis hijos, no puedo sentarme a llorarles, si lo hago, no voy a encontrar a sus asesinos, no puedo llorarles ahorita, hasta que los tenga frente a mí”.
La casa que Sacrisanta tenía para sus hijos, es la más humilde de la larga calle donde vive, antes del 4 de agosto de 2016, tenía una calabaza que abarcaba, casi todo su pequeño patio, una planta de chiles habaneros, una planta de vaporub, todo era verde, lleno de vida, a dos meses del terrible feminicidio y asesinato de sus hijos, Karen y Erick Alvarado Mosso, todo está muriendo.
Pelusa, es la gatita de Erick, un testigo que no puede decirnos qué pasó esa terrible mañana, una gatita dócil antes del 4 de agosto, arisca después de ese día, Pelusa, es lo único vivo que quedo en casa de Sacrisanta después de ese terrible día, cuando le arrebataron violentamente a sus hijos, el día que le arrancaron el corazón.
“Por qué me da hambre; por qué sigo viva, por qué descansó, porque tengo que encontrar a los asesinos de mis hijos”.
La investigación no es la idónea, hay muchos detalles que los “detectives” no tomaron en cuenta, detalles de un crimen que, si hubiera la capacidad, ya tendrían responsables, huellas dactilares no tomadas, las dos escenas del crimen subestimadas, sin realizar los peritajes necesarios para detener a quienes brincaron la barrera de seguridad que todos tenemos, nuestros hogares.
No solo me robaron las sonrisas, los sueños de mis hijos. También se los arrebataron a sus amigos a quienes los conocían.
Palabras de Miriam la mejor amiga de Karen 4 de octubre 2016
“Han pasado tan sólo 2 meses de tu partida
te extraño como no tienes idea me haces mucha falta nena
No puedo aceptar lo que pasó, lo que les hicieron 
Quisiera qué todo fuera un sueño y poder despertar de la pesadilla que estoy viviendo 
Aún recuerdo aquel día en que nos conocimos; El día que me pediste que fuera tu mejor amiga; cuando solíamos salir al parque antes de entrar a trabajar, parecíamos unas niñas de 5 años brincando en el trampolín jajaja
Cuando nos daban 1 hora de comida y regresábamos 2 horas más tarde,
O cuando fui a tu casa a preparar hot cakes y parecían huevos revueltos jajajajaja 
Siempre fuiste y serás mi Mejor Amiga; Me da coraje el no poder hacer nada, el no saber quién o quienes les hicieron tanto daño a ti y a tu hermano y hacer que paguen 
Mi niña te extraño tanto; Extraño hablar contigo…
Quisiera que bajaras un ratito del cielo y me dieras un último abrazo 
como aquellos que solíamos darnos cada que nos veíamos o cuando cada una tenía que partir a casa 
Siempre te recordaré con tu hermosa sonrisa 
esa que a pesar de la situación en la que estuvieras siempre estaba presente en tu linda cara
Ahora solo me conformo con encontrarte en mis sueños
Pronto nos volveremos a ver mi niña mientras tanto apártame un lugar allá arribita junto a ti y tu hermano.
Gracias Karen Erik Mosso; descansen Karen Erik Mosso”
Sin comentarios
Octubre 2016
@FridaGuerrera
video,y texto FridaGuerrera
Verónica Villalvazo
solo cuento con mis ojos y mi mente son las herramientas que uso para trabajar
Marchan en Canadá por las 4 mil mujeres y niñas indígenas asesinadas
Tienen 7 veces más probabilidades de ser asesinadas que las no indígenas
Sin contar con datos precisos sobre el número de asesinatos y
desapariciones de mujeres indígenas de Quebec, Canadá pues la estimación
es de aproximadamente 4 mil, organizaciones civiles que promueven los
Derechos Humanos en ese país, marcharon por las calles de Montreal, para
exigir justicia para todas estas mujeres y niñas.
La especialista en Redes Sociales del Centro por la Defensa del Género,
Nerea Torres, informó a Cimacnoticias que el número “oficial” de
asesinatos de mujeres indígenas de Quebec Canadá es de mil 17 y 164
mujeres y niñas desaparecidas; sin embargo, precisó, las estimaciones de
diferentes organizaciones civiles con trabajo en derechos de las
nativas americanas de Canadá, calculan que la cifra puede ascender a 4
mil asesinatos y desapariciones.
En un comunicado de prensa el Centro por la Defensa de Género de la
provincia de Quebec Canadá, informó que hoy se realizó la onceava marcha
para exigir justicia por las mujeres indígenas de ese país, quienes
tienen 7 veces más probabilidades de ser asesinadas que las no
indígenas.
“Falta Justicia” (Missing Justice), es una campaña del Centro por la
Defensa de Género que trata de visibilizar la desaparición y asesinatos
de las mujeres nativoamericanas. También es para “honrar la memoria de
mujeres y niñas” que han sido víctimas de la violencia sistemática y las
formas en las que los “medios de comunicación, gobiernos, el sistema
legal, las fuerzas policiales y el sistema educativo” facilita ese trato
y discriminación.
La marcha anual fue fundada por Bridget Tolley, hija de Gladys Tolley,
una mujer de 61 años de edad de origen Algonquin (grupo étnico nativo de
Quebec Canadá) que fue asesinada por un oficial de Quebec el 5 de
octubre del 2001.
Bridget Tolley ha declarado en medios de cobertura nacional en Canadá,
que el caso de su madre fue cerrado por considerarse un “accidente”,
pero ni a ella ni a su familia les notificaron en tiempo y forma, por lo
que solicitó abrieran la investigación nuevamente, pero las autoridades
no se lo han concedido.
La Asociación de Mujeres Nativas de Canadá, expresó su preocupación por
el apoyo limitado hacia las familias y sobrevivientes, así como su
acceso a la justicia, porque muchas familias piden que se abran las
investigaciones al no estar satisfechos con los resultados.
Mujeres Nativas de Quebec, solicitó que se examine la naturaleza
sistemática de la violencia hacia mujeres indígenas, así como las
prácticas de los policías en la provincia de Quebec, especialmente en el
caso de abuso hacia mujeres indígenas en Val d’Or.
Las mujeres indígenas de Val d'Or, una ciudad situada a 500 kilómetros
de Montreal, reportaron ante Amnistía Internacional que agentes de la
policía provincial de Quebec, cometieron delitos graves en contra de
ellas, incluyendo abusos físicos y sexuales.
La marcha inició en la plaza Émilie-Gamelin de Montreal, pero es
realizada en diferentes comunidades de la provincia de Quebec y demanda
un cambio “real” en el sistema de impartición de justicia.
Foto: Missing Justice
Por: la Redacción
Cimacnoticias | Ciudad de México.-
Natalia Toledo, la poeta oaxaqueña más leída en el extranjero
Autora del poemario “El Dorso del cangrejo”
Natalia Toledo es de las poetas mexicanas más leídas en el extranjero.
Ha erigido impresionantes murales de letras a un tiempo impenetrables y
claros como el agua; poesía misteriosa que rescata la esencia del México
remoto y mágico tan oculto a ojos de aquellos para quienes fue hecho.
Su más reciente libro, El dorso del cangrejo (Deche bitoope, en
zapoteco) es un impresionante despliegue de recursos poéticos, pero
también una reescritura de esa cosmovisión que llega a resultarnos casi
extranjera por nuestro ensimismamiento en la tecnología y la
ultramodernidad.
Ser indígena
Natalia siempre escribe dos versiones: primero en juchiteco e
inmediatamente después traduce al español: “A veces inicio en español,
pero por lo general el proceso es como hacer una fotografía: la tomo en
zapoteco y la revelo en español”, asegura.
“No siempre me pregunté qué representaba ser indígena. Empecé a hacerme
esa pregunta hace muchos años, cuando lo del movimiento zapatista, y vi
todos esos rostros cubiertos ascendiendo una montaña y la gente empezó a
preguntarme qué tan distinta me siento por ser indígena. Tuvieron que
pasar muchas cosas para sentirme autorizada a responder: ser indígena es
poseer un universo y nunca renunciar a él”, apunta Natalia, que a los 8
años de edad se vio forzada a abandonar su natal Juchitán para radicar
en la Ciudad de México.
Pero, ¿hasta qué punto Natalia es la misma en este nuevo título que en sus obras previas?
“Sigo siendo esa misma que de niña se preguntaba, al asomarse en la
tinaja de agua y ver reflejado su rostro, quién era esa niña —responde
sonriente— Con el tiempo esa niña creció y vivió una serie de hechos muy
importantes que hicieron de ella una poeta pues necesitaba explicar su
vida, poner sobre el papel lo que esa niña dejó y tanto extrañaba al
salir de Juchitán. La diferencia es que el tiempo me ha vuelto más
consciente de otros idiomas, como el zapoteco, y escribirlo lo mejor
posible para que los niños lo lean sin problemas. Me interesa recuperar
algunas cosas que tienen que ver con ser zapoteca y compartirlas con los
que hablan español, y sepan de esta cultura tan bella y tan única y que
todos los mexicanos tenemos derecho a conocer”.
Infancia y erotismo
“La infancia es muy erótica —señala Natalia—. Es la etapa del
descubrimiento del cuerpo; cuando cada cosa se vive a flor de piel. En
Juchitán nadie tiene, contradiciendo a Virginia Woolf, “una habitación
propia”; todos vivimos en espacios reducidos, aunque tengamos patios y
corredores… pero todo mundo convive y suda con los otros. De niña me
tocó ver jóvenes recién casados haciendo el amor, imposible no darse
cuenta. A eso le llamaba “gente amándose””.
“Las mujeres juchitecas —agrega Natalia— somos muy eróticas al hablar;
siempre estamos haciendo alusión a la sexualidad de las mujeres, muy
abiertas en ese sentido. No sé qué les parezca a otras personas esta
erotización de la infancia, pero para otras culturas existe libertad en
el habla y en el proceder, y nosotras somos como nuestro clima:
habitadas por el sol, donde todo el tiempo estamos jugando, y el
erotismo es parte de ese juego de palabras”.
¿A qué te refieres —pregunto a Natalia— cuando te declaras como “tu única hija” en otro de tus poemas?
“Me pensé como un invento mío aunque, por supuesto, soy el invento de
mucha más gente. Es una especie de reafirmación. Escribí ese poema
durante una residencia en Australia como una forma de acompañarme, de
decirme que no necesitaba una mamá —que recientemente falleció, por
cierto— que yo podía ser esa madre pues soy la única que me acompaña a
todas partes”, ríe la poeta.
Retornando la infancia, momento clave de muchos de estos poemas, Natalia
rememora también su estancia en un internado de monjas a los 11 años.
“Estuve en un internado en Valle de Bravo. Ya había sido movida de
Juchitán para venir a la Ciudad de México. Luego de un año interna
aprendí a querer y abrazar tanto a mis compañeras como a las religiosas.
Todo lo que viví ahí me marcó, especialmente los juegos. Las monjas
realmente querían hacer su papel de mamás. Naturalmente solo convivía
con mujeres. Esta experiencia me enseñó, entre otras cosas, a ser
solidaria. Mis padres creyeron que Dios les haría el milagro y me
convertiría en alguien mejor”, ríe de nuevo Natalia.
La muerte en zapoteca
¿Se considera Natalia Toledo “una feminista”?, le pregunto.
“La verdad es que no termino de entender en todo el término. Tengo
amigas feministas a las que adoro, que me han hecho consciente de muchas
cosas; me han enseñado del lenguaje de la auto agresión contra las
mujeres, por ejemplo, y defiendo lo que defienden ellas. También
considero, como mis amigas, que no es válida la agresión contra nadie.
Se trata de una lucha por la equidad de la justicia”.
Natalia señala que su educación fue marcada por los trovadores del
Istmo, que cantan en zapoteco, y la misma importancia tuvieron las
historias provenientes de la oralidad y los cómics que su padre le
mandaba desde varias partes del mundo, en muchos idiomas.
“Más tarde —dice— empecé a leer a la gente que escribía en zapoteco, o
sobre los zapotecos, y leí a los juchitecos. En la adolescencia comencé a
leer a los románticos, a Luis Urbina; no sé cómo fui a dar ahí, siendo
joven, sin saber amar ni sufrir. Amo mucho la poesía de Olga Orozco. Me
sigue invitando y hasta me hace escribir. También Ungaretti, Saint John
Perse y T.S. Eliot. En cuanto a la narrativa me gustan mucho Chejov,
Gogol, Milton, y tantas lecturas que he hecho que no tienen orden”.
Actualmente, Natalia escribe sobre la muerte desde el punto de vista
zapoteca tras haber sufrido la pérdida de su madre: “me puso en el
estado de querer entender más sobre ese tema”.
Natalia Toledo nació en Juchitán, Oaxaca, en 1967, y su poemario El
dorso del cangrejo (Deche bitoope) lo publicó Almadía, México, 2016.
Imagen retomada del sitio pagina3.mx
Por: la Redacción
Cimacnoticias/página3 | Ciudad de México.-
Joyas legislativas
Por: Silvia Núñez Esquer*
Mensaje 1 de audio de whatsapp: “vecina, la muchacha que me ayuda dice
que una persona trató de subirla a la fuerza a un carro en la farmacia
Benavides. Me habló muy asustada. Es el colmo ya ni la tranquilidad de
eso podemos vivir. Así que mucho cuidado las vecinas con lo que podamos
ver, carros sospechosos o extraños… porque qué feo, qué mal me siento de
que le haya pasado eso a la muchacha que me ayuda, que humildemente
viene a ganarse el pan de cada día la pobre. Es alguien que la estuvo
siguiendo, hay que tener mucho cuidado con los carros desconocidos y con
nuestra familia”.
Mensaje 2 de audio de whatsapp: “dice ella que la siguieron desde Las Herraduras (colonia) que se bajó de una ruta 17. Que forcejearon mucho con ella, el copiloto, ella lo mordió y que le decía el otro con muchas malas palabras: ´súbela pendejo, hijo de acá y de allá, que no se te escape’ y que ella gritaba y gritaba y que estaba un señor y ella le pidió ayuda, pero mucho después porque ella se atoraba en la puerta porque luchaba. ‘¡señor ayúdeme!’ -le gritó- y el señor vino y se la jaloneó al que la estaba queriendo meter y pues gracias a Dios no pasó a mayores. Y que le dijo al señor: ‘le debo la vida’, y que se le bajó la presión. ¡Me siento tan mal! ¡qué feo! Era un pick up rojo, doble cabina, con dos personas adelante”.
Es la descripción del intento -el 6 de septiembre pasado- de lo que comúnmente se conoce como “levantón”, en este caso de una mujer de 35 años de edad. Los mensajes de voz son de una mujer cuya empleada del hogar fue violentada cuando caminaba desde que se bajó del autobús urbano, rumbo a la casa donde labora.
En ese trayecto un automóvil que describió como pick up rojo doble cabina, de modelo reciente, con dos hombres a bordo, la siguieron, la alcanzaron y cuando la tuvieron enfrente pararon, el copiloto trató por la fuerza de subirla al carro dirigido por el piloto.
La mujer se defendió desesperadamente y gracias a que tiene una constitución física fuerte, pues practica ejercicio, pudo reaccionar para defenderse y evitar que la subieran al vehículo contra su voluntad. Sufrió esguince cervical y presentó moretones en todo el cuerpo. Hasta hoy no se repone de la angustia, y el miedo a circular en la calle se hizo presente.
La suerte quiso que una persona viera la escena y escuchara sus gritos pidiendo ayuda y decidiera arriesgarse y literalmente luchar contra el agresor para jalar a la mujer de la ropa y al final entre él y ella misma, ponerla fuera del alcance de los agresores.
La mujer violentada sufrió crisis nerviosa, dolor de cabeza por el jaloneo, brazos, y el estrés que le generó la situación, por lo que tuvo que acudir a revisión médica. El intento de privación ilegal de la libertad se realizó en Hermosillo, Sonora, casi frente a un centro de estudios de educación media superior.
Ahí, donde diariamente acuden cientos de adolescentes mujeres y hombres, que realizan el mismo trayecto que hizo la mujer en cuestión, de la parada del autobús hacia el plantel escolar. En Sonora existe un delito denominado rapto que se describe de la siguiente manera:
“Artículo 221.- Al que sustrajere o retuviere a una mujer por medio de la violencia física o moral, de la seducción o el engaño, para satisfacer algún deseo erótico o para casarse, se le aplicarán de seis meses a seis años de prisión y de diez a doscientos días multa”…
“Cuando la conducta señalada en el párrafo anterior se realice en el interior de las instituciones de educación básica, media superior, superior o en sus inmediaciones, la sanción se incrementará en una mitad”.
Pero como ocurre con varios delitos, particularmente los delitos de género que se cometen contra mujeres exclusivamente, el rapto, está completamente desfasado. Los “levantones” no son otra cosa que raptos, pero tratados en forma ligera comparados con lo que realmente sustenta las privaciones de la libertad, actividad propia del crimen organizado para explotación sexual.
Y es que el rapto está inspirado en el “robo” de la “muchacha” que en forma romántica preparaban un hombre y una mujer, o solo el hombre, en ocasiones menores de edad o él adulto, ella menor de edad, para estar juntos a pesar de la oposición de los padres o del padre de familia, pues sabían que una vez “consumado” el matrimonio de facto, ya nadie podría separarlos.
Pero el rapto del siglo XXI nada tiene que ver con los raptos que quedaron plasmados con frecuencia en las películas mexicanas de las décadas de los 40 y 50. El rapto de hoy es violento, es con fines criminales, es la caza de la mercancía que se venderá al mejor postor.
Por ello las sanciones no están contextualizadas en el panorama de violencia contra las mujeres, ni de trata de personas que afecta principalmente a las mujeres.
“Artículo 222.- Se impondrá también la sanción del artículo anterior, aunque el raptor no emplee la violencia ni el engaño, sino solamente la seducción y consienta en el rapto la mujer, si ésta fuere menor de dieciséis años”.
Por ello podemos encontrar todavía en el Código penal del estado de Sonora joyas como ésta: “Artículo 224.- Cuando el raptor se case con la mujer ofendida no se procederá criminalmente contra él, ni contra sus cómplices, por rapto, salvo que se declare nulo el matrimonio”.
“Artículo 225.- No se procederá contra el raptor, sino por queja de la mujer ofendida o de su marido, si fuere casada; pero si la raptada fuere menor de edad, por queja de quien ejerza la patria potestad o la tutela, o, en su defecto la misma menor”.
Y la propia ley le da el carácter de objeto que no merece justicia por sí misma, sino cuando el delito esté acompañado por otro considerado verdaderamente importante. “Cuando el rapto se acompañe con otro delito perseguible de oficio, sí se procederá contra el raptor, por éste último”.
Ante esta legislación –que precisa que los raptores son hombres- los levantadores de mujeres y niñas, así como los enganchadores de mujeres y adolescentes, que tal como lo plasma la película “Las elegidas”, se dedican a perfilar candidatas al rapto o privación ilegal de la libertad para trata de personas, están salvados. Las reformas penales esperan, las mujeres también.
*Periodista integrante de la Red Nacional de Periodistas y directora del blog Mujer Sonora http://mujersonora.blogspot.mx/
Twitter: @mujersonora
CIMACFoto: César Martínez López
Cimacnoticias | Sonora.-
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