Ciudad Juárez, la derrota de
Calderón y García Luna

Patricia Dávila

MÉXICO, D.F., 24 de abril (Proceso).- Tan cruentos como directos, los “mensajes” enviados desde Ciudad Juárez al presidente Felipe Calderón y su secretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna, no sólo reactivan con gran rapidez los ciclos de violencia en esa localidad; también le recuerdan al gobierno federal su fracaso en la guerra antinarco, en particular ahí donde en los tres años de régimen calderonista han muerto asesinadas alrededor de 7 mil personas.

En Ciudad Juárez, las provocaciones al gobierno de Felipe Calderón no paran. La emboscada del viernes 23 que causó la muerte de seis efectivos de la Policía Federal (PF), de una mujer policía del municipio y un menor de 17 años evidenció la vulnerabilidad de su programa “Todos somos Juárez. Reconstruyamos nuestra ciudad”.

El despliegue de 5 mil elementos de la PF, efectuado a partir de la última semana de marzo en sustitución de 3 mil militares para patrullar las calles de dicha ciudad, quedó empequeñecido ante el embate del cártel de Juárez, que le reprocha a esa corporación el supuesto apoyo que le da a Joaquín El Chapo Guzmán.

El golpe fue directo contra el titular de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), Genaro García Luna, responsable de la Policía Federal y a quien tras el asesinato de 15 jóvenes en la colonia Villas de Salvárcar, el 30 de enero pasado, Calderón comisionó para replantear la estrategia de combate al crimen organizado ante el fracaso del Operativo Conjunto Chihuahua, encabezado por el Ejército.

Al mediodía del viernes, un comando emboscó las unidades 00627 de la PF y la 367 de la Policía Municipal en el cruce de las avenidas Durango y Santiago Troncoso, en la colonia Valle de Santiago. Cuando patrullaban el sector Benito Juárez –el mismo donde a mediados de marzo fueron asesinadas tres personas vinculadas al consulado de Estados Unidos en Juárez–, los uniformados fueron sorprendidos por varios sujetos armados.

Según la SSP, los federales repelieron el ataque “y por lo menos uno de los agresores resultó herido”. La acción la atribuyó a “las contundentes detenciones realizadas por la Policía Federal en las últimas horas en esta ciudad”.

Sin embargo, por la noche del mismo viernes, La Línea, el grupo armado del cártel de Juárez, no sólo se acreditó el atentado sino que lanzó una advertencia a los efectivos de García Luna en una pinta que apareció en las calles 16 de Septiembre y Colombia, en el centro de la ciudad:

“Inspector General de la PF (Policía Federal), Raymundo Agustín Hernández Guzmán, y a su oficial Raúl Mendoza Vázquez, lo mismo les va a pasar a ustedes, hijos de puta, como les pasó a los de la unidad 627 por andar con El Chapo y a todos los mugrosos que lo apoyen. Atentamente La Línea”.

Extracto del reportaje principal que se publica en la edición 1747 de la revista Proceso, ya en circulación.

Ante la OEA, otro caso de abuso militar contra civiles

Gloria Leticia Díaz

MÉXICO, D.F. , 24 de abril (Proceso).- El gobierno de Felipe Calderón presentó ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos los supuestos avances en las indagatorias sobre la desaparición de tres jóvenes detenidos por el Ejército en Ciudad Juárez. Sin embargo, el organismo de la OEA consideró insuficiente ese trabajo y ordenó aplicar medidas cautelares para proteger a las víctimas, a sus familiares y a los defensores. Antes, el gobierno mexicano había ocultado que la PGR declinó su competencia ante el caso y lo remitió al fuero militar.

Con la “complicidad” de autoridades civiles, los militares implicados en la desaparición forzada de tres jóvenes de Chihuahua “permanecen protegidos”, mientras el gobierno mantiene una “actitud de simulación ante organismos internacionales”, denuncia Luz Esthela Castro Rodríguez, coordinadora del Centro de Derechos Humanos de las Mujeres (Cedhem).

Castro Rodríguez exhibe a la administración de Felipe Calderón a través del intercambio de correspondencia entre el gobierno mexicano y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en torno a la desaparición forzada de los jóvenes Nitza Paola Alvarado Espinosa, Rocío Irene Alvarado Reyes y José Ángel Alvarado Herrera, quienes fueron detenidos por elementos del Ejército el 29 de diciembre de 2009 en el municipio de Buenaventura, ubicado al oeste de Villa Ahumada.

El caso fue denunciado de inmediato por los familiares de los jóvenes Alvarado en la Procuraduría General de Justicia de Chihuahua (PGJCH) y la Procuraduría General de la República (PGR), así como en las comisiones de derechos humanos del estado y la nacional, instancias ante las que nombraron como sus representantes al Centro de Derechos Humanos de las Mujeres (Cedehm), el Centro de Derechos Humanos Paso del Norte y la Comisión de Solidaridad Social y Defensa de los Derechos Humanos (Cosyddhac).

La investigación fue remitida al fuero militar pese a que los familiares de los jóvenes desaparecidos en Chihuahua y sus representantes exigieron que las autoridades civiles se hicieran cargo del caso, en apego a las normas internacionales y a la sentencia contra México de la Corte Interamericana de Derechos Humanos por la desaparición de Rosendo Radilla a manos de militares en 1974.

Inconformes, el 12 de enero de 2010 solicitaron la intervención de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. La respuesta del secretario técnico de la CIDH, Santiago Cantón, el 4 de marzo, fue otorgar medidas cautelares a los familiares y a los defensores.

En un escrito dirigido a Gustavo Albin Santos, representante de México ante la Organización de Estados Americanos, Cantón considera insatisfactoria la respuesta del gobierno mexicano enviada a la CIDH el 14 de enero, por lo que solicitó la protección del Estado mexicano para los desaparecidos, 11 de sus familiares y tres defensores.

En el documento con la clave MC-55-10, Cantón señala que la respuesta mexicana “no suministraba información sobre el paradero de las personas mencionadas”, y reprocha que, “a pesar de que algunos funcionarios indicaron a los familiares que los tres desaparecidos fueron detenidos por miembros del XXXV Batallón de Infantería, las autoridades no les habrían proporcionado información sobre su paradero”.

Luz Esthela Castro Rodríguez sostiene: “No hay duda de que fueron militares quienes se los llevaron, y a pesar de ello, las autoridades civiles ante las que se presentó la denuncia no han seguido esa línea de investigación, no han hecho ninguna diligencia para localizarlos, y peor aún, la PGR se declaró incompetente y envió el caso a la Procuraduría de Justicia Militar”.

Extracto del reportaje que se publica en la edición 1747 de la revista Proceso, ya en circulación.

Para legalizar una práctica a la que recurren mujeres estériles

Alista ALDF Ley de Maternidad Subrogada

Por Gladis Torres

México, D.F 23 abr (CIMAC).- Con la aprobación del proyecto de dictamen de Ley de Maternidad Subrogada ayer en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF), se abre la posibilidad para legalizar una práctica a la que recurren muchas mujeres estériles, afirmó la diputada local, Maricela Contreras Julián.

En entrevista con Cimacnoticias, la legisladora del Partido de la Revolución Democrática (PRD) quien impulsa la iniciativa señaló que ayer las comisiones unidas de Salud y Asistencia Social y de Equidad de Género de la ALDF, aprobaron la iniciativa en lo general y se reservaron 20 artículos para su discusión en lo particular.

“Hay receso para afinar las opiniones sobre el articulado, los artículos reservados, se refieren a la intervención del registro civil en el procedimiento, para que sea la instancia que atestigüe el contrato de maternidad subrogada entre la madre, el padre y la mujer gestante.

También se reserva “la certificación de las instituciones de salud y varios aspectos legales”, precisó la presidenta de la Comisión de Salud y Asistencia Social. Se espera que la iniciativa sea votada y aprobada por el pleno el próximo lunes.

Según cifras del Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (INEGI), en México existen un millón y medio de parejas que padecen infertilidad o esterilidad, las cuales podrían ser beneficiadas si se aprueba la iniciativa para crear dicha Ley.

La iniciativa, aprobada con nueve votos a favor del PRD, Partido Revolucionario Institucional, el Partido del Trabajo y cuatro abstenciones del Partido Acción nacional (PAN), aborda la maternidad subrogada como una práctica médica, mediante la cual una mujer gesta o lleva en su vientre el producto de la concepción de otra.

Precisa que la infertilidad es un padecimiento asintomático, diagnosticado cuando no se ha logrado concebir un hijo de manera natural, por lo menos durante un año.

Agrega, que ser madre para muchas mujeres constituye un hecho biológico natural; sin embargo, para muchas “estas condiciones no fueron favorables, por lo que las y los legisladores deben trabajemos para hacer factible la posibilidad de ser madres”.

La exposición de motivos indica que la reproducción humana asistida, ha sido materia de regulación en otros países como Inglaterra, Francia, Italia, Costa Rica y España; en estas legislaciones se pretende garantizar el derecho de las personas de procrear y regular las prácticas que se llevan a cabo, con las prerrogativas y límites que establece la propia Ley.

Por lo que Ley de Maternidad Subrogada, busca brindar certeza jurídica al derecho consagrado en el Artículo 4 de la Constitución para acceder a los derechos reproductivos, entendidos estos como parte de los derechos humanos.

Y que se de cumplimiento al Programa de Acción de la Conferencia Internacional sobre la Población y el Desarrollo (Conferencia de El Cairo), en el capítulo VII, referente a los Derechos Reproductivos y Salud Reproductiva sobre el hecho de:

“Todas las parejas e individuos a decidir libre y responsablemente el número de hijos, el espaciamiento de los nacimientos y el momento de tenerlos, y a disponer de la información y de los medios para ello, y el derecho a alcanzar el nivel más elevado de salud sexual y reproductiva…”.

La iniciativa para crear la Ley de Maternidad Subrogada para la Ciudad de México fue presentada en noviembre de 2008 por la entonces presidenta la Comisión de Equidad y Género, Leticia Quezada Contreras.

Analizarán estrategias para enfrentar, denunciar y atender violencia

Defensoras de DH de Mesoamérica se reúnen en Oaxaca

Nadia Altamirano Díaz, corresponsal

Oaxaca, Oax 23 abr 10 (CIMAC).- Desde las amenazas de muerte, difamaciones, ataques físicos, el acoso sexual, hasta la falta de recursos para protegerse de los riesgos que enfrentan las mujeres para defender los derechos humanos de otras personas, son los temas centrales que desde hoy analizan aquí 50 activistas en la Reunión Mesoamericana de Defensoras de Derechos Humanos.

Desde Costa Rica, Guatemala, Nicaragua, El Salvador, Honduras, Colombia y estados de la República Mexicana, las defensoras de Derechos Humanos (DH) llegaron a esta ciudad donde permanecerán hasta el próximo domingo para intercambiar información, metodologías y estrategias que pueden desarrollar para prevenir, denunciar y atender la violencia que enfrentan por su labor.

“Queremos hacer el esfuerzo de tener un diagnóstico regional de la diversidad de activistas como defensoras de DH, cuáles son los tipos y las características de la violencia que se da en un contexto machista que está incluso en los movimientos sociales o políticos”, explicó Ana María Hernández, representante de Consorcio para el Diálogo Parlamentario y Equidad Oaxaca, organización anfitriona.

Para Lidia Alpízar, integrante de la Asociación para los Derechos de las Mujeres en Desarrollo (Awid), la condición de género influye fuertemente en el tipo de violencia, puesto que “es muy común que las activistas enfrenten violencia sexual” y tal vez no ocurre tanto en los hombres, además de que es un tema nuevo.

“Las organizaciones y activistas no se ven como defensoras y asumen los riesgos como parte del trabajo, no se prioriza la protección y al momento de un ataque enfrentan mayor vulnerabilidad, "no es prioridad cuidar a las activistas y eso se está buscando, definir estrategias”.

Ella ve con claridad que hay un aumento en los ataques a mujeres que trabajan por los derechos de otras mujeres, no sólo en América sino en todas partes del mundo, pero en las organizaciones no han existido recursos económicos “para dar respuesta a las compañeras que están en situaciones de riesgo, o enfrentan diversos tipos de violencia”.

Por ello, “es importante generar este espacio de diálogo para entender como se están viviendo estas formas de violencia contra las activistas y ver de qué manera se pueden generar estrategias de solidaridad, pero también repuestas efectivas y rápidas de protección”.

Patricia Guerrero, quien fundó la Liga de Mujeres Desplazadas y el Observatorio de Género, Democracia y DH en Colombia, opinó que las defensoras de DH, como las indígenas y las comunidades negras, han sido violentadas e históricamente atacadas en ese país.

“En las organizaciones no gubernamentales de mujeres se hace evidente una violencia adicional por ser defensoras. En Colombia hay una violencia sistemática y generalizada. Asesinar a defensoras es un asunto que está ligado a la historia del conflicto armado y su negación por parte del presidente Álvaro Uribe”.

Ejemplo de esa violencia es el descubrimiento reciente que hizo la Fiscalía General de la Nación en Colombia, instancia que comprobó que las órdenes de amedrentamiento, persecución y violación de los DH vienen directamente de la Presidencia de la República de ese país.

Definir las estrategias que podrían permitir a las defensoras de DH enfrentar todos esos tipos de violencia, es uno de los objetivos del encuentro que al que convocaron también Jass Feminist (Asociadas por lo justo), Unidad de Defensoras de Guatemala (Udefegua) y la Alianza Feminista Mesoamericana.

Ayuntamientos podrían solicitar a autoridades “ayuda” de militares

Aprueba Senado vía civil para castigar a soldados o marinos que violen DH

Por Gladis Torres

México, D.F 23 abr (CIMAC).- El Senado de la República aprobó en comisiones el dictamen de la Ley de Seguridad Nacional con la que los soldados y marinos que cometan delitos contra civiles podrían ser juzgados por autoridades civiles y que también establece el procedimiento para que los ayuntamientos soliciten a las legislaturas locales y a los gobiernos estatales, la presencia militar en las calles.

La iniciativa de Ley de Seguridad Nacional, enviada por el Ejecutivo al Congreso de la Unión en 2009, proponía, entre otros puntos, la creación de un concepto de “amenazas a la seguridad interna” y que, cuando esto exista, se declare la suspensión de garantías, lo que dejaría en manos del ejército nuevamente la “seguridad” ciudadana.

Con el aval del Partido de la Revolución Democrática (PRD), el Partido Revolucionario Institucional (PRI) y el Partido Acción Nacional (PAN), ayer por la noche el Senado de la República aprobó en comisiones el dictamen en el que se establece que los elementos castrenses que violen los DH de las y los civiles durante los operativos serán juzgados por la autoridad civil y no por la militar.

Información de la Cámara de Senadores, señala que durante la discusión de la minuta sobre la Ley de Seguridad Nacional, René Arce senador del PRD comentó que la redacción que se planteaba en la citada Ley no clarificaba los alcances del fuero militar.

“Es necesario que quede muy claro que si algún militar llega a cometer un delito que involucre a ciudadanas y ciudadanos, tendrá que ser juzgados por los tribunales civiles”.

El senador perredista advirtió que de permitir un uso diferente de las fuerzas armadas para lo que fueron creadas, “no sólo se juzgará al ejército, sino también se juzgará a aquellos que de alguna manera emitimos una ley para que el ejército pudiera estar en las calles”.

Finalmente luego de una prolongada discusión empantanada por la redacción de los artículos 72 y 69 que se refieren al fuero militar y al procedimiento de declaratoria de una afectación a la seguridad interior y quién deberá solicitarla, estos fueron modificados y aprobados.

En el artículo 72 se determina que los integrantes de las fuerzas armadas que cometan conductas constitutivas de delito y afecten a personas civiles “serán perseguidas y sancionadas por los tribunales competentes con estricta observancia de los principios de objetividad, independencia, imparcialidad, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 13 Constitucional y 133, este último referente a tratados internacionales”.

Mientras que en el 69 se estableció el procedimiento para que sean los ayuntamientos quienes soliciten a las legislaturas locales y a los gobiernos estatales la presencia militar en las calles.

Cabe destacar que ayer antes del dictamen el Secretario de Gobernación, Fernando Gómez Mont, pidió al Senado que se aprobaran las leyes pendientes en materia de seguridad nacional, sin incluir el tema del fuero militar, con el “compromiso” del gobierno federal, de hacer llegar en el próximo periodo de sesiones de septiembre una iniciativa en la materia

JUSTICIA PARA MUJERES

Human Rights Watch (HRW), ha denunciado en reiteradas ocasiones que desde que Felipe Calderón desplegó a miles de soldados por todo el país en su “lucha contra el narcotráfico”, ha habido “un drástico incremento” en las violaciones a derechos humanos cometidas por militares.

Califica como “disfuncional” al sistema de justicia militar ya que, pese a que este asume la “investigación” de las violaciones (incluidas las violaciones sexuales contra mujeres, asesinatos y tortura), carece de imparcialidad e independencia, lo que ha generado impunidad por años.

De acuerdo con una solicitud hecha por Cimacnoticias en 2009 al Instituto Federal de Acceso a la Información a través del SISI sobre cuántos casos se han investigado en la justicia militar por abuso sexual y violación, se informó que en el Consejo de Justicia Militar (CJM) no se encuentra tipificado el delito de abuso sexual, violación o violación equiparada,--Cimacnoticias 11 junio 2009--.

Pese a que estos delitos no están tipificados en el CJM, se reconoce que de 1999 a 2007, han sido 11 los casos “juzgados” por la justicia militar por los delitos de abuso sexual, violación equiparada y atentados contra el pudor.

Es de precisar que desde 2007 se presentaron en el Congreso de la Unión tres iniciativas de reforma al artículo 13 constitucional y al 57 del CJM surgidas por los casos de violación sexual a mujeres en Castaños, Coahuila; Zongolica, Veracruz, y Nocupétaro, Michoacán, pero están en la “congeladora”.

Con 720 femicidios en 2009, se ubica en la cifra más alta del mundo

Escala violencia hacia las mujeres en Guatemala

Por Carolina Velázquez, enviada

Guatemala, Gua 23 abril 10 (CIMAC).- En Guatemala se vive un ambiente de impunidad social, económica, política y cultural que genera, fomenta y legitima la muerte violenta de mujeres, denunciaron hoy aquí Organizaciones Sociales.

Al presentar aquí la Campaña Regional por el Acceso a la Justicia para las Mujeres, las organizaciones que integran la Alianza para la Acción: previniendo el femicidio y otras formas de violencia contra la mujer en Guatemala, precisaron que la muerte violenta de mujeres va en escala ascendente, con 720 casos en 2009.

Una de las cifras más altas del mundo, como lo destacó el Secretario General de Naciones Unidas, Bann Ki Moon en la presentación de la Campaña UNETE en diciembre pasado, informó Carmen López, de Convergencia Cívico-Política de Mujeres.

Es también, agregó, “la consecuencia última de un intento explícito del agresor por controlar el cuerpo de las mujeres y/o sus actuaciones, un fenómeno histórico de orden social, no del ámbito privado, un fenómeno que afecta a toda la sociedad”.

A este fenómeno se le denomina feminicidio, está tipificado en la legislación de Guatemala como femicidio, y no responde a coyunturas ni actores específicos.

“Ocurre tanto en tiempos de paz como en situaciones de conflicto armado. En las esferas públicas y privadas: casa, centro laboral, centros educativos, en la calle. Las víctimas son mujeres sin ninguna distinción de clase, etnia, opción sexual, raza y/o edad”, explicó.

Para la Alianza para la Acción, a esta escala ascendente de muertes violentas se agrega un nivel de impunidad que debilita a las instituciones públicas y la confianza de la población en las autoridades.

Ante más de 40 periodistas de los principales medios de comunicación y de la Red de corresponsales de la agencia Cerigua, Carmen López señaló que una característica en el 2009 fue la inseguridad ciudadana en Guatemala que se manifestó en el aumento de muertes violentas en general, 6 mil 498, 720 de las víctimas fueron mujeres.

Dijo, además, que la tasa de homicidios se mantuvo por encima de 48 por cada 100 mil habitantes y el 83 por ciento de las muertes fue ocasionado por arma de fuego.

Ante esta situación, la Alianza para la Acción –integrada por Convergencia, CICAM y Sobrevivientes— consideró necesario “el profundo y constante compromiso del Estado guatemalteco en la realización de acciones para erradicar y prevenir las muertes violentas de mujeres y perseguir y sancionar a quienes cometen el delito de feminicidio y todos aquellos tipificados en la legislación”.

Por último, las organizaciones de la Alianza para la Acción --que participarán en la Campaña Regional con actividades que se realizarán durante el 2010 para incidir en la respuesta adecuada de las instituciones públicas y de la sociedad civil-- hicieron un llamado a la población para mantenerse “alerta, solidaria y activa con el fin de lograr que nuestro país salga de la situación de indiferencia e impunidad que enluta y lastima a nuestras familias”.

La Campaña Regional por el Acceso de la Justicia para las Mujeres se presentará la próxima semana en la capital de Honduras, Tegucigalpa, país que junto con Guatemala, El Salvador, Nicaragua y México harán distintos eventos en pro del respeto a los derechos humanos de las mujeres y una vida libre de violencia para ellas.

Llega aquí Campaña por el acceso a la justicia para las Mujeres

En 9 años se incrementó feminicidio más de 100 por ciento en El Salvador

Por Carolina Velázquez, enviada

San Salvador, El Sal, 23 abr 10 (CIMAC).- En la región de Centroamérica, El Salvador, después de Guatemala, cuenta con una tasa de asesinatos de mujeres, de más de 10 por cada 100 mil habitantes, seguidos por Honduras, Nicaragua, Panamá y Costa Rica, de acuerdo con datos de la Red feminista frente a la violencia contra las mujeres.

Según información del Instituto de Medicina Legal de El Salvador, la muerte violenta de mujeres se incrementó en diez años, al pasar de 195 casos en 1999 a 581 en 2009. En una década han fallecido por esta causa un total de tres mil 578 y de enero a marzo de este año se tiene el reporte de 154 casos.

Aquí las mujeres y los hombres no sufren por igual los delitos ni son víctimas del mismo tipo de delito: ellas han vivido una recurrente violencia familiar, maltrato durante la infancia, violación, agresiones sexuales y muertes violentas, ellos mueren principalmente a causa de un homicidio.

Datos recientes presentados aquí por Silvia Juárez, abogada de la organización de mujeres ORMUSA, durante el lanzamiento de la Campaña regional por el acceso a la justicia para las mujeres así lo muestran.

Una característica en las salvadoreñas, de 2000 a 2009, es el incremento del feminicidio que pasó del 3.86 por ciento al 154.36 por ciento, en tanto los hombres que han muerto de manera violenta pasaron del -2.90 por ciento al 34.63 por ciento.

Para Silvia Juárez, el feminicidio es “la forma más extrema de violencia basada en el género contra las mujeres que termina con sus vidas, como una expresión de odio y una forma de poder, dominación o control, explotación y subordinación, porque aún no nos consideran iguales”.

Y agrega, “la violencia contra las mujeres es más que un hecho delictivo, porque las mujeres han enfrentado una violencia histórica, con un enorme manto de impunidad. Por eso, el derecho a una vida libre de violencia nace como una reivindicación frente a una demanda histórica de las mujeres”.

El incremento del feminicidio en El Salvador llevó en marzo de 2008 a la Red feminista frente a la violencia contra las mujeres --integrada por las siguientes organizaciones de la sociedad civil Ormusa, Las Dignas y Las Mélidas— a una audiencia temática ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

En 2009, la Red llevó a la Asamblea Legislativa de el Salvador una iniciativa de Ley que lleva por nombre Ley Integral para el acceso a las mujeres a una vida libre de violencia y tiene cuatro ejes: prevención, resarcimiento y reparación, atención integral y persecución y sanción.

Pretende dar un salto de “mujeres víctimas” a ser sujetas de derecho, explica Silvia Juárez, ya que parte de reconocer la violencia de género contra las mujeres y de que se asuman las competencias en la atención a este fenómeno delictivo por todos los órganos e instituciones del Estado.

Con ella, agrega, se buscan herramientas para los cambios culturales que puedan modificar los imaginarios de las mujeres, abolir la imagen de odio contra ellas y el rechazo de toda forma de violencia.

También involucra a todos los actores y actoras sociales y a toda la institucionalidad del Estado desde lo nacional hasta lo territorial. Crea mecanismos de seguimiento y fiscalización. Y reconoce la reparación a las mujeres que enfrentan violencia, informa.

Basada en conceptos que se establecen en acuerdos internacionales, como la Belem do Pará y la Cedaw, aborda todas las formas de violencia incluyendo el feminicidio y reconoce la victimización --y revictimización-- por parte de las personas en servicio público. Además, de crear normas a partir de políticas, planes y acciones a cada instancia de gobierno.

Para Silvia Juárez, esta es una posibilidad de tipificar el feminicidio y terminar con la impunidad.

Es decir romper con “el silencio, la omisión, la negligencia, la complicidad y la colusión de autoridades encargadas de prevenir y erradicar esos crímenes”.

Por ahora, la iniciativa se encuentra a debate en la Asamblea Legislativa y la Red espera que se pueda presentar al pleno el próximo mes de junio.

Pide seguridad social, vivienda y pago de horas extra, entre otros

A comisiones iniciativa perredista para regular trabajo doméstico

Por Guadalupe Cruz Jaimes

México DF, 23 abr 10 (CIMAC).- Hasta septiembre próximo el pleno de la Cámara de Diputados podría discutir la iniciativa de reforma a la Ley Federal del Trabajo y a la Ley del Seguro Social, que busca regular el trabajo doméstico, luego de que fue presentada por la legisladora perredista, Claudia Edith Anaya Mota y turnada a Comisiones.

Así lo informó a Cimacnoticias Anaya Mota, diputada del Partido de la Revolución Democrática (PRD), quien refirió que la aprobación de dicha iniciativa está ahora en manos de la Comisión del Trabajo, presidida por Tereso Medina Ramírez, diputado del Partido Revolucionario Institucional (PRI).

De acuerdo con la legisladora, quien preside la Comisión Especial para la no Discriminación en San Lázaro, esta iniciativa tiene el propósito de regular el trabajo en el hogar remunerado, en el que se ocupan 1.8 millones de personas en el país, de las que 9 de cada 10 son mujeres y enfrentan precarias sus condiciones laborales,

(Cimacnoticias 09 abr10).

La iniciativa de la perredista destaca que es preciso dejar atrás argumentos discriminatorios como los emitidos por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) a través de los cuales priva de derechos como la seguridad social, vivienda, descanso, y el pago de horas extra a las y los trabajadores del hogar.

Esta propuesta perredista modifica 14 artículos del capítulo XIII de la LFT que especifica las condiciones laborales para quienes se ocupan en el trabajo del hogar.

Los cambios a la legislación laboral y a la Ley del Seguro Social consisten en dejar de considerar a las trabajadoras del hogar dentro de las actividades económicas “especiales”, para que ellas al igual que el resto de la mano de obra en el país, gocen de iguales derechos.

Entre las garantías que plantea la iniciativa está el establecimiento de una jornada de trabajo de ocho horas, un salario definido, y el acceso a la seguridad social.

Si bien legislar el trabajo en el hogar no es una tarea sencilla, existen ejemplos en América Latina y de otros países del mundo de que es posible modificar las leyes.

Algunos de los países de América Latina y del mundo, que ya han legislado esta actividad económica son Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, Paraguay, Perú, Venezuela y Uruguay. Así como, Austria, España, Finlandia, Italia, Portugal, y Senegal.

Nada qué tratar con los trabajadores, dice

Se niega Grupo México a cualquier conciliación

Roberto Garduño

Periódico La Jornada
Sábado 24 de abril de 2010, p. 13

Para el consorcio Grupo México, propiedad de la familia Larrea, no hay nada que tratar con los trabajadores de la minera Cananea, y por lo tanto no subiste problema alguno, sino tan sólo la debida aplicación de la ley.

La empresa privada dominante en los procesos de explotación minera en el país, que usufructúa gran parte del territorio nacional para obtener pingües ganancias económicas, rechazó hace unas semanas la propuesta de la comisión especial de seguimiento de la problemática surgida por los conflictos mineros en el país, del Poder Legislativo federal, para buscar una solución a la grave condición en que se encuentran las relaciones entre concesionario y trabajadores.

El mes pasado Miguel Ernesto Pompa Corrella, presidente del órgano legislativo, envió una invitación a los funcionarios de Grupo México para reunirse con objeto de conocer su postura en torno al conflicto y que emitieran propuestas de solución.

La respuesta se circunscribió al rechazo firmado por Juan Rebolledo Gout –funcionario federal en el sexenio de Ernesto Zedillo, y personaje cercano al mandatario en cuya administración ocupó, entre otros cargos, el de subsecretario de Relaciones Exteriores–, quien ahora se desempeña como vicepresidente de relaciones internacionales de Grupo México.

El texto de la negativa de la minera a participar en la búsqueda de soluciones del conflicto en Cananea señala lo siguiente:

“He recibido, al igual que otros colegas de la empresa, su invitación para asistir a una sesión de trabajo de la comisión que usted preside. En dicha invitación me informa que los integrantes de la comisión abordarán las premisas y vías de solución a los conflictos mineros que atañen al Grupo México.

“Al respecto, respetuosamente le informo que el segundo tribunal colegiado en materia de trabajo del primer circuito ha resuelto en definitiva el conflicto en la mina Cananea, según sentencia notificada el 5 de marzo pasado, y que por tanto no subsiste problema alguno sino tan sólo la debida aplicación de la ley, a la que todos estamos sujetos.

Por esa razón, al estar colmado el objeto de la reunión por sentencia de los tribunales federales, no vemos propósito en la presencia de la empresa en la reunión convocada.

El diputado Pompa Corella repuso que tras esa grosera respuesta la empresa minera, propiedad de la familia Larrea, rompió el contacto con el órgano legislativo.

Incendio en casa

Jorge Carrillo Olea

Nada peor que un incendio en casa. Pero sí, hay algo peor si ante la puerta, además, hay un tumulto que nos quiere despojar. ¡Para dónde hacerse! ¡A quién proteger, qué salvar! Terrible dilema, que sería el dilema de Calderón si él quisiera enterarse de lo que pasa, si él y sus taumaturgos dejaran la ofuscación que los afecta y desistieran de ese extravío de que están haciendo bien las cosas. Pero no, la ceguera y la sordera los dominan. Pésima noticia por su grave responsabilidad.

Los Pinos es una coladera, lo sé muy bien, todo se cuela, hasta las intimidades de la familia real. El esquema de seguridad y confidencialidad que operaba fue dislocado por Fox y su ignorancia al establecer sus cabañitas y hacer de la residencia principal un área de oficinas. Hoy todo mundo accede y se pasea por donde se le ocurre. Es así que, gota a gota, va tomando consistencia el saber cómo es la situación caótica que se vive dentro. De cómo el gobierno en su máximo nivel se desquebraja, se desmorona ante las codicias y arrebatos personales y la falta de orden. Todos opinan de todo, se inmiscuyen vía resentimientos y ambiciones en cualquier terreno ajeno.

Aprovechan esa adicción que se ha generado por parte de Calderón a las guitarritas, boleros y otras cosas provistas por el almirante, así como el haber caído en sumisiones sicológicas inexplicables que dadas las últimas decisiones sobre espacios de poder, veremos adónde lo llevan.

Hay colaboradores de una enorme prudencia, como el general Galván, que tienen que sobrellevar además del amargo deber de obediencia, invasiones de su espacio como la del conjunto Altitude en Cuernavaca, que se dio con la total anuencia presidencial y que produjo homicidios todavía en la impunidad, el de una respetable madre de familia más otros tres civiles. A ellos habría que agregar el ametrallamiento de toda la familia de un marino participante que el almirante, siempre en su exhibicionismo, ventaneó.

Hay funcionarios de gran conocimiento, experiencia y honestidad intelectual a toda prueba, como Tello Peón, que siendo insustituible tiene que soportar el cerco que se ha formado contra él, incitado principalmente por la animadversión propia de un ser muy menor del que un día fue su subordinado, cuando éste no era más que, como sigue siendo, un simple policía engallado.

Está quien debiera poner orden si su puesto no hubiera sido minado sistemáticamente desde tiempos de Fox, el secretario de Gobernación. Abogado culto y vigoroso, pero que ha tenido que cargar, además de un amigo majadero, con su inexperiencia y chocar con intereses e influencias ya predeterminados. Por otro lado, un inexistente procurador que se limita a observar y cargarse por donde siente que el viento sopla. No está ausente el supuesto proveedor de inteligencia que, una vez más, ante la falta de definiciones, está en perpetuo conflicto con Sedena, Semar y SSP.

¡No se puede gobernar así! Se demanda ya de un manotazo en la mesa y en voz alta proferir, como lo hizo de manera vernácula otro presidente: Señores, cada chango a su mecate, y de paso corrió al secretario de Marina.

Cualquiera que posea un poco de experiencia en los altos niveles de una administración, pública o privada, sabe del siempre presente conflicto de opiniones entre los miembros de un grupo colegiado. Se promueven y se toleran para dar paso a una discusión constructiva, enriquecida por la pluralidad de enfoques, pero siempre con reglas no escritas y límites a respetar. Mayor pecado es llevar esto a enfrentamientos personales y, peor aún, a choques entre instituciones, cosa que se está extendiendo para infortunio nacional.

Todo esto y más que esté sucediendo en Los Pinos escurre a la calle desde sus muros. No hay infidencia, esto y más es vox populi dentro de ese encumbrado recinto. La duda angustiosa es: ¿aguantarán así las cosas y adónde nos llevarán?

hienca@prodigy.net.mx

Violencia: entre jaloneos e incapacidad

Editorial La Jornada.

En respuesta a las declaraciones formuladas por el secretario de Gobernación, Fernando Gómez Mont, quien la víspera sostuvo que el sistema de justicia penal en Chihuahua –basado en juicios orales– es uno de los factores causales del desgobierno que se vive, sobre todo en el municipio de Ciudad Juárez, el gobernador de esa entidad, José Reyes Baeza, señaló ayer que tales señalamientos obedecen a una lógica electorera, y afirmó que el sistema penal de Chihuahua no está vigente en todo el país, y la situación de todo el país es de desgobierno.

Las declaraciones de ambos funcionarios se inscriben en una serie de jaloneos políticos entre los ámbitos federal y estatal en relación con el clima de violencia en esa entidad fronteriza, particularmente en Ciudad Juárez. Tales rebatiñas resultan especialmente exasperantes por cuanto se gestan sobre el sentir generalizado de miedo y zozobra que padecen los habitantes de esa urbe, el cual tiene como componente central la manifiesta incapacidad de los gobiernos federal, estatal y municipal para garantizar la seguridad pública en ese y en otros puntos del territorio nacional.

Significativamente, ayer mismo seis policías –cinco federales y uno estatal–, así como un joven de 17 años, fueron asesinados tras el ataque de un comando armado en el centro de la convulsionada ciudad fronteriza, hecho que fue calificado por el presidente municipal juarense, José Reyes Ferriz, de reacción de la delincuencia organizada ante la serie de detenciones que se están haciendo, en una reiteración de los argumentos con que constantemente responde el gobierno federal a los hechos de violencia que azotan distintos puntos del territorio nacional.

Los cada vez más recurrentes actos de barbarie que se viven en esa localidad, y la manifiesta incapacidad de las fuerzas públicas –sean soldados o policías federales o estatales– para contener el baño de sangre cotidiano, han sembrado y extendido la percepción de que en Ciudad Juárez persiste un vacío de gobierno que es proporcional al avance de las organizaciones delictivas en grado de determinación y capacidad de fuego. A lo que puede verse, esta percepción no se limita a esa localidad ni es privativa de los distintos sectores de la sociedad mexicana: también ayer, en el contexto de la Convención Nacional Bancaria que se celebra en Acapulco, el ex presidente de Estados Unidos William Clinton señaló que la guerra contra el narco se está perdiendo, porque los cárteles de la droga poseen mejores armas.

Ciertamente, la explicación del avance y la profundización de la violencia no puede ni debe reducirse a la aplicación de determinados modelos de justicia penal: tales fenómenos son originados por condiciones sociales, económicas e institucionales diversas e inveteradas, y se ven acicateados, hoy día, por la adopción de políticas de seguridad que tienden a multiplicar la violencia, en lugar de contenerla, y por la persistencia de una visión estrecha de los fenómenos delictivos, que ha llevado a las autoridades a limitar su combate al terreno policial.

En la circunstancia presente, una responsabilidad principal de los distintos niveles de gobierno es la contención, mediante acciones sensatas, eficaces y dentro del marco de la ley, del derramamiento de sangre, lo cual implica no sólo la adopción de políticas policiales, sino la rectificación de las desastrosas directrices económicas vigentes; la moralización de las corporaciones policiales y, en general, de la administración pública y el reconocimiento de que la violencia que hoy se vive, tanto en Ciudad Juárez –la cual no es nueva y ha sido desatendida durante por lo menos los tres lustros recientes por los respectivos gobiernos estatales, federales y municipales– como en otras partes de la República, no podrá ser revertida si no se le hace frente desde una perspectiva integral.

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Por abortos ilegales, 344 averiguaciones previas
Para quien lleve a cabo la interrupción luego de 12 semanas, 6 meses de prisión.

Sáb, 24/04/2010 - 04:57

México.- Al cumplirse tres años de la despenalización del aborto en el Distrito Federal, la Procuraduría General de Justicia capitalina reportó que desde el 25 de abril de 2007 a la fecha ha iniciado 344 averiguaciones previas contra personas que se sometieron a un legrado después de las 12 semanas de gestación.
Después de que la Asamblea Legislativa aprobó las reformas del Código Penal a la Ley de Salud de la Ciudad de México, en el que se permite la interrupción legal del embarazo, según lo establecen los artículos 144 al 147 de esta norma, se tipifica como delito la práctica de estos procedimientos después del lapso que fija la ley.

Según el código, a la mujer que de manera voluntaria se someta a un aborto o consienta que se le realice, se les castigará de tres a seis meses de prisión o de 100 a 300 días de trabajos comunitarios, y aclara que se le considera delito siempre y cuando se haya consumado el legrado.

También advierte que si el aborto es practicado por un médico cirujano, enfermero o practicante, además de las sanciones correspondientes, se le suspenderá en el ejercicio de su profesión por un tiempo igual al de la pena en prisión que se le imponga.

Por último, si el procedimiento es llevado a cabo sin el consentimiento de la embarazada, el responsable podría pasar hasta ocho años en la cárcel y si fuera provocado por el uso de la violencia física o moral, la pena puede alcanzar los 10 años.

Bajo estas características, la PGJDF reportó que en 2007 se iniciaron 79 procedimientos penales contra las personas que resulten responsables por haber practicado o autorizado un aborto.

En 2008 la cifra se incrementó y la Procuraduría abrió 121 averiguaciones contra personas que presuntamente participaron en un legrado después de las 12 semanas de embarazo.

El año pasado el número de personas que supuestamente consintió o se provocó un aborto tuvo una reducción marginal, al contabilizarse 117 procesos judiciales, y en los tres primeros meses de 2010 la dependencia ya cuenta con 27 casos a investigar.

Según documentos de la Dirección General de Política y Estadística Criminal de la PGJDF, son las delegaciones Gustavo A Madero, Iztapalapa y Venustiano Carranza donde más casos de abortos se han registrado, pues en conjunto acumulan 50 por ciento de las averiguaciones.

En contraste, Milpa Alta, Magdalena Contreras, Cuajimalpa y Tláhuac son las demarcaciones que apenas alcanzan ocho casos en el tiempo que llevan aprobadas las modificaciones a la Ley de Salud.

Edomex, a la cabezaHace una semana MILENIO reveló que una de cada cinco mujeres que se someten a un aborto es del Estado de México.

Desde la autorización de la interrupción del embarazo, en el DF se tienen registrados más de 38 mil legrados, cifra que cada año se ha duplicado, de acuerdo con la Secretaría de Salud capitalina.

El Centro de Salud “Beatriz Velasco de Alemán”, ubicado en la avenida Eduardo Molina, es donde más abortos se llevan contabilizados; de mayo a la fecha, casi 12 mil procedimientos.

Interpretación conforme
de derechos humanos

Miguel Concha / III y última

Quince representantes de organizaciones y tres especialistas entregaron el miércoles a la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados, a la Junta Directiva de la Comisión de Derechos Humanos y a los coordinadores de todos los partidos en ella representados, una carta en nombre de 88 organismos civiles de derechos humanos –entre ellos seis internacionales– y 34 académicos de centros de educación superior en toda la República, en la que los exhorta a aprobar en el presente periodo ordinario de sesiones la reforma constitucional que en dicha materia aprobó por unanimidad el Senado el 8 de abril. En ella les expresan a todos los diputados y diputadas su confianza en que tendrán la sensibilidad y el compromiso para cumplir con las más altas expectativas de las y los mexicanos de vivir en un país en el que se pueda gozar de los más altos estándares de respeto, promoción y protección de sus derechos.

La misiva resulta tanto más importante cuanto que se ha sabido que con criterios jurídicos conservadores algunos ministros han objetado intempestiva e inoportunamente la modificación al inciso g) de la fracción II del artículo 105, que establece la facultad de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos de poder interponer ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) acciones de inconstitucionalidad contra leyes y tratados que vulneren las garantías fundamentales consagradas no sólo en la Carta Magna, sino también en los tratados internacionales de los que México sea parte. Lo cual ciertamente contradice lo que el 4 de marzo decidió ese tribunal, al resolver, con base en el texto actual de la Constitución, y según la opinión de varios expertos consultados de manera fundamentalista, que las acciones de inconstitucionalidad ejercitadas por organismos públicos de derechos humanos sólo pueden hacerse valer por violaciones a la Constitución, y que por lo mismo sólo pueden promover esta vía de protección contra leyes que estimen violatorias de derechos consagrados –hay que subrayar que hasta el momento– en nuestra Carta Magna.

Sin embargo, el dictamen aprobado argumenta con razón que esa resolución (22/2009) de la SCJN restringe la legitimación de los organismos públicos federal y estatales de protección de garantías en el país, y por ello considera que es fundamental, en concordancia con lo aprobado el 10 de diciembre en materia de amparo, así como con lo que se propone en el actual dictamen, que se adecue el marco constitucional, a efecto de que los derechos humanos reconocidos internacionalmente cuenten con un mecanismo de control abstracto en las acciones de inconstitucionalidad.

La reforma aprobada establece en efecto en el párrafo dos del artículo primero que las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad con esta Constitución y con los tratados internacionales sobre derechos humanos. Y aunque dejó implícitos el principio propersona, por el cual ha de preferirse aquella norma que proteja más ampliamente los derechos de cualquier persona, y el de interpretación conforme con la Declaración Universal de los Derechos Humanos, y los tratados y acuerdos en la materia ratificados por el Estado parte –que se ha establecido y aplicado explícitamente con óptimos resultados en otros sistemas garantistas, como el español–, sí suprimió la aberración contenida en la iniciativa de reforma aprobada a toda carrera por la Cámara de Diputados el 23 de abril del año pasado, por la que con una mentalidad política y jurídica trasnochada se establecía que tal protección tenía que atender preferentemente el principio de no contradicción con la Constitución. Lo que habría cancelado absolutamente la cláusula de interpretación conforme.

En las consideraciones de la minuta se afirma además expresamente que el sistema elegido para adoptar el principio de interpretación conforme no atiende criterios de suprasubordinación, ni implica un sistema de jerarquía de normas que no se considera conveniente modificar, sino que, a través del principio de subsidiariedad, se abre la posibilidad de que el intérprete de la Constitución pueda acudir a las normas de derechos humanos consagradas en los tratados internacionales de los que México sea parte, para ofrecer una mayor garantía a las personas. Cuanto más que el propio dictamen cita al respecto a modo de referencia –entre las disposiciones de algunos instrumentos internacionales, cuyo objetivo esencial es reconocer el carácter universal de los derechos– a la Convención Americana sobre Derechos Humanos, que en su artículo 29 determina entre otras cosas que ninguna interpretación de la misma puede limitar el goce y el ejercicio de cualquier derecho o libertad que pueda estar reconocido de acuerdo con las leyes de cualquiera de los estados partes o de acuerdo con otra convención en que sea parte uno de esos estados.

Por todo esto no entendemos por qué a última hora esos ministros de la SCJN presentan reparos a la modificación de este artículo de la reforma. No queremos pensar que por celo, ya que esta iniciativa de modificación congruente fue presentada por senadores del Partido de la Revolución Democrática el 18 de marzo de este año, luego de su resolución adversa del día 9 anterior. Con ello, extralimitándose en sus funciones, estarían entorpeciendo un trabajo profesional que promueve la armonización de nuestro marco normativo con los estándares internacionales de protección de los derechos humanos.

Contrarreforma transparente

Irma Eréndira Sandoval *

La iniciativa en materia de transparencia que está por aprobarse en el Senado de la República es una bonita manzana envenenada. Las reformas propuestas por los senadores del PRI Jesús Murillo Karam y Pedro Joaquín Coldwell se visten con las mejores sedas del discurso de la apertura gubernamental y la protección de los datos personales. Sin embargo, la médula de la iniciativa se compone de una serie de contrarreformas que podrían cancelar nuestro derecho de acceso a la información pública.

En primer lugar, el texto abre un boquete en el seno de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, en el que las autoridades podrían arrojar casi cualquier petición incómoda. La nueva redacción del artículo 48 de la ley permitirá que el gobierno deseche cualquier solicitud de información cuando, a juicio de las mismas autoridades, su respuesta cause un entorpecimiento extremo que suponga una disrupción sustancial o irracional en las actividades del sujeto obligado. Asimismo, de acuerdo con la redacción propuesta al artículo 57, el Instituto Federal de Acceso a la Información Pública (IFAI) podrá simplemente descartar cualquier recurso de revisión que a su parecer sea ofensivo, frívolo o irracional.

Pero quizás el elemento más preocupante de la iniciativa se encuentra en el nuevo artículo 58 bis, que liberará al IFAI de la obligación de resolver todos los recursos de revisión interpuestos. El nuevo texto señala que el IFAI podrá en cualquier momento del procedimiento conciliar entre el recurrente y el sujeto obligado. Un acuerdo de conciliación de este tipo auspiciaría la simple y llana negociación de la ley. Asimismo, debido a los desequilibrios de poder entre autoridades y ciudadanos, esta cláusula abriría la puerta para que los sujetos obligados presionen a los solicitantes para que desistan de sus recursos de revisión. Ello también implicaría un ataque al corazón de la transparencia, dado que eliminaría la garantía de anonimato que hoy tienen los solicitantes.

El texto también amplía y modifica de manera preocupante las causales de reserva contenidas en la ley. En primer lugar, se agrega el abstracto y fácilmente maleable concepto del secreto profesional como causal no sólo de reserva temporal de un documento, sino de su categorización como información confidencial. Por otro lado, en un evidente esfuerzo por blindar a Pemex del escrutinio ciudadano, sobre todo en esta hora en que se preparan los controvertidos contratos incentivados, se incluye la siguiente formulación en el artículo 18: El secreto industrial también podrá ser invocado por las entidades paraestatales que enfrenten competencia económica.

La iniciativa también excluye de manera explícita la aplicación de una prueba de daño para la información contenida en averiguaciones previas o en procedimientos de responsabilidad administrativa de los servidores públicos. Las pruebas de daño son instrumentos esenciales, ya que permiten exigir la divulgación de información parcial aún dentro de áreas técnicamente cubiertas por alguna reserva. Con su eliminación en las materias arriba mencionadas, se cancela la posibilidad de una fiscalización ciudadana de las instituciones encargadas de la procuración de justicia y el combate a la corrupción.

Otro asunto problemático es el remplazo del actual artículo 14, fracción I de la ley, que hoy indica que la autoridad puede reservar información que por disposición expresa de otra ley sea considerada confidencial, reservada, comercial reservada o gubernamental confidencial, por otra formulación que a partir de ahora permitirá al gobierno reservar información con base en cualquier causal prevista en otra norma. Al eliminar la necesidad de una disposición expresa en las materias mencionadas, permitiría una restricción generalizada a nuestro derecho a saber con base en nuevas causales erigidas por otras leyes que poco tengan que ver con la transparencia.

Por lo demás, la iniciativa no avanza en lo mínimo en la impostergable tarea de dotar de autonomía plena al IFAI y a sus comisionados. Tampoco fortalece la transparencia del Congreso de la Unión, el Poder Judicial o los órganos autónomos. Estos otros sujetos obligados seguirán funcionando dentro del régimen especial de opacidad que ha venido operando como un caldo de cultivo ideal para la corrupción. Las reformas por aprobarse tampoco extienden el alcance de la ley a los partidos políticos, los sindicatos o a toda la gama de organizaciones no gubernamentales que hoy desarrollan funciones públicas y que reciben subsidios públicos. Esto último es particularmente relevante dado la posibilidad de que en breve se apruebe una nueva Ley de Asociaciones Público-Privadas.

La iniciativa del Senado sin duda alguna cuenta con algunas mejoras importantes, como la posibilidad de fincar responsabilidades administrativas a los funcionarios que no acaten las resoluciones del IFAI, abrir los fideicomisos públicos al escrutinio público, incluir la prueba de interés público de forma clara en la ley, o robustecer el tema de la protección a los datos personales. Sin embargo, los senadores harían un muy flaco favor a la transparencia si aprueban esta reforma sin modificación alguna. La iniciativa todavía requiere de una cirugía mayor para asegurar que las nuevas disposiciones no terminen por provocar un retroceso grave en la materia.

*Investigadora del Instituto de Investigaciones Sociales y coordinadora del Laboratorio de Documentación y Análisis de la Transparencia y la Corrupción de la UNAM

irma.sandoval@unam.mx

Dos visiones del mundo laboral

Arturo Alcalde Justinian

La iniciativa de reforma laboral presentada por el Partido de la Revolución Democrática (PRD) en la Cámara de Diputados el pasado martes 13 de abril no fue improvisada: es resultado de un largo proceso de reflexión y propuesta de los sectores productivo, sindical, académico y ciudadano, además de que actualiza la presentada en 2002, con los aportes de la Unión Nacional de Trabajadores (UNT). Se trata de una perspectiva que confronta a la generada por la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, apoyada por el Partido Acción Nacional (PAN), conocida como iniciativa Lozano.

Son muchas las diferencias entre una y otra iniciativas; la promovida por el PRD-UNT está vinculada a un proyecto de modernización integral del país en una línea de ganar-ganar. La iniciativa Lozano, en cambio, más allá de los discursos, propone en lo concreto abaratar la fuerza de trabajo, reducir su estabilidad e incrementar el control empresarial de los derechos colectivos, como una supuesta solución a los retos de la globalización. El análisis de estas propuestas es un ejercicio necesario, sin olvidar que la oficial debe evaluarse en el contexto de su desempeño cotidiano. Cuatro aspectos permiten destacar las diferencias.

El primero se relaciona con el ámbito constitucional de las reformas. La propuesta PRD-UNT incluye temas ignorados por la iniciativa Lozano, vinculados al sistema de justicia, la fijación de los salarios mínimos, como parte de la política económica, y la modernización de las relaciones de trabajo en el sector público. Sin modificación constitucional estos cambios no podrían ser abordados.

Un segundo tema se refiere a la fijación de las condiciones de trabajo para responder a las necesidades del mercado y la recuperación salarial. La propuesta Lozano facilita el despido libre, la contratación precaria y hace referencia a un conjunto de medidas de contenido más cosmético que real, puesto que ya están contenidas en la ley. Es el caso de las reglas en materia de promoción, ascenso, flexibilidad en las funciones de los puestos y productividad por capacitación. En este capítulo introduce dos aspectos muy lesivos para los trabajadores. La ocurrencia patronal consistente en hacerles pagar las consecuencias de la lentitud de los juicios laborales, limitando los salarios caídos a seis meses, en el supuesto de laudos dictados en su favor. No afronta el reto de disminuir el tiempo de los juicios, por el contrario, mantiene sus vicios y hace pagar el costo a la parte más débil. También incluye la contratación por horas, que aplicada como medida general tendría un impacto negativo en el modelo, habida cuenta de los bajos salarios que imperan en nuestro país.

La propuesta PRD-UNT parte de la premisa de que la ley sólo fija las garantías y reglas básicas del juego, en un entorno laboral diferenciado que requiere de un mínimo de diálogo y concertación para adecuar las condiciones de trabajo a un esquema de auténtica racionalidad productiva y de beneficios compartidos. No se limita a una visión parcial en favor de los trabajadores, entiende que el desarrollo productivo es una exigencia para lograr la viabilidad del país en su conjunto. Para ello, propone que el ajuste de jornadas, intensidades, adecuación con nuevas tecnologías, duración de la relación laboral, esquemas de remuneración, de capacitación y tercerización justificada, se ubiquen en el contexto complementario de la contratación colectiva, como sucede en los países altamente competitivos del mundo. Agrega una protección inexistente en la propuesta panista, el seguro de desempleo, regulado de manera realista con fondeo compartido y en el marco del Instituto Mexicano del Seguro Social.

Un tercer tema se vincula a la democratización sindical y la contratación colectiva auténtica, instituciones íntimamente relacionadas. La propuesta PRD-UNT adquiere carácter estructural en la medida que enfrenta la problemática de control, simulación y corrupción vigentes. Coincide con la propuesta panista de incluir el voto secreto en los procesos sindicales, tanto de elección como de diferencias intergremiales; sin embargo, no comparte la estrategia de debilitamiento gremial y de la contratación colectiva por la vía de nuevos mecanismos de control básicamente de corte empresarial. La diferencia en materia de firma y titularidad de los contratos colectivos es clara. La propuesta PRD-UNT hace efectivas las garantías de los convenios 87 y 98 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), que incluyen libre tipología sindical, supresión de la toma de nota, autonomía en las formas de organización y radio de acción, condiciones necesarias para un fortalecimiento de la contratación colectiva, institución clave en cualquier modelo laboral sustentable y productivo; en esta línea, propone acuerdos por sector, rama de actividad y cadena productiva, apoyándose en experiencias exitosas a escala internacional.

La propuesta PRD-UNT sugiere crear un registro público de contratos colectivos y sindicatos que favorezca una real autonomía y el desarrollo de un sindicalismo decente, utilizando el término de la OIT, una especie de IFE pequeño. Ambas coinciden en la eliminación de la cláusula de exclusión por separación, aunque la del PRD-UNT considera sancionar la intromisión patronal en la vida de los sindicatos.

Un cuarto aspecto hace referencia a la justicia laboral, reclamo consistente y generalizado en favor de una autoridad imparcial, calificada y eficaz que resuelva los conflictos en periodos cortos. La iniciativa Lozano le da vuelta al tema y mantiene la estructura viciada de las juntas de Conciliación y Arbitraje, mientras el PRD-UNT retoma el reclamo de un sistema moderno de justicia, por conducto de jueces laborales en el ámbito del Poder Judicial.

Este primero de mayo es una oportunidad para que la población exprese su posición frente a la reforma laboral que necesitamos. Marchemos juntos.

Porfirio Muñoz Ledo

La muralla constitucional

El respeto sacramental que el antiguo régimen inculcó respecto de la Constitución no era sino la coartada de su legitimidad histórica, ya que la modificaba sin recato ni pausa a conveniencia de los gobernantes en turno. Esa doble moral hizo de nuestra Carta Magna la más flexible del planeta y, a partir del ciclo neoliberal, escondió cambios drásticos de rumbo opuestos a su espíritu original.

En su 50 aniversario (1967) publiqué un ensayo que daba cuenta de las 180 reformas introducidas hasta entonces. Descubrí que los cambios habían caminado mayoritariamente en tres sentidos: el reforzamiento del Ejecutivo, la centralización del poder político y los ajustes obligados por técnica jurídica deficiente, como aquellos que fijaban el número de diputados en relación al de habitantes y eran constantemente rebasados por el crecimiento demográfico.
Desde entonces germiné el proyecto de una nueva Constitución, o al menos de una revisión integral de la vigente, que resolviera las contradicciones acumuladas, adoptara una nueva sistemática y la compactara en normas de carácter general. Desterrar del texto supremo la prolijidad y el detallismo, equilibrar potestades públicas con obligaciones correlativas y otorgarle una arquitectura coherente: un marco jurídico para la modernidad.

Así surgió la idea de una IV República mexicana —heredera de las de 1824, 1857 y 1917. Ese ha sido el combate central de mi vida pública. La propuesta ha sido diferida una y otra vez porque sobre las exigencias de la razón política ha prevalecido el tradicionalismo y la pequeñez, la ignorancia del derecho comparado y la incapacidad de la clase dirigente para imaginar una profunda reforma del Estado.

Nuestra errática transición ha tenido como causa y efecto la ausencia de un nuevo proyecto nacional y de un andamiaje institucional consecuente. En vez de reordenar el conjunto del orden legal se ha desatado una fiebre de improvisaciones sucesivas. En el paroxismo de la “parchomanía” estamos arribando a medio millar de reformas constitucionales y hemos dilapidado la oportunidad histórica del bicentenario.

Cuando abogué por la revocación del mandato presidencial algunos pensaron que se trataba de una revancha política o hasta de una inquina personal. No se entendió la necesidad de formar un gobierno interino de mayoría —conforme a las previsiones constitucionales— responsable de enderezar el rumbo y convocar en este aniversario a la reformulación general de nuestros propósitos colectivos y a su concreción en una Carta fundamental renovada.

El inmediatismo y la rapiña han vedado la construcción de un acuerdo nacional de mirada larga que a todos comprometa, cuando menos por una generación. En la más aberrante de las inercias sexenalistas pareciera que el 2012 marca la tierra prometida —o temida— de los políticos. Todo se acomoda desde perspectivas contrastantes a la emergencia de un nuevo sol, aunque todos los índices apunten a un ocaso de las esperanzas nacionales.

La Constitución se ha convertido en muralla a la que se practican orificios y añadidos sin orden ni concierto, pero que nadie tiene la voluntad de reconstruir. El tumulto de iniciativas que inunda al Congreso refleja posicionamientos electorales y estertores gubernamentales más que genuina disposición al cambio. Una reforma al capítulo de derechos humanos —con notables concesiones y faltantes— que no frena las exigencias militaristas. Dos proyectos de ley en materia de radio y televisión carentes de fundamento constitucional que prolongan añejas disputas de poder al margen de la sociedad. Una ley de tratados internacionales que elude la definición de una política exterior de Estado.

La cacareada reforma política naufraga en los intentos por conceder al Ejecutivo mayorías artificiales o liquidar el pluralismo representativo. Los extravíos se multiplican: es menester encuentro de un método que vincule ambas cámaras en una comisión constitucional responsable de elaborar —a la vera de las confrontaciones— un plan integrado de transformación, como lo propusimos en el 2000.
Diputado federal del PT