Podrían estar comiendo pollo frito o pato a l'orange, el senador y su esposa en su video, pero comen costillas. La metáfora y las delicias del humor involuntario: el senadormuerde su costilla y a su Costilla. Su Costilla
abre sus ojotes, ¿atónita? Trata de acomodar la pantalla. Baja la
pierna. No lo suficiente. Sus gestos son "ingenuos", vagamente
sorprendidos. Está acostumbrada a posar en toda su "espontaneidad", a
manejar las redes. Quizá también está acostumbrada a
que él sea posesivo, ¡ternuritas! Si atendemos a los más rupestres
mandatos culturales: él se "viriliza" en la posesión. Ella se
"feminiza". El senador se muestra en escena como un ser
de mandíbulas implacables: "Me casé para mí, no para que andes
enseñando". La frase se entiende, pero no deja de ser muy misteriosa.
Una frase incompleta y mal armada. Deducimos arranques de dueñidad sobre
un ser humano del sexo femenino, sí. Pero no nada más. "Me casé para
mí...... y, "¿no para ti?" "¿En este matrimonio de lo que se trata es de
mí?"
Supongo que la mayoría de las personas que terminamos viendo el video de Mariana Rodríguez y Samuel García,
ni siquiera sabíamos quiénes eran. Para ser exacta: seguimos sin
saberlo. No son nuestros amigos, ni nuestros conocidos. Vaya usted a
saber cuáles son sus pactos íntimos. Pero son dos personas públicas que han decidido exhibir tramos "privados" de su vida. En la era de la "sociedad del espectáculo", como escribió Guy Debord, una influencer, dueña de una empresa de cosméticos exitosa -en cuarentena por covid- y su esposo, senador por el Estado de Nuevo León, decidieron compartir por Instagram la hora de su almuerzo. Conocemos los resultados. ¿Un desaguisado espontáneo? ¿Una puesta en escena? ¿Acaso importa si el fondo es el mismo?
Aún más inquietante si fue una puesta en escena: el senador supuso que sus comentarios de terrateniente de un cuerpo femenino y de sus contenidos, subirían su popularidad rumbo a la candidatura a gobernador. Y ella -en este contexto- habrá estado de acuerdo. Nos quedaría entonces claro que el senador apela (en sus imaginarios) a los "usos y costumbres" de un Nuevo León Bronco.
"Lo que a la gente le gusta", es "un hombre que despliegue su poder",
"como manda en su casa va a mandar en el Estado". El "poder" económico y
político y, "su vieja que no se le sale del huacal". Porque claro, la
pareja (que se presenta a sí misma como de "ensueño") intenta crear una
imagen "aspiracional". Cómo se relacionan en su vida privada no es nuestro asunto, a cada quien sus goces, sólo que el senador es un servidor público y se lució en público. Y, quizá -para su enorme sorpresa- México algo ha cambiado.
Con salsa de barbecue y su esposa colocada en el lugar de la Barbie cute, el senador devora su costilla. Con fruición. Nada detiene sus hambres, ni siquiera el desparpajo de su esposa
quien, al intentar ponerse cómoda, muestra una pierna. ¿Cómo pudo
virgencita de nuestra señora de Fátima parroquia de Garza García? ¿Cómo
pudo? La llama al orden de inmediato, faltaba más. Un hombre honra a una
mujer dándole su apellido, y mira nada más ella cómo lo embarra. El senador con un tono mecánico como quien pregunta: "¿los calcetines los combino con el pantalón o con la camisa?" le señala lo "inaceptable" de su conducta. Sin demasiada pasión, imposible no señalarlo y claro, comprenderlo: la energía libidinal no alcanza para tanto y el senador la invierte en masticar su costilla.
En ningún momento a lo largo del fragmento de video que estaba destinado a circular en redes, se privó el senador de masticar su costilla, mientras amonestaba a Costilla
con esa espeluznante frialdad. Nada me pasmó más que eso. La palabra
"enseñando", nos remite a aquella humillante joya misógina: "La que no
enseña, no vende". Hay una lógica (rústica y primaria, cierto), en los
regaños del senador, ¿por qué extraños y perversos
mecanismos interiores "enseñaría" la que ya "vendió"? ¡Y tan bien
vendido! pensará él (solito) ante su espejo. La respuesta en redes
fue devastadora. Los movimientos de mujeres han tomado las calles como
nunca antes: millones de mujeres en el país y en el mundo. Los mapas
mentales se transforman. Dos de sus contendientes a la candidatura a gobernador/a
son mujeres. ¿Qué pensará así de ingenuo y campirano? ¿Si el voto
femenino va para ellas, a él le toca remar por el voto masculino? ¿Y, en
su cabecita, el voto masculino es el voto-macho, así como que son
sinónimos?
¿Y, qué tal su "amigo" Colosio, el otro potencial candidato a gobernador y su "Carta abierta", explicándole a Samuel García
que la violencia simbólica está muy mal y él se lo dice en público,
porque lo tiene sin sueño que una pareja tan querida para él, no
funcione? Oh, ante una carta tan "generosa", "honesta" y "conmovedora",
una se pregunta por qué el señor Colosio insiste en la carrera política,
cuando sería un excelente consejero matrimonial. Seguro que ante la
carta de su amigo, el senador García sí paró de masticar.
Pero, volviendo al menú, retiro lo del pato a l'orange, en los imaginarios del senador,
habría sido impúdico fresear de más, onda "lo glamoroso
extranjerizante", cuando se trata de ser humilditos. Así que, "costillas
comotodoelmundo". Complicado equilibrio entre exhibir la camionetota (en el video
público de la pedida de mano), como carroza de "ensueño", y dar pruebas
públicas de lo "sencillitos" que son. Los ricos y felices también comen
con las manos.
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es convivir en una discusión que puede ser fuerte, pero distanciarnos
de la toxicidad.
Ciudad de México. La magistrada Janine Madeline
Otálora Malasis aseguró que el proceso electoral que inicia en
septiembre próximo marca el momento oportuno para fortalecer la
participación política de más de 25 millones de personas adscritas como
indígenas para que su voz y voto reduzca sus condiciones de pobreza,
discriminación y exclusión.
Durante una conferencia virtual que se realizó este viernes 21 de
agosto, la magistrada de la Sala Superior del Tribunal Electoral del
Poder Judicial de la Federación (TEPJF) expuso que los derechos
político-electorales de las comunidades indígenas no pueden reducirse al
ámbito local, de la comunidad y de los sistemas normativos internos,
también, dijo, deben garantizarse en el sistema de partidos políticos.
En el encuentro, realizado por la Defensoría Pública Electoral para
Pueblos y Comunidades Indígenas, del TEPJF, y la Red Nacional de
Consejeras y Consejeros Electorales por una Democracia Incluyente,
Otálora Malasis dijo que los derechos de las personas indígenas deben
entenderse como un asunto nacional y así garantizar que tengan las
mismas oportunidades de influir en el destino colectivo del país.
A propósito del “Día Internacional de los Pueblos Indígenas”, que se
conmemoró el 9 de agosto, la magistrada expuso que las personas que son
parte de los pueblos originarios deben participar en los órganos de
representación y de gobierno. “Para lograr que las políticas públicas
sean efectivas en su lucha contra la pobreza y la marginación deben
poder participar en su diseño e implementación todos los colectivos a
los que están dirigidos, como los pueblos y comunidades indígenas”,
mencionó.
Otálora Malasis, quien fue titular de la Defensoría Pública creada en
2016, detalló que el sistema electoral mexicano no preve reglas
específicas para proteger los derechos de las comunidades indígenas. Con
este vacío legal, la Sala Superior del TEPJF creó la Defensoría y ha
emitido resoluciones que reconocen los derechos políticos de los
pueblos.
Entre las medidas afirmativas tomadas por el Tribunal Electoral en
favor de la representación política, en 2018 confirmó los lineamientos
del Instituto Nacional Electoral (INE) para que los partidos políticos
postularan a diputaciones federales, respetando el principio de paridad
de género, a personas indígenas en por lo menos 13 distritos con 60 por
ciento de población Indígena.
Además de establecer esta regla para la integración de la Cámara de
Diputados, en 2017 la Sala Superior resolvió que los representantes de
los pueblos indígenas deben tener voz en las sesiones de los
ayuntamientos del Estado de México, aunque no se logró la mayoría a
favor de declarar que también deben tener derecho a votar las decisiones
del cabildo.
Por otro lado, en la conferencia dónde también participó la consejera
electoral de Chihuahua Claudia Arlett Espino, y la presidenta de la
Defensoría Pública, Marina López Santiago, la magistrada explicó que
durante la pandemia por COVID-19 se ha promovido la justicia electoral
digital, pero adelantó que falta construir un derecho procesal indígena
por medio de jurisprudencia y tesis que permitan ensanchar la protección
de estas comunidades.
Ciudad de México. El Estado mexicano aún no tiene el
informe de “término medio” que debió entregar en julio pasado al Comité
para la Eliminación de la Discriminación contra la mujer (CEDAW, por
sus siglas en inglés), para dar cuenta de su avance en el cumplimiento
de las recomendaciones que le hizo este mecanismo hace dos años para
garantizar los derechos de las mujeres.
El Comité CEDAW es un órgano integrado por 23 personas expertas independientes
de todo el mundo que supervisan la aplicación de esta convención sobre
los derechos de las mujeres en los Estados parte, entre ellos México.
Este organismo revisa periódicamente a los Estados para vigilar su
avance en garantizar los derechos de las mujeres. La revisión más
reciente para México fue en 2018, cuando el gobierno de México entregó
su noveno informe de cumplimiento y la CEDAW le devolvió una serie de recomendaciones cuyo avance debía informar el Estado en julio de 2020.
No obstante, de acuerdo con lo que informó la Secretaría de
Relaciones a Cimacnoticias el pasado 11 de agosto en una solicitud de
información, el informe de medio término está en proceso de elaboración y
lo hará público la CEDAW una vez que México se lo entregue.
El Estado fue informado por la CEDAW hace dos años que debía integrar
este informe. La CEDAW pidió presentarlo en julio de 2020 o a más
tardar en septiembre de este año.
En este informe, el Estado debe rendir cuentas sobre los avances en
la tipificación el delito de feminicidio en todos los códigos penales
estatales, normalizar los protocolos de investigación policial del
feminicidio en todo el país, y garantizar la aplicación de las
disposiciones penales por este delito, armonizar los procedimientos del
programa de Alerta Amber y protocolo AMBAR, agilizar la búsqueda de
niñas y mujeres desaparecidas, revisar la repercusión del mecanismo de
la Alerta de Violencia de Género, y en la resolución del feminicidio,
hasta ahora impune, de Pilar Arguello Trujillo, asesinada en 2012.
La SRE también informó en la solicitud de información que “como parte
del proceso de integración de este informe se llevó a cabo una reunión
virtual con organizaciones de la sociedad civil, el pasado 17 de julio,
para dar cuenta sobre los trabajos que el Estado mexicano ha realizado
para dar cumplimiento a las recomendaciones de 2018 del Comité CEDAW y
para coordinar los procesos que se llevarán a cabo en el marco de la
Comisión de Seguimiento de las Observaciones del Comité CEDAW y el X
Informe periódico nacional de 2022”. No obstante, hasta ahora no existe
el documento que será entregado a la CEDAW.
Avanza informe sombra
En junio pasado, la plataforma “Nosotras tenemos otros datos”
–integrada por feministas de todo el país– convocó públicamente a
colectivos, organizaciones, académicas y feministas en general a
integrar un informe sombra que dé cuenta sobre el avance de México en el
cumplimiento de las recomendaciones.
De acuerdo con la directora del Instituto de Formación en Justicia y
Derechos Humanos, S. C e integrante de la plataforma “Nosotras tenemos
otros datos”, Patricia Olamendi Torres, ellas no fueron convocadas a la
reunión con el Estado mexicano para informar a sociedad civil sobre el
informe para la CEDAW; esta plataforma también desconoce qué
organizaciones asistieron, ya que el espacio para la sociedad civil es
cada vez más selectivo.
Olamendi Torres, que también fue coordinadora del Comité de Expertas
de la Convención de Belém do Pará de 2008 a 2013, dijo a Cimacnoticias
que el “Comité de la CEDAW ha estado muy preocupado porque México no le
ha informado correctamente sobre determinados temas, y le ha pedido que
haga un informe de medio término (parcial) para no esperar los cuatro
años restantes y presionar al Estado a cumplir compromisos que el Comité
considera graves (…) No entendemos por qué en dos años no han podido
sistematizar esta información”, criticó.
“Impulsar acciones concretas que tengan impactos en la agenda
exterior de género”, como la CEDAW, es el primer punto concreto de
acción de la Política Exterior Feminista que presentó el gobierno
federal.
Guadalajara, Jal. El pasado 26 de julio una niña de
10 años fue víctima de Luis Alonso “N”, Jefe de Recursos Humanos de la
Dirección de Seguridad Ciudadana del municipio de Puerto Vallarta, quien la retuvo de manera forzada dentro de su vehículo particular y abusó sexualmente de ella. El ahora exfuncionario fue detenido en flagrancia por policías municipales y vinculado a proceso por el delito de abuso sexual infantil el pasado 3 de agosto.
Sin embargo, durante la audiencia de vinculación a proceso el viernes
14 de agosto, el Juez de Control y Oralidad del Centro de Justicia para
las Mujeres en Puerto Vallarta, Jorge Luis Solís Arana, decidió no vincular al imputado por el delito de corrupción de menores, al manifestar que no podía acreditarse puesto que la niña de 10 años “no había sentido placer”.
Por lo anterior, el Comité para América Latina y el Caribe para la
Defensa de los Derechos de las Mujeres (CLADEM), el Colectivo Mujeres
Puerto Vallarta, el Colectivo MAM, Vallarta FEM, la Colectiva Puerto
Feminista; Cuepaliztli A.C. y demás colectivas y mujeres a título
personal, denunciaron las “omisiones y graves faltas”en las que ha incurrido la Fiscalía Regional de Puerto Vallarta para integrar la carpeta de investigación sobre el caso (2712/2020) y que han determinado la impartición de justicia para la víctima y sus familiares.
De acuerdo con el comunicado emitido por las colectivas, la Fiscalía Regional fue omisa en “no perseguir más de dos agravantes; al no acreditar el delito de corrupción de menores desde un principio”; puesto
que, según advirtieron, fue el propio Fiscal del estado, Gerardo
Octavio Solís, el encargado de asegurar que los peritos no habían encontrado huellas de abuso sexual ni maltrato.
“Sin duda,
esos dictámenes son parte de este engranaje de violencia institucional
que sustenta la justicia patriarcal. Es increíble que no adviertan la
violencia sexual que sufrió esta niña de 10 años al ser subida por la
fuerza al vehículo de este funcionario municipal, quitarle la ropa y
realizarle tocamientos en su cuerpo”, expresaron.
A ello, precisaron, se suma la decisión del Juez Jorge Luis Solís Arana como
el culmen de esas violencias institucionales: “Ninguna mamá tendría que
volver a escuchar la voz de un juez que traslada la configuración del
delito al cuerpo de su hija y no a la conducta del delincuente que la
agredió sexualmente. Ninguna niña tiene que someterse a los dictados de
una justicia patriarcal y machista para poder acceder a la justicia”
afirmaron.
De tal manera que manifestaron su preocupación sobre el proceder de ambas autoridades, el cual, evidencia el desconocimiento que existe respecto a los principios del interés superior de la niñez y de la perspectiva de género, dos elementos ausentes dentro de la investigación.
Entre otras fallas documentadas por las organizaciones,
precisó Sandra Quiñones, representante legal en el caso e integrante
de CLADEM y del Colectivo Mujeres Puerto Vallarta, se encuentran:
El no aseguramiento del teléfono celular del imputado. Al respecto, la abogada comentó que esto genera dudas sobre las razones que llevaron a las autoridades a no confiscar el equipo electrónico y, con ello, la información que éste podría contener.
“Hubo fallas elementales, no se le retuvo los equipos electrónicos que
llevaba con él ese día y eso nos mete la duda de saber qué información
tenía con él. La pregunta es por qué no le retuvieron el teléfono a esta
persona”.
Dentro de la carpeta no existe la declaración del padre de la menor de edad y tampoco se han realizado y/o integrado los testimoniales del lugar donde la niña fue forzada a subir al vehículo.
No se recabó la ropa que traía el imputado (el short y el calzoncillo para determinar la existencia de fluidos).
No se realizó prueba al vehículo en cuanto a los fluidos en el asiento del copiloto y en el piso del mismo lado.
Hasta la mañana del lunes 17 de agosto, expresó Sandra Quiñones, dichos elementos no habían sido incorporados a la carpeta, la cual, informaron a la par los funcionarios de la Fiscalía Regional, se encuentra en Guadalajara “para trabajar el tema de la apelación”, por lo que “no saben cómo le van a hacer”, declaró la abogada.
Y es que tras la decisión del juez de Control y Oralidad, Jorge Luis
Solís, sobre no vincular a proceso al funcionario por el delito de
corrupción de menores, la Fiscalía del Estado anunció que interpondrá un recurso de apelación, al considerar que “existe una inexacta aplicación de la ley”.
“Todavía hoy en la mañana siguen
sin realizar estas gestiones porque comentan que la carpeta la tienen
Guadalajara para el tema de la apelación y no saben cómo le van a hacer.
Están cometiendo error tras error para subsanar el anterior”.
De aquí que la abogada y las organizaciones que acompañan el caso, continúen en la insistencia de integrar correctamente la carpeta,
puesto que de lo contrario, afirmó Quiñones, es muy probable que bajo
las condiciones en las que se encuentra la investigación, no logre sostenerse en el juicio.
No es un caso aislado
“En Jalisco hace falta esa
justicia con perspectiva de género, pero sobre todo hace falta que se
erradique la violencia sexual arropada en la impunidad de la justicia
patriarcal” sentenciaron las defensoras en su comunicado.
A decir de las colectivas, en medio de un contexto nacional donde una de cada cuatro niñas y uno de cada seis niños sufre una violación antes de cumplir la mayoría de edad, Puerto Vallarta, se posiciona como uno de los municipios en el estado y en el país donde las denuncias por abuso sexual infantil van en aumento.
De acuerdo con cifras oficiales ofrecidas por las organizaciones de mujeres, en
el primer semestre del año se han interpuesto 67 denuncias por este
delito, 15 por ciento más que las registradas durante el 2019, cuando se documentaron 58; lo que significaría que, cada tres días, una niña o niño es víctima de abuso sexual en este municipio costero. Habrá que advertir que a éstas se suman las 738 denuncias que concentran el Área Metropolitana de Guadalajara (Guadalajara 189, Zapopan 180, Tlajomulco 116, Tlaquepaque 96, Tonalá 90).
Por ello no puede hablarse de un caso aislado, el abuso sexual cometido en contra de la menor de edad pone de manifiesto la reiterada comisión de este delito en la zona, la complicidad de las autoridades para negarlo y, en algunos casos, de coaccionar a las víctimas y a sus familiarespara que claudiquen en su búsqueda de justicia, señaló Sandra Quiñones:
“Este caso tiene que mover todas
estas malas prácticas que no nos ha permitido que niñas y niños que han
sido víctimas de abuso obtengan justicia. Si yo sacara una lista de las
madres que me hablan sobre estos casos, son más de 67 y sé que en más de
una vez han sido coaccionados para no poner denuncia”.
La abogada aseguró que las denuncias interpuestas ante las autoridades locales por agresión sexual infantil son “mínimas” ya que las propias policías municipales y ministerios públicos “hacen todo lo necesario para que la familia no denuncie”:
“Tenemos conocimiento de que los
propios MP hacen todo lo necesario para que la carpeta se empantane y
quede como un leve intento, sólo aquellas que alcanzan lo mediático
logran judicializarse y con errores. Lo que sucedió es una práctica
cotidiana en los casos de abuso sexual y agresiones sexuales a menores”.
A este contexto de impunidad, explicó la abogada, se suman las dudas que han surgido alrededor de Luis Alonso “N”, el cual tendrá que ser investigado para determinar si su actuar ya habría sido denunciado por otras víctimas, -trabajadoras o usuarias-, mientras desarrolló distintos puestos dentro del Ayuntamiento de Puerto Vallarta:
“Le corresponde al Ayuntamiento
informar si este funcionario en el tiempo que estuvo laborando para la
dependencia y otras, si alguno de sus superiores recibió quejas por
abuso o agresiones sexuales tanto a trabajadoras como a usuarias. Y
Fiscalía debe realizar todas estas líneas de investigación tendientes a
investigar qué hay detrás de él”.
Así mismo, las colectivas han solicitado al Ayuntamiento y a la Fiscalía del estado de Jalisco que lleven a cabo una investigación que permita no sólo identificar su actuar, sino la complicidad y la protección que podría mantener con otros funcionarios dentro de la dependencia:
“Parte de las exigencias son tanto
al ayuntamiento de Puerto Vallarta como a la Fiscalía se lleven a cabo
las investigaciones correspondientes para determinar quiénes podrían
estar relacionados a manera de protección con este exfuncionario. Porque
hemos detectado en carpeta que se movía en ciertas zonas y esto por
algunos de los datos que hemos encontrado en la carpeta”.
Sin descartar que este caso pueda dejar al descubierto a otros funcionarios públicos implicados, así como otros delitos como la trata de personas con fines de explotación sexual,
la abogada insistió en que es deber de las autoridades municipales y
estatales indagar para sancionar a quienes resulten responsables:
“Es sabido, es un secreto a voces
que somos un destino de turismo sexual en materia infantil y sí nos
preocupa que sea un funcionario de la Dirección de Seguridad Pública el
que haya sido encontrado en flagrancia en este caso en particular. Nos
hacemos muchas preguntas y son las mismas de las que nos vamos a
encargar, para que estas instancias nos den las respuestas
correspondientes y una vez con los datos precisos se puedan iniciar las
investigaciones, si hay más delitos, si hay más personas, que sea la
fiscalía quien inicie la apertura de las carpetas”.
El ahora exfuncionario desempeñó varios cargos públicos en la administración municipal. Fungió
como Jefe de Patrimonio; Coordinador de Patrimonio, Contabilidad y
Presupuesto del SEAPAL Vallarta; y finalmente, como Jefe de Recursos
Humanos de la Dirección de Seguridad Ciudadana, tras ganar una demanda laboral en contra del ayuntamiento.
Los esfuerzos sororos de las colectivas frente al riesgo y desprotección de las autoridades
Claudia Angélica Rangel Martínez, Directora General de CUEPALIZTLI A.C, psicóloga encargada de realizar el Peritaje Psicológico Victimológico independiente, que fue integrado a la Carpeta de Investigación del caso -dadas las fallas previamente señaladas-, advirtió que hasta ahora el acercamiento con la familia se encuentra en reserva, ya que existen temores fundados alrededor del riesgo que corren en medio de la exigencia de justicia y sanción al responsable.
La psicóloga señaló que la familia ya ha recibido llamadas de funcionarios públicos que les han buscado para ofrecerles “compensaciones económicas” a manera de reparación:
“El acercamiento con la familia se
tiene en reserva, precisamente porque tenemos temores fundados con
relación a todo este sistema operativo que tienen dentro de estas
instancias públicas de amedrentar, amenazar y, además, acosar a la
familia, porque ya han recibido llamadas por parte de funcionarios
públicos para tratar de acercarse y tratar de tener una compensación
económica que lamentablemente no va a atender el daño ocasionado a la
menor en su estructura física, emocional, sexual y familiar”.
Con ello expresó que si bien la niña ha recibido atención psicológica, no ha sido así para su familia -como víctimas indirectas del delito-, por lo cual las organizaciones han realizado gestiones con la Fiscalía Regional para que también pueda ofrecerles acompañamiento psicológico.
Sin embargo, afirmó Sandra Quiñones, ha sido gracias a la sororidad de las organizaciones y colectivas de mujeres en Puerto Vallarta que la niña hoy cuenta con “una serie de recursos que le permitirán restablecer su proyecto de vida de manera multifactorial y multidimensional”.
“Desgraciadamente ha sido más de
parte de la sociedad, en lugar del Estado, pues en medio de estas
burocracias se pierde tiempo valioso, por eso, nosotras lo que hicimos
fue acudir con estas instancias de la sociedad civil en Vallarta para
poderle brindar todo lo que necesitan de manera urgente”.
¿Qué quieren ocultar?
La psicóloga Claudia Angélica Rangel, narró que llevó a cabo un peritaje psicológico con fundamentos pertinentes que buscaron no replicar el trabajo improvisado que realiza el Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses (IJCF), el cual, según aseguró a la psicóloga la perito encargada de la Delegación Regional de Puerto Vallarta, no cuenta con expertos y/o expertas en abuso sexual infantil.
Sin embargo, denunció que un funcionario de nombre Josué, presuntamente comisionado al caso por el Fiscal del Estado, Gerardo Octavio Solís, le pidió “realizar una pericial a modo”.
“Una vez que yo solicité la carpeta de investigación al licenciado
Josué que era un Comisionado enviado por el Fiscal, Gerardo Octavio
Solís, me pedía en su lenguaje realizar una pericial a modo, yo le dije:
a ver déjeme leer la carpeta de investigación, necesito todas las
actuaciones para poder realizar mi trabajo, pues la ética y pertinencia
tendrá que estar sujeta a mi criterio pericial no a lo que usted me
solicite”.
Aunado a ello, expresó la psicóloga, durante la audiencia de
vinculación a proceso, la abogada Sandra Quiñones se percató de que no le habían sido entregados todos los documentos contenidos en la carpeta de investigación del caso, puesto que durante ésta se presentó un dictamen realizado por el IJCF, que no fue entregado por el presunto funcionario a la psicóloga para el peritaje independiente:
“Al finalizar mi pericial, cuando
la licenciada Sandra Quiñones estuvo presente en la Audiencia de
Vinculación a Proceso, en ese momento se señala que había otra pericial
realizada por el IJCF, lo que no me fue informado ni integrado en la
carpeta de investigación proporcionada”.
De acuerdo con el funcionario, el documento “se le olvidó en su escritorio” y por esa razón no se lo había proporcionado.
“¿Qué está pasando, algo está sucediendo con los funcionarios públicos, a quién están protegiendo y qué no quieren que se sepa?” se cuestionan las colectivas, quienes no dudaron en advertir un
actuar doloso de parte del funcionario y/o funcionarios que
intervinieron para no integrar todas las periciales correspondientes en
la carpeta y, con ello, obstruir la ejecución del peritaje
victimológico independiente. “Un funcionario que no entrega una carpeta
completa, qué está protegiendo y qué no quiere que se sepa”,
sentenciaron.
¿Qué sigue?
Las defensoras informaron que continuarán con el análisis jurídico de la apelación; además de que interpondrán una
queja ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos por las violaciones
cometidas en la integración de la carpeta. A la par, seguirán ejerciendo presión para que se lleve a cabo “la debida integración de la carpeta de investigación, así como el aporte de las pruebas”. Y, finalmente, trabajarán de manera conjunta con el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, en el seguimiento de la integración de la carpeta y en la asistencia multifactorial a la menor y a su familia.
Imagen retomada de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos
Esta semana en dos ocasiones vimos con indignación que niñas que
sufrieron agresiones sexuales no han tenido garantizado su derecho de
acceso a la justicia porque les tocaron jueces penales patriarcales.
Por un lado, el Juez Jorge Luis Solís Arana –asignado
recientemente al juzgado de control y oralidad que está en el Centro de
Justicia para las Mujeres (CJM) de Puerto Vallarta, en dos
casos de ataque sexual de adultos a niñas menores de 12 años, en uno se
atrevió a negar la vinculación a proceso penal del pedófilo porque “no
hubo placer” y en el otro, porque había sido un simple desahogo sexual.
En un caso uno era un funcionario público y el otro era el papá de la
menor de edad. Ambos son pedófilos.
Fallaron los jueces, profundamente patriarcales, corruptos, ineptos,
pero también fallaron los Fiscales con trabajo muy deficiente e
ineficaz, pero les fallaron los Ejecutivos Locales y Federal, así como
los Congresos de sus respectivas entidades.
Pero también les hemos fallado como sociedad, porque deberíamos, a
estas alturas del Siglo XXI, haber generado una cultura de cero
tolerancia a todas las formas de violencia contra las niñas.
Igual que se emprendió un cambio de cultura con la separación de
basura, o con dejar de usar bolsas de polietileno y hoy se emprende por
prohibir los alimentos ultra procesados para niñas y niños, en la ley y
en la política pública, así se debería emprender un cambio cultural que
llegara hasta el último rincón de nuestro país para erradicar las
prácticas estereotipadas que justifican la violencia contra las mujeres y
las niñas.
Y así como estos ejemplos, podemos citar muchos más, ya que 7 niñas
cada día en nuestro país, sufren de alguna agresión sexual, incluso son
víctimas de feminicidio o desaparecen.
Lo cierto es que el patriarcado pone al servicio de los violentadores
y abusadores de mujeres y niñas, una serie de herramientas legales que
usan para no enfrentar las consecuencias de sus acciones; desde la
presunción de inocencia, hasta el nuevo sistema penal, la tortura,
fallas en la detención y el amparo, todos usados para que la justicia
los favorezca o para cansar a las víctimas y demostrarles que nunca van a
poder más que ellos, lo que logran en no pocas ocasiones.
Ejemplo de ello es Cuauhtémoc Gutiérrez de la Torre, que usó el
amparo para forzar a la entonces Procuraduría General de Justicia del
Distrito Federal, en una suerte de tráfico de influencias, a que
determinara si consignaba las Averiguaciones en su contra por la
denunciada red de prostitución de mujeres jóvenes vulnerables en el
PRI-DF, en la que el Procurador ordenó el no ejercicio de la acción
penal.
Esta determinación fue combatida a nombre de las víctimas con todos
los recursos que nos fueron posibles, incluyendo el amparo y el amparo
en revisión, que después de 5 años ganamos, por lo que Gutiérrez de la
Torre interpuso un recurso de reclamación que afortunadamente perdió.
Ha pasado un año y medio desde que se reabrió el expediente, ahora sí
en la Fiscalía de Investigación del Delito de Trata de Personas y ya no
en la Fiscalía de Asuntos Especiales y Electorales y de nueva cuenta
Gutiérrez de la Torre interpuso otro amparo con el propósito de que el
Ministerio Público vuelva a decretar el no ejercicio de la acción penal.
El amparo se radicó en el Juzgado 14 de Distrito en Materia de Amparo
Penal, mismo Juzgado donde estaban los antecedentes del caso.
Lo más grave es que la Ley le da el derecho a interponer todos los
recursos que considere convenientes, como también en caso de que el
fallo no favorezca a los intereses de las víctimas, también ellas tienen
el derecho a interponer los recursos que les otorga la ley.
Y uno se pregunta, cuánto tiempo vamos a tener que defender de nueva
cuenta los intereses de las únicas víctimas que tuvieron la decisión y
la determinación de denunciar a este político que se siente intocable.
En su amparo, Gutiérrez de la Torre tiene el descaro de argumentar, entre otras cosas que:
… “Es el caso que desahogadas, atendidas y rendidas todas las
diligencias técnicamente requeridas y otras que en exceso realizó la
instancia ministerial, no existe ningún elemento, o indicio alguno que
haga suponer, ni mucho menos acredite la integración de conducta
típica alguna, ni de presunta responsabilidad a cargo de la quejosa:
No obstante que no concurren ningún elemento subjetivo, objetivo o
normativo que pudiera sustentar la continuación de las averiguaciones
previas acumuladas que se trata, a la fecha no se ha resuelto el
procedente acuerdo de no ejercicio de la acción penal, lo cual me ha colocado en estado de indefensión y franca incertidumbre jurídica, en agravio de los derechos fundamentales que más adelante se indican”…
Y entonces, en su alegato llegamos al colmo del descaro porque es
ahora Gutiérrez de la Torre el que está en indefensión y franca
incertidumbre jurídica.
Y yo me pregunto cuánto tiempo más tienen que esperar las víctimas,
con la zozobra y el miedo de que Gutiérrez de la Torre y el Movimiento
Territorial del PRI en la Ciudad de México se cobren venganza contra
ellas, como ya lo hicieron balaceando la oficina de la CATWLAC.
Eso se ve claramente reflejado en sus declaraciones y peritajes psicológicos que dicen:
… “Me impresionó mucho la confianza que mostraban esas personas en ofrecerte el trabajo, yo vi en PRISCILA, ADRIANA Y SANDRA mucha confianza y absolutamente nada de miedo en que sean descubiertas o que algo les pueda pasar”…
Testimonio de víctima
… “me puse a pensar en lo que CLAUDIA PRISCILA MARTÍNEZ GONZÁLEZ
me había dicho, que tal vez yo le podía gustar y entonces él me
propondría algo, fue cuando pensé que no respetarían que sólo fuera
imagen, además me sentía como cómplice, al permitir que chicas jóvenes
tuvieran que aceptar ser objetos sexuales de ese hombre sólo por
necesidad o miedo”…
Testimonio de víctima
… “A nivel emocional: se
detectaron sentimientos de miedo al encontrarse dentro de instalaciones
del PRI DF después de negarse la evaluada a aceptar el trabajo que le
proponían el cual incluía la realización de actividades sexuales: “a mí
me dio mucho miedo, le dije que solamente iba con el puesto de
recepción, ella me dijo que muchas gracias y me salí de ahí, solamente
pensaba en salir de ahí, en poder irme, tenía mucho miedo de que me
hicieran algo porque les había dicho que no, ya simplemente reaccionaba,
no pensaba tanto en hacer cosas… lo hice por miedo, yo ya no quería
seguirme negando porque pensaba que me podía pasar algo… esa noche no
pude dormir porque tenía mucho miedo, sabía que tenía regresar por mis
papeles y ellos ya tenían mis datos… le platiqué a mi mamá y a una tía,
dije que tenía mucho miedo… salía y me daba pavor ver que las motos se
empezaban a meter entre los carros, para mí era que si me iban a hacer
algo iba a ser con una moto porque pueden escapar rápido, me daba mucho
miedo por mi familia”…
Testimonio de víctima
Cuánto tiempo más tienen que esperar a que les hagan justicia. Ya basta de impunidad.
Este es un artículo de opinión de
Valeria Esquivel, funcionaria principal de Políticas de Empleo y Género
del Servicio de Empleo, Mercados de Trabajo y Jóvenes de la Organización
Internacional del Trabajo (OIT).
GINEBRA, 20 ago 2020 (IPS) -
Soy una economista feminista. Mi trabajo consiste en examinar de qué
manera las desigualdades entre los hombres y las mujeres forman parte
integral del funcionamiento de los mercados laborales y ayudar a
nuestros mandantes a poner en práctica los que llamamos políticas de
empleo con “perspectiva de género”, es decir políticas macroeconómicas,
sectoriales y del mercado de trabajo que contribuyan explícitamente a la
igualdad de género.
Antes de la crisis provocada por la covid-19, un gran número de mujeres estaban excluidas del mercado de trabajo. La pandemia ha empeorado mucho las cosas.
Esta crisis afecta a las trabajadoras de manera desproporcionada
quienes están perdiendo sus empleos a una velocidad mayor que los
hombres. Más mujeres que hombres trabajan en sectores que han sido
perjudicados por las consecuencias económicas de la pandemia, como los
sectores del turismo, la hostelería y la confección.
Un gran número de trabajadores domésticos, en su mayoría mujeres, también corren el riesgo de perder su empleo. La gran mayoría de los trabajadores de la salud son mujeres, lo cual aumenta el riesgo de contraer el virus.
La autora, Valeria Esquivel
Además, la fragilidad de su situación laboral, unida al reducido
acceso al trabajo y a la protección social, ha implicado que las mujeres
sean especialmente vulnerable a la pandemia, aún en sectores que, hasta
ahora, habían sido menos perturbados.
Una de las ideas centrales de la economía feminista es que el trabajo
de cuidado no remunerado que se lleva a cabo en los hogares y las
familias para apoyar la vida cotidiana es una parte vital del sistema
económico.
Este tipo de trabajo es realizado principalmente por las mujeres y la mayoría de las veces no es reconocido como tal.
El cierre de las escuelas y el cuidado de las personas que se
enferman, ha obligado a las mujeres que han tenido la suerte de mantener
su empleo a reducir las horas de trabajo o a prolongar el total de
horas de trabajo (remuneradas y no remuneradas) hasta niveles
insostenibles.
A continuación, cinco formas para garantizar que la crisis del
coronavirus no perjudique las perspectivas de empleo de las mujeres a
largo plazo:
Evitar que las mujeres pierdan su empleo gracias a la implementación
de políticas que las ayuden a conservar su empleo, ya que las mujeres
tienen mayores dificultades que los hombres para regresar al trabajo
remunerado una vez superadas las crisis. Estas políticas, al compensar
las pérdidas de salarios ocasionadas por la reducción temporal de las
horas de trabajo o la suspensión del empleo, pueden contribuir a
mantener a las trabajadoras en su empleo y proteger sus competencias.
Ayudar a las mujeres a encontrar un nuevo empleo si lo han perdido:
Los Servicios Públicos de Empleo (SPE), que ponen en contacto los que
buscan trabajo con los empleadores, pueden ayudar a las mujeres a
encontrar trabajo en los servicios de producción esenciales. A nivel
local, pueden agilizar la colocación en sectores que están contratando
durante la pandemia.
Evitar reducir los subsidios: Los recortes del gasto en los
servicios públicos tienen repercusiones desproporcionadas sobre las
mujeres y los niños. Por ello es tan importante evitar la reducción en
los presupuestos de salud y educación, los salarios y las pensiones. Las
crisis pasadas han demostrado que, cuando el apoyo a empleo y la
protección social están al centro de las medidas de estímulo,
contribuyen a estabilizar los ingresos de los hogares y a acelerar la
recuperación.
Invertir en el cuidado: Los servicios de cuidado tienen el potencial
de crear empleos decentes, sobre todo para las mujeres. Esta crisis ha
evidenciado cuán difícil y subvalorado es con frecuencia el trabajo de
los trabajadores domésticos, cuya contribución ha sido, y sigue
siéndolo, esencial para superar la pandemia. Mejorar sus condiciones de
trabajo puede tener un impacto significativo sobre muchas trabajadoras,
dado el gran número de ellas que trabaja en el sector del cuidado.
Promover políticas de empleo dirigidas a las mujeres: Es necesario
que los gobiernos contrarresten los efectos de la crisis de la covid-19
sobre las mujeres. Desde una perspectiva más amplia, los planes de
estímulo macroeconómico deben seguir apoyando y creando empleos para las
mujeres. Las políticas deben concentrarse en los sectores más afectados
que emplean a un gran número de mujeres, junto a medidas que
contribuyan a subsanar los déficits de competencias y a eliminar las
barreras prácticas de entrada al mercado de trabajo.
La brecha salarial que existe entre hombres y mujeres
preocupa y está cuantificada. En España es de casi un 12%, mientras que
la media europea se sitúa en torno al 14%. Sin embargo, pasa
desapercibida otra brecha de género aún más ancha, la brecha pensional,
cuantificada en Españaen torno al 34%. La sexta mayor cifra de la UE,
donde la media se sitúa en un 37%.
¿Por qué es tan urgente dar una interpretación de género a los
sistemas de protección social? Porque las reformas efectuadas hasta
ahora han resultado ya no regresivas sino “ciegas” a la perspectiva de
género.
Vincular las pensiones a las trayectorias laborales o ampliar los
periodos de cotización necesarios para acceder a las pensiones perjudica
principalmente a las mujeres. Ellas cotizan un 40% menos que los hombres y suelen tener cotizaciones menores en su vida laboral activa.
¿Está la igualdad en el mercado de trabajo garantizada por ley?
No es un problema de falta de regulación. Nadie pone en duda la igualdad formal que garantiza la Constitución,
lo que queda por conquistar es la igualdad real. En pleno siglo XXI las
mujeres deben poder incorporarse al mercado de trabajo sin sufrir
sesgos de género como la informalidad, la precariedad o la la
parcialidad.
También es necesario que mujeres y hombres se impliquen por igual en
los cuidados familiares (de menores y de mayores dependientes). Esto, a
través del reconocimiento de derechos de titularidad neutra, es decir,
que permisos, licencias, reducciones de jornadas y excedencias sean
ejercidos tanto por mujeres como por hombres.
¿Cuáles son los problemas de las mujeres pensionistas?
En España las pensiones de jubilación y las de viudedad son una buena
herramienta para observar las diferencias de género en el sistema de
pensiones.
Las pensiones contributivas de jubilación de las mujeres españolas
apenas representan una pequeña porción de las pensiones de este tipo que
concede el Sistema de la Seguridad Social y, además, son de menor
cuantía que las de los hombres.
En 2019 el Sistema de la Seguridad Social pagaba casi 10 millones de pensiones en
el Régimen General de la Seguridad Social (RGSS), de las que 6 millones
son pensiones de jubilación: el 63,25% corresponden a hombres y el
36,75% a mujeres. Si el importe medio es de 1 137,81 euros al mes, las
de los hombres ascendían a 1 312,42 euros al mes, mientras que las de
las mujeres apenas llegaban a los 858,21 (un 34,61 % menos).
Las nuevas jubiladas siguen cobrando pensiones inferiores a las de
los nuevos jubilados. No obstante, la diferencia entre ambos importes
(1 480,30 euros al mes para los hombres y 1 155,14 para las mujeres en
2019) y el número de nuevas altas (más del millón y medio de hombres
frente a poco más del millón de mujeres en 2019) se han ido reduciendo
progresivamente.
Esto se debe al aumento de la longevidad, es decir, al incremento de
jubilados y jubiladas de mayor edad, por el aumento en la esperanza de
vida ya no solo al nacer, sino a partir de la edad de jubilación y,
especialmente, más allá de los 85 años.
Las particularidades de la pensión de viudedad
La pensión de viudedad es una pensión derivada, que genera la persona
que fallece y que, según las estadísticas demográficas, suele ser el
hombre por contar con una esperanza de vida inferior a la de las
mujeres. Estas pensiones representan un 24,2% del total.
Las pensiones contributivas de viudedad que perciben las mujeres
tienen un importe medio superior a las de los hombres, básicamente
porque son pensiones derivadas y no propias. También son superiores a
los de las pensiones generadas por los aportes propios del trabajo de la
mujer para su pensión de jubilación.
Estamos entonces ante una brecha de género en pensiones invertida. De
los poco más de 2 millones de pensionistas por viudedad que había en
2019, el 84% eran mujeres. El importe medio de las pensiones de viudedad
de las mujeres rondaba los 810,49 euros/mes, mientras que el de los
hombres apenas superaba los 465,25 euros/mes.
¿Son las pensiones de viudedad cruciales en la protección social de
las mujeres que no cuentan con pensiones propias de jubilación?
Las pensiones de viudedad gozan de gran protagonismo en el debate
sobre la modernización del sistema de pensiones. En las últimas
modificaciones normativas no se han tenido en cuenta los efectos de la
incorporación de la mujer al mercado de trabajo. Quizás sea por temor al
descontento social que causaría pues, pese a que ha cambiado el modelo
sociocultural del país, muchos ciudadanos entienden que se trata de un
derecho inherente a las mujeres que no han trabajado fuera de casa.
Así, razones electoralistas ponen trabas a una reforma del sistema de
pensiones que se adapte a la realidad vigente, e impiden evaluar
opciones como:
Considerar incompatible la pensión de viudedad con la de jubilación y/o con el salario (no se justifica la necesidad derivada).
Desplazar
la pensión de viudedad a un nivel no contributivo o asistencial de
protección social (ya sea modificando su naturaleza o su fuente de
financiación), destinado a proteger a personas en situación de
necesidad.
Probablemente será preciso esperar a que la incorporación femenina al
mercado laboral alcance mayores cotas que las actuales para proceder a
estos cambios, tan necesarios para el mantenimiento del sistema y la
coherencia con sus principios.
La pensión de viudedad ha cumplido la función que le fue asignada
hace 50 años, pero no tiene sentido mantenerla para mujeres que no han
estado sometidas al clásico reparto de roles: trabajo productivo (el
hombre como proveedor) vs. trabajo reproductivo (exclusivo de las
mujeres).
¿Qué papel juegan las pensiones no contributivas en la protección social de las mujeres?
Desde la instauración de las prestaciones no contributivas las
mujeres han sido el principal colectivo beneficiario de estas pensiones.
En 2019, y manteniendo una constante a lo largo de casi tres décadas
de abono de estas pensiones, las mujeres han constituido el 65% de los
perceptores de estas pensiones y, si hablamos de pensiones no
contributivas por jubilación, ese porcentaje se eleva hasta el 75%
Estos porcentajes muestran el peaje que tuvieron que pagar las
mujeres en una sociedad machista que les impidió bien integrarse en el
sistema, bien obtener el número de cotizaciones suficientes para acceder
por sí mismas a la protección que proporciona el Sistema de Seguridad
Social.
La mitad de la población del mundo ya no está dispuesta a perpetuar
los sesgos de género que históricamente han perjudicado a las mujeres.
Este debe ser un compromiso con las generaciones futuras de mujeres y
hombres.
Es necesario un compromiso férreo para superar definitivamente
cuantas brechas de género existen, y de apostar por medidas
compensatorias de las diferencias.
Corregir la brecha de género en las pensiones es fundamental para
resolver otras gravísimas, como la de la pobreza y la vulnerabilidad
social.
Tuxtla Gutiérrez, Chis. La colonia Yuquis se ubica
al lado oriente norte de Tuxtla Gutiérrez. Es parte de una zona que es
considerada como foco rojo por la violencia que se vive y también por la
situación de vulnerabilidad en la que se encuentran la mayoría de sus
habitantes. En este lugar vive Banessa Paola Gómez Aguilar, de 25 años
de edad, quien es licenciada en Criminología y Criminalística, y trabaja
para un programa de cultura comunitaria.
Durante la pandemia, a Banessa le ha tocado ver cómo dos de sus
conocidas de 18 años decidieron migrar a Tijuana para trabajar en las
maquiladoras, también tuvo que organizar una rifa para que otra de sus
vecinas pudiera pagar la inscripción de la universidad. Esa es la
realidad que viven las personas jóvenes en la periferia de una ciudad, y
cuando son mujeres hay que sumarle las desigualdades de género, dice.
Le molesta que el discurso oficial sobre las juventudes lo encabecen
las personas adultas, que además lo hacen sin tomar en cuenta las
diversas juventudes.
“Acaba de pasar el día de la juventud y veo foros donde solo hay una
persona joven, todos los demás son adultos, que hablan desde sus
privilegios y sin entender siquiera que no es lo mismo lo que pasa una
joven en el centro del estado que en la costa o las zonas indígenas.
Aquí mismo en la ciudad se vive diferente desde la periferia, en donde,
por ejemplo, con esta pandemia se toma clases desde los “ciber” o el
celular y la señal es muy mala. No hay acceso a tener una computadora en
casa o tener servicio de internet”.
Para Banessa los principales problemas que viven las juventudes en
Chiapas son: el acceso a la educación, el derecho a un trabajo digno y
la violencia, que actualmente ha alcanzado cifras históricas.
“Cuando hablo al acceso a la educación no solo me refiero a poder
entrar a una preparatoria o universidad, sino permanecer en ella y tener
las condiciones para tener un proceso de aprendizaje. Otro problema es
el poder tener nuestro primer empleo o un empleo digno, con salario y
horarios que no sean esclavizantes” detalló la joven.
Las mujeres jóvenes, dice, se enfrentan a los mismos retos, pero hay
que agregarle el acoso sexual en las escuelas, la calle y el trabajo,
además de la falta de garantías para decidir sobre su propio cuerpo.
Banessa habla de estos problemas que le ha tocado padecer, desde
tener que aceptar trabajos precarizados para pagar sus estudios hasta
sufrir acoso sexual laboral. Estas situaciones que la atraviesan y ha
vivido en experiencia propia es la que hizo acercarse al activismo
feminista.
A Banessa le gusta la música: los tigres del norte, el reggaetón y el
jazz. Un abanico diverso como lo son las juventudes. Le esperanza ver a
niñas y adolescentes que se están organizando bajo una conciencia
feminista, que quieren un cambio y trabajan en ello. No se trata de
romantizar la juventud ni de repetir que son el futuro porque ellos y
ellas son también presente.
Qué hacemos cuando tenemos una enorme herida, por ejemplo en la
rodilla, tras una caída sobre camino de terracería. ¿La ignoramos? ¿La
tapamos con una curita? Es absurdo, ¿verdad? Y, sin embargo, eso hacemos
cuando tenemos una enrome herida por alguna pérdida.
En la entrega pasada reflexioné sobre el dolor que llega tras una
pérdida. Y prometí hablar ahora de lo aprendido para “llegar a la
playa”. Pero, permítame ahondar un poco más en el tema del dolor, porque
es sobre el que más preguntan al presentar mi libro*.
¿Qué hago? Es la pregunta más frecuente. Yo misma me la hice cuando me di cuenta que el dolor invadía cada rincón de mi vida.
Y me di cuenta que la pregunta misma encierra uno de nuestros
principales problemas. No sabemos qué hacer con el dolor. Peor aún, lo
que nos han enseñado complica todo.
En nuestra sociedad, el entrenamiento para hacer frente al dolor, básicamente es: ignora, acalla, minimiza.
Si en la infancia lloramos tras caernos, suelen decirnos: “No pasa nada, ¡levántate!”.
Entiendo que la intención es curtirnos en fortaleza, pero el “no pasa
nada” manda el mensaje que eso que sentimos es “nada” y aunque nuestro
ser nos diga que es “algo”, no debemos darle importancia.
Si en la escuela alguna amiga o amigo hace algo que nos duele
profundamente, nos dicen: “no le hagas caso”. El mensaje es: ignora el
dolor.
A veces, al entrenamiento se agrega hacernos pensar que todo es
sustituible. Si nuestra amada mascota muere, de inmediato se adquiere
otra. Si sentimos desolación porque una amiga o amigo fue cambiado de
escuela, nos dicen “harás otros amigos”. Si un amor deja de amarnos,
nuestras amistades se apresurarán a empujarnos a encontrar otro. “Un
clavo saca otro”, dice el refrán. Lo que no dice es que hacer eso va a
dejar un hueco más grande.
Estas enseñanzas son particularmente duras en los hombres desde que
son niños. La idea dominante es que “ser hombre” es incompatible con el
dolor. Eso les hace mucho daño.
Toda esta de-formación social la recibimos en todos los espacios: la
familia, la escuela, las amistades, el trabajo, la calle, los medios de
comunicación. Y la reproducimos también. Lo hemos hecho con seres que
amamos, creyendo que hacíamos bien. ¡Nos hemos equivocado!
Las pérdidas representan heridas de gran tamaño y profundidad. Con
algunas incluso sentimos que nos desangramos. Y aplicamos lo aprendido:
ignoramos, acallamos, minimizamos.
En una charla me preguntaban cómo creía que saldría México de la
pandemia por COVID-19. Y respondí: Eso depende de lo que hagamos con el
dolor, en lo personal y como sociedad.
¿Qué haría usted con la enrome herida en la rodilla, que es profunda,
que sangra, que tiene polvo y piedritas? ¡Limpiarla! (parece que le
oigo gritarme). ¡Lavarla! ¡Desinfectarla!
En efecto. Coincido. En la siguiente entrega le propongo que hablemos de limpiar la herida.
* Claves para atravesar la tormenta (Mis aprendizajes para vivir el duelo), disponible gratuitamente en portales de libros electrónicos.
Guadalajara, Jal. En un hecho histórico, habitantes
del municipio de Tala, principalmente mujeres, jóvenes y niñas, salieron
a las calles para manifestarse y exigir justicia para una de sus
habitantes: Elsy, niña de 12 años víctima de feminicidio.
Convocada como una marcha pacífica y familiar, la movilización para conmemorar la vida de Elsy y exigir justicia por su feminicidio, logró reunir a más de mil asistentes,
quienes de principio a fin recorrieron la calle Herrera y Cairo desde
Plaza Gardenias hasta la Plaza Principal de la ciudad. Juntas y juntos,
portando carteles y coreando consignas feministas rechazaron la
violencia que vulnera la vida de las mujeres y las niñas en este
municipio de la región Valles de Jalisco.
“Estamos hartas de que abusen de
nuestras niñas, de nuestras mujeres. Estamos aquí para exigir justicia
para Elsy, para que se pueda resolver esto lo más pronto posible, es una
ofensa hacia las mujeres. En este caso ha sido de los primeros casos
que han sonado más, pero en realidad sí hay mucha violencia para las
mujeres aquí en Tala” expresó una de las jóvenes que participó en la
marcha.
“Para que sepan que los niños y las niñas no se tocan, no
se matan”, comentó otra de las participantes sobre las razones que la
hicieron salir a manifestarse.
“Estoy cansada de los índices de
violencia y feminicidios que hay en nuestro país. Es alarmante que se
sigan justificando y que las autoridades no hagan nada. El día de hoy
vamos a hablar por las que ya no están” señaló una joven más mientras la
manifestación se desplazaba hacia la Plaza Principal.
Imágenes cortesía de ZonaDocs por Dalia Souza López y Darwin Franco
Por su parte, Citlalli Bravo, una de las decenas de mujeres
jóvenes feministas que participó en la organización del
evento, reconoció con sorpresa el alcance que tuvo la movilización y si
bien lamentó que el feminicidio de Elsy haya tenido que provocar por fin
la indignación de la sociedad de Tala en torno a la violencia machista,
afirmó con certeza que ésta será una oportunidad para que las y los
habitantes, así como las autoridades, despierten y se unan:
“Surgió este caso, la verdad nos da muchísima tristeza que haya
llegado a este punto para levantar la voz así, pero de todas maneras
queremos tomar esta oportunidad para que ya Tala despierte, participe y
alce la voz por estas injusticias”.
Finalmente, todas vestidas de blanco y usando listones color morado,
llevaron consigo veladoras que después utilizaron para delinear la
frase “Justicia para Elsy” en la explanada de la plazoleta principal.
Mientras que formando un círculo alrededor de la consigna marcada con
velas, madres de familia junto con sus hijas se unieron con el puño en
alto y al unísono gritaron: “Justicia, verdad, no a la impunidad” y “Ni una niña más”.
Sobre el caso
Elsy tenía 12 años, salió de su casa el domingo 16 de agosto para
buscar un cargador de teléfono, pero nunca regresó. Permaneció
desaparecida hasta la madrugada del lunes 17 de agosto, cuando fue
localizada sin vida, con huellas de abuso sexual y violencia en un campo
de caña en el lugar conocido como “camino a La Joya” en el municipio de
Tala.
Hasta el pasado 19 de agosto, la Fiscalía del Estado afirmaba que
tenía dos presuntos responsables, uno de ellos, un hombre cercano a
Elsy, su padrastro, quien estaba siendo investigado para determinar su
responsabilidad. El segundo, un hombre con ninguna relación de
parentesco o amistad con la familia de la menor de edad, que después
fue localizado sin vida en un sembradío de caña ubicado en la colonia La
Misión, en dicho municipio.
Al respecto, las autoridades informaron que los peritos forenses realizaron el levantamiento de indicios con la finalidad de realizar perfiles genéticos y con ello, llevar a cabo la confronta con el ADN identificado en el cuerpo de la niña.
Asimismo, para determinar las causas de muerte y localizar a los responsables del homicidio de este hombre.
*Este texto fue retomado de ZonaDocs
20/DSL/LGL
En
el ámbito del trabajo de cuidado remunerado, las mujeres están
sobrerrepresentadas en empleos de baja remuneración y condiciones
laborales precarias, exponen la Cepal y ONU Mujeres. Foto: OPS
SANTIAGO, 19 ago 2020 (IPS) -
Los sistemas integrales de cuidados de las personas son una pieza clave
para la recuperación socioeconómica de América Latina y el Caribe,
plantearon dos entidades de las Naciones Unidas en un documento
divulgado este miércoles 19.
Los gobiernos de la región deben colocar esas tareas en el centro de
las respuestas ante la pandemia covid-19, señalaron ONU Mujeres, la
agencia de las Naciones Unidas que promueve la igualdad de género y el
empoderamiento de las mujeres, y la Comisión Económica para América
Latina y el Caribe (Cepal).
Para ello, deben crear “paquetes de incentivos y recuperación,
promoviendo sistemas integrales que aseguren el acceso al cuidado a las
personas que lo requieren y garantizando los derechos de las personas
que los brindan”, se afirmó.
“La
inversión en políticas de cuidados genera un triple dividendo ya que,
además de contribuir al bienestar de las personas, permite la creación
directa e indirecta de empleo de calidad y facilita la participación de
las mujeres en la fuerza de trabajo”: María Noel Vaeza.
Alicia Bárcena, secretaria ejecutiva de la Cepal, pidió un enfoque
integral para “incorporar a todas las poblaciones que requieren cuidados
y generar sinergias con las políticas económicas, de empleo, salud,
educación y protección social, sobre la base de la promoción de la
corresponsabilidad social y de género”.
Esa sería “la única manera de afrontar con éxito las diversas
consecuencias e impactos económicos y sociales causados por la pandemia,
y lograr reconstruir con mayor igualdad y sin dejar a nadie atrás”,
afirmó Bárcena.
María Noel Vaeza, directora regional de ONU Mujeres, planteó que
“esta crisis es excepcional y requiere de cambios profundos y la
ampliación de la protección social, lo que implica nuevos contratos
sociales”.
Según la responsable, “la inversión en políticas de cuidados genera
un triple dividendo ya que, además de contribuir al bienestar de las
personas, permite la creación directa e indirecta de empleo de calidad y
facilita la participación de las mujeres en la fuerza de trabajo”.
Eso supone “un retorno de ingresos para el Estado vía impuestos y
cotizaciones”, pero si no se asumen políticas de corresponsabilidad en
materia de cuidados “esta crisis puede dejar a muchas mujeres fuera de
la economía y sin poder ejercer sus derechos económicos y sociales”,
dijo Vaeza.
El documento de Cepal y ONU Mujeres planteó que “la actual
distribución de las responsabilidades de los cuidados es sumamente
desequilibrada, recayendo
principalmente en los hogares y siendo realizada mayoritariamente de manera no remunerada por las mujeres”.
Desde antes de la pandemia, las mujeres en la región dedicaban el
triple de tiempo que los hombres al trabajo de cuidados no remunerado y,
según el documento, esta situación se agravó por la creciente demanda
de cuidados y la reducción de la oferta de servicios por las medidas de
confinamiento y distanciamiento social.
A pesar de su importancia, este trabajo “sigue siendo invisibilizado,
subestimado y desatendido en el diseño de políticas económicas y
sociales” en la región.
Como reflejo del estereotipo de la feminización del cuidado, en el
ámbito del trabajo de cuidados remunerados, “las mujeres también están
sobrerrepresentadas en estos empleos caracterizados en general por una
baja remuneración y condiciones laborales precarias”.
Cepal y ONU Mujeres proponen avanzar en el levantamiento rápido de
datos sobre los impactos de la covid en el trabajo de cuidados no
remunerado y en los servicios de cuidado infantil y de personas mayores o
con discapacidad.
En sus recomendaciones, a gobiernos y otras instituciones, figuran
medidas como asegurar que los servicios de cuidados sean considerados
prioritarios, garantizando su realización de manera segura durante el
período de confinamiento.
Agregan la flexibilización de las condiciones para el acceso a bonos,
subsidios para el acceso a servicios de cuidado, promoción de la
corresponsabilidad del sector empresarial durante el confinamiento y
campañas para visibilizar la sobrecarga de las mujeres en las labores de
cuidado.
Igualmente, recomiendan expandir la protección de las personas que
desempeñan tareas de cuidado tanto de forma remunerada como no
remunerada, invertir en infraestructura de cuidados, en tecnología y
sistemas de transporte que ahorren tiempo, e integrar la economía del
cuidado en las políticas macroeconómicas.
Josefina Tunki en 2019 se convirtió en la primera
presidenta mujer del pueblo nación Shuar Arutam, una de las siete
nacionalidades indígenas de la Amazonía del Ecuador; país con menor
superficie de la región (256.370 km2), pero que alberga parte de la
mayor diversidad del mundo entero. Tunki desde muy joven luchó contra
las injusticias y pronto se encontró defendiendo la selva amazónica de
las mineras.
“Como todo pueblo, hay que ser bastante estratégicos en estas épocas;
porque nosotros nos cuidamos bastante”, me suelta Josefina Tunki y me
pide una identificación durante nuestra primera conversación. Luego me
reza unas palabras de protección: “Que tenga fuerza y que su sabiduría
la proteja para caminar en diferentes lados”, percibí el mensaje como un
decreto que me quitó el aire; nunca nos hemos visto de frente.
Josefina Tunki es una mujer de 58 años que defiende la selva
amazónica del sur del Ecuador de las mineras que se asientan en esas
tierras para extraer minerales como el cobre.
Me comparte fotos del territorio del pueblo Shuar Arutam,
en la milenaria Cordillera del Cóndor, donde sus ancestros vivieron y
crecieron, y donde yacen sus restos. Son lugares cósmicos: las lagunas,
las cuevas, los bosques y su biodiversidad. “Todo el territorio nuestro
es sagrado, ese patrimonio es nuestra vida”, dice al otro lado del
teléfono, desde la oficina donde tiene conexión para conversar conmigo,
porque en lo alto de la montaña donde vive no llega la señal.
Josefina Antonieta Tunki Tiris es la primera presidenta mujer del
pueblo nación Shuar Arutam, una de las siete nacionalidades indígenas de
la Amazonía del Ecuador. Es la mujer que representa a 12 mil habitantes
que pertenecen al pueblo independiente.
En una de nuestras conversaciones me narra que cuando tenía 13 años
se propuso estudiar, algo que en el pueblo Shuar Arutam no era algo que
hicieran las mujeres, porque no tenían la libertad de hacerlo. Josefina
conversó con su madre, María Tiris Wajarai Chapaik, pero por las
costumbres, nunca lo aprobó ni la apoyó. “Nunca celebró conmigo cuando
pasaba al siguiente año escolar, nunca le importó. Pero yo me sentía
feliz”, dice.
Su asistencia a la escuela, lo recuerda como el reconocimiento de su
primera lucha, esa epifanía que auguro su determinación en contra de
todo. Porque en el pueblo Shuar Arutam no había espacios para los
derechos de las mujeres.
Josefina nació el 15 de febrero de 1962 en la comunidad de «Chichis»,
que significa serpientes y pertenece a la asociación Santiago. Estudió
hasta el nivel secundario. Habla lengua Shuar y castellano. Josefina
carga una marca en el ceño, es una grieta en la piel, parece un tercer
ojo. Tiene el semblante y la mirada aguda; parece un cóndor que está en
lo alto vigilante.
Para garantizar su espacio de vida
“Un ser humano divino, un ser muy antiguo antes de la creación del
territorio, del planeta tierra”, me explica el misticismo del pueblo
sobre lo que significa Shuar Arutam: un pueblo invencible.
El pueblo Shuar Arutam es una de las siete nacionalidades indígenas
de la tierra amazónica (Kichwa, Waorani, Shiwiar, Andoas y Sépara),
naciones que dieron generaciones de lideresas como Josefina Tunki,
mujeres que han tenido que luchar por las representaciones de sus
Centros (comunidades) en las 200 mil hectáreas de extensión territorial
en el área del sureste de la Cordillera del Cóndor, sitio reconocido y
constituido en 2006 —tras seis años de asambleas— como el Consejo de
Gobierno del Pueblo Shuar Arutam.
Shuar Arutam está conformado por seis asociaciones (Santiago, Mayaik,
Nunkui, Sinip, Chuwia y Arutam) y 47 comunidades desde el 7 de
septiembre 2006, con el objetivo de fortalecer su sistema organizativo,
asegurar el recurso de la conservación y alcanzar un mejor equilibrio en
el desarrollo sustentable de la vida, me detalla Josefina en un
documento.
“En el último decenio, los Shuar analizaron figuras de Protección
para su bosque. Como alternativa a las Áreas Protegidas por el Estado,
los shuar crearon la figura de Territorio Shuar Protegido para la
Conservación. Allí, tienen su propio Gobierno Shuar Territorial
Autónomo, y realizan el manejo del 25% de su bosque, conservando el
resto para garantizar su espacio de vida”.
Josefina define la defensa del territorio y del medio ambiente como
parte de los derechos constituidos en la Constitución Política de
Ecuador. “Es nuestra tierra que le pertenece a cada familia que
enriquece los cursos de la vida de este territorio”, dice.
Nos buscamos, se nos cruzan las llamadas para conocernos más, porque
dice que hacerlo es importante. Entonces, me platica que inició su lucha
desde las bases con un curso de capacitación en defensa del territorio y
medio ambiente. En 1978, cuando Josefina tenía 16 años, ya estaba
dentro de la Federación Interprovincial de Centros Shuar (FICSH).
Después, para 1996, se convirtió en secretaria, también fue vicesíndica y
sindica. Relata que nunca se sintió sola porque estar ahí representaba
vivir en lo colectivo, en sociedad.
Sin embargo, los líderes de la FICSH estaban recibiendo dinero del
gobierno para permitir que empresas mineras transnacionales (Exa,
Solaris Resources, Lowell, EcuaSolidos y SolGold) tomarán su tierra.
Estas empresas, sostiene Josefina, han obligado al desplazamiento
forzado y han saqueado los minerales; territorio que hoy está todo
concesionado, dice.
Ese fue el momento en el que Josefina decidió dejar la federación,
salió para formar parte del Consejo del Pueblo Shuar Arutam; ahí, en
2010, llegó a ser presidenta de la Unidad Ejecutiva Assokanus que
vigilaba el uso correcto de los recursos materiales y legales de las
maderas y su procesamiento para evitar crímenes contra los árboles de la
Cordillera del Cóndor.
La primera presidenta del pueblo Shuar Arutam
En 2019, la nación del pueblo Shuar Arutam estaba en asambleas para
renovar su formación organizacional, momento en que no tenían registro
de perfiles de mujeres indígenas para los cargos. Las compañeras mujeres
propusieron a Josefina, porque todas las veces gobernaban hombres. Esa
mañana del 1 de junio, por votación directa y unánime Tunki asumió la
presidencia. Por cuatro años deberá dirigir a un Consejo de Gobierno
conformado por 12 varones. Ha sido la primera vez que sucede en una
organización Shuar
Josefina tiene un gran compromiso, porque, dice, “estar al frente de
ciudadanas, niñas y niños, se tiene que hacer un esfuerzo más grande
para gestionar y hacerlo desde cero para hacer frente al gobierno”.
Este primer año que lleva como presidenta, Josefina ha vivido en
amenaza constante por parte de las mineras EcuaSolidos y Solaris
Resources, y del gobierno de Lenin Moreno. Incluso estas mineras y el
gobierno la han llamado “punto rojo” para señalarla; es una amenaza,
dice.
La organización Amnistía Internacional publicó en 2019 el informe “No
nos van a detener. Ecuador: Justicia y Protección para las Mujeres
Amazónicas Defensoras de la Tierra, el Territorio y Medio Ambiente”, que
contiene los resultados de las investigaciones que realizó en 2018 por
las agresiones contra las mujeres amazónicas ecuatorianas. En el informe
se hace mención a las amenazas de muerte, ataques y hostigamiento en
sus domicilios perpetrados contra mujeres indígenas, lideresas,
defensoras integrantes del colectivo “Mujeres Amazónicas Defensoras de
la Selva de las Bases Frente al Extractivismo (Mujeres Amazónicas)”.
Precisamente, en el informe se menciona que en el Día Internacional
de los Pueblos Indígenas (el 9 de agosto de 2018), Amnistía
Internacional, junto a otras organizaciones ecuatorianas como Amazon
Watch, lanzó la campaña “Guardianas de la Naturaleza” y una carta
dirigida al presidente ecuatoriano, Lenín Moreno. La misiva de cuatro
puntos solicitaba medidas de protección para las mujeres defensoras de
la tierra que no han sido implementadas: Que se investiguen
efectivamente las amenazas y ataques contra personas defensoras de los
derechos humanos y se tenga transparencia de los resultados para ejercer
justicia; que se diseñe una política de protección para personas
defensoras de derechos humanos de acuerdo con la Corte Interamericana de
Derechos Humanos (CIDH); que incluya las voces de las personas
indígenas y de organizaciones.
Se pide también a la Fiscalía General del Estado ecuatoriano un
protocolo de investigación para los delitos contra personas defensoras
de derechos humanos con un enfoque de género e identidad indígena y
campesina, que incluya a las persona que defienden derechos vinculados a
la tierra, el territorio y medio ambiente, esto por la histórica
criminalización de la protesta de las mujeres amazónicas.
También denuncia que lejos de existir un compromiso de respeto por la
organización social de las nacionalidades indígenas, el gobierno inició
un agresivo proceso de desconocimiento de las verdaderas
organizaciones, líderes, y empezó a legalizar a organizaciones y
personas afines al propósito extractivista en la Amazonía, estimulando
así las acciones de violencia sobre todo en contra de las mujeres
lideresas. En la implementación de los proyectos extractivos, petroleros
y con el inicio de las operaciones mineras y concesiones a las empresas
EcuaCorriente S.A (ECSA), Lowell, EcuaSolidos, Belarusian Oil Company,
Andes Petroleum y CELEC EP, no se respetaron estos derechos, detalla el
documento.
En entrevista para Distintas Latitudes el
coordinador de Amazon Watch en Ecuador, Carlos Mazabanda, explicó que
uno de los puntos que han hecho que la lucha de las mujeres no sea tan
visible en el Ecuador es la misma estructura organizativa que ha surgido
en los movimientos en las organizaciones indígenas y campesinas.
“Vivimos en una sociedad patriarcal y el rompimiento con estas
estructuras ha sido un proceso por el reconocimiento de los derechos
colectivos, indígenas, ambientales”, explica vía telefónica.
Sin embargo, en los territorios el rol de las mujeres es protagónico.
A principios de los años dosmiles, un ejemplo es el caso de las mujeres
de la comunidad Kichwa de Sarayaku, quienes lideraron la defensa del
territorio contra la empresa petrolera Estatal de Petróleos del Ecuador
y el consorcio conformado por la Compañía General de Combustibles S. A.
y la Petrolera Argentina San Jorge S.A., a quienes se les otorgó por
contrato el espacio territorial de una superficie de 200 mil hectáreas
en el que vive el pueblo Kichwa.
En este proceso en que las mujeres indígenas asumen la defensa de sus
pueblos ya se han elegido mujeres en cargos determinantes en
representación de la organización de la nacionalidad como en el caso de
Josefina Tunki.
Mazabanda reconoce que si bien las amenazas relacionadas a proyectos
extractivos en territorios indígenas es fuerte, en Ecuador —es el primer
exportador de petróleo y minería— no se tiene la situación de Colombia o
Brasil, donde los defensores y defensoras han sido sacrificadas por sus
causas.
Y aunque Josefina es la presidenta, aún existe la discriminación
contra las mujeres en el tertitorio Shuar Arutam por parte de los
compañeros del consejo para que las mujeres puedan tener un cargo
organizacional, reafirma Josefina.
Las naturaleza como resistencia contra la covid-19
Josefina Tunki se disculpa porque no ha respondido las llamadas, me
dice en un mensaje que le ha tocado respaldar a compañeros que en la
organización presentaron familiares que fueron afectados por el
SARS-CoV2. Está preocupada.
“Es una pesadilla, hemos luchado frente al covid con la entrega de
medicamentos y raciones alimenticias a las compañeras de la
organización, estamos haciendo esfuerzos”.
Me comparte fotos, vídeos, donde se mira como la organización provee
tratamientos naturales que da la tierra amazónica, porque no han
recibido atenciones del Ministerio de Salud Pública. “Nosotros
dispusimos el regreso de compañeros a sus Centros (comunidades) e
incluso utilizamos la radio ‘La voz de la cascada’ para informar sobre
el covid y difundir cómo prevenir los contagios y formas naturales de
salir de él”, relata.
“Combatimos la pandemia con medicinas tradicionales, pidiendo a Dios Arutam por las personas enfermas», me cuenta Josefina.
Sube la voz y denuncia que en marzo la empresa Solaris Resources, que
se estableció en la comunidad de Warints, no llevó a cabo el decreto
del gobierno ecuatoriano de toque de queda o “quédate en casa” y sólo
suspendió sus actividades 15 días. “Los habitantes ya están
acostumbrados porque para ellos es su modo de subsistencia, es muy
difícil para ellos”.
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“Lo que me tranquiliza es cuando logro un objetivo, también cuando me
contacto con los aliados estratégicos de nuestra organización y mi
mejor distracción es estar en contacto con mis amigos y amigas,
familiares cuando me apoyan moralmente”, dice la defensora.
En la nacionalidad Shuar el liderazgo de una mujer es muy difícil.
“Porque es quien se encarga de todo, de la casa, de los hijos e hijas,
incluso si es profesional o en donde conduzca su labor, no pueden
ausentarse”, reconoce.
Y aunque Josefina no tiene hijos, aún se vuelve una tarea difícil defender su rol.
“Yo vine a caer en el mundo y sola regresaré de donde vine”, dice. Yo la veo como el cóndor que todo lo vigila.
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Mujeres de palma y maíz. Una serie de historias
de mujeres indígenas que defienden el agua, la tierra, los bosques, los
ríos y los derechos de las mujeres campesinas. Historias de las voces
silenciadas de quienes están en la primera línea en la lucha por la
preservación de los ecosistemas y la protección de los derechos humanos
en América Latina.
