Ayuda a sobrevivientes y busca justicia para víctimas de Isis
El
Premio Nobel de la Paz 2018 dignifica la labor de dos personas que
trabajan contra el uso de la tortura sexual en guerras y conflictos. Se
trata de la Yazidi iraquí, Nadia Murad, y el ginecólogo congolés, Denis
Mukwege.
Nadia Murad proviene de una familia de la minoría religiosa yazidi en
Irak. En 2014, tropas del grupo yihadista Estado Islámico (Isis)
invadieron su pueblo, la capturaron y la vendieron en esclavitud. Su
madre y sus seis hermanos fueron asesinados.
Murad fue “vendida” varias veces, resistió meses de tortura sexual,
hasta que un día logró escapar. A pesar de sufrir las consecuencias
físicas y psicológicas de este trauma, decidió hablar en público sobre
lo que vivió, y llamar la atención mundial sobre la situación de las
mujeres yazidíes, muchas de ellas todavía desaparecidas, o sin atención
médica en campos de refugiados de la región.
Desde entonces, viaja alrededor del mundo para luchar contra la
tortura sexual como arma en las guerras. Publicó un libro que se llama
“La última niña”, en referencia a que quisiera que ella sea “la última
niña con una historia como yo”. Fue nombrada enviada especial de la ONU
para los derechos de las personas víctimas de trata.
Murad concentra su trabajo en la ayuda para sobrevivientes, y la
búsqueda de justicia para las víctimas del Isis. En entrevista con el
Comité Nobel, se mostró contenta por el premio “por todas las mujeres
yazidi y en Irak, porque especialmente para las mujeres del Medio
Oriente, no es fácil hablar de tortura sexual, no fue fácil para mí,
pero me escucharon.”
El ginecólogo Denis Mukwege es uno de los más reconocidos expertos al
nivel mundial en reconstrucción física de víctimas de violación. Tiene
una clínica en el este de la República Democrática de Kongo, región
azotada por conflictos bélicos desde los años 90, y donde la violación
de la población civil es un arma recurrente de soldados, paramilitares y
guerrilleros.
Estuvo a punto de terminar su segunda cirugía del día cuando recibió
la noticia de que había ganado el premio. “Afuera escuché que empezaron a
gritar”, dijo en entrevista con el Comité Nobel, y agregó: “Puedo ver
en las caras de muchas mujeres que son felices de ser reconocidas.”
En su clínica en la ciudad de Bukavu, ha tratado miles de mujeres,
muchas de ellas sin costo. Pero no solamente trata los daños físicos de
la violación, o violación en grupo. En su clínica, las mujeres también
reciben ayuda psicológica para trabajar su trauma.
Muchas de ellas, luego de la violación, son estigmatizadas y no
pueden volver a su pueblo, por lo que la clínica también preve un
espacio donde se pueden quedar por un plazo más largo.
Denis Mukwege hace su campaña contra la violencia sexual y la
estigmatización pública, por lo que ha recibido muchas amenazas. En
2012, tuvo que huir de su país natal junto a su familia, pero un año más
tarde, volvió a Bukavo para seguir trabajando en su clínica.
El ginecólogo ya fue galardonado con varios premios, entre ellos el
“Premio Nobel Alternativo”, el Premio de Derechos Humanos de la ONU, y
otro del mismo nombre de la Unión Europea.
Organizaciones sociales celebraron la decisión del Comité Nobel de
otorgar el premio a ambos. El secretario General de Amnistía
Internacional, Kumi Naidoo, opinó que los dos eran “faros de esperanza”
en un mundo donde la tortura sexual sigue siendo una herramienta
frecuente en ataques de guerra.
Al mismo tiempo, consideró que su trabajo demuestra la necesidad de
luchar contra la impunidad que viven los perpetradores de violencia
sexual en la guerra, a pesar de una resolución que la ONU adoptó en
2008, obligando a los Estados a investigar estos crímenes.
Varias instituciones y personalidades de las Naciones Unidas, como la
directora de ONUMujeres, Phumzile Mlambo, la Vice Secretaria General,
Amina Mohammed, y el Alto Comisionado para las y los Refugiados, Filippo
Gracci, les felicitaron.
La Alta Comisionada para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet,
escribió: “Es difícil imaginar a dos ganadores más dignos del Premio
Nobel de la Paz que Nadia Murad y Dr. Denis Mukwege”, y expresó su
gratitud: “Se necesitan más personas como ustedes defiendan los derechos
de las mujeres, la justicia, los derechos de las minorías, y los
derechos de todos.”
Nadia Murad, activista yazidí, y DenisMukwege, ginecólogo, los laureados
▲ El médico congoleño Denis Mukwege y la activista yazidí Nadia Murad, en imágenes de archivo
Oslo. El Premio Nobel de la Paz fue otorgado este viernes
al médico congoleño Denis Mukwege y a la yazidí Nadia Murad, ex esclava
sexual cautiva por el grupo extremista, Estado Islámico (EI), dos
símbolos de la lucha contra la violencia sexual utilizada como arma de guerra en conflictos.
Mukwege, ginecólogo de 63 años, y Nadia de 25 quien es portavoz de la
causa de las mujeres y de su pueblo, encarnan un movimiento global que
supera el marco de los conflictos, ambos galardonados por sus esfuerzos para poner fin al uso de la violencia sexual como arma de guerra, indicó la presidenta del Comité Nobel, Berit Reiss-Andersen
Ambos dedicaron su premio a los cientos de miles de mujeres víctimas de la violencia sexual, no
me resultó fácil hablar de lo que me ocurrió porque no es fácil,
especialmente para las mujeres en Medio Oriente, decir que fuimos
esclavas sexuales, destacó Murad.
El Nobel "significa mucho, no solo para mí sino para todas las
mujeres de Irak y de todo el mundo víctimas de violencia sexual”, dijo
la joven iraquí por teléfono al sitio web del premio Nobel. Nadia Murad,
de la minoría yazidí, quien vivió los horrores de la guerra en que
miles de niñas y mujeres de su comunidad, fueron esclavas sexuales del
EI. Ella logró huir en 2014.
Embajadora de Buena Voluntad para la Dignidad de los Sobrevivientes
de la Trata de Personas de la Oficina de las Naciones Unidas contra la
Droga y el Delito desde 2016, Murad, cuya madre y seis hermanos fueron
asesinados por el EI, lucha para que sea considerada genocidio la
persecución de la minoría yazidí, lo que fue objeto de un documental,
premiado este año en el Festival de Sundance titulado On Your Shoulders.
Mukwege, señaló que este Premio Nobel supone un reconocimiento del
sufrimiento y de la falta de una reparación justa para las mujeres
víctimas de violaciones y de violencia sexual en todos los países del
mundo y en todos los continentes, en una declaración desde su
hospital africano de Panzi, que fundó en 1999 en Bukavu, en el este de
República Democrática del Congo (RDC).
El Hombre que Repara Mujeres, título de un documental que narra su historia, estaba en plena filmación cuando llegó la información sobre el Nobel, estaba en el quirófano ... de repente entró gente y me informaron sobre la noticia,
contó Mukwege al periódico noruego VG, su hospital trató a unas 50 mil
víctimas de violaciones, entre mujeres, niños e incluso bebés, a lo
largo de dos décadas, para este médico congoleño, las violencias
sexuales son armas de destrucción masiva.
Asimismo, el gobierno iraquí envió su respeto más profundo a Murad y se dijo comprometido
a apoyar a las víctimas de violencia sexual perpetrada por el EI en
Irak y a brindar una justicia significativa a los sobrevivientes.
El Subsecretario General y Director Ejecutivo de Naciones Unidas Mujeres, Phumzile Mlambo-Ngcuka, celebró ambos nombramientos a estos líderes de igualdad de género, junto con su cuidado y confianza de las mujeres y recibió con
gran satisfacción la decisión del Comité Nobel de Noruega de otorgar el
Premio Nobel de la Paz para 2018 a Mukwege y Murad por sus esfuerzos
para poner fin al uso de la violencia sexual como arma de guerra y
conflicto armado.
La alta comisionada para los Derechos Humanos de Naciones Unidas, la
chilena Michelle Bachelet, reconoció el anuncio del Comité del Nobel
subrayando que es difícil imaginar a dos laureados más dignos.
El
Observatorio Ciudadano de los Derechos Humanos de las Mujeres de la
Cátedra UNESCO de la UNAM vigilará que el Estado mexicano cumpla con las recomendaciones que le entregó
el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer
(CEDAW por sus siglas en inglés) el pasado 20 de julio de 2018.
Esta semana del 3 al 5 de octubre académicas, agrupaciones civiles y
legisladoras se reunieron en los “Foros de Trabajo sobre las
recomendaciones del Comité CEDAW 2018” en la Universidad Nacional
Autónoma de México (UNAM) para dialogar sobre tres temas primordiales
que consideran, el Estado debe atender en cumplimiento con la CEDAW:
garantizar los derechos laborales de las trabajadoras del hogar,
erradicar el matrimonio infantil e impulsar el papel de la mujer en la
construcción de la paz del país.
La Cátedra UNESCO de Derechos Humanos de la UNAM desde 2007 supervisa
que el Estado mexicano aplique la Convención sobre la Eliminación de
todas las formas de Discriminación contra la Mujer por medio de un
sistema de evaluación e indicadores que le permiten generar informes
temáticos de los avances que hace el gobierno.
En esta ocasión no será la excepción, la coordinadora de la Cátedra
UNESCO la doctora Gloria Ramírez Hernández, dijo que generarán
indicadores específicos para medir el cumplimiento de cada recomendación
de CEDAW debido a que abarcan distintos temas como mujeres migrantes,
educación, salud, feminicidio, desaparición de mujeres, aborto, mujeres
privadas de la libertad, violencia política, entre otros temas.
En el último día de los foros, la dirigente de la “Alianza Feminista”
del estado de Guerrero, María Reyna Aguilar, señaló que las
organizaciones civiles tienen el compromiso de vigilar el cumplimiento
de las recomendaciones que emitió CEDAW, ejemplificó que en su estado
comenzaron una jornada informativa con los medios de comunicación para
difundir entre la sociedad civil qué es la CEDAW y cómo este mecanismo
obliga al Estado a garantizar los derechos de las mujeres.
Entre los temas a vigilar dijo están la aprobación del Convenio 189
de la Organización Mundial del Trabajo (OIT) que permite garantizar a
las trabajadoras del hogar un salario digno y prestaciones sociales que
actualmente las leyes mexicanas las exenta de este derecho.
La impulsora del Sindicato de Trabajadoras y Trabajadores del Hogar,
Marcelina Bautista Bautista, dijo que no dejarán de exigir al Estado la
aprobación del Convenio 189 y Gloria Ramírez recordó ha sido una
recomendación constante del Comité de CEDAW que sin embargo el gobierno
mexicano no la ha atendido.
En una de las recomendaciones de esta novena evaluación se reitera
por las expertas de CEDAW en esta última evaluación: “reconocer el
trabajo remunera del hogar como cualquier otro trabajo y garantizar sus
derechos laborales”.
Entre las participantes también estuvo la exsenadora Angélica de la
Peña Gómez quien insistió que impulsarán que la nueva administración que
entrará en funciones “no menoscabe los derechos de las trabajadoras del
hogar” aun cuando no se ha dado el reconocimiento formal de sus
derechos con la aprobación del Convenio 189.
Respecto al matrimonio infantil la doctora Gloria Ramírez dijo que es
indispensable trabajar y coordinarse con las instituciones del gobierno
responsables de erradicar esta problemática –por ejemplo- participar
con la Secretaría del Sistema de Protección de Niñas, Niños y
Adolescentes (SIPINNA) para generar mecanismos de seguimiento a las
recomendaciones de CEDAW.
En este rubro CEDAW pidió al Estado eliminar las dispensas o
cualquier previsión legal en las entidades federativas que aún permiten
contraer matrimonio con niñas y adolescentes.
La primera evaluación que hará CEDAW al gobierno mexicano sobre estas
recomendaciones será en dos años, el Comité pidió al gobierno en
específico un informe sobre los avances en la atención de la violencia
contra mujeres y niñas, una situación que fue enfática en este último
informe de emitir medidas de urgencia.
La coordinadora de la Cátedra UNESCO recordó que en esta novena
evaluación del Estado mexicano ante la CEDAW participaron 11 redes de
organizaciones civiles para presentar información al comité de expertas
de las acciones que realizó el gobierno mexicano respecto a los derechos
de las mexicanas.
Cada organización desde su experticia abonó datos al “Informe sombra
sobre el seguimiento de las recomendaciones del Comité CEDAW al Estado
mexicano 2018” que presentaron en julio en la evaluación en Ginebra,
Suiza.
Hablar sobre la situación de las migrantes, la educación de las
mujeres, matrimonio infantil, medios de comunicación, periodistas y
trabajadoras del hogar, permitió que varios de estas temas fueran
incluidos entre las observaciones finales que emitieron las 23 expertas
de CEDAW al Estado mexicano.
Mujeres en reclusión cumplen largas sentencias por este delito
Aunque
las mujeres representan sólo cinco por ciento de la población
carcelaria en México, según datos del Instituto Nacional de Estadística y
Geografía (Inegi) muchas veces sufren una doble desventaja. La
discriminación y las violaciones a sus Derechos Humanos a menudo tienen
lugar desde el momento del arresto hasta el juicio y aún cuando salen
libres.
Cimacnoticias visitó el Centro de Reinserción Femenil en Santa Martha
Acatitla, ubicado en la Alcaldía de Iztapalapa y colindante con el
Estado de México, para conversar con mujeres en reclusión acusadas por
delitos contra la salud en la modalidad de transporte e introducción,
para conocer cómo llegaron ahí y cuál ha sido su proceso en el acceso a
la justicia.
“Todo comenzó con una relación tóxica”, relató Diana, una mujer de 32
años de nacionalidad colombiana, que dejó por un momento su trabajo en
la costura que hace en el Centro de Reinserción para salir al patio y
conversar con Cimacnoticias.
Hace 3 años y medio, Diana trabajaba para el servicio al cliente de
una compañía telefónica en su ciudad natal, Pereira, en el eje cafetero
de Colombia. Su novio era adicto, y cada día acumulaba más deudas;
tantas, que al final Diana no vio otra salida que transportar droga.
Los conocidos de su novio le dijeron que recibiría tres mil dólares
(aproximadamente 60 mil pesos mexicanos) si dejaba un paquete de cocaína
en un hotel en la Ciudad de México. Pero eso nunca sucedió. En el
aeropuerto registraron su equipaje y antes de que Diana lo supiera, se
encontró en una celda de detención. "Nos dejaron allí por tres días, me
quitaron todas mis cosas y luego me llevaron a la prisión de Tepic, en
Nayarit", narró. No había personal de la embajada ni abogado o abogada
presentes en el interrogatorio.
El caso de Diana solo es un ejemplo de los muchos que se encuentran
en las cárceles de México. De acuerdo con datos de la Subsecretaría del
Sistema Penitenciario de la CDMX, a agosto de este año había 32
extranjeras en las cárceles de la capital.
Isabel Erreguerena, de “Equis Justicia para las mujeres",
organización que trabaja por el acceso de mujeres a la justicia, ha
identificado un patrón común en las entrevistas que hizo con las mujeres
en reclusión. La mayoría de ellas afirmó haber ingresado al negocio de
las drogas por pobreza. Otro motivo fue que la pareja u otro conocido la
convencieron. Y finalmente estuvieron las que se autodenominaban
"ambiciosas", de querer ver el mundo o tener cierto lujo.
Lo que tuvieron en común todas ellas es que no tenían suficiente
dinero para pagar un buen abogado o abogada, y obtuvieron largas
sentencias. A Diana le dieron 10 años, el mínimo por el delito de
introducción de drogas, aunque nunca había tenido conflictos con la ley.
De acuerdo con el Código Penal Federal del catálogo de delitos contra
la salud previstos en los Artículos del 193 al 199, se impondrán de 10 a
20 años de prisión y de 100 hasta 500 días de multa “Al que
‘transporte’, es decir, la conducción de géneros o mercancías que se
trasladen de un lugar a otro por un precio, refiriéndonos en este caso a
los productos ilícitos que se contemplen en el artículo 193 del Código
de la materia”.
Y “Al que ‘introduzca o extraiga’ del país alguno de los narcóticos o
psicotrópicos ya referidos en el artículo 193 del Código Penal Federal
aunque fuera de forma momentánea o en tránsito. Si la introducción o
extracción no llegase a consumarse, pero de los actos realizados se
desprende claramente que esa era a finalidad del agente, la pena
aplicable será hasta dos terceras partes de lo previsto en este artículo
194 del Código Penal Federal.
Matilda, de Honduras, compañera de ella en el Centro Femenil, tiene
una sentencia más larga por el mismo delito: 17 años y seis meses de los
cuales ya compurgó 14 años y 7 meses. Matilda se sienta en la mesa del
patio de la prisión, con postura recta, trenza exacta, y aretes. Su voz
es profunda y severa. "En ese momento, era ingenua y egoísta", dice,
sobre su motivo de transportar droga. "Quería ver el mundo, y mi amigo
se encargó de todo".
Dejó cinco hijas entre 1 y 13 años de edad en Honduras. A la niña de
8 años se la llevó. Viajaron en grupo, con cinco adultos y tres niños,
“para pasar desapercibido” según su amigo. Pero el viaje terminó
traumático. Los oficiales descubrieron cuatro kilogramos de cocaína en
su maleta. Separaron a madre e hija al instante, la niña quedó bajo la
custodia de la embajada y luego fue deportada a Honduras.
"Desde ese momento, no la veo. Y ya va cumplir los 23", dijo Matilda,
bajando la mirada. "Yo era una mala madre en ese momento". El defensor
público que tenía era “horrible, ni siquiera pidió la sentencia mínima, a
pesar de que no tenía antecedentes penales y era la primera vez que lo
hacía”, afirmó a Cimacnoticias, la mujer de 44 años.
JUSTICIA
El acceso a la justicia es punto clave en los procesos penales,
explicó Isabel Erreguerena de Equis Justicia, y sin embargo, es un punto
que casi nunca se cumple. En la falta de acceso a la justicia, se
manifiesta la discriminación que han vivido las mujeres toda su vida, y
se refuerza la vulnerabilidad cuando son indígenas o migrantes.
Según el Inegi, aproximadamente 75 por ciento de las mujeres en
reclusión sólo han completado educación primaria, principalmente porque
se casaron temprano y tuvieron hijos. "Es un problema estructural que
puede estar relacionado con el desarrollo", dice Erreguerena. "El Estado
no puede garantizar a las personas su derecho básico a la alimentación o
la salud, y ven a la delincuencia como la única fuente de ingresos".
Luego, en el proceso penal, siguen las violaciones de Derechos
Humanos. Según la encuesta entre mujeres y hombres en reclusión
elaborada por el Inegi en 2016, alrededor del 58 por ciento de las
personas entrevistadas sufrieron violencia física durante su arresto,
casi la mitad fue amenazada con un arma, cinco por ciento violada; 41
por ciento dijo que la policía había amenazado con fabricar cargos
falsos y 30 por ciento dijo que la policía amenazó a la familia.
En el Ministerio Público, sólo 67 por ciento fue informada de sus
derechos, 20 por ciento pudo comunicarse con su abogado o abogada. Casi
la mitad de todas las personas en reclusión, afirmaron haber sido
obligadas por la policía u otras autoridades a declarar.
El panorama desolador continúa en la penitenciaría y termina con las
medidas de reinserción. En otros penales, la situación es peor. Diana lo
vivió en carne propia. "En el penal federal, ni siquiera te podías
soltar el cabello, siempre tenías que bajar la vista hacia el piso.
Éramos siete en una celda con tres camas. Todo el día estábamos
encerradas, sólo había una hora en el patio", recordó.
"Nos pegaron, también usaron pistolas con toque eléctrico. Algunas
mujeres sufrieron violencia sexual, pero yo afortunadamente no”. Lo que
la afecta de manera profunda es el trato que vivió. "Te bajan la
autoestima hasta el piso. No teníamos shampoo, crema, no había espejos,
nada más un tipo de lata para mirarte. Si te encontrabas en tus días,
era muy difícil."
Sobre el acceso a los servicios de salud afirmó: "aquí en Santa
Martha simplemente vas a la consulta del médico, pero en el federal, si
te dolía algo y estabas en tu celda, si ellos consideraban que no era
grave no te llevaban.” Diana contó cómo le tocó ver a una compañera que
se murió en su dormitorio. “Ella dijo que se sentía mal y no la llevaron
al doctor. Le dio un infarto y falleció.”
Las defensoras de Equis Justicia ven deficiencias aún mayores en la
atención psicológica. En Santa Martha, donde las cifras de mujeres
podrían alcanzar más de mil 600, ellas sólo fueron atendidas por “un
puñado” de psicólogas.
De la misma manera, también Diana y Matilda conversaron sobre sus
grupos de autoayuda, pero no de una atención psicológica individual.
"Las mujeres se ven afectadas de otra manera que los hombres", estimó
Isabel Erreguerena. "Por ejemplo, se sienten más responsables por sus
familias, hijas e hijos". Casi 90 por ciento de las mujeres en situación
de reclusión en México son madres. Pero en la cárcel es difícil
mantener el contacto.
"En la prisión federal sólo se podían hacer llamadas una vez a la
semana a cierta hora, y luego, si no contestaban, te perdías el chance",
contó Diana. Las extranjeras como ellas casi nunca tienen visitas. Pero
el viaje hacia reclusorios alejados (por ejemplo, sólo hay dos
federales femeniles en el país), también se dificulta a familias
mexicanas.
"Encontramos que las mujeres reciben mucho menos visitas que los
hombres, lo que probablemente tiene que ver con el rol de cuidadora del
hogar.", dice Isabel Erreguerena.
Matilda tuvo a su séptima hija en reclusión. La niña tiene 9 años
ahora, pero hasta los 6, le permitieron quedarse con su madre en Santa
Martha. Iba al Cendi, el maternal del penal, el cual atiende hasta 100
niñas y niños. Matilda sabe que la estancia de la niñez tras las rejas
es un tema polémico al nivel internacional. "Pero para mi fue un regalo
muy grande. Seis años de ver su desarrollo, nos ayuda a valorar un poco
más. Y los niños son muy queridos, no les hace falta nada. La directora,
el trabajo social, se desviven por los niños aquí adentro”, afirmó.
La hondureña lamenta mucho no poder mantener a sus hijas desde la
prisión. Trabajando en la costura gana 70 pesos al día, dinero que
apenas alcanza para cubrir sus propios gastos. Ella misma compró su ropa
dentro del Centro de Reinserción: chaleco, leggings y tenis azul marino
para las sentenciadas; color beige para la población sin sentencia. Si
tienen suerte, las familias llevan ropa o artículos de aseo cuando las
visitan porque todo, “todito” hay que comprar: el papel higiénico, el
shampoo, el jabón para lavar.
La falta de estas necesidades básicas es una violación a las “Reglas
de Mandela”, sobre los derechos de la población penitenciaria, y las
“Reglas de Bangkok”, sobre los derechos de las mujeres privadas de
libertad, adaptadas por las Naciones Unidas.
Las Reglas de Bangkok también cubren los temas de reinserción y
alternativas a la prisión, puntos de referencia para organizaciones como
Equis Justicia. "En las capacitaciones (para reinsertarlas a la
sociedad) dentro del penal, vemos muchos estereotipos de género, como
cortar cabello, pintar uñas”, contó Isabel Errenguerena. Pero ella se
pregunta cómo las mujeres pueden salir de una vida precaria una vez
fuera del penal, cuando únicamente saben hacer trabajos informales. Sin
embargo, concluye que “la prisión solo es un microcosmos, un reflejo de
nuestra sociedad patriarcal. Las mujeres sí piden esas actividades.”
Equis Justicia y otras organizaciones trabajan para que muchas
mujeres ni siquiera entren a la vida detrás de las rejas y abogan por
otras sanciones como las llamadas “Casas de medio camino”, el arresto
domiciliario, o el trabajo social. Es el caso con los delitos de drogas.
Erreguerena analizó que el Estado mexicano quiere demostrar su fuerza y
eficacia en el combate contra las drogas “pero las mujeres están abajo
de la pirámide de delincuencia”, opinó.
Dijo que desde Equis impulsarán que en el proceso de pacificación que
inició Andrés Manuel López Obrador se les otorgue amnistía a estas
mujeres privadas de la libertad con penas excesivamente altas en el
fuero federal, “cuando en su mayoría son mujeres que no tienen
antecedentes penales, fueron detenidas sin ningún arma, y no están
vinculadas a ningún otro delito.”
Para ella, el anuncio de la futura Secretaria de Gobernación, Olga
Sánchez Cordero, de intentar renegociar los tratados internacionales
sobre drogas suena esperanzador. Pero también resaltó que hubo
declaraciones contradictorias de diferentes integrantes del próximo
gobierno, y consideró importante seguir las acciones por parte de la
sociedad civil.
Los hijos de Matilda en Honduras se quedaron con familiares y
“gracias a dios”- dice- terminaron su carrera. Dos están en la escuela
todavía. Su hija menor vive en la Ciudad de México en un internado de
una fundación. Una vez al mes visita a su madre con las y los
trabajadores sociales. “Nos la pasamos muy padre ese día. Padrísimo”,
dijo Matilda, aunque “cada vez que viene me cuenta los meses. Yo digo no
los cuentes mami, porque faltan más de 2 años todavía”. Cuando salga
quiere volver a Honduras lo antes posible. ¿De qué quiere vivir ella
entonces? Se le pregunta. "Tal vez coser como lo aprendí aquí. Fundas y
manteles, eso podría ser un proyecto”, concluye.
Nadie sabe cómo es posible. Pero no basta darnos cuenta de que quien
amamos causa dolor, sufrimiento, humillación, tristeza, que nos violenta
con sus palabras, actos o demandas. Y no, no es que la persona que ama
“sea tonta” o no se dé cuenta, es más bien porque se conduce bajo esa
conducta aprendida de amar y dar lo mejor de sí, despojándose del
egoísmo y la desconfianza que no siempre es correspondida con honesta
probidad.
Ya he escrito en otras ocasiones que “el amor” de madre, de hermana,
de hija en ambos sentidos, entre darlo y recibirlo nos lleva a un nivel
cercano a la divinidad. Recuerdo a mi sobrino de 5 años diciéndole a su
madre, mientras se prueba un vestido de noche en medio de la jornada de
la casa, sin peinado y sin maquillaje, con ojos sinceros y amorosos:
Mami te ves hermosa.
A los ojos de quien ama, la otra, el otro, sencillamente es
extraordinario entre lo extraordinario, y es que eso precisamente es el
amor. Engrandece de alguna forma, nos hace ser mejores, es cierto, si
podemos serlo, en cambio si lo que hay en el corazón de quien es amado o
amada es nada, incapaz será de saber qué hacer con la ternura.
El corazón de quien ama es frágil en manos de quien no sabe amar, de
quien sólo se ama a sí mismo o en su incapacidad afectiva confunde el
amor con el abuso, con la violencia, y finalmente hace uso del amor como
un “capital”, que entiende, puede explotar para su beneficio. No es
menester ser hombre o mujer para ese desempeño, pero dadas las
condiciones sociales, son las mujeres las que suelen ubicarse en el
extremo de ser dadoras del amor.
Pienso en “El apando”, la mujer transita en un pasillo que la lleva a
su perdición, al extravío, a cometer la falta por el hijo. Está
consciente, se da cuenta, pero aún así continúa.
En este sistema social en el que todo se trata de “subyugar”,
controlar, dominar, en el que hemos sido educados y educadas para ser
“el mejor”, el que gobierna a los demás, el que controla, la que es más
fuerte, la que se impone vertical y descendentemente, la que gana
siempre al final si no por la razón por la imposición del grito o la
violencia.
¿Cuántas veces no nos hemos sorprendido siendo feministas recurriendo
a las formas violentas para dominar y subyugar, o incluso incurriendo
en el otro extremo de aparente dócil posición de ser la que menos
condiciones de igualdad tiene para gritar, yo no tengo privilegios
escúchenme, yo tengo la razón, solo con fines de dominar con nuestras
opiniones a las otras?
Se explota el amor, se explota a quienes aman cuando se recurre a ese
elemento para obtener el apoyo y se abusa si la otra persona está
dispuesta a darnos de sí misma. No sólo es la madre que se priva del
alimento para darle a sus hijos lo mejor que puede encontrar. No sólo es
la imagen que nos venden, del padre sin zapatos para darle a los hijos
unos nuevos. La explotación amorosa puede recaer en las manos de quien
usufructa el amor como un bien para obtener y en su provecho, incluso
generando condiciones de riesgo y sufrimiento para quien lo da (el
amor), llevándolo o llevándola a tomar decisiones y realizar actos que
representan una amenaza para su propia integridad.
A manera de epígrafe, los versos de Ángel González me recuerdan un
poco el tradicional cuento de la “Zorra y su zorrito”, ese cuento que
disfrutaba tanto que mi abuela me contara una y otra vez y que hablaba
acerca de las virtudes que sólo la madre podía ver en su hijo aún cuando
no las tuviera precisamente visibles para los demás.
Y pienso en las madres y padres, que se encuentran en la prisión por
haber cometido faltas por sus hijos, pienso en las mujeres que fueron
víctimas de trata y abuso emocional, en las que libres pero con el
espíritu quebrado, fueron víctimas de la violencia de pareja de la que
aunque conscientes, demoraron bastante en salir de esas situaciones.
¿Por qué razón? Por el abuso emocional, que es esa explotación
amorosa que una persona que se sabe amada puede realizar y que puede
traducirse en actos de violencia física contra quien ama, y por tanto,
la otra persona aunque se dé cuenta no puede salir en lo inmediato
porque nadie espera ser abusado por quien ama.
La delgada línea está en la consciencia de que quien es amado se dé
cuenta cuando ha sido violento en un acto o con la palabra, bajo el
enojo o el dolor, bajo cualquier situación y se retracta y decide que el
amor no es bajo ninguna circunstancia maltrato o abuso de quien otorga
su amor y su confianza, que es más noble tener el corazón de esa persona
que le ama y cuidarlo con esmero.
El miedo contemporáneo al amor radica justamente en que se sabe que
quien ama se vulnera a sí mismo, se ubica en una aparente posición de
desventaja, se humaniza y eso lo hace frágil. De ahí que hoy día
tengamos una sociedad de solitarios que deciden no amar, no confesarlo
incluso cuando aman, ocultarlo, ser el último en decir “te amo”.
Porque amar al final de cuentas nos han enseñado que es subyugarse,
no es precisamente ese estado de superior goce y disfrute de la vida que
sí es y que otorga infinitas posibilidades de explorar la existencia
desde otra condición, al final de cuentas es estando enamorado o
enamorada cuando se mira todo con los colores más acentuados, se
experimenta todo con mayor intensidad.
Concluyo con la letra de la canción de Silvina Moreno: “cuídame, como
un mortal me enamoré me dejaré al fin atrapar en los brazos de un
gigante, cuídame fui invocando en el canto que te siente”.
* Integrante de la Red Nacional de Periodistas y Fundadora del Observatorio de Violencia Social y de Género en Campeche
Las
historias y testimonios de las mujeres que formaron parte del
movimiento estudiantil que rápidamente se transformó en una movilización
política. "Decían que las mujeres solo servían para servir café, pero
nosotras siempre participamos en igualdad", recuerdan.
En
esta fotografía, aparece Elsa Lecuona, de pie, quien fue brigadista y
estudiaba derecho, es la cuarta de izquierda a derecha y lleva un bolso
negro al hombro. Las demás mujeres, brigadistas también están
identificadas como Martha Roldán Mondragón, Hortensia, Nora Martínez
Baños y Leticia, (en orden de aparición de izquierda a derecha). Fotografía tomada afuera de la Torre 1 de Humanidades, UNAM, 1968.
Esto cuenta Elsa Lecuona, quien en 1968 era estudiante de primer
semestre de Derecho en la UNAM y que tras el inicio del movimiento,
deviene brigadista junto con muchos otros estudiantes, mujeres y
hombres.
Integrante del grupo de teatro de su facultad –en el cual participó
el actor Arturo Alegro–, Lecuona recuerda que leían a Marx y a Trotsky a
escondidas porque la mayoría de sus compañeros de la carrera eran de
derecha.
Se siente orgullosa de haber pertenecido a este movimiento y afirma que su participación fue al cien, hasta
10 días antes del 2 de octubre, momento en que es forzada a marcharse
de la ciudad para proteger su integridad, según lo consideró su familia.
Elsa
Lecuona en la actualidad. Recuerda que el papel de las mujeres fue
igual de trascendente que el de los hombres. Foto: Heriberto Paredes.
Es 2018 y se conmemoran 50 años de este movimiento estudiantil, que
rápidamente se transformó en una movilización política, según afirma la
propia Lecuona; si bien es cierto que se han hecho grandes homenajes, se
han escrito una gran cantidad de libros, revistas, folletos, artículos y
reportajes, para ella como para algunas de sus compañeras, no se ha
enfocado adecuadamente el papel de las mujeres en este movimiento.
“Yo lo he vivido a lo largo de los años: es que dicen que las mujeres
solo servían para servir café, para ser acompañantes…y yo les digo,
‘discúlpenme, pero lo que yo me acuerdo es que participábamos en
igualdad en tanto estarnos jugando la vida completa, yendo a mercados, a
fábricas, subiéndonos en los autobuses, repartiendo volantes y pidiendo
dinero. A veces cuando hacíamos pintas y pegas pues nos correteaban y
nos alcanzaban y nos daban patadas o lo que fuera”, recuerda
enérgicamente Ana Ignacia Rodríguez, cariñosamente conocida como la
Nacha, estudiante del quinto semestre de Derecho en la misma facultad
que Elsa.
Ana
Ignacia Rodríguez, cariñosamente conocida como la Nacha, recuerda como
eran agredidas a golpes por las autoridades. Foto: Heriberto Paredes
Para la época, una mujer que estudiaba y, además, participaba en el
movimiento estudiantil era ya una suerte de escándalo. Tratar de vestir
de forma distinta a la que se estipulaba socialmente, era mal visto,
“andábamos de minifaldas, con zapatitos de tacón, ligueros y medias y
así teníamos que correr de la policía o del ejército”, afirma Lecuona,
hoy una abogada retirada.
Contrario a lo que se podría pensar, dentro del movimiento
estudiantil –y a pesar de que la mayoría de participantes eran hombres–
tanto Nacha como Elsa, concuerdan en que se respiraba una igualdad en el
trato y en las labores de brigada que se repartían día con día.
“Nos integramos hombres y mujeres en plena igualdad”, insiste Lecuona.
El movimiento estudiantil cambió en semanas, de uno estudiantil a uno
político, las demandas ya no eran sólo el cese a la represión o la
libertad de los estudiantes presos, también exigían la destitución de
funcionarios y los artículos de la constitución que permitían la
tipificación del delito disolución social.
Pasaron de ser reprimidos por la policía a ser reprimidos por el
ejército y eso es un salto. Y también resultó un movimiento que dejó
muchos cambios, en lo inmediato y en adelante, yaque a partir de
entonces, las mujeres que vivieron esta experiencia, cambiaron en todo
sentido.
Las brigadas estudiantiles
Desde la creación del Consejo Nacional de Huelga (CNH) y hasta, por
lo menos comienzos de 1969, las brigadas se constituyeron como el cuerpo
del movimiento. Miles de estudiantes tomaron las calles y comenzaron a
traducir los mensajes y las informaciones a los distintos sectores de la
población.
En la Ciudad de México y en varios estados del país, las y los
brigadistas dieron vida y sentido a un movimiento severamente reprimido y
difamado por el gobierno de Gustavo Díaz Ordaz, quien no pudo superar,
ni con la radio, la televisión y los periódicos, la gran capacidad de
las brigadas para comunicar los motivos de su lucha.
“Si algo hay de importante en el movimiento estudiantil de 1968
fueron las brigadas; sin las brigadas no puede concebirse. Y tampoco se
les ha dado un reconocimiento como se debe”, dice Nacha, quien se ha
definido a sí misma como brigadista y no como líder, a pesar de que
mucha gente la ha llamado así.
Silvia Gálvez tenía 15 años cuando empezó el movimiento estudiantil,
hoy nutrióloga y terapeuta, en aquella época comenzaba su formación en
la Vocacional 4 del IPN y rápidamente se involucra dentro de esa gran
red que fueron las brigadas:
“Yo me incorporo como brigadista y empiezo a dar discursos en los
camiones y a botear. Mi escuela se desintegró [con la ocupación del
ejército] pero yo tenía un novio que tenía unas primas en la Escuela
Superior de Ciencias Biológicas y empezamos a ir a las asambleas, tenía
un enorme auditorio donde se hacían enormes asambleas”.
Silvia Gálvez tenía apenas 15 años y estudiaba la Vocacional cuando se sumó como brigadista. Foto: Heriberto Paredes
Muchas fueron las formas en las que se apoyaban y mantenían a quienes
integraban las brigadas. Por ejemplo, el Comité de Huelga de la escuela
en la que finalmente participó Silvia, daba boletos que cambiaban las y
los brigadistas por el resultado del boteo y con esos boletos podían
desayunar y/o comer en la cafetería.
“Llegábamos y nos informaban cuál era el boletín de prensa más reciente, nos daban un buen tambache de boletines hechos con mimeógrafo que teníamos que repartir”, comenta Gálvez.
Esta escuela política rápidamente se consolidó como el esqueleto del
movimiento, sin el cual no se habría podido enfrentar la dinámica
gubernamental de controlarlo todo, los discursos políticos y la
información en particular.
Elsa, Silvia y Nacha comparten las vivencias que, a 50 años del
movimiento y con toda la tecnología que existe, suenan distantes. Sin
embargo, su trabajo de base sirvió de ejemplo para nuevos procesos
políticos, como la huelga de la UNAM entre 1999 y 2000 o la lucha del
Sindicato Mexicano de Electricistas en 2009, donde el contacto con las
personas de a pie era fundamental para despertar empatía.
“Yo andaba en mis brigadas –continúa emocionada Elsa–, estábamos en
nuestro trabajo, picando esténciles, cortando los volantes,
repartiéndolos, ir al mercado de Santa Julia, al mercado de San Cosme a
hacer los mítines. Era mucha la solidaridad del pueblo mexicano, sentías
el afecto del pueblo por el movimiento estudiantil”.
En este mismo sentido, Silvia hace un ejercicio de memoria y menciona
cosas fundamentales para comprender el funcionamiento de las brigadas,
motor dislocado del movimiento:
“Hacíamos una mancuerna, nos subíamos a un camión en un semáforo,
decíamos ‘¿nos dejas dar un mensaje a tus pasajeros?’, todos siempre nos
dijeron que sí, mientras yo daba el mensaje, la última información de
lo que estaba ocurriendo, mi compañero o compañera pasaba el bote de la
cooperación y cuando terminábamos el mensaje bajábamos en el siguiente
semáforo. Era un trabajo constante, muy rápido, de mucha agilidad, de
ordenar los mensajes muy sintéticamente”.
Tan solo han pasado 50 años
Para la menor del grupo, Silvia, quien ronda los 65 años, los
aprendizajes de su despertar político y del tiempo que pasó después se
concentran mucho en la conciencia, que no ha cambiado mucho para ella:
“dejó huellas de convicción para toda la vida, hasta ahora yo no tengo
duda alguna de que hay que estar hombro con hombro con el pueblo, que
existe una clase burguesa que nos tiene con una pata en el pescuezo, que
los presupuestos gubernamentales y los cuerpos de la política se
encuentran en un grado de corrupción alto, no me queda ninguna duda. Que
ellos viven en un mundo distinto y nosotros en otro”.
En el caso de Elsa Lecuona, la reflexión que hace al ser consultada
sobre lo que más guarda de aquella época, se centra sobre todo en los
cambios que se dieron en su vida personal y en la vida de las mujeres,
que como ella, decidieron romper con lo impuesto y lo conservador de la
sociedad mexicana de entonces.
“El movimiento estudiantil nos hizo cambiar de manera dramática y muy rápida”.
“Estas mujeres que ves aquí –me señala una fotografía de la época
donde aparece con otras amigas– nos prometimos no casarnos con vestido
blanco. Era un todo: leer a Marx y era un repudiar el vestido de novia y
el que quiera una mujer virgen pues a ver dónde la busca. Nosotras nos
prometimos no casarnos vírgenes; teníamos que dejar de ser vírgenes por
amor y no por aceptar un vestido blanco, una televisión a colores, dos
hijos y un perro”.
Las tres mujeres coinciden en que el movimiento estudiantil rompió
sus esquemas, les mostró un panorama que no sabían que existía y que en
sus distintos orígenes no tenían. Se trató de, en palabras de Silvia,
“de un espacio de expresión muy significativo donde se vivió la
posibilidad de expandir la conciencia colectiva y personal”.
Hombres
y mujeres participaron por igual en el movimiento estudiantil. Quienes
aquí presentan su testimonio fueron parte de un grupo de
teatro. Fotografía tomada afuera de la Torre 1 de Humanidades, UNAM,
1968.
Sin embargo, Nacha puntualiza que para ella, junto con la Tita, luego
de la prisión vinieron otro tipo de represiones: la laboral, de
vivienda y de estigma social. No ha sido fácil salir adelante en estos
cincuenta años en los que el país no ha logrado acabar con la
desigualdad y tampoco el Estado ha construido la justicia que se ha
exigido desde entonces.
Las cinco décadas que nos separan de 1968 son también las mismas en
las que no sabemos el número exacto de personas asesinadas y
desaparecidas, no ha habido castigo para los responsables de la
represión y violencia de aquella época, ni de todos los agravios que
hasta hoy acumula la sociedad mexicana.
Silvia logra sintetizar la opinión de las tres mujeres que han
compartido su testimonio y hace referencia al decreto aprobado en el
pleno de la Cámara de Diputados de inscribir con letras de oro en el
Muro de Honor del palacio legislativo de San Lázaro ‘Al Movimiento
Estudiantil de 1968’: “no ha habido justicia y no creo que unas letras
doradas sirvan de algo”.
Ovigem llama a respetar Ley para la Igualdad entre mujeres y hombres
Las
integrantes del Observatorio de Violencia de Género en Medios de
Comunicación (Ovigem) de Puebla, declararon que medios informativos del
estado realizaron una cobertura sexista al calificar a las participantes
en una marcha por el derecho a decidir, como “vándalas” o “feminazis”,
lo que estigmatiza y violenta su lucha por sus derechos.
Las integrantes del Ovigem -conformado por académicas y
organizaciones civiles que analizan contenidos mediáticos desde la
perspectiva de género- explicaron en un comunicado que algunos medios de
comunicación se refirieron a las manifestantes y a las acciones
desarrolladas por éstas en el contexto del 28 de septiembre Día
Internacional por la despenalización del aborto, con términos
“despectivos” que desprestigiaron el objetivo de este movimiento y
promovieron el odio hacia las participantes.
De acuerdo con el monitoreo realizado en 15 de las 29 notas que han
analizado e identificado desde el 28 de septiembre al 2 de octubre,
sobre la efeméride, los medios se refieren a las participantes en la
marcha como “vándalas” o “feminazis” y relacionaron sus acciones de
pegar carteles, pintar frases y gritas consignas con sinónimos como
“atacar” o vandalismo”, que fomentan el no reconocimiento de los
derechos de las mujeres y la libertad de alzar su voz.
En un contexto donde las mujeres son violentadas todos los días en
Puebla, señalan en el comunicado, es importante que los medios
informativos cumplan con su responsabilidad de presentar una imagen no
estereotipada de éstas y promuevan “el principio igualdad entre mujeres y
hombres” como se señala en la “Ley para la Igualdad entre Mujeres y
Hombres” de esta entidad.
Ante ello exigieron que los medios poblanos realicen publicaciones
que contribuyan a eliminar y prevenir la violencia contra las mujeres y
transmitan el verdadero fin de este movimiento de dar a conocer a las
autoridades y la sociedad el grave impacto de un aborto inseguro y las
problemáticas en el acceso a servicios de salud.
Cabe recordar que en esta entidad han acontecido casos como el de
Lucía, adolescente de 14 años víctima de abuso sexual que presentó un
embarazo como consecuencia de la agresión y a quien le fue negado su
derecho al aborto en el Hospital General de Cholula, bajo el argumento
de que “su embarazo era de 13 semanas”, una semana más del límite
marcado en el Código Penal local.
De acuerdo con el Grupo de Información en Reproducción Elegida
(GIRE), organización que documentó el caso en 2015, como Lucía, existen
muchas poblanas que ante las dificultades para acceder al servicio,
optan por acudir a las instancias médicas de la Cuidad de México donde
la interrupción del embarazo por voluntad de las mujeres es legal hasta
las 12 semanas de gestación.
En su informe “Violencia sin interrupción”, la organización menciona
que de 20087 a 2017 mil 27 poblanas decidieron interrumpir su embarazo
de forma legal en la capital del país.
De acuerdo con el Artículo 343 del Código Penal de Puebla, el aborto
no es sancionado cuando “sea causado por imprudencia de la mujer
embarazada”, el embarazo sea resultado de una violación, corra peligro
la vida de la mujer y cuando el aborto se deba a causas eugenésicas
graves o enfermedades serias del feto.
Puntos de acuerdo serán entregados a Macri para posicionar en G20
Este
día inició en Buenos Aires, Argentina, la Cumbre W20, la cual reúne a
una red transnacional de mujeres líderes de la sociedad civil, de los
negocios, emprendedoras y think tanks, que durante dos días trabajarán
para conformar una agenda de género a posicionar en el G20 a realizarse
en diciembre próximo.
Los puntos de acuerdo que se elaborarán se entregarán el miércoles 3
de octubre al presidente de Argentina, Mauricio Macri, con el fin de que
los lleve a los miembros del G20 en diciembre, durante la cumbre de
mandatarios y mandatarias de las 20 economías más importantes del mundo,
entre ellas México.
De acuerdo con los datos publicados en la página oficial del W20,
sólo 40 por ciento de las mujeres de los países del G20 tiene acceso a
una cuenta bancaria; y aunque 30 por ciento son dueñas de pequeñas
microempresas, sólo reciben 10 por ciento de los créditos bancarios.
En el mundo, señalan los datos de la W20, 50 por ciento de las
mujeres no tiene ingresos propios, y en promedio ganan un 30 por ciento
menos que sus pares masculinos. Ellas representan 60 por ciento de las y
los graduados universitarios, pero sólo un tercio del total de la
fuerza de trabajo.
En el área rural, producen la mitad de los alimentos del mundo pero
sólo un 4 por ciento recibe ingresos propios por ese trabajo, por lo que
es necesario diseñar e implementar programas para darles más recursos
productivos a las mujeres rurales, señalan en un borrador final que
circula previo al cierre de estos días de trabajo.
De la misma manera, se recomendó dar asistencia técnica, asegurar
acceso a la tenencia de tierra, y la participación en mercados locales,
regionales e internacionales.
Según el análisis de las delegadas de los diferentes países que
participan en esta Cumbre W20, el mayor obstáculo para el desarrollo de
las mujeres rurales es el aislamiento causado por las distancias y la
falta de infraestructura. Por lo tanto, demandaron mejorar los servicios
básicos en áreas rurales, como luz, agua, educación, salud, y servicios
de cuidado.
En el área laboral, destacaron que no solamente existe la brecha
salarial entre mujeres y hombres sino que habría una “segregación
horizontal”, según sectores de trabajo. Las mujeres representan una
mayoría de la fuerza laboral en las áreas de salud, educación, y
servicios, sectores en los que se gana menos que en la industria, por
ejemplo.
Respecto a la participación de las mujeres en áreas de las Ciencias,
Tecnologías e Ingeniería, señalaron que es preocupante ya que las de
bajos ingresos no tienen acceso a éstas, por lo que advirtieron que esta
brecha se podría abrir más en el futuro.
En el área digital mencionaron que sobre todo en áreas rurales, el
acceso de las mujeres a tecnologías de información y comunicación (TIC)
es muy malo todavía, por lo que es necesario crear más infraestructura,
aumentar sus ingresos, y cambiar patrones culturales, ya que en la
mayoría de los casos, son los hombres quienes poseen un dispositivo
móvil.
Al mismo tiempo consideraron necesario que más mujeres entren en el diseño, el desarrolloyproducción de las TIC, porque esto derivaría en productos más aptos para ellas.
Finalmente, en el área de inclusión financiera, constataron que el
fomento de emprendedoras derivaría en un crecimiento económico y la
reducción de desigualdades.
Señalaron que los bancos deberían de prestar más atención a los
sectores con más representación femenina, por ejemplo en las pequeñas
empresas y en las micro, pero también en el sector de la agricultura.
Para eso, sería necesario aumentar la fuerza laboral femenina en los
bancos, como dar educación financiera a mujeres en general.
También consideraron que para aumentar la tasa de créditos que se
otorgan a la población femenina, deben crearse otras bases de datos de
las existentes que las incluyan y den fe de su credibilidad.
El W20 llamó a los países del G20 a promover políticas públicas para
dar protección social a toda la población, sobre todo a las mujeres que
trabajan en el sector informal, y señalaron la necesidad de implementar
presupuestos transversales con enfoque de género.
La cumbre de las y los mandatarios del G20, donde se presentarán las
demandas de esta reunión, se realizará en Buenos Aires, Argentina, del
30 de noviembre hasta el 1 de diciembre de este año.
Provoca estragos en la salud, el desarrollo humano y económico
El
embarazo adolescente en México es una problemática de salud pública
derivada del incumplimiento del Estado por garantizarle a esta población
sus Derechos Humanos. La consecuencia, señalan expertas: estragos en la
salud, desarrollo humano y económico de las adolescentes.
El informe “Mundos Aparte. La salud y los derechos reproductivos en
tiempos de desigualdad” del el Fondo Población de las Naciones Unidas,
señala que mientras en México la tasa promedio de fecundidad adolescente
en el periodo de 2006-2015 fue de 83 nacimientos por cada mil mujeres
entre 15 a 19 años de edad, en la región de América Latina y el Caribe
fue de 64 por cada mil y en África Oriental de 94 nacimientos por cada
mil adolescentes entre 15 a 19 años de edad.
Bajo este alarmante contexto, México desarrolló en 2015 la Estrategia
Nacional para la Prevención del Embarazo Adolescente (Enapea) con dos
objetivos: trabajar a lo largo de 15 años hasta reducir a la mitad la
tasa de fecundidad adolescente para 2030; y erradicar el embarazo que
ocurre en niñas menores de 14 años de edad.
El reto es mayúsculo, pues en el fondo el embarazo adolescente tiene
problemáticas más agudas que no logran solventarse mediante el
abastecimiento de métodos anticonceptivos o la difusión de la educación
sexual dijo a Cimacnoticias la directora de la agrupación Elige, Red de
Jóvenes por los Derechos Sexuales y Reproductivos, Nayeli Yoval Segura.
A ello se añaden factores como las relaciones desiguales de género,
las condiciones- de desigualdad económica y social; ubicación geográfica
o pertenencia étnica; la violencia sexual y discriminación y en el caso
de las adolescentes, se encuentran en mayor desventaja.
Hasta ahora, el gobierno ha apostado como una de las medidas para
reducir el embarazo en adolescentes, en la compra de métodos
anticonceptivos y el establecimiento de clínicas médicas “amigables”.
Datos del Centro Nacional de Equidad de Género y Salud Reproductiva
señalan que en México hay 2 mil 140 de estos establecimientos, mientras
que en anticonceptivos el gobierno ha realizado la compra centralizada
de diversos métodos para repartirlos en las entidades federativas, sólo
en este año se etiquetó un presupuesto de más de 2 mil millones de pesos
para que 4 millones de mujeres en edad fértil tengan acceso a un método
anticonceptivo.
Respecto a los servicios amigables para adolescentes, el director de
Marie Stopes México, Alfonso Gerardo Carrera Riva Palacio, dijo en
entrevista, que no se ha logrado garantizar que las juventudes realmente
se acerquen a éstos ya sea porque se les siguen negando por personal de
salud o por desabasto.
Ante este panorama, las y los adolescentes que tienen relaciones
sexuales sólo utilizan -en el mejor de los casos- el condón o las
pastillas de emergencia, que es la anticoncepción que pueden costear y
no requiere indicaciones médicas, pero no es la ideal, afirmó.
Se necesita, agregó, una protección dual que incluya un método de
alta continuidad para prevenir un embarazo e infecciones de transmisión
sexual, como el condón, y los dispositivos intrauterinos, y esto es un
derecho que está establecido en la Norma Oficial Mexicana 047 Para la
atención a la salud del Grupo Etario de 10 a 19 años de edad.
“Esto tienen que ver con un estigma. Siempre decimos que los jóvenes
tengan la información pero no estamos planteando todo el paquete, cuando
deberían disfrutar de su sexualidad y ofertarles métodos
anticonceptivos” dijo el ginecobstetra Carrera Riva Palacio.
La última Encuesta Nacional de la Dinámica Demográfica de 2014 expone
que 55 por ciento de las 29 mil 776 adolescentes de 15 a 19 años de
edad que tuvieron un hijo o más, refirieron que fue porque no utilizaron
métodos anticonceptivos; 19.5 por ciento le falló el anticonceptivo; 10
por ciento porque “sus parejas querían más hijos”; y 3 por ciento
manifestó que no conocían algún método anticonceptivo.
La Encuesta Nacional de Salud y Nutrición indica que 23 por ciento de
las y los adolescentes inician su vida sexual entre los 12 y 19 años;
de éstos, 15 por ciento de los hombres no utiliza anticonceptivo en su
primera relación sexual en comparación con 33 por ciento de las mujeres.
Las barreras culturales son otro factor determinante en el ejercicio
de la sexualidad, pues aún es vista como algo “pecaminoso” cuyo |único
fin es la reproducción pero ésta ocurre solo después del matrimonio o
que está supeditado al control de los adultos, creencias sumamente
arraigadas en México que siguen impidiendo la difusión de la educación
sexual y el goce de la sexualidad a las y los jóvenes.
La Encuesta Nacional de la Juventud destaca que 5 de cada 10
adolescentes recibe mayor información sobre su sexualidad en la escuela,
pero se desconoce la calidad de la información ya que el sector de
educación pública no cuenta con indicadores para su medición, explicó la
asesora en política y abogacía de Ipas México, Fernanda Díaz de León.
Pero aquí hay sucede otra cosa y es que van a recibir esta
información dependiendo de los conocimientos y creencias que tengan las y
los educadores, mientras los tutores tienen menor participación en este
proceso debido al desconocimiento o preceptos negativos entorno a la
sexualidad señaló Díaz León.
El especialista en educación sexual en adolescencia de la
organización Demysex, Alexis Sorel, añadió que la creencia de la
maternidad como el único rol valorado socialmente o al que deben aspirar
las mujeres es también otro obstáculo que impide la prevención y
reducción del embarazo en temprana edad.
Los mismos programas gubernamentales tienden a repetir estos
estereotipos, Alexis Sorel ejemplificó el uso de “bebés virtuales” que
implementan instancias como el DIF o la entrega de “apoyos rosas” o
“pañaleras” para las adolescentes que son madres en lugar de ofertarles
métodos anticonceptivos para no reincidir en el embarazo.
“No hay políticas públicas que realmente se planteen desvinculando a
las mujeres de la maternidad, una campaña decía “todo llega a su
momento” pero nunca le hablaban que las mujeres también tienen el
derecho a decidir no ser madres”, señaló el también psicólogo.
Llevar a término un embarazo en edad temprana implica cambios al
proyecto de vida de las mujeres quienes en la mayoría de los casos
abandonan la escuela, truncan las posibilidades futuras de mejorar sus
condiciones de vida, además de que corren el riesgo de mortalidad y
morbilidad materna mayores.
La directora de Elige Nayeli Yoval Segura recordó que prevenir el
embarazo adolescente tiene consecuencias directas en la calidad de vida y
el desarrollo de las y los jóvenes del país, se trata que el Estado
reconozca a este sector como sujetos de derecho y se los garantice.
Imagen
cortesía de la Coalición por la Salud de las Mujeres
XX Aniversario
de la Coordinadora Nacional de Mujeres Indígenas.
Biblioteca de México,
agosto 2007
La
presencia política de las mujeres indígenas cobró fuerza después del
levantamiento del Ejercito Zapatista de Liberación Nacional (EZLN); la
participación de la comandanta Ramona, durante la conformación del
Consejo Nacional Indígena (CNI) en el Zócalo de la Ciudad de México en
octubre de 1996, pasará a la historia como el día que, con voz femenina,
los pueblos y comunidades indígenas, exigieron al Estado mexicano el
cumplimiento de todos sus derechos.
22 años han pasado ya. La incorporación de las mujeres indígenas a la
vida política, poco a poco se hace efectiva, pues la experiencia las ha
llevado a comprender que sólo por medio de su participación lograrán
incidir en las resolución de las problemáticas que les oprimen por ser
mujeres y ser indígenas.
La Relatora Especial sobre los derechos de los pueblos indígenas ante
las Naciones Unidas (ONU), Victoria Tauli Corpuz, en su última visita a
México, en 2017, señaló la grave situación en que se encuentran los
pueblos indígenas mexicanos.
El informe final de la Relatora recogió cien casos de violación a
Derechos Humanos, entre los cuales se destacan, los temas de territorio,
justicia, salud, discriminación, agua, alimentación, consulta y
consentimiento, acceso a la información, vida, integridad y seguridad,
violencia y sistemas normativos.
Como parte de las recomendaciones al Estado mexicano, Tauli demanda
apegarse al marco de derechos internacionales y nacionales que amparan y
protegen el derecho de las mujeres y los pueblos indígenas a la libre
determinación y que se consagra en el artículo segundo constitucional.
Además, destaca las políticas implementadas por el actual gobierno,
las cuales dieron cabida a megaproyectos (extractivos, energéticos,
turísticos, inmobiliarios, etc.) que atentan y aniquilan los recursos
naturales que existen en los territorios; también, destaca la
criminalización de la defensa que realizan los pueblos y las mujeres
indígenas por preservar sus lugares sagrados.
La población indígena femenina, sobrepasa los 6 millones. Según el
Banco Interamericano de Desarrollo, en el país persiste una brecha
significativa entre la población indígena y la no indígena en cuanto al
acceso al derecho de la educación. Especialmente las mujeres indígenas
son quienes presentan los niveles más altos de analfabetismo y baja
escolaridad.
El acceso a la educación posibilita a las mujeres el conocer sus
derechos y ejercer estos en lo relacionado con su salud reproductiva.
Por ejemplo, las mujeres indígenas que no tienen ningún grado aprobado
en el sistema educativo nacional, tienen en promedio 3.8 hijos nacidos
vivos; en comparación con aquellas que han aprobado al menos un grado en
educación media superior registrando el promedio más bajo: 0.8 hijos
nacidos vivos.
Para 2015, el promedio de hijas e hijos en las mujeres indígenas de
entre, 15 y 49 años era de 2.0, mientras que el promedio a nivel
nacional era de 1.7. Respecto al promedio de hijos disminuye conforme
aumenta el nivel de escolaridad de la mujer.
La violencia es uno de los problemas que más se ha recrudecido con
consecuencias graves que afectan a las mujeres indígenas. La Encuesta
Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los
Hogares (Endireh), estima que 59 por ciento de las mujeres indígenas
ha experimentado algún tipo de violencia a lo largo de su vida.
Para la Coordinadora Nacional de Mujeres Indígenas, (Conami) de
acuerdo con la agenda presentada al futuro coordinador del Instituto de
Pueblos Indígenas, Adelfo Regino, en el marco del 5 de septiembre, Día
Internacional de Mujeres Indígenas, es indispensable:
Reconocimiento a las mujeres indígenas como sujetas de derecho.
Garantizar su participación política en todos los ámbitos y espacios
de toma de decisiones y alto a la violencia política contra las
mujeres. Incluir a personas indígenas, en consulta pública, en las
figuras de representación como los Consejos Consultivos de las
instituciones federales.
Realizar acciones de reconocimiento y valor al aporte de las mujeres
indígenas, con la participación activa de las mismas, que entre otras,
incluya el reconocimiento del Día Internacional de la Mujer Indígena y
la creación del Premio Nacional de las Mujeres Indígenas Defensoras.
Generar datos desagregados por sexo y condición étnica que indiquen la desigualdad para dar soluciones pertinentes.
La creación de un programa nacional con presupuesto etiquetado y
progresivo que incentive la participación de mujeres indígenas en todos
los espacios.
Fortalecer, promover y garantizar los derechos lingüísticos en los
espacios públicos y en todos los servicios que brinda el Estado, a
través de la formación, capacitación y pago digno a mujeres intérpretes y
traductoras.
Garantizar servicios de salud con calidad y calidez, libres de
discriminación con perspectiva intercultural y de género en todos los
niveles de atención.
Potenciar el modelo de las Casas de la Mujer Indígena, como una
política pública exitosa en la relación con las mujeres indígenas, a
través del incremento progresivo de sus presupuestos.
Garantizar los derechos sexuales y reproductivos desde una
perspectiva intercultural y de género, especialmente en la aplicación de
la Norma 046 a las mujeres indígenas.
Transversalizar la perspectiva intercultural y de género en todas las Instituciones del Estado.
El contexto post electoral ha mostrado que la paridad se está
alcanzando dentro del poder legislativo y en la designación de los
gabinetes de gobierno. Lo único cierto es que la representación de las
mujeres indígenas en los espacios políticos no alcanza para construir la
masa crítica necesaria y la brecha de desigualdad de la participación
efectiva de las mujeres indígenas, en comparación con las no-indígenas,
esto aún siguen siendo un reto.
A pesar de los discursos benevolentes de los nuevos gobernantes y las
esperanzas de cambio a favor de los derechos de las minorías, las
mujeres indígenas organizadas requieren movilizarse y profundizar su
interlocución y acciones de incidencia política, con el apoyo de
múltiples asociaciones aliadas, sólo así el camino que han trazado podrá
ser alcanzado.
*Integrante de Kinal Antzetik Distrito Federal A. C. Kinal Antzetik
Distrito Federal A. C., es parte de la Coalición por la Salud de las
Mujeres, una red de organizaciones civiles con trabajo en salud y
derechos sexuales y reproductivos de las mujeres.
“En
los últimos 20 años se ha ido desvelando la cara oscura del Vaticano
que tiene que ver con los crímenes, con los abusos sexuales del clero.
Son crímenes que han movido los cimientos de la Santa Sede y que han
provocado la renuncia histórica de un Papa, como Joseph Ratzinguer,
Benedicto XVI.
Lo que hemos visto es que estos crímenes son a lo largo y ancho del
mundo. Y se han convertido en crímenes de lesa humanidad, porque tienen
las mismas características.
Son crímenes impunes, son crímenes bajo una estructura mafiosa, que
es la estructura de la Iglesia de secretismo, protección, impunidad,
proporcionada por la propia institución, de manera sistemática y se
podrían claramente considerar como crímenes de lesa humanidad, pues los
vemos en todo el mundo.
Están los casos de Irlanda, Alemania, Philadelphia, pero tenemos el
último de Alemania que nos acabamos de enterar. 3 mil 500 niños
abusados, pero también está la poderosa curia de Estados Unidos, que ha
pagado más de dos millones de dólares en indemnizaciones con diez mil
víctimas, y cinco mil sacerdotes denunciados por abusos sexuales.
Está el caso de América Latina, por supuesto Perú, Argentina, Chile.
Los crímenes siguen recorriendo el mundo sin que nadie haga nada.
El discurso no se corresponde con los hechos. El papa Francisco
empezó su pontificado protegiendo al nuncio apostólico, es decir al
representante de la Santa Sede, en República Dominicana, Kewelowski,
acusado de violar a cientos de niños, y lo saca con pasaporte
diplomático y se lo lleva al Vaticano.
Lo lleva al Vaticano, lo tiene ahí algún tiempo y luego se suicida en
forma sospechosa. Le da reclusión domiciliaria y ahí termina su vida.
Las autoridades de la Iglesia y el Vaticano no han entendido bien el
problema. Esta clase de delitos exigen mano dura de la Santa Sede, pero
tiene que ser una mano dura traducida en justicia.
Hasta que los obispos, los cardenales, el propio Papa entreguen a la
justicia a los depredadores sexuales con sotana, esto va a terminar”.
Todo lo anterior, son reflexiones de la autora de la trilogía de
libros que da cuenta del crimen de pederastia clerical en México,
Sanjuana Martínez.
“La cara oculta del Vaticano”, “Manto púrpura” y “Prueba de fé”, son
los títulos en donde desmenuza el crimen que llama de lesa humanidad, y
da voz a las víctimas.
En su visita a Hermosillo, para participar en varias actividades
académicas y sociales, dijo que en México, puede llegar a tener más
poder un cardenal que un presidente de la República.
Y es verdad. En Sonora por ejemplo, no hay un evento político de
trascendencia en donde no se otorgue un lugar privilegiado al
representante de la Iglesia católica.
Se le saluda y aplaude en forma especial, como si al no hacerlo se
faltara a una reverencia obligatoria y pudiera haber algún castigo
posterior.
Esos representantes son entrevistados en forma sistemática ocupando
espacios importantes en los medios de comunicación, sobre temas ajenos
por completo a su investidura y a su género incluso, pues opinan sobre
asuntos biológicos de las mujeres como lo es el aborto.
Sanjuana Martínez removió conciencias y sacudió las razones por las
que millones de personas decidieron votar por otras opciones políticas
el 1 de julio pasado.
Incomodó a muchas personas, quienes sienten que sus creencias son
válidas por sobre las de los demás. A otros por su proclividad a decir
las cosas claramente, incluida la necesidad de separar a la Iglesia del
Estado.
Criticó la forma en que se toman decisiones políticas, haciendo
hincapié en las recientes reformas constitucionales que promovió la
gobernadora Claudia Pavlovich, y eso incomoda.
En Sonora la reverencia que se tiene desde los gobiernos a los jerarcas religiosos no se oculta, al contrario, se presume.
Es así, que es costumbre que los gobernantes en su toma de protesta
en el puesto, tengan como invitados a representantes religiosos en
lugares sobresalientes.
Fue el caso de la reciente toma de protesta de Célida López Cárdenas
como presidenta municipal de Hermosillo. La Iglesia estuvo también
presente hace 3 años en la toma de protesta de la gobernadora Pavlovich,
y de todos sus antecesores.
Fue también pública y popular la foto en donde nuestra gobernadora
besa la mano del Papa Francisco agachando la cabeza, que tuvo cobertura
nacional e internacional.
Esa imagen circuló como un mal mensaje de cómo el poder político
puede doblegarse al poder religioso, y eso no es bueno para las mujeres.
La historia lo ha demostrado.
Estamos ante una nueva configuración política en el país, y en nuestro estado de Sonora. Poco a poco eso se debe notar.
Viene una lucha nacional por el avance de las libertades y derechos
de las mujeres. Por la recuperación de nuestros bienes estratégicos como
son educación, salud y energía.
Pero si no se coloca claramente la división entre la Iglesia y el
Estado, el camino será tortuoso para quienes siempre hemos visto
nuestras demandas a la cola de las prioridades.
No es de la Iglesia toda la responsabilidad, sino de quien la
escucha, como si tuviera voz y voto. Las mujeres podemos decidir por
nosotras mismas. No requerimos tutelaje ni de los hombres, ni del
Estado, mucho menos de las iglesias.
Ya es hora de que nos devuelvan nuestros cuerpos. De nosotras, de nadie más, recuperemos el Estado laico y hagamos democracia.
Darán compensación económica a niñez hasta los 21 años de edad
El congreso de Argentina reglamentó la “Ley Brisa”,
creada para reparar el daño a la niñez y adolescencia cuyas madres
fueron asesinadas por sus parejas, mediante una compensación económica
mensual para su desarrollo y sustento hasta que cumplan los 21 años de
edad.
El primero de octubre se publicó en el boletín oficial de Argentina
con la firma del presidente Mauricio Macri el decreto por el cual se
expide el Reglamento de la Ley No. 27.452 “Régimen de reparación
económica para las niñas, niños y adolescentes, cuyo progenitor haya
sido procesado y/o condenado como autor, coautor, instigador o cómplice
del delito de homicidio de su progenitora”.
En la normativa para el funcionamiento de esta ley, el congreso
argentino determinó que la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y
Familia (SENNAF) estará a cargo de los recursos dispuestos en este
régimen de reparación económica, mientras la Administración Nacional de
la Seguridad Social (Anses) tendrá la responsabilidad de los trámites
administrativos y reparto de los pagos establecidos en la Ley.
El reglamento también establece la creación de la “Comisión
Permanente de Seguimiento de la Ley 27.452” que se encargará del
monitoreo social a los menores de edad, vigilar su desarrollo en el
ámbito familiar así como el de sus tutores, y tendrá la facultad de
priorizar aquellos casos en los que se acredite una situación de riesgo o
vulnerabilidad socio-económica de las y los niños.
Esta Comisión estará conformada por representantes de la Secretaría
de la Niñez, el Instituto Nacional de las Mujeres y la Administración de
Seguridad Social de Argentina, indica la normativa.
La Ley Brisa es de las únicas que existen en América Latina para
reparar el daño a la niñez que está en situación de orfandad por el
asesinato de sus madres, a pesar de que se registran al menos 12 mujeres
asesinadas diariamente en la región según datos de 2016 de la Comisión
Económica para América Latina y el Caribe (Cepal).
A la ley se le dio el nombre de la niña de 3 años de edad, Brisa,
quien con sus dos hermanos de 7 años fueron testigos del momento en que
su padre asesinó a su madre, Daina Barrionuevo en Buenos Aires,
Argentina, en 2014.
El caso detonó la movilización de organizaciones de la sociedad civil
quienes buscaron que el Estado se hiciera responsable del apoyo a estas
víctimas indirectas de la violencia contra las mujeres. La ley fue
redactada por las agrupaciones “Casa del Encuentro” y la “Defensoría del
Pueblo” quienes realizaron una investigación en la que plantean que los
asesinatos de mujeres en Argentina entre 2008 a 2015 dejaron alrededor
de 2 mil niños y niñas en orfandad.
ENTRA EN VIGOR LA LEY BRISA
Para el funcionamiento de la “Ley Brisa” sólo faltaba el reglamento
para su operación, por lo que a partir del primero de octubre que éste
se publicó, la niñez y adolescencia en orfandad por feminicidio en
Argentina puede requerir ser beneficiario del recurso.
En los casos en los que el asesinato de la madre ocurrió antes de la
sanción de la “Ley Brisa”, la reparación económica para sus hijas e
hijos comenzará a partir de la fecha de la promulgación de la ley. En
los asesinatos de mujeres que ocurran posteriores a la entrada en vigor
de la ley, el pago económico se dará a partir de la fecha de comisión
del delito.
La ley también contempla la reparación económica para la niñez aun
cuando la causa penal del asesinato de la progenitora se extinga por el
suicidio o muerte de la pareja; o cuando cualquiera de los progenitores
haya fallecido a causa de violencia de género.
La cobertura en servicios médicos para la niñez y adolescencia en
orfandad se dará por medio el Sistema de Salud Público de Argentina.
