12/30/2017

Las certezas del año y sus posibles efectos para 2018

Monedero



Por: Carmen R. Ponce Meléndez*
Frente a viento y marea en contra de todas las opiniones nacionales e internacionales se militariza el país, al autorizar el Senado la nueva Ley de Seguridad Interior. Tanto la ONU como la Unión Europa (UE) externaron sus opiniones en contra de esa Ley, pero todo ha sido inútil hasta ahorita, sin embargo la lucha en contra de esa Ley no ha terminado, apenas inicia, lo que sí es que para 2018 se tendrá  ese “pequeño” escollo.
Muchas de las explicaciones –más allá de dar la certidumbre a las fuerzas militares, o el crecimiento de la delincuencia–, son los graves problemas económicos actuales de la mayoría de la población; los que se avecinas; las elecciones del próximo año y el anuncio de medidas económicas o políticas muy impopulares. Todas ellas en su conjunto causarían un enorme descontento social y para eso estarían alistados los militares con sus “súper” funciones.
Para empezar es muy obvio el empobrecimiento de la población trabajadora, según el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval) el ingreso laboral per cápita mostró una disminución real de 2.1 por ciento entre el tercer trimestre de 2016 y el tercer trimestre de este año. Ver gráfica aquí.
El porcentaje de población con ingreso laboral inferior al valor de la canasta alimentaria creció. Pasó de  40 por ciento a 41.8 por ciento,  entre el tercer trimestre de 2016 y el tercer trimestre del año.
De acuerdo al propio Coneval si el ingreso laboral (ITLP) aumenta más que el valor de la canasta alimentaria, el poder adquisitivo del hogar mejora y el ITLP tiende a bajar. De forma inversa, si el precio de los alimentos de la canasta alimentaria aumenta más que el ingreso laboral, el poder adquisitivo disminuye, por lo que el ITLP tiende a subir.
A los salarios se los ha comido la inflación, esa que el anterior Gobernador de Banco de México (Cartens), dijo que se reduciría a 3.0 después de marzo. Resulta que para noviembre es de 6.63 por ciento, prácticamente el doble a la del mismo periodo del año pasado (3.36 por ciento) y los salarios mínimos sólo aumentaron 3.7 por ciento, nada que ver.
El aumento de precios más importante está en energéticos. En 2015 aumentaron 2.15,  para 2017 13.94 por ciento. Según la gráfica en 2011 un tanque de gas doméstico de 20 kilos costaba 220 pesos; para este año ese precio creció 73 por ciento, ahora cuesta 380, además ese precio es diferencial en el país (datos de la Comisión Reguladora de Energía).
Son los “logros” de la reforma energética, que se potenciarán el próximo año, ya que a partir de noviembre se liberalizaron todos los precios de los energéticos. Significa más aumentos con el mismo sueldo. Y las mujeres son las que tienen los salarios más bajos.
No se puede perder de vista que el aumento al gas LP le pega directamente al precio de la canasta alimentaria. El aumento del gas guarda una estrecha relación con la depreciación del peso, más de la mitad de las ventas de primera mano de este producto provienen de Pemex.
Pero los incrementos en los precios de los alimentos no se quedan atrás, prácticamente todos los seleccionados en la muestra que aparece en la gráfica crecieron considerablemente desde 2011 (ver gráfica). Frutas y verduras tenía en 2015 una inflación de 6.19, ahora es de 14.91  por ciento, ya son inaccesibles, porque los salarios son los mismos.
Con un salario mínimo una persona debe trabajar 24:13 minutos y para cubrir una canasta básica para cuatro personas requiere un salario diario de 245.00 pesos (datos del Observatorios del Salario de la Ibero de Puebla).
Incluso la variación real del salario contractual es negativa en 1.47 puntos en lo general pero para manufacturas asciende a 2.7 por ciento. Es innegable que ha crecido la pobreza en el país.
Quien sabe porque José Antonio Meade –candidato del PRI a la Presidencia– declaró en diciembre que: “el salario mínimo es suficiente para contrarrestar los aumentos a la gasolina  y a la luz”, probablemente se refería a otro país, porque aquí en México, eso es totalmente falso.
Ni siquiera el “Buen Fin” logró revitalizar al mercado interno, más de un tercio de los comercios reporta que sus ventas permanecieron igual, respecto al año anterior, con una disminución (en general) del 25  por ciento, respecto a 2016 (datos de Inegi). Claro, con salarios de hambre y descuentos de mentiritas, imposible crecer.
A propósito de crecimiento Cepal estima un crecimiento de la economía del  2.2  para este año,  y de 2.4 por ciento para 2018. Ambos son insuficientes para superar tanta pobreza y quedan incumplidas las promesas de campaña de Enrique Peña Nieto.
Los factores de incertidumbre para 2018 prácticamente son los mismos de este año, salvo las elecciones. Desvalorización del peso; renegociación del Tratado de Libre Comercio –con las absurdas y autoritarias imposiciones de Trump–;  sus locuras como el proyecto de reforma fiscal, que avanza peligrosamente. No sólo para México, sino también para la economía de Estados Unidos y de sus habitantes, claro para las personas pobres. Entre otras cosas implica una mayor concentración del ingreso, en ambos países.
* Economista especializada en temas de género
twitter @ramonaponce
Cimacnoticias | Ciudad de México

México rendirá cuentas sobre violencia de género ante Comité CEDAW


Violencia política, desapariciones y acceso a derechos sexuales, ámbitos más rezagados 
   


En 2018 el Estado mexicano enfrentará al Comité de la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Contra la Mujer (CEDAW, por sus siglas en inglés), organismo internacional que evaluará las políticas implementadas para enfrentar la violencia de género y garantizar los derechos políticos, electorales, sexuales y reproductivos de las mujeres.
En diciembre de 2016 el Estado mexicano presentó ante el Comité el noveno informe sobre políticas de igualdad de género y no discriminación donde respondió a las recomendaciones recibidas en 2012 y en años anteriores; dos años después de enviar ese documento los avances y retrocesos del país para erradicar la discriminación contra las mujeres serán evaluados nuevamente.
Ante esta rendición de cuentas el panorama para México no es alentador. La Cátedra UNESCO de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), que junto con organizaciones del todo el país elabora un  “informe sombra” sobre las recomendaciones, calificó el cumplimiento de las recomendaciones como “insuficiente”.

REPRESENTACIÓN POLÍTICA
Como muestra: En 2012, en materia de participación política de las mujeres, el Comité CEDAW recomendó al gobierno eliminar los obstáculos que impiden la participación femenina en cargos públicos, pero aun cuando en 2014 se instauró como principio constitucional la paridad -que obliga a los partidos políticos a postular 50 por ciento de mujeres en candidaturas locales y federales-, su presencia sigue siendo escasa y cuando logran incursionar en este escenario enfrentan a prejuicios relacionados con su género.
La representación femenina en cargos de elección popular municipales fue calificada por la Cátedra UNESCO como “deficiente” porque en 2016 las mujeres ocuparon 9 por ciento de las presidencias municipales, como consta en su “Informe técnico sobre la elaboración de indicadores de las recomendaciones CEDAW 2017”.
Además consideran que faltan políticas públicas para incrementar el número de mujeres en puestos de la administración pública que para representaban 38 por ciento de los puestos directivos.

SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA
En cuanto a los derechos sexuales y reproductivos, en la recomendación 33 la CEDAW pidió al Estado mexicano eliminar los obstáculos que enfrentan las mujeres para interrumpir un embarazos de forma legal y segura.
Sin embargo, para 2016 al menos 19 entidades aún protegían “la vida desde la concepción”, entre ellas Veracruz, Querétaro, Baja California y Chiapas, lo que criminaliza y puede llegar a poner en riesgo la vida de las mujeres que buscan ejercer la interrupción del embarazo, así lo afirmó la Cátedra UNESCO en otro  “informe sombra” parcial que publicó en marzo de 2017.
En este contexto y como producto de la exigencia social este mes se emitió por primera vez en el país una Alerta de Violencia de Género (AVG) por Agravio Comparado en Veracruz, porque en la entidad seguín vigentes leyes que criminalizaban a las mujeres por  interrumpir embarazos no deseados.

PREVALECEN DESAPARICIONES E IMPUNIDAD
En 2012 el Comité CEDAW hizo especial énfasis en las desapariciones de mujeres y niñas por la relación porque son delitos que podría tener relación con otros ilícitos pero el gobierno mexicano no atendió este aspecto pues a pesar de que una da las recomendaciones fue mantener registros certeros que permitieran dimensionar la magnitud del problema, mismos que no se realizaron.
Destaca el caso de Nuevo León, entidad donde las académicas de la UNAM que dan seguimiento a la CEDAW, revisaron solicitudes de información y encontraron que las autoridades no registran cuántas mujeres desaparecidas son localizadas, esto a pesar de que el organismo instrumento intencional ha señalado de preocupante el alto número de desapariciones de mujeres en el estado, de acuerdo al Registro Nacional de Datos de Personas Extraviadas o Desaparecidas (RNPED) fueron 677 de 2000 a 2017.
La exigencia de una base de datos actualizada sobre desapariciones de mujeres también la hicieron organizaciones civiles y familiares de las víctimas en noviembre pasado cuando Data Cívica denunció que el RNPED, dependiente de la Secretaría de Gobernación (Segob) no contabiliza ni actualiza los nombres de las personas desaparecidas.
La falta de registros resulta preocupante en un contexto donde, de acuerdo a la Segob, durante los últimos 11 años 8 mil 456 mujeres desaparecieron en México, Más de la mitad fueron niñas, adolescentes y jóvenes menores de 21 años.
La CEDAW también recomendó hacer eficiente la implementación de la AVG, mecanismo de emergencia vigente en 11 entidades del país para enfrentar y erradicar la violencia de género y acelerar el procedimiento para que en caso de ser necesario se aplique en más estados, venciendo así las limitantes políticas que impiden activarla.
En la práctica en 2017 la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia Contra las Mujeres (Conavim) negó la AVG en Puebla y Tlaxcala, entidades donde se solicitó la declaratoria de Alerta por desapariciones y asesinatos de mujeres y niñas relacionados con trata de personas; también rechazó la solicitud en el municipio sonorense de Cajeme y en Tabasco.

RESPUESTAS A LA VIOLENCIA
Respecto a la violencia cometida contra las mujeres el Comité CEDAW pidió al Estado mexicano responder sobre los avances y retrocesos en el caso de las mujeres Atenco, sobre tortura sexual contra 11 mujeres que mantienen una denuncia por la violencia y falta de justicia que han vivido durante once años, desde que el 3 y 4 de mayo de 2006 fueron víctimas de violación por policías municipales, estatales y federales en Atenco y Texcoco, Estado de México.
En noviembre de este año la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH), que analiza el caso para dictar una posible sentencia condenatoria contra el Estado, llamó a las 11  denunciantes para escucha su testimonio. Ahora se espera que en 2018 el organismo interamericano emita una resolución sobre el caso y sobre la posible reparación del daño.
Otro ámbito que la CEDAW abordó en 2012 y en el que México resultará rezagado fue la erradicación de la violencia en el ámbito educativo ya que, de acuerdo al análisis de la Cátedra UNESCO, sólo18.75 por ciento de las entidades federativas del país cuentan con un protocolo para la detección y denuncia de esta violencia.
El gobierno mexicano se ha caracterizado por dejar en segundo plano el cumplimento de la CEDAW, lo que se ve reflejado en el retraso con el que informa sobre el cumplimento de las recomendaciones. Hace 10 años que entrega informes al Comité evaluador con retrasos de hasta cuatro años. Por ejemplo, la séptima evaluación la debió presentar en 2006 pero la envió hasta 2010 junto con el octavo informe.
Además, denunció en entrevista con Cimacnoticas la coordinadora de la Cátedra UNESCO, Gloria Ramírez Hernández, el gobierno mexicano no tiene mecanismos ni políticas públicas de seguimiento a las recomendaciones recibidas por la CEDAW pues se interesa en ellas “exclusivamente cuando tiene que entregar informes y sólo para cumplir con el compromiso internacional”.
Desde que México suscribió esta convención, en 1981, y hasta la fecha, el Comité ha emitido 132 recomendaciones al Estado mexicano, quien cada cuatro años tiene la obligación de comunicar qué acciones realiza para subsanar las observaciones.
CIMACFoto: César Martínez López
Por: Montserrat Antúnez Estrada
Cimacnoticias | Ciudad de México .- 

Las certezas del año y sus posibles efectos para 2018


  Monedero
Por: Carmen R. Ponce Meléndez*


Frente a viento y marea en contra de todas las opiniones nacionales e internacionales se militariza el país, al autorizar el Senado la nueva Ley de Seguridad Interior. Tanto la ONU como la Unión Europa (UE) externaron sus opiniones en contra de esa Ley, pero todo ha sido inútil hasta ahorita, sin embargo la lucha en contra de esa Ley no ha terminado, apenas inicia, lo que sí es que para 2018 se tendrá  ese “pequeño” escollo.
Muchas de las explicaciones –más allá de dar la certidumbre a las fuerzas militares, o el crecimiento de la delincuencia–, son los graves problemas económicos actuales de la mayoría de la población; los que se avecinas; las elecciones del próximo año y el anuncio de medidas económicas o políticas muy impopulares. Todas ellas en su conjunto causarían un enorme descontento social y para eso estarían alistados los militares con sus “súper” funciones.
Para empezar es muy obvio el empobrecimiento de la población trabajadora, según el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval) el ingreso laboral per cápita mostró una disminución real de 2.1 por ciento entre el tercer trimestre de 2016 y el tercer trimestre de este año. Ver gráfica aquí.
El porcentaje de población con ingreso laboral inferior al valor de la canasta alimentaria creció. Pasó de  40 por ciento a 41.8 por ciento,  entre el tercer trimestre de 2016 y el tercer trimestre del año.
De acuerdo al propio Coneval si el ingreso laboral (ITLP) aumenta más que el valor de la canasta alimentaria, el poder adquisitivo del hogar mejora y el ITLP tiende a bajar. De forma inversa, si el precio de los alimentos de la canasta alimentaria aumenta más que el ingreso laboral, el poder adquisitivo disminuye, por lo que el ITLP tiende a subir.
A los salarios se los ha comido la inflación, esa que el anterior Gobernador de Banco de México (Cartens), dijo que se reduciría a 3.0 después de marzo. Resulta que para noviembre es de 6.63 por ciento, prácticamente el doble a la del mismo periodo del año pasado (3.36 por ciento) y los salarios mínimos sólo aumentaron 3.7 por ciento, nada que ver.
El aumento de precios más importante está en energéticos. En 2015 aumentaron 2.15,  para 2017 13.94 por ciento. Según la gráfica en 2011 un tanque de gas doméstico de 20 kilos costaba 220 pesos; para este año ese precio creció 73 por ciento, ahora cuesta 380, además ese precio es diferencial en el país (datos de la Comisión Reguladora de Energía).
Son los “logros” de la reforma energética, que se potenciarán el próximo año, ya que a partir de noviembre se liberalizaron todos los precios de los energéticos. Significa más aumentos con el mismo sueldo. Y las mujeres son las que tienen los salarios más bajos.
No se puede perder de vista que el aumento al gas LP le pega directamente al precio de la canasta alimentaria. El aumento del gas guarda una estrecha relación con la depreciación del peso, más de la mitad de las ventas de primera mano de este producto provienen de Pemex.
Pero los incrementos en los precios de los alimentos no se quedan atrás, prácticamente todos los seleccionados en la muestra que aparece en la gráfica crecieron considerablemente desde 2011 (ver gráfica). Frutas y verduras tenía en 2015 una inflación de 6.19, ahora es de 14.91  por ciento, ya son inaccesibles, porque los salarios son los mismos.
Con un salario mínimo una persona debe trabajar 24:13 minutos y para cubrir una canasta básica para cuatro personas requiere un salario diario de 245.00 pesos (datos del Observatorios del Salario de la Ibero de Puebla).
Incluso la variación real del salario contractual es negativa en 1.47 puntos en lo general pero para manufacturas asciende a 2.7 por ciento. Es innegable que ha crecido la pobreza en el país.
Quien sabe porque José Antonio Meade –candidato del PRI a la Presidencia– declaró en diciembre que: “el salario mínimo es suficiente para contrarrestar los aumentos a la gasolina  y a la luz”, probablemente se refería a otro país, porque aquí en México, eso es totalmente falso.
Ni siquiera el “Buen Fin” logró revitalizar al mercado interno, más de un tercio de los comercios reporta que sus ventas permanecieron igual, respecto al año anterior, con una disminución (en general) del 25  por ciento, respecto a 2016 (datos de Inegi). Claro, con salarios de hambre y descuentos de mentiritas, imposible crecer.
A propósito de crecimiento Cepal estima un crecimiento de la economía del  2.2  para este año,  y de 2.4 por ciento para 2018. Ambos son insuficientes para superar tanta pobreza y quedan incumplidas las promesas de campaña de Enrique Peña Nieto.
Los factores de incertidumbre para 2018 prácticamente son los mismos de este año, salvo las elecciones. Desvalorización del peso; renegociación del Tratado de Libre Comercio –con las absurdas y autoritarias imposiciones de Trump–;  sus locuras como el proyecto de reforma fiscal, que avanza peligrosamente. No sólo para México, sino también para la economía de Estados Unidos y de sus habitantes, claro para las personas pobres. Entre otras cosas implica una mayor concentración del ingreso, en ambos países.
* Economista especializada en temas de género
twitter @ramonaponce

Especial
Cimacnoticias | Ciudad de México 

En 2018 se resolverán ocho solicitudes de Alerta de Género



   Sumarían 20 estados en emergencia por violencia contra las mujeres
   
 
En 2018 la Secretaría de Gobernación (Segob), a través de la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia Contra las Mujeres (Conavim) debe resolver si declara la Alerta de Violencia de Género (AVG) en ocho estados del país; de ser así 20 entidades, más de la mitad del país, contarían con este mecanismo de emergencia para asegurar una vida libre de violencia para las mujeres.
El próximo año los estados de Oaxaca, Campeche, Zacatecas, Yucatán y Jalisco deberán informar si cumplieron con las recomendaciones que en 2017 les hicieron los expertos en violencia de género que analizaron las peticiones de Alerta; mientras que en la Ciudad de México, Coahuila y Durango los grupos de especialistas entregarán los informes con las políticas públicas a implementar.
En todos los casos una vez cabe mencionar que las agrupaciones de la sociedad civil presentan una solicitud de AVG, la Conavim lanza una convocatoria para integrar Grupos de Trabajo de expertos que analizan la petición y emiten un informe con recomendaciones que los gobiernos estatales deben implementar. Una vez que se cumple con estas observaciones la dependencia de la Segob decide si procede o no la declaratoria de emergencia.
Hasta el cierre de 2017 los gobiernos de cinco estados: Oaxaca, Campeche, Zacatecas, Yucatán y Jalisco cuentan con un periodo para implementar las políticas públicas de urgencia recomendadas por la  en materia de seguridad, prevención, justicia y para visibilizar la violencia cometida contra la población femenina.

Asimismo, para 2018 se resolverá la solicitud de Alerta para la Ciudad de México. Hace dos meses trascendió que el informe del Grupo de Trabajo se daría a conocer en las primeras semanas de diciembre y aunque concluyó el trabajo de revisión de los expertos, la Conavim no lo publicó y dejó a la sociedad civil a la expectativa.
En este caso la petición de Alerta de Genero en la capital ha generado opiniones encontradas entre las autoridades y las cuatro organizaciones civiles que la solicitaron, el Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio, Justicia Pro Personas, el Centro Fray Francisco Vitoria y la  Red “Todos los Derechos para Todas y Todos”.
Las agrupaciones a favor de la implementación señalan que la AVG es necesaria ante la falta de acceso a la justicia para las víctimas de feminicidio pero el Gobierno capitalino se niega a tener esta declaratoria aludiendo a que “no se necesita” porque ya existe política pública para atender la situación y porque considera que el número de asesinatos no es alarmante.
Por otra parte Coahuila y Durango son dos estados más que esperan tener un resolutivo en 2018 ya que en ambos casos los Grupos de Trabajo entregarán su informe. Una vez que estos documentos se publiquen las autoridades de las entidades tendrán seis meses para acatar las recomendaciones encaminadas a prevenir y atender la violencia de género.
De declararse el mecanismo de emergencia en las ocho entidades, se sumarían a las 12 que ya cuentan con una Alerta: 11 municipios del Estado de México; ocho municipios de Morelos; 14 de Michoacán; siete de Chiapas; 11 de Veracruz (que cuenta con dos Alertas: una por Agravio Comparado y otra por violencia feminicida); cinco de Sinaloa, Nuevo León y Colima, respectivamente; seis de San Luis Potosí; ocho de Guerrero; tres de Quintana Roo; y siete de Nayarit.

2017, EL AÑO DE LAS ALERTAS
Este 2017 se convirtió en el año con el mayor número de emisiones de Alertas de Género. La Segob declaró siete, en Sinaloa, Colima, San Luis Potosí, Guerrero, Quintana Roo, Nayarit y en Veracruz que ya contaba con una por violencia feminicida y que este año acumuló la segunda, esta vez por Agravio Comparado, es decir por tener normas vigentes que violentan los derechos de las mujeres.  
La Segob también negó otras cuatro Alertas que causaron la indignación de la sociedad civil: primero la AVG en Puebla y Tlaxcala, donde se denunciaron los altos números de desapariciones, asesinatos y casos de trata de mujeres y niñas. Asimismo, después de dos años de trámites, se negó la AVG para Cajeme, municipio de Sonora y la solicitud para Tabasco también fue desechada. 
Tras estas resoluciones las agrupaciones y sociedad civil se organizaron y manifestaron en las calles, palacios municipales y en las oficinas de la Segob para mostrar su descontento. Finalmente, las peticionarias de la Alerta en Tlaxcala y Puebla volvieron a tramitar la solicitud. Por su parte, en Sonora, optaron por interponer un amparo que está por resolverse.
Otro precedente que marcó el año fue la declaratoria de la primer Alerta por Agravio Comparado en Veracruz, es decir, por la existencia de leyes que obstaculizan los derechos de las mujeres, en este caso los derechos sexuales y reproductivos al criminalizar a las veracruzanas que interrumpen un embarazo no deseado y castigándolas con tratamientos psicológicos.
Esta decisión no sólo colocó al estado como el primero en acumular dos Alertas (agravio comparado y feminicidio), también evidenció la crisis de violencia que viven las veracruzanas.
Con la declaratoria el próximo año se espera que el Gobierno de Veracruz cumpla con las obligaciones que dictó la Segob, una de las más importantes es reformar el Código Penal local para despenalizar el aborto de forma voluntaria hasta las 12 semanas de gestación, con lo cual Veracruz podría ser la segunda entidad del país (además de la Ciudad de México) en permitir que las mujeres decidan sobre su maternidad.
Así, para 2018 la Conavim tiene que asegurar que se implementen de forma de correcta y transparente las 13 Alertas de Género hasta ahora emitidas, y resolver las ocho solicitudes.
Cabe mencionar que para esta tarea y para la creación de otros programas y política pública enfocada en prevenir la violencia contra las mujeres, la dependencia de Segob contará con un presupuesto de 256 millones de pesos.
CIMACFoto: César Martínez López
Por: Hazel Zamora Mendieta
Cimacnoticias | Ciudad de México .- 

México suma 52 mil asesinatos de mujeres en 32 años


 A las mujeres se les asesina con mayor brutalidad: ONU Mujeres
   

En los últimos 32 años se han registrado en México 52 mil 210 asesinatos de mujeres pero de estos no se tiene certeza cuántos podrían ser feminicidio aunque en todos existen características que muestran la brutalidad con la que son asesina a las mujeres, revela un estudio de ONU Mujeres y el Instituto Nacional de las Mujeres.
Dada la falta de registros certeros sobre el feminicidio en el país, la investigación “La violencia feminicida en México aproximaciones y tendencias 1985 y 2016”, intenta realizar un acercamiento a esta problemática a partir de los certificados de defunciones de mujeres en los que se presume se trató de un “homicidio”.
Con ello, el estudio también apoyado por la Secretaría de Gobernación y el Colegio de México, retoma las características de estos decesos para aproximarse a las razones de género que marcan el feminicidio.
De acuerdo con la investigación, a pesar de que el uso de armas de fuego es la principal herramienta para asesinar a mujeres y hombres, se observa que en ellas se ejercen medios más brutales: el ahorcamiento, estrangulamiento, sofocación y objetos punzocortantes.
Por ejemplo, tan sólo en 2016 de las 21 mil 225 mujeres asesinadas se registró que 17.2 por ciento de los crímenes se perpetraron ahorcando a la víctima, otro 16.6 por ciento con un objeto cortante y 1.4 por ciento con sustancias nocivas o fuego.
Las mujeres asesinadas con un arma de fuego representaron 48.4 por ciento, mientras los hombres un 67.4 por ciento. Estos datos permiten mostrar la saña con la que son cometidos los asesinatos de la población femenina, sostiene la investigación.
Otra característica de los asesinatos de mujeres es el lugar donde se cometen: son ultimadas principalmente en la vía pública (en 2016 representó un 41 por ciento de los decesos), aunque existe un porcentaje amplio que fue asesinada dentro de sus hogares (31 por ciento en 2016).
Cabe destacar que el restante (28 por ciento) se desconoce dónde las asesinaron pues en los certificados se ignora el lugar en el que ocurrió.
Otro problema que destaca el informe es en el número de asesinatos de mujeres que derivaron de la violencia familiar. De 2011 a 2016 un total de 9 por ciento de los asesinatos de mujeres se calificó como producto de este tipo de violencia pero estos datos podrían ser mayores ya que esta variable no se contestó en todos los certificados.
Estas características (lugar y modo) se acercan a las siete razones de género establecidas en el Código Penal Federal para tipificar un feminicidio: que la víctima presente signos de violencia sexual; le hayan infligido lesiones o mutilaciones infamantes o degradantes; antecedentes de violencia en al ámbito familiar laboral o escolar del asesino contra la víctima; que haya existido una relación sentimental, afectiva o de confianza; acoso, amenazas del asesino contra la víctima; y que la víctima haya sido incomunicada y el cuerpo sea expuesto en un lugar público.
Asimismo desde 2015 la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la sentencia por el feminicidio de Mariana Lima (ocurrido en 2010 en el Estado de México) estableció que toda muerte violenta de una mujer debe investigarse con perspectiva de género.
El informe retoma las cifras de feminicidio registradas por el Instituto Nacional de Estadísticas y Geografía (Inegi) pero incluso en esta plataforma las cifras varían según la encuesta que se consulte.
Por ejemplo, el Censo Nacional de Gobierno, Seguridad Pública y Sistema Penitenciario Estatales del Inegi contó sólo 125 “probables víctimas de feminicidio” de 2013 a 2015. En tanto, en el mismo periodo el Censo Nacional de Procuración de Justicia Estatal, de la misma dependencia, registró mil 404 víctimas de feminicidio.
“Esta ausencia de información refuerza la necesidad de investigar todas las defunciones de mujeres por causas externas con un protocolo con perspectiva de género, como lo establece la sentencia de la SCJN, para poder afirmar o descartar que tales muertes fueron causadas por el hecho de ser mujeres”, señala la investigación.
Las instituciones añaden que se deben seguir fortaleciendo los sistemas de información que den cuenta de los casos de violencia contra las mujeres, como lo indican las recomendaciones 12, 13, 17, 18 y 19 del Comité de Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW, por sus siglas en inglés) al Estado mexicano.
Según la investigación la tasa de defunciones femeninas con presunción de homicidio en México es de 4.4 por cada 100 mil mujeres. Arriba de esta tasa se encuentra Colima con una tasa de 16.3 y le siguen Guerrero (13.1), Zacatecas (9.7), Chihuahua (8.8) y Morelos con 8.4 defunciones de mujeres.
CIMACFoto: César Martínez López
Por: la Redacción

Cimacnoticias | Ciudad de México .-

Las mujeres: actoras clave en la resistencia hondureña


 Gobiernos conservadores amenazan derechos 
   

La reelección de Juan Orlando Hernández Alvarado, del Partido Nacional, como presidente de Honduras es ilegal y significa perpetuar y avalar la represión y criminalización de la protestas, así como la violación y el retroceso de los derechos de las mujeres, denunciaron defensoras de los Derechos Humanos (DH) del país centroamericano.
Luego de las elecciones celebradas el pasado 26 de noviembre,  calificadas por la ciudadanía hondureña como fraudulentas, mujeres y hombres realizaron protestas en las calles, mismas que en opinión de activistas se han caracterizado por la represión de policías y fuerzas militares.
Hasta el 22 de diciembre organizaciones civiles del país contabilizaron 38 asesinatos en ese contexto, entre ellos el de la estudiante de 19 años Kimberly Fonseca Santa María, quien, según informaron medios nacionales, recibió el impacto de una bala militar durante las primeras manifestaciones de este mes.
La indignación creció tras el drástico cambio de los resultados electorales. En un conteo preliminar de los votos el Tribunal Supremo Electoral anunció la ventaja de cinco puntos del candidato opositor de izquierda, Salvador Nasralla, pero siete días después de la jornada electoral, el 4 de diciembre, la autoridad alegó fallas en el sistema y declaró el triunfo de Hernández Alvarado.
La instancia gubernamental oficializó el fallo el 17 de diciembre y el político del Partido Nacional fue considerado como ganador aun cuando en ese país la Constitución establece como ilegal la reelección. Él ocupó la Presidencia desde 2014 la presidencia, mandato que terminaba en enero de 2018.
Además de ser anticonstitucional, la reelección significará un obstáculo para defender los DH de las mujeres, actoras claves durante las actuales denuncias en Honduras pues el gobierno de Hernández Alvarado se caracterizó por frenar iniciativas sobre derechos de las mujeres como la despenalización del aborto. Esto afirmó en entrevista con Cimacnoticias la coordinadora del Observatorio Político de Mujeres N-26, Jessica Sánchez.
La defensora expuso que el retroceso democrático también se ve reflejado en la violencia política contra las mujeres, ejercida contra funcionarias y diputadas que se han opuesto a la reelección, según han documentado.
Sánchez también criticó que pese a que en Honduras está vigente la Ley del Principio de Paridad y Mecanismo de Alternancia, los datos preliminares del Tribunal Supremo Electoral anuncian que de 298 cargos municipales solo 22 estarán ocupados por mujeres. Los resultados oficiales sobre los cargos del Congreso aún no se publican.
“Una agenda política que favorezca a las mujeres no ha sido la prioridad de los gobiernos hondureños”, denunció también en entrevista la directora del Centro de Derechos de Mujeres (CDM), Gilda Rivera, quien afirmó que el contexto de represión a nivel nacional muestra la violencia de la que han sido víctimas las personas defensoras de DH en el país, un ejemplo, recordó, fue el asesinato en 2016de la defensora de la tierra, Berta Cáceres.
El crimen contra la ambientalista no fue el único, de 2013 a 2016 la Iniciativa Mesoamericana de Mujeres Defensoras de Derechos en Humanos documentó mil 9 agresiones contra mujeres defensoras de DH, lo que posicionó al país como el segundo de la región más violento para ejercer su labor, sólo por debajo de México.
La defensora e integrante del Centro de Estudios de la Mujer -  Honduras (CEM-H) Sara Avilez Tomé explicó que las actuales denuncias son resultado de la “indignación acumulada por la población desde 2009, cuando las fuerzas armadas y el presidente del Congreso Nacional derrocaron al entonces mandatario Manuel Zelaya. En esos años de resistencia, mencionó, las mujeres han tenido un papel esencial.
“En la toma de las calles ellas son las que organizan a los vecinos, también preparan alimentos a las y los manifestantes y, cansadas de la presencia de Fuerzas Armadas en las calles, encaran al ejército y la policía durante las manifestaciones”, afirmó Avilez Tomé.
Gilda Rivera precisó que el movimiento civil de resistencia en Honduras y particularmente las mujeres organizadas, no apoyan a Salvador Nasralla como presidente porque tampoco es una opción ya que él se ha pronunciado contra los derechos de las personas como el matrimonio igualitario, por tanto un posible mandato de este político tampoco significaría cambios estructurales a favor de los DH, sin embargo, representaría “el fin de un gobierno ilegítimo” erigido por Hernández Alvarado.
Jessica Sánchez observa el golpe de estado en Honduras de 2009 y las actuales elecciones en su país desde un contexto internacional de “vuelta a la derecha política”, lo que considera es una amenaza a los derechos de las mujeres. Esto, dijo, se observó más claro con el nombramiento de Donald Trump como presidente de Estados Unidos, nación que la semana pasada reconoció el gobierno de Hernández Alvarado.
Para hacer frente a este panorama Jessica Sánchez señaló que la organización de las mujeres en las calles y la sociedad civil a través de iniciativas servirán de contrapeso, tal como lo hicieron miles de mujeres estadunidenses en enero pasado cuando marcharon tras la toma de protesta de Trump para exigir que sus derechos sean prioridad.
El fallo del Tribunal Supremo Electoral a favor de la reelección también fue condenado por organismos internacionales como la Unión Europea y la Organización de los Estados Americanos (OEA), quien señaló que por el “cúmulo de irregularidades” aún no podría determinarse quién fue electo como presidente.
A raíz de los asesinatos, el pasado 26 de diciembre la OEA solicitó la entrada de uno de sus delegados para obtener información sobre las violaciones a los DH cometidas y hablar con las víctimas y sus familiares, misma que fue rechazada por el gobierno hondureño un día después.
CIMACFoto: César Martínez López
Por: Montserrat Antúnez Estrada

Cimacnoticias | Ciudad de México .- 

12/29/2017

Trabajo precario e informalidad laboral en México



Durante el fatídico sexenio que comenzó en diciembre de 2012 y expira en el mismo mes de 2018 la tasa promedio de crecimiento económico del país será inferior a 2% en términos reales. Con ello se confirma no sólo el comportamiento histórico-estructural del capitalismo neoliberal dependiente mexicano de las últimas tres décadas — con Fox: 2,36% y con Calderón: 1,58%; en ambos sexenios: 1,9%) —; sino, además, su irrefrenable pendiente al cuasi estancamiento estructural parcialmente contrarrestado de manera preventiva y coyuntural mediante la aplicación de "políticas correctivas" del gasto público en contra de la población particularmente en materia de gasto social como salud, vivienda, educación, alimentación, recreación y salarios. El resultado ha sido el inusitado y sistemático deterioro de la vida social y laboral de millones de trabajadores y ciudadanos mexicanos cuyos ingresos son impiadosamente pulverizados por la crisis capitalista y sus personeros: los voraces empresarios y comerciantes; la inflación, los bajísimos salarios, el desempleo, el hambre, la extendida mendicidad, la miseria y la violencia generalizada que afecta a grandes contingentes de la población, particularmente a los jóvenes y las capas más empobrecidas del país.
Mientras el gran capital monopólico nacional y extranjero, así como la burocracia política obtienen súper-millonarias ganancias en la industria, el comercio, los bancos y servicios, en el sistema financiero especulativo y en la actividad estatal; con la privatización de las empresas públicas que el gobierno traspasa al capital internacional (energéticos, minería, comunicaciones, agricultura, servicios bancarios y financieros, entre tantos otros) el pueblo y los trabajadores día a día experimentan el deterioro de su vida social y familiar que cada vez más para medio sobrevivir depende del desempeño de actividades completamente precarias, callejeras, de ingresos insuficientes y sin el goce de los mínimos derechos que formalmente en el papel estipula la Constitución Política del país.
La crisis de México no es otra más que la de su patrón de acumulación y reproducción de capital fuertemente dependiente del ciclo económico de Estados Unidos. Desde hace una década dicho patrón viene experimentando signos de agotamiento en sus ejes axiales: la industria maquiladora de exportación ligada a las transnacionales norteamericanas; las actividades energéticas privatizadas por el gobierno a favor del capital extranjero; las remesas que, con las políticas racistas y anti-mexicanas del presidente Trump, vienen experimentando importantes reducciones y, por último, el turismo que se ha visto menguado debido a la violencia institucional del Estado y de los grupos irregulares de la delincuencia organizada, además de los embates climáticos que han afectado a esta importante actividad suministradora de divisas (para este tema véase Adrián Sotelo, México desahuciado: Dependencia, régimen político y luchas populares , CLACSO- ITACA , México, 2017).
Algunas de las características determinantes de la economía mexicana durante el régimen de Peña Nieto (2012-2018) son la devaluación permanente del peso, la contracción del Producto Interno Bruto, la reducción del mercado interno, particularmente el de bajos ingresos y los problemas de saturación del comercio internacional, cuya tasa de crecimiento se redujo de 2,4% en 2013 a 1,3% en 2016 por debajo del comportamiento del PIB mundial que en este último año fue de 3.1% (Organización Mundial de Comercio, "Se prevé una recuperación del comercio en 2017 y 2018 en un contexto de incertidumbre sobre las políticas", 12 de abril de 2017, en: https://www.wto.org/spanish/news_s/pres17_s/pr791_s.htm ).
En este contexto en seguida comentamos los datos socioeconómicos de México contenidos en el último Boletín : La Voz de la Industria, vol.5, n. 108, 13 de diciembre de 2017 del Instituto para el Desarrollo Industrial y el Crecimiento Económico (IDIC) sobre el trabajo precario, la informalidad y los bajos salarios que refuerzan lo planteado anteriormente (disponible en: http://idic.mx/wp-content/uploads/2017/12/VozIndustria-20171213-Vol-05-Num-108-Bajos-salarios-informalidad-y-pobreza-la-debilidad-social-del-modelo-econ%C3%B3mico-v2.pdf ).
Ese Informe revela que los estados de la república mexicana más pobres y castigados por el capitalismo y los gobiernos neoliberales del PRI-PAN son Guerrero, con el 64% de su población en la pobreza en relación con el total; Chiapas, con 77% y Oaxaca, con 70%. De una población total en 2017 de 123.5 millones de habitantes, de los cuales 65.2 millones tiene menos de 29 años, según el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), el IDIC apunta que el 62% de la población ocupada no tiene acceso a las instituciones de seguridad social y que el 42% obtiene un ingreso por debajo de la "línea de bienestar mínimo".
La "informalidad" — no se define qué se entiende por este concepto — alcanza un espectro poblacional de 30 millones de personas (25% del total de la población) o 58% de la Población Económicamente Activa (54 millones 369 mil personas a marzo de 2017). Pero en algunos estados supera este nivel promedio de informalidad como en Chiapas, con el 82%; Oaxaca, con 81%; Guerrero, con 80%; Hidalgo, con 73,8%; Puebla, con 73,6%; Tlaxcala, con 71,3%; Michoacán, con 71%, y los estados de Veracruz, Tabasco, Morelos, Campeche, Yucatán, Zacatecas y Nayarit, con un promedio de 65,34% del total de la población en esta condición. Los estados con menor índice de informalidad, señala el IDIC, son los norteños Chihuahua (35,9%), Nuevo León (36%), Coahuila (37,7%) y Baja California (39,7%) entre otros.
El tipo de empleo que se crea en México por los gobiernos y el capital neoliberal es típicamente precario (sin derechos ni prestaciones) puesto que los 3 millones 600 mil empleos que se crearon entre 2012 y 2017 son de bajos salarios y sólo una reducidísima parte se ha dado en los de mayor rango salarial. Además destaca la insuficiencia de la creación de empleos en México ya que de 1 millón 700 mil que se requieren por año (o un total de 7 millones 200 mil que deberían haberse creado en ese período) debido al aumento demográfico y a las expectativas que tiene la población de contribuir a la actividad económica, sobre todo por parte de los jóvenes (65 millones 200 mil) sólo se generaron anualmente 600 mil plaza de trabajo marcando un déficit crónico en la creación de empleos. Asimismo, en el lapso 2012-2017, el 40.5% de la población percibe ingresos promedio que fluctúan entre menos de un salario mínimo (15.5%) hasta 3 salarios mínimos. El ítem poblacional que gana entre 3 y 5 salarios mínimos cae 9,6% y el que obtiene un ingreso superior a 5 salarios mínimos declina -30,6% en el período. En este rubro también se acusa la estratificación desigual entre los estados de la República. Es así como el IDIC señala que: "Las entidades federativas con mayor ocupación con menores ingresos son Chiapas con 52.4%, Oaxaca con 49.2% y Guerrero con 48.3%; mientras que en contrasentido los estados con menor población con esta condición son: Chihuahua con 6.7%, Baja California con 6.9%, Aguascalientes con 8.6% y Nuevo León con 8.6%; las demás entidades superan el 10% de la ocupación con menores ingresos" (p.7).
En síntesis, la situación actual de México en materia social, de los mercados de trabajo y de las condiciones de vida de la mayoría de la población se caracteriza por la prevalencia de una economía de muy bajos salarios, de empleos precarios y de pobreza que no gozan de derechos sociales y laborales y están expuestos al libre arbitrio de la competencia del mercado capitalista y de los vaivenes del ciclo recesivo de la economía dependiente inserta en el mercado capitalista mundial. La precariedad del empleo de bajos salarios, la superexplotación de la fuerza de trabajo y la informalidad laboral constituyen la marca distintiva del capitalismo dependiente y subdesarrollado mexicano que no solamente afecta a vastos sectores de la población trabajadora sino, incluso, a cada vez más segmentos de las otrora privilegiadas clases medias del país.
Adrián Sotelo Valencia es sociólogo e investigador del Centro de Estudios Latinoamericanos (CELA) de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. 

Frenan, por ahora, derribo de Escocia 10


Los edificios en Escocia 4 y 5 colapsaron durante el sismo del 19 de septiembre. Foto: Iván Sosa


Los edificios en Escocia 4 y 5 colapsaron durante el sismo del 19 de septiembre. Foto: Iván Sosa

Iván Sosa
Cd. de México (27 diciembre 2017).- Por petición de la vecina Araceli Jiménez, la Delegación Benito Juárez detuvo parcialmente la demolición del edificio Escocia 10, en la colonia Del Valle.

"Vamos a dar tiempo a que vengan los peritos de la señora y después haremos la demolición de los pisos de arriba", comentó Alberto Islas, director de Servicios Urbanos de la Benito Juárez y quien está a cargo del derribo.

La vecina Araceli Jiménez explicó que está en proceso un peritaje para demostrar que el edificio colindante, Escocia 4, fue construido con irregularidades.

La maquinaria pesada sólo desprendió los balcones de Escocia 10, cuya demolición total se retomará en los días siguientes.

Al igual que Araceli, el resto de los habitantes de Escocia 4 buscan que el edificio sea investigado.

Araceli detuvo la demolición de un edificio; espera peritaje


DESPUÉS DEL SISMO
La mujer detuvo la demolición de Escocia 10 su hijo murió al interior del edificio que hasta la fecha no cuenta con un peritaje

REDACCIÓN 
Escocia 4 y 10 (Especial)

El pasado miércoles, los operadores de la maquinaria estaban a punto de demoler el edificio de Escocia 10, el cual resultó tras el sismo del 19 de septiembre de este año, sin embargo, una mujer llamada Araceli Jiménez se paró frente a la maquinaria y logró detenerlos.

Jiménez vivía con su hijo en el edificio contiguo que sí se derrumbó: Escocia 4, en la esquina con Gabriel Mancera. Sin embargo, su hijo murió al interior del edificio que hasta la fecha no cuenta con un peritaje debido a que entre todos los vecinos aún no consiguen el dinero para esto.

Por ello, Araceli se ha negado a que demuelan el edificio de Escocia 10 puesto que el cascajo podría caer en los restos de su edificio y esto signifique un daño a las evidencias existentes.

Araceli explica que la realización de los peritajes en dicho edificio podría representar la impartición de justicia a su hijo y a todos los que murieron al interior de ese edificio.

"Esto es un compromiso con mi hijo. Era un niño maravilloso. No estoy interesada en que a fuerza haya una falla. Si el perito termina las pruebas, ellos podrán seguir su trabajo, si no, tendrán que esperar para que saquemos lo necesario de Escocia 4", advirtió Araceli, quien hasta las 19:00 horas se mantenía firme delante de los derrumbes. 

El personal encargado de demoler entendió que Araceli no se iría de allí, por lo que la ayudaron llevándole una silla.

Con información de Reforma

Los salarios de la pobreza

José Antonio Almazán G.

Como en la fábula de Esopo, despés de una larga discusión y sesudos discursos en los cuales diversas organizaciones y actores políticos plantearon la urgencia de un incremento a los salarios mínimos que los acercara al nunca alcanzado sueño constitucional de un salario suficiente y remunerador, todo quedó finalmente en un “incremento“ ratonil de 10 por ciento equivalente a 8 pesos con 32 centavos que sitúa los nuevos salarios mínimos en 88.36 pesos –2 mil 650 pesos mensuales–, que evidentemente no resarce la pérdida histórica de 80 por ciento a lo largo de más de 35 años de neoliberalismo en México.
Los que medran políticamente con las necesidades del pueblo y de los trabajadores se apresuraron a declarar, como lo han hecho por decenas de años, que es insuficiente. Peña Nieto en el colmo del cinismo, pues sus ingresos presidenciales, sin considerar sus fortunas millonarias, equivalen a 93 salarios mínimos diarios, señaló que durante su gobierno los salarios se han recuperado 20 por ciento. Navarrete Prida buscando suavizar los exabruptos de su jefe se apresuró a matizar que, sin embargo, no había que “sacar las matracas“. En tanto Miguel Ángel Mancera declaró: que se logró romper la inercia de 2 a 3 por ciento de incremento. Por su parte el flamante y repentinamente virtuoso José Antonio Meade candidato del PRI lo juzgó “positivo“ argumentando que el incremento se inscribe en un proceso de recuperación del salario, sin precisar si será para 2040 o 2050.
Por supuesto ninguno de ellos valoró el impacto y la tragedia en la que viven más de 38 millones de trabajadores mexicanos y con ellos decenas de millones de hogares que desde la óptica de la medición de la pobreza tienen décadas sobreviviendo con salarios de hambre. Los llamados golden boys, sus herederos y delfines carecen de la sensibilidad social de quienes nunca han vivido como asalariados. Su visión de la realidad social se reduce a cifras e indicadores macroeconómicos. Pero las cifras oficiales son desgarradoras, de un total de 51 millones de trabajadores ocupados en México en 2016 más de 8 millones (15.6 por ciento) percibían hasta un salario mínimo, 13.7 millones (26.8 por ciento) ganaban entre uno y dos salarios mínimos, 10.6 millones (20.7 por ciento) ingresaban entre 2 y 3 salarios mínimos, 6.4 millones (12.5 por ciento) obtenían entre 3 y 5 salarios mínimos y sólo 2.9 millones (5.6 por ciento) alcanzaban más de cinco salarios mínimos. Para el mismo año el costo de una canasta básica alimentaria ascendió a 2 mil 855 pesos mensuales; ello sin considerar el precio de una canasta básica total que incluye ropa, calzado, vivienda, transporte, educación, salud y esparcimiento.
Los cachorros del neoliberalismo tienen ya más de 30 años hablando de la recuperación de los salarios en México y de la reducción de la pobreza. Pero la realidad y los datos que las miden nos hablan de un país de hambrientos y necesitados. Pese a los maquillajes y los cambios en la metodología para la captación y construcción de los indicadores de las carencias en los hogares mexicanos, diferentes enfoques en los estudios de la pobreza nos muestran que más de 79 por ciento de la población mexicana vive en condiciones de pobreza, bien sea por su nivel de ingresos, rezago educativo, acceso a los servicios de salud, seguridad social, vivienda, servicios básicos en la vivienda y alimentación. Carencias que están asociadas a los salarios mínimos.
Para los juniors neoliberales, educados en prestigiosas universidades extranjeras y seguidores confesos de Milton Friedman, los salarios mínimos deberían desaparecer y dejar el monto y fijación de los salarios a las libres fuerzas del mercado. Para esta cauda de viejos y jóvenes tecnócratas el concepto de salario suficiente y remunerador, como aparece todavía en el artículo 123, es un mal sueño que habría que eliminar. Por ello, a riesgo de ser calificado de anacrónico y/o populista me atrevo a reproducir lo que todavía la Constitución que nos rige establece al respecto: “Los salarios mínimos generales deberán ser suficientes para satisfacer las necesidades normales de un jefe de familia, en el orden material, social y cultural, y para proveer a la educación obligatoria de los hijos“
Por fortuna, no todo se coce en la doctrina de los dogmas neoliberales. Existen otras corrientes y no precisamente socialistas que consideran, basadas en la experiencia y evidencia histórica, a los salarios como una herramienta primordial para el desarrollo socioeconómico y la consolidación de mercados internos. Es decir, que visualizan a los salarios mínimos no como un gasto sino como una inversión productiva, sin que ello implique romper con una lógica de acumulación capitalista; pero si para generar condiciones para un crecimiento menos inequitativo, superando los círculos viciosos de la reproducción de la pobreza. No en balde el recientemente publicado Proyecto de Nación 2018-2024 de Morena pone su mayor acento en el combate a la pobreza y en una real recuperación de los salarios en México.

No justificó la ALDF aumento millonario en su presupuesto

De mil 589 millones de pesos en 2015 pasará a ejercer 2 mil 366 millones el año próximo
ALDF subió en tres años su gasto más que a gobierno y delegaciones
Su programa operativo anual no justifica el incremento que se autorizaron los legisladores


Los diputados de la actual legislatura de la Asamblea Legislativa (ALDF) recibieron en septiembre de 2015 a éste órgano de gobierno con un presupuesto de mil 589 millones 349 mil 499 pesos y lo dejarán al concluir su periodo el mismo mes del próximo año con un ejercicio de 2 mil 366 millones 54 mil 290 pesos.
En sólo tres años, la ALDF habrá hecho crecer su presupuesto en 776 millones 704 mil 791 pesos, lo que representa un incremento de 32.82 por ciento.
El presupuesto asignado a las 16 delegaciones políticas tendrían en el mismo periodo un incremento de 16.65 por ciento y el de las dependencias y órganos de gobierno 15.85 por ciento.
El programa operativo anual (POA) que envió la ALDF al gobierno para justificar su gasto e incorporarlo al Presupuesto de Egresos no contiene mas que una descripción de funciones y subfunciones, montos por capítulo de gasto, pero no incluye información adicional que permita conocer los requerimientos que los justifiquen, como proyectos, descripción de las partidas y cantidades específicas, así como dietas de los diputados, salarios por honorarios, impuesto sobre la renta, primas vacacionales, aguinaldo y seguro de vida, entre otros.
El bloque encabezado por el PRD en la presidencia de la Comisión de Gobierno y el PAN en la vicepresidencia, con el respaldo de PRI, PVEM, MC, PES, Humanista y Nueva Alianza, aprobó para el primer año de esta séptima Lgislatura, en 2016, un incremento a su presupuesto respecto del techo aprobado por la anterior, de 231 millones 108 mil 329 pesos, 12.69 por ciento más.
Las cuentas del PRD
Al siguiente año el monto creció 82 millones de pesos, 4.34 por ciento y cerrará en 2018, último de la legislatura y año electoral, con un incremento de 462 millones 987 mil 182 pesos, 19.56 por ciento adicional.
Desde que el sol azteca es mayoría en la ALDF, en 2003, sólo en la cuarta Legislatura dicho órgano de gobierno acumuló en su trienio un incremento en el presupuesto comparable, al pasar en 2006 de 763 millones 342 mil 226 a mil 216 millones 350 mil 711, pesos, 453 millones de pesos más.
El incremento de gasto de la ALDF para 2018 no se justifica, sin embargo, en el POA correspondiente, no contiene información que dé cuenta de sus necesidades presupuestales en materia de recursos humanos y materiales, de arrendamientos y servicios, bienes muebles y equipos para el desarrollo de sus actividades.
Dicho programa simplemente resume: “Acciones a realizar: Legislar en el ámbito local, en las materias que le confiere la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y el Estatuto de Gobierno de la Ciudad de México –ni siquiera alude a la Constitución Política de la Ciudad de México–; Responsables de la ejecución: Diputados de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal; Especialidad de las acciones: Presentar iniciativas de Leyes y Decretos en beneficio de los ciudadanos de la Ciudad de México”.

Ángel Bolaños Sánchez
Periódico La Jornada
Viernes 29 de diciembre de 2017, p. 28

Escaso uso de fármaco especializado para prevenir muertes maternas



   En México Médicos desconocen el sulfato de magnesio: Population Council


Los servicios médicos de México desconocen sobre el uso de medicamentos como el sulfato de magnesio para prevenir la eclampsia y preeclampsia (hipertensión arterial) durante el embarazo, indica un estudio del Population Council.
De acuerdo con una publicación de 2013 del centro estadounidense de investigaciones biomédicas sobre el uso de sulfato de magnesio para prevenir trastornos hipertensivos durante el embarazo, a menos de la mitad de las mexicanas que fallecieron por esta causa se les administró el medicamento como parte del tratamiento.  
La Organización Mundial de la Salud (OMS) ha indicado que los Estados pueden prevenir la eclampsia y preeclampsia asegurando la distribución del sulfato de magnesio en los servicios médicos, ya que estos trastornos son la segunda causa de muerte materna en el mundo.
Se ha demostrado que el sulfato de magnesio tiene efectos benéficos para las mujeres gestantes: reduce el riesgo de fallas renales, accidentes cerebrovasculares, falla hepática y mejora el control de presión sanguínea. También tiene beneficios para los recién nacidos y reduce el riesgo de parálisis cerebral para los que nacen con bajo peso.
Como parte de la investigación, el Population Council revisó el historial clínico de mexicanas que fallecieron en 2005 como consecuencia de trastornos hipertensivos durante el embarazo. Encontraron que 38 por ciento de las mujeres con preeclampsia severa y 48 por ciento con eclampsia no fueron tratadas con sulfato de magnesio.
Tras entrevistar al personal médico para conocer las razones por las cuales no utilizan este fármaco, detectaron cuatro posibles barreras: la falta de conocimiento sobre este tratamiento; miedo a los efectos adversos o administrarlo de forma correcta; el monitoreo o supervisión inadecuada; y la resistencia a los cambios de regímenes, arrojó la investigación.
Además de este análisis a nivel nacional, el grupo de investigadores de la organización analizaron el uso de sulfato de magnesio en el estado de Oaxaca y la Ciudad de México.
En el caso de la capital del país examinaron los expedientes médicos de 91 mujeres que murieron por eclampsia de 2005 a 2017. De ellas, el sulfato de magnesio sólo se prescribió a poco más de la mitad (51 por ciento) y en 15 por ciento de los historiales clínicos no se especificó el tipo de tratamiento.
En Oaxaca se revisaron los registros médicos de 493 mujeres con preclamsia y eclampsia que fueron tratadas en hospitales públicos y sobrevivieron, asimismo de 13 mujeres que fallecieron.
En la averiguación observaron que 50 por ciento de las mujeres sobrevivientes con preeclampsia y 82 por ciento de las que padecían eclampsia, si bien recibieron medicación adecuada, el uso de sulfato de magnesio no era utilizado.
Nuevamente a partir de pláticas con el personal de los servicios sanitarios de Oaxaca, las y los expertos hallaron que hay una tendencia por utilizar prácticas “basadas en la experiencia”, en lugar de prácticas médicas seguras recomendados por los altos estándares debido a su eficiencia.
A ello el estudio precisa que en Oaxaca, al ser una de las zonas con mayor pobreza en México, hay escasez de recursos humanos y materiales disponibles en los niveles de atención primaria.
Tan solo en 2015 el Observatorio de Mortalidad Materna en México registró 778 muertes maternas; 21 por ciento a causa de enfermedades hipertensivas, siendo la segunda razón de estas defunciones.
OTROS PAÍSES
Además de México, el Population Council analizó la implementación del sulfato de magnesio para prevenir la muerte materna en Nigeria y Bangladesh.
Para Nigeria, país ubicado al occidente de África, el Population Council analizó la aceptación del sulfato de magnesio entre el equipo médico de hospitales y desarrolló un plan para que los proveedores de los servicios de salud lo prescribieran. Según el reporte los resultados fueron positivos, en los 10 lugares donde se llevó a cabo el proyecto, hubo una reducción del 40 por ciento de la mortalidad materna y bajo 68 por ciento la eclampsia.
Con ello se distribuyó en 40 hospitales de atención primaria el fármaco y se creó un manual de capacitación sobre el cuidado de las mujeres embarazadas con eclampsia.
Mientras en el país asiático, Bangladesh, se capacitó a personas que brindan servicios de salud en las comunidades del uso de sulfato de magnesio para que recomienden dosis a las mujeres gestantes con hipertensión y después las canalicen a los servicios médicos de este país.
Imagen retomada del portal Prensa Latina
Por: la Redacción
Cimacnoticias | Ciudad de México 

Organizaciones señalan falta de legalidad en caso Miroslava Breach


Aseguran que el autor intelectual no ha sido detenido 
   


Reporteros sin Fronteras y el Centro de Investigación y Capacitación Propuesta Cívica, afirmaron que en la indagatoria del asesinato de la periodista Miroslava Breach aún falta capturar a todos los involucrados, entre ellos al autor o autores intelectuales del homicidio.
Las organizaciones defensoras de la libertad de expresión no reconocieron al único detenido como el autor de los hechos, así lo dijeron en un pronunciamiento emitido este jueves, después de que el juez de control, Napoleón Raya Valdez, dictara un año de prisión preventiva a Juan Carlos Moreno Ochoa, alías “El Larry”, capturado el pasado 25 de diciembre y quien presuntamente planeó el crimen.
Debido a que los cinco hermanos de la corresponsal del periódico La Jornada, asesinada el 23 de marzo, no tienen acceso al expediente ni a la audiencia oral, Reporteros Sin Fronteras y Propuesta Cívica también llamaron a las autoridades de Chihuahua a garantizar los derechos de los familiares y un juicio transparente.
Además pidieron que la Fiscalía General del estado sustente y defienda adecuadamente la acusación en contra de Juan Carlos Moreno Ochoa, como uno de los presuntos responsables del homicidio de Miroslava Breach.
De acuerdo con reportes de la revista Proceso y el diario La Jornada, la autoridad ha identificado a por lo menos tres involucrados: El Larry, presunto autor intelectual; Ramón Andrés Zavala Corral, quien disparó el arma y fue asesinado el pasado 19 de diciembre en el estado de Sonora; y Wilbert Jaziel Vega Villa, vigilante y conductor del vehículo, actualmente prófugo.
Para las organizaciones es lamentable que el presunto autor material haya sido asesinado antes que ser detenido, cuando las autoridades conocían de su identidad y paradero desde hacía seis meses. “La muerte de esta persona también debe ser investigada ¿a quién y porqué fue mejor asesinarlo, antes que llevarlo a la justicia?”, expusieron.
Respecto a la detención de uno de los presuntos autores materiales reconocieron esta acción pero dijeron que todavía es preocupante que la Fiscalía siga obstaculizando los derechos de los familiares de Miroslava Breach al no reconocerlos como víctimas indirectas del homicidio e impidiendo que puedan tener información y participación en el desarrollo de la investigación.
A la fecha los cinco hermanos de la reportera no han recibido respuesta alguna sobre la petición que hicieron el 27 de noviembre para ser reconocidos como víctimas y poder designar a sus asesores jurídicos. Por otra parte, continua en trámite el recurso de revisión interpuesto por la Fiscalía estatal en contra de la sentencia de amparo que reconoce a una de las hermanas de la periodista como víctima indirecta.
Imagen retomada del portal Oaxaca dia a día
Por: la Redacción
Cimacnoticias | Ciudad de México .- 

Asesinato de Miroslava Breach relacionado con narcopolítica de Chihuahua


Se realiza audiencia para acusar a presunto autor del crimen 



Durante la audiencia de vinculación a proceso de Juan Carlos Moreno Ochoa, alías “El Larry”, presunto autor del asesinato de la corresponsal del diario La Jornada, Miroslava Breach Velducea, salió a la luz información que apunta a que el crimen se cometió porque la reportera publicó información sobre la colusión de políticos chihuahuenses con grupos del crimen organizado.
De acuerdo con datos publicados por los corresponsales de la revista Proceso y del diario La Jornada, quienes estuvieron en el juicio oral que se realiza desde ayer, el Ministerio Público señala a tres involucrados: El Larry, autor intelectual; Ramón Andrés Zavala Corral, quien disparó el arma y fue asesinado el pasado 19 de diciembre en el estado de Sonora; y Wilbert Jaziel Vega Villa, vigilante y conductor del vehículo y quien está prófugo.
De acuerdo con Proceso, durante la audiencia de ayer se presentó la transcripción de una llamada entre la reportera y otro personaje, identificado por el semanario como el vocero estatal del Partido Acción Nacional (PAN), Alfredo Piñera, quien le preguntó a Breach cómo obtuvo la información sobre la alianza del candidato del Partido Revolucionario Institucional (PRI) en el municipio de Chínipas con el crimen organizado.
En el audio de la llamada, encontrado en una laptop en la casa donde se escondieron los sicarios, la reportera dijo que no revelaría sus fuentes y que ella era originaría de Chínipas por lo que conocía muy bien a las personas del lugar y al entonces candidato, en todo caso pidió que sólo ella fuera considerada responsable de lo que publicó.
La reportera y el vocero del PAN hablaban de una nota publicada el 4 de marzo de 2016 en La Jornada, titulada: “Impone el crimen organizado candidatos a ediles en Chihuahua”, donde ella reveló que grupos del crimen organizado infiltraron las listas de candidatos a alcaldes del PRI y del PAN; información que también publicó la corresponsal de Proceso, Patricia Mayorga, actualmente amenazada y en el exilio.
Lo último que dijo Breach Velducea en esa llamada fue su razón para publicar información que ponía en riesgo su vida y la de su familia: “El silencio es complicidad y eso es lo que ha generado todo este desmadre”.
Por otra parte, La Jornada reportó que la mañana de ayer 27 de diciembre el secretario general de Gobierno de Chihuahua, César Jáuregui Robles, declaró que Wilbert Jaziel Vega Villa, vigilante de la casa de la reportera y conductor del vehículo en el que se trasladó el autor material del crimen, fue detenido en marzo pasado y rindió declaración pero fue puesto en libertad porque no había pruebas suficientes en su contra.
Sin embargo, por la tarde el Gobierno de Chihuahua, encabezada por el panista Javier Corral, desmintió esa información y en un comunicado dijo que de acuerdo con la Fiscalía General “nunca fue detenido, ni ha sido testigo protegido, ni declaró ante el Ministerio Público” y señaló que la nota, que atribuyó a el Diario de Chihuahua, buscaba demeritar el éxito de la investigación.
Sobre este proceso penal para esclarecer el homicidio, que forma parte de los 15 asesinatos de mujeres periodistas documentados por Comunicación e Información de la Mujer en los últimos siete años, los cinco hermanos de la periodista no tienen acceso directo porque no son considerados víctimas del crimen.

CIMACFoto: César Martínez López
Por: la Redacción
Cimacnoticias | Ciudad de México .- 

12/28/2017

Afrodescendientes en AL luchan por sus derechos, señala la Cepal

La Jornada:

La negación de la ciudadanía y el ejercicio de los derechos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales ha sido, y es un asunto de lucha constante de las personas y comunidades afrodescendientes en América Latina.

El informe Situación de las personas afrodescendientes en América Latina y desafíos de las políticas para garantías de sus derechos de la Comisión Económica para América Latina y El Caribe (Cepal) refiere que México cuenta con un millón 348 mil 38 afrodescendientes. Esta cifra representa 1.2 por ciento de su población.

De acuerdo con el informe, se concentran en tres entidades: estado de México, Veracruz y Guerrero 58 por ciento de los mexicanos afrodescendientes.

En América Latina, Brasil es el país con mayor cantidad de personas afrodescendientes representando más de la mitad de su población: 97 millones 171 mil 614; a éste le sigue Cuba, con 34 por ciento, que suman poco más de 4 millones, y con una proporción menor Colombia, Costa Rica, Ecuador y Panamá, en donde representan entre 7 y 10 por ciento de su población.

El informe advierte que las tasas de pobreza y pobreza extrema de los afrodescendientes en 2014 eran más elevadas que las del resto de la población.Esta situación está relacionada con las características de la inserción ocupacional y los bajos ingresos que percibenen el mercado de trabajo.

Acerca de las condiciones de habitabilidad de las viviendas, los censos revelan que en la mayor parte de los países es más alto el porcentaje de las personas afrodescedientes que viven hacinadas.Las desigualdades son notorias en Brasil, Costa Rica, Cuba, Ecuador y Uruguay, donde residen en promedio más de cinco personas por dormitorio. Lo mismo sucede con el acceso a servicios básicos de agua potable y saneamiento.

Algunos países en la región cuentan con planes generales de desarrollo para la población afrodescendiente; no obstante, otros carecen de ella. En México, los programas Oportunidades, primero, y después Prospera, aunque destinan recursos para todos los sectores, para el afro no existe.

La Cepal expone que las mujeres afrodescendientes son víctimas de múltiples formas de violencia, donde el factor racial se hace evidente en los países de la región. A esto se suma la violencia contra los jóvenes afrodescendientes como otro puntode alta preocupación, lo cual se expresa en la prevalencia de fallecimientos por causas relativas a ésta.

Sin embargo, si bien existen evidencias cuantitativas sobre las situaciones antes mencionadas, la información sobre la violencia que sufren los afrodescendienteses muy limitada, expone el organismo latinoamericano.

Jessica Xantomila
Periódico La Jornada
Jueves 28 de diciembre de 2017, p. 11

Presentan iniciativas a favor de las mujeres pero no las aprueban

 Cámara de Diputados avala 10 de 236 propuestas de reforma



Imagen retomada de Comunicación Social de la Cámara de Diputados

Durante 2017 las legisladoras y legisladores de la Cámara de Diputados presentaron 236 iniciativas para crear nuevas leyes o modificar normas existentes con perspectiva de género pero de estas propuestas sólo 10 fueron aprobadas, es decir, apenas 4 por ciento.

De las 236 iniciativas, 153 fueron presentadas por mujeres, 60 por hombres y 23 a nombre de grupos parlamentarios; sin embargo, alrededor del 71 por ciento no se ha aprobado ya que 167 se encuentran pendientes y 55 con prórroga, 4 fueron retiradas y sólo 10 aprobadas.

Esto se desprende del seguimiento de la base de datos de las iniciativas en materia de Derechos Humanos de las mujeres presentadas en la Cámara baja del 1 de enero al 21 de septiembre de 2017, revisión realizada por el Centro de Estudios para el Adelanto de las Mujeres y la Equidad de Género (CEAMEG).

En este año de la 63 Legislatura (2015-2018), destaca el reporte, sobresalieron las y los integrantes del Partido Revolucionario Institucional (PRI) quienes son mayoría y en total presentaron 83 propuestas legislativas superando en cantidad el trabajo sobre derechos de las mujeres en comparación con otros grupos parlamentarios.

El reporte del CEAMEG indica que la producción legislativa muestra el compromiso de las y los diputados por contribuir a la armonización del marco jurídico federal con perspectiva de género y enfoque de derechos humanos, no obstante la dictaminación y aprobación a favor en el pleno aún no refleja los mismos resultados.

Las propuestas presentadas en la actual Legislatura, que por primera vez se compone del mayor número de diputadas con 213, lo que representa 43 por cientos escaños parlamentarios, se clasificaron en ocho rubros: salud, derechos laborales, vida libre de violencia, participación política, derechos de la niñez, educación, institucionalización de la perspectiva de género y grupos vulnerables.

Entre las 10 reformas que fueron aprobadas destacan modificaciones a la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia para fortalecer los refugios que acogen a víctimas; para agilizar el proceso de declaratoria de Alerta de Violencia de Género; y para ampliar el concepto de violencia económica.

Asimismo se aprobaron reformas a Ley General de Educación para que la autoridad educativa empleé de forma responsable los libros de texto gratuito y a la Ley de Migración a fin de reconocer a los migrantes como sujetos de los derechos humanos establecidos en la Constitución y en los tratados internacionales en los que el Estado es parte.

También en abril pasado se expidió la Ley General de Derechos Culturales que en opinión del CEAMEG incluye la iInstitucionalización y transversalización de la perspectiva de género.

A pesar de los magros resultados del Legislativo en el año que está por concluir, el organismo dependiente de la Cámara de Diputados indica que la incorporación de un mayor número de mujeres ha sido un factor para que ellas presenten iniciativas que impacten favorablemente en la población femenina, un efecto que ha hechos que los hombres también abonen en  estos temas.

De las iniciativas de ley presentadas 38 por ciento fue para garantizar los derechos de la niñez o el derecho de las mujeres a vivir una vida libre de violencia. Por otro lado, el rubro con menos propuestas fue el de fortalecer el derecho de las mujeres a la participación política y toma de decisiones toda vez que en este tema sólo hubo 11 propuestas.

Las 11 iniciativas sobre participación política eran reformas constitucionales para establecer el principio de paridad de género en los cargos de la Administración Pública Centralizadas y Paraestatal, en los ayuntamientos, en el Poder Judicial o en las Secretarías de Estado, entre otros temas.

Por: Anayeli García Martínez
Cimacnoticias | Ciudad de México

Secretariado Ejecutivo posterga estadísticas sobre feminicidio


   Organización civil advierte que se protege a estados que no registran datos



El Observatorio Nacional Ciudadano (OCN) manifestó su inconformidad con el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) por ocultar y postergar de último momento la publicación de las estadísticas sobre feminicidio en México.

En 2016 el Secretariado Ejecutivo –dependencia de la Secretaría de Gobernación– anunció que renovaría el registro y clasificación de incidencia delictiva en el país para incluir datos sobre feminicidio, trata de personas, violencia familiar, narcomenudeo, ilícitos ambientales y la renovación de otros apartados con información desagregada por sexo y grupos de edad.

Las cifras con la nueva metodología se publicaron el 22 de diciembre; sin embargo, el Sistema omitió publicar los datos de feminicidio a pesar de que existen, así lo denunció el Observatorio Nacional Ciudadano, que en un comunicado evidenció que las autoridades federales mostraron a las agrupaciones civiles las estadísticas de este ilícito recolectadas de 2015 hasta noviembre de 2017.

Finalmente, sin mayor explicación, el Consejo Nacional de Seguridad Pública decidió demorar la entrega de estas cifras hasta enero de 2018.

“El cambio de último momento en relación con la decisión de la publicación de dichas estadísticas, inevitablemente invita a que se cuestione si ello se realizó para darle tiempo a procuradurías y fiscalías generales de corregir sus datos”, señaló la organización.

Ocultar las cifras de feminicidio cobra especial relevancia, explicó el Observatorio, pues se ha denunciado la falta de registros fehacientes de los asesinatos de mujeres por razones de género en múltiples entidades. Por lo que “parece –indica la organización- que quieren proteger a los estados que no registran, ni reconocen el feminicidio”.

Por último, el Observatorio lamentó esta decisión, pues dijo, fue un trabajo arduo de cuatro años de las autoridades federales: “le bajaron el todo y la calidad de un producto que permitía desnudar qué instituciones le han dado o no un mínimo de acceso a la justicia a las víctimas. Esto no puede ser interpretado de otra manera más que como una pésima señal sobre la consistencia de cifras de algunos ilícitos”.  

Ante la falta de datos que visibilicen y permitan atender el feminicidio, las organizaciones civiles locales se han organizado para documentar los casos por medio de metodologías basadas en la recopilación de información periodística.

Respecto a la violencia cometida contra las mujeres, las estadísticas recién publicadas por el SESNSP indican que hasta noviembre de 2017 se denunciaron 155 mil 375 casos de violencia familiar y mil 566 de violencia de género en todas sus modalidades.

CIMACFoto: César Martínez López

Por: la Redacción

Cimacnoticias | Ciudad de México