¡¡¡ AL AIREEEE !!! 
Luego de llevarse a cabo las elecciones para gobernador en el Estado de México y como una muestra más de que la llamada “transición democrática” no es más que un cuento para niños, se puede hacer un recuento puntual de cómo todas las sucias practicas del pasado continúan vivas, descaradamente y como si el país involucionara se vive un regreso al futuro en el que como siempre los perdedores ni cuenta se dan de que lo son.
Esta jornada electoral tuvo como protagonistas principales al derroche de recursos y a la ya infaltable propaganda mediática, que se encargó de declarar un ganador mucho antes de conocerse siquiera al candidato priista, el duopolio se encargó de proclamar que el candidato del PRI, fuese quien fuese, sería el ganador indiscutible, algo que no sería posible sin la suma de varios factores, siendo el primero de ellos la movilización del aparato estatal a favor del candidato oficial, fieles a su antiguo estilo, los priistas pusieron los recursos del estado y los municipios que gobiernan como garante de una victoria aplastante, lo que garantiza además la candidatura presidencial de Enrique Peña Nieto y por supuesto el ansiado retorno a Los Pinos.
El ensayo de las futuras elecciones presidenciales salió a pedir de boca, un porcentaje amplio que desmantela cualquier posible crisis postelectoral y lo mejor la posibilidad de salir avante ante cualquier crisis, pues pese al desastre en el oriente del estado, inundado de aguas negras, las masas demostraron hacer más caso a la telenovela protagonizada por el gobernador.
En el Estado de México no se votó al candidato, pues Eruviel Avila es un impresentable, incapaz y corrupto gobernante, tal y como lo demostró en Ecatepec, en esta elección se votó a la figura mediática de Peña Nieto, una figura construida durante los últimos cinco años principalmente por el monopolio llamado Televisa.
La oposición por supuesto fue borrada, los panistas actuaron como la comparsa perfecta, mientras el PRD fue incapaz de echar a andar una opción viable, algo que ya se esperaba pues lo primero que tendrían que hacer en ese partido es deshacerse de una vez por todas, de la quinta columna que representa la corriente de Los Chuchos, además de romper con el grupo camachista.
El resultado augura tiempos todavía más oscuros para la república, pues deja claro que el retorno priista parece inevitable, los viejos y corruptos dinosaurios regresaran para saquear lo poco que queda, deja en claro también la existencia de un numeroso grupo de personas completamente manipulables, el voto duro priista se forma de masas ignorantes educadas por la televisión, capaces de apoyar a sus saqueadores pese a vivir en la miseria de unas casuchas que apenas los protegen del frio constante en el Valle de Toluca, a millones parece no importarles la asociación entre los grupos del narcotráfico michoacano que permean con total impunidad en el suroeste del estado y las autoridades locales y menos todavía terminar con sus casas inundadas de inmundicia.
La inundación de aguas negras en el oriente del estado es fiel reflejo de la democracia mexicana, en medio de semejante suciedad resulta imposible intentar rescatar algo, las apuestas para el 2012 parecen consolidarse, un PRI fuerte, sin fracturas, dispuesto a enfrenar el aparato del gobierno federal con el suyo propio, listo para ejercer la compra de votos, las despensas, el carrusel, una campaña incesante apoyada por los gobiernos estatales y municipales que poseen, un PAN que podría irse al tercer lugar si Felipillo se empeña en poner a uno de sus insulso y grises secretarios de estado en la candidatura, y un PRD, o mejor dicho un movimiento Lopezobradorista intentando construir una alternativa, pero siendo saboteado por sus pares e incluso siendo obligado a dejar la candidatura en el alumno más avanzado de Camacho Solís, Marcelo Ebrard.
Los ganadores de todas maneras están seguros, esos son los de siempre, y los perdedores también, esos somos nosotros y así será hasta que al fin echemos para siempre a este ato de ladrones y vividores
Tita anhela que las autoridades ministeriales finalmente citen a los militares que estaban a cargo del cuartel de Atoyac para que expliquen qué fue lo que pasó con su padre, el activista que era escuchado por Lucio Cabañas y Genaro Vázquez.
Del pequeño ganadero que ordeñaba sus vacas y que mataba sus reses y cerdos para agasajar a sus amistades con frijoles y tortillas…
Del jinete que, silbador, cabalgaba sin armas a su montura preferida: El Poquinero…
Del compositor, cantante y guitarrista que tarareaba todo el día y componía frente a un fogón…
Del líder agrario que a los seis años aprendió a leer y a escribir en sólo tres meses y que nunca volvió a la escuela, porque su abuelo no lo dejó: era su deber de hombre guerrerense labrar la tierra…
Del hombre que sin estudios “se fue solito” y devoraba libros de historia y aprendía de leyes en su casa, donde hablaba y hablaba de la pobreza y la represión imperantes al final de los años 60 y al principio de los 70…
Del idealista que se compró una ruidosa máquina de escribir mecánica, en la que redactaba y redactaba textos para las luchas sociales…
Del activista que era escuchado, entre muchos visitantes, por dos aprendices de ideas, por dos jóvenes estudiantes: Lucio Cabañas y Genaro Vázquez, quienes al paso de los años se convertirían en míticos guerrilleros…
Acerca de ese hombre, del desaparecido 438 entre más de 638 contabilizados en Guerrero (400 de éstos oriundos de Atoyac, según la Asociación de Familiares de Detenidos y Desaparecidos y Víctimas de Violaciones a los Derechos Humanos en México, Afadem), platica con MILENIO Tita Radilla Martínez, su hija, quien con sus ojos grises chispeantes de orgullo discurre:
—Posiblemente de lo que hablaba mi padre algo aprendieron ellos, Lucio y Genaro. Mucho tiempo pasaron con nosotros antes de subir a la sierra. Sobre todo Genaro…
Aquí, en el antiguo cuartel donde fue visto por última vez aquel hombre (instalaciones que ahora son utilizadas por la alcaldía), la mujer llora y llora al evocar a su padre levantado en un retén militar el 25 de agosto de 1974, su padre desaparecido desde hace casi 37 años.
Y hace un perfil filial del hombre cuyo caso, llevado por ella misma y quienes la ayudaron a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, inspiró hace unos días a la Suprema Corte de Justicia de la Nación para limitar el fuero militar en México, cuando se trate de casos de violaciones a las garantías individuales de civiles cometidas por soldados.
Es un esbozo del hombre que se inventaba corridos, y que tiene uno dedicado a su memoria compuesto por su hijo (único varón entre once mujeres) Rosendo Radilla Martínez (http://anews.eu/es/videos/view/1312), quien, a los once años, presenció cuando su padre fue detenido por soldados en un retén ubicado muy cerca de Atoyac…
—Ándele mijo, no llore, tome este dinero y váyase pa la casa y avísele a la familia… —le permitieron los soldados al padre darle unos billetes a su vástago para que éste se fuera a Chilpancingo, donde residía su madre protegida y alejada del peligroso Atoyac…
Paradojas, ironías de la vida: aquí, a la entrada de unos terrenos de 13 hectáreas, no muy lejos de donde fue erigida una estatua de Lucio Cabañas sentado en una piedra con sombrero y fusil al hombro, donde hasta hace años había un cuartel militar, donde fue llevado prisionero y visto por última vez Rosendo (testimonios que constan en el expediente de la CIDH que usó la SCJN), ahora se ubica una oficinita dirigida por Tita para ayudar a familiares de detenidos y desaparecidos.
Y aquí, la hija del desaparecido, de 58 años, que tiene cinco hijos y 17 nietos, no puede contener las lágrimas cuando evoca que ella tenía 21 años y estaba embarazada de su segundo hijo el día que su padre —de 59 años a la sazón— fue levantado por soldados. Las lágrimas se le escurren cuando recuerda que de chica su padre siempre la despertaba cantándole (“trovaba todo el día”) para que ella, y no su madre, le preparara café antes de salir a las faenas del campo:
—Si no soy canoa para entrar a trabajar vacío… —alegaba Rosendo y se negaba a caminar hacia la milpa sin beber su estimulante líquido oscuro cosechado en esta zona cafetalera.
Tita recrea al hombre de bigotito y sonrisa en las fotos que, como punto de partida de la lucha popular, se preocupaba por la alimentación, la salud y la educación de los campesinos:
—A un pueblo alimentado, sano y sabio nadie lo hace tonto: se sabe defender… —repite Tita lo que le inculcó su padre. Y luego cuenta cómo, aunque se negaba a hacerlo, muy pronto tuvo que hablarles a sus hijos de la ausencia del abuelo:
—¿Y mi abuelo dónde está? —le preguntó una de sus pequeñas como a los seis años.
—No, no está… —respondía Tita.
—¿Se murió?
—No…
—¿Dónde está?
—Desapareció.
—No. Nooo… —se negó a comprender la niña, que se retiró del cuarto donde hablaban. La pequeña fue por una cubetita, le puso agua y jabón, sopló, hizo una pompa, una burbuja con un carrizo, esfera transparente que se elevó en el aire, la picó con un dedo, y ésta… desapareció. La madre, Tita, atónita, escuchó a su sabia hijita:
—No. Noooo…
No, la gente no desaparece, filosofaba la insólita niñita. Y Tita, su madre, le tuvo que decir… que en México sí. Que unos soldados habían desaparecido a su abuelo. Llora Tita:
—Es tan duro soportar este dolor… Cada año de 36 años va doliendo más no saber. Es demasiado duro…
Se enjuga las lágrimas y se suena con un pañuelo, y termina diciendo cuál es su deseo: anhela que las autoridades ministeriales finalmente citen a los militares que estaban a cargo del cuartel militar de Atoyac para que expliquen qué ocurrió con su padre.
Tres zonas ya han sido escaneadas por la PGR. En dos ya se han realizado excavaciones. Por ejemplo, junto a lo que fue el campo de tiro donde aún se aprecian cientos de impactos de bala. Falta un peculiar pozo que fue construido en una zona lejanísima a los barracones. Pero, no, aún no han hallado nada. Ni un rastro de Rosendo Radilla Pacheco, en cuyo caso la Corte se inspiró para restringir hace unos días el fuero militar…
Por Cirenia Celestino Ortega
México DF, 15 jul 11 (CIMAC).- Las organizaciones Formación y Capacitación A.C (Foca) y Salud Integral para la Mujer (Sipam) presentaron hoy la Red Mesoamericana Mujer, Salud y Migración, integrada por 40 organizaciones civiles de México, Guatemala, El Salvador, Honduras y Costa Rica.
En entrevista con Cimacnoticias, Diana Damián, coordinadora general de Foca, explicó que el trabajo emprendido por estas organizaciones desde 2007 tiene el objetivo de contribuir a la promoción y defensa de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres indígenas, no indígenas, rurales, urbanas y migrantes.
Damián indicó que actualmente 83 por ciento de las mujeres migrantes no tiene un lugar a donde llegar, por lo que la Red impulsará espacios donde las migrantes puedan quedarse durante su trayecto migratorio de forma segura.
También contribuirá a crear un registro de salud para conocer el número mujeres con VIH, infecciones de transmisión sexual (ITS) y la situación de la morbi-mortalidad materna, que hasta el momento se desconocen.
Los ejes sobre los que trabajará son salud sexual y salud reproductiva con énfasis en VIH, ITS y Morbi-mortalidad materna, trata de mujeres y prevención de la violencia con especial interés en violencia sexual.
Las organizaciones que integran la Red están ubicadas en las fronteras norte y sur de México y en las fronteras de los países Centroamericanos, zonas donde trabajarán la promoción de lugares seguros para el paso de las mujeres migrantes y el respeto a sus derechos humanos.
Damián indicó que el corredor migratorio de mayor preocupación es el camino de Huehuetenango- Frontera Comalapa- Comitán, en la frontera sur de Chiapas, ya que posee mayores índices de VIH e ITS, es una zona con alta presencia de redes de trata, y la atención de salud para las mujeres migrantes es casi escasa.
Al respecto, Blanca Villaseñor, del Albergue del Desierto en Mexicali, Baja California -que recibe a personas deportadas de Estados Unidos- indicó que este lugar cuenta con un espacio específico para recibir mujeres y que llevan un registro de las condiciones de salud en las que llegan.
Villaseñor destacó que poco más de 30 por ciento de las personas que reciben son mujeres de entre 13 y 17 años.
Para el caso de Michoacán, estado que ocupa el primer lugar a nivel nacional de migración hacia Estados Unidos y de tránsito de migrantes, María del Rocío Ramírez Palafox, de la organización Irapuato Vive AC, indicó que tienen un registro de 576 hombres con VIH que han afectado a sus parejas mujeres.
Oaxaca, segundo lugar en migración hacia Estados Unidos y de tránsito de migrantes, presenta una mayor complejidad en la zona mixe donde las niñas y niños de entre 10 y 12 años migran hacia el Distrito Federal y Michoacán donde son explotados laboral y sexualmente, según indica Griselda Álvarez Juárez, presidenta del Centro Integral Pro Derechos AC.
Diana Damián explicó que la migración femenina va en aumento no sólo en México sino en Centroamérica, pero no es visibilizada ya que las instituciones y las leyes la siguen masculinizando, por lo que concluyó que es urgente la incorporación de la perspectiva de género en la atención a las mujeres migrantes.
Entre ellas precisan las siguientes. 1) La obligatoriedad para el Estado mexicano de las sentencias de la Coidh en lo general, y para el Poder Judicial de la Federación, en lo particular, cuando sea parte de algún tratado que contemple violaciones a los derechos humanos aprobado por México, y se encuentra implicado en algún caso. 2) La prohibición constitucional de aplicar la jurisdicción militar en los casos en los que se hallen involucrados civiles. 3) Por lo mismo, la facultad originaria de la SCJN de control de constitucionalidad para resolver conflictos de competencias entre autoridades civiles y militares, cuando se trate de violaciones a los derechos humanos, lo que significa que la Corte, en su carácter de tribunal constitucional, declarará la inconstitucionalidad del artículo 57 del Código de Justicia Militar, mientras el Congreso no lo reforme, tal y como lo ordenó la Coidh en las sentencias de los casos de las presentes resoluciones, y en los de las indígenas Valentina Rosendo Cantú e Inés Fernández Arteaga, así como en el de los campesinos ecologistas Rodolfo Montiel Flores y Teodoro Cabrera García. 4) La obligación de todos los jueces del Estado mexicano a ejercer de manera oficiosa el llamado control de convencionalidad, esto es, el deber de sujetarse a los tratados internacionales que protejan derechos humanos aprobados por México, en los términos del artículo 1 reformado de la Constitución. 5) La obligación constitucional de todos los jueces del país que conozcan ante casos de violaciones a los derechos humanos de controversias sobre el fuero militar, de replicar obligatoriamente, y no sólo con carácter orientador
, el criterio de la Coidh, en el sentido de que no es de ninguna manera competente, se restrinja a lo dispuesto en la Constitución, y por lo mismo subsista sólo para los delitos que afecten a la disciplina militar.
Puesto que se trata de sentencias que obligan al Estado mexicano, con ello la SCJN resolvió congruentemente, por lo que a ella toca, la adecuación de la interpretación jurisdiccional del fuero militar, de conformidad con la Convención Americana de Derechos Humanos, su interpretación autorizada por la Coidh y la Constitución recientemente reformada, revirtiendo una jurisprudencia errónea del artículo 13 que duró muchos años, y ha propiciado la impunidad de los militares en casos de violaciones a los derechos humanos.
La propia ministra Margarita Luna Parra, en su ponencia presentada antes de la adopción de estas resoluciones, expresó correctamente lo siguiente: Consecuentemente, como el párrafo segundo del artículo 1 de la Constitución Federal dispone que las normas relativas a los derechos huma
nos se interpretarán de acuerdo con lo que ella establece, y de conformidad con los tratados internacionales de la materia, favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más amplia, a partir de ahora el fuero militar, frente a situaciones que vulneren derechos humanos de civiles, bajo ninguna circunstancia podrá operar
.
Como se trata del acatamiento de una sentencia internacional obligatoria contra el Estado mexicano, falta ahora que la SCJN, una vez que complete su engrose, dé a conocer oficialmente sus resoluciones a la Coidh como poder autónomo y destinatario de la sentencia Radilla, así como al Ejecutivo federal para los efectos internacionales consiguientes, y que las difunda a toda la sociedad en su página de Internet y en sus propias publicaciones. Por lo tanto no dejó de ser igualmente trascendente la clarificación de la ministra Olga Sánchez Cordero, en el sentido de que las resoluciones de la Coidh en las que México es parte son de carácter obligatorio, y no tienen simplemente un valor de criterio orientador
, como pretendieron en días pasados las secretarías de Gobernación, de la Defensa Nacional y de Marina.
Falta que también el Congreso, en cumplimiento de la sentencia y de las resoluciones de la SCJN, reforme cuanto antes el artículo 57 del Código de Justicia Militar, así como el 215 del Código Penal Federal. Falta sobre todo que los agentes del Ministerio Público Federal y estatales ya no remitan como mero trámite a la jurisdicción militar los casos de violaciones a los derechos humanos de civiles en los que presuntamente son responsables miembros de las fuerzas armadas, y que, por el contrario, trasladen de inmediato al fuero común las averiguaciones previas que tengan sobre estos asuntos. Falta igualmente que los jueces desechen de su competencia estos casos, comenzando por los que la Coidh sanciona, o sometan a la resolución de la SCJN otros en los que se observe conflicto entre el fuero civil y el fuero militar.
e celebrarse. En primer lugar, porque es la respuesta institucional correcta —aunque todavía es temprano para medir sus efectos y poder determinar si es una medida suficiente— a una serie de decisiones de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos hasta ahora, en lo fundamental, ignoradas. Ello a pesar de tratarse de sentencias condenatorias con efectos vinculantes para los tres Poderes de la Unión. Al atenderlas, la SCJN, no sólo pone el ejemplo (y al hacerlo plantea una exigencia), sino que demuestra respeto a la Constitución y ostenta compromiso democrático. ¿De cuántas instituciones podemos decir lo mismo? Y la verdad es que los ministros —ya desde algún tiempo— están haciendo bien su tarea: deliberan, disienten y, por mayoría, deciden. Y aunque no todas sus decisiones nos gusten, cada vez más, sus discusiones convencen.
En el contexto de la explosión de violencia que se desarrolla en el país; ante la crisis de representatividad política que acusa el régimen; con el telón de fondo de las crecientes inconformidades políticas y sociales que recorren el territorio, y frente a la descomposición evidente del conjunto de las instituciones, la divulgación de cifras oficiales sobre la recuperación
económica había constituido, tras la crisis de 2008 y 2009, la única carta fuerte –ciertamente sobrexplotada– en el discurso del grupo gobernante. Resulta por ello particularmente significativo el dato revelado ayer por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi): de acuerdo con los resultados de la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares 2010, los ingresos de los hogares en México han acusado un desplome de más de 12 por ciento entre 2008 y el año pasado, lo cual representa una caída de 13 mil 274 a 11 mil 645 pesos en las percepciones mensuales promedio de las familias del país.
Aun sin considerar que la cifra referida acusa una distorsión derivada de la abrumadora desigualdad que hay en México –en efecto, el promedio de más de 11 mil pesos que, según el Inegi, ingresa al mes a los hogares mexicanos representa, para muchos de ellos, solamente un buen deseo–, el indicador es contundente sobre el retroceso en la economía real del país y la profundización de los inveterados rezagos sociales; aunque de acuerdo con el instituto la caída en el ingreso familiar ha afectado más en términos nominales a los hogares con mayores ingresos, el efecto de estos desplomes suele ser más devastador para las familias depauperadas, pues para éstas prácticamente cualquier reducción en los recursos de que disponen puede representar el paso de la pobreza a secas a la pobreza extrema.
Resulta previsible, por otra parte, que los propios encargados de la conducción económica ensayen, en las horas y días por venir, diversos intentos por explicar el desplome comentado como resultado de los descalabros económicos y financieros de hace dos años; de la consecuente pérdida de empleos, de la baja en las remesas enviadas de Estados Unidos a México en ese periodo, y del alza en los precios de los productos básicos. Pero es preciso acotar que esos factores, en todo caso, han agravado la situación de crisis permanente en que ha sido colocada la población nacional desde hace más de dos décadas; que el movimiento, ya sea al alza o a la baja, del ingreso nominal de los hogares suele verse afectado además por la inflación –lo que redunda en pérdida del poder adquisitivo–, y que la explicación última de estas circunstancias no se halla en fenómenos exógenos y coyunturales, sino en la continuidad a rajatabla del modelo económico vigente. La persistencia en la aplicación de las directrices emanadas del Consenso de Washington se ha traducido en un golpeteo incesante a la economía popular que tiene como componente principal una exasperante política de contención salarial que refleja la bancarrota moral del neoliberalismo: en la economía de libre mercado; la fuerza de trabajo es la única mercancía sujeta a un estricto control de precios.
Tan consistente ha sido la ofensiva contra la economía de las familias que en los últimos dos años –según puede ponderarse con las cifras del Inegi– prácticamente ningún hogar quedó exento de sufrir una merma en sus bolsillos. Acaso el único sector que ha logrado salir indemne del desplome generalizado del ingreso familiar sea el de los potentados mexicanos regularmente incluidos en las listas de Forbes, cuyas fortunas se incrementaron en 63 por ciento entre 2009 y 2010, según la propia publicación estadunidense.
La conclusión ineludible de este contraste es que la continuidad de la política económica neoliberal en los últimos dos años no ha tenido otro efecto que el de siempre: el mayor enriquecimiento de los potentados y la depauperación de las clases medias y bajas, y es obligado preguntarse si esa dinámica no refleja los objetivos reales del grupo que detenta el poder en forma mucho más fidedigna que los alegatos discursivos a favor de la recuperación
, el crecimiento
y el desarrollo
.
Por Guadalupe Cruz Jaimes
México DF, 15 jul 11 (CIMAC).- En los últimos cuatro años (2007-2010), el uso del condón en las relaciones sexuales de menores de 20 años de edad sólo aumentó 0.8 por ciento, lo que quiere decir que únicamente el 25.8 por ciento (de los 11 millones 26 mil adolescentes) lo usó, lo cual constituye un panorama “preocupante” indicó Olga Georgina Martínez Montañez, nueva titular del Centro Nacional de Equidad de Género y Salud Reproductiva (CNEGySR).
En entrevista con Cimacnoticias, la funcionaria consideró que el gran reto que tienen las autoridades federales y locales es con las y los adolescentes que a 2010 conformaban 11 millones 26 mil, de los cuales las mujeres constituyen 5 millones 505 mil, según el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).
No obstante, la funcionaria se mostró optimista de que México alcanzará las metas del Programa Acción de Salud Sexual y Reproductiva para Adolescentes 2007-2012, entre las cuales destacan incrementar al 70 por ciento el uso del condón en menores de 20 años de edad y ampliar la cobertura de métodos anticonceptivos en adolescentes unidas a 47 por ciento (en 2006, la prevalencia en el uso de métodos era de 39.4 y para 2009 alcanzó 44.7 por ciento).
Cabe mencionar que la medición excluye a las menores de 20 años de edad sexualmente activas, que no viven en pareja. Ellas tampoco han sido contabilizadas para medir la proporción de adolescentes con necesidad insatisfecha de anticonceptivos (NIA), que son quienes están en riesgo de embarazarse pese a su deseo de limitar o espaciar un embarazo, pero no usan método anticonceptivo en ese momento.
Para 2012, otra de las metas del Programa de Acción es reducir la NIA en 20 por ciento con respecto a 2006, año en que este indicador se situó en 36 por ciento. En 2009 se ubicó en 24.6 por ciento de las adolescentes unidas. En este sentido, la funcionaria dijo que a pesar de la disminución, “este grupo de edad es el que registra la necesidad insatisfecha más alta”.
Montañez explicó que la falta de acceso a métodos anticonceptivos en adolescentes, ha derivado en un incremento de embarazos, por lo que la fecundidad no disminuye de manera importante.
Así, en 2008 se registraron 69.5 nacimientos por cada mil mujeres de 15 a 19 años de edad. El reto para el próximo año es que se reduzca a 58 nacimientos.
Olga Georgina Martínez señaló que de 2006 a 2009 hubo una reducción de 15 por ciento en la tasa de fecundidad en adolescentes “pero no es la que pudiéramos esperar frente a las implicaciones que un embarazo tiene en la vida de las adolescentes”, ya que muchas de ellas no deseaban embarazarse todavía y tampoco unirse en pareja.
De acuerdo con la investigadora Graciela Freyermuth Enciso, del Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social, en el país uno de cada cuatro embarazos en las menores de 20 años de edad no fue planeado y uno de cada 10 tampoco fue deseado.
Además, el embarazo en las adolescentes limita sus oportunidades de desarrollo profesional y pone en riesgo su vida, ya que a decir de la directora del CNEGySR, uno de cada cuatro embarazos en mujeres de 15 a 19 años de edad “tiene complicaciones muy graves en su salud”.
La utilización de anticonceptivos posevento obstétrico en las menores de 20 años de edad, también es una de las metas a alcanzar en 2012, ésta consiste en tener una cobertura de 70 por ciento. En 2010 la cobertura es de 58 por ciento, 11 por ciento más alta que en 2007.
La funcionaria dijo que ante este panorama la respuesta de los estados depende de la zona geográfica en la que se encuentren. En los del norte del país tienen mejores estrategias de anticoncepción pos evento obstétrico y en el sur las características culturales hacen que la cobertura sea menor debido a que “las mujeres quieren tener hijos seguidos para que crezcan juntos”.
Para mejorar el crítico escenario de la población menor de 20 años de edad, entre las metas se pretende incrementar en 10 por ciento el número de servicios especializados en la atención de la salud sexual y reproductiva para adolescentes.
En 2007 había 776 servicios especializados y para 2010 crecieron un 6 por ciento. Y para este año planean crear 168 servicios más en el país, aseveró la funcionaria. Hasta ahora el retraso se debe a que en los estados “no están siendo financiados de manera adecuada”.
En este sentido, Martínez Montañez dijo que confía en que en adelante los estados “incrementen las compras de anticonceptivos y desarrollen su infraestructura, porque todavía pareciera que es el gobierno federal el que debe operar los programas en las entidades, y no es así”.
La tarea del CNEGySR, dijo, consiste en “buscar que los mecanismos sean más transparentes, así como supervisar y dar capacitaciones, estar atrás de ellos (las autoridades de Salud en las entidades federativas) evaluando avances”, concluyó.
La jurisprudencia 86/2000, dictada por la Segunda Sala del máximo tribunal, otorgó desde su nacimiento, hace 11 años, una excusa legal a las autoridades laborales para justificar su intervención en la vida de los gremios y obstaculizar a aquéllos de corte democrático, mal vistos por el gobierno o los patrones. Ha bastado cualquier omisión, por intrascendente que parezca, para negar o condicionar la toma de nota
, necesaria para acreditar la personalidad jurídica del sindicato: la falta de una firma, el error en una fecha, convocatoria o acta, la actualización de padrones, la ausencia de la firma del patrón reconociendo la relación laboral o una caprichosa interpretación del procedimiento, son parte de un amplio catálogo que se usa para este fin. Combatir la decisión negativa de la autoridad, obliga al sindicato a una larga batalla jurídica por la vía de amparo, colocándolo contra la pared, pues requiere de ese papelito
para funcionar.
Con fecha 3 de diciembre de 2009, el magistrado Héctor Arturo Mercado, integrante del tercer tribunal colegiado en materia de trabajo del primer circuito, presentó ante la Corte una solicitud de modificación de la jurisprudencia 86/2000. Su petición se fundó en los principios de libre asociación garantizados en la fracción XVI del Artículo 123 constitucional, en diversas decisiones asumidas por la propia Corte y en la vigencia y preminencia del Convenio 87 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), de observancia obligatoria hace más de 60 años, destacando el punto 2 de su artículo 3, que a la letra señala: Las autoridades públicas deberán abstenerse de toda intervención que tienda a limitar este derecho o a entorpecer su ejercicio legal.
El magistrado enriqueció sus argumentos con criterios del Comité de Libertad Sindical de la OIT, entre otros el que a la letra dice: 403.- El registro de las comisiones directivas de las organizaciones deberá producirse automáticamente tras la notificación de parte del sindicato y sólo deberá ser impugnable a petición de los afiliados del sindicato en cuestión
. Señaló el peticionario que la facultad registradora debe limitarse al qué
debió hacer la organización solicitante, pero no al cómo
en cada una de sus etapas. Afirmó que de no hacerlo así, llevaría a la autoridad registradora a abdicar en su obligación de abstenerse de toda intervención, más aún, cuando se trata de un simple procedimiento administrativo, por lo que su papel es de simple fedatario.
La discusión del pleno de la Corte los días 16 y 20 de junio, concitó la atención, tanto de los interesados en que la democracia sindical ganara esta batalla, como de aquellos preocupados en seguir usufructuando el control gremial. Entre estos últimos estaba, sin duda, el grupo de empresarios que han invertido múltiples esfuerzos para impedir la toma de nota al dirigente del sindicato nacional minero metalúrgico; un cambio en la jurisprudencia impactaría esta decisión.
Los argumentos vertidos por las ministras y ministros del pleno de la Corte son de gran relevancia para el futuro laboral; al inicio se propuso rechazar el cambio de jurisprudencia, sosteniendo que no autorizar la intervención de las autoridades laborales para cotejar la documentación sindical con estatutos y ley, tornaba ociosos los requisitos y garantías contenidas en esas normas. En principio, este razonamiento parecía lógico, pero perdía de vista la naturaleza del sindicato y el contexto real en el que sobreviven las organizaciones gremiales legítimas en nuestro país.
La discusión en el pleno de la Corte fue enriquecida con argumentos de diversa naturaleza. Se sostuvo, con razón, que no existía fundamento legal para tal intervención y que autorizarla sin límites significaba una lesión a la libertad y autonomía sindicales. La reciente reforma constitucional, que integra los derechos humanos a nuestra legislación, agregó argumentos particularmente valiosos. Habían pasado tan sólo nueve días de su entrada en vigor.
En estos debates jurídicos las referencias concretas suelen aportar claridad. Así, se planteó una similitud entre la toma de nota y la protocolización de una escritura ante el Registro Público de la Propiedad, donde el registrador no hace observaciones sobre el contenido del documento, sus vicios de consentimiento o el apeo o deslinde. Irónicamente, en materia de derecho de asociación, las entidades del sector privado gozan de mayor autonomía que las del sector social: aquellas no requieren de toma de nota y ni siquiera se discute que para preservar su seguridad jurídica haya que fiscalizarlas cuando cambian su directiva.
Los ministros no pueden soslayar que la toma de nota ha sido descalificada por la OIT y es inexistente como tal en países democráticos para quienes la intromisión del Estado en la vida de los sindicatos sería inadmisible. Tampoco puede ignorarse que las llamadas autoridades registradoras
no son imparciales, atributo fundamental de cualquier árbitro o juzgador; es absurdo verse obligado a solicitar la toma de nota ante una instancia integrada por el representante del propio patrón, del Poder Ejecutivo y de un líder sindical generalmente poco propicio a las prácticas democráticas, quien seguramente sobrevive gracias a la ausencia de éstas.
Quedan muchos temas en el tintero, incluyendo el texto final de la decisión de la Corte, pero no cabe duda: es de celebrarse este tipo de decisiones que contrastan con las iniciativas de reforma laboral que pretenden limitar la libertad de asociación.
Se trata de un documento, en muchos sentidos provocativo y que no sólo nos mueve al debate y a la discusión, sino a analizarlo con mucho detenimiento.
Los datos sobre los que sostiene Damien Cave su argumentación es, por un lado, que el último Censo de Población mostró cuatro millones más de personas, y esto puede ser resultado de que los migrantes potenciales decidieron mantenerse en el país. Por otro lado, están los datos del Pew Hispanic Center y de otros expertos que señalan que los flujos de migración indocumentada se han reducido drásticamente en los años recientes. El autor da un peso clave a la cuestión demográfica al señalar una importante reducción de la tasa de natalidad, lo que ha provocado que los buscadores de empleo que antes se contaban en un millón por año, a partir de 2007 hayan disminuido a 800 mil personas y se espera que para el año 2030 alcance solamente 300 mil personas. Por otro lado, el producto interno bruto y el ingreso familiar ha crecido 45 por ciento desde el año 2000, según el economista Roberto Newell, y de acuerdo con David Fitzgerald, la disparidad de salarios entre México y Estados Unidos se ha reducido, pues si antes podía hablarse de una diferencia de diez a uno, ahora está a sólo 3.7 veces. El acceso a la educación es un factor que para el autor explica la nueva tendencia migratoria. Aunque habría que señalar que, en este aspecto, se refiere básicamente a lo que está sucediendo en Arandas, Jalisco, estudiado por el destacadísimo experto en migración Douglas Massey, pero que por lo visto, Damien Cave lo hace extensivo al resto del país. Argumentando a favor de ello está Passel, del Pew Hispanic Center, al sostener que aquellos que han estudiado un doctorado, tienen más probabilidades de mantenerse en el país pues consideran que sus estudios tienen más valor en México que en Estados Unidos. De tal manera que, según este propio autor, si México sigue bajo esta tendencia de crecimiento económico, es muy posible que cuando Estados Unidos requiera nuevamente trabajadores migrantes va a haber muchos menos.
Desde mi punto de vista, esta es una visión que no corresponde, ni de lejos, a la realidad, lamentablemente, pues no es que no se desee que la migración se reduzca por efecto de mejoras económicas sino que dadas las condiciones actuales la disminución del fenómeno tiene que ver con otros determinantes.
En primer lugar, efectivamente la migración indocumentada disminuyó en forma sustancial, porque la migración es un fenómeno de dos vías, es decir, responde a un factor de atracción y a otro de expulsión. Si el primero no se produce, como fue la demanda por parte de Estados Unidos –que vivió una de sus grandes crisis y el incremento sustancial del desempleo–, la migración cesa o se reorienta. No pudo reorientarse porque el resto de los países receptores también enfrentaron crisis profundas. Es muy posible, y aquí concuerdo, que los cuatro millones más de personas en el censo respondan a que los flujos migratorios se detuvieron, pero no concuerdo a que deba a mejoras económicas, pues los datos muestran lo contrario.
En primer lugar, los niveles de desempleo se han mantenido altos, sobre todo si consideramos que 29 por ciento de la población ocupada se encuentra en el trabajo informal, que supone ingresos irregulares, y no cuenta con prestaciones sociales. El déficit de empleos se ha mantenido, pues hasta mayo de este año sólo se habían generado 327 mil del millón 200 mil que se requieren. En cuanto al factor educación, las universidades públicas han sido incapaces, por falta de presupuesto, de incorporar a todos los solicitantes de estudios superiores. El caso de la Universidad Nacional Autónoma de México es dramático: de 150 mil estudiantes, sólo ingresó 15 por ciento. Es de todos conocidos las condiciones lamentables de 7 millones de jóvenes que no encuentran ni trabajo ni pueden ingresar al sector educativo, y se sospecha que ante tal desesperanza muchos de ellos están ingresando a las filas del crimen organizado. El salario mínimo es de menos de 60 pesos al día, cuando en Estados Unidos se sitúa entre cinco y seis dólares la hora. Y en cuanto al nivel de pobreza en México, de acuerdo con el Banco Mundial, ha alcanzado los 55 millones de personas, y en la administración de Felipe Calderón se incrementó en 6 millones. En relación con los aspectos demográficos, la tasa de natalidad puede bajar a menos uno, pero si el país no crece de acuerdo a su población, el fenómeno de expulsión se mantiene.
Desafortunadamente, la migración se ha detenido en forma momentánea por problemas de demanda de Estados Unidos, como ha sucedido históricamente, y por la inseguridad rampante en el tránsito. Y sólo revertirá su tendencia cuando se produzca un cambio de proyecto nacional, incluyente, cuyo objetivo prioritario sea el desarrollo. Lamentablemente, muy lejos de lo que hasta ahora se avizora.
ue hunde cada vez más al país. La marca histórica casi fue alcanzada cuatro días después: 19 personas fueron asesinadas con armas de fuego en Monterrey y otros municipios.A esa monstruosa desaparición de la tragedia pretenden apostar los estrategas de la guerra selectiva contra el crimen organizado para que la conciencia no se sobresalte y la dominación por la fuerza armada se convierta en la forma normal de gobernar.
Por ello es importante fortalecer el movimiento encabezado por el poeta Javier Sicilia. Movimiento que rompe, considerados sus errores, con el esquema del gobierno y de quienes han introyectado su irracionalidad.
En condiciones distintas de las que han sido creadas por este movimiento, quizá el médico Otilio Cantú, padre de Jorge Otilio, el joven asesinado hace dos meses con todas las agravantes de la ley por soldados del Ejército Mexicano, no se habría atrevido a escribir la carta que dirigió a Felipe Calderón. La de Monterrey es una sociedad donde el silencio de los inocentes (vía censura y autocensura) es el festín de los abusones. Don Otilio cuestiona, respetuosa, pero muy puntualmente, su política militarista en materia de seguridad. La carta fue resumida y publicada por El Norte bajo el título ¿Nos acostumbraremos?
Aparte de otros señalamientos, don Otilio le plantea a Calderón unas pocas preguntas de esas que la mayoría de periodistas e individuos especializados en el tema no logra formular: 1) Recordando que Calderón pidió perdón a las víctimas de su combate a la delincuencia, y a renglón seguido afirmó que continuaría con su misma estrategia, le cuestiona si no son igual de criminales las Fuerzas Federales que masacraron a mi hijo Jorge Otilio, y que envió de apoyo a Nuevo León
, como ha ocurrido en otros casos. 2) Si él, Calderón, cree que los soldados son sometidos a pruebas toxicológicas antes de salir a realizar sus operativos, pues una persona en su sano juicio no puede cometer actos de barbarie como el cometido contra su hijo. 3) Si, como Comandante Supremo de las Fuerzas Armadas, de verdad piensa que el Ejército fue capacitado correctamente para una lucha de tal envergadura antes de exponerlo a que ahora su trabajo se encuentre en entredicho para muchos ciudadanos y analistas sin haber antes enmarcado su presencia civil de manera legal
. Otras preguntas se refieren a la forma brutal en que su hijo fue masacrado y al ocultamiento y mistificación empleados para culparlo de su propia muerte, y al posible propósito de dejar que el tiempo corra para que su crimen sea uno más de esta guerra insensata y cruel
y pase a la memoria como un error.
El significado cabal de la carta de don Otilio se comprende mejor en el contexto social y cultural de Nuevo León. Los contrastes entre lo que las autoridades deciden y dicen, y la realidad nos saltan a los ojos. Los gobiernos del estado y de diversos municipios decidieron militarizar la seguridad, en seguimiento de la política de Calderón. A partir de entonces se ha incrementado la violencia en el estado. En 2008 se registraron 105 víctimas; 112 en 2009; 620 en 2010, y más de 900 en sólo lo que va de 2011. Para las autoridades, con la sobrada escasez de cultura política reinante, sería difícil que pudieran atender al sentido de juicios como el que encierra la conocida frase de Georges Clemenceau: La guerra (y la seguridad, cabría añadir) es demasiado importante como para dejársela a los generales.
La medida más reciente fue permitir que los soldados revisaran casa por casa, como si fuese igual que revisar casilla por casilla, con la autorización de sus habitantes, para rastrear evidencias del crimen organizado. (¿Cuántas llevan?, ¿bajo qué plan?, ¿están incluidas las de las zonas residenciales?, ¿los responsables de tropa han dotado de criterios a sus subordinados sobre cómo se catea una casa?) Apenas iniciado el operativo, el gobernador Rodrigo Medina de la Cruz declaraba que con tal medida se estaba abatiendo los índices de criminalidad. Al día siguiente tuvo lugar la masacre del Sabino Gordo.
Los empresarios, encabezados por el Centro Patronal de Nuevo León-Coparmex, están de acuerdo en la estrategia militar de Calderón. De repente se pronuncian en algún desplegado para que se restablezca el orden y se imponga la paz. Su blanco, en abstracto, es el crimen organizado. Pero nunca se han manifestado en contra de los propietarios de antros, casinos y establecimientos destinados al tráfico y prostitución de personas. Menos en contra del complejo financiero donde se blanquea el dinero proveniente del narcotráfico. Monterrey ostenta el primer lugar en número de antros y de casinos, y el segundo en la trata de personas. Así, lo del Sabino Gordo fue terrible, pero en buena medida es resultado de una ciudad donde mora y medra holgadamente el hampa.
Hay voces discrepantes, como la de Mauricio Fernández, alcalde de San Pedro Garza García, o la del empresario Alberto Santos de Hoyos. Aunque a últimas fechas ha pedido el patrullaje del Ejército, la reiterada tesis de Fernández es que la estrategia federal en el combate al delito está equivocada. Ambos coinciden en que el trasiego de enervantes es un problema estricto de salud pública.
A raíz del violento fin de semana que registró 97 muertes, Alejandro Poiré, vocero de seguridad del gobierno federal, advirtió que la violencia disminuirá conforme más aprisa se lleve a los delincuentes ante la justicia.
La verdad es que un poco más de prisa en la estrategia calderonista de combate al crimen organizado y estaremos perdidos.
