8/24/2013

Una mujer roxanamente igual a su pueblo



Sobre las elecciones chilenas




“Siempre mujeres, cumpliendo oficios
que   se entretejen sin tener fin.
Ser costureras, ser cocineras,
recamareras y planchadoras;
ser enfermeras y lavanderas,
también   meseras y educadoras.”
Gabino Palomares

1. Cristian Cepeda remata en su artículo ‘Presidenciales Chile : La Dura Batalla por el Protagonismo Popular’, que “ este ejercicio electoral de noviembre no será el punto de quiebre de estos últimos 40 años de neoliberalismo. Seguramente las candidatas del duopolio arrastrarán a buena parte de los chile nos detrás de sus promesas. Por lo mismo la candidatura de Roxana Miranda ( http://www.rebelion.org/noticia.php?id=166339 ) no podrá ser evaluada en su capacidad de acumular en un juego que aún sigue rigiéndose con las cartas marcadas. Pero si la apuesta va más allá de lo electoral, la demostración de poner al sujeto popular como protagonista de la historia de Chile , en un período que se viene álgido de cuestionamientos al modelo, sin duda es la única apuesta correcta.”
¿Pero qué significa ‘protagonismo popular’, una apuesta ‘que va más allá’ y cuáles son sus condiciones?

2. El capitalismo no se convertirá en otra cosa por medio de las elecciones. De hecho, las elecciones o el ejercicio repetido de votar por uno u otro candidato, salvo en inflexiones históricas que ni siquiera están asociadas al campo electoral centralmente, forman parte de la fachada ya traslúcida de tanta tintura, lavado y enjuague, de una dominación apenas más sofisticada que la franca servidumbre o esclavitud.
El imperialismo (Estados corporativos de EEUU-UE-Israel) hace tiempo formuló los mandamientos para la presente fase de su reproducción –a punta de armas robotizadas, el dólar; el monopolio del conocimiento científico, la genética y nanotectnología, la neurociencia, los transgénicos; y la ruina o sobrevivencia de la periferia mundial jugadas en la especulación bursátil y la relación comercial asimétrica entre los bordes primario exportadores y el centro creador de conocimientos estratégicos-. Esto es, democracias representivas duopólicas (matizadas entre sí, jamás contradictorias, siempre complementarias, y a cargo de empresas electorales privadas altamente especializadas y cuyo valor -de cambio, de uso y abuso- es la gobernabilidad o subordinación con alto consenso social respecto de los requerimientos del capital concentrado y transnacional); lucha contra el terrorismo (donde terrorismo es todo aquello que se resiste al terrorismo imperialista); y el liberalismo financiarizado, mediático y militar.
Es decir: parodia de democracia para satisfacer un mismo proyecto de clase y sistema mundo; represión precautoria y ofensiva contra los intereses populares; y recreación permanente de la deuda, la explotación humana y el saqueo. Un conjunto opresivo mediado por la alienación simbólica y la fuerza. Avasallamiento, usura y miedo. Cada cual con su industria y especialidad, y todas juntas accionistas de un mismo holding.
¿El narcotráfico, la industria bélica, la red de trata de personas, la prostitución infantil, el patriarcado, los medios de masas, la especulación con la producción y precio de los alimentos, la explotación de los recursos energéticos –en particular los hídricos y fósiles-, los bancos y financieras, el retailer, y el lobby político, policial y judicial, no son acaso fracciones de un mismo mosaico cuya unidad de sentido y necesidad, armado y propiedad, está a la base del mejor de los mundos posibles?

3. El protagonismo popular no abandona su inconsistencia abstracta y vacía si no se despliega como movimiento creativo y liberador determinado por la práctica. O sea, el protagonismo popular no es la simple negación idealista del orden vertical de la dictadura del capital. Es más bien, el momento del entendimiento y autoconciencia de grupos humanos insurrectos contra la dinámica capitalista que en su propia lucha contiene los materiales de la superación del trabajo asalariado, de la autodeterminación, la socialización de la vida, la democracia radical. Por eso requiere de una voluntad estratégica para destruir la sociedad de clases, aunque su programa y tácticas contingentes estén inestablemente condicionadas y acotadas por las relaciones de fuerza o el estadio de la lucha de clases.
El protagonismo popular, entre su formación inicial y finalidad, atraviesa por un momento de confusión inevitable. La derrota del economicismo, la pelea limitada y corporativa que resulta incapaz de ligarse y reconocerse en otras luchas por miopía, pavor a la revolución, y/o cooptación de su dirección; el populismo caudillista y preso de un nacionalismo de conciliación social –corto o ampliado (de un país o de un continente en particular), corresponden a obstáculos que pueden enfrentarse y subsumirse hasta su extinción, sólo a través de la acción y la producción teórica y política independientes, propias.

4. El protagonismo popular es un punto de llegada. Un derrotero duro y sublevado que es objeto primero de control, represión, y según llegue a madurar, de aniquilamiento político-militar desde el Estado corporativo. Por ello su blindaje en todos los ámbitos –orgánicos, formativos, materiales- no es una opción. Por el contrario; es la condición de su realización. La acción directa, el poder popular, la participación electoral, la lucha frontal hasta la desmoralización y reducción del enemigo de la Humanidad, son momentos que, combinadamente y según el pulso de los combates y el tonelaje de fuerzas en los campos de la política concreta, configuran los avances, retrocesos, empates y posibilidades de la victoria del género humano sobre el capital, y sus relaciones de clase y de poder.
Para alcanzar la unidad -o la totalidad sometida y despojada de su libertad logre enrumbarse en un solo sentido histórico-, siempre deben preexistir formaciones políticas que condensen las claves tendenciales de la sociedad futura. Producto de la alienación masiva bajo el capitalismo, en el actual período esas formaciones difícilmente contendrán porcentajes mayoritarios de la población, pese a que su vocación concreta de mayorías y de poder son su necesidad y condición.

5. ¿Qué pueden hacer en Chile hoy las agrupaciones cuya estrategia es la superación socialista del capitalismo, entonces? Junto con concentrarse y ponerse a disposición política del movimiento de los sujetos en lucha reales –en especial los trabajadores precarizados, los estudiantes secundarios y el Pueblo Nación Mapuche, las mujeres, los migrantes; los que se saben excluidos, explotados y usurpados-, es preciso que destaquen tiempo a la formación, producción de conocimientos, y al establecimiento poli-ético en sus propias relaciones habituales del proyecto de sociedad que acabará con la totalidad amenazante del capital.
Asimismo, y aunque parezca un sobreentendido, debe hundirse en el movimiento real, luchar a la cabeza para obtener participación en la autoridad o conducción política reconocida por quienes ofrecen resistencia. Y, naturalmente, si cuenta con fuerza y organización suficientes, tácticamente puede aprovechar, para amplificar su influencia y proyecto –sin ingenuidades, diciendo la verdad y jamás distrayéndose de lo importante-, la tribuna que limitadamente ofrece la forma democrático burguesa de la tiranía del capital.
Condenados a que ese conjunto de sujetos sociales insurrectos, en el marco impuesto por una legalidad extraña a los intereses de la Humanidad, deba tener un rostro de alcance simbólico, entonces que ese rostro, ahora, sea de mujer morena y empobrecida, de claras huellas mapuche. Luchadora por excelencia; creíble porque se trata de una mujer genuina y con expedientes al respecto, y no porque imposta la voz.
Una mujer roxanamente igual a su pueblo.

Ver: http://www.youtube.com/watch?v=F2xHkZX3wSM

Propuestas ecofeministas para transitar a un mundo justo y sostenible


Ponencia de Yayo Herrero, de Ecologistas en Acción y Directora General de FUHEM (video)



El enfoque de género en el sistema carcelario


x Laura Salomé Canteros    

     La suma de todas las violencias, la privación de las libertades, las penas, la discriminación y el mito de la resocialización desde un enfoque de género

Entre 2009 y 2012 hubo nueve asesinatos en la cárcel de mujeres de Ezeiza [Buenos Aires]

Lejos de pensar al sistema carcelario como un mecanismo alejado de las dinámicas sociales, el enfoque de género aplicado a la situación de mujeres privadas de su libertad nos permite profundizar en las causas de la perpetuación de las violencias represivas del estado patriarcal. De acuerdo a relevamientos de la Procuración Penitenciaria de la Nación, entre 2000 y 2008 no hubo muertes violentas, pero entre 2009 y 2012 hubo nueve sólo en la conurbana cárcel de mujeres de Ezeiza. María Laura Acosta, Cecilia Hidalgo, Yanina Hernández Painnefil, Silvia Nicodemo, Romina Leota, Vanesa García Ordoñez, Ema Alé, Noelia Randone y Florencia Cuellar fueron encontradas sin vida en sus celdas en diferentes circunstancias que no son las de una “presa cumpliendo su condena”.

Contra la indiferencia de individuos e instituciones producto de la complicidad en la no investigación de estas muertes, el Comité contra La Tortura de la Comisión por La Memoria de la provincia de Buenos Aires, creado con el objetivo de intervenir en los casos de abuso policial, violencia institucional y violaciones a los derechos humanos en los lugares de detención, en su informe titulado “Violaciones a los derechos humanos en los lugares de detención de la provincia de Buenos Aires”, releva denuncias y entrevistas a mujeres alojadas en distintas unidades carcelarias con el objetivo de abordar, entre otras, las situaciones de maltrato carcelario desde una perspectiva de género.

Se materializan de esta manera, la frecuencia y la contundente potencia de las violencias ejercidas por el poder carcelario en forma institucional, física, psicológica, sexual y simbólica. Todas desplegadas en un ámbito donde las mujeres en su mayoría ya han sido previamente víctimas de violencia. Son pobres, desempleadas, con escasa educación formal o que han permanecido ajenas durante toda su vida al acceso de cualquier tipo de política social de carácter inclusivo. En este marco, las instituciones de encierro, lejos de revertir estas realidades, reproducen la discriminación y las desigualdades y perpetuán las estructuras dominantes; el aislamiento como mecanismo de castigo se convierte en una medida sistemática de sanción que solidifica el doblegamiento de las mujeres.

Manguerazos o palazos, requisas colectivas, presencia de personal masculino, traslados por distintas unidades carcelarias en forma arbitraria sin control judicial alguno, privación de ver a familiares, hijas/os y/o amigas/os, de realizar llamadas telefónicas, etc. forman parte de la batería de invasiones disciplinarias sobre el cuerpo de estas mujeres que en muchos casos se lleva sus vidas. Este tipo de castigos denunciados se producen bajo el supuesto de mantener la “seguridad de la institución carcelaria” hacia aquellas que se atreven a denunciar los abusos cometidos por integrantes del Servicio Penitenciario.

Tanto fuera como dentro de las unidades el abuso de poder y de decisión sobre el cuerpo de las mujeres no son excepcionales, sino que forman parte de una rutina con fuerte impacto material y simbólico. Muros adentro, los relatos estremecen. Muros afuera es urgente tomar medidas con el objetivo de frenar estas prácticas y desterrarlas de la cultura penitenciaria. “Te hacen sacar todo. Una se siente humillada como mujer porque al costado hay un masculino que sabes te está mirando. Te hacen dar vueltas, mostrar las manos, los pies, todo desnuda. Sentís que te hacen desfilar. (…) Al lado del control te hacen bajar los pantalones y la bombacha. Lo tenés que hacer para todo: para ir al médico, a la escuela, por audiencias. (…) Te manguerean, te arrastran de los brazos, como si barrieran, te van pegando y cuando llegas te manguerean también la celda así está todo el tiempo mojada, lo hacen los masculinos y las mujeres miran”, expresa Rosana L. una de las mujeres en situación de cárcel que prestó testimonio para el informe del Comité contra la tortura.

El mito de la resocialización

El Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) en su libro “Mujeres en prisión. Los alcances del castigo” resuelve en forma contundente: “El paradigma de la resocialización se ha revelado como una falacia o un mito. (…) El daño que de por sí ocasiona la prisión, se complementa con evidencias de violencias estructurales en los lugares de encierro, condiciones de detención indignas, situaciones de maltrato y tortura. (…) La cárcel deja huellas imborrables en el sujeto y en su grupo familiar. En el caso de las mujeres, tiene un impacto diferenciado vinculado al papel que ellas desempeñan en nuestras sociedades, que se caracteriza, en la mayoría de los casos, por mantener los lazos familiares y ocuparse de forma preeminente de la crianza de los hijos/as y del cuidado de otros familiares (además de, muchas veces, trabajar fuera de casa). Este rol social hace que la mujer sufra en mayor medida los efectos del encierro, ya que éste significa el desmembramiento del grupo familiar y su alejamiento”.

Y agrega: “En el caso de las detenidas que son madres, el alejamiento se vuelve más grave tanto para ellas como para sus hijos/as. La destrucción del vínculo materno-filial constituye una “pena” añadida a la condena, que además trasciende a los/as hijos/as. Es fundamental prestar atención también a las circunstancias en que se encuentran las/os menores de 4 años que conviven con sus madres en prisión. No hay duda con respecto a la idea de que la cárcel es un lugar absolutamente inadecuado para la crianza de los/as niños/as y que produce severos efectos en el desarrollo de sus aptitudes físicas, mentales y afectivas. Por otro lado, en los casos en que se separa a los hijos de sus madres, los efectos no son menos perniciosos. La pretensión estatal de castigar a las mujeres con pena de prisión implica la ruptura de ese vínculo materno-filial”.
El grado de aplicación de la fuerza punitiva del Estado y la seguridad de todos/as sus habitantes responde a criterios de política criminal. Paradójicamente, el mismo Estado que se compromete a condenar el ejercicio de la violencia de género, deviene cómplice de violaciones a los derechos humanos al no investigar y sancionar a las/os responsables por el ejercicio exacerbado de mecanismos de disciplinamiento y control contra las mujeres dentro de las cárceles.

www.marcha.org.ar

Falleció la creadora de la fundación "No a los biopolímeros, sí a la vida"


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AVN Mary Perdomo, presidenta de la fundación "No a los biopolímeros, sí a la vida", falleció este domingo presuntamente de un infarto, luego de una larga lucha contra el daño causado por las inyecciones de esa sustancia química tóxica para el ser humano.
La noticia fue dada por el doctor Daniel Slobodianik a través de su blog donde expresó que: "lamento decir por este medio, que he sido informado hace unos instantes por parte de sus familiares, que nuestra querida amiga, compañera, paciente, guerrera, luchadora, líder y fiel creyente de esta campaña, falleció anoche en vísperas de su cumpleaños ".
De acuerdo a una nota de prensa del Sistema Bolivariano de Información y Comunicación (Sibci), Perdomo fue víctima de tratamientos estéticos con biopolímeros, lo que la impulsó a organizar una fundación para apoyar las denuncias de afectados, brindar asesoramiento legal y médico, además de difundir información sobre las consecuencias de estos tratamientos estéticos.
Perdomo se aplicó la sustancia en 2009 para aumentar sus glúteos, y posteriormente se vio afectada en la zona de sus caderas, muslos y en la región lumbosacra.

Perdomo inició la fundación "No a los biopolímeros, Sí a la Vida" que preside, para difundir "la mayor cantidad de información necesaria para sensibilizar a ese público que aún desconoce el grado de impacto que tiene esta enfermedad", explicó ella en una entrevista hace poco más de un mes.

La fundación brinda ayuda psicológica, psicoterapéutica, asesoría legal y asesoría tras una mala praxis médica.

Agravios a mujeres políticas: un resabio de la cultura patriarcal


Chiche Duhalde llamó a discutir si las mujeres están capacitadas para ejercer la política y generó una lluvia de críticas de distintos sectores. El método que se ha impuesto de cuestionar las ideas políticas según el género de quien las expresa, no se limita a la oposición y abre un debate más amplio. Mientras tanto, la última campaña electoral en Neuquén se tiñó de un virulento ataque hacia las candidaturas femeninas en la interna del MPN. Hechos que obligan a reflexionar, para defender los avances y seguir rompiendo con la lógica patriarcal.
pol2Por Belén Spinetta
COMUNICAR IGUALDAD- Hace pocos días, nuestro país se sumió en un debate que fácilmente podría haberse dado en septiembre de 1947 cuando el Congreso de la Nación sancionó la ley 13.010 de sufragio universal  femenino. O quizás, para no ir tan lejos, en 1991 cuando se sancionó la Ley de Cupo que impuso a los partidos políticos un mínimo de 30% de mujeres en sus listas. Pero no… estamos en 2013, en nuestro país gobierna una mujer, y desde hace más de 20 años se viene ampliando el marco internacional de Derechos Humanos que promueve la necesidad de garantizar la plena participación de las mujeres en los cargos públicos, la representación política y la toma de decisiones en todos los niveles.
Muchas mujeres creímos retroceder 100 años cuando Hilda “Chiche” González de Duhalde, de larga trayectoria en el mundo de la política, aseveró que  Cristina Fernández de Kirchner “se maneja más por su lóbulo emocional que el racional”, es un “mal ejemplo para las mujeres”, puso en duda la eficacia de la Ley de Cupos e incluso se atrevió proponer un debate nacional para analizar “si la mujer está preparada para ejercer la política per se, con sus características, con sus condiciones y convicciones, o si simplemente va a acompañar el proyecto de alguien”.
Hay que decir que no es la primera vez que se descalifican las ideas de la presidenta -que se pueden compartir o no- apelando a su género. En esta oportunidad, llama más la atención y se agrava por el hecho de que es una mujer política la que ataca con estas palabras nada más, ni nada menos que a sus propias congéneres. El golpe es para todas, no sólo para Cristina Fernández. 
Pero esto no es exclusividad de quienes hoy están en la oposiciónel oficialismo también recurrió varias veces a esta “táctica” para descalificar a sus adversarias/os políticos/as: en diciembre del 2011 cuando Victoria Donda se presentó con un vestido corto y escotado a jurar como diputada, militantes de La Cámpora comenzaron a cantarle “trola, trola”, mientras que a principios de este año el diputado Andrés “Cuervo” Larroque le gritó “cállate atorrante” a Laura Alonso durante un debate en el Congreso. Estos episodios y otros fueron recogidos por el Equipo Latinoamericano de Justicia y Género (ELA), que compiló a fines de julio los “Diez momentos sexistas en la política Argentina”. Para la directora Ejecutiva de ELA, Natalia Gherardi, este relevamiento “muestra situaciones que tienen muchas veces alto contenido de discriminación y/o de misoginia y que sin embargo no han sido identificados como tales de un modo generalizado, ni por las personas en lugares de decisión, ni por los  medios de comunicación ni por la sociedad en general…es una muestra del grado de naturalización de la subvaloración de las mujeres en nuestra cultura”.
Por otra parte, el tuit de la presidenta que desencadenó las declaraciones de la ex senadora Hilda Duhalde también contiene un sesgo de género. Cuestionando a su ex jefe de gabinete, ahora principal candidato a diputado en la provincia de Buenos Aires, Sergio Massa, la presidenta tuiteó: “Ahora quieren hacer el Plan Duhalde II. Con carita más joven. Si hasta tiene su ‘chiche’ Yo me acuerdo. Era senadoraSe refirió de esta manera, que roza la cosificación, a Malena Galmarini, esposa del intendente de Tigre cuyo protagonismo fue creciendo durante la campaña. Este aspecto pasó casi inadvertido por la mayoría de los medios de comunicación.
Un debate nacional….y provincialpol1
Esta lógica de descalificación política que se viene imponiendo en los últimos años, no se reduce a casos aislados como los arriba mencionados. Más bien es una práctica bastante habitual, tanto a nivel nacional como provincial y local. Durante la última campaña para las elecciones primarias (PASO) en Neuquén, se dio una virulenta cruzada de descalificación en la interna del Movimiento Popular Neuquino (partido que gobierna la provincia) y que tuvo como blanco a la primera pre candidata a senadora por la lista A del oficialismo y actual vicegobernadora, Ana Pechén.
En una carta que dirigió a Jorge Omar Sobisch, presidente del partido y referente de la lista opositora que finalmente se impuso en la interna, Pechén denunció métodos patoteriles, antidemocráticos y violencia de género expresados en la destrucción de la propaganda callejera de su lista que incluyó el borrado de su imagen y de la primera candidata a diputada nacional  Olga Guzmán. “Existe un agravio al género de las mujeres a quienes tanto nos ha costado, en toda nuestra historia partidaria argentina, hacer valer nuestros derechos”, señaló en la carta al tiempo que enfatizó que el borrado de la imagen de las candidatas representa un “símbolo de los métodos patoteriles y antidemocráticos que deseamos desterrar por siempre de aquellos que nos han querido silenciar a las mujeres en una contienda electoral”. Paralelamente, presentó una denuncia ante la Justicia Electoral.
Consultada por COMUNICAR IGUALDAD acerca de este punto, la vicegobernadora de Neuquén expresó que si bien el MPN ha tenido participación de mujeres desde su fundación y formado importantes referentes -como la fallecida intendenta de San Martín de los Andes, Luz Sapag – eso no implica que esté exento de los sesgos de género y sea difícil el debate como en el resto de los partidos. “En esta campaña que vivimos con las PASO hubo claras intenciones de borrar las imágenes de las mujeres en el caso de nuestra lista, que éramos dos mujeres la que encabezábamos las candidaturas a senadora y diputada y no hubo ningún respeto”, remarcó. Agregó que no sólo hubo “las chicanas que se hacen en general en la política de poner anteojos o bigotes en los carteles, sino que en este caso se pintaban de blanco o de negro con la idea de que desaparezcan las imágenes de las mujeres”. Comentó que no tuvo ninguna respuesta ni del partido, ni de la Justicia electoral sobre su denuncia, que a su vez atentaba con el entendimiento de la ciudadanía acerca de las candidaturas.
En el marco del diálogo, Ana Pechén se refirió también a los dichos de Hilda Duhalde: “Sentí que estábamos en la Edad Media, que se echaba por tierra la lucha de tantas mujeres a lo largo de tantos siglos por tener equidad de género… Parece mentira que en una Argentina que ha tenido tantas mujeres que han luchado por sus derechos no se reconozca esa tarea y se siga imponiendo las jerarquías en la vida social, en la vida política donde las mujeres tenemos un relación de subordinación con los hombres”. La vicegobernadora calificó las declaraciones como “un retroceso de siglos” y manifestó su extrañeza de que “una mujer que ejerce la política tenga nociones de esa naturaleza”.
pol3¿Hacemos la diferencia?
La representación parlamentaria de las mujeres sigue siendo minoritaria respecto a los varones, pero ha venido ampliándose desde que se sancionó la Ley de Cupo.  Según una investigación de ELA, aquella legislación permitió que las mujeres pasaran de ser menos de un 5% en 1983 a casi un 40% en el Congreso Nacional de 2010. Si bien en el Poder Legislativo las mujeres ocupamos el 37,7% de las bancas, el porcentaje de las que ocupan cargos de máxima autoridad en el mundo político es inferior al 20%. El informe de ELA remarca que “de cada 10 puestos políticos clave, 2 son ocupados por mujeres y 8 por varones”.
Entre las críticas que suscitaron las declaraciones de “Chiche”, se hizo hincapié no sólo en el avance que representa la mayor participación política de las mujeres, sino también en lo que aportan al avance general de los derechos. En opiniones recogidas por Página 12 especialistas coincidieron en valorar que la mayor presencia de mujeres parlamentarias ha permitido avanzar en la legislación sobre políticas sociales vinculadas con la mujer, niñez y salud y sobre cuestiones de género y diversidad sexual
La directora Ejecutiva de ELA, Natalia Gherardi, aporta otra mirada sobre el tema y opina que los dichos de la ex senadora apuntan hacia un aspecto de la participación política de las mujeres que considera como un tema en sí mismo: ¿deben las mujeres aportar algo diferente a la política? ¿Debemos esperar algo distinto de las mujeres en política respecto de la forma de trabajar, de relacionarse, de tomar decisiones de los varones? 
“En mi opinión, no hay un colectivo ‘mujer’  y por lo tanto ‘las mujeres’ son tan diversas como todas las personas, y no tienen por naturaleza una capacidad particular para pensar los temas de una manera distinta que les sea propia”, analiza. “La diferencia está dada no por la naturaleza sino por la cultura, las expectativas que la sociedad coloca en ‘las mujeres’ y el grado en que esa expectativa es aceptada o no (…) Las distintas repercusiones que han tenido estas declaraciones muestran también la pluralidad de reacciones que genera la posibilidad de poner en cuestión la participación de las mujeres en política, las formas de hacer política, el por qué y para qué de esa participación, concluye Gherardi.
Sobre este punto, y las polémicas declaraciones, consultamos también a la precandidata a diputada nacional por el FAP en Neuquén y ex legisladora provincial, Paula Sánchez (Libres del Sur).  “Lo que revela Chiche Duhalde es, por un lado, una incapacidad para debatir en el plano de las ideas sus diferencias políticas con el kirchnerismo y por otro lado, un desprecio profundo a la conquista de los derechos de la mujer en la participación política, remarcando además que “no se ha expresado solamente en contra de la participación de la mujer en la política, sino que ha  tenido posiciones sumamente conservadoras y discriminadoras respecto a otros temas como el matrimonio igualitario o la legalización del aborto…posiciones que realmente son retrógradas y que no tienen otro fundamento que su mirada conservadora respecto de las mujeres”.
Desde su experiencia como legisladora provincial, Sánchez enfatiza que le tocó trabajar en una Legislatura donde eran muchas mujeres: Teníamos posiciones claras  y un protagonismo fuerte en el debate de muchos temas centrales como la renegociación de los contratos petroleros del 2008, la ley del foro educativa o la cuestión ambiental”. Agrega que le tocó actuar en una legislatura donde se pudieron llevar adelante temas de género como la ampliación de las licencias por maternidad o la sanción de leyes de prevención de la violencia contra las mujeres, pero remarca que “el debate se centró en la mirada que teníamos las mujeres y fue minoritaria la participación de los varones, como suele suceder en la argumentación de estos temas”.
Avanzamos, pero falta camino por recorrerpol4
En una segunda investigación, ELA vuelve a concluir que la participación de las mujeres es todavía un terreno a ser conquistado: la legislación de cupo facilita el acceso, pero presenta limitaciones en su alcance y dificultades para sostener los logros obtenidos. Y analizando la composición parlamentaria destaca que “la mayor proporción de solteras y el menor porcentaje de casadas, junto a la menor cantidad de hijos/as entre ellas, indica que a mayor nivel de responsabilidades familiares las mujeres tienen menores probabilidades de aspirar a una carrera legislativa que sus pares varones”. El lugar que las mujeres seguimos ocupando en la reproducción y sostenimiento de la sociedad, en el que prevalece nuestro rol doméstico, se erige así como una de las principales trabas para el crecimiento de la participación política.
Opina Gherardi que a pesar de los avances y de la gran visibilidad que tienen muchas mujeres que actúan en espacios de poder, todavía es excepcional contar con mujeres en los cargos principales de distintas instituciones: “Esta excepcionalidad genera una mirada particular sobre qué hacen estas mujeres, qué dicen y cómo actúan, y al mismo tiempo, esta participación de mujeres se da todavía en un contexto donde la norma, lo habitual, es el poder “de traje y corbata”, y donde las distintas formas de violencia y de sexismo todavía están ampliamente naturalizadas”.
La polémica generada por Chiche Duhalde, quien ya en 2010 había descalificado a la presidenta con un sesgo de género al aseverar que su modo de hacer política expresaba “un modelo masculino con ropaje femenino”, preocupó pero a su vez abrió la posibilidad de rediscutir estos temas. La lluvia de críticas a sus palabras y las reflexiones que suscitó demuestran que amplios sectores de la sociedad no están dispuestos a retroceder en el protagonismo que las mujeres venimos ganando.
Hubo alarma, pero también reacción. Cuando una idea retrógrada emerge, surgen miles de voces que demuestran que vamos en buen camino pero que hay que redoblar la apuesta para, efectivamente, no dar ni un paso atrás.
Notas relacionadas:
Catarata de repudios

8/23/2013

La deslegitimación: las leyes secundarias de educación



Hugo Aboites

Ahora que el Congreso discute las iniciativas de leyes secundarias es posible ver el proceso de deslegitimación de los principales actores políticos en el terreno de la educación a partir de esta desafortunada reforma

Primero, porque en el proceso de construcción de las propuestas, los funcionarios federales excluyeron deliberada y sistemáticamente los puntos de vista de los actores claves de la educación: maestros y estudiantes.

 A la basura o al archivo (que para el caso es lo mismo) se enviaron la enorme cantidad de argumentaciones, testimonios, críticas, debates, acuerdos con legisladores y detalladas propuestas que generaron maestros, estudiantes, padres de familia y académicos en lo que fue algo cercano a un diálogo nacional, en el que, a regañadientes, incluso participaron la Secretaría de Gobernación y legisladores. 

Los maestros le apostaron no sólo a las movilizaciones en las calles, sino también a un monumental y prolongado esfuerzo de reflexión, análisis y propuestas que ofreció al país y a la reforma una vía de legitimidad fincada en el diálogo y la razón. Al despreciar esta vía, el Ejecutivo no sólo presenta iniciativas que no tienen más sustento que su autoridad, sino que, al mismo tiempo, se deslegitima a futuro como conductor de la educación: desde el arranque habrá demostrado su vocación conflictiva.

Segundo, porque también el contenido mismo de las iniciativas deslegitima a la reforma y a sus conductores. Es un error entender la calidad como vigilancia, y más cuando se arma todo un sistema nacional específicamente diseñado para detectar conductas y actitudes sancionables. De seguro que entre los más de un millón de maestros se encontrará a decenas de miles que deben ser sancionados o amenazados con despido. Se creará así un problema laboral y constantes conflictos a lo largo y ancho del país, pero además a tal punto se enrarecerá el clima de escuelas y regiones que se hará mucho más difícil crear y mantener los acuerdos que requiere una profunda reforma de la educación. Hasta la directora del Instituto Politécnico Nacional, Yoloxóchitl Bustamante, manifestó su preocupación ante la posible aplicación de estas leyes y atentamente ha pedido que quede exento pues se trastocaría la vida interna y las relaciones laborales del instituto (Elizabeth Velasco, La Jornada, 15 de agosto, página 33). Si fuera patente que la reforma contribuirá a la calidad, ¿no habría demostraciones de entusiasmo en lugar de solicitudes de exención?

En tercer lugar y en concreto, la directora del IPN no quiere la evaluación, y con razón, porque ésta y la reforma se han venido presentando con un discurso confuso y contradictorio que, como lo acepta la junta directiva del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación (INEE), genera mucha incertidumbre (Ballinas y Becerril, La Jornada, 16 de agosto, página 13). Y también confusión: el INEE es autónomo pero en la iniciativa de ley aparece como una especie de ayudante cómplice de la SEP, pues le toca “supervisar el diseño y aplicación de instrumentos de medición para las evaluaciones de los componentes procesos o resultados… que realicen las autoridades educativas” (artículo 27). Se dice que no habrá pruebas estandarizadas para los maestros sino encuestas a directores y padres de familia, portafolios, videograbaciones, pero arriba se habla precisamente de medición, es decir, un test estandarizado. 

En otra parte, además (artículo 28), la SEP es quien decide y al INEE le corresponde completar la tarea, autorizar para la educación básica y media superior los parámetros e indicadores, de conformidad con los perfiles aprobados por las autoridades educativas, para el ingreso, promoción y permanencia del personal docente. Por cierto, aunque se repite que la evaluación no será punitiva, en ese artículo es claro que se incluye la permanencia, el despido de maestros. La confusión y contradicciones, en el fondo, son sólo un juego de sombras que oculta la realidad: serán la junta directiva del INEE, las autoridades y los legisladores pactistas los que definirán lo que será la evaluación, como si no hubiera más de un millón de maestros allá afuera que no fueron ni consultados, ni informados. Un desdén que tiene un costo altísimo en legitimidad: los maestros nunca verán la evaluación como propia y, menos, como el camino para mejorar la educación.
* Profesor/investigador de la UAM-X

Nuestra civilización, un gigantesco fracaso



Gabriela Rodríguez

El ejercicio de los derechos humanos y la equidad de género, más que el crecimiento poblacional, fue colocado en el centro de la agenda mundial de población desde 1994 en que se realizó la Conferencia Internacional de Población y Desarrollo en El Cairo. Hoy que se realiza la evaluación de los logros a 20 años, el subcontinente de América Latina y el Caribe logró un avance inédito en términos de los derechos sexuales y reproductivos de adolescentes, de jóvenes y de las mujeres.

Representantes oficiales de 38 países miembros, de 24 organismos internacionales y de 260 organizaciones no gubernamentales (redes feministas, de jóvenes, de mujeres afrodescendientes e indígenas) se reunieron en la primera Conferencia Regional sobre Población y Desarrollo del 12 al 15 agosto en Uruguay, y elaboraron un documento denominado Consenso de Montevideo sobre población y desarrollo. El presidente de la conferencia y subsecretario de Salud Pública de Uruguay, Leonel Briozzo, sostuvo la importancia de que el consenso precise que la educación y la laicidad son ejes fundamentales para profundizar los derechos humanos. Alicia Bárcena, mexicana secretaria ejecutiva de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, reconoció que para alcanzar la equidad de género la región tiene que romper con el modelo de desarrollo, tal como algunos países latinoamericanos han dado avances en el concepto de Estado social, y hoy nos señala el camino el gobierno de Uruguay, donde se han jugado políticas de Estado en marcos más progresistas y más solidarios en un contexto de derechos universales: han logrado desjudicializar los derechos sexuales y reproductivos, además de extender los derechos sociales.

Cuando por primera vez hay un Papa latinoamericano, la ratificación del carácter laico de los estados parece un impulso secular para fortalecer la democracia y la autonomía ciudadana, el consenso precisa el compromiso de “invertir en la juventud, a través de políticas públicas específicas y condiciones diferenciales de acceso, especialmente en la educación pública, universal, laica, intercultural, libre de discriminación, gratuita y de calidad…” Inédito es también el compromiso por avanzar en el acceso al aborto: “Eliminar las causas prevenibles de morbilidad y mortalidad materna, incorporando en el conjunto de prestaciones integrales de los servicios de salud sexual y salud reproductiva medidas para prevenir y evitar el aborto inseguro, que incluyan la educación en salud sexual y salud reproductiva (…) asegurar, en los casos en que el aborto es legal o está despenalizado en la legislación nacional, la existencia de servicios de aborto seguros y de calidad para las mujeres que cursan embarazos no deseados y no aceptados e instar a los Estados a considerar la posibilidad de modificar las leyes, normativas, estrategias y políticas públicas sobre la interrupción voluntaria del embarazo…”

El actual presidente de la República Oriental de Uruguay, José Mujica Cordano, quien fue líder del Movimiento de Participación Popular, sector mayoritario de la fuerza política de izquierda Frente Amplio, en su mensaje sobre la inversión en los jóvenes afirmó: “Hay mucho dinero pero está concentrado, y hay mucho más egoísmo que dinero… Nadie le va a regalar a los jóvenes, nunca les regalaron nada; los jóvenes en la historia humana se abrieron paso a los codazos, los jóvenes no son imberbes o niños, son adultos fuertes y pueden y deben (…) Yo creo que no tenemos crisis con los jóvenes, tenemos crisis civilizatoria que es distinto, que incluye a jóvenes viejos y al destino de la vida humana arriba de la Tierra... y mucho mas grave, nos queremos consolar creyendo que esto se arregla gastando un poco más en los jóvenes y educándolos, calificándolos, y no les preguntamos ¿por qué estamos vivos?.... Para luchar por ser felices y libres, el concepto de felicidad no se cuantifica: este es el problema si queremos que trabajen ocho, diez o doce horas, paguen impuestos y las cuotas de jubilación… eso queremos, un mundo arregladito, como se nos ocurre a nosotros, como hemos tenido que soportar nosotros. ¿Será ese el destino del hombre? O en las rebeldías y en las inconformidades juveniles aletea algo que no podemos definir, tal vez un destino de libertad y civilización distinta… No lo tengo claro, permítanme: ese mundo cuadradito y organizado no hace feliz a la gente. Son interrogantes que no son sencillas de contestar (...) No se puede mejorar el mundo a costa de perder la libertad, de ser un tipo esclavizado con una rutina que empieza hoy y termina en el cajón; creo que nuestra civilización cristiana y occidental es un gigantesco fracaso, porque ha transformado a la vida en una operación para gastar, consumir y acumular y lo que se está despilfarrando son horas de vida arriba del planeta. Y creo que los jóvenes lo sienten porque necesitan tiempo, tiempo libre, tiempo que no se cuantifica, tiempo para amar, tiempo para cualquier cosa…”

Twitter: @Gabrielarodr108

Ajuste a crecimiento impacta a la baja la creación de empleo


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Fernando Gutiérrez Rostro / El Economista

Foto EE: Archivo
En lo que resta del año, se dejarán de crear 200,000 plazas de trabajo, luego del ajuste a la baja de la expectativa de crecimiento de la economía en México para el 2013 que realizó la Secretaría de Hacienda, en el cual redujo la estimación del PIB de 3.1 a 1.8%, así lo informó el secretario de Trabajo y Previsión Social, Alfonso Navarrete Prida.
Durante la presentación del Plan Estratégico 2013-2018 del Infonacot, el funcionario indicó: “El ajuste sí genera una baja en la perspectiva de empleo en el país, ya lo había explicado alguna vez: cualquier ajuste a la baja afecta la creación de empleo (…). Va a afectar a 200,000 puestos de trabajo en un primer análisis”.
Navarrete Prida explicó que debido a la falta de esas 200,000 plazas nuevas, la dependencia que encabeza analiza cómo amortiguar esa baja en la estimación de creación de empleo, por lo que estudia la implementación de programas de empleo temporal junto a otras dependencias federales.
Pese a que ya no se crearán 200,000 nuevos empleos, el funcionario indicó que México tiene la solidez suficiente para amortiguar esta falta de nuevas plazas.
PIDE CAMBIOS ENERGÉTICOS
El funcionario indicó que, para que el país tenga crecimiento, debe de haber cambios en materia de energía que abaraten los costos de ésta, ya que de no ser así no se podrán generar los empleos que México requiere para tener un crecimiento económico.
“Para que pueda crecer el país, se necesita abaratar los costos en materia de energía. Mientras que los costos sean más caros en México que en Estados Unidos, los empleos se van a ir allá, porque el costo de la energía es mucho más barato”, dijo Navarrete Prida.
El encargado de la política laboral del gobierno federal aseguró que las reformas estructurales que necesita el país implican un cambio y éste hay que aceptarlo, pues México necesita transformarse.
Además, el funcionario destacó “la paz laboral que existe en México”, refiriéndose a los conflictos que se han controlado con algunos sindicatos en el país, como el de Volkswagen, Aeroméxico y el sindicato azucarero.

Laudo favorable a Aeroméxico no afecta a sobrecargos: STPS

La Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) dio su visto bueno al laudo en favor de Aeroméxico. Su titular, Alfonso Navarrete Prida, afirmó que el laudo que emitió la Junta de Conciliación y Arbitraje, apropósito de que los sobrecargos de nuevo ingreso en Aeroméxico serán empleados por un contrato B, no afectará a los trabajadores que se encuentran en activo y será benéfico para la empresa de aviación.
“Ninguno de los derechos laborales de los trabajadores de Aeroméxico, en materia de sobrecargos, se tocan. El laudo solamente va sobre un contrato B para las nuevas contrataciones, que en este momento no existen”, explicó Navarrete Prida, durante la presentación del Plan Estratégico del Infonacot 2013–2018.
El laudo precisa -agregó- claramente que los sobrecargos no pueden ser desplazados por las nuevas contrataciones.
Además, el funcionario expresó: “El sindicato está en su derecho de manifestar lo que ellos consideren. Hay mecanismos legales que pueden hacer valer y que estaríamos muy atentos a lo que siga desarrollándose en este asunto”.
Navarrete Prida destacó que el contrato B es el mismo que las y los sobrecargos de Mexicana de Aviación ofrecieron ante la Jueza de lo concursal como parte de la salida del conflicto, para que la empresa pudiera volver a retomar el vuelo.
fernando.gutierrez@eleconomista.mx

En México, jóvenes ven futuro sin optimismo


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Ana Langner / El Economista

Los jóvenes mexicanos se encuentran en el grupo de países que son menos optimistas respecto al futuro, revela el Índice de Expectativas Juveniles de la Primera Encuesta Iberoamericana de Juventudes elaborada por la Organización Iberoamericana de Juventud (OIJ).
De acuerdo con el ranking de este índice, México se ubica en el lugar 16 de los 20 países Iberoamericanos tomados en cuenta para esta medición. Ecuador, Costa Rica y Nicaragua surgen como los países con los jóvenes más optimistas, con una amplia expectativa en el futuro; mientras que Portugal, Guatemala y Brasil obtuvieron las opiniones menos alentadoras.
En general, los jóvenes de Iberoamérica tienden a mirar el futuro de manera optimista, sus expectativas sobre futuro son más positivas que sus miradas sobre el presente y expresan mayor confianza en las capacidades propias que en las condiciones ofrecidas por el entorno.
A pesar de que México está ubicado en los cinco países donde los jóvenes tienen las opiniones menos optimistas respecto a su futuro, la encuesta destaca que más de la mitad de ellos piensa que el país estará mejor en cinco años y más de dos tercios consideran que le irá mejor en dicho tiempo.
Este índice indaga sobre las expectativas de los jóvenes iberoamericanos y se alimenta del contraste con las evaluaciones actuales que las personas de entre 15 y 29 años, contempladas para esta encuesta, aplicaron en las áreas de corrupción, pobreza, violencia, desigualdad, medioambiente, participación, derechos inmigrantes, empleo, calidad de vida, salud, educación y vida propia.
PREOCUPACIONES
De acuerdo con la encuesta en torno a las percepciones y opiniones, aplicada a 20,000 jóvenes urbanos de los 20 países miembros de Iberoamérica, los mayores problemas que les afectan son la violencia y la delincuencia.
A los encuestados se les preguntó sobre su percepción respecto a los principales obstáculos que tiene su generación. Las respuestas se concentraron en la delincuencia y la violencia, sobre todo en el caso de México, mientras que, con una visión más estructural, para la Península Ibérica son los problemas económicos, y para Centroamérica los de empleo. En Brasil, el punto más álgido lo tienen los aspectos vinculados a la drogadicción y al alcoholismo.
Según datos de este informe, un quinto de los jóvenes ha percibido violencia en las relaciones de pareja o familiares. En este sentido, la titular de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol), Rosario Robles, informó durante la presentación del documento, que 36% de los delitos reportados en México son cometidos por delincuentes entre los 12 y 25 años. Aclaró que este grupo también es víctima de la situación y el contexto en el que crecen. La “situación de exclusión y desigualdad que genera encono, resentimiento y fractura del tejido social”.
Por su parte, la coordinadora Residente de la ONU en México, Marcia De Castro detalló que el país cuenta con más de 32.5 millones de personas entre 15 y 29 años de edad. “Casi un tercio de la población total, con diferentes experiencias de vida, nivel de estudios, necesidades, origen étnico y cultural, preocupaciones y anhelos”.
No obstante al peso de este bono demográfico, los jóvenes están enfrentando retos altamente preocupantes, dijo. Según la última encuesta del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, el 53.8% de la población menor de 18 años es pobre (41.7 millones), o pobre extremo (12.1 millones), mostrando una preocupante tendencia al alza en los últimos años.
La Coordinadora detalló que “12.4 millones de jóvenes entre 15 y 24 años no van a la escuela. Por tanto, no formarán parte ni del bono demográfico ni de la economía formal, y probablemente sí serán parte de las filas de la economía informal y rehenes de delincuencia”.
En torno a la confianza que existe en las diversas instituciones, México es el país de la región iberoamericana donde los jóvenes creen menos en ellas, seguida por la Península Ibérica. En el otro extremo se encuentran Centroamérica y la Región Andina, lo cual nos podría hablar de dos procesos distintos en la región: el primero de deterioro y el segundo de resurgimiento de las formas institucionales.
EDUCACIÓN PARA EL FUTURO
Si bien para Rosario Robles Berlanga, secretaria de Desarrollo Social, los jóvenes requieren de educación de calidad para formar capital humano y generar opciones de trabajo, los números del estudio revelan que casi un tercio de los entrevistados mexicanos califica la calidad de la educación como regular.
En esta misma línea, la titular de Sedesol puntualiza que seis de cada 10 individuos de entre 15 y 24 años no asisten a la escuela colocándolos en una condición de alta vulnerabilidad.
Por ello, reconoció, la pobreza, falta de empleo y exclusión en las oportunidades educativas, constituyen tres de los principales temas a resolver en materia de políticas públicas concentradas a la juventud, pues ello “vulnera sus derechos y los excluyen del proyecto nacional”.
La falta de acceso a oportunidades de empleo, la discriminación, la trata de personas y el acoso escolar o bullying, son sólo algunos de los desafíos que afectan hoy el futuro de los jóvenes mexicanos, dijo, la especialista Marcia De Castro.
JÓVENES SIN CONFIANZA
Puesta en perspectiva, la percepción juvenil es optimista, pues la gran mayoría confía en que en cinco años su país se encontrará mejor que en la actualidad; sólo en México y en Brasil una proporción de entrevistados supone que su vida no sufrirá ningún deterioro o mejoramiento distinto al que ahora tiene.
  • Los jóvenes de México y de la Península Ibérica son los que menos confianza tienen en las instituciones.
  • La universidad, en todos los casos, es la institución mejor calificada.
  • En los últimos lugares de confianza continúan, como en las dos últimas décadas, los políticos y policías
  • Los jóvenes de México encabezas la postura más tradicional sobre temas controvertidos como el matrimonio entre personas del mismo sexo, la mariguana y el aborto.
  • Al analizar las diferencias generacionales puede observarse que en tres subregiones, Península Ibérica, México y el Cono Sur, más del 60% manifestó estar de acuerdo con sus padres en temas de política, sexualidad y religión, de forma muy homogénea.

ana.langner@eleconomista.mx

Fortalece Canadá presencia minera en México


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Roberto Morales / El Economista

La empresa canadiense Torex Gold Resources programa iniciar en el 2013 la construcción de la mina Morelos Norte, que será una de las tres de oro más grandes de México y la número 20 a nivel mundial.
El proyecto se ubica en Guerrero, aproximadamente a 50 kilómetros al suroeste de Iguala, y demandaría 675 millones de dólares para alcanzar la producción comercial.
De acuerdo con la empresa, que es dueña de 100% del proyecto, la mina contaría con reservas probadas y probables por un total de 48.8 millones de toneladas, con contenidos promedio de oro y plata, lo que representa 4.1 millones de onzas de oro y 6.8 millones de onzas de plata.
Morelos Norte formaría parte del llamado Cinturón de Oro de Morelos, donde también se ubica la mina Los Filos, actualmente, la segunda más grande de México, aunque el Cinturón de Oro de Sonora se ha consolidado como la provincia geológica de mayor producción de este metal en el país.
Torex Gold Resources informó que Morelos Norte entrará en producción en el 2015. Inicialmente, se espera que produzca 128,000 onzas de oro y 110,000 onzas de plata.
Pero después lograría extraer un promedio de 375,000 onzas de oro por año, entre el 2017 y el 2024, según un estudio de viabilidad financiera que publicó la empresa.
Esto la colocaría como la segunda mayor mina de oro de México, si se consideran las operaciones existentes y se toma como referencia el año 2012, cuando la mina líder, Peñasquito, produjo 411,000 onzas y Los Filos registró 340,000 onzas. Ambas son propiedad de la canadiense Goldcorp.
Está en curso otro proyecto, Metates, ubicado en Durango y que rebasaría a todos los anteriores. Es de la empresa Chesapeake Gold Corp., de capital canadiense y estadounidense. Su producción de oro llegará a 845,000 onzas anuales en los primeros seis o siete años de vida, pero sus operaciones comenzarían hasta el 2018.
La explotación minera de Morelos Norte se llevará a cabo en dos tajos abiertos: El Limón y Los Guajes. La vida del yacimiento está estimada en 14 años; la producción máxima sería de 494,000 onzas de oro y se alcanzaría en el 2023.

Sobre morelos norte

  • 48.8 millones de toneladas de minerales son las reservas probadas y probables de la mina.
  • 4.1 millones de onzas de oro tiene la mina.
  • 6.8 millones de onzas de plata conforman sus reservas probadas y probables.
  • 375,000 onzas de oro de producción anual alcanzará Morelos Norte entre el 2017 y el 2024.
Rosario de Nuevas minas
Haz clic en la imagen para ampliarla
rmorales@eleconomista.com.mx

Lecciones de civismo y patriotismo






Es cierto y hasta innegable que en algunos sectores de la sociedad mexicana imperan el conformismo, la apatía y hasta la complacencia con el estado actual del país. Pero es igualmente cierto e innegable que en otros sectores es elevada la conciencia de clase, la rebeldía, el repudio al autoritarismo y el rechazo a un gobierno que desde hace 30 años dejó de velar por el interés de sus gobernados. 
  Entre esos sectores sociales con elevada conciencia de clase, con valentía, con espíritu de lucha y con amplias y sólidas motivaciones justicieras destacan los maestros mexicanos, en especial los de jardín de niños, los de primaria y los de secundaria, es decir, la inmensa mayoría de los mentores del país.

Son sin duda alguna los legítimos herederos de los huelguistas de Cananea y de Río Blanco, movimientos obreros precursores del estallido revolucionario de 1910. Y son igualmente legítimos herederos de las heroicas huelgas de ferrocarrileros, maestros, estudiantes y médicos de 1958-1965. Y lo son también de los no menos heroicos y nobles movimientos estudiantiles de 1968 y de los que en años posteriores se opusieron con éxito a la privatización de la educación superior que pretendieron los nefastos rectores y dóciles sirvientes de la oligarquía, Jorge Carpizo y José Barnés de Castro.

Y no sólo son herederos de aquellas nobleza y gallardía, de aquella elevada conciencia de clase, de aquella valentía, de aquel heroísmo; también lo son de los insultos, de las injurias, de las descalificaciones que provienen del poder político y económico. Y de los macanazos, los gases lacrimógenos y las balas, a veces de goma y a veces de plomo, de policías y soldados.

Hoy, como en aquellos años de inicua represión, el poder no escucha la voz dolida e indignada de los mejores hijos de la nación. Y además los apalea, los persigue, los difama, los calumnia, los encarcela. Y ante tanta cerrazón, sordera y maldad del poder, es necesario preguntarse qué induce a “nuestros” gobernantes a proceder de modo tan irracional.

¿Por qué se empecinan en llevar adelante una reforma educativa que de educativa sólo tiene el nombre y que es repudiada precisamente por los maestros que serían los encargados de ponerla en práctica?

¿Cuál es el propósito? ¿Privatizar la educación como privatizaron la telefonía, la siderurgia, la aviación, los puertos, los ferrocarriles, los bancos? Obviamente. El mercado educativo es grande, creciente y muy rentable. Millones de estudiantes que paguen colegiatura es el sueño dorado de los mercachifles disfrazados de empresarios educativos que ya lucran, aunque quieren más, con una bonita mercancía llamada proceso enseñanza-aprendizaje, de muy baja calidad pero de muy alto precio.

Contra ese avieso e hipócrita propósito se han alzado los maestros mexicanos. Y están dando lecciones de civismo y de patriotismo. Están enseñando, en la práctica, que los derechos no se mendigan y que debe lucharse por ellos. Y estas lecciones no son sólo para los 50 niños o jóvenes de cada grupo escolar. Son lecciones de dignidad, ética, congruencia y valor para toda la nación. Y para otras naciones, alrededor del mundo, que siguen de cerca y con simpatía la nueva insurrección cívica de un importante y lúcido sector del moderno proletariado mexicano.
Es probable, como ha ocurrido tantas y tantas veces a lo largo de la historia de las luchas sociales, que el poder político y el poder económico logren mediante el uso de la fuerza bruta vencer a la razón y a la cultura. Pero sería, como en 1958, en 1965, en 1968 y en 1987, una victoria pírrica, un fracaso mal disfrazado de triunfo. Y el anuncio de más y mayores conflictos sociales. Hasta que el Estado renuncie a su propósito privatizador de la educación, pues la educación pública es una conquista irreductible del pueblo mexicano.

Blog del autor: www.miguelangelferrer-mentor.com.mx
Rebelión ha publicado este artículo con el permiso del autor mediante una licencia de Creative Commons, respetando su libertad para publicarlo en otras fuentes.

Diputados conceden excepción de transparencia al Presidente

Los cambios registran que sólo la Consejería Jurídica de la Presidencia está autorizada a apelar ante la SCJN si reserva o hace pública su información. Legisladores se mantienen en discusión para discutir las reservas a la propuesta de reforma.

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(Foto: Cuartoscuro)
El pleno de la Cámara de Diputados, que sesionó en sede alterna, aprobó la reforma en materia de transparencia, que da autonomía y establece un nuevo marco jurídico del Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos (Ifai).

Con 418 votos a favor, 25 en ccontra y una abstención, se estableció la “inatacabilidad” de las resoluciones del instituto; sin embargo, se avaló que el Consejero Jurídico de la Presidencia pueda apelar las resoluciones del organismo ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) cuando quiera reservar información por motivos de seguridad nacional.

Se eliminó lo que proponía el dictamen para que también pudieran apelar la Procuraduría General de la República, Comisión Nacional de Derechos Humanos y el Banco de México.

Como principal punto, la reforma establece a los sujetos obligados a transparentar su información, como los tres poderes de la unión y los tres niveles de gobierno, los partidos políticos, órganos autónomos, fideicomisos y fondos públicos, así como cualquier persona física, moral o sindicato, que reciba y ejerza recursos públicos.

Sobre el futuro de los comisionados, el nuevo dictamen propone que los comisionados actuales se mantengan en su cargo pero deberán solicitar la autorización del Senado para permanecer en sus cargos; además, señala que la renovación se hará de forma escalonada.

Otro punto a debate es que el Ifai puede apelar ante la Suprema Corte determinaciones del Congreso de la Unión cuando considere que invaden su esfera jurídica.

En el mismo sentido, el dictamen considera que los órganos de transparencia y acceso a la información de los estados podrán tramitar controversias constitucionales por resoluciones de los Congresos locales.
Se retiró del dictamen el requisito para que cuatro de los comisionados sean licenciados en derecho, con título de 10 años de antigüedad mínimo, por lo que sólo deberán cumplir con las condiciones previstas en las fracciones primera, segunda, cuarta, quinta y sexta, del artículo 95 de la Constitución Política.

Con esta reforma se modificaron los artículos 6, 73, 76, 78, 9, 105, 108, 110, 111, 116 y 122 de la Carta Magna.
(Con información de El Universal)

El cerco a San Lázaro, dique al autoritarismo legislativo




Cambio de Michoacán


El periodo extraordinario acordado por el Congreso para este 21, 22 y 23 de agosto da cuenta, al mismo tiempo, del rezago legislativo en diversos temas de importancia fundamental y de la urgencia de la sociedad política peñista por impulsar, antes del ya muy cercano periodo ordinario de sesiones que iniciará el 1 de septiembre, varias de las reformas que considera cruciales para la conducción del país. En el brevísimo periodo señalado, se han apretado temas en nada intrascendentes ni de fácil consenso.

El Senado agendó para estas sesiones extraordinarias la reforma constitucional para regular la deuda de estados y municipios, la incorporación al artículo 116 de las candidaturas ciudadanas y la designación de los integrantes -a propuesta del Ejecutivo- de la Comisión Federal de Competencia y del recién creado Instituto Federal de Telecomunicaciones (Ifetel). También la legislación secundaria de la Reforma Educativa, en caso de que la Cámara de Diputados la remitiera a tiempo.

La Cámara Baja, por su parte, previó sacar adelante la reforma constitucional en materia de acceso a la información y protección de datos, mediante un dictamen que modifica sustancialmente la iniciativa enviada por el Senado abriendo la posibilidad de que las autoridades obligadas a proporcionar información recurran a los acuerdos del IFAI ante las instancias judiciales y excluyendo a los partidos políticos como sujetos obligados a informar del uso de los recursos públicos que reciben; también el nombramiento del miembro faltante en el Consejo General del Instituto Federal Electoral desde la renuncia, en febrero pasado, de Sergio García Ramírez.

Pero sobre todo, la Cámara de Diputados tenía agendado incluir la aprobación de tres normas complementarias a la llamada Reforma Educativa promovida por Peña Nieto y arropada por el Pacto por México: la Ley del Instituto Nacional de Evaluación Educativa (INEE), la reforma a la Ley General de Educación y la nueva Ley General del Servicio Profesional Docente, en la que se concreta la reforma como virtual espada de Damócles sobre los maestros y los coloca en una situación laboral de excepción entre todos los servidores públicos.

Con relación a las reformas magisteriales -que no educativas-, Enrique Peña Nieto advirtió que “no serán negociables” los ordenamientos aprobados por el Congreso; y el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, expresó su seguridad de que saldrían adelante en virtud de haberse llegado a acuerdos en torno a ellos en el marco del Pacto por México.

Sin embargo, esto último ya está, llegada la fecha de inicio del periodo extraordinario, en cuestión. Por una parte, porque la declaración de Osorio desató una pequeña rebelión legislativa entre los senadores del PRD, que exigieron a su presidente partidario, Jesús Zambrano, una explicación sobre lo acordado en el Pacto y se pronunciaron por no respetar acuerdos que se tomen fuera del ámbito parlamentario; pero sobre todo porque la movilización de los profesores adscritos o aliados a la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación logró, hasta el momento de redactar estas líneas, impedir que se realizara la sesión conjunta del Congreso para inaugurar el periodo legislativo extraordinario y que se reúna la Cámara de Diputados. El cerco masivo al Palacio Legislativo de San Lázaro -una nueva versión mexicana del movimiento de “Ocupa”- cerró todos los accesos y ha obtenido, hasta ahora, el retiro del orden del día del debate y aprobación de la controvertida Ley de Servicio Profesional Docente. También lograron que los representantes del movimiento magisterial fueran por fin recibidos por los coordinadores parlamentarios del PRI, el PAN y el PRD que, hasta ahora, se habían negado a concederles audiencia. Tampoco la sesión del Senado pudo realizarse en la fecha prevista, al no haberse cumplido con la instalación de la sesión general del Congreso.

Mucho de lo que el sistema se está jugando en este periodo de sesiones está en riesgo. Aprobando a toda máquina y con su artificial mayoría parlamentaria las mencionadas reformas y nuevas leyes, consideraban los operadores del Pacto que podría convocarse a un segundo periodo extraordinario para la siguiente semana, en el que se tratarían la reforma político-electoral y la financiera, dejando para el periodo ordinario, a partir de septiembre, los platos principales de este banquete legislativo: la reforma energética y la fiscal.

¿Cuántas de esas iniciativas han resultado de la realización de foros de consulta o de alguna otra forma de participación de la sociedad? En política la forma es fondo (vale la pena citar una vez más al viejo Reyes Heroles): el empacho legislativo preparado para estos últimos días de agosto habla de la urgencia del equipo en el gobierno de sacar adelante, simultáneamente, un conjunto de prioridades que en varios aspectos modificarán las relaciones entre gobernantes y gobernados, sin dar tiempo a que la sociedad reaccione o se organice para opinar sobre temas fundamentales para la vida nacional.

Pero los acontecimientos ocurridos el lunes 19 y el miércoles 21 en torno a la Cámara de Diputados, así como la persistencia y reforzamiento creciente del plantón que los maestros de la CNTE en el Zócalo, muestran que la capacidad de resistencia social está lejos de haber sido vencida. Frente a la mayoría parlamentaria pactada por los administradores de las franquicias partidarias hay aún una importante reserva de indignación social y de organización dispuesta a no capitular sin lucha. Si mediante los acuerdos pactistas la sociedad política ha querido acorralar y arrinconar a la sociedad civil, el cerco establecido por los maestros al Palacio Legislativo, una de las sedes y símbolos del poder en el país, ha mostrado, que desde la movilización social es posible frenar las iniciativas más agresivas y regresivas de la coalición gobernante.

Si la victoria obtenida en San Lázaro por los maestros de la Coordinadora se consolida en los próximos días impidiendo la aprobación de la legislación secundaria en materia de las relaciones laborales magisteriales, y si la opinión pública logra que se abra de manera amplia el debate acerca de la normatividad del IFAI, se estará demostrando que también en la reforma energética es posible organizar una resistencia social extensa y eficaz, pese a la abrumadora campaña de medios y la bastarda invocación al General Lázaro Cárdenas para legitimar la iniciativa de privatización de la renta petrolera y ampliar el margen de acción de las empresas privadas en el sector energético.

La apuesta de legislar y operar cambios trascendentes a espaldas de la nación ha resultado riesgosa para un gobierno que, si bien logró en su inauguración el respaldo no sólo del sector empresarial sino de los dos principales partidos de oposición, hoy debe percibir que ese capital político no es suficiente. En el caso del sector educativo no lo parece. ¿Lo será para la privatización del sector energético y la reforma hacendaria?

Fuente original: http://www.cambiodemichoacan.com.mx/editorial-8586

La reforma laboral de la educación y el neoliberalismo en México






Las pugnas por redefinir la política educativa son cada vez más evidentes, obligándonos a reflexionar sobre sus objetivos y su futuro. Desde el sexenio pasado se ha impulsado un proyecto que tiene como objetivo central desmantelar el sistema público de la educación, que inició en el siglo XIX, con el triunfo liberal, y que se fortaleció con la revolución mexicana y el artículo tercero constitucional. La meta fue muy sencilla pero vital para la construcción de la Nación: inculcar en la población una serie de valores, símbolos y creencias que sirvieran como núcleo de la identidad nacional pero además conformar un sector de trabajadores de la educación que tuviera la misión de proteger y promover los valores de la educación como un bien público.
  En ese sentido, la educación pública sirvió como punta de lanza para acabar con la hegemonía de la Iglesia en la educación y para homogeneizar contenidos y fines educativos. Pero también, su carácter público estuvo y está orientado a definir la educación pública como una inversión social y no solamente individual. De otro modo, si la persona invierte recursos para pagarse una carrera en una institución privada de educación superior, al terminar sus estudios saldrá a la calle con el deseo de recuperar su inversión. El compromiso social del egresado del sistema público, se convierte, en el egresado de una institución privada, en un compromiso personal para hacer rentable su inversión. Y es así como existe hoy una visión empresarial del conocimiento, que privilegia el beneficio personal por encima del social. Ya no se concibe a la educación como un bien social, público, sino como un bien privado, personal y es imposible negar que la tendencia neoliberal en la educación se ha ido fortaleciendo en detrimento de la visión social.

El papel que ha jugado el neoliberalismo para transformar los valores que impulsan el proceso educativo en el mundo resulta fundamental para comprender las presiones y conflictos que enfrenta el sistema educativo mexicano y las perspectivas que se abren hacia el futuro. Aquí es importante insistir en que las acciones de un sector crítico de maestros de educación básica de la política educativa del gobierno actual no parece despertar la solidaridad de otros sectores del gremio, en particular de los profesores universitarios, que omiten considerar el impacto de la reforma educativa como una amenaza directa a sus condiciones labores. Si bien la eventual aprobación de las leyes secundarias -que tienen en la mira la regulación punitiva del ámbito laboral de los maestros de educación básica- no parece amenazar los derechos de los profesores universitarios, sería difícil negar que la ofensiva reformadora actual es en realidad parte de una proyecto de alcances más amplios, que tarde o temprano afectará a todo el universo educativo en su conjunto.

El neoliberalismo no es un simple modelo de desarrollo sino una ideología, que tiene como objetivo modificar los patrones de pensamiento, la manera de percibir los problemas y el afán por polarizar el mundo social entre los que están a favor del progreso y los que se le oponen. El neoliberalismo es, por lo tanto, conjunto de ideas que promueve intereses específicos y sataniza todo lo que no comulgue con ella. Es así como su poder no sólo se manifiesta en la manipulación de las políticas públicas o los principios educativos sino que aspira a influir en el tejido cultural de las sociedades contemporáneas, como una plataforma desde la cual puedan ser invadidos todos los campos del conocimiento humano y poder así tener un mayor control social y poder imponerse sin necesidad del uso de la fuerza bruta.

“El neoliberalismo, por lo tanto, más que una doctrina o una simple colección de medidas económicas, constituye una verdadera corriente civilizatoria propia del capitalismo en su actual etapa de desarrollo, es decir, dominado por el capital financiero sustentado sobre la revolución tecnológica acaecida en la segunda mitad del siglo XX.” [i]  

La naturaleza capitalista del neoliberalismo es una tautología pues para nadie es un secreto que su fin último apunta al aseguramiento de altas tasas de ganancia para los inversionistas sin importar las consecuencias sociales que esto pueda provocar. La dinámica neoliberal aspira a la mercantilización de todas las cosas. Así, el agua, la tierra y en general todos los bienes que por siglos han sido considerados públicos son sometidos a la adjudicación de un valor monetario y su capacidad para producir ganancias. La educación, uno de los bienes sociales más importantes para el desarrollo de las sociedades contemporáneas, no ha escapado de este proceso.
En efecto, la mercantilización de la educación ha tenido como objetivo primordial transformarla en un buen negocio, aplicando los principios empresariales y organizándola para producir beneficios privados.

“Bajo la racionalidad neoliberal… el sistema educativo es analizado en relación a tres ideas fundamentales: eficiencia, eficacia y calidad, que fueron originalmente acuñadas por la pedagogía estadunidense del eficientismo industrial que traslada al campo pedagógico y, en general al de las ciencias humanas, conceptos empresariales. De esta manera, se vincula lineal y mecánicamente el sistema educativo con el aparato productivo, subordinando el primero a los intereses del segundo.” [ii]

Estas ideas fundamentales someten el proceso educativo a la lógica de una racionalización del gasto, lo que se traduce en una pauperización de los salarios de los profesores, la reducción de las contrataciones de tiempo completo y el aumento de profesores contratados por horas, de manera esporádica y el fin de la educación gratuita. Asimismo, la educación debe subordinarse a las necesidades de la oferta laboral, por lo que campos de conocimiento como el de las ciencias sociales o las humanidades se está reduciendo en favor de una educación profundamente especializada y técnica, que impulse el desarrollo económico y coloque en segundo plano el desarrollo del pensamiento libre y autónomo. Pero la idea de la calidad es la que más ha influido en los procesos educativos, sobre todo para descalificar a la educación pública y ponerla como ejemplo negativo. En todo caso la idea de calidad no representa más que la conversión de la educación en mercancía, definiendo al estudiante como un consumidor preocupado por la relación costo beneficio.

“Esto generará dinámicas específicas al interior de la institución universitaria. Por un lado, la venta de servicios reconfigurará: 1) el perfil socio-económico del estudiantado en los programas en los cuales se debe pagar; 2) la oferta académica porque, paulatinamente, se irán privilegiando aquellos programas que son "rentables", es decir, que dejan buenos dividendos económicos. Estos aspectos remodelarán a la universidad.” [iii]

Por lo demás, los trabajadores académicos se verán constreñidos a una dinámica que reproduce el trabajo en las maquiladoras y el trabajo informal, lo que representa una fuerte contradicción en el discurso privatizador, pues la falta de seguridad laboral de los académicos impactará en su nivel de compromiso y por lo tanto con el nivel de calidad de la educación que imparten. Al verse obligado a tener otros ingresos para completar los que provienen de su labor docente, el profesor no podrá preparar sus clases, colaborar en cuerpos colegiados y evaluar de cerca el rendimiento de los estudiantes. Mucho menos de poder realizar investigación básica o aplicada, lo que redundaría en un mayor nivel de titulación, objetivo medular de la educación universitaria y talón de Aquiles de las universidades mexicanas, públicas y privadas. Este hecho es hoy por hoy una realidad y factor determinante para comprender la crisis del sistema educativo.

Asimismo, las políticas neoliberales le han dado una enorme fuerza de gestión y de control a la burocracia educativa, que con el argumento de mantener la calidad en la educación se ha convertido en el factor real de poder en el interior de los centros escolares, no sólo por su control sobre el presupuesto sino por ser el intermediario entre la comunidad y los órganos evaluadores externos, que definen en buena medida el nivel de recursos que recibirán para llevar a cabo sus labores sustantivas.

Como la espada de Damocles, los órganos evaluadores y la burocracia magisterial penden encima de la cabeza de los maestros con la finalidad de someterla a la lógica mercantil. Dichos agentes han sido los principales ejecutores de las políticas neoliberales en la educación y no se ve para cuando puedan dejar de serlo. Su celo mercantilista es hoy por hoy un fuerte obstáculo para contrarrestar dicha tendencia.

Dada la correlación de fuerzas actual difícilmente la comunidad de maestros podrá por sí misma hacer frente al reto de combatir la mercantilización de la educación superior. Será necesario involucrar a amplios sectores sociales con el argumento de que la educación es un bien social y que por lo tanto, su defensa es responsabilidad de la sociedad en su conjunto. De otro modo, parecerá más bien que los trabajadores académicos que critican la mercantilización de la educación, están simplemente tratando de salvar sus propios intereses. La lucha por la defensa del derecho al trabajo, impulsada en estos días por los trabajadores de la educación, ha sido mostrada por los medios de comunicación, por el propio estado y por buena parte de la opinión pública, como una lucha por el mantenimiento de privilegios, por una negación a las supuesta virtudes de la evaluación externa para promover una educación de calidad. En la medida en que los maestros, que hoy presionan al congreso para impedir la aprobación de leyes secundarias que materialicen el espíritu privatizador de la reciente reforma constitucional en materia de educación, difundan la idea de que lo que se defiende es un bien público, probablemente podrá enfrentar la ofensiva neoliberal con mayor fuerza.

“… la controversia hoy pasa también por reconocer que dejar a la educación a merced de las fuerzas del mercado implica desconocer que esta es un derecho reconocido por la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Este debate se centra, de igual modo, en aceptar la importancia que la educación tiene y debe tener para el desarrollo de las sociedades. En este entendido, y a juzgar por lo que se comienza a ver, esta Macdonalización parece suponer que la investigación está motivada no por lo que conviene al bien común sino por lo que las grandes empresas consideran lucrativo.” [iv]

Por todo lo anterior, la defensa de la educación como un bien público constituye una táctica que puede aglutinar fuerzas diversas para enfrentar al neoliberalismo. La táctica entonces es fortalecer la crítica permanente y sistemática de la ideología neoliberal, exponiendo sus contradicciones y los intereses que la animan, evitando así que se afiance en la mentalidad nacional y se convierta en dogma. El papel de los trabajadores académicos, independientemente del nivel educativo en el que se desempeñen, es clave para frenar la tendencia a incorporar plenamente la dinámica mercantil los procesos educativos. De otro modo, abandonar a sus suerte a los maestros de educación básica facilita enormemente la imposición del proyecto educativo neoliberal. Lo que está en juego, insisto, es el sistema en su conjunto y no sólo el nivel básico. Ignorarlo parece ser una explicación plausible para comprender la pasividad del resto del universo magisterial en México frente a las acciones de repudio por parte de los maestros democráticos que hoy se movilizan en la capital del país.


Notas
[i] Cuevas Molina, Rafael. Universidad, cultura y democracia en América Latina: La era neoliberal http://www.rebelion.org/noticia.php?id=82625.
[ii] Ibídem.
[iii] Ibídem.
[iv] Ibídem.
Fuente original: http://lavoznet.blogspot.mx/2013/08/la-reforma-laboral-de-la-educacion-y-el.html


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