Sin sustento en la Constitución, aprueba Asamblea la ley hídrica

Legisladores locales de PRD, PAN y PVEM rechazan que sea una norma privatizadora

Se permite al Sacmex suscribir acuerdos con empresas para subrogar el servicio: Alavez

La Asamblea Legislativa capitalina aprobó ayer la Ley de sustentabilidad hídrica de la Ciudad de México en sesión que se efectuó a puertas cerradas luego de las protestas de organizaciones de defensa del agua y con la participación de Morena bajo protesta, al considerar ilegítima la presidencia de la mesa directiva y por tratarse de un dictamen viciado de origen.

De entrada se desechó una moción suspensiva de la diputada de Morena, Aleida Alavez, para que el dictamen se devolviera a comisiones y se elaborara otro en sentido negativo al advertir que se trata de materia que no corresponde legislar a la Asamblea, sino al primer Congreso local.
La ley no hace alusión alguna al texto constitucional local, de modo que el gobierno de la ciudad no estaría obligado a considerar su contenido en la definición de las políticas y la elaboración del programa de sustentabilidad y gestión de los servicios hídricos que señala el ordenamiento.
En sus posicionamientos, PRD, PAN y PVEM se centraron en rechazar que sea una ley privatizadora, como han denunciado Morena y organizaciones de defensa del agua. La presidenta de la Comisión de Gestión Integral del Agua, la panista Wendy González Urrutia, aseguró que la determinación de convertir al Sistema de Aguas de la Ciudad de México (Sacmex) en un organismo descentralizado, se debió a su ineficiencia e ineficacia como órgano centralizado y dijo estar dispuesta a renunciar al cargo si se demuestra que el documento define que sus servicios serán privatizados.

Alavez rebatió que aun cuando la ley señala que el servicio no será privatizado, la posibilidad de que el Sacmex pueda suscribir contratos con empresas para subrogar el servicio hasta por 25 años es “abrir la puerta a la privatización. Tampoco los voy a acusar de tontos, si no le van a poner ‘se privatiza el agua’. Ese fue el mismo debate –y cuidado los que se dicen de izquierda– que dimos en la reforma energética”.
Agregó que en la ley se prepondera el valor económico del agua y la posibilidad de hacer negocios por encima del derecho humano al agua y aludió al Túnel Emisor Oriente, que comenzó el gobierno del panista de Felipe Calderón y tendría un costo de 9 mil millones, pero ya llevan 42 mil millones de pesos.
Fuera del recinto legislativo, Elena Caeri Baca León, de la Coordinadora Nacional Agua para Todos, cuestionó la prisa de la Asamblea para aprobar la ley, que advirtió permitirá al Sacmex determinar las tarifas y aplicar modificaciones en forma extraordinaria; entubar y controlar arroyos y manantiales sin consultar a los pueblos y barrios de los territorios en los que se encuentren.

Ángel Bolaños Sánchez

 Periódico La Jornada

Sábado 25 de noviembre de 2017, p. 30

Gasolinazos, “trato diferenciado” que favorece a los de mayor ingreso: senadores

La senadora del PRD, Dolores Padierna. Foto: Benjamin Flores

Por Jenaro Villamil ,

CIUDAD DE MEXICO (apro).- Los senadores Dolores Padierna y Mario Delgado criticaron el incremento de hasta 20% de las gasolinas anunciado para el inicio de 2017, ya que es una estrategia para “hacer atractivo el negocio” para las gasolineras privadas.

También fustigaron el nuevo esquema para fijar los precios, debido a que representa “un trato diferenciado” que beneficiará a las zonas más ricas y urbanas frente a las más pobres.

En su comunicado, la senadora Padierna advirtió que el nuevo esquema de fijación de precios se compone de una carga fiscal fija (IEPS e IVA), que es de 6.52, 6.06 y 7.30 pesos por litro Magna, Premium y diésel, respectivamente, y el resto es determinado por “el costo del combustible, ya sea abastecido por Pemex o importado, más los costos de logística (almacenamiento y transporte) y la utilidad de los expendedores.

“Los costos de logística dependerán de diversos factores, como la cercanía de distribución o importación y el medio de transporte que se utilice”, abundó la senadora del PRD.

“Este esquema de fijación de precios además de incrementarlos, propiciará un trato diferenciado, ya que las regiones que cuenten con infraestructura adecuada de almacenamiento, transporte por ductos y estaciones de servicio, como es el caso de las grandes ciudades, tendrán precios menores a los que no lo tengan, que es el caso de las zonas menos desarrolladas. Es decir, las zonas más ricas pagarán menores precios que las más pobres”, sentenció Padierna.

Por su parte, Mario Delgado afirmó que el incremento anunciado este martes 27 por la Secretaría de Hacienda es una estrategia del gobierno de Enrique Peña Nieto para hacer “atractivo” el negocio de las gasolineras para los inversionistas extranjeros, aun cuando la competencia no está garantizada y las condiciones económicas no son las mejores.

Delgado también reprochó la metodología utilizada para determinar los precios máximos trasladando los costos del transporte, ya que provocará que las zonas más pobres paguen más por la gasolina.

“El gobierno federal y la Secretaría de Hacienda son los culpables de la escasez que se está presentando en algunas partes del país, pues están buscando justificar la entrega de las gasolineras mexicanas a empresas trasnacionales”, afirmó el senador afiliado a Morena.

“Cuando veamos que los precios se siguen elevando, el gobierno se lavará las manos y dirá justificándose que se debe al aumento del precio del petróleo y la volatilidad del mercado”, abundó en conferencia de prens

Lo que sigue

Juan Pérez Medina

Rebelión

Todos los maestros de educación básica y bachillerato se han dado cuenta que en el nuevo régimen laboral que deviene de la Reforma Educativa de Peña Nieto y que se contiene en la Ley del servicio Profesional Docente (LSPD) es altamente atentatorio contra los derechos conquistados en más de 200 años de lucha obrera.

La LSPD es altamente lesiva e, incluso, se presenta en plena contradicción con el Artículo 123 Constitucional y sus leyes reglamentarias; al atentar contra la libertad de asociación y la acción sindical, pues no permite que el sindicato intervenga en la defensa de sus agremiados y mucho menos que lo haga ante las juntas de conciliación y arbitraje, las cuales están negadas para los trabajadores que se inconforman en la nueva normatividad, con lo que se niega al sindicato mismo.

Es atentatoria contra el derecho a la seguridad en el empleo, pues desaparece la contratación de trabajadores de base e impone nombramientos por tiempo indeterminado sujetos a la evaluación docente y otras causales para la permanencia. Todos los trabajadores que realizaron un movimiento de personal cualquiera (ascenso, permutas, cambios de adscripción, contratación, incremento de horas o doble plaza) en los últimos dos años y que contaban con nombramiento de base (código 10), por ese simple hecho pasaron a trabajadores con nombramiento indefinido (código 20), sujetos al nuevo régimen laboral de la reforma y no sólo aquellos que fueron evaluados.

Ante la ofensiva popular que desplegó la CNTE en todo el país, obligando al gobierno federal a sentarse a la mesa de negociaciones y trazar una ruta de salida a la crisis de ese momento la cual se había negado permanentemente; la burguesía más retrógrada salió a las calles para exigirle a su gobierno que no le temblara la mano y ejerciera mano dura contra el movimiento magisterial; lo que hizo que Peña Nieto regresara a su posición inicial de no ceder a la derogación de la mal llamada reforma educativa.

Estamos en este momento como al inició del anterior ciclo escolar, después de una de las batallas más largas y beligerantes que el gobierno ha desarrollado contra la CNTE en sus 37 años de vida y en la cual la acción directa de la burguesía ha sido uno de los principales ingredientes. La participación de los grandes magnates nacionales y la injerencia de no pocas marcas extranjeras ha sido una constante en la guerra del gobierno por imponer una reforma que la clase empresarial más voraz diseñó para que Peña la hiciera realidad y se lograra desmantelar la fuerza magisterial una vez que se había logrado desintegrar al SME y someter al movimiento minero nacional.

No se trata pues, como lo hemos repetido muchas veces, de un asunto educativo, sino de una acción de profundización del modelo económico neoliberal que pretende acabar con la fuerza organizada de los trabajadores en su intención de exacerbar la explotación de la fuerza de trabajo, limitar sus derechos, sobre todo a la huelga, aguinaldo, reparto de utilidades, capacitación, a la salud, a la jubilación, acceso a sus ahorros y a la seguridad en el empleo; además de asegurarse plenas libertades para apoderarse de los bienes nacionales mediante la más amplia flexibilización normativa que les de su completo dominio.

El que después de más de 100 días de confrontación no haya logrado que la reforma empresarial de Peña en la educación se mantenga, nos habla de una determinación que va más allá de las intenciones de la clase política desvelándose ante nosotros como una línea estratégica del gobierno y la clase económica de la cual deviene. La lucha de la CNTE está pues en el marco de una confrontación más allá del gremio y tiene intereses que lo rebasan, situándose en la lucha de clases.

La CNTE tiene hoy la obligación de reconocer que las batallas que vienen deben ir más allá de lo puramente gremial y la solidaridad de los escasos contingentes independientes capaces de actuar solidariamente para pasar a una confrontación de dimensiones globales en contra del sistema y su modelo neoliberal. En este momento en que los contingentes más comprometidos han decidido realizar un cambio táctico, es bueno que la reflexión nos lleve a entender la magnitud del problema y, por consiguiente, a accionar dimensionando la lucha.

Desde mi particular punto de vista, el gobierno ha logrado hacer aparecer el problema como un asunto educativo cuando no lo es y creo que la CNTE ha caído en esa estrategia. No lo es, y no es que no estemos en la disputa por el proyecto educativo, sino que la lucha se ha dimensionado hacia la defensa de por los derechos sociales conquistados con cientos de años de lucha y la sangre derramada decenas de miles de trabajadores en el mundo y por la defensa de los recursos nacionales y el derecho a la autodeterminación y la autonomía plena de los mexicanos con respecto a la economía global. Es pues una lucha estratégica por la nación, por echar abajo el actual estado neoliberal y avanzar hacia la construcción de un nuevo modelo de desarrollo, sustentado en su carácter social. Para decirlo más llanamente: se trata de detener la maquinaria capitalista y regresar por lo menos al modelo económico bienestarista Keynesiano hoy perdido. No es que comparta este modelo, sino que lo hago para explicitar la dimensión de la contra reforma económica en marcha.

La CNTE no debería distraerse en la intención de elaborar un nuevo modelo educativo, pues la disputa en este sentido está diariamente en las escuelas, sino en avanzar hacia las tareas estratégicas que le permitan enfrentar en mejores condiciones las batallas que vienen. Bajo esta perspectiva, es más que necesario integrar un grupo sólido de compañeros que se haga cargo de llevar a cabo la denuncia internacional y conseguir los pronunciamientos de otros sindicatos y organizaciones, lograr extender la solidaridad acompañando la acción nacional con acciones globales de lucha. Las tareas reclaman también la integración de un grupo mucho más amplio que se prepare previamente para visitar a los maestros de otras entidades para invitarlos a la lucha y, de igual manera, visitar a otras organizaciones y sindicatos con la misma intención en una campaña de información, denuncia e incorporación general por los derechos de los trabajadores de México. La determinación de la CNTE acordada en su Asamblea Nacional, de iniciar caminatas de trabajadores de la educación desde sus entidades hacia el centro del país es una acción correcta para obligar a abrir de nuevo el diálogo, además de que permite darle un nuevo impulso a la lucha y avanzar en el redimensionamiento de la confrontación con el estado. Esta acción permitirá una serie de acciones colaterales de carácter político que podrían desencadenar otros procesos de acumulación de fuerzas que requerirán de la creatividad y disciplina de los participantes.

El magisterio michoaacano debe además de exigir que el gobierno entregue ya los útiles escolares en todas las escuelas públicas y generalice los desayunadores y la entrega inmediata de equipos de cómputo y becas de apoyo a aquellos alumnos que por su condición socioeconómica lo requieren. Sería adecuado que se planteara la creación de nuevos internados de educación básica en por lo menos uno por municipio que pudiera albergar una población amplia de niños y niñas en todos los niveles educativos y, además de garantizar que los alumnos que demandan un ingreso en el bachillerato y la universidad sean admitidos sin reservas, ampliando la matrícula y creando villas universitarias para que se puedan alojar aquellos que lo necesitan.

Una plataforma inmediata como esta sería un avance extraordinario en la generalización de la lucha por una educación para todos con calidez y calidad.

La lucha debe extenderse y hacer que salga del rancio gremialismo, el enfermizo dogmatismo y la más ramplona acción irresponsable de aquellos que participan sin tener claro cuál es el papel del maestro en la acción colectiva y de aquel que lo hace para no hacer otras cosas que no le gustan o no las sabe hacer. La lucha es de los maestros en verdad y no de aquellos que saben cobrar, pero que no saben cumplir como tales. No basta con parecerlo, se necesita serlo y eso reclama muchas virtudes o cualidades que no se dan por que sí. La lucha sigue… necesitamos no bajar la guardia, es indispensable lograr la derogación de la Reforma de peña. Es por todos los trabajadores.

Juan Pérez Medina. Red MovPAP

Aprueba INE acuerdo que viola la ley; se oponen 3 consejeros y 3 partidos

De hecho, se prorroga la permanencia de los actuales presidentes de las comisiones del Consejo General. Uno de los opositores, José Roberto Ruiz Saldaña, anunció que renunciará como integrante de la Comisión de Quejas, para no convalidar una ilegalidad.

Fotos: Cuartoscuro

Redacción AN

El INE tomó este miércoles un acuerdo que es violatorio de la ley y que, en la práctica, prorroga la duración de las actuales presidencias de las comisiones del Consejo General.

Tres consejeros y al menos tres representantes de partidos se opusieron, pero la mayoría se impuso y aprobó el acuerdo, en tanto que uno de los opositores, José Roberto Ruiz Saldaña, anunció que renunciará como integrante de la Comisión de Quejas, para no convalidar una ilegalidad.

Por su parte, Pablo Gómez (PRD), Francisco Gárate (PAN) y Horacio Duarte (Morena) se opusieron al acuerdo y previeron que el asunto será resuelto por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, y Duarte señaló que su origen está en una disputa política entre los consejeros.

Rotación, en septiembre

El Consejo General del Instituto Nacional Electoral aprobó –por ocho votos a favor y tres en contra de la consejera Pamela San Martín y los consejeros Benito Nacif y Ruiz Saldaña- modificaciones al Reglamento Interior y al Reglamento de Comisiones del Instituto, a fin de que la rotación de las presidencias de las comisiones de trabajo se realice en la primera semana del mes de septiembre y no en junio.

La razón que argumentó la mayoría es “cumplir a cabalidad” con las actividades referentes al calendario de los procesos electorales locales del presente año y garantizar la organización de los próximos procesos. Esto a pesar de que la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales prevé una rotación anual, que se cumple en junio.

La consejera San Martín sostuvo que la ley es muy clara y sólo ante casos excepcionales se realizan ajustes y que en 2015 se dio una situación similar a la de este año, pero entonces no se tomó una medida semejante.

El consejero  Benito Nacif Hernández destacó que entre la transición de un esquema de rotación a otro, este acuerdo no alcanza a tender un puente que sea armónico con la ley, por el contrario, nos ofrece una solución en un artículo transitorio, que va de hecho, contra el sentido de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales.

Clara ilegalidad: Ruiz Saldaña

Al oponerse al acuerdo, el consejero Ruiz Saldaña argumentó de esta manera:

“Para mí es claro que se basa en una ilegalidad, porque contraviene el artículo 42, numeral 2, parte infine de la LGIPE, que expresamente señala que la duración de las presidencias, será rotativa en forma anual entre sus integrantes.

Y no sólo por cuestión de legalidad, también es una cuestión de constitucionalidad, el Proyecto de Acuerdo viola el principio de no retroactividad, artículo 14 constitucional, porque es evidente que se está disponiendo esta prórroga sobre integraciones ya formuladas.

Podría ser viable que se hiciera esa propuesta, pero de integraciones futuras de las comisiones. Es como si el legislador por sí mismo, quisiera ampliar su periodo de tres años de mandato, sin considerar obviamente, el tema de la reelección”.

(Información: Aristegui Noticias).

Las cuatro leyes de la mano dura de Peña Nieto

           Por Jenaro Villamil 

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Los medios se han concentrado en la discusión sobre las leyes anticorrupción que se quedaron pendientes en el Senado, cámara de origen. La gran simulación de prácticamente todos los partidos involucrados en esta discusión encubre un hecho más grave: el paquete de cuatro leyes secundarias, una estatal, y de reformas constitucionales que se han aprobado en el Congreso y perfilan medidas para un “estado de excepción” y un mayor poder e impunidad para los cuerpos militares y policiacos dedicados a combatir el crimen.

Detrás del “guante de seda” de los discursos recientes del primer mandatario Enrique Peña Nieto existe una mano de hierro que conduce al endurecimiento de su gobierno, en el peor momento de su aceptación y de su credibilidad nacional e internacional, sobre todo a raíz del grave dictamen del GIEI y su actuación en el caso Ayotzinapa.

Estas son, al menos, las cuatro leyes que van perfilando esta “mano dura” de un régimen nervioso ante el crecimiento del “mal humor social”:

1. Criminalizar la protesta social. En febrero de 2014 se aprobaron reformas al artículo 139 y 170 del Código Penal federal para tipificar el delito de “terrorismo”. Los 83 votos del PRI, PAN y Verde modificaron estos artículos, y el PRD y PT sólo sumaron 22 votos aunque argumentaron claramente sobre los riesgos de que estas reformas llevaran a criminalizar la protesta social, al crear delitos “confusos y profusos” en el artículo 139, según argumentó el senador Alejandro Encinas.

Los cambios castigan por igual a quien utilice armas químicas, biológicas o material nuclear, que a quienes actúen en contra de un bien inmueble de acceso público o detenga en calidad de rehén a una persona.

La senadora Angélica de la Peña, del PRD, reprochó que se eliminara un párrafo al artículo 139 donde se prohibían sanciones a aquellas personas o manifestaciones que realicen grupos sociales en ejercicio de sus derechos.

Y la senadora Dolores Padierna, también del PRD, cuestionó la “prisa” para aprobar una reforma, amparándose en las recomendaciones del Grupo de Acción Financiera contra el Lavado de Dinero, cuando México no ha sido clasificado como país con terrorismo.

Los principales defensores de esta reforma fueron el senador Roberto Gil Zuarth, ahora presidente de la Mesa Directiva del Senado, y la entonces senadora priista Arely Gómez, actual procuradora general de la República.

2. El “estado de excepción”. Sin mayor discusión, la Cámara de Diputados aprobó el 30 de marzo pasado reformas a la ley reglamentaria del artículo 29 constitucional para definir los supuestos que justifiquen suspender derechos políticos y garantías civiles y decretar el “estado de excepción”.

La reforma planteó los supuestos de amenazas al “derecho a la integridad personal” o al “derecho a la protección de la familia” y los derechos de los niños, niñas y adolescentes, de manera muy ambigua.

La Asociación Nacional de Abogados Democráticos (ANAD) señaló que existía una mala redacción en los artículos 2, 5 y 7 de esa ley porque la defensa de los derechos humanos y garantías individuales prácticamente quedaba en segundo término.

Sobre todo, se faculta al Ejecutivo federal a “gobernar” mediante la emisión de decretos, en franca violación a la división de poderes.

“Estamos ante una brutal regresión jurídica” porque “podrá propiciarse un régimen autoritario y carente de controles democráticos”, advirtió la ANAD.

3. Legalizar los cateos e intercepciones militares. En la madrugada del 28 de abril, antes de que culminara el periodo ordinario de sesiones, el Senado aprobó reformas al Código de Justicia Militar que autorizan a los juzgados de control militar a ordenar el cateo de domicilios civiles en casos de delitos de disciplina militar relacionados con el crimen organizado, homicidio doloso, grave o violento con arma de fuego. Incluso, autoriza el cateo de recintos de los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial que, por ley, son inviolables.

El senador Alejandro Encinas advirtió que estas reformas autorizan al fiscal militar a solicitar a un juez federal la solicitud de intervenir comunicaciones privadas de la población civil (artículo 287), así como solicitar a los concesionarios de servicios de geolocalización la entrega de datos conservados en los equipos de telefonía móvil (artículo 299).

En la discusión, tanto el senador Encinas como los legisladores Manuel Bartlett, Dolores Padierna y Angélica de la Peña que argumentaron en contra de estas reformas, sostuvieron que éstas representaban de facto el decreto de un Estado de excepción.

Hay una clara coincidencia y sincronía entre estas reformas al Código de Justicia Militar con la reglamentaria al artículo 29 constitucional, como si el gobierno de Peña Nieto estuviera perfilando el escenario del decreto de un estado de excepción.

4. La ley Atenco. Los ensayos estatales de la “mano dura” se han aplicado en Veracruz, en Puebla (con laley Bala) y ahora en el Estado de México, con la llamada ley Atenco o ley Eruviel, que tiene una clara luz verde desde Los Pinos. Estas reformas violentan la libertad de manifestación y de protesta social, además de que dan una gran discrecionalidad a los agentes de la fuerza pública para utilizar medidas represivas.

El 27 de abril la Suprema Corte de Justicia admitió las tres controversias en contra de la Ley que Regula el Uso de la Fuerza Pública en el Estado de México. El propio gobernador Eruviel Avila ha tratado de “lavarse las manos” de esta iniciativa que lleva también su nombre, en un claro ejercicio de simulación para no asumir las consecuencias de un ordenamiento claramente represivo

La firmeza de EPN para obedecer a la oligarquía y el momento idóneo para repatriar al dictador

    

Por: Guillermo Fabela Quiñones 

revoluciontrespuntocero.com

 El momento para repatriar los restos del general Porfirio Díaz es éste, cuando su modo de gobernar al país es imitado por el régimen oligárquico que lleva en el poder más de tres décadas, tiempo similar al que disfrutó el polémico mandatario que dirigió los destinos de los mexicanos con mano de hierro, con el fin avieso de garantizar altos niveles de bienestar y de privilegios a la élite de entonces.

No está en duda que fue un patriota antes de tomar las riendas del Estado mexicano, como tampoco debe estarlo el hecho de que fue un dictador que prolongó durante treinta y tres años una dura agonía para las clases mayoritarias, los peones esclavizados que estaban plenamente a merced de hacendados déspotas, quienes forzaron la permanencia de un régimen feudal en su exclusivo beneficio, como sucede en la actualidad. Por eso no es descabellado el anhelo de quienes desearían que los restos del polémico oaxaqueño, fueran traídos ahora con motivo del centenario de su fallecimiento en París, el 2 de julio de 1915.

Los hechos patentizan, con absoluta objetividad, la redición del régimen que encabezó el héroe de la batalla del 2 de abril de 1867, pero sin las luces que tuvo como estadista, mucho menos como mexicano honesto y visionario, que sin duda lo fue. El sistema político actual revivió lo peor del Porfiriato, a extremos aun más dramáticos, como lo patentiza la ausencia de un Estado de derecho capaz de eliminar los riesgos de una catástrofe social y económica sin parangón en la historia del país. Sin embargo, hay una gran diferencia: mientras Porfirio Díaz era el gran Tlatoani, idolatrado por los aristócratas que lo adulaban sin recato, en la actualidad el inquilino de Los Pinos no tiene más poder que el que le dejan ejercer los oligarcas que controlan  las instituciones para disfrutar de enormes privilegios.

La descomposición del Estado es terrible y avanza de manera acelerada, imparable mientras la ultra derecha siga ejerciendo el mando de las instituciones. La violencia contra los más pobres es cotidiana, como lo revelan hechos que no se han podido ocultar, como los asesinatos de periodistas, las matanzas de San Fernando, Tamaulipas; Tlatlaya, estado de México, e Iguala, en Guerrero. Asimismo, la esclavitud en pleno siglo veintiuno es una realidad, como lo ejemplifican los jornaleros que son explotados vilmente por los nuevos hacendados, como los del Valle de San Quintín, en Baja California Sur.

Esta realidad neoporfiriana, la confirman los datos que dio a conocer en días pasados la organización “Walk Free”, durante la Convención de la Red de Soluciones, promovida por el Centro Concertación, AC. Se informó que en  México más de 260 mil personas viven literalmente en condiciones de esclavitud, y que nuestro país ocupa el lugar 18 entre las naciones que más padecen este flagelo. Por otra parte, para nadie es un secreto que nos encontramos en la cresta de la ola de la crispación social producto de la galopante pobreza de dos terceras partes de la población, realidad que nos va emparejando con la que se vivía en el Porfiriato. Aunque no pasará mucho tiempo para que sea igual o peor la desigualdad social entre una y otra época, porque el régimen reaccionario encabezado ahora por el PRI se va a endurecer a medida que avance la miseria y cunda la desesperanza de la mayoría, incluidas las clases medias.

Así lo permite vislumbrar la terquedad de la élite oligárquica en que no haya marcha atrás en la puesta en marcha de las reformas educativa y energética, con las cuales quiere asegurar un futuro donde no tengan cabida las presiones de las clases populares, porque estarían firmemente atadas a los designios de la cúpula que rige la marcha de las instituciones nacionales. La firmeza de Peña Nieto para obedecerla es un pésimo aviso de que nos esperan días terribles.

Lo más dramático es que no estaremos solos los mexicanos en este maremágnum de exterminio, como lo demuestra la firmeza con la que el Grupo de los Siete quiere imponer sus condiciones a la humanidad. Esto explica que la élite oligárquica crea que no falta mucho tiempo para traer los restos de don Porfirio, con la pompa que suponen se merece como adalid de la reacción.

RECHAZA COSUCOOP REFORMAS A LA LEY DE COOPERATIVAS DE AHORRO; AFECTARA A SEIS MILLONES DE SOCIOS

Comunicado de Prensa

 

• Pone en riesgo la sobrevivencia de cooperativas legítimas que trabajan en zonas rurales, pobres e indígenas
• Exige detener el proceso de aprobación y abrir foros de consulta con los actores involucrados
• Invita Cosuccop a mitin frente al Senado el próximo martes 28 de abril, a las 10:00 am

México, D.F., 27 de abril de 2015

 

El Consejo Superior del Cooperativismo (Cosucoop), rechaza terminantemente las reformas a la Ley para Regular las Cooperativas de Ahorro y Préstamo (Lrascap),  porque afectará la sobrevivencia de más de 400 agrupaciones que trabajan de manera legítima en esta actividad; es discriminatoria y atenta contra los principios de democracia, autonomía e independencia.

 

En un pronunciamiento público dirigido a diputados, senadores y al Presidente de la República, el Cosucoop — organismo que agrupa a las principales cooperativas del país—, señala que con el pretexto de rescatar a cuatro mil clientes de Ficrea, se pretenden aprobar reformas que pondrán en riesgo los ahorros de seis millones de socios de estas cooperativas.

 

EL Cosucoop expone que se elimina el nivel básico de sobrevivencia de más de 400 cooperativas, muchas de ellas localizadas en zonas pobres, rurales e indígenas. Además, se modifica el esquema del seguro de depósitos de los ahorradores, su administración pasaría a manos de funcionarios del gobierno.

 

Se pretende implementar en los consejos de administración de las cooperativas la figura de consejeros independientes, lo cual derriba losprincipios de democracia, autonomía e independencia. Se incrementan las sanciones y delitos, lo que criminaliza, a priori a directivos y gerentes de las cooperativas.

Asimismo, se amplía el esquema de regulación y supervisión más allá de la función del ahorro y préstamo, en contra de la filosofía y los valores y principios que han inspirado al movimiento cooperativo en el mundo.

El Cosucoop exige que se suspenda el proceso de aprobación del proyecto de reforma señalado y se abra una etapa de consulta con los sectores involucrados y afectados.

En referencia puntual a los Senadores señala: “respeten el Estado de Derecho y el pacto social plasmado en la Constitución, no pasen a la historia como los senadores que terminaron con el movimiento cooperativista nacional.

 

“No permitan que la Comisión Nacional Bancaria se convierta en legislador, porque emitirá —sin límite alguno— la regulación de manera discrecional, ni en poder judicial porque emitirá sanciones y penas a su criterio.

 

Pide que las y los senadores no se dejen engañar. “La democracia —agrega— se define como la doctrina política favorable a la intervención del pueblo en el gobierno y las cooperativas no hemos sido tomadas en cuenta en esta reforma que amenaza el desarrollo social y económico de México”.

 

Finalmente, el Cosucoop invita las organizaciones sociales y a la ciudadanía en general a la manifestación pública de rechazo a la Ley para Regular las Cooperativas de Ahorro y Préstamo, que se realizará el próximo martes 28 de abril a las 10:00 am frente a las instalaciones del Senado.

 

La reforma sobre movilidad, ¿una puerta para restringir las protestas?

La izquierda y algunas ONG creen que la reforma busca reducir el derecho a la manifestación, mientras juristas dudan que exista ese riesgo

Por Mauricio Torres

CIUDAD DE MÉXICO (CNNMéxico) — La reforma constitucional sobre movilidad que la Cámara de Diputados aprobó este martes ha causado polémica entre legisladores, ciudadanos y analistas, en torno a si los cambios que ésta implica posibilitan limitar o no el derecho a la protesta para dar prioridad al derecho al libre tránsito. Pero, ¿en qué consiste la controversia?

Por un lado, quienes rechazan la medida argumentan que con ella se buscará restringir las manifestaciones. Por el otro, los partidarios afirman que sólo se pretende reconocer como derecho humano el derecho de los ciudadanos a moverse en los espacios públicos, y juristas del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE), del Tecnológico de Monterrey y de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) dudan que esta minuta conlleve riesgos para las libertades civiles.

Con esta reforma —que aún debe revisar el Senado—, se modifican los artículos 11 y 73 de la Constitución, para establecer que el Estado deberá garantizar el derecho de "movilidad universal" para toda persona, "atendiendo a los principios de igualdad, accesibilidad, disponibilidad y sustentabilidad". Además, se faculta al Congreso a expedir una ley general en la materia, en los 180 días próximos a la eventual entrada en vigor de las modificaciones.

Para los partidos de izquierda y algunas organizaciones civiles, esta reforma abre la puerta a que se cree una legislación secundaria que restrinja el derecho a protestar, bajo el pretexto de que las manifestaciones obstruyen el derecho de terceros a moverse con libertad.

"No debemos perder de vista el proceso legislativo que se inicie en los próximos seis meses para reglamentar esta reforma constitucional. Es claro que en el contexto actual prevalece un afán criminalizador de la protesta social y que se ha dado un uso político al derecho penal y al sistema de justicia para inhibir su expresión", señaló el Frente por la Libertad de Expresión y la Protesta Social, en un comunicado emitido la tarde este miércoles.

El frente está integrado por organizaciones civiles como Artículo 19, el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh), Fundar y el Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia (IMDHD).

La noche del martes, usuarios de redes sociales también expresaron su preocupación por estos cambios constitucionales, con mensajes que usaban el hashtag #leyantimarchas.

La aprobación de esta reforma en la Cámara de Diputados y la polémica que ha generado se producen al tiempo que en varias entidades del país, especialmente el Distrito Federal, se llevan a cabo marchas en protesta por temas como la desaparición de 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa, Guerrero, presuntos abusos policiales y el desempeño del gobierno del presidente Enrique Peña Nieto.

¿Un riesgo real?

Algunos juristas, sin embargo, advierten pocos riesgos de que esta reforma sea utilizada para limitar el derecho a la libre manifestación.

Javier Cruz Angulo, del CIDE, señaló que estos cambios a la Constitución no afectan el derecho a protestar, porque éste se encuentra en el artículo 9 de la Carta Magna, el cual no fue modificado.

"La iniciativa de reforma que ayer (martes) se aprobó en la Cámara de Diputados en principio no presupone ningún tipo de limitante al derecho a al protesta. Me explico: el derecho a la protesta está consagrado específicamente en el artículo 9 constitucional, que dice las bases en las que uno se puede manifestar, protestar, y lo único que solicita es que sea de manera pacífica", dijo en entrevista.

Vicente Fernández, del Tecnológico de Monterrey, coincidió con ese punto de vista y agregó que, incluso sin esta reforma, la Constitución actualmente ya permite que se regulen las manifestaciones, como se ha intentado hacer en entidades como el Distrito Federal.

"No creo que la intención de esta reforma constitucional sea poner una base para de ahí reglamentar las marchas o restringir las marchas, puesto que así como está la Constitución hoy en día no hay un impedimento legal o jurídico para reglamentarlas", dijo en entrevista.

Los motivos de la reforma

Los cambios a la Carta Magna fueron apoyados por el gobernante Partido Revolucionario Institucional (PRI), su aliado el Partido Verde Ecologista de México (PVEM) y el Partido Acción Nacional (PAN), bajo el argumento de que con ellos se busca que la movilidad sea reconocida como un derecho humano y que el Estado deba tomar medidas y políticas públicas para garantizarlo, como la construcción de infraestructura y la regulación vehicular y peatonal.

Este planteamiento, impulsado por el panista Marcos Aguilar, considera que "el derecho a la movilidad no pugna con el ejercicio de otros derechos fundamentales, tales como el derecho de reunión, la libre manifestación, la libertad de expresión y la protesta social", y que "quienes viven y transitan en las grandes ciudades tienen el mismo derecho de utilizar el espacio público, que el que tiene las personas que ejercen el derecho a la libre expresión y reunión en el marco de una manifestación", según la minuta enviada al Senado.

Al respecto, el Frente por la Libertad de Expresión y la Protesta Social advirtió que estará atento a la ruta que siga este tema y que, si la reforma se aprueba, llamará al Congreso a evitar aprobar una ley secundaria que incluya "cualquier disposición que busque inhibir los derechos a la libertad de expresión, reunión y asociación".

Francisco Burgoa, de la UNAM, señaló que incluso si en esa norma se trataran de incorporar restricciones al derecho a la protesta, esa situación favorecería que la legislación fuera impugnada ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), mediante una acción de inconstitucionalidad o un amparo.

"Las reformas deben atender a los principios de derechos humanos, y toda reforma constitucional en materia de derechos humanos debe tener un espíritu progresivo, no regresivo. Esperemos que la eventual ley reglamentaria de este derecho a la movilidad de ninguna forma vaya a restringir el derecho a la libre manifestación", dijo en entrevista.

Cruz Angulo también se pronunció por vigilar la elaboración de esa eventual legislación reglamentaria, aunque estimó "difícil” que una norma vaya a frenar por sí sola las marchas en el país.

"Sería un poco escandaloso pensar que una reforma legal va a detener una marcha de 40,000 personas. Me parece difícil pensar que una reforma legal va a detener la voluntad de 40,000 personas de caminar por las calles por una causa", dijo.

Gobierno “mueve a México”… hacia atrás: Padierna

"La mayoría de las y los mexicanos no creen en las reformas porque fueron excluidos de ellas, porque ante cada palabra del gobierno y de sus propagandistas, está el contraste de los hechos", sostuvo.

Redacción AN

“Mover a México” es sólo un ardid publicitario, y en todo caso no todos los movimientos son hacia adelante, también se retrocede, como ocurrió con la reforma energética, “que implica un grave retroceso a una etapa anterior de la expropiación de 1938″, señaló la senadora del PRD, Dolores Padierna.

Durante el discurso del inicio del tercer año legislativo, la perredista lamentó que “en lugar de comparecer y dialogar ante el Congreso, el presidente optó por el monólogo con interlocutores a modo y por el oropel de la pantalla televisiva donde Enrique Peña Nieto ni ve ni oye a sus críticos. No habla más frente a la nación sino frente a sus aliados y aplaudidores automáticos, en una celebración privada que revive los peores
tiempos de las monarquías sexenales y anticipa el estilo personal de gobernar en los próximos cuatro años”.

La senadora hizo una fuerte crítica a las reformas aprobadas en este sexenio y aseguró que “mienten cuando hablan de debate legislativo. En realidad fue un diálogo de sordos por momentos exasperante. Fue una discusión silenciada por los medios masivos que ahora están inundados con spots y propaganda del autoelogio”.

Respecto a la reforma energética, dijo que “se hizo de espaldas a la población, sin consultarla. Por esta razón en todas las encuestas las y los mexicanos demandan la consulta popular en materia petrolera, y no le creen a la promesa lejana en el tiempo de que algún día bajarán las tarifas de la luz y del gas”.

Aseguró que hoy por hoy se ve “una economía estancada, la corrupción galopante, una inseguridad creciente, una sensación de que retornamos a los días oscuros del Diazordacismo cuando hasta los activistas de derechos humanos eran acusados por el delito de disolución social”. 

Preguntó ¿dónde están los empleos que crearía la reforma laboral? “En el mismo lugar donde quedarán los supuestos beneficios de la contrarreforma energética, en el baúl de las promesas incumplidas”, respondió.
Sobre la reforma educativa no es en los hechos un cambio para mejorar la educación, sino una operación para restaurar el poder presidencial y someter a una mafia sindical que se mantiene intocada.

“No se han reformulado los planes ni programas de estudio; tampoco hay una iniciativa en marcha para transformar a fondo la cruda miseria de la infraestructura escolar. ¿De qué sirve presumir el regalo de miles de tabletas electrónicas y computadoras si la mayoría de las escuelas no cuentan con conexión a Internet ni con servicio de luz?”, preguntó.

En cuanto a la reforma en materia de telecomunicaciones, dijo que no sirvió para democratizar los medios ni combatir los monopolios, “por el contrario legalizó el poder dominante de una televisora y el de una empresa de telefonía y reinstaló el control gubernamental sobre los contenidos en los medios públicos y privados”. 

Y concluyó:
“Corrompe y controlarás, es la consigna de ahora. El llamado ciclo reformador que hoy presumen concluir, en realidad es la apertura de otro ciclo de resistencias de mucha entereza de las y los ciudadanos; la patria es de todos, no sólo de un puñado de grandes intereses”.

“No es delito querer cambiar una ley injusta para las mujeres”

   Morena Herrera pide acabar criminalización del aborto en El Salvador

Morena Herrera, presidenta de la Agrupación Ciudadana por la Despenalización del Aborto Terapéutico, Ético y Eugenésico de El Salvador 

La criminalización absoluta del aborto en El Salvador no sólo representa una violación a los Derechos Humanos (DH) de las mujeres, también deriva en una persecución de las salvadoreñas, incremento de las muertes maternas, violaciones al debido proceso cuando son procesadas, y un clima de hostigamiento contra quienes defienden sus derechos.

Hace 16 años (1998) entró en vigor un nuevo Código Penal en el país centroamericano, que eliminó la posibilidad de que las mujeres pudieran interrumpir su embarazo en todas las circunstancias,  incluso cuando fuera producto de una violación, corriera peligro su vida o su salud, o cuando el feto tuviera malformaciones.

En 2013 el caso de Beatriz, joven de 22 años que presentaba un embarazo de un feto anencefálico (sin cerebro) que ponía en riesgo su vida debido una enfermedad que ella padecía, demostró el impacto desproporcionado que tiene en las mujeres esa prohibición. 

Las solicitudes de indulto –presentadas en abril pasado a la Asamblea Legislativa de El Salvador– para 17 mujeres sentenciadas (hasta con 50 años de cárcel) por homicidio agravado, pero que en realidad tuvieron un parto o aborto espontáneo, evidencia que la prohibición de la interrupción del embarazo genera criminalización especialmente contra mujeres jóvenes.

Durante su estancia en México Morena Herrera, presidenta de la Agrupación Ciudadana por la Despenalización del Aborto Terapéutico, Ético y Eugenésico de El Salvador  –organización que ha intervenido en ambos casos–, conversó con Cimacnoticias sobre la manera de aplicar la legislación con un sesgo de clase e injusticia social que se da en su país.

Lo que ha pasado –dijo Morena, quien ha revisado múltiples expedientes de acusaciones por aborto u homicidio agravado– es que cuando las mujeres tienen problemas durante su embarazo, presentan algún aborto o parto prematuro, y acuden a los servicios de salud son denunciadas, y sin pruebas reales son procesadas.

Con el objetivo de hacer un análisis del contexto que vivían las mujeres en El Salvador, la Agrupación revisó los expedientes de todos los tribunales del país y se encontró con 129 mujeres que entre el año 2000 y junio de 2011 habían sido denunciadas por abortar.

Al estudiar los expedientes, se identificó a 17 mujeres que en un primer momento fueron acusadas de aborto, pero al no comprobarse los hechos las autoridades decidieron abrir una nueva acusación por homicidio agravado.

Tras recurrir a varios recursos legales, la Agrupación decidió presentar 17 solicitudes de indulto, pues este es el último recurso para lograr su libertad.

Es de destacar que existen otras ocho mujeres condenadas a 30 años de prisión, pero sus sentencias aún no son firmes, es decir, están en proceso de apelación por lo que el indulto no procede. A ellas se deben sumar las tres mujeres condenadas por el mismo delito que la organización logró poner en libertad.

Todas ellas coinciden en tener un bajo nivel educativo, ser jóvenes y tener trabajos en el sector informal, al mismo tiempo tienen en común que sus sentencias no fueron emitidas con base en pruebas directas, sino por indicios; por ejemplo, en algunos casos se dice que la mujer “no hizo todo lo posible para salvar al producto”.

Morena Herrera explicó que estas 17 mujeres no cometieron ningún delito, pues la gran mayoría de ellas tuvieron abortos espontáneos, extra hospitalarios y en situación de emergencia, es decir, presentaron una contracción y muy poco tiempo después arrojaron al producto. La falta de acceso a servicios cercanos les impidió recibir la atención oportuna.

En dos de los casos se trata de mujeres que sintieron la necesidad de ir al baño y tuvieron el parto en letrinas, debido a las condiciones en las que viven. Sin embargo ambos productos sobrevivieron y por tanto no hubo homicidio, y “aún así están en la cárcel”. En otro hecho, la joven desconocía su condición y tuvo un aborto espontáneo.

Todas ellas –abundó Herrera– acudieron en malas condiciones de salud (desangrándose o con infecciones) a los servicios sanitarios, donde fueron denunciadas. Algunas fueron acusadas por sus propios familiares o personas conocidas.

Tras conocer las historias de las mujeres, que debido a su condición de pobreza no son visitadas por sus familias, la organización decidió manifestarse en contra de la injusticia y presentó las 17 solicitudes de indulto con base en la Ley de Ocursos y Gracia.

EN ESPERA DE JUSTICIA

Esta semana, la Asamblea Legislativa informó que el Consejo Criminológico –que dicta pautas sobre el tratamiento de las personas internas– ya entregó 15 análisis de conducta (que dan cuenta de la forma en que las mujeres se han adaptado o no a las reglas y normas de la cárcel) que se pidieron sobre las 17 solicitudes. Doce de ellos son desfavorables y tres favorables.

Debido al proceso que se tiene que seguir en las solicitudes de indulto, los análisis de conducta deben ser enviados a la Corte Suprema de Justicia para que ésta determine su postura y la regrese a la Asamblea Legislativa, para que finalmente la instancia emita, en caso de que conceda el indulto, un decreto que tiene que ser ratificado por el presidente del país.

En ese contexto, la feminista salvadoreña apeló a que las instancias involucradas reconozcan la injusticia, la falta de pruebas de los hechos, las violaciones al debido proceso y el simple hecho de que las 17 mujeres no cometieron ningún delito y están presas de manera injusta porque no se provocaron un aborto, así como a que se consideren los factores culturales y de alto riesgo a su salud que viven las mujeres debido a la legislación restrictiva.

Ante la relevancia del caso incluso a nivel internacional, grupos empresariales cercanos a la Iglesia católica iniciaron una campaña de desprestigio contra las 17  mujeres presas, revelando sus nombres y calificándolas de “asesinas” en diversos medios de comunicación. 

Esta campaña también se trasladó a las activistas que defienden a estas mujeres que “no son asesinas, no cometieron un delito y por lo tanto nunca debieron ir a la cárcel”. En días recientes, las defensoras han recibido amenazas de que serán denunciadas por el delito de “asociación ilícita” y por promover el delito de aborto. 

“Nosotras no promovemos el aborto, defendemos los Derechos Humanos de las mujeres y el acceso a la justicia para ellas; creemos que esta ley es injusta y que hay que cambiarla, y eso no puede ser considerado un delito”, sostuvo Herrera al recordar que atentar contra las personas defensoras es también vulnerar el Estado de Derecho.  

Finalmente apuntó que no se trata sólo de visualizar a las mujeres que están presas, sino también de denunciar el impacto en la salud de las salvadoreñas.

De 2006 a 2013, según datos del Ministerio de Salud de ese país, 68 jóvenes adolescentes embarazadas se suicidaron, y en ese mismo periodo murieron 107 mujeres que presentaban alguna enfermedad o condición médica incompatible con el embarazo, pero a quienes se les prohibió interrumpirlo.  

Imagen retomada del sitio euskalfondoa.org

Por: Anaiz Zamora Márquez

Cimacnoticias | México, DF.-