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6/05/2009
Mediante subrogaciones se privatiza la salud pública
Los institutos de salud pública del país destinan millonarios recursos a la subrogación de servicios que por ley deben proporcionar a sus derechohabientes. Entre los beneficiados figuran hospitales especializados en cirugías plásticas y clínicas cuyos propietarios son cercanos a los funcionarios que los contratan
El gobierno del presidente Felipe Calderón se comprometió a reforzar el Sistema Nacional de Salud mediante estrategias como “rectoría efectiva, prestación de servicios con calidad y seguridad, financiamiento equitativo y sostenible”; sin embargo, ha trasladado recursos públicos, vía institutos de salud, a clínicas y hospitales privados que atienden a los derechohabientes mediante la subrogación de servicios a través de millonarios contratos que, en su mayoría, son adjudicados sin licitación pública.
Para Clara Jusidman, especialista en políticas públicas, ello significa la privatización de los sistemas de salud. Por su parte, Gustavo Leal Fernández, investigador de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM), dice que la subrogación de servicios de salud del gobierno de Calderón “es la visión tecnocrática de cómo gestionar seguridad social”.
“Es muy grave subrogar los servicios médicos. Se trata de un tic tecnocrático para gestionar en el sentido financiero la seguridad social. No sólo se está privatizando un servicio, sino la función del Estado”, detalla Leal, autor de libros como El ISSSTE en el sexenio de Vicente Fox y El IMSS bajo el Calderonismo.
Las instituciones de salud pública del país –Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSTE), Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas (ISSFAM) y Petróleos Mexicanos (Pemex)– subrogan desde los servicios básicos, como las revisiones de gabinete, hasta cirugías y rehabilitación. Su fun ción se reduce a administrar contratos y favorecer con ello a los consorcios privados de salud.
El esquema atenta contra la función pública del sistema de salud y los derechohabientes, “porque los procesos de subrogación tienen como fin trasladar recursos, pero no mejorar los servicios”, explica Leal.
La Comisión Nacional de Derechos Humanos, en su Recomendación general 15 sobre el derecho a la protección de la salud, emitida el pasado 23 de abril, dice que la subrogación no ha mejorado la atención a los derechohabientes. Señaló, también, que ninguna instancia de salud pública cumple a cabalidad con el servicio, lo que violenta los derechos humanos de sus usuarios.
Entre 2000 y 2009 el organismo ha registrado 11 mil 854 quejas. “Los quejosos reportan dilación en estudios clínicos y diagnósticos, conductas discriminatorias, falta de atención en urgencias, maltrato a pacientes, intervenciones quirúrgicas negligentes, deficiente atención materno-infantil durante el embarazo o el puerperio” (servicios que son subrogados). La CNDH emitió ocho recomendaciones generales a los secretarios de Salud, Defensa Nacional y Marina, y a los directores del IMSS, ISSSTE y Pemex.
Por su parte, la Secretaría de Salud (Ssa) documenta que el ISSSTE y el IMSS continúan como los organismos con mayor número de quejas, principalmente en los servicios de ginecobstetricia, urgencias, cirugía general y traumatología.
A ello se suma la discrecionalidad con que se manejan los esquemas de contratación.
En su revisión a distintos ejercicios presupuestales, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) detectó cuantiosas subrogaciones realizadas sin justificación alguna. La subrogación se traduce en una feria de contratos a hospitales de todo tipo, en los que hasta el mínimo servicio adquiere un costo exorbitante.
Un caso representativo del impacto económico de la subrogación de servicios médicos es el de la hemodiálisis. Hace más de una década el IMSS lo subrogó sin contar con un estudio de costo beneficio.
Pese a que la tendencia era el incremento en la demanda de este servicio, ante la proliferación de enfermedades como la diabetes, las autoridades no diseñaron una política para que el instituto estuviera a la altura y optó por que lo hicieran privado. El gasto representa 4 mil millones de pesos en contratos trianuales, lo que equivale a la quinta parte del gasto del IMSS en insumos y medicamentos.
“Por qué este servicio no lo prestó en su momento el IMSS y por qué lo subrogó.
Se pretextó un argumento de infectocontagiosidad para echarlo fuera; pronto se vio cuál era el interés porque fuera subrogado: la ganancia por parte de los prestadores y el beneficio de empresas como grupo Ángeles”, dice el investigador Gustavo Leal.
Cirugías de vacaciones
En contraste con su precaria situación financiera y su decadente infraestructura, el IMSS ha subrogado los servicios a hospitales boutique, donde el plus incluye vacaciones y shopping en sitios turísticos exclusivos del país.
“¡Ah, las vacaciones, sol, arena, surf, la cirugía!”, reza el mensaje de los hospitales Amerimed que invitan a la población mayor de 30 años a someterse a cirugías estéticas, liposucciones, lifting en el cuello, párpados y frente; abdominoplastia (meter barriga), lipoescultura y cualquier intervención para “embellecer a la persona y levantar su autoestima”.
La entrada a México del consorcio estadunidense Amerimed se dio en el sexenio de Vicente Fox. Su concepto es el de hospitales boutique para turismo internacional –personas que viajan a un determinado país para someterse a cirugías plásticas, implantes y tratamiento de rejuvenecimiento, principalmente–. Se ubican en los destinos turísticos Los Cabos, Cancún y Puerto Vallarta.
En el gobierno de Vicente Fox, al mismo tiempo que la Secretaría de Hacienda hacía oficial que el IMSS estaba prácticamente quebrado, el instituto subrogaba sus servicios a la cadena Amerimed, que invita a sus pacientes a “sentir la experiencia de disfrutar masajes, yoga y jacuzzi para relajar el estrés”. Además del servicio estético “inn”, incluyó los servicios básicos como ultrasonidos, prótesis dental, resonancias magnéticas, estudios de laboratorio y suministro de anteojos.
Los contratos “inn”
En noviembre de 2006, bajo la dirección general de Fernando Flores, la delegación del IMSS en Baja California subrogó al Hospital Amerimed Cabo San Lucas, SA de CV, servicios de hospitalización por 482 mil 664 pesos, según el contrato S6S071-0314386.
Lejos de la austeridad que prometió, el gobierno de Calderón avaló que los sistemas de salud pública subrogaran sus servicios a esta selecta cadena. Bajo la dirección de Juan Molinar Horcasitas, el 1 de enero de 2007, el IMSS subrogó a Amerimed servicios de resonancia magnética por 560 mil 393 pesos, según los contratos S7051A- 03238291 y S7051AA-03238292.
En septiembre de 2008, la delegación del IMSS en Baja California Sur contrató al Hospital Amerimed bajo la licitación 00641201-014-08; subrogó servicios médicos, dental, y dotación de anteojos por un máximo de 4 millones 265 mil 800 pesos.
El 24 de febrero de 2009 la delegación del IMSS en Quintana Roo subrogó al Hospital Amerimed Cancún servicios de oftalmología para los derechohabientes de Chetumal, Cozumel y Cancún. En total, fueron 50 consultas y 144 estudios por 1 millón 481 mil 32.5 pesos, lo que equivale a 7 mil 634 pesos por paciente.
Trasnacionales beneficiadas por Acerca
La Moderna, Archer Daniels Midland y Staley Manufacturing se cuentan entre las trasnacionales beneficiadas con los “apoyos” gubernamentales destinados a la comercialización de granos. Recursos por más de 250 millones de pesos, relacionados con el esquema supuestamente favorable a los campesinos del país, son operados irregularmente
Apoyos y Servicios a la Comercialización Agropecuaria (Aserca) maneja irregularmente 252 millones 880 mil 900 pesos. A través del programa Esquema de Apoyos para la Agricultura por Contrato, agroempresas retienen recursos destinados a los campesinos, indica la Auditoría Superior de la Federación (ASF).
De acuerdo con el Informe de resultados de la revisión y fiscalización de la cuenta pública 2007, elaborado por la ASF, el 87 por ciento de los recursos fiscalizados (220 millones 302 mil 400 pesos) no están debidamente registrados en las cuentas bancarias que operan Banamex, BBVA Bancomer y Grupo Financiero Banorte.
El resto, 32 millones 578 mil 500 pesos, fue entregado a harineras vinculadas con agroempresas como La Moderna, Controladora ADM (Archer Daniels Midland) y Staley Manufacturing, que no entregaron debidamente los recursos a los campesinos productores de maíz amarillo y trigo.
Dicho monto se desglosa en 21 millones 959 mil 500 pesos entregados a través de contratos a los gobiernos de Chihuahua y Tamaulipas, mismos que no presentaron su comprobación.
También se registraron cinco casos por 2 millones 770 mil 800 pesos en los que el comprador adeuda pagos complementarios a los productores.
Asimismo, no existen pruebas de la dotación de 5 millones 851 mil 900 pesos en Sonora; 1 millón 579 mil 300 pesos de los que tampoco se constan la entrega y 417 millones de pesos asignados sin contrato.
Contrario a lo que observó la ASF, el órgano desconcentrado de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa) fue creado como “instrumento para el impulso a la comercialización de la producción agropecuaria, en beneficio de los productores del campo, de frente a la apertura externa y la liberación de los mercados”.
Agroempresas beneficiadas.
Aserca, dice la ASF, no presentó la documentación que acredita la comprobación y justificación de 21 millones 959 mil 500 pesos, derivados de un contrato del estado de Tamaulipas, por 8 millones 992 mil 900 pesos. Lo mismo ocurrió con el contrato del estado de Chihuahua, por 12 millones 966 mil 600 pesos.
Igualmente, en Sonora se determinaron “irregularidades” por 2 millones 770 mil 800 pesos, en el cumplimiento de contratos por parte de Tablex Miller, Molinos del Sudeste, Molino Harinero San Blas, Munsa Molinos y Harinas. Las mismas que cobraron los apoyos, mientras que a los productores se les realizaron pagos por debajo de los precios pactados.
De capital estadunidense, Tablex Miller adeuda a los campesinos 2 millones 64 mil 500, por la comercialización de 34 mil 408 toneladas. Según su página de internet, el proyecto empresarial fue constituido con una inversión de más de 12 millones de dólares aportados por La Moderna, de México, y Miller Milling, de Estados Unidos. “Estos grupos industriales cuentan con un gran prestigio e importancia internacional en el ramo”.
Molinos del Sudeste es otra de las que adeudan 124 mil 600 pesos a los agricultores, correspondientes a 2 mil 76 toneladas.
La harinera es propiedad del consorcio La Moderna, que este año pretende invertir 50 millones de dólares para edificar una nueva planta procesadora de alimentos en Baja California.
Información de la reportera Sonia García Ochoa, de El Sol de Tijuana, indica que el Grupo La Moderna es el fabricante de sopas de mayor relevancia en México. Con presencia en Estados Unidos y Centroamérica, tiene más de 4 mil trabajadores y su producción se divide en pastas, galletas, molinos, empaques y servicios. Molino Harinero San Blas adeuda 541 mil 100 pesos, por 9 mil 19 toneladas; Munsa Molinos no entregó los recursos federales por 35 mil 300 pesos, 588 mil 790 toneladas, y Harinas debe 87 mil 970 toneladas, que significan 5 mil 300 pesos.
Contratos con excedentes.
En Tamaulipas el órgano de fiscalización determinó que mediante cuatro contratos celebrados entre Merco Grain Noroeste, CP Ingredientes y productores de maíz amarillo, únicamente se acreditó la producción de 162 mil 300 toneladas.
Sin embargo, Aserca dotó con recursos para 211 mil 200 toneladas. La diferencia de 48 mil 900 toneladas implicó un pago de 393 mil 400 pesos, de los que “no se proporcionó evidencia del contrato respectivo”.
CP Ingredientes, indica en su página electrónica, es una empresa dedicada a la fabricación de ingredientes para más de 50 industrias. Es subsidiaria de Corn Products Internacional, con 34 plantas productoras, instaladas en 16 países, “lo que la hace una de las más grandes refinadoras de maíz del mundo”.
La misma situación se presentó en el contrato firmado entre las empresas Almidones Mexicanos y Cooperativas Integradas del Estado de Tamaulipas. El máximo órgano de fiscalización comprobó que, de las 72 mil 100 toneladas apoyadas, sólo se acreditó la producción de 69 mil 200 toneladas.
Las 2 mil 900 toneladas de más representan el gasto de 23 millones 600 mil pesos, mismos que no existen en el contrato.
Otros 5 millones 851 mil 900 pesos no fueron comprobados en la nómina de los productores beneficiados, esto en Sonora. En tanto que en la revisión de 177 millones 131 mil 300 pesos no fueron justificados 1 millón 579 mil 300 pesos, de 200 casos “en los que las nóminas de pago presentan deficiencias en su llenado o bien que se carece de la identificación del beneficiario de los apoyos”.
Contabilidad omisa.
Según el informe de la ASF, la Dirección General de Administración y Finanzas (DGAF) de Aserca, a cargo de Carlos Villalobos Organista, no lleva a cabo el registro y control de los pagos realizados en el esquema de apoyos para la agricultura por contrato, por lo que no se constató la existencia de más de 200 millones de pesos.
La oficina no tiene “conciliaciones periódicas entre la información contable y los saldos que arrojan los estados de cuenta bancarios”, dice. Los recursos son operados mediante tres cuentas bancarias, de las que no se pudo constatar la existencia de 220 millones 302 mil 400 pesos al 31 de diciembre de 2007.
El máximo órgano de fiscalización alerta que esta situación es “recurrente” en las revisiones de los programas que alinean recursos presupuestales de ejercicios anteriores. Ante esta situación, Aserca, dirigida por Ana Graciela Aguilar Antuñano, “no ha realizado acciones que le permitan fortalecer los mecanismos para mantener actualizado el control de las cuentas de bancos”, por lo que advierte que, de no lograr su justificación, deberá recuperarse dicho monto.
En enero de 2008, la revista Fortuna. Negocios y Finanzas documentó diversas irregularidades en el proceso de adjudicación con entidades bancarias. Ejemplo de ello es que el Grupo Financiero Banorte, propiedad del empresario Roberto González Barrera, obtuvo sin licitación un contrato por casi 1 millón 500 mil pesos para la transferencia de fondos a beneficiarios del Procampo a través de Aserca.
También a Banamex, con el contrato abierto 020/2005- S, que costó al erario 12 millones 532 mil pesos, mediante el proceso IS-01-05 –invitación a cuando menos tres personas de carácter nacional–, que se llevó a cabo a través de la Ley de Adquisiciones.
Con el mismo procedimiento, BBVA Bancomer obtuvo el contrato abierto 021/2005-S, que significó el pago de 19 millones 24 mil pesos. Ambas instituciones firmarían los convenios durante el primer trimestre de 2005.
La ASF no aprobó la celebración con Banorte, pues arguyó, en su informe de la Cuenta Pública 2005, que era “incorrecta” al no apegarse al cumplimiento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector.
Se solicitó entrevista con Ana Graciela Aguilar Antuñano, directora en jefe de Aserca, a través de la Unidad de Comunicación Social de la Sagarpa, sin que se diera ninguna respuesta al cierre de esta edición.
El gobierno PANISTA ..con las manos llenas de FRAUDES
Para exigir mayor presupuesto, la Auditoría Superior de la Federación simula recuperaciones para las arcas federales por 33 mil 700 millones de pesos. Hacienda, SAT y Tesorería reportan resarcimientos sólo por 52 mil pesos, el 0.00015 por ciento de lo que aparenta la ASF. Impunes, los “grandes fraudes a la nación”
La Auditoría Superior de la Federación (ASF) habría simulado resarcimientos a la hacienda pública por más de 33 mil millones de pesos, relacionados con los llamados “grandes fraudes a la nación”. El objetivo: justificar su existencia como máximo órgano de fiscalización pública y exigir mayor presupuesto.
Dicha simulación consistiría en hacer pasar por “recuperaciones” lo que en realidad son solventaciones de supuestas irregularidades observadas durante los procesos de fiscalización.
El concepto –que no está estipulado en la ley– habría sido inventado con Arturo González de Aragón al frente del órgano y sustituiría al concepto de “solventación”, descubre la interpretación de la auditoría, obtenida con base en la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, y el análisis jurídico hecho por el doctor Daniel Márquez, experto en derecho administrativo, fiscal y penal.
Al aclarar (solventar) las observaciones (irregularidades), los poderes de la Unión y entes públicos federales fiscalizados evitan que se les imputen responsabilidades. Ello habría ocurrido con los daños patrimoniales que la ASF dio por solventados, en los que se incluyen los “casos más candentes”, como los califica la diputada panista Alma Alcaraz, integrante de la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación.
Y es que entre las supuestas “recuperaciones” se enlistan 10 mil 856 millones de pesos del rescate bancario; 2 mil 458 millones del Derecho de Trámite Aduanero, considerado una tributación privada; 1 mil 580 millones que Petróleos Mexicanos (Pemex) entregó a su sindicato en 2004; 1 mil 481 millones del Fideicomiso de Apoyo al Rescate de Autopistas Concesionadas; 277 millones del Poder Judicial de la Federación; y 6 mil 800 millones de pesos de supuestas malversaciones detectadas en estados y municipios, dice el “Resumen ejecutivo” del Informe de resultados de la revisión y fiscalización superior de la Cuenta Pública 2007, elaborado por la ASF y entregado a la Cámara de Diputados el 12 de marzo pasado.
Con la simulación, la ASF habría posibilitado el uso discrecional de varios miles de millones de pesos que habrían sido trasladados de arcas privadas a arcas públicas sin observar el método establecido por la Ley de Fiscalización Superior: el seguimiento puntual de esos recursos que se resarcen a la hacienda pública “es imposible”, reconoce el diputado Antonio Ortega, presidente de la Comisión de Vigilancia.
“Problema semántico”
El legislador perredista, hermano de Jesús Ortega, asegura que en el caso de las recuperaciones “subyace un problema de semántica.
Un problema hasta de aplicación gramatical correcta y, sin duda, un uso inadecuado de conceptos contables”.
Ello, porque ni la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (artículos 74 y 79), ni la Ley de Fiscalización Superior ni el Reglamento Interior de la Auditoría Superior de la Federación establecen el concepto de “recuperación”.
El doctor Daniel Márquez, investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México, explica que ninguno de esos tres ordenamientos, que forman el marco jurídico que regula a la ASF, se refieren a las “recuperaciones” como una facultad del máximo órgano de fiscalización del país.
Márquez dilucida que llamar recuperaciones a las solventaciones resulta de la interpretación que da la auditoría a la legislación: tras determinar la existencia de una irregularidad que todavía no deviene en responsabilidad –“al menos eso dice la auditoría”–, ésta genera una observación; entonces, la irregularidad debe ser explicada. “A la explicación que satisface a la Auditoría Superior de la Federación se le llama solventación, pero no es una recuperación”.
El experto en derecho administrativo detalla que la recuperación como concepto implica que el servidor público se haya apoderado físicamente de las cantidades de dinero y que, derivado de la acción de la auditoría, ese dinero salga del patrimonio del funcionario y regrese al de la dependencia o entidad que haya sido afectada o se reintegre a la Tesorería de la Federación.
Resarcimientos sólo por 52 mil pesos
Mientras la ASF asegura haber recuperado 33 mil 718 millones de pesos, correspondientes a la fiscalización de las cuentas públicas de 1999 a 2007, el Servicio de Administración Tributaria (SAT) señala en el oficio 102-SAT-307 que, si bien la Ley Superior de Fiscalización entró en vigor desde el 30 de diciembre de 2000, el primer documento determinante (pliego definitivo) se recibió hasta septiembre de 2005.
De acuerdo con los artículos 51 y 52 de la ley, la auditoría formula pliegos de observaciones derivados de la revisión de las cuentas públicas. Éstos “determinan en cantidad líquida la presunta responsabilidad de los infractores” y deben ser solventados por los poderes de la Unión y entes públicos federales en un plazo improrrogable de 45 días hábiles.
Sólo en caso de que los responsables no solventen la observación o de que la documentación y argumentos presentados sean insuficientes, la auditoría inicia el procedimiento para imputar responsabilidades resarcitorias y, en su caso, aplica sanciones pecuniarias. Los cobros son ejecutados por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) a través del SAT y de la Tesorería de la Federación (Tesofe).
Documentos internos –cuyas copias posee Contralínea– y respuestas a solicitudes de información de estas tres dependencias indican que los pliegos definitivos no reflejan más de 30 mil millones de pesos, sino apenas 48 millones 372 mil 589 pesos.
La cifra reportada por las autoridades hacendarias se refiere a créditos fiscales generados por cada pliego de observación definitivo y no a resarcimientos a favor del erario: de los 48 millones de pesos, a la hacienda pública sólo se le han devuelto 52 mil 967 pesos.
El monto real de los resarcimientos representa apenas el 0.00015 por ciento de los más de 33 mil millones de pesos que la ASF asegura haber recuperado, consta en el oficio 400- 03-00-00-00-2009-001, enviado el 15 de enero de 2009 por el administrador central de Planeación y Estrategias de Cobro del SAT, Carlos León Olaya, al diputado Antonio Ortega.
Alma Alcaraz dice que es necesario que la Cámara de Diputados investigue “a fondo esta situación, para determinar por qué Hacienda trae otros números cuando nosotros hemos considerado siempre que los 30 mil millones de pesos (se reintegraron).
Nosotros, como diputados, hemos confiado en que eso ya está en la Tesorería de la Federación y que se cumplen los artículos 56 y 57 de la Ley de Fiscalización Superior, que establecen claramente lo que se tiene que hacer con ese dinero”.
Los artículos citados por la diputada panista, contenidos en el “Capítulo III del procedimiento para el fincamiento de responsabilidades resarcitorias”, indican que la Secretaría de Hacienda es la entidad facultada para la ejecución de los cobros.
Además, aunque determinan que el destino de los recursos son las arcas defraudadas, la devolución debe hacerse por medio de las tesorerías.
El diputado Elías Cárdenas, del Partido Convergencia, exige a González de Aragón “probar fehacientemente las recuperaciones que dice haber hecho”. Ejemplifica con el rescate bancario: “Ahí se confunde (el diputado) Toño Ortega, de que es una cuestión semántica.
No lo es: la auditoría evitó que los banqueros cobraran los 10 mil millones de pesos de los créditos que se habían dado a sí mismos, pero eso es evitar. Recuperar es distinto a evitar. En lo demás, el auditor se comprometió, públicamente, a comprobar ante los medios de comunicación hasta el último centavo de las recuperaciones.
Yo estoy esperando que él lo demuestre”.
La simulación
El doctor en derecho Daniel Márquez explica que las recuperaciones son “una simulación”. “El problema que tenemos con las instituciones es que no saben decir las cosas por su nombre. En todas las instituciones, en general, piensan que si dicen la verdad la ciudadanía no va a estar preparada para entenderla”.
El auditor lo niega. “No hay simulaciones en la Auditoría Superior de la Federación. De los 33 mil 750 millones de pesos, 10 mil 856 millones corresponden a devoluciones de instituciones bancarias: 6 mil 200 millones de pesos, a Banamex; 3 mil millones de pesos, a Bancomer; de manera que no hay simulaciones.
No hay simulaciones”, reiteró al finalizar su comparecencia ante la Cámara de Diputados, el pasado 12 de marzo.
Respecto de la diferencia entre sus 33 mil millones de pesos y los 50 mil pesos que reporta la Secretaría de Hacienda, González de Aragón justificó: “Hay un problema de entendimiento. Lo que el SAT reporta son créditos fiscales, que no tienen nada que ver con la entrega de cheques de las instituciones bancarias al Fobaproa; con los 1 mil 580 millones de pesos recuperados del Pemexgate (2), que obviamente no entraron al SAT, sino al patrimonio de Petróleos Mexicanos; no tienen nada que ver con los 6 mil 800 millones de pesos que han devuelto los estados y municipios, que no se devolvieron al SAT”.
Ante los cuestionamientos, González de Aragón dijo que “es decisión nuestra subir a internet en los próximos 20 días la copia de todos los documentos que acreditan los resarcimientos, de manera que no hayan problemas de entendimiento.
Esto nos conviene a todos, pero más a nosotros para poder acreditar el beneficio de la acción fiscalizadora”.
El “beneficio” también había sido invocado minutos atrás, cuando dijo a los legisladores que las recuperaciones “representan 33 veces el presupuesto anual de la institución, un hecho inédito en el país”. En otras ocasiones, como en esa, la cita del monto le ha servido para exigir aumento presupuestal: en 2009, su gasto asciende a 1 mil 239 millones 700 mil pesos; mientras que en 2008 fue de 1 mil 185 millones 400 mil pesos.
No obstante su interés en resolver el “problema de entendimiento”, al vencer el plazo de los 20 días, el 9 de abril, su compromiso se redujo a unos anexos derivados de las ligas “Recuperaciones” y “Detalle”, que pueden ser consultados en el sitio de internet www.asf.gob.mx y que sólo contienen un listado que cita documentos con carácter de reservados. Ninguna prueba se anexa.
Y aunque González de Aragón niegue simulaciones, la propia ASF reconoce que las recuperaciones son, en realidad, solventaciones. Al responder la solicitud de información 025, referente a por qué no emitió pliegos de observaciones definitivos, dice: “Las recuperaciones se obtuvieron en diversos procesos de auditoría, fiscalización y seguimiento de acciones promovidas que realiza la Auditoría Superior de la Federación en la revisión de las cuentas públicas. La razón por la que no se notificaron los pliegos definitivos de responsabilidades a la Tesorería de la Federación fue porque las recuperaciones no se generaron de procedimientos resarcitorios.
“La única recuperación a la fecha derivada de un procedimiento resarcitorio y de la emisión de un pliego definitivo de responsabilidades, conforme a la Ley de Fiscalización Superior, fue el número 001/2006 por 52 mil 971 pesos, derivado de la auditoría 225 de la Cuenta Pública 2002.” Agrega que “si se detectan irregularidades durante la práctica de auditorías que provoquen un presunto daño o perjuicio al Estado en su hacienda pública federal o al patrimonio de los entes públicos federales, las entidades fiscalizadas, los servidores públicos o los particulares pueden durante la auditoría resarcir el presunto daño o perjuicio, lo que también puede ocurrir antes de la emisión de los pliegos de observaciones, para que éstos ya no se emitan, o después de emitidos, para obtener su solventación por parte de la Auditoría Superior de la Federación”.
Indagatorias
Para comprobar la existencia y legalidad de las “recuperaciones”, en la actualidad hay dos investigaciones abiertas; una la lleva la Unidad de Evaluación y Control (UEC) de la Cámara de Diputados, encargada de vigilar la actuación de la ASF, del auditor superior y de su equipo; la otra, un despacho externo contratado por el auditor, informa la auditoría en el boletín de prensa 2009-1, del 10 de febrero.
Aunque Roberto Michel, titular de la UEC, canceló la entrevista pactada con Contralínea, admitió –ante el diputado priista Horacio Garza Garza, integrante de la Comisión de Vigilancia, y el asesor de éste, Homero Terán– que la indagatoria estaba en proceso.
Entre lo más relevante, la investigación habría encontrado indicios de un “arreglo” entre Pemex y su sindicato, que permitiría resarcir los 1 mil 580 millones de pesos al patrimonio de la paraestatal en pagos parciales fijados a largo plazo.
Problemática derivada
Una de las preocupaciones manifestadas por los legisladores consultados es el destino de los recursos que sí se han devuelto a las arcas públicas al margen del método establecido por la Ley de Fiscalización Superior en materia de resarcimientos.
Ello, porque al ignorar el procedimiento legal se habría permitido el uso discrecional del dinero “recupera do”: éste se habría integrado directamente al gasto de cada institución o dependencia en un ejercicio distinto al que originalmente fue asignado, sin una etiqueta específica y sin ningún criterio de transparencia.
“Es un procedimiento que debería de estar reportando la Secretaría de Hacienda y al que le tendría que estar dando seguimiento.
La Auditoría Superior hace las observaciones, impone las acciones resarcitorias, mientras que la Tesorería de la Federación se encarga de ir por ese dinero. Entonces, qué es lo que está pasando realmente con la tesorería, por qué no está haciendo esos cobros que le corresponden (…) dónde está la falla”, pregunta Alma Alcaraz.
Sin embargo, ninguna de las recuperaciones que la ASF dice haber logrado ha involucrado a la Secretaría de Hacienda, al SAT o a la Tesofe, comprueban documentos oficiales. Para resumir el asunto de las recuperaciones, el doctor en derecho Daniel Márquez recuerda una frase del poeta Juvenal: “Quis custodiet ipsos custodes” (quién vigilará a los que vigilan).
La ASF es un órgano de fiscalización adscrito a la Cámara de Diputados; pero, por disposición constitucional, posee autonomía técnica y de gestión en el ejercicio de sus atribuciones.
Para la elaboración de este trabajo se solicitó una entrevista con el auditor superior. Ildefonso Morales, titular del área de Comunicación Social de la ASF, informó que González de Aragón no aceptó concederla. Al tiempo, recomendó recurrir a la Ley Federal de Transparencia para consultar datos, pues tampoco tuvo autorización de dar fichas informativas.
Auditoría reconoce la inexistencia del concepto de “recuperación”
Con base en la Ley Federal de Transparencia, en el requerimiento de información 024/2008 Contralínea solicitó “conocer qué legislación –especificar nombre de la ley y artículo– le atribuye a la Auditoría Superior de la Federación (ASF) la facultad expresa de hacer ‘recuperaciones’ directas”.
En su respuesta, la ASF admite que las leyes que la regulan no establecen el concepto de “recuperación”: ninguno de los artículos a los que alude (74 y 79 constitucionales; 47, 51, 52, 53 y 55 de la Ley de Fiscalización Superior; y 5 del Reglamento Interior) lo refiere.
Para justificar el concepto, expone su interpretación de las leyes: “Los daños o perjuicios que se subsanen por las entidades fiscalizadas o por los presuntos responsables pueden considerarse como recuperaciones con motivo de las acciones que lleva a cabo la Auditoría Superior de la Federación en ejercicio de sus facultades, ya que si no fuera por ese ejercicio de facultades de revisión dichas recuperaciones no se hubieran obtenido”.
En sus argumentos, la ASF reconoce que a las solventaciones les llama recuperaciones. “Con motivo de las facultades de fiscalización, si se detectan irregularidades durante la práctica de auditorías que provoquen un presunto daño o perjuicio al Estado en su hacienda pública federal o al patrimonio de los entes públicos federales, las entidades fiscalizadas, los servidores públicos o los particulares pueden durante la auditoría resarcir el presunto daño o perjuicio, lo que también puede ocurrir antes de la emisión de los pliegos de observaciones, para que éstos ya no se emitan, o después de emitidos, para obtener su solventación por parte de la Auditoría Superior de la Federación”.
Además, manifiesta su decisión de no actuar en contra de los responsables de los quebrantos, una vez que se solventan las irregularidades observadas. “Para emitir un pliego de observaciones o iniciar el posterior procedimiento para el fincamiento de responsabilidad resarcitoria [que involucra a la Secretaría de Hacienda] necesariamente debe haber detectado un presunto daño o perjuicio al Estado en su hacienda pública federal o al patrimonio de los entes públicos federales, no justificado o reintegrado”.
La ASF dice que si los daños o perjuicios se subsanan “carecería de elementos para detonar el ejercicio de sus facultades resarcitorias por ya no existir daños que indemnizar”.
También indica que “una vez que se aplica un procedimiento de responsabilidad resarcitoria, y en el mismo se mantiene el daño o perjuicio, al o a los responsables se les finca el pliego definitivo de responsabilidades.
Éste se remite a la Tesorería de la Federación para el efecto de que si en un plazo de 15 días naturales contados a partir de su notificación no se cubre por el o los responsables se haga efectivo mediante el procedimiento administrativo de ejecución”. (NF).
Solventaciones simulan Recuperaciones
Contralínea obtuvo copias de documentos relacionados con dos asuntos de evasión de impuestos, enlistados por la Auditoría Superior de la Federación (ASF) como recuperaciones: Derecho de Trámite Aduanero y Servicios Educativos Integrados al Estado de México.
Identificados con la leyenda de “este documento forma parte de un expediente clasificado como reservado”, los oficios tienen carácter de solventaciones, mas no de recuperaciones.
En el primer caso, se trata de seis documentos, tres de ellos son copia de declaraciones generales de pago de derechos, correspondientes a los ejercicios 2002, 2003 y 2004, hechas a cuenta y cargo del fideicomiso privado 954-8 Aduanas I, constituido en 1993 por Francisco Gil Díaz, en su calidad de subsecretario de Ingresos de la Secretaría de Hacienda.
El pago de derechos ascendió, en total, a 1 mil 456 millones 768 mil 643 pesos: 85 millones 789 mil 758 pesos, en 2002; 821 millones 226 mil 665, en 2003; 549 millones 752 mil 218 pesos, en 2004.
No obstante, en las revisiones de esas cuentas públicas la ASF había documentado daños superiores: 2 mil 200 millones en 2002, 2 mil 585 millones en 2003 y 836 millones 346 mil pesos en 2004. Además, en su revisión a la cuenta 2001, observó un quebranto por 4 mil 561 millones.
De acuerdo con los informes de las revisiones, la auditoría encontró que en esos ejercicios fiscales el SAT omitió enterar a la Tesorería de la Federación los recursos obtenidos por el cobro del Derecho de Trámite Aduanero, mismos que se depositaron en el fideicomiso Aduanas I hasta mediados de 2004.
En el segundo caso, referente a los Servicios Educativos Integrados al Estado de México (SEIEM), se tuvo acceso a dos oficios y una copia de la declaración de pagos provisionales, primera parcialidad y retención de impuestos federales.
El oficio 330-SAT-VI-376, fechado el 19 de febrero de 2007, señala que, con dicha declaración, la Administración General de Evaluación “se encuentra en posibilidad de solventar la observación de la ASF 04- 006E00-2-110-05-001 efectuada a SEIEM, por el ejercicio de 2004, en el que se observó retenciones efectuadas no enteradas en suma de 806 millones 162 mil 400 pesos”. (NF).
La crisis en México, el otro bicentenario
Alejandro Nadal · · · · ·
La economía mexicana viene arrastrando la cobija desde la crisis de 1982. Si juzgamos su desempeño por el crecimiento del producto interno bruto (PIB), el veredicto es terrible: el crecimiento promedio anual es de 2.2 por ciento. O sea que si trazamos una gráfica para la evolución del PIB, observamos que después de la caída de 1982 la economía mexicana nunca se recuperó.
Desde esa perspectiva, este país posee el récord de la recesión en forma de L más larga del mundo. Y cuando una economía languidece por tanto tiempo, suceden dos cosas. Primero, se acaba por deshilachar completamente el tejido económico que se supone debe ser su basamento: primero se desmanteló la agricultura, luego vino la destrucción de la industria. México retrocedió al nivel de economía primario-exportadora (mano de obra barata y recursos naturales). Hoy cualquier cosa que se parezca a una recuperación debe pasar, primero, por la reconstrucción económica.
En segundo lugar viene la degradación del entramado institucional. En una economía capitalista, en la que la religión de Estado es la producción para el mercado, un proceso tan largo de estancamiento culmina necesariamente en el desgaste de las instituciones y, peor aún, en la desintegración de la moral pública. Eso se traduce en el desmantelamiento del Estado.
Claro que el estancamiento de la economía mexicana no es un accidente, ni una calamidad dictada por la mala suerte. Es resultado lógico de una estrategia económica basada en la idea de que el mercado debe ser el rector del desarrollo económico. En México esa idea se acompaña de una política macroeconómica que desde hace 15 años se preocupa exclusivamente por el tipo de cambio. De esa variable depende todo: la lucha contra la inflación, la entrada de capitales y el financiamiento artificial del déficit en las cuentas externas, etc.
Pero la política macroeconómica neoliberal a la mexicana lleva la cicatriz de grandes contradicciones. Por un lado, para mantener estable el tipo de cambio se impone una tasa de interés elevada: ese es el incentivo para la entrada de capitales, pero al mismo tiempo frena la inversión y el crecimiento. Por otro lado, se supone que en el modelo de economía abierta el tipo de cambio es el instrumento para realizar el ajuste en la balanza comercial. En los hechos, la liberalización financiera impone una fuerte rigidez al ajuste cambiario: la estabilidad (y apreciación) de la paridad es indispensable para la permanencia de los flujos de capital en el espacio económico mexicano. Poco importa que eso contribuya al deterioro de la balanza comercial y de la cuenta corriente. El saldo de todo esto es lento crecimiento y deterioro de las cuentas externas. Es el mismo modelo que generó la crisis de diciembre 1994.
Para el gobierno mexicano en turno, lo anterior no importa. La política fiscal sigue basada en la contracción del gasto programable y seguramente en unos meses la Secretaría de Hacienda buscará aumentar los impuestos (sobre todo el IVA). Mientras tanto, la política monetaria sigue subordinada a la estabilidad cambiaria. Las minúsculas reducciones en la tasa de interés operadas en las últimas semanas no permiten hacer una diferencia, el crédito no puede fluir en esas condiciones. Tenemos años de estar sufriendo lo mismo. En resumen, la política macroeconómica hace todo lo posible por prolongar y profundizar la recesión. En el contexto de la crisis mundial, el modelo neoliberal mexicano se hunde bajo su propio peso.
No hay que engañarse, en este país nadie tiene confianza en el Poder Legislativo o en el Judicial, mucho menos en el Ejecutivo, y ya no se diga nada sobre los cuerpos de seguridad. Los partidos políticos, entelequias que la ideología neoliberal consagró como único vehículo para la vida democrática, son ejemplo de corrupción y desaseo. ¿Qué es lo que queda para hablar de un tejido social en México? Caray, es una buena pregunta, sobre todo ahora que arrancan los festejos del bicentenario.
¿Qué se va a festejar el año entrante? Llevamos casi 30 años sin poder generar los empleos que se requieren, y la pobreza alcanza niveles que sólo una sociedad cínica puede tolerar. La corrupción y la violencia ahora están por todos lados. Aún así, las comisiones oficiales de organización de festejos de todos los niveles anuncian sus programas de ferias y romerías. Pero todo huele a rancio. Sus premios y festivales son los rituales arcaicos de una época que ya murió.
Lo único que hay que conmemorar es la fortaleza y paciencia del pueblo mexicano, sobre todo frente a una economía salvaje que no puede garantizar la salud, la alimentación y la vivienda de la población. También habría que festejar la lucidez y el coraje de movimientos políticos y sociales que en su lucha por la justicia han aguantado la represión, el castigo y la violencia. El genuino festival comenzará con un vasto movimiento civil capaz de reconstruir al país sobre bases distintas de responsabilidad civil, solidaridad económica e integridad ambiental.
Alejandro Nadal es economista. Profesor investigador del Centro de Estudios Económicos, El Colegio de México, y colabora regularmente con el cotidiano mexicano de izquierda La Jornada.
Defensa al federalismo
Samuel Schmidt
El gobierno federal mexicano realizó un operativo para detener a alcaldes y altos funcionarios del gobierno de Michoacán. Esto parecería un gran golpe acertado contra el crimen organizado pero puede tener graves consecuencias para el buen funcionamiento del pacto federal.
El federalismo es una construcción jurídica y política, en este sistema se establecen funciones diferenciadas muy claras que giran alrededor de la soberanía como elemento aglutinante. En el marco de la ley se determinan las atribuciones de cada uno de los poderes.Todos los estados federados son soberanos y esta condición los obliga al respeto mutuo. El gobierno federal debe ocuparse de la defensa de la soberanía nacional y ser garante de la armonía en la unión para lo cual puede y debe mediar en los conflictos entre los estados y asegurarse de enfrentar los riesgos contra todos.
Aunque la ley es muy clara quedan espacios grises que se prestan a la interpretación de las partes, si esta es incorrecta se dificulta la buena marcha de una relación armónica entre las partes, como por ejemplo, la definición de la existencia de amenazas a la seguridad nacional que pudieran justificar pasar por encima de la soberanía de los estados. Esto es lo que se ha definido como la Razón de Estado que con más frecuencia de la razonable se ha pervertido, llegándose a entender como la defensa de los intereses de los gobernantes en turno y no la promoción y defensa de los intereses del Estado.
Uno de los problemas mas delicados lo representan las acciones secretas que conduce el gobierno, porque muchas veces aquello que justifica la secrecía puede no compartirse por todas las partes. Si las operaciones encubiertas de las fuerzas de seguridad se justifican como condición necesaria para la efectividad de sus acciones, los poderes locales que pueden tener atribuciones sobre algunos de esos temas pueden verse y sentirse agredidos.
Es imperativo reconocer que tales acciones conllevan un elevado potencial de conflicto porque enfrentan a los poderes entre si y acarrean un debilitamiento potencial de una de las partes, en este caso las autoridades locales y el cuestionamiento de su legitimidad.
En el momento que el poder central le oculta información a los poderes locales porque desconfía de ellos esta enviando un mensaje irrefutable de descalificación erigiéndose en garante de la legitimidad, y despojando a la sociedad, que es la única que puede legitimar a sus gobernantes.
El equilibrio en el sistema federal implica que ninguno de sus componentes concentre poderes por encima de los demás y mucho menos que se convierta en la única entidad que goce de confianza y credibilidad. Mucho más grave es que uno de los poderes utilice este tipo de situación para lograr ventajas políticas concretas, porque entonces se descarrilla la posibilidad de asegurar la representación general.
El caso de Michoacán pone en la palestra este tipo de problemática por diversas circunstancias. El gobierno federal actuó en una coyuntura electoral infligiéndole dañoa las oposiciones.
Si el gobierno federal había recibido la denuncia sobre el involucramiento de presidentes municipales con el crimen organizado, debe explicar la inacción. Si se hablaba de una investigación de dos años el gobierno debe explicar porque decidió actuar con tanta fuerza unas cuantas semanas antes de unas elecciones que según las encuestas iba a perder.
Los defensores de los alcaldes apresados inquieren sobre el hecho que se arraigue a los acusados por 40 días, ya que según ellos, eso sugiere que se carece de pruebas y desmiente que hubo una larga investigación. Si esto es cierto, de nuevo insinúa que hay un cálculo electoral en la acción policíaca.
El contexto es fundamental en la política. Si estas acciones las llevara a cabo un gobierno que goza de credibilidad, el evento sería estrictamente una cuestión policial, pero para un gobierno desacreditado como el de Calderón, tal y como se vio con la epidemia de influenza, esto lanza una sombra mayor sobre la motivación de sus acciones.
Estamos frente a uno de esos casos de no hacer cosas buenas que parezcan malas. Pero lo grave es que parece ser que están haciendo cosas malas que parecen peores y el resultado no puede ser bueno.El gobierno no debe perder de vista que sus actos son fundamentales y que de manejarse de manera errática pueden hacer mas daño que bien y que los desperfectos que causa el gobierno tienen una solución muy complicada o no la tienen.
Militares impunes, 15 años después
SARA LOVERA
MÉXICO, D.F., 4 de junio (apro).- El gobierno mexicano, que involucra al Congreso y a las autoridades civiles y militares, se ha rehusado sistemáticamente a reconocer los crímenes cometidos por militares en el cuerpo de las mujeres. No los reconoce y no se juzga a los militares en tribunales civiles. Los expedientes se acumulan en los archivos y frecuentemente la anomia y la indiferencia los llenan de indignidad.Se cumplieron 15 años desde que se denunció la violación a tres jóvenes indígenas tzeltales atacadas en un retén militar de Altamirano, Chiapas, el 4 de junio de 1994, en plena represión zapatista. El expediente fue examinado en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en 1996, luego de acudir a todas las instancias nacionales.
Cinco años después, esa Comisión requirió al gobierno de Vicente Fox para que se juzgara a los militares en los tribunales comunes. Nada se hizo.La CIDH también conminó a la reparación del daño, así como a la presentación y encarcelamiento de los responsables, quienes todos estos años han sido protegidos por la jurisdicción militar.Ningún argumento, investigación o prueba han sido suficientes para el gobierno mexicano, requerido recientemente, en marzo, para revisar otros casos como el de Barranca de Bejuco en Guerrero y lo que aparezca. No quiero hablar sólo de impunidad sin sentido o de vacíos e incumplimientos.
Lo que realmente sucede es que existe una sistemática complicidad de los gobiernos de Carlos Salinas, Ernesto Zedillo, Vicente Fox y ahora de Felipe Calderón con los militares que abusan de las mujeres; se los protege sin fundamento jurídico alguno ante el asombro internacional.El 21 de mayo, apenas hace días, se celebró una diligencia en Ocosingo, Chiapas, donde las tres jóvenes tzeltales ratificaron los cargos, las circunstancias, los testigos, algo que la Comisión Interamericana requiere para enviar el expediente a la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
Una de ellas, la mayor de aquellas tres menores, se negó a describir en detalle, pero, fortalecida, madura, les recordó a los enviados de Justicia Militar de la Secretaría de la Defensa Nacional y de la Procuraduría General de Justicia de Chiapas, que todo está en el expediente.Ratificó sus dichos, aquellos de una larga mañana en que fueron requeridas por la justicia militar en 1994, única ocasión en que fueron presentados los militares, y tomó nota de ello la Comisión Nacional de Derechos Humanos, también omisa.Si se lee con cuidado, en muy pocas palabras, puede verse que en 15 años de trámites, escritos, idas y venidas de abogadas, grupos de mujeres y periodistas a Washington, para pedir la justicia que debió realizarse en México, se observa el tamaño del quebrantamiento de la Constitución Mexicana, de la inequidad para las indígenas, de la injusticia.
Se puede mirar cómo reina la vejación contra las mujeres, de las que hablan los políticos tan seguidamente.Lo cierto es que el Estado mexicano, representado en la multitud de audiencias por los burócratas en turno, no ha permitido el más mínimo avance. Ha tratado de que el asunto quede petrificado, como la enorme lista de otros muchos expedientes. ¿Para qué, entonces, firman buenos deseos y promesas en legajos gigantes de convenios, convenciones, acuerdos y declaraciones? ¿Sólo para burlar a las y los mexicanos?No existe el más mínimo avance.
Allá en la comunidad, las hermanas tzeltales pasaron de niñas a mujeres, pero no han quedado varadas en su historia. En Ocosingo fortalecieron su dicho. ¿Qué hará el gobierno de Felipe Calderón? Argumentará sordera, ignorancia, indiferencia. No lo sé, pero este asunto tendría que llenarse de argumentaciones y voluntad de la llamada sociedad civil y de los grupos de mujeres, que entonces, en 1994, parecía que les importaba. Los burócratas de todos los cuños seguramente han logrado nuevas tesis jurídicas y nuevas formas de ir y venir a Washington, pero las jóvenes no obtienen respuesta. ¿A quién le importan, más allá del lucimiento?Nunca como en la actual Legislatura el tema ha sido tantas veces examinado.
La emblemática denuncia de Altamirano en 1994, que reveló el carácter autoritario, intimidatorio y abusivo de las incursiones militares en pueblos y comunidades, obligó a configurar varias iniciativas para que, de una vez por todas, quede claro que los militares en servicio que cometan delitos del fuero común deben ser juzgados en tribunales civiles, requeridos e investigados por éstos y con la vigilancia de los órganos civiles que correspondan.Es el colmo que, 15 años después, sea la Procuraduría de Justicia de Chiapas, sin capacidad ni decoro, la que participe.
Conozco dos iniciativas para reformar el Código de Justicia Militar. Una de la diputada Marina Arvizu y otra de la diputada Lenia Batres. Ninguna ha sido dictaminada ni llevada a la asamblea. La indiferencia machista de los legisladores es apabullante.Se aduce que es Justicia Militar la encargada, que por cierto no rinde cuentas, no presenta a los delincuentes, no los juzga ni encarcela. Tras cada denuncia se tiende una cortina de humo.Es por ello que tras la diligencia de Ocosingo, se construyó un comité de varias organizaciones de mujeres y derechos humanos para poner al centro la urgente necesidad de que se haga justicia a las hermanas Santís o González, para darles alguna denominación, considerando el carácter emblemático de su añeja denuncia, para hacer sentir que esta vez hay que decir basta y desarmar la estrategia de doble lenguaje del gobierno mexicano que firma tratados y convenciones en el vacío.
El comité formado por el Grupo de Mujeres de San Cristóbal de las Casas (COLEM), la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (CMDPDH), el Comité de Derechos de las Mujeres de Chiapas y el Comité Prerreparaciones para las Hermanas González de Estados Unidos, junto con el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL), buscarán movilizar conciencias en estos días para atisbar la justicia.Saben que para lograr un avance se requiere de la acción concertada y coordinada de la sociedad civil, de que se ajusten a la ley los Institutos de las Mujeres; se cumpla con la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida sin Violencia; que opere la Constitución de la República, la Ley General de Igualdad, todas esas entelequias que circulan en nuestro medio y que pocas conocen y nadie cumple.
Este sábado 6de junio habrá un homenaje a las víctimas de la represión de Atenco, atacadas sexualmente por la policía federal y del Estado de México, hermanas de las tzeltales, reprimidas y vejadas por causa semejante, por la violencia institucional contra las mujeres.Esas mujeres que accedieron a la relumbrante Fiscalía Especial para atender los Crímenes contra las Mujeres, que no dejó operar, como supimos, el procurador general de Justicia de la República, Eduardo Medina Mora, quien está entretenido en su lucha personal contra la libertad de las mujeres al oponerse al derecho a interrumpir un embarazo, el mismo que operó la represión en Atenco en mayo de 2006.La sociedad civil, los órganos civiles y oficiales de derechos humanos y las organizaciones de mujeres, tienen la palabra: las tzeltales requieren una respuesta y la reparación del daño ahora.
Llaman feministas a votar por partidos que apoyan la ILE
Anular el voto impediría defender derecho a decidir
Por Gladis Torres Ruiz
México DF, 4 junio 09 (CIMAC).- Este día la feminista Martha Lamas llamó a las y los ciudadanos para que el próximo 5 de julio salgan a votar a favor de los partidos políticos que han apoyado la Interrupción Legal del Embarazo (ILE), pues “anular el voto sería callar, en tiempos en que se retrocede en los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres y que se tornarán más difíciles en algunos estados de no votar o anular los votos”.
Durante el acto denominado “Por el Derecho a Decidir de las Mujeres No al Retroceso en los Derechos Sexuales y Reproductivos”, la antropóloga feminista refirió que si bien es cierto las mujeres progresistas del país se encuentran muy molestas por la oleada de reformas legislativas realizada en 13 entidades, con el fin de limitar o prohibir la ILE, bajo el argumento de proteger la vida desde el momento de la concepción, llamar a no votar sería callar.
Tenemos que salir a votar a favor de la ILE, ya que este es un derecho que legisladoras y legisladores comprometidos con las causas de las mujeres tendrán que defender, señaló la académica durante el acto en el cual participaron también especialistas, académicas y representantes de Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC), así como Leticia Quezada, presidenta de la Comisión de Equidad y Género de la Asamblea Legislativa (ALDF), Maricela Contreras Julián, presidenta de la Comisión de Equidad y Género de la Cámara de Diputados y el legislador local Víctor Hugo Cirigo, todas y él integrantes del Partido de la Revolución Democrática.
Las reformas aludidas ocurrieron a partir del 21 de octubre y hasta el 21 de mayo, cuando el Partido Acción Nacional (PAN) y el Partido Revolucionario Institucional (PRI), apoyados por algunos integrantes de otras bancadas, reformaron la constitución local en Baja California, Colima, Jalisco, Sonora, Puebla, Morelos, Campeche, Quintana Roo, Durango, Nayarit, Guanajuato y San Luis Potosí para “proteger la vida desde el momento de la concepción (sic)”, con el fin de limitar o abolir los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres”.
Estas 12 entidades que legislaron contra el Artículo 4º de la Constitución de los Estados Unidos Mexicanos, que garantiza a la ciudadanía el derecho a tener el número de hijas e hijos que decida y en con el espaciamiento que considere, se sumaron a Chihuahua donde se aprobó una reforma en el mismo sentido en 1994.
Lamas recordó que a dos años de que entró en vigor la ILE en la capital del país, más de 25 mil mujeres se han realizado este procedimiento y 85 por ciento de ellas se declaran católicas.
En entrevista con Cimacnoticias, al terminó de la reunión, Lamas informó que su llamado es para votar por el PRD, ya que en la Ciudad de México lo que se ha logrado es por este partido. Tiene, dijo, como todos los partidos, gente buena y gente regular, gente mala, pero la línea ideológica y su forma de trabajo está en favor de los derechos de las mujeres.
Las mujeres, argumentó, tendrían que salir a defender sus derechos a través del voto, pues no votar, anular el voto y cruzar la boleta no ayudará. El PAN está llamando a votar y si nosotros no apoyamos el voto, tendremos como consecuencia menos gente del PRD en el Poder Legislativo y, por tanto, menos posibilidades de legislar a favor de la vida y derechos de las mujeres.
En este punto coincidió el doctor Lorenzo Córdoba Vianello, del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), quien señaló que es urgente salir a votar por los partidos que favorecen la ILE, ya que ellos son quienes llevarán la discusión de este tema en la próxima legislatura. De no hacerlo, al dejar que queden quienes pretenden modificar la Constitución Política del país, las consecuencias serían funestas.
Es obvio que esta oleada legislativa se debe a que estos grupos buscan modificar la Constitución en este sentido, con lo que se vería revertida la sentencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) en la materia y por la cual la el aborto es legal en el DF.
Señaló que hasta hoy solo existe una solicitud de inconstitucionalidad contra la modificación de la Constitución de Baja California, por lo cual se buscaría que hubiera ocho votos de la Corte que apoyaran dicha petición.
A esto se suma, dijo, el cambio de ministros que realizará la SCJN, pues dejan su cargo Salvador Aguirre Anguiano y David Góngora Pimentel, y habrá que esperar a noviembre, cuando lleguen otras u otros ministros, quienes tendrán su propia lectura sobre el tema, informó el especialista en derecho constitucional.
Por ello, dijo, debemos exigir a los partidos políticos, en el marco de las elecciones del 5 de julio, que coloquen la ILE como tema prioritario en sus agendas y campañas. También debemos salir a votar a favor de esto, para intentar generar condiciones en el Congreso, pues en estas próximas elecciones no está en juego un voto sino la despenalización del aborto.
Por su parte, el legislador local Víctor Hugo Círigo, presidente de la bancada perredista de la ALDF, afirmó que la “embestida conservadora” se da luego de la derrota del ala conservadora en 2006, de la aprobación de la Ley de Sociedades de Convivencia y de la ILE, todas reformas de la izquierda.
De ahí que la arena para dirimir este debate se dará en la próxima legislatura, afrimó, por ello tenemos que enviar compañeras y compañeros que defiendan la agenda de las mujeres, de no hacerlo quedaremos en la total indefensión.
“No podemos quedarnos sólo en la denuncia, por ello también las y los legisladores del partido impulsaremos la firma de un acuerdo con los demás institutos políticos, en pro de la defensa de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres, para que se comprometan a defenderlos”.
Por Gladis Torres Ruiz
México DF, 4 junio 09 (CIMAC).- Este día la feminista Martha Lamas llamó a las y los ciudadanos para que el próximo 5 de julio salgan a votar a favor de los partidos políticos que han apoyado la Interrupción Legal del Embarazo (ILE), pues “anular el voto sería callar, en tiempos en que se retrocede en los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres y que se tornarán más difíciles en algunos estados de no votar o anular los votos”.
Durante el acto denominado “Por el Derecho a Decidir de las Mujeres No al Retroceso en los Derechos Sexuales y Reproductivos”, la antropóloga feminista refirió que si bien es cierto las mujeres progresistas del país se encuentran muy molestas por la oleada de reformas legislativas realizada en 13 entidades, con el fin de limitar o prohibir la ILE, bajo el argumento de proteger la vida desde el momento de la concepción, llamar a no votar sería callar.
Tenemos que salir a votar a favor de la ILE, ya que este es un derecho que legisladoras y legisladores comprometidos con las causas de las mujeres tendrán que defender, señaló la académica durante el acto en el cual participaron también especialistas, académicas y representantes de Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC), así como Leticia Quezada, presidenta de la Comisión de Equidad y Género de la Asamblea Legislativa (ALDF), Maricela Contreras Julián, presidenta de la Comisión de Equidad y Género de la Cámara de Diputados y el legislador local Víctor Hugo Cirigo, todas y él integrantes del Partido de la Revolución Democrática.
Las reformas aludidas ocurrieron a partir del 21 de octubre y hasta el 21 de mayo, cuando el Partido Acción Nacional (PAN) y el Partido Revolucionario Institucional (PRI), apoyados por algunos integrantes de otras bancadas, reformaron la constitución local en Baja California, Colima, Jalisco, Sonora, Puebla, Morelos, Campeche, Quintana Roo, Durango, Nayarit, Guanajuato y San Luis Potosí para “proteger la vida desde el momento de la concepción (sic)”, con el fin de limitar o abolir los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres”.
Estas 12 entidades que legislaron contra el Artículo 4º de la Constitución de los Estados Unidos Mexicanos, que garantiza a la ciudadanía el derecho a tener el número de hijas e hijos que decida y en con el espaciamiento que considere, se sumaron a Chihuahua donde se aprobó una reforma en el mismo sentido en 1994.
Lamas recordó que a dos años de que entró en vigor la ILE en la capital del país, más de 25 mil mujeres se han realizado este procedimiento y 85 por ciento de ellas se declaran católicas.
En entrevista con Cimacnoticias, al terminó de la reunión, Lamas informó que su llamado es para votar por el PRD, ya que en la Ciudad de México lo que se ha logrado es por este partido. Tiene, dijo, como todos los partidos, gente buena y gente regular, gente mala, pero la línea ideológica y su forma de trabajo está en favor de los derechos de las mujeres.
Las mujeres, argumentó, tendrían que salir a defender sus derechos a través del voto, pues no votar, anular el voto y cruzar la boleta no ayudará. El PAN está llamando a votar y si nosotros no apoyamos el voto, tendremos como consecuencia menos gente del PRD en el Poder Legislativo y, por tanto, menos posibilidades de legislar a favor de la vida y derechos de las mujeres.
En este punto coincidió el doctor Lorenzo Córdoba Vianello, del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), quien señaló que es urgente salir a votar por los partidos que favorecen la ILE, ya que ellos son quienes llevarán la discusión de este tema en la próxima legislatura. De no hacerlo, al dejar que queden quienes pretenden modificar la Constitución Política del país, las consecuencias serían funestas.
Es obvio que esta oleada legislativa se debe a que estos grupos buscan modificar la Constitución en este sentido, con lo que se vería revertida la sentencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) en la materia y por la cual la el aborto es legal en el DF.
Señaló que hasta hoy solo existe una solicitud de inconstitucionalidad contra la modificación de la Constitución de Baja California, por lo cual se buscaría que hubiera ocho votos de la Corte que apoyaran dicha petición.
A esto se suma, dijo, el cambio de ministros que realizará la SCJN, pues dejan su cargo Salvador Aguirre Anguiano y David Góngora Pimentel, y habrá que esperar a noviembre, cuando lleguen otras u otros ministros, quienes tendrán su propia lectura sobre el tema, informó el especialista en derecho constitucional.
Por ello, dijo, debemos exigir a los partidos políticos, en el marco de las elecciones del 5 de julio, que coloquen la ILE como tema prioritario en sus agendas y campañas. También debemos salir a votar a favor de esto, para intentar generar condiciones en el Congreso, pues en estas próximas elecciones no está en juego un voto sino la despenalización del aborto.
Por su parte, el legislador local Víctor Hugo Círigo, presidente de la bancada perredista de la ALDF, afirmó que la “embestida conservadora” se da luego de la derrota del ala conservadora en 2006, de la aprobación de la Ley de Sociedades de Convivencia y de la ILE, todas reformas de la izquierda.
De ahí que la arena para dirimir este debate se dará en la próxima legislatura, afrimó, por ello tenemos que enviar compañeras y compañeros que defiendan la agenda de las mujeres, de no hacerlo quedaremos en la total indefensión.
“No podemos quedarnos sólo en la denuncia, por ello también las y los legisladores del partido impulsaremos la firma de un acuerdo con los demás institutos políticos, en pro de la defensa de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres, para que se comprometan a defenderlos”.
Sin marco legislativo, mujeres indígenas no acceden al poder
“Profundo racismo”, la barrera estructural
Por Guadalupe Cruz Jaimes
México DF, 4 junio 09 (CIMAC).- En México, a diferencia de otros países de América Latina, no existe un marco legislativo que facilite la llegada de mujeres indígenas al poder local y federal, debido al “profundo racismo” que “desdibuja” a esta población de los sitios de toma de decisiones.
Así lo refirió Marta Sánchez ayer, durante la tercera sesión del Seminario Interdisciplinario de Estudios de Género titulado Espacios de acción y resistencia de las mujeres indígenas migrantes, a través de una videoconferencia, transmitida desde El Colegio de la Frontera Norte, en Tijuana, Baja California.
“No hay un marco ni teórico, ni legislativo, sobre todo legislativo en el país para facilitar la llegada de mujeres indígenas al poder, sobre todo en los congresos locales y en el Congreso de la Unión”, aseguró la lideresa indígena, originaria de Guerrero, quien desde hace 15 años labora con las comunidades indígenas del sureste del país.
En 2008, dijo, el Foro Internacional de Mujeres Indígenas entregó un informe oficial sobre las condiciones en las que se desarrolla esta población, en el cual “México se desdibuja a la hora de hablar de participación política de las mujeres indígenas”.
A diferencia de otras naciones latinoamericanas, señala el documento, resultado de la aplicación de cuestionarios a mujeres indígenas de la región y organismos que abordan esta temática, “en nuestro país hay una dificultad fuerte, políticamente hablando, para que lleguen a los puestos las mujeres indígenas y las mujeres en general”.
“Y enmarcaría en esta problemática la enfermedad social, nacional, política: el racismo, una barrera estructural que las mujeres indígenas no hemos podido eliminar, pero sí hemos podido trastocar”, agregó.
Según el informe del Foro Internacional de Mujeres Indígenas, en países como Bolivia fueron electas 88 mujeres, la mayoría indígenas, como constituyentes para la redacción de la nueva constitución, mérito de “los movimientos y del aporte y la valentía de las mujeres indígenas”, indicó.
Situación similar experimentaron en Perú, donde hay una mujer indígena en el Congreso. Y destacó la lideresa indígena que en ambos casos “se está hablando de legislación, es lo que está posibilitando esto”.
Un ejemplo más es Venezuela, donde también se discuten sobre cuotas reservadas para los pueblos indígenas, y en este momento existen dos diputadas y una ministra.
En México, cuando se debate sobre la llegada de las mujeres a los congresos “volvemos a quedar en la última prioridad las mujeres indígenas”. Y en el proyecto de reforma del Estado “nos volvemos a desdibujar, incluso en las mesas de género se invisibilizan los derechos de mujeres indígenas debido a que somos un país con un profundo racismo, que no es de ahora”, mencionó Marta Sánchez, durante la videoconferencia.
“No sólo nos enfrentamos a los hombres en el poder y a los partidos políticos, también nos enfrentamos entre los movimientos de mujeres ¿Cuándo las mujeres que luchan por un espacio en el congreso van a aceptar que una indígena las represente?
Sin embargo, aseveró que las mujeres indígenas “no estamos luchando hacia una arista; seguimos construyendo diálogos, porque el ejercicio de los derechos traspasa muchos derechos individuales y muchas aspiraciones legítimas donde las mujeres indígenas en esta escala volvemos a quedar hasta el final”.
Para Marta Sánchez la participación política de las mujeres indígenas es “como esa forma de cultivar la fortaleza para construir conocimiento nuevo, para forjar opcionalmente y de manera libre nuevas identidades para poder provocar tres cosas: palabra, movimiento y acciones, para que en la participación política de las mujeres tengamos como objetivo llegar a los espacios de decisión en todo, desde el nivel local hasta el internacional”.
Para finalizar, la coordinadora de Alianza de Mujeres Indígenas de Centroamérica y México reconoció que se han abierto algunos espacios para la población indígena, “teníamos la incidencia para nombrar a nuestro representantes, pero tenía que ser una indígena que no perteneciera al movimiento; que primero sea priista o perredista y después piense como indígena. Es un doble lenguaje”, lamentó.
Ahora, recalcó, “tenemos un reto fuerte” entablar el diálogo con las indígenas del sur del continente, que están teniendo una presencia importante en los poderes de estas naciones. Así como replicar en el país los cursos de liderazgo para las jóvenes indígenas, que imparten el Foro Internacional de Mujeres Indígenas, la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI) y el Fondo de las Naciones Unidas para la Mujer (UNIFEM).
Por Guadalupe Cruz Jaimes
México DF, 4 junio 09 (CIMAC).- En México, a diferencia de otros países de América Latina, no existe un marco legislativo que facilite la llegada de mujeres indígenas al poder local y federal, debido al “profundo racismo” que “desdibuja” a esta población de los sitios de toma de decisiones.
Así lo refirió Marta Sánchez ayer, durante la tercera sesión del Seminario Interdisciplinario de Estudios de Género titulado Espacios de acción y resistencia de las mujeres indígenas migrantes, a través de una videoconferencia, transmitida desde El Colegio de la Frontera Norte, en Tijuana, Baja California.
“No hay un marco ni teórico, ni legislativo, sobre todo legislativo en el país para facilitar la llegada de mujeres indígenas al poder, sobre todo en los congresos locales y en el Congreso de la Unión”, aseguró la lideresa indígena, originaria de Guerrero, quien desde hace 15 años labora con las comunidades indígenas del sureste del país.
En 2008, dijo, el Foro Internacional de Mujeres Indígenas entregó un informe oficial sobre las condiciones en las que se desarrolla esta población, en el cual “México se desdibuja a la hora de hablar de participación política de las mujeres indígenas”.
A diferencia de otras naciones latinoamericanas, señala el documento, resultado de la aplicación de cuestionarios a mujeres indígenas de la región y organismos que abordan esta temática, “en nuestro país hay una dificultad fuerte, políticamente hablando, para que lleguen a los puestos las mujeres indígenas y las mujeres en general”.
“Y enmarcaría en esta problemática la enfermedad social, nacional, política: el racismo, una barrera estructural que las mujeres indígenas no hemos podido eliminar, pero sí hemos podido trastocar”, agregó.
Según el informe del Foro Internacional de Mujeres Indígenas, en países como Bolivia fueron electas 88 mujeres, la mayoría indígenas, como constituyentes para la redacción de la nueva constitución, mérito de “los movimientos y del aporte y la valentía de las mujeres indígenas”, indicó.
Situación similar experimentaron en Perú, donde hay una mujer indígena en el Congreso. Y destacó la lideresa indígena que en ambos casos “se está hablando de legislación, es lo que está posibilitando esto”.
Un ejemplo más es Venezuela, donde también se discuten sobre cuotas reservadas para los pueblos indígenas, y en este momento existen dos diputadas y una ministra.
En México, cuando se debate sobre la llegada de las mujeres a los congresos “volvemos a quedar en la última prioridad las mujeres indígenas”. Y en el proyecto de reforma del Estado “nos volvemos a desdibujar, incluso en las mesas de género se invisibilizan los derechos de mujeres indígenas debido a que somos un país con un profundo racismo, que no es de ahora”, mencionó Marta Sánchez, durante la videoconferencia.
“No sólo nos enfrentamos a los hombres en el poder y a los partidos políticos, también nos enfrentamos entre los movimientos de mujeres ¿Cuándo las mujeres que luchan por un espacio en el congreso van a aceptar que una indígena las represente?
Sin embargo, aseveró que las mujeres indígenas “no estamos luchando hacia una arista; seguimos construyendo diálogos, porque el ejercicio de los derechos traspasa muchos derechos individuales y muchas aspiraciones legítimas donde las mujeres indígenas en esta escala volvemos a quedar hasta el final”.
Para Marta Sánchez la participación política de las mujeres indígenas es “como esa forma de cultivar la fortaleza para construir conocimiento nuevo, para forjar opcionalmente y de manera libre nuevas identidades para poder provocar tres cosas: palabra, movimiento y acciones, para que en la participación política de las mujeres tengamos como objetivo llegar a los espacios de decisión en todo, desde el nivel local hasta el internacional”.
Para finalizar, la coordinadora de Alianza de Mujeres Indígenas de Centroamérica y México reconoció que se han abierto algunos espacios para la población indígena, “teníamos la incidencia para nombrar a nuestro representantes, pero tenía que ser una indígena que no perteneciera al movimiento; que primero sea priista o perredista y después piense como indígena. Es un doble lenguaje”, lamentó.
Ahora, recalcó, “tenemos un reto fuerte” entablar el diálogo con las indígenas del sur del continente, que están teniendo una presencia importante en los poderes de estas naciones. Así como replicar en el país los cursos de liderazgo para las jóvenes indígenas, que imparten el Foro Internacional de Mujeres Indígenas, la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI) y el Fondo de las Naciones Unidas para la Mujer (UNIFEM).
Las breves de Cimac......
BREVES DEL 4 DE JUNIO DE 2009
“Iniciativa Feminista” concurrirá a elecciones para el Parlamento europeo con 35 mujeres y 25 hombres. Observatorio de Salud Reproductiva promueve conservación de la salud de las mujeres guatemaltecas. Eliminan en Puerto Vallarta sanción por “vida sexual anormal” del Reglamento de Policía y Buen Gobierno de Jalisco. En proceso plagado de anomalías, sentencian a presunto asesino de periodista Roberto Mora. Presentación de “Yo soy huelguista y soy de la UNAM” en el Teatro del Pueblo…
“INICIATIVA FEMINISTA” CONCURRIRÁ A ELECCIONES EN EL PARLAMENTO EUROPEO CON 35 MUJERES Y 25 HOMBRES
Madrid, España.- Treinta y cinco mujeres y 25 hombres componen la lista de candidaturas de “Iniciativa Feminista” que, junto con la candidatura que Feministik Initiative presentada en Suecia, intentarán formar grupo en el Parlamento Europeo. La candidatura la encabeza Rosario Carracedo, abogada, militante feminista desde hace 30 años y actual coordinadora estatal de la Plataforma de Organizaciones de Mujeres por la Abolición de la Prostitución informó Ameco Press.
Es la segunda vez que en España un proyecto feminista concurrirá a las elecciones al Parlamento Europeo. Se trata de una formación política joven que ha tomado como modelo el proyecto puesto en marcha en Suecia en 2005, cuyo programa político incluye la eliminación de todo tipo de discriminación y violencia por razón de sexo y erradicar todas las desigualdades sociales que persisten superando un sistema ancestral de relaciones de género que mantiene al 50 por ciento de la humanidad en situaciones de profunda desigualdad y subordinación.
OBSERVATORIO DE SALUD REPRODUCTIVA PROMUEVE CONSERVACIÓN DE LA SALUD DE LAS MUJERES GUATEMALTECAS
Quiché, Guatemala.- El Observatorio de Salud Reproductiva (OSAR), del departamento de Quiché, organizó un foro con el objetivo de promocionar la importancia de la conservación de la salud de las mujeres, con la participación de representantes de organizaciones sociales y de instituciones del Estado, informó Cerigua.
Entre las panelistas estuvo la oficial de defensorías de la Procuraduría de Derechos Humanos (PDH) en Quiché, Aída López Cordero, quien desarrolló el tema de la salud y los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres, en tanto que Odilia Morales, de la Asociación Pro Bienestar de la Familia (Aprofam), se refirió a la planificación familiar, a la salud reproductiva y salud materno-neonatal en el departamento.
La oficial de la PDH consideró importante fomentar el abordaje del tema de la salud reproductiva y los derechos sexuales, para reducir los casos de muertes maternas y de violencia en contra de las mujeres, porque una de las principales razones de las defunciones es la falta de conocimiento, de promoción y de educación en la población.
ELIMINAN EN PUERTO VALLARTA SANCIÓN POR “VIDA SEXUAL ANORMAL” DEL REGLAMENTO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO DE JALISCO
México, DF.- La sanción a “las prácticas públicas que impliquen el desarrollo de una vida sexual anormal” era el contenido de la fracción XIV del artículo 40, referente a las faltas a la moral y buenas costumbres, del Reglamento de Policía y Buen Gobierno del Ayuntamiento de Puerto Vallarta, Jalisco, suprimida por unanimidad el pasado 30 de mayo en sesión de Cabildo, informó NotieSe.
Las medidas a tomar tras la reforma implican la sensibilización y capacitación de los integrantes de la policía municipal por parte del Consejo Nacional para Prevenir y Erradicar la Discriminación (Conapred), señaló Víctor Esíndola, candidato del Partido Socialdemócrata por el distrito de Puerto Vallarta, Jalisco.
Representa un “clima favorable a los derechos humanos de las personas de la diversidad sexual”, dijo Espíndola, sobre todo si se toma en cuenta que Puerto Vallarta es el “primer destino turístico de México al cual recurre la comunidad lésbico, gay, bisexual y transgénero (LGBT), y el segundo en Latinoamérica”. Ahora, “no hay pretexto para los elementos de la policía para hostigar a la comunidad LGBT en Puerto Vallarta”.
EN PROCESO PLAGADO DE ANOMALÍAS, SENTENCIAN A PRESUNTO ASESINO DE PERIODISTA ROBERTO MORA
México, DF.- Hiram Oliveros Ortiz, presunto copartícipe en el homicidio de Roberto Javier Mora García, director editorial del diario El Mañana, de Nuevo Laredo, Tamaulipas, al norte de México, fue sentenciado a 16 años de prisión por el juez Segundo Penal de Nuevo Laredo, José Alberto Ciprés Sánchez, informó Cepet.
El director editorial de El Mañana fue asesinado la madrugada del 19 de marzo de 2004, de 26 puñaladas, cuando llegaba a su departamento ubicado en la colonia Jardín. Una semana después, el 26 de marzo, la Procuraduría estatal detuvo al presunto asesino material, el estadounidense Mario Medina Vázquez, y a su presunto cómplice, el mexicano Hiram Oliveros, ambos vecinos del periodista.
Desde un inicio, las investigaciones estuvieron marcadas por irregularidades e inconsistencias, dice Cepet, ya que de manera irregular, durante los interrogatorios se registró la presencia de un visitador de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Tamaulipas y un supuesto abogado defensor que habrían sido usados para avalar procesalmente la confesión del crimen por parte de los indiciados, pero que nunca brindaron a los detenidos el apoyo al que estaban legalmente obligados ni se percataron de los golpes que presentaban sus defendidos.
Es importante establecer que la Procuraduría no indagó sobre el trabajo periodístico de la víctima, los temas relacionados con la corrupción policíaca y protección al narcotráfico sobre los que trabajaba en ese momento, ni llamó a todos los testigos que podían aportar información.
PRESENTACIÓN DE “YO SOY HUELGUISTA Y SOY DE LA UNAM” EN EL TEATRO DEL PUEBLO
Mexico, DF.- Este sábado 6 de junio se realizará la presentación del libro “Yo soy huelguista y soy de la UNAM”, análisis y reflexiones sobre el movimiento universitario de 1999-2000.
En el libro participan Yaim Waldo Moreno, Ma. Elena Vázquez Duarte, Tesiu R. Xelhuantzi, Argel Pineda Meléndez, Miguel Ramírez Zaragoza, Isabel Romero, José de la Rosa, Humberto laguna, Aurora Gutiérrez, Pavel Brito Carlos Montalvo.
La cita es este sábado 6 de junio a las 13 horas en el Teatro del Pueblo, ubicado en República de Venezuela No. 72, Col. Centro, Distrito Federal.
En el libro participan Yaim Waldo Moreno, Ma. Elena Vázquez Duarte, Tesiu R. Xelhuantzi, Argel Pineda Meléndez, Miguel Ramírez Zaragoza, Isabel Romero, José de la Rosa, Humberto laguna, Aurora Gutiérrez, Pavel Brito Carlos Montalvo.
La cita es este sábado 6 de junio a las 13 horas en el Teatro del Pueblo, ubicado en República de Venezuela No. 72, Col. Centro, Distrito Federal.
Periodistas pal café.......
México, que ya estaba bastante mal, es otro después de las visitas de Hillary Clinton y Barack Obama. Entre las sonrisas tatuadas de la secretaria de Estado y la visita de paso del presidente de Estados Unidos venía ya la clasificación de nuestro país como un ente en descomposición, al que los estrategas del poder vecino deberían meter mano para beneficio de sus debilitados, pero todavía definitorios intereses imperiales. Antes de esas apariciones augurales, las baterías intelectuales” de la Casa Blanca y el Pentágono habían esparcido la tesis de que México es un Estado fallido, colocándolo al nivel de Irak y Afganistán en cuanto a riesgos para la seguridad nacional de los gringos y expresando calculado asombro y “temor” ante el peligro que el narcotráfico significaría a sus puertas fronterizas y que habría llegado ya a ciudades importantes de aquella nación.
La crisis concentrada de México tuvo un desarrollo tempestuoso después de esas visitas aparentemente sin gran sentido. Calderón aceleró sus planes de establecer un estado de excepción en México, magnificando una realidad sanitaria para golpear el ánimo colectivo, disfrazar y ahondar los problemas económicos y, en especial, dictaminar una suerte de punto final de la política como mecanismo para resolver los diferendos de la sociedad. Apenas salidos los mexicanos del apocalipsis porcino inventado se toparon con la terrible realidad del catarrito carstense convertido en pulmonía y, enseguida, con el mayor endurecimiento de la actividad militar en asuntos de presunto combate al narcotráfico, llegando a un punto de rompimiento de los esquemas históricos de relaciones políticas entre los poderes federal y estatales y usando abiertamente los mecanismos coercitivos del Estado para proyectos electorales inmediatos (la toma de San Lázaro) y mediatos (la continuidad grupal de la ilegítima presidencia en 2012 o, de plano, la creación de condiciones que impidan la realización de comicios o que lleven a la sustitución o la complementación casi sustitutiva de lo civil por lo militar).
Sin más proyecto que la consolidación de la fuerza como relevo de lo político y con la vista puesta en la continuación del saqueo de la riqueza nacional sin opositores al frente (es decir, anulando desde la teledictadura a los disidentes legítimos y animando a los ciudadanos a expresar votos en blanco que le ayuden a depreciar la política y sus podridas instituciones actuales) el calderonismo es la pieza de caza perfecta para la potencia vecina que ayer, de un golpe, emplazó dos escopetas contra los húmedos y amargos pinos: protocolizó el nombramiento (que debe ser aprobado todavía por instancias legislativas) de un especialista pascual en estados fallidos y sociedades en conflicto como embajador intervencionista en México y anunció la creación de un Consejo Asesor de Seguridad de la Patria que con una veintena de funcionarios y expertos en seguridad nacional tratarán de asegurar “rigurosos procesos de control en los puertos de entrada” y evaluar “las consecuencias prácticas de la violencia fronteriza y la respuesta que se debe dar a las comunidades” gringas colindantes con México. Que nadie se diga engañado o ignorante del curso que las cosas han tomado y tomarán: la debilidad del calderonismo, y sus ambiciones económicas y políticas, están colocando al país en un nivel fascistoide que será aprovechado por la potencia vecina para delinear el futuro mexicano conforme a sus intereses, en una especie de protectorado no confeso cuyos costos de instalación están siendo disimulados entre fiebres porcinas intencionalmente exageradas, crisis económicas diseñadas para la corrupción compartida entre empresarios-políticos que se chuparán los préstamos previamente asignados y la militarización desbordada que pretende anular lo cívico, lo electoral y lo político.
La crisis concentrada de México tuvo un desarrollo tempestuoso después de esas visitas aparentemente sin gran sentido. Calderón aceleró sus planes de establecer un estado de excepción en México, magnificando una realidad sanitaria para golpear el ánimo colectivo, disfrazar y ahondar los problemas económicos y, en especial, dictaminar una suerte de punto final de la política como mecanismo para resolver los diferendos de la sociedad. Apenas salidos los mexicanos del apocalipsis porcino inventado se toparon con la terrible realidad del catarrito carstense convertido en pulmonía y, enseguida, con el mayor endurecimiento de la actividad militar en asuntos de presunto combate al narcotráfico, llegando a un punto de rompimiento de los esquemas históricos de relaciones políticas entre los poderes federal y estatales y usando abiertamente los mecanismos coercitivos del Estado para proyectos electorales inmediatos (la toma de San Lázaro) y mediatos (la continuidad grupal de la ilegítima presidencia en 2012 o, de plano, la creación de condiciones que impidan la realización de comicios o que lleven a la sustitución o la complementación casi sustitutiva de lo civil por lo militar).
Sin más proyecto que la consolidación de la fuerza como relevo de lo político y con la vista puesta en la continuación del saqueo de la riqueza nacional sin opositores al frente (es decir, anulando desde la teledictadura a los disidentes legítimos y animando a los ciudadanos a expresar votos en blanco que le ayuden a depreciar la política y sus podridas instituciones actuales) el calderonismo es la pieza de caza perfecta para la potencia vecina que ayer, de un golpe, emplazó dos escopetas contra los húmedos y amargos pinos: protocolizó el nombramiento (que debe ser aprobado todavía por instancias legislativas) de un especialista pascual en estados fallidos y sociedades en conflicto como embajador intervencionista en México y anunció la creación de un Consejo Asesor de Seguridad de la Patria que con una veintena de funcionarios y expertos en seguridad nacional tratarán de asegurar “rigurosos procesos de control en los puertos de entrada” y evaluar “las consecuencias prácticas de la violencia fronteriza y la respuesta que se debe dar a las comunidades” gringas colindantes con México. Que nadie se diga engañado o ignorante del curso que las cosas han tomado y tomarán: la debilidad del calderonismo, y sus ambiciones económicas y políticas, están colocando al país en un nivel fascistoide que será aprovechado por la potencia vecina para delinear el futuro mexicano conforme a sus intereses, en una especie de protectorado no confeso cuyos costos de instalación están siendo disimulados entre fiebres porcinas intencionalmente exageradas, crisis económicas diseñadas para la corrupción compartida entre empresarios-políticos que se chuparán los préstamos previamente asignados y la militarización desbordada que pretende anular lo cívico, lo electoral y lo político.
quién va a asumir la responsabilidad de los millones de pesos invertidos –y perdidos– en la campaña de publicidad de los bonos nonatos (no nacidos, no natus)? Muy quitado de la pena, el director general de Pemex, Jesús Reyes Heroles, confirmó ayer lo que comenté en este espacio: definitivamente no serán emitidos dada la enorme turbulencia económica y financiera, al menos en 2009. Cuando lanzó la campaña de publicidad ya había signos de que venía un agudo periodo de inestabilidad, aunque se negaban a admitirlo. Querían hacernos creer que los ciudadanos mexicanos participarían de las ganancias petroleras si daban su aval a la entrega de Pemex al extranjero. En realidad ya habían hecho arreglos para que fueran manejados en la Bolsa de Valores. Lo más probable es que los bonos de 100 pesos –devaluados antes de nacer– no aparezcan en lo que resta del sexenio. Gastaron muchos millones en algo que no existía. ¿Van a descontarle algo de sus enormes ingresos al señor Reyes Heroles? No es lo mismo amañar encuestas electorales que administrar la compañía petrolera nacional.
Vendedores estrella
El karma suele ser canijo, pero intravenoso. Diez empleados de una pequeña compañía distribuidora de equipo eléctrico, ubicada en las cercanías de París, recibieron como premio un viaje a Río de Janeiro por ser los mejores vendedores. Tenían meses compitiendo por dar los mejores resultados a su empresa. Todos, y sus respectivas esposas, viajaban en el vuelo de Air France que cayó en las heladas aguas del Atlántico.
Capufe, el rescate carretero
Creada como organismo descentralizado, Caminos y Puentes Federales cumplió 50 años de vida con muchos baches. Juan Molinar Horcasitas envió al director general de Desarrollo Carretero, José San Martín Romero, a la celebración que tuvo lugar en Cuernavaca. Un capítulo negro de su historia lo constituye el rescate de autopistas concesionadas al sector privado, que dio nacimiento a la red FARAC. Salinas de Gortari las repartió entre sus amigos y Zedillo tuvo que sacarlas del hoyo, a muy alto costo. Primero destinaron 100 mil millones de pesos, no fueron suficientes; al final del sexenio del presidente que nunca traía cash, la cifra se había duplicado, luego se perdió la huella. El salvamento está siendo pagado con dinero de los contribuyentes. Los políticos aprendieron muy bien la lección. ¿Ya no las volverán a concesionar? No, al contrario, varios caminos están en proceso de licitación. Resulta buen negocio que quiebren.
Vendedores estrella
El karma suele ser canijo, pero intravenoso. Diez empleados de una pequeña compañía distribuidora de equipo eléctrico, ubicada en las cercanías de París, recibieron como premio un viaje a Río de Janeiro por ser los mejores vendedores. Tenían meses compitiendo por dar los mejores resultados a su empresa. Todos, y sus respectivas esposas, viajaban en el vuelo de Air France que cayó en las heladas aguas del Atlántico.
Capufe, el rescate carretero
Creada como organismo descentralizado, Caminos y Puentes Federales cumplió 50 años de vida con muchos baches. Juan Molinar Horcasitas envió al director general de Desarrollo Carretero, José San Martín Romero, a la celebración que tuvo lugar en Cuernavaca. Un capítulo negro de su historia lo constituye el rescate de autopistas concesionadas al sector privado, que dio nacimiento a la red FARAC. Salinas de Gortari las repartió entre sus amigos y Zedillo tuvo que sacarlas del hoyo, a muy alto costo. Primero destinaron 100 mil millones de pesos, no fueron suficientes; al final del sexenio del presidente que nunca traía cash, la cifra se había duplicado, luego se perdió la huella. El salvamento está siendo pagado con dinero de los contribuyentes. Los políticos aprendieron muy bien la lección. ¿Ya no las volverán a concesionar? No, al contrario, varios caminos están en proceso de licitación. Resulta buen negocio que quiebren.
Habiendo postulado la hipótesis sobre la superburbuja de expansión del crédito, que se habría acelerado a partir de 1980 y se habría desinflado después del estallido de la burbuja hipotecaria, lo cual analicé en la entrega del 29/05/09, Soros aborda otros temas en el libro The Crash of 2008 and What it Means (segunda edición ampliada, Nueva York, 2009) que vengo examinando; entre ellos: una historia financiera-económica vista desde su perspectiva de especulador exitoso; en tiempo real, analiza las finanzas entre el primero de enero y el 23 de marzo de 2008 (cuando envió la primera edición del libro a la imprenta); escribiendo ya en 2009 (segunda edición enviada a la imprenta en abril de 2009) analiza la recesión; esboza un programa de recuperación económica; y termina analizando las perspectivas para 2009 y el destino de su nuevo paradigma (de la reflexividad). Hoy comento el programa de recuperación económica (pp. 171-191).
El estallido de burbujas, dice, causa contracción del crédito, deflación y destrucción catastrófica de riqueza, el peso de la deuda acumulada puede hundir al sistema bancario y empujar la economía a la depresión (en la gráfica se muestra la estrepitosa caída de la formación bruta de capital fijo estimada entre 2008 y 2009 por el FMI). Para evitarlo se requieren medidas heterodoxas y radicales de política, pues la única manera de escapar de la deflación y la recesión globales es induciendo su opuesto: la inflación, y luego reduciéndola. El paquete de recuperación comprende cinco elementos: estímulos fiscales; re-estructuración radical del sistema hipotecario; recapitalización (y reforma) del sistema bancario; innovativa política energética; y reforma del sistema financiero internacional. Abordo sólo algunos de ellos. Sobre el primer punto, dice que el paquete fiscal se encuentra ya bien avanzado.
Se requiere un cambio sistémico en el sistema hipotecario, mismo que las condiciones actuales hacen necesario y posible. Reitera que la causa de la crisis hipotecaria de EU radica en la posibilidad que tiene quien otorga el crédito de trasladar totalmente el riesgo (riesgo moral), con lo cual predomina la motivación de maximizar el cobro de comisiones. Propone que se adopte el sistema danés en el cual el acreedor original retiene el riesgo crediticio sobre el principal y los tenedores de bonos hipotecarios sólo asumen el riesgo sobre los intereses.
El estallido de burbujas, dice, causa contracción del crédito, deflación y destrucción catastrófica de riqueza, el peso de la deuda acumulada puede hundir al sistema bancario y empujar la economía a la depresión (en la gráfica se muestra la estrepitosa caída de la formación bruta de capital fijo estimada entre 2008 y 2009 por el FMI). Para evitarlo se requieren medidas heterodoxas y radicales de política, pues la única manera de escapar de la deflación y la recesión globales es induciendo su opuesto: la inflación, y luego reduciéndola. El paquete de recuperación comprende cinco elementos: estímulos fiscales; re-estructuración radical del sistema hipotecario; recapitalización (y reforma) del sistema bancario; innovativa política energética; y reforma del sistema financiero internacional. Abordo sólo algunos de ellos. Sobre el primer punto, dice que el paquete fiscal se encuentra ya bien avanzado.
Se requiere un cambio sistémico en el sistema hipotecario, mismo que las condiciones actuales hacen necesario y posible. Reitera que la causa de la crisis hipotecaria de EU radica en la posibilidad que tiene quien otorga el crédito de trasladar totalmente el riesgo (riesgo moral), con lo cual predomina la motivación de maximizar el cobro de comisiones. Propone que se adopte el sistema danés en el cual el acreedor original retiene el riesgo crediticio sobre el principal y los tenedores de bonos hipotecarios sólo asumen el riesgo sobre los intereses.
Un mes atrás el secretario de Hacienda se quejó amargamente con los diputados y senadores porque, dijo, las finanzas nacionales reportarán un boquete” de 300 mil millones de pesos en 2009, y que la circunstancia es tan drástica que “ya no hay más recursos para implementar nuevos programas para enfrentar la crisis”. Pero eso no fue todo, ya que adelantó que en 2010 la “la situación será más complicada”, de allí que la “solución” al problema, en su muy fondomonetarista entender, sólo tendría de tres sopas: mayor endeudamiento, recorte al gasto público o más impuestos para los de siempre.
Qué dolor, qué pena, pero resulta que el “boquete” financiero podría entenderse como una vil maniobra del gobierno calderonista, como antes del foxista, no sólo para inyectar en la sociedad más miedo del existente, sino para tapar una de las prácticas más oscuras de la administración pública federal, filosóficamente sustentada en aquel viejo juego de “dónde quedó la bolita”, o lo que es lo mismo, el indiscriminado uso de fideicomisos privados con recursos públicos, totalmente alejados de la supervisión del Legislativo, y demás trucos de esa naturaleza para esconder los dineros públicos (en un país urgido de inversión productiva y, consecuentemente, de generación de empleo) y “alejarlos” del gasto público.
Lo anterior, con base en la denuncia que ayer hizo pública el auditor Superior de la Federación, Arturo González de Aragón: “a finales del 2007 se detectaron aproximadamente 120 mil millones de pesos provenientes de subejercicios (presupuestales) en 28 transferencias, las cuales fueron trasladadas a cuentas dentro de la Tesorería de la Federación y transferidos a distintos fideicomisos, fondos, mandatos, cuentas y contratos análogos... La ASF detectó esa cantidad; había dinero disponible, y al haber esa disponibilidad, producto de subejercicios, se tomó la decisión de transferir los recursos a fideicomisos, mandatos y contratos análogos” y “sacarlos” de circulación o destinarlos a otros fines.
Qué dolor, qué pena, pero resulta que el “boquete” financiero podría entenderse como una vil maniobra del gobierno calderonista, como antes del foxista, no sólo para inyectar en la sociedad más miedo del existente, sino para tapar una de las prácticas más oscuras de la administración pública federal, filosóficamente sustentada en aquel viejo juego de “dónde quedó la bolita”, o lo que es lo mismo, el indiscriminado uso de fideicomisos privados con recursos públicos, totalmente alejados de la supervisión del Legislativo, y demás trucos de esa naturaleza para esconder los dineros públicos (en un país urgido de inversión productiva y, consecuentemente, de generación de empleo) y “alejarlos” del gasto público.
Lo anterior, con base en la denuncia que ayer hizo pública el auditor Superior de la Federación, Arturo González de Aragón: “a finales del 2007 se detectaron aproximadamente 120 mil millones de pesos provenientes de subejercicios (presupuestales) en 28 transferencias, las cuales fueron trasladadas a cuentas dentro de la Tesorería de la Federación y transferidos a distintos fideicomisos, fondos, mandatos, cuentas y contratos análogos... La ASF detectó esa cantidad; había dinero disponible, y al haber esa disponibilidad, producto de subejercicios, se tomó la decisión de transferir los recursos a fideicomisos, mandatos y contratos análogos” y “sacarlos” de circulación o destinarlos a otros fines.
Antes lo fue el estado de México, luego Jalisco. Ahora es Chiapas la entidad escogida por Televisa para grabar sus telenovelas. Así, con la misa acostumbrada para que tenga un alto rating, se realiza Pasión morena, en la que abunda “el drama, la emoción y el amor”, y un mensaje “ecologista” que define el actor Víctor González, protagonista masculino de la historia. Y es que Víctor trabaja en un aserradero. Asegura que en Chiapas ya no hay jaguares y “realmente se acabaron los árboles y la selva, porque hay mucha tala ilegal. Mi personaje trabaja en un aserradero y trata de demostrar que sí se puede cortar árboles, mientras sigas las reglas del juego”. El actor no aclaró si esas reglas las fijan los talamontes, como en todo el país.
Una segunda telenovela con sello chiapaneco se topó con la Iglesia, la que administra los templos católicos de San Cristóbal de las Casas. Los de las vírgenes del Carmen y de las Mercedes, así como el edificio de la curia diocesana, serían escenarios para Mi pecado, dramón con el sello de Juan Osorio. Pero el obispo de la ciudad, Luis Felipe Arizmendi, negó el permiso porque al leer el guión de Mi pecado encontró “una trama de infidelidades matrimoniales y de intrigas entre unos y otros. De triángulos amorosos, de relaciones inconvenientes”. Agregó que “a Televisa lo que le interesa es vender, el dinero, no evangelizar”. Puede ser que el obispo se haya dejado llevar por el personaje central de la telenovela, a cargo del actor Eugenio Siller, y a quien en la historia desde pequeño le dicen El Chamuco, pues por circunstancias de la vida pasan desgracias a su alrededor. Y eso que, aclara Siller, Mi pecado “presenta una relación llena de pasión e intriga, todo es muy al estilo Shakespeare: es una comparación muy fuerte, me atrevería a decir que es como Romeo y Julieta, pero muy mexicana”. Este pecado se estrena por el canal de las estrellas el lunes próximo.
Y hablando de la televisión, se supo que ni Televisa ni Tv Azteca, y menos el nuevo sistema Dish (de Telmex y Multivisión) se interesan en contratar a Palín. Se trata del payaso que utilizaba en las misas el sacerdote Rafael Muñiz para atraer niños a la liturgia en la iglesia de San Pedro Apóstol, en Jalapa, donde oficiaba el ahora detenido por las autoridades acusado, junto con su hermano, de participar en una red de distribución de pornografía infantil. Se pensó que a Palín le armarían un programa especial para animar la barra infantil, tan de capa caída desde que nos abandonaron para siempre los tíos Gamboín y Herminio, y desde que Chabuelo cumplió sus primeros 60 años como niño. Mientras, el clero de Jalapa, encabezado por su obispo, llevará hasta sus últimas consecuencias la lucha por liberar al padre Muñiz, al que algunos feligreses consideran un mártir.
Una segunda telenovela con sello chiapaneco se topó con la Iglesia, la que administra los templos católicos de San Cristóbal de las Casas. Los de las vírgenes del Carmen y de las Mercedes, así como el edificio de la curia diocesana, serían escenarios para Mi pecado, dramón con el sello de Juan Osorio. Pero el obispo de la ciudad, Luis Felipe Arizmendi, negó el permiso porque al leer el guión de Mi pecado encontró “una trama de infidelidades matrimoniales y de intrigas entre unos y otros. De triángulos amorosos, de relaciones inconvenientes”. Agregó que “a Televisa lo que le interesa es vender, el dinero, no evangelizar”. Puede ser que el obispo se haya dejado llevar por el personaje central de la telenovela, a cargo del actor Eugenio Siller, y a quien en la historia desde pequeño le dicen El Chamuco, pues por circunstancias de la vida pasan desgracias a su alrededor. Y eso que, aclara Siller, Mi pecado “presenta una relación llena de pasión e intriga, todo es muy al estilo Shakespeare: es una comparación muy fuerte, me atrevería a decir que es como Romeo y Julieta, pero muy mexicana”. Este pecado se estrena por el canal de las estrellas el lunes próximo.
Y hablando de la televisión, se supo que ni Televisa ni Tv Azteca, y menos el nuevo sistema Dish (de Telmex y Multivisión) se interesan en contratar a Palín. Se trata del payaso que utilizaba en las misas el sacerdote Rafael Muñiz para atraer niños a la liturgia en la iglesia de San Pedro Apóstol, en Jalapa, donde oficiaba el ahora detenido por las autoridades acusado, junto con su hermano, de participar en una red de distribución de pornografía infantil. Se pensó que a Palín le armarían un programa especial para animar la barra infantil, tan de capa caída desde que nos abandonaron para siempre los tíos Gamboín y Herminio, y desde que Chabuelo cumplió sus primeros 60 años como niño. Mientras, el clero de Jalapa, encabezado por su obispo, llevará hasta sus últimas consecuencias la lucha por liberar al padre Muñiz, al que algunos feligreses consideran un mártir.
EU y el Islam: gestos de distensión
Ayer en El Cairo, el presidente estadunidense, Barack Obama, pronunció un discurso histórico, orientado a la reconciliación entre su país y el mundo islámico, y fue al grano: empezó por reconocer la gran tensión que existe entre ambas partes como consecuencia de la política belicista, criminal e ilegal implantada en los ocho años de gobierno de su predecesor, George W. Bush, que incluyó el arrasamiento y la ocupación de dos naciones predominantemente musulmanas –Afganistán e Irak–, el apoyo a las expresiones políticas más retrógadas y antidemocráticas del mundo árabe, y la tolerancia y hasta el respaldo a las políticas genocidas y depredadoras de Israel en los territorios palestinos. Esa política tuvo como soporte ideológico el discurso racista y supremacista del que salieron las nociones falsas del choque de civilizaciones y de un inexistente islamofascismo, entre otras, por más que los neoconservadores del gobierno de Bush y sus simpatizantes nunca hayan reconocido de manera abierta que se habían embarcado, literalmente, en una cruzada –es decir, en una agresión procedente del Occidente cristiano contra el oriente islámico–, y hayan tratado de disimular su desprecio, por mera política pragmática, hacia los pueblos árabes.
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El Correo Ilustrado
Precisiones de Carlos Monsiváis
La tarea de un redactor de balazos, los complementos de las cabezas en las notas, exige espíritu de síntesis y sentido del humor, lo que suelo encontrar en las páginas culturales de este diario. Sin embargo, y para mi desdicha, no sucedió así con el balazo de la nota sobre las exposiciones del artista Vicente Rojo en el Centro Cultural Estación Indianilla, dirigido con entusiasmo y acierto por Isaac Masri (4 de junio). Según este balazo, yo dije: Desde hace décadas el artista es indispensable por su modestia, algo notoriamente inadmisible y absurdo. En la nota de Yanet Aguilar Sosa (El Universal, 4 de junio) está lo que sí dije: Vicente Rojo ha sido esencial (en la tarea cultural) desde hace décadas y su humildad, que no su modestia, le han permitido ser indispensable sin que este término se le venga encima y lo sepulte. Y señalé algunos de los campos en donde su creatividad y su generosidad han sido muy importantes: la pintura, el diseño gráfico, el arte de vanguardia, el impulso a otros pintores y otros intelectuales... Situar a un creador como indispensable por su modestia es abracadabrante (hace mucho que no usaba esta palabra), lo que sabe muy bien La Jornada, donde la colaboración de Rojo ha sido fundamental desde el primer número, hace 25 años.
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Precisiones de Carlos Monsiváis
La tarea de un redactor de balazos, los complementos de las cabezas en las notas, exige espíritu de síntesis y sentido del humor, lo que suelo encontrar en las páginas culturales de este diario. Sin embargo, y para mi desdicha, no sucedió así con el balazo de la nota sobre las exposiciones del artista Vicente Rojo en el Centro Cultural Estación Indianilla, dirigido con entusiasmo y acierto por Isaac Masri (4 de junio). Según este balazo, yo dije: Desde hace décadas el artista es indispensable por su modestia, algo notoriamente inadmisible y absurdo. En la nota de Yanet Aguilar Sosa (El Universal, 4 de junio) está lo que sí dije: Vicente Rojo ha sido esencial (en la tarea cultural) desde hace décadas y su humildad, que no su modestia, le han permitido ser indispensable sin que este término se le venga encima y lo sepulte. Y señalé algunos de los campos en donde su creatividad y su generosidad han sido muy importantes: la pintura, el diseño gráfico, el arte de vanguardia, el impulso a otros pintores y otros intelectuales... Situar a un creador como indispensable por su modestia es abracadabrante (hace mucho que no usaba esta palabra), lo que sabe muy bien La Jornada, donde la colaboración de Rojo ha sido fundamental desde el primer número, hace 25 años.
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Es un hecho que en México estamos viviendo la reacción de frustración de los grupos contra el aborto frente al derecho a decidir que están ejerciendo las mujeres de la ciudad de México, aunque por fortuna no han pasado más allá de cambiar 13 constituciones estatales comprando a diputados del PRIAN y persigiendo a médicos y mujeres que se han practicado abortos. Ante estos retrocesos, una organización de derechos sexuales y reproductivos, Balance, empezará a instrumentar una estrategia llamada MARIA, para garantizar la maternidad voluntaria, ayudando a las mujeres de esas entidades para que puedan acudir a los hospitales de la capital a interrumpir un embarazo de manera segura y legal. Alerta, amigas de todo el país.
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Las decisiones políticas tienen también repercusiones económicas y el gobierno panista de facto de Felipe Calderón parece ignorarlo.
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La actual crisis económica, por su profundidad y su carácter sistémico, parece llamada a modificar las características y el lugar que ocupan en el mundo los más diversos actores, desde la clase poseedora del capital y sus referentes estatales nacionales, hasta los propios trabajadores y sus organizaciones sindicales. Algunos hechos relevantes ocurridos en las últimas semanas pueden indicar rumbos que confirman tendencias de larga duración en la relación entre trabajo y capital.
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Jaime Martínez Veloz: EZLN: el fantasma del 9 de febrero de 1995
Cuando las cosas no les salen bien a los gobiernos, éstos recurren al manualito del escándalo y al show mediático del discurso justiciero, para apuntalar sus deslavadas figuras como gobernantes y reposicionarse públicamente ante el respetable.
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Cuando las cosas no les salen bien a los gobiernos, éstos recurren al manualito del escándalo y al show mediático del discurso justiciero, para apuntalar sus deslavadas figuras como gobernantes y reposicionarse públicamente ante el respetable.
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José Luis González Chagoyán, José Luis, como cariñosamente lo llamábamos sus amigos, quien fue pionero del sicoanálisis en México y líder indiscutible de la especialidad en sicoterapia de grupo, dejó de existir el martes de la semana pasada a los 93 años de fructífera vida.
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Porfirio Muñoz Ledo
Ciclo histórico
La toma de posesión de Mauricio Funes cerró un ciclo prolongado de transición hacia la democracia en El Salvador. Fue sin duda una victoria histórica y moral de la izquierda y una derrota política de la derecha. Lejos se encuentran todavía de remontar los estragos económicos del periodo neoliberal, casi tan desastrosos como en México.
Finalmente se cumplieron los acuerdos “para una paz justa y duradera” signados en el Castillo de Chapultepec en enero de 1992. Éstos no pretendían sólo cancelar la guerra civil y emprender la reconstrucción económica y social. Instauraban la vía electoral para dirimir la contienda y suponían el triunfo de cualquiera de los bandos. A diferencia de lo ocurrido aquí durante 20 años, la izquierda no fue excluida por métodos fraudulentos del ejercicio del poder. Quedó atrás la “democracia hemipléjica”, que sólo puede voltear hacia la derecha. Fue obra de la organización, la paciencia y la determinación. También de la auténtica civilidad.
Como había presagiado el nuevo mandatario, llegaría el momento en que “un presidente conservador entregara la banda a un presidente socialista”. La dura reacción sabía que la falsificación del sufragio, por cualquier procedimiento, implicaría el retorno a la violencia. Así se lo hizo saber al gobierno la dirigencia del FMLN, de modo inapelable, el día de los comicios.
El mensaje de inauguración fue categórico en la denuncia de los errores del pasado y el fin de la impunidad. Prometedor en las medidas correctivas de la crisis, con acento en la política social y la atención a los pobres. Moderado en los referentes ideológicos con que busca ubicarse en la cartografía política del continente.
Los mayores elogios para los presidentes Obama y Lula da Silva. Fuentes de “inspiración política” y presumiblemente de soporte económico, que lo deslindan de las corrientes más radicales de la región. El contrapunto obligado: la reanudación de relaciones con Cuba el día mismo de su arribo al poder.
La más grata sorpresa: la incorporación esperanzada de los jóvenes a la lucha cívica, muchos de los cuales no habían nacido en los años del fragor bélico. La noticia más triste: la continua referencia a Sudamérica y Centroamérica —con exclusión explícita de México, tanto como la deslucida presencia de su gobierno, repudiada por los militantes.
Cómo no recordar el papel jugado por nuestra diplomacia en la pacificación del istmo. Cuando las hostilidades estallaron en 1980 presentamos ante la ONU —pese a resistencias internas— la primera resolución sobre violaciones a los derechos humanos en El Salvador. Al año siguiente suscribíamos el comunicado franco-mexicano, por el que pedíamos reconocer a los rebeldes como “fuerzas políticas representativas”. Creamos, junto con Colombia, Panamá y Venezuela, el Grupo Contadora, dirigido a detener la intervención de EU y terminar los conflictos armados en El Salvador, Nicaragua y Guatemala. También para promover la democratización, afianzar la seguridad regional, restaurar el desarrollo económico y establecer vínculos institucionales de cooperación.
Ese esfuerzo —ampliado por los países “amigos” que luego se sumaron— cumplió un trayecto memorable con respaldo unánime de la comunidad internacional. Más tarde se convertiría en Grupo de Río, el esquema integrador —nunca consumado— de las democracias nacientes a una plataforma política latinoamericana.
Hoy se nos mira en el rincón de la historia y en el limbo de la geografía. Nuestro pecado mayor: el abandono de una transición necesaria y la consecuente ilegitimidad de los gobernantes. La ruptura de los pactos democráticos y su reemplazo por las complicidades oligárquicas.
En el trasfondo: la clausura de la identidad nacional por las élites y el extravío de los intereses trascendentes del país. La negación de la vía pacífica para el cambio puede empujarnos al abismo. Estamos frente a la última oportunidad para devolver constitucionalmente el poder al pueblo soberano.
Ex embajador de México ante la Unión Europea
Finalmente se cumplieron los acuerdos “para una paz justa y duradera” signados en el Castillo de Chapultepec en enero de 1992. Éstos no pretendían sólo cancelar la guerra civil y emprender la reconstrucción económica y social. Instauraban la vía electoral para dirimir la contienda y suponían el triunfo de cualquiera de los bandos. A diferencia de lo ocurrido aquí durante 20 años, la izquierda no fue excluida por métodos fraudulentos del ejercicio del poder. Quedó atrás la “democracia hemipléjica”, que sólo puede voltear hacia la derecha. Fue obra de la organización, la paciencia y la determinación. También de la auténtica civilidad.
Como había presagiado el nuevo mandatario, llegaría el momento en que “un presidente conservador entregara la banda a un presidente socialista”. La dura reacción sabía que la falsificación del sufragio, por cualquier procedimiento, implicaría el retorno a la violencia. Así se lo hizo saber al gobierno la dirigencia del FMLN, de modo inapelable, el día de los comicios.
El mensaje de inauguración fue categórico en la denuncia de los errores del pasado y el fin de la impunidad. Prometedor en las medidas correctivas de la crisis, con acento en la política social y la atención a los pobres. Moderado en los referentes ideológicos con que busca ubicarse en la cartografía política del continente.
Los mayores elogios para los presidentes Obama y Lula da Silva. Fuentes de “inspiración política” y presumiblemente de soporte económico, que lo deslindan de las corrientes más radicales de la región. El contrapunto obligado: la reanudación de relaciones con Cuba el día mismo de su arribo al poder.
La más grata sorpresa: la incorporación esperanzada de los jóvenes a la lucha cívica, muchos de los cuales no habían nacido en los años del fragor bélico. La noticia más triste: la continua referencia a Sudamérica y Centroamérica —con exclusión explícita de México, tanto como la deslucida presencia de su gobierno, repudiada por los militantes.
Cómo no recordar el papel jugado por nuestra diplomacia en la pacificación del istmo. Cuando las hostilidades estallaron en 1980 presentamos ante la ONU —pese a resistencias internas— la primera resolución sobre violaciones a los derechos humanos en El Salvador. Al año siguiente suscribíamos el comunicado franco-mexicano, por el que pedíamos reconocer a los rebeldes como “fuerzas políticas representativas”. Creamos, junto con Colombia, Panamá y Venezuela, el Grupo Contadora, dirigido a detener la intervención de EU y terminar los conflictos armados en El Salvador, Nicaragua y Guatemala. También para promover la democratización, afianzar la seguridad regional, restaurar el desarrollo económico y establecer vínculos institucionales de cooperación.
Ese esfuerzo —ampliado por los países “amigos” que luego se sumaron— cumplió un trayecto memorable con respaldo unánime de la comunidad internacional. Más tarde se convertiría en Grupo de Río, el esquema integrador —nunca consumado— de las democracias nacientes a una plataforma política latinoamericana.
Hoy se nos mira en el rincón de la historia y en el limbo de la geografía. Nuestro pecado mayor: el abandono de una transición necesaria y la consecuente ilegitimidad de los gobernantes. La ruptura de los pactos democráticos y su reemplazo por las complicidades oligárquicas.
En el trasfondo: la clausura de la identidad nacional por las élites y el extravío de los intereses trascendentes del país. La negación de la vía pacífica para el cambio puede empujarnos al abismo. Estamos frente a la última oportunidad para devolver constitucionalmente el poder al pueblo soberano.
Ex embajador de México ante la Unión Europea
Horizonte político
José A. Crespo
PAN y PRI: contraste democrático
Viene un debate entre los dirigentes nacionales del PAN y del PRI, en el cual seguramente lloverán nuevas y viejas descalificaciones. En la confrontación entre los dos principales punteros de la elección federal, el primero busca recordar el pasado autoritario del segundo, para alejarle votantes que quizás hayan decidido volver a sufragar por él (al considerarlo más capaz en las lides de gobierno de lo que resultó el PAN). Las encuestas siguen poniendo al PRI por encima, pese a todo. Y es cierto, el PRI llegó a representar todo aquello que asociamos con el autoritarismo: fraudes, corrupción, censura, represión e impunidad. Cuando uno recuerda que el PAN en el gobierno no ha sido radicalmente distinto del PRI, algunos panistas mencionan que no hay comparación entre el daño político provocado por el tricolor con respecto al que se le pueda adjudicar al PAN. Lo que me lleva a pensar que, quizá, eso se deba a que estamos evaluando los 70 años de régimen priísta frente a sólo nueve de gobiernos panistas. Pero, de quedarse el PAN setenta años consecutivos como lo hizo el PRI, quién sabe cómo resultaría el balance del blanquiazul.
Y si bien es más cómodo hacer una evaluación general de los gobiernos en cuestión (meter a todos los del PRI en una misma bolsa), la verdad es que también hubo diferencias entre unos y otros. Los perredistas lo saben bien y lo destacan en lo posible, pues su modelo favorito es el nacionalismo revolucionario que prevaleció antes de ser relegado por los tecnócratas del PRI. Los calderonistas también buscan la diferenciación, cuando así conviene; dicen, por ejemplo, que su guerra contra el narcotráfico es novedosa, para lo cual advierten las “omisiones” del gobierno de Vicente Fox. En esa misma lógica, ¿qué pasaría si hiciéramos una evaluación de contraste entre, por ejemplo, el último gobierno del PRI y el primero del PAN? ¿Cuál de los dos resultaría más democrático?
Me parece que quedaría bastante mejor parado el gobierno de Ernesto Zedillo que el de Fox. ¿Razones? Zedillo recibió un país agitado políticamente, lo que detonó la mayor crisis económica que se hubiera experimentado en décadas. Eso llevó a Zedillo a la conclusión de que, para evitar nuevos quiebres políticos o económicos, no quedaba sino una genuina apertura política, no simulada o cosmética como las de sus antecesores. Convocó a un pacto democrático con todos los partidos (los llamados “acuerdos de Barcelona”). El IFE obtuvo autonomía (con respecto al gobierno) y consenso partidario y alcanzó una enorme credibilidad. Hubo una nueva ley electoral que nos llevó a la plena competitividad. Se aceptaron triunfos del sol azteca en la capital y Zacatecas, así como otros del PAN en Yucatán, Jalisco y Querétaro. Zedillo admitió la derrota del PRI en la Cámara baja en 1997. Y, en 2000, la alternancia pacífica tuvo lugar por primera vez en nuestra historia.
En ese sexenio se avanzó de forma decisiva en la democratización, la cual, sin embargo, no estaba ni de lejos concluida, sino que requería consolidarse. Tarea encomendada a Fox con el claro voto que lo llevó a Los Pinos. Pero Fox muy pronto decidió echar reversa en la democratización, en lugar de “meter segunda”. No llamó a cuentas a ningún corrupto de los gobiernos priistas, sino que les extendió carta de impunidad. Después, habiendo identificado como enemigo (más que como adversario) al PRD y su seguro candidato presidencial, utilizó al Estado con fines político-electorales y violó así una regla primordial de la democracia; usó políticamente a la PGR durante los episodios de los videoescándalos y del “desafuero” a Andrés López Obrador (por una nimiedad, mientras se soslayaban faltas mucho mayores cometidas por políticos panistas o priistas). El PRI decidió excluir al PRD de la conformación del IFE en 2003, sin que el PAN (o el gobierno) lo evitaran, habiendo podido hacerlo, lo que implicó un duro golpe a la fortaleza y credibilidad del Instituto. Fox “metió las manos” en la elección presidencial, pese a haber exigido seis años antes a Zedillo que no lo hiciera, y aceptó la alianza corporativa y mapacheril de Elba Esther Gordillo, que heredó Felipe Calderón. La democracia electoral, en general, sufrió grave retroceso. Compárese la claridad y el consenso electoral de 2000, el del último gobierno priista, con el opaco, incierto y cuestionado proceso de 2006, bajo el primer gobierno panista.
El contraste exige también comparar el país que recibió Fox con el que entregó: recogió un país entusiasmado, unido en torno al avance político, con un acuerdo democrático hasta entonces respetado y un sistema electoral confiable y prestigiado. Entregó un país dividido, confrontado, desencantado, un sistema electoral cuestionado y desacreditado, la impunidad fortalecida y el pacto democrático violentado. ¿Cuál resultó ser más democrático: el último gobierno del PRI o el primero del PAN? ¿Cuál impulsó la democracia y cuál la relegó? Las encuestas de Gobernación, desde 2001, reflejan justamente una caída gradual en la confianza en nuestras instituciones políticas, misma que se había incrementado a raíz de la alternancia. ¿Por qué será?
Muestrario. El presidente del IFE, Leonardo Valdés, con miras a promover el voto, asocia a éste con la batalla contra el crimen organizado, al declarar que, “si los mexicanos participamos en el proceso electoral… estaremos haciendo una aportación para combatir la delincuencia organizada” (2/VI/09). Más allá de que estemos o no de acuerdo con ello (yo esencialmente sí lo estoy y en parte por eso concurriré a las urnas), resulta que ese es el eje de la campaña del PAN, en consonancia con el gobierno. No sería raro, entonces, que algún partido opositor acuse al IFE de promover (así sea involuntariamente) la campaña del blanquiazul.
Compárese la claridad y el consenso electoral de 2000, bajo el último gobierno priista, con el opaco, incierto y cuestionado proceso de 2006.
José A. Crespo
PAN y PRI: contraste democrático
Viene un debate entre los dirigentes nacionales del PAN y del PRI, en el cual seguramente lloverán nuevas y viejas descalificaciones. En la confrontación entre los dos principales punteros de la elección federal, el primero busca recordar el pasado autoritario del segundo, para alejarle votantes que quizás hayan decidido volver a sufragar por él (al considerarlo más capaz en las lides de gobierno de lo que resultó el PAN). Las encuestas siguen poniendo al PRI por encima, pese a todo. Y es cierto, el PRI llegó a representar todo aquello que asociamos con el autoritarismo: fraudes, corrupción, censura, represión e impunidad. Cuando uno recuerda que el PAN en el gobierno no ha sido radicalmente distinto del PRI, algunos panistas mencionan que no hay comparación entre el daño político provocado por el tricolor con respecto al que se le pueda adjudicar al PAN. Lo que me lleva a pensar que, quizá, eso se deba a que estamos evaluando los 70 años de régimen priísta frente a sólo nueve de gobiernos panistas. Pero, de quedarse el PAN setenta años consecutivos como lo hizo el PRI, quién sabe cómo resultaría el balance del blanquiazul.
Y si bien es más cómodo hacer una evaluación general de los gobiernos en cuestión (meter a todos los del PRI en una misma bolsa), la verdad es que también hubo diferencias entre unos y otros. Los perredistas lo saben bien y lo destacan en lo posible, pues su modelo favorito es el nacionalismo revolucionario que prevaleció antes de ser relegado por los tecnócratas del PRI. Los calderonistas también buscan la diferenciación, cuando así conviene; dicen, por ejemplo, que su guerra contra el narcotráfico es novedosa, para lo cual advierten las “omisiones” del gobierno de Vicente Fox. En esa misma lógica, ¿qué pasaría si hiciéramos una evaluación de contraste entre, por ejemplo, el último gobierno del PRI y el primero del PAN? ¿Cuál de los dos resultaría más democrático?
Me parece que quedaría bastante mejor parado el gobierno de Ernesto Zedillo que el de Fox. ¿Razones? Zedillo recibió un país agitado políticamente, lo que detonó la mayor crisis económica que se hubiera experimentado en décadas. Eso llevó a Zedillo a la conclusión de que, para evitar nuevos quiebres políticos o económicos, no quedaba sino una genuina apertura política, no simulada o cosmética como las de sus antecesores. Convocó a un pacto democrático con todos los partidos (los llamados “acuerdos de Barcelona”). El IFE obtuvo autonomía (con respecto al gobierno) y consenso partidario y alcanzó una enorme credibilidad. Hubo una nueva ley electoral que nos llevó a la plena competitividad. Se aceptaron triunfos del sol azteca en la capital y Zacatecas, así como otros del PAN en Yucatán, Jalisco y Querétaro. Zedillo admitió la derrota del PRI en la Cámara baja en 1997. Y, en 2000, la alternancia pacífica tuvo lugar por primera vez en nuestra historia.
En ese sexenio se avanzó de forma decisiva en la democratización, la cual, sin embargo, no estaba ni de lejos concluida, sino que requería consolidarse. Tarea encomendada a Fox con el claro voto que lo llevó a Los Pinos. Pero Fox muy pronto decidió echar reversa en la democratización, en lugar de “meter segunda”. No llamó a cuentas a ningún corrupto de los gobiernos priistas, sino que les extendió carta de impunidad. Después, habiendo identificado como enemigo (más que como adversario) al PRD y su seguro candidato presidencial, utilizó al Estado con fines político-electorales y violó así una regla primordial de la democracia; usó políticamente a la PGR durante los episodios de los videoescándalos y del “desafuero” a Andrés López Obrador (por una nimiedad, mientras se soslayaban faltas mucho mayores cometidas por políticos panistas o priistas). El PRI decidió excluir al PRD de la conformación del IFE en 2003, sin que el PAN (o el gobierno) lo evitaran, habiendo podido hacerlo, lo que implicó un duro golpe a la fortaleza y credibilidad del Instituto. Fox “metió las manos” en la elección presidencial, pese a haber exigido seis años antes a Zedillo que no lo hiciera, y aceptó la alianza corporativa y mapacheril de Elba Esther Gordillo, que heredó Felipe Calderón. La democracia electoral, en general, sufrió grave retroceso. Compárese la claridad y el consenso electoral de 2000, el del último gobierno priista, con el opaco, incierto y cuestionado proceso de 2006, bajo el primer gobierno panista.
El contraste exige también comparar el país que recibió Fox con el que entregó: recogió un país entusiasmado, unido en torno al avance político, con un acuerdo democrático hasta entonces respetado y un sistema electoral confiable y prestigiado. Entregó un país dividido, confrontado, desencantado, un sistema electoral cuestionado y desacreditado, la impunidad fortalecida y el pacto democrático violentado. ¿Cuál resultó ser más democrático: el último gobierno del PRI o el primero del PAN? ¿Cuál impulsó la democracia y cuál la relegó? Las encuestas de Gobernación, desde 2001, reflejan justamente una caída gradual en la confianza en nuestras instituciones políticas, misma que se había incrementado a raíz de la alternancia. ¿Por qué será?
Muestrario. El presidente del IFE, Leonardo Valdés, con miras a promover el voto, asocia a éste con la batalla contra el crimen organizado, al declarar que, “si los mexicanos participamos en el proceso electoral… estaremos haciendo una aportación para combatir la delincuencia organizada” (2/VI/09). Más allá de que estemos o no de acuerdo con ello (yo esencialmente sí lo estoy y en parte por eso concurriré a las urnas), resulta que ese es el eje de la campaña del PAN, en consonancia con el gobierno. No sería raro, entonces, que algún partido opositor acuse al IFE de promover (así sea involuntariamente) la campaña del blanquiazul.
Compárese la claridad y el consenso electoral de 2000, bajo el último gobierno priista, con el opaco, incierto y cuestionado proceso de 2006.
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