11/08/2014

Programa es Tiempo de Mujeres en la radio universitaria de Guelph CFRU sabado 8 de nov


Desde cfru 93.3 fm la Radio de la Universidad de Guelph 
en Ontario, Canadá 
escuchalo cada sabado en www.cfru.ca

MUJERES POR LA DEMOCRACIA

Bienvenida al programa de hoy
 con Hilda Venegas 
Noticias de Género en la Red

Género en la mira con
 Ciudades Peligrosas para las Mujeres 
hoy e#GéneroEnLaMira el espacio de nuestra amiga y compañera la mexicana maestra en estudios de género #DanielaVillegas desde #Sydney #Australia, nos habla de una reciente encuesta sobre cuales son las ciudades con transporte público más peligroso para las mujeres,la ciudad vedada para las mujeres es cierto que faltan políticas públicas a favor de la seguridad de las mujeres, pero también es cierto que por muchas políticas públicas que haya si no se ataca el problema de fondo con educación el avance no será importante, las mujeres hemos luchado por la inclusión y poco se resuelve tener espacios “seguros” si habrá un momento de exposición a esa violencia.

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Y continuando con la violencia los delitos se cometen por dos vías, comisión u omisión, es el Estado el encargado de que sus ciudadanos y ciudadanas vivan en paz, creando las leyes y políticas para que asi sea, pero qué sucede cuando es el Estado el que genera la violencia? El que agrede, el que violenta ? Bueno pues en base a la ley internacional se debe juzgar a quienes cometan esos delitos, es el caso de Guatemala donde Finalmente, se juzgará a militares por esclavitud sexual y esclavitud doméstica contra mujeres q’eqchís en el puesto militar de Sepur Zarco, y por otros delitos graves cometidos en el marco de las políticas de contrainsurgencia del gobierno durante la guerra civil en este país.El juicio sentará precedentes para todos los intentos por acabar con la violencia sexual durante los conflictos armados, una de las violaciones de derechos humanos más extendidas y no reconocidas, así como para la erradicación de este tipo de crímenes.
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Y en cuestiones internacionales volvemos al problema de la violencia, podrán existir leyes y políticas pero si no hay formas para que éstas se lleven a cabo no habrá resultados,, muchos países cuentan con leyes para evitar la violencia contra las mujeres, pero o se desvían los recursos para implentarlas o simplemente no las implementan y existen solo en papel, se habla sobre si se necesita un nuevo Tratado para prevenir y eliminar la violencia de género, un tratado que firmen y ratifiquen los 193 estados miembros de la ONU, Existen personas a favor y en contra de esto porque volvemos a lo mismo, podrá haber muchas leyes pero si no se implementan, si no se les da seguimiento, estaremos estancados en un problema que nos afecta a la sociedad en su conjuntohablaremos sobre ¿Otro tratado para las mujeres?

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Y ya hablamos sobre las leyes y cuando es el Estado culpable de la violencia, es noticia internacional lo que sucede en mi país México, me llena de dolor y de vergüenza estos crímenes de lesa humanidad contra nuestros adolescentes estudiantes desaparecidos, hablaremos sobre como las madres enfrentan hoy esta situación, historias de vida de lucha como la que hoy conoceremos en Madres de Ayotzinapa hacen escuchar su voz para clamar justiciaporque vivos se los llevaron, vivos los queremos

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La ciudad vedada para las mujeres

Daniela Villegas


Thomson Reuters Foundation junto con YouGov dio a conocer la semana pasada las ciudades del mundo con sistemas de transporte público más peligrosos para las mujeres, revelando que de las 16 metrópolis donde se llevaron a cabo las encuestas, la Ciudad de México ocupa el segundo puesto en mayor peligrosidad después de Bogotá.

En Ciudad de México, el 64% de las mujeres encuestadas dijo que habían sido toqueteadas o experimentaron algún tipo de acoso en el transporte público, según el informe de la Fundación.
Las variables utilizadas al momento de hacer las encuestas para medir el grado de vulnerabilidad al que se enfrentan las mujeres en su diario traslado por las grandes urbes fueron: la seguridad en la noche al viajar solas, el acoso verbal, el acoso físico, la seguridad en la ciudad, la respuesta pública al abuso y la confianza en las autoridades.
En todos estos aspectos las calificaciones de las mexicanas evidenciaron la mínima seguridad que sienten en su ir y venir en la ciudad, mostrando que seis de cada diez mujeres han vivido algún tipo de acoso físico y/o verbal. Resulta que la libre circulación por las calles está vedada a las mujeres, la ciudad como espacio público le es arrebatado al sufrir de acoso en el transporte, en las avenidas, o por el temor latente a vivir algún tipo de violencia en cualquier momento. Esta situación nos plantea las preguntas:
¿Quién tiene derecho a la ciudad? ¿a desplazarse por sus calles, parques, rutas de transporte? ¿qué hace que una ciudad le pertenezca o no a las mujeres? ¿de qué manera las mujeres se apropiarían de su ciudad? ¿cómo incidir en la calidad del espacio habitable de las mexicanas?
Las grandes distancias entre distintos puntos de la Ciudad de México junto con la centralización de los centros laborales en el Distrito Federal requieren del uso de diversos medios de transporte como medio de conexión entre un punto y otro, siendo las mujeres las principales usuarias de los mismos para llegar a sus espacios laborales, desde su entrada masiva en la década de los 60 del siglo XX al mercado de trabajo formal.
Es desde esa época y con mayor fuerza a partir de los 80s con el deterioro económico durante la presidencia de Miguel de la Madrid que ante el aumento de los precios de los bienes de consumo básico y menores ingresos se hace necesario dentro de una estructura tradicional que las mujeres trabajen fuera de casa, lo cual genera que las mujeres asuman su condición de sujetas de derecho junto con una consciencia ciudadana más completa al verse como parte integral de la sociedad fuera del ámbito doméstico.
Esta integración masiva de las mujeres al ámbito laboral genera que circulen en las calles con mayor frecuencia y a la par utilicen distintos medios de transporte para llegar a sus destinos lo cual marca un quiebre en la estructura tradicional en donde las mujeres se encuentran en el ámbito de lo privado para pasar a ocupar el espacio público dominado por los hombres.
Si las nuevas y diversas dinámicas laborales, así como aquellas de socialización generan que las mujeres transiten en el espacio público con mayor libertad, la violencia ejercida contra las mujeres en las calles provoca que elijan permanecer más en sus hogares a ciertas horas del día, e inhibe su plena libertad, lo cual no sólo las relega al espacio de lo doméstico sino también las aleja de espacios sociales de creación y esparcimiento, de crear redes con otras personas, con otras mujeres.
La sistemática violencia contra las mujeres o la sola posibilidad de ella se constituye como una forma de control. De esta manera la violencia en las calles contra las mujeres es tan sólo parte de un eslabón aún más grande en la cadena de violencias ejercidas que deviene en su forma más extrema en feminicidio.
El temor a vivir cualquier clase de violencia fuera del hogar, aunque también dentro se cometen todo tipo de violencias, contribuye a mantenerlas confinadas a lo doméstico, siendo así que su jornada laboral en su espacio laboral fuera de casa o dentro de la misma se extiende alejándola de toda forma de vida social fuera de la casa, por temor a salir por la noche sola o regresar tras una fiesta o cualquier otra actividad a altas horas de la noche por sentirse vulnerable.
Para una mujer tener que quedarse en casa debido a que la ciudad es peligrosa, se traduce en trabajo porque la casa es precisamente dentro del estereotipo, su lugar de trabajo. El tiempo que pasa en casa no es como lo es para el hombre "tiempo libre", sino más bien trabajar enteramente. Incluso estar en frente de la televisión para una mujer no es como estar en el cine, ya que si suena el timbre de la puerta debe responder, si los niños están enfermos ella es la que debe cuidarlos. mantiene un ojo en el televisor y otro sobre los niños enfermos.
Como señalara Giovanna Franca Dalla Costa la mujer junto con su presencia física en el hogar contribuye a la reproducción emocional y psicológica de los otros componentes de la familia. Su propia presencia es trabajo.
Para evitar toda clase de violencia contra las mujeres muchas de las veces se ha apostado por un sistema de transporte público segregado en donde hombres y mujeres se encuentran separados lo cual no me parece la solución pues si bien en un primer momento pretende crear una sociedad paralela para las mujeres, es un mero paliativo pues no se ataca el problema de fondo que es el del acceso a las mujeres al espacio público.
Pese a que según lo publicado por la fundación Thomson Reuters el 70% de las mujeres encuestadas dijeron que se sentirían más seguras en áreas destinadas sólo para ellas en autobuses y trenes, como se ha hecho en la Ciudad de México no es suficiente, pues se tiene que atacar el problema de raíz al construir aparatos legales que sancionen eficazmente cualquier tipo de abuso hacia las mujeres así como informar de sus derechos a las usuarias de los sistemas de transporte como ha sido el intento desde 2008 cuando se creó el programa interinstitucional Viajemos seguras en el transporte público de la ciudad de México.
Estos intentos de construir aparatos de denuncia pese a sus buenas intenciones suelen tener métodos largos y complicados a la hora de denunciar y en suma muy pocas veces se logra un sentido de comunidad entre los pasajeros que apoye a las mujeres afectadas lo cual en vez de animar a otras a encarar a los agresores las llega a silenciar.
Son necesarias medidas integrales por parte del Estado no sólo dentro del transporte público puesto que al salir del mismo sigue el acoso en las calles que permitan que las mujeres hagan suya su ciudad como plenas ciudadanas en el ámbito de lo público.

Fábrica de sicarios. Adolescencia y criminalidad



lasillarota.com

“Así nos lo dijeron: El Chapo, tenía grupos dedicados a captar a estos chicos huérfanos, porque él sabía, él sabe mejor que el estado que esos chicos eran los más débiles, los más susceptibles, yo no intento justificarlos, pero cuando un chico dice: ‘Me mataron a mi papá, me mataron a mi mamá, me mataron a mi hermano, a mí qué más me da la vida de los otros, si me arrancaron la vida de los míos de la forma en la que me la arrancaron, ¿por qué me voy a preocupar de la vida del vecino?’. No es que un razonamiento así sea justificable, y quizá ni siquiera es del todo consciente en los chicos, pero sí hay esa desesperanza, esa pérdida, que no se confronta con nada,  que no hubo una política del estado para acoger a ese chico. Cualquier chico que ha estado en esta circunstancia debió haber recibido justicia.

Y lo tenemos que repetir, no vamos a salir de esta situación del país mientras cada una de estas víctimas no tenga justicia, no tenga verdad, y no tenga reparación del daño”: doctora Elena Azaola. 

Testimonios de adolescentes en situación de internamiento

“Nos torturaron los policías federales que nos detuvieron. Nos dieron toques, me pusieron una bolsa en la cara y me golpearon. Yo ya no escucho con un oído. Nos tuvieron todo un día golpeando en las oficinas de los federales. Me trataron como si fuera una cosa, una materia que se desecha…”.

“A mi hermano lo mataron y me sentí muy agüitado, ahí fue que agarré las drogas…Un día vino un chavo y junto con otros vecinos nos comenzamos a drogar, nos salimos a la calle y no supimos lo que hicimos hasta que nos agarraron por robo de vehículo”.

“Me atraparon en un vehículo que era robado. Me topé a los guachos de frente y me regresé pero ellos me siguieron y me encontraron las pistolas y las drogas que traía. Empecé a trabajar desde los dieciséis años con una persona y al principio sólo me tocaba monitorear pero mataron a mi jefe (papá) y me uní a otro grupo donde ya me dieron pistola y me tocaba andar de pistolero”.

“Yo era sicario, brazo armado, segundo del mando y encargado de los sicarios. Mandaba y levantaba a la gente que me pedían que levantara”.

“A mí también me tocaba llevar drogas, armas o dinero en una moto o en un carro. Yo desde los doce años comencé a trabajar con este grupo”.

“A los 15 años me uní a trabajar a la delincuencia organizada. Recibí entrenamiento en McAllen, Texas, mi jefe era un norteamericano que vive en Virginia. Yo era el encargado de controlar a los sicarios y a los halcones”.

(Algunas de las respuestas ofrecidas por los 278 jóvenes entrevistados por la doctora Elena Azaola y su equipo).   

Corazón partido

¿Qué te han hecho a ti, pobre niño?: Goethe.

La violencia crónica. En donde se necesitaba una caricia, llegó un golpe.  Las montañas de silencio.  Camina las calles solo, con sus zapatos agujereado. Caminan y caminan las calles, sin brújula y sin rumbo sus zapatos y su corazón agujereados. ¿Hacia dónde mira ese niño al que nadie mira? ¿Cómo se remienda eso, un corazón? ¿A quién le interesa hacerse cargo? ¿De dónde viene él? ¿De dónde sus padres? ¿Cómo se construyen cadenas generacionales de exclusión y de violencia?

¿Qué te hemos hecho a ti, pobre niño?

¿Qué te decimos –al no decirte nada- cuando amanece, cuando cae la tarde, cuando termina el día?
Te decimos:

Mira la oscuridad. Mírala. Eso eres, eso te corresponde, de allí no te salvas. Es lo normal. Ni siquiera penumbra para ti. Ni siquiera. Mira la oscuridad, mírala. Porque es lo único que tenemos para ofrecerte. No importas. ¿Acaso te lo hemos dicho lo suficiente? Porque vamos a insistir en repetirlo: si estás solo, no importa, tu desamparo, no importa. ¿Te duele un dedo, el corazón, un orificio de bala en el cuerpo de un ser muy amado y muy tuyo? Tampoco importa. Acumula todas las hambres, todas y huye a como puedas del horror, hijo del abandono y de la calle. Hijo de las esquinas más sórdidas y del resistol.  

Mira, qué buena compañía, el resistol.

Arrópate en la miseria, en los cartones que recojas en los botes de basura.  Arrópate –por lo menos inténtalo- en lo que no tienen, no han tenido nada, como tú, construyan una banda deseosa de ser personas muy correctas y respetuosas de la ley.

A ver cómo le hacen. 

Porque si delinquen, entonces sí nos van a comenzar a importar.

Entonces, nosotros “la sociedad”, vamos a estar obligados a mirarlos: comienzan a existir, cuando son un problema. 

Sus infancias desertadas por todos podrían convertirse en un cuerno de chivo.
Una foto terrible en el periódico.

Seguimos sin cambiar las reglas, seguimos dejándolos solos, seguimos sin tenerles ternura.
Pero miren si comienzan a existir: les tenemos miedo.

Seminario sobre violencia en México

La doctora Elena Azaola ofreció una conferencia en el Colegio de México en la mesa “Fábricas de sicarios”, parte del Seminario que coordina el doctor Sergio Aguayo. Las palabras de los jóvenes que cito, son respuestas a las entrevistas que Azaola y su equipo hicieron a 278 adolescentes privados de su libertad en los estados de Coahuila, Sinaloa, Morelos e Hidalgo. Elena Azaola, es licenciada y maestra en Antropología Social por la universidad Iberoamericana,  doctora en Antropología Social por el  Centro de Investigación y Estudios Superiores en Antropología social, en donde trabaja desde 1977. Se ha dedicado al estudio de la criminalidad, la violencia, el maltrato, la explotación infantil, la policía y las instituciones carcelarias, la criminalidad en mujeres y jóvenes.

Escuché la conferencia en El Colmex y después la transcribí gracias al video que subió Sergio Aguayo en su página,  hago estas aclaraciones, porque quisiera mantenerme lo más fiel posible a sus palabras, y no sólo eso. Quisiera ser también capaz de transmitir la profunda empatía con la cual la doctora se acerca a los “adolescentes en conflicto con la ley” y a sus circunstancias. Azaola es una académica, pero es también una luchadora por los derechos humanos. Su voz conmueve, porque si bien se sirve de todas las herramientas propias a la investigación, lo suyo no es la exposición –en frío- de los datos, como sucede tantas veces en los territorios de la academia.

Hay algo en ella, en su empatía por pensar a “los olvidados” de la tierra, que a una la obliga a escuchar. A escuchar distinto, a escuchar más fuerte. Cada una de las tablas con estadísticas que comparto con ustedes, son parte de su investigación.

“Las preguntas que originaron el estudio: ¿Quiénes son estos adolescentes que cometen hoy en día los delitos más graves que suceden en este país? ¿Cuáles son las circunstancias que los rodean a ellos y a la comisión de estos hechos? ¿Qué elementos están estos jóvenes recibiendo en las instituciones en dónde se encuentran privados de libertad?  ¿Los elementos que se les están ofreciendo son apropiados, son suficientes, son los adecuados para que ellos salgan adelante?”.

Azaola menciona que su perspectiva parte de “las teorías del control social”, lo que a mí, ignorante del término, me provocó un escalofrío por aquello de “control”, hasta que entendí buscando definiciones, que la palabra “control” en este sentido, es utilizada con un significado opuesto a “vigilar y castigar”. El “control social” sería lo contrario de “la coerción”, y apela, justamente, a las posibilidades de una sociedad de congregarse (y ofrecerle pertenencia a sus integrantes) a través de la construcción de ideales y objetivos comunes. La renuncia al egoísmo estéril, en aras de un bien común que termina, si se logra, ofreciendo a cada una/o el piso de bienestar indispensable.

“Las teorías del control social comparten la idea de que la mayor carga para efectuar el control social no la tienen las instituciones del estado, sino la tienen las instituciones informales: la familia, la escuela,  el trabajo, claro, luego se potencian, se complementan y a lo largo de la historia del individuo entra en juego la participación de las instituciones del estado, pero originalmente, lo que predispone a las conductas delictivas tiene  mucho más que ver con los primeros años de vida, con la socialización, con la manera en la que una persona es introducida a la sociedad”, Azaola.

Amor y desamor, pues, para traducir en el lenguaje más cotidiano. Con la protección, con los límites que permiten estructurarse, con ese mínimo de “incondicionalidad” del cual cada ser humano precisa para confiar en la vida.  Con el mínimo de respeto por la palabra de los niños, sus vivencias y sus emociones. Pensé en Winnicott, -el psicoanalista infantil- y su célebre frase con la que respondía a las madres angustiadas que preguntaban, ¿lo estoy haciendo bien? ¿soy una buena madre? Winnicott decía: Basta con ser “una madre lo suficientemente buena”. (“A good enough mother”).  La misma frase se podría aplicar al padre. ¿Qué sucede cuando no hay padre o madre? Una pensaría en lo indispensable de figuras tutelares “lo suficientemente buenas”.  ¿Y cuándo no hay figuras tutelares? ¿Y cuando sí hay una familia nuclear y hasta una familia extensa, pero la familia misma se halla inscrita en los registros del maltrato y la violencia? Una pensaría en instituciones y apoyos “lo suficientemente buenos”, previstos por el Estado.

“Los olvidados” de Buñuel.

La doctora Azaola explicó cómo la criminología “dio un vuelco”, cuando de la pregunta: ¿por qué una persona comete un delito? Evolucionó hacia otra pregunta: ¿por qué la mayoría de las personas no cometen delitos? ¿Qué nos contiene? ¿Qué nos lleva hacia ese trámite moral que nos impide atentar contra integridad de otra persona y/o de sus bienes?  “Para evitar la delincuencia, cuando ya se trata de la intervención del estado, es mucho más importante la certeza del castigo y no necesariamente lo que disuade son las mayores penas, incluso la pena de muerte.

Lo que verdaderamente y en el fondo es capaz de disuadir a una persona son los lazos de afecto que lo unen a una determinada comunidad, en la medida que tenemos un tejido denso, sólido de relaciones es mucho más difícil que se cometan delitos”. Lo que nos detiene, entonces, es la solidez, la certidumbre de los vínculos y nuestra pertenencia a los espacios de afecto y bienestar. Lo que podríamos traducir –también- como la idea que cada niña/o adolescente, va adquiriendo de sí misma/o y  de lo que le es concebible o no, a partir de un cierto ideal del yo que lo invita a sostenerse en los principios básicos de respeto a las/los otras/os y a sí misma/o. Oferta que la soledad, la falta de contención, convierten en una posibilidad “deseable”.

La investigación realiza un cruce entre las historias de vida de los jóvenes (de allí las entrevistas de una en uno) y “las oportunidades delictivas” que de manera creciente encuentran –como oferta- a su alrededor.
Primera tabla de la conferencia.

En números redondos del INEGI
  • 10 Millones de adolescentes de entre 14 y 28 años de edad en México.
  • 12 mil adolescentes fueron acusados en 2013 de cometer delitos. 7 mil de ellos cometieron delitos leves.
5000 se encuentran privados de su libertad porque cometieron delitos graves.

Este trabajo se refiere sólo a los 5 mil que cometieron delitos graves.

El estudio revela/constata algunas realidades durísimas: la distancia enorme entre los “objetivos” de los centros de internamiento para adolescentes, y la realidad que viven en ellos. La brutalidad de la mayoría de las detenciones de los adolescentes. La inutilidad del aumento de las penas, las condiciones de vida hacia adentro de las familias y en las escuelas, y la naturalización en ellas de la violencia. La incapacidad del estado de intervenir en la etapa de la prevención.

Más testimonios de los jóvenes

“Desde pequeño veía cosas robadas en mi casa. A los quince años entré a formar parte de la banda y la primera vez que lo hice me pareció muy normal. La banda la integrábamos seis miembro de mi familia; mi papá era el líder y robábamos puros equipos electrónicos para venderlos. Nos detuvieron porque asaltamos a un grupo musical y les quitamos sus aparatos electrónicos”.

“Me detuvieron porque yo reportaba lo que sucedía en las colonias. Yo era halcón… llamaba por teléfono y les decía si pasaba la policía o cómo estaba el movimiento”.

Las instituciones del Estado y su violencia frecuente y naturalizada:

“Al preguntarle a un chico de Morelos si la policía lo golpeó cuando lo detuvo, contestó: “eso es de ley, esa pregunta ni se pregunta”.

“Otro más también de Morelos, señaló que lo detuvieron militares y dijo: ‘me metieron una manguera en la boca y me echaron aceite de carro, después me llevaron a un terreno a golpearme. También cuando llegué al Ministerio Público me volvieron a golpear’”.

“Un chico de Saltillo, dijo: ‘me torturaron, me tablearon, me dieron batazos, me picaron con agujas, me colgaron de un techo medio día y me daban de golpes. Luego me tuvieron un mes en una casa de arraigo y me hicieron firmar bajo tortura y me dijeron que si no firmaba, iban a matar a mis papás’”.

Edad y escolaridad de los adolescentes entrevistados

  • 78% de los adolescentes privados de libertad tiene entre 16 y 18 años de edad
  • 8% tiene entre 14 y 15 años
  • 52% cursaron algún grado o terminaron la secundaria.
  • 30% apenas cursaron algunos grados de la primaria o lograron completarla
  • 17% Lograron cursar algún grado de  preparatoria o una carrera técnica.
  • 30% No le gustaba la escuela porque se aburría o no era interesante.
  • 21% dijo que no pudo continuar estudiando por problemas económicos.
  • 62% dijo que en su escuela los más grandes golpeaban a los más pequeños.
La deserción escolar “ante cualquier nimiedad” es una de las constantes entre este grupo de jóvenes. Llama la atención en el último punto, esa recurrencia de circunstancias violentas en las que el abuso de poder y el ánimo de someter al otro están presentes, como parte de la implacable lógica de la ley del más fuerte.  El niño/joven atrapado en una maquinaria trituradora de esperanzas.

La situación familiar de los adolescentes entrevistados

  • 47% abandonaron su casa por diferentes periodos debido, casi siempre, a la separación y/o violencia entre sus padres.
  • 62% dijo que sus padres se separaron.
  • 12% tuvieron que irse a vivir a la calle o solos pues no encontraron apoyo en otros familiares.
  • 22% por ciento nunca vivieron con su padre, ni tuvieron la oportunidad de conocerlo.
  • 49% dijeron tener medios hermanos.
  • 41% sufrió de manera constante algún tipo de maltrato durante su infancia.
  • 37% dijo que cuando era maltratado no había nadie que le brindara apoyo.
  • 14% señaló que no confía en nadie.
  • 43% señaló que algún o algunos miembros de su familia han estado en prisión.
La doctora Azaola señala que el abandono del padre ha provocado rencor y resentimiento en estos muchachos. Especifica que la separación de los padres no debe, ni puede utilizarse para estigmatizar a las familias, sino para cuestionar el vacío y el abandono que se crea –en tantos casos-  a partir de este hecho, cuando no hay otras personas para tomar el lugar de adultos tutelares.  ¿Y qué cuando no hay nadie. Nada, sino la calle? ¿Qué cuando el único grupo de pertenencia posible comienza con “la banda” y termina en el crimen organizado? Muchachos de quince, dieciséis años que declaran no confiar “en nadie”. ¿A que se aferran entonces? ¿Cómo construyen esperanza, futuro, vínculos de amor indispensables.

“Se salieron de su casa por violencia, ¿y qué encontraron en la calle violencia, y ¿qué  estaban entonces en condiciones de reproducir, sino violencia”, Azaola.

22% de los muchachos entrevistados nunca conocieron a su padre, ni vivieron con él. Pienso en aquella frase del psicoanalista Santiago Ramírez de hace ya cincuenta años: “México, el país del padre ausente”.
 “Los olvidados” de Buñuel.

El concepto de “muerte social”

En palabras de la doctora Azaola,“muerte social” es el concepto que vino a sustituir palabras como “marginación”, “exclusión”. ¿Qué es la “muerte social”?
“El concepto que se utiliza, para describir poblaciones como ésta. Ni papel ni lugar, vida de segunda clase. No se viven como ciudadanos, ni tampoco como sujetos de derecho, porque no han sido sujetos de derecho, nunca se han podido vivir de esa manera”. Y cuenta el lenguaje de los jóvenes, su comunicación no verbal, su impotencia y su rabia. Al mismo tiempo, esa manera de estar “habituados”  a las situaciones de injusticia: “Ellos tienen incorporados el maltrato, las faltas a la ley. Cuando se les preguntan ¿qué necesitas? La mayoría responde “echarle ganas”, como si no tuvieran derecho a esperar nada. “El concepto de muerte social dice mucho de las actitudes de estos jóvenes, cuando uno siente que no tiene un lugar en la sociedad, se lo quiere cobrar”.

Situación económica de los jóvenes entrevistados
  • 64% dijo que la situación económica de su familia era regular o mala.
  • 17% dijo que en su casa faltaba comida.
  • 94% de los adolescentes habían desempeñado varios trabajos: vendedores de dulces, flores o tacos; franeleros, lavaplatos, ayudantes de albañilería o herrería, etc.
  • 26% comenzaron a trabajar antes de cumplir los doce años.
  • 41% comenzaron a trabajar entre los 13 y 14.
  • 64% contribuían al gasto de su familia.
  • ¿Qué es entonces una infancia?
                “Yo trabajaba como sicario, yo trabajaba como halcón, yo trabajaba robando…”.
Delitos
  • 35% robo con violencia.
  • 22% homicidio.
  • 17% portación de arma prohibida.
  • 15% robo de vehículo.
  • 15% secuestro.
  • 10% delitos contra la salud.
  • 10% delincuencia organizada.
En algunos casos, la separación de con el padre o la madre se dio porque se fueron a trabajar a Estados Unidos. “Hay un porcentaje de jóvenes entre los entrevistados que comenzaron su carrera delictiva a partir de ser lo que en el sexenio anterior se llamaba ‘víctimas colaterales’, que a quién  le importaban. Muchos de ellos dijeron que se unieron a un grupo delictivo después de que les mataron a su padre, a su madre, a sus hermanos y no hubo nadie, nadie que los acogiera, que les diera justicia, que les diera un lugar, que les diera una explicación”, Azaola.

Cumplimiento de derechos
  • 76% dijo haber sido golpeado por la policía.
  • 41% refirieron maltrato por parte del Ministerio Público.
  • 62% señalaron que no les informaron del delito por el cual los acusaban.
  • 47% dijo que no les informaron del derecho a contar con un abogado.
  • 77% dijo que si les informaron de sus derechos al comparecer ante el juez.
De 278 entrevistas, 200 dan testimonio de torturas.

Su futuro
  • 68% dijo que le gustaría salir para apoyar a su familia y construir una familia propia, para tener una casa y un trabajo y/o para estudiar una profesión o desempeñar un oficio o poner su propio negocio.
  • 28% dijeron no tener sueños o aspiraciones, no confiar en nadie y no saber qué quieren ni cuál será su futuro.
“No me permito soñar. Yo vivo cada día, enfrento cada día”. El 45% de las/los muchachas/os piensa que saldrá del internamiento igual o peor que cuando entró. En resumen, que el centro de detención no le está ofreciendo las herramientas necesarias para formarse y estructurarse.

“Los adolescentes infractores no han ocupado un lugar prioritario dentro de las políticas de seguridad y de prevención…lo que requerirían es una educación, un tratamiento muy especializado, muy completo, y no es lo que están recibiendo. La mayor parte de los jóvenes están haciendo actividades nimias... ya estamos horrorizados de la realidad, pero no sigamos empapándonos en ese horror, sino un poco trazar hacia dónde construir la paz”, Azaola.


 “Los olvidados” de Buñuel.

¿Qué hemos hecho de ti, pobre niño?  

Cada vez que te decimos que no eres digno, que no “mereces”, que no perteneces a ningún lado.
Oh, no hay un abrazo para ti, todos los abrazos del mundo están ocupados.         
         
“Estos muchachos no han terminado su proceso de maduración y son mucho más influenciables y susceptibles, no quiero decir que ellos no conozcan el bien y el mal, o no sean responsables de sus actos, por supuesto que lo saben y por supuesto que son responsables, pero lo que también es cierto es que a la edad que tienen estos chicos no alcanzan a comprender la dimensión y la trascendencia que esto va a tener en su vida como totalidad, esa es la razón por las cuales esos grupos matan, además, es mucho más fácil entrenar a uno de estos muchachos a que mate…si la familia falla, tienen que responder el estado y la sociedad civil”, Azaola.

Madres de Ayotzinapa hacen escuchar su voz para clamar justicia

 María Elena Guerrero reclama la verdad sobre 43 desaparecidos




Hoy, día 42 desde su desaparición, María Elena Guerrero mantiene una búsqueda constante de su hijo de 19 años, Giovanni Galindes, estudiante de la escuela Normal Rural “Raúl Isidro Burgos”, en Ayotzinapa, Guerrero.

María Elena es madre de uno de los 43 normalistas que fueron agredidos abordo de un autobús por policías municipales y el grupo criminal “Guerreros Unidos”, el pasado 26 de septiembre en Iguala, Guerrero, mientras “boteaban” para mejorar las instalaciones de su escuela.

Como ella, 30 mujeres más (madres, hermanas, abuelas y parejas) conforman la comisión de familiares de Ayotzinapa. Son campesinas, amas de casa, maestras, empleadas e indígenas. Como sus hijos, están acostumbradas al campo, al trabajo diario, a la tierra árida, a los tiempos difíciles y a la resistencia.

“No tenemos miedo. No confiamos en el gobierno. No vamos a parar hasta encontrar respuestas. Nosotras podemos dar la vida (por ello)”, son las frases puntuales que María Elena dice a Cimacnoticias y quiere que se escriban.

Desde septiembre pasado, relata María Elena, ellas (las madres) no duermen en sus casas, no ven diario a sus familiares, abandonaron sus actividades cotidianas, viajan cada semana a esta capital, encabezan marchas –las de mayor convocatoria en lo que va de la gestión del jefe de Gobierno del DF, Miguel Ángel Mancera–, y repasan el camino donde desaparecieron 43 estudiantes y tres de sus compañeros fueron asesinados.

Pese a que ninguna de las madres se asume como vocera, María Elena decide contar su historia, la de las madres, “porque también tenemos voz, porque podemos expresarnos, porque es importante que la sociedad sepa lo que nosotras sentimos, porque todas y todos tenemos que hablar”.

“GIOVANNI TIENE VOCACIÓN” 

Su familia, en la que María cuenta cinco integrantes (ella, su esposo, sus dos hijas y Giovanni), es de profesores rurales. Su esposo egresó hace 30 años de la Normal “Raúl Isidro Burgos”. Su hija mayor también es profesora rural egresada de una Normal para mujeres en el estado de Morelos.

María Elena cuenta que Giovani tenía la ilusión desde niño de ser maestro en una primaria, porque “está impuesto (acostumbrado) a trabajar” y porque tiene vocación. “Mi hijo es muy cariñoso, muy amable, le habla a toda la gente. No es grosero, no está maleado”, describe con voz tranquila.

Pese a las carencias económicas que enfrenta la familia, derivadas del modesto sueldo de su esposo que “si enseña no es por dinero sino por gusto”, el ahínco de Giovanni lo llevó a pasar el examen para continuar sus estudios en una escuela que queda a cinco horas de trayecto desde su casa en la región de Tierra Caliente, Guerrero. En agosto pasado Giovanni finalmente logró su propósito.

“Todos son niños de primero que apenas empiezan a vivir su juventud, por eso no pueden ser malos como quiso decir el gobierno”, aclara la mujer.

María Elena pausa el relato. Eleva la voz y sostiene: “El presidente ya no puede con esto, se salió de su control. El puesto le queda muy grande (a Enrique Peña Nieto)”.

Acostumbrada a las historias de las y los normalistas, María Elena conocía las dificultades que su hijo, en un esfuerzo constante por seguir estudiando, enfrentaba en el internado “Isidro Burgos”.

“Mi hijo es muy inteligente, pero el gobierno no les da dinero para el mantenimiento de la escuela. No quiere que la juventud despierte, quiere que sea analfabeta y que no se defienda”, declara con acento en el inicio de cada frase.

Para María Elena, ama de casa de 44 años, la educación de su hijo se volvió prioridad. Cuando Giovanni entró a la Normal, ella empezó a “ayudar” en el negocio de unos familiares para tener 100 pesos diarios y dárselos a su hijo cada semana o cada 15 días que él volvía.

Del día del secuestro de su hijo, María Elena sabe lo mismo que el resto de la sociedad mexicana, porque –pese a la detención del líder del grupo criminal “Guerrero Unidos”, y del alcalde de Iguala, José Luis Abarca Velázquez, y su esposa, María de los Ángeles Pineda Villa (presuntos autores intelectuales de la desaparición)– lo único que la Procuraduría General de la República (PGR) les ha confirmado es que “un grupo de policías municipales de Iguala se llevaron a los muchachos y desde entonces nadie sabe, o no quieren decir, dónde están”.

Para María Elena –dice– no sólo han pasado 42 días, sino que desde que el rastro de su hijo se borró, su “mundo giró sin regreso”. 

Ella no llora, al contrario, sube el tono de su voz en cada respuesta. Por eso, la última es definitiva y contundente: “Hasta que los peritos argentinos (Equipo Argentino de Antropología Forense) nos digan la verdad de las cosas, al gobierno no le vamos a creer nada. Las fosas han estados ahí siempre, vivimos con ellas”.

Concluye: “No es que me sienta impotente porque vamos a luchar, lo hacemos diario. Al principio nos ganaba el sentimiento, pero ahorita ya como que nos dio coraje. Nos dio rabia y vamos a luchar hasta encontrarlos. Vale más que el gobierno no diga que están muertos”.


CIMACFoto: César Martínez López
Por: Angélica Jocelyn Soto Espinosa
Cimacnoticias | México, DF.-


Finalmente, Guatemala juzgará a militares por esclavitud sexual

Finalmente, Guatemala juzgará a militares por esclavitud sexual

Luz Méndez Gutiérrez es coautora del libro Mujeres q’eqchís: violencia sexual y lucha por la justicia (ECAP-IDRC), de próxima publicación, e integrante de la junta directiva de la Unión Nacional de Mujeres Guatemaltecas (UNAMG). 


CIUDAD DE GUATEMALA, 29 oct 2014 (IPS) - La justicia de Guatemala resolvió presentar cargos penales contra dos miembros del ejército por esclavitud sexual y esclavitud doméstica contra mujeres q’eqchís en el puesto militar de Sepur Zarco, y por otros delitos graves cometidos en el marco de las políticas de contrainsurgencia del gobierno durante la guerra civil en este país. 

El juez Miguel Ángel Gálvez, del Juzgado de Primera Instancia de Mayor Riesgo B de la capital guatemalteca, determinó el 14 de este mes que hay pruebas suficientes para llevar a juicio al coronel Esteelmer Reyes Girón, excomandante del destacamento de Sepur Zarco, situado en el municipio El Estor, en el nororiental departamento de Izabal, y a Heriberto Valdez Asij, excomisionado militar en la zona.

Crédito: Luz Méndez

Reyes será juzgado por los delitos contra los deberes de la humanidad de violencia y esclavitud sexual, esclavitud doméstica y los asesinatos de Dominga Coc y sus dos hijas pequeñas en la base. Valdez es acusado de violencia sexual y desaparición forzada.

Los actos de violencia

Durante seis años, las mujeres de las comunidades rurales de los departamentos de Alta Verapaz e Izabal fueron objeto de esclavitud sexual y doméstica en el destacamento de Sepur Zarco.

Estos crímenes fueron parte de los ataques contra la población civil local entre 1982 y 1988. Las mujeres cumplían turnos de tres días en el destacamento, donde las obligaban a hacer el trabajo doméstico, que incluía preparar la comida y lavar la ropa de los soldados, sin paga alguna.

El trabajo fue acompañado de violencia sexual. Cada vez que cumplían sus turnos eran violadas sistemáticamente por los soldados. La esclavitud perpetrada contra las mujeres de Sepur Zarco integró un plan militar ejecutado en etapas que comenzó con el secuestro, la tortura y la desaparición forzada de sus maridos, que eran dirigentes campesinos.

El juicio sentará precedentes para todos los intentos por acabar con la violencia sexual durante los conflictos armados, una de las violaciones de derechos humanos más extendidas y no reconocidas, así como para la erradicación de este tipo de crímenes.

A continuación, los soldados y oficiales violaron a las mujeres en sus hogares, en presencia de sus hijos. Quemaron sus viviendas y sus pertenencias, y destruyeron sus cosechas. Los militares pasaron a denominarlas “las viudas”, y las obligaron a mudarse a Sepur Zarco.

Aunque el destacamento militar fue clausurado en 1988, las víctimas aún padecen las consecuencias físicas y psicológicas de la violencia sexual. Uno de los legados más crueles de la experiencia es la estigmatización que sufren en sus comunidades.

De acuerdo con la lógica patriarcal, la violencia sexual es un crimen que las víctimas deben pagar. Aunque las violaciones se cometieron en un contexto de terror y militarización, hoy se culpa a las mujeres por lo que tuvieron que sufrir.

El largo camino hacia la justicia

Las mujeres de Sepur Zarco exigen justicia desde hace 10 años.

Una de las estrategias más importantes que emplearon fue la creación de grupos de mujeres y alianzas a nivel local y nacional. Rompieron el silencio y contaron su dura verdad en un proceso de construcción de la memoria histórica de la violencia sexual contra las mujeres indígenas durante el conflicto armado, publicado en un libro en 2009.

En 2010, las protagonistas de esta historia, junto con mujeres de tres regiones más del país, participaron en el Tribunal de Conciencia contra la violencia sexual durante la guerra.

Y un año después, quince mujeres del grupo Sepur Zarco presentaron una demanda penal, exigiendo justicia por los crímenes cometidos contra ellas y sus familias en el marco de la justicia transicional.
En este proceso tuvieron el apoyo de organizaciones feministas y de derechos humanos para quienes la lucha por la justicia de las mujeres de Sepur Zarco es parte de su compromiso político por la eliminación de la violencia de género y la emancipación de la mujer.

Un juicio histórico

El proceso penal iniciado por las mujeres de Sepur Zarco tiene una importancia nacional e internacional, ya que, hasta la fecha, en Guatemala persiste la impunidad absoluta de los delitos de violencia sexual durante la guerra civil.

A pesar de que la Comisión para el Esclarecimiento Histórico documentó que la violencia sexual contra las mujeres se llevó a cabo de manera generalizada y sistemática por agentes del Estado, esta es la primera vez que la acusación se presentó en un tribunal de justicia específicamente por casos de violación y esclavitud sexual.

Este caso también tiene relevancia mundial, ya que es el primer procedimiento legal por esclavitud sexual durante un conflicto armado que se presenta en la jurisdicción nacional donde los actos se llevaron a cabo.
El juicio sentará precedentes para todos los intentos por acabar con la violencia sexual durante los conflictos armados, una de las violaciones de derechos humanos más extendidas y no reconocidas, así como para la erradicación de este tipo de crímenes.

Este artículo fue publicado originalmente en cipamericas.org
Editado por Kitty Stapp / Traducido por Álvaro Queiruga

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¿Otro tratado para las mujeres?


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Mujeres protestan contra la inseguridad y las malas condiciones de vida en un campamento ubicado en el centro de Puerto Príncipe, en enero de 2011. Crédito: Ansel Herz/IPS
Mujeres protestan contra la inseguridad y las malas condiciones de vida en un campamento ubicado en el centro de Puerto Príncipe, en enero de 2011. Crédito: Ansel Herz/IPS

NACIONES UNIDAS, 3 nov 2014 (IPS) - ¿Puede prevenirse o eliminarse la violencia contra las mujeres con un nuevo tratado internacional que firmen y ratifiquen los 193 estados miembros de la Organización de las Naciones Unidas (ONU)?


La sudafricana Rashida Manjoo, relatora especial del foro mundial sobre la Violencia Contra la Mujer, dijo a la Asamblea General que la falta de un acuerdo legalmente vinculante es uno de los obstáculos que se interponen ante la promoción y la protección de los derechos femeninos y la igualdad de género.


“Se requiere con urgencia una serie diferente de leyes y medidas prácticas para responder a y prevenir la violación sistémica, generalizada y dominante a los derechos humanos que experimentan mayoritariamente las mujeres”, planteó a los delegados.

Pero organizaciones no gubernamentales y de mujeres asumieron una posición más cauta ante un nuevo tratado.

“En principio, la idea de una legislación más fuerte y más específica es buena”, pero “sabemos que no es suficiente” para cambiar prácticas y actitudes, señaló Sanam Naraghi-Anderlini, cofundadora de la Red Internacional de la Sociedad Civil en Acción (ICAN).

“Hay muchos países —desde Estados Unidos a miembros de la Unión Europea y más allá, como Pakistán— donde las leyes existen, pero la violencia contra las mujeres continúa en muchas esferas de la vida, manifestándose de diversas formas y en proporciones horrendas”, dijo en diálogo con IPS.
“Por lo tanto, la legislación tiene que combinarse con otros pilares y elementos que garanticen su efectiva implementación”, agregó.

Palitha Kohona, exjefe de la Sección de Tratados de la ONU, aseguró a IPS que se requiere un apoyo internacional sustancial, no solo para que se termine adoptando el texto de un tratado, sino incluso para que comiencen las negociaciones, tal vez a partir de una resolución del foro mundial.

“Estoy totalmente a favor de las medidas prácticas… pero basta de acertijos legales, por favor. Las mujeres de todo el mundo ya están cansadas de leyes y políticas; lo que quieren es que se las implemente”: Mavic Cabrera-Balleza

Quienes promueven un tratado “tendrán que convencer a la comunidad internacional de que existe una necesidad real de contar con ese instrumento legal”, sostuvo.

También destacó que esto implicará asegurarse de que los instrumentos legales internacionales ya existentes son inadecuados para abordar los problemas que quienes promueven un nuevo tratado buscan atacar.
“Aunque la violencia de género, o cualquier otra forma de violencia, tiene que condenarse sin reservas, esto planteará un desafío para los promotores de un tratado” sobre la primera, dijo el embajador Kohona, quien actualmente ejerce de representante permanente de Sri Lanka ante la ONU.

“También se sabe que, aunque las leyes pueden ser útiles para modificar actitudes sociales y comunitarias, se requerirá más de un instrumento internacional para poner fin a este comportamiento abominable”, añadió.
Según él, la humanidad debe plantarse contra la violencia, en particular la basada en el género. “Como observó un filósofo, habitamos este planeta apenas por un período corto. ¿Por qué herir a otro durante esta breve existencia?”, dijo.

Mavic Cabrera-Balleza, coordinadora internacional de la Red Global de Mujeres Constructoras de Paz (más conocida por su nombre en inglés, Global Network of Women Peacebuilders), señaló a IPS que la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Contra la Mujer (Cedaw), adoptada en 1979 por la Asamblea General de la ONU, ya cubre la eliminación de la violencia contra ellas.

“¿Por qué necesitamos otra ley?”, preguntó. “No veo que tener otro tratado sobre los mismos asuntos aporte ningún valor agregado. En todo caso, corremos el riesgo de debilitar a la Cedaw, por la que lucharon mujeres de todo el mundo (y que) ya tiene casi la ratificación universal”, adujo.

Cabrera-Balleza opinó que no tiene sentido volver a presionar a los gobiernos. Añadió que, además, “al haber muchos gobiernos conservadores en el poder, existen muy pocas posibilidades de lograr que se ratifique otra ley”.

Recordó que los instrumentos internacionales de que se dispone actualmente y que promueven y protegen los derechos de las mujeres, el empoderamiento femenino y la igualdad de género se lograron principalmente mediante las conferencias mundiales de los años 90.

“Ya no tenemos más ese impulso global. Nunca volverá a haber una conferencia mundial sobre la mujer de la magnitud e impacto que tuvo la de Beijing en 1995”, aseguró.

“Estoy totalmente a favor de las medidas prácticas… pero basta de acertijos legales, por favor. Las mujeres de todo el mundo ya están cansadas de leyes y políticas; lo que quieren es que se las implemente”, planteó Cabrera-Balleza.

Naraghi-Anderlini, de ICAN, dijo a IPS: “No podemos negar la adversa reacción cultural o ‘religiosa’ contra la llamada agenda progresista en materia de derechos femeninos”.

En sociedades dominadas por normas patriarcales, donde se considera que la mujer es propiedad del hombre, los conservadores sociales pueden fácilmente aprovechar las tradiciones y normas culturales para generar una oleada de oposición contra los cada vez más derechos de ellas.

“Estamos viendo que fuerzas externas (por ejemplo ideología religiosa de origen saudita, la Iglesia Católica, etcétera) proponen normas y prácticas más conservadoras”, señaló Naraghi-Anderlini.

Por lo tanto, como mínimo, las nuevas leyes deben estar acompañadas de mensajes diseñados a medida, y que transmitan por ejemplo los medios de comunicación a través de reconocidas y respetadas figuras nacionales, comunitarias o religiosas, para desafiar esas normas.

Según Naraghi-Anderlini, se requiere una efectiva capacitación y equipamiento de los servicios de aplicación de la ley a fin de poder implementar la nueva legislación (por ejemplo, brindar atención a las víctimas, proteger a los declarantes, etcétera), y los oficiales de policía tienen que responder por sus acciones, omisiones o transgresiones.

También sería interesante e innovador que se introdujera un mecanismo ascendente para determinar responsabilidades, dijo.

Por ejemplo, planteó, ¿la ONU estaría dispuesta a apoyar una campaña por la seguridad de las mujeres donde organizaciones femeninas locales recibieran el apoyo técnico, financiero y político necesario para llegar a líderes policiales, de aplicación de la ley y de las comunidades locales, para juntos redactar un estatuto que obligue a las autoridades a garantizar que protegerán a las mujeres de la violencia?

Y además, ¿la policía nacional y sus versiones locales estarán dispuestas a suscribir un estatuto en el que prometan proteger a mujeres que denuncian casos de violencia, a prometer no violar o acosar a testigos y víctimas, a impedir que se genere más violencia?

“Si ellos acceden a firmar tal estatuto, entonces será un compacto social constituido por actores locales que pueden llamarlos a la responsabilidad. Si no lo hacen, o si intentan suavizar las condiciones, será indicativo de una profunda falta de voluntad o compromiso político para con la seguridad de las mujeres”, declaró Naraghi-Anderlini.

La relatora Rashida Manjoo dijo a fines de octubre a la Asamblea General que, pese a los avances, hay una serie de desafíos que obstaculizan los esfuerzos por promover y proteger los derechos humanos de las mujeres.

Esto se debe ampliamente a la ausencia de un enfoque integral, que aborde los factores individuales, institucionales y estructurales que son causa y consecuencia de la violencia contra las mujeres, enfatizó.
Exponiendo los argumentos a favor de un nuevo tratado, Manjoo señaló que con un instrumento específico y legalmente vinculante habría un marco de protección, prevención y educación que reafirmaría el enunciado de la comunidad internacional.
Ese enunciado determina que los derechos femeninos son derechos humanos y la violencia contra las mujeres es, en sí misma, una violación dominante y generalizada a los derechos humanos.


Editado en inglés por Kitty Stapp