Mujeres
protestan contra la inseguridad y las malas condiciones de vida en un
campamento ubicado en el centro de Puerto Príncipe, en enero de 2011.
Crédito: Ansel Herz/IPS
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¿Puede prevenirse o eliminarse la violencia contra las mujeres con un
nuevo tratado internacional que firmen y ratifiquen los 193 estados
miembros de la Organización de las Naciones Unidas (ONU)?
La sudafricana Rashida Manjoo, relatora especial del foro mundial sobre
la Violencia Contra la Mujer, dijo a la Asamblea General que la falta
de un acuerdo legalmente vinculante es uno de los obstáculos que se
interponen ante la promoción y la protección de los derechos femeninos
y la igualdad de género.
“Se requiere con urgencia una serie diferente de leyes y medidas
prácticas para responder a y prevenir la violación sistémica,
generalizada y dominante a los derechos humanos que experimentan
mayoritariamente las mujeres”, planteó a los delegados.
Pero organizaciones no gubernamentales y de mujeres asumieron una posición más cauta ante un nuevo tratado.
“En principio, la idea de una legislación más fuerte y más
específica es buena”, pero “sabemos que no es suficiente” para cambiar
prácticas y actitudes, señaló Sanam Naraghi-Anderlini, cofundadora de
la Red Internacional de la Sociedad Civil en Acción (ICAN).
“Hay muchos países —desde Estados Unidos a miembros de la Unión
Europea y más allá, como Pakistán— donde las leyes existen, pero la
violencia contra las mujeres continúa en muchas esferas de la vida,
manifestándose de diversas formas y en proporciones horrendas”, dijo en
diálogo con IPS.
“Por lo tanto, la legislación tiene que combinarse con otros pilares
y elementos que garanticen su efectiva implementación”, agregó.
Palitha Kohona, exjefe de la Sección de Tratados de la ONU, aseguró
a IPS que se requiere un apoyo internacional sustancial, no solo para
que se termine adoptando el texto de un tratado, sino incluso para que
comiencen las negociaciones, tal vez a partir de una resolución del
foro mundial.
“Estoy totalmente a favor de las
medidas prácticas… pero basta de acertijos legales, por favor. Las
mujeres de todo el mundo ya están cansadas de leyes y políticas; lo que
quieren es que se las implemente”: Mavic Cabrera-Balleza
Quienes
promueven un tratado “tendrán que convencer a la comunidad
internacional de que existe una necesidad real de contar con ese
instrumento legal”, sostuvo.
También destacó que esto implicará asegurarse de que los
instrumentos legales internacionales ya existentes son inadecuados para
abordar los problemas que quienes promueven un nuevo tratado buscan
atacar.
“Aunque la violencia de género,
o cualquier otra forma de violencia, tiene que condenarse sin reservas,
esto planteará un desafío para los promotores de un tratado” sobre la
primera, dijo el embajador Kohona, quien actualmente ejerce de
representante permanente de Sri Lanka ante la ONU.
“También se sabe que, aunque las leyes pueden ser útiles para
modificar actitudes sociales y comunitarias, se requerirá más de un
instrumento internacional para poner fin a este comportamiento
abominable”, añadió.
Según él, la humanidad debe plantarse contra la violencia, en
particular la basada en el género. “Como observó un filósofo, habitamos
este planeta apenas por un período corto. ¿Por qué herir a otro durante
esta breve existencia?”, dijo.
Mavic Cabrera-Balleza, coordinadora internacional de la Red Global
de Mujeres Constructoras de Paz (más conocida por su nombre en inglés, Global Network of Women Peacebuilders), señaló a IPS que la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Contra la Mujer (Cedaw), adoptada en 1979 por la Asamblea General de la ONU, ya cubre la eliminación de la violencia contra ellas.
“¿Por qué necesitamos otra ley?”, preguntó. “No veo que tener otro
tratado sobre los mismos asuntos aporte ningún valor agregado. En todo
caso, corremos el riesgo de debilitar a la Cedaw, por la que lucharon
mujeres de todo el mundo (y que) ya tiene casi la ratificación
universal”, adujo.
Cabrera-Balleza opinó que no tiene sentido volver a presionar a los
gobiernos. Añadió que, además, “al haber muchos gobiernos conservadores
en el poder, existen muy pocas posibilidades de lograr que se ratifique
otra ley”.
Recordó que los instrumentos internacionales de que se
dispone actualmente y que promueven y protegen los derechos de las
mujeres, el empoderamiento femenino y la igualdad de género se lograron
principalmente mediante las conferencias mundiales de los años 90.
“Ya no tenemos más ese impulso global. Nunca volverá a haber una conferencia mundial sobre la mujer de la magnitud e impacto que tuvo la de Beijing en 1995”, aseguró.
“Estoy totalmente a favor de las medidas prácticas… pero basta de
acertijos legales, por favor. Las mujeres de todo el mundo ya están
cansadas de leyes y políticas; lo que quieren es que se las
implemente”, planteó Cabrera-Balleza.
Naraghi-Anderlini, de ICAN, dijo a IPS: “No podemos negar la adversa
reacción cultural o ‘religiosa’ contra la llamada agenda progresista en
materia de derechos femeninos”.
En sociedades dominadas por normas patriarcales, donde se considera
que la mujer es propiedad del hombre, los conservadores sociales pueden
fácilmente aprovechar las tradiciones y normas culturales para generar
una oleada de oposición contra los cada vez más derechos de ellas.
“Estamos viendo que fuerzas externas (por ejemplo ideología
religiosa de origen saudita, la Iglesia Católica, etcétera) proponen
normas y prácticas más conservadoras”, señaló Naraghi-Anderlini.
Por lo tanto, como mínimo, las nuevas leyes deben estar acompañadas
de mensajes diseñados a medida, y que transmitan por ejemplo los medios
de comunicación a través de reconocidas y respetadas figuras
nacionales, comunitarias o religiosas, para desafiar esas normas.
Según Naraghi-Anderlini, se requiere una efectiva capacitación y
equipamiento de los servicios de aplicación de la ley a fin de poder
implementar la nueva legislación (por ejemplo, brindar atención a las
víctimas, proteger a los declarantes, etcétera), y los oficiales de
policía tienen que responder por sus acciones, omisiones o
transgresiones.
También sería interesante e innovador que se introdujera un mecanismo ascendente para determinar responsabilidades, dijo.
Por ejemplo, planteó, ¿la ONU estaría dispuesta a apoyar una campaña
por la seguridad de las mujeres donde organizaciones femeninas locales
recibieran el apoyo técnico, financiero y político necesario para
llegar a líderes policiales, de aplicación de la ley y de las
comunidades locales, para juntos redactar un estatuto que obligue a las
autoridades a garantizar que protegerán a las mujeres de la violencia?
Y además, ¿la policía nacional y sus versiones locales estarán
dispuestas a suscribir un estatuto en el que prometan proteger a
mujeres que denuncian casos de violencia, a prometer no violar o acosar
a testigos y víctimas, a impedir que se genere más violencia?
“Si ellos acceden a firmar tal estatuto, entonces será un compacto
social constituido por actores locales que pueden llamarlos a la
responsabilidad. Si no lo hacen, o si intentan suavizar las
condiciones, será indicativo de una profunda falta de voluntad o
compromiso político para con la seguridad de las mujeres”, declaró
Naraghi-Anderlini.
La relatora Rashida Manjoo dijo a fines de octubre a la Asamblea
General que, pese a los avances, hay una serie de desafíos que
obstaculizan los esfuerzos por promover y proteger los derechos humanos
de las mujeres.
Esto se debe ampliamente a la ausencia de un enfoque integral, que
aborde los factores individuales, institucionales y estructurales que
son causa y consecuencia de la violencia contra las mujeres, enfatizó.
Exponiendo los argumentos a favor de un nuevo tratado, Manjoo señaló
que con un instrumento específico y legalmente vinculante habría un
marco de protección, prevención y educación que reafirmaría el
enunciado de la comunidad internacional.
Ese enunciado determina que los derechos femeninos son derechos
humanos y la violencia contra las mujeres es, en sí misma, una
violación dominante y generalizada a los derechos humanos.
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