Por: Argentina Casanova*
Hoy día ser policía es un riesgo en dos sentidos: para quien porta el uniforme porque –como dijo una mujer policía en un foro en Ciudad del Carmen– “ellos nos identifican por la ropa, pero nosotras y nosotros no podemos saber quién es el que cometió el delito a simple vista”. Y en otro sentido porque en México hoy día la ciudadanía tiene miedo de estar a solas con la policía.
No es casualidad que el mapa esté marcado por tres problemas que si fueran colores, se entremezclarían y confundirían; por un lado el crimen organizado que ha permeado la zona centro-norte del país; por otro lado los vínculos de la policía con el crimen organizado, y en lo que quedara de “libre”, el color que prevalece es el de la corrupción, la impunidad y las violaciones a los Derechos Humanos (DH) por parte de elementos de la policía, ya sea municipal, estatal y federal, que ha generado un clima generalizado de rechazo, desconfianza y miedo hacia las fuerzas policiales.
En algún tiempo remoto, cuando una madre quería imponer orden le decía a su hija o hijo: señor policía lléveselo. En algún momento hubo jóvenes que desearon ser elementos de la policía de su estado y era parte de un sueño portar un uniforme por la respetabilidad que eso implicaba en su barrio.
Como ciudadana que colabora en una organización de DH me ha tocado responder y participar en foros donde el tema de la seguridad ciudadana se pone sobre la mesa, y hemos insistido en la necesidad de profesionalizar los cuerpos policiacos, garantizar y proteger sus DH y formarlos en el pleno respeto a los derechos de la ciudadanía.
La preocupación no se termina con el “castigo ejemplar” a uno o dos, o tres o los que sean cuando cometen faltas. Nos interesa que no se violen los derechos de los policías, de todas y todos los elementos que ahí laboran porque también tenemos conocimiento que hacia el interior de las corporaciones existen diversas prácticas violatorias de DH.
Una parte de solución es que las corporaciones policiacas en el país asuman que hoy representan una de las grandes preocupaciones que la sociedad mexicana tiene (y sí, yo siento más desconfianza de detenerme en un retén en una carretera porque parar el auto me pone en situación de riesgo frente a los policías), y procurar la profesionalización de las y los elementos, así como de abrirse a una nueva forma de trabajo de la mano de la sociedad civil.
En todo el país sólo Querétaro cuenta con la figura del Auditor Externo, el primero en su tipo en América Latina, pero hay numerosos esfuerzos de diversas organizaciones civiles que apuestan a la incidencia en el ámbito institucional para transformar a las corporaciones con capacitación en el uso de la fuerza, la aplicación de los manuales y protocolos de atención a víctimas, conocimiento de la Ley General de Víctimas, etcétera, pero sobre todo para que recuperen la confianza ciudadana que alguna vez tuvieron.
No será fácil y mucho menos si no se abren diálogos para mirar que las y los policías son a final de cuentas personas, mujeres y hombres de los pueblos que sufren también los actos de violencia, que viven en sus familias los costos de cometer errores en los que resultan violaciones graves, como ha ocurrido en Iguala, donde fueron policías ministeriales, pero también donde hay detenciones por simples faltas administrativas que derivan en la muerte –por asesinato– de un ciudadano, como ocurrió en Bolonchén de Rejón, Hopelchén, en Campeche.
Es claro que además de la víctima, del dolor de sus familiares, ahora hay seis familias más que verán truncadas sus expectativas, sus sueños, y que las y los hijos y esposas de los seis policías detenidos también son víctimas de un hecho que pudo evitarse.
Hay responsables, lo son, lo es el policía que en el video en Veracruz agrede a un menor de edad por estar vendiendo chicles y lo somete tirándolo al piso y golpeándolo; lo es la falta de observadores de DH capacitados en las corporaciones policiacas; la necesidad de la aplicación de los controles de confianza y la certificación policial; la creación de la contraloría ciudadana en los organismos de justicia, y las visitas ciudadanas a las estaciones de policía para transparentar sus procesos e instalaciones.
No puede justificarse ni pretender que no hay una grave y urgente problemática. No queremos vivir en un país en el que hay que tenerle miedo al crimen organizado y a la policía.
*Integrante de la Red Nacional de Periodistas y del Observatorio de Feminicidio en Campeche.
Cimacnoticias | Campeche.-
CIMACFoto: César Martínez López
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