Organizaciones feministas y de Derechos Humanos (DH) denunciaron ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que no hay avances de parte del Estado peruano frente a víctimas de esterilizaciones forzadas, ya que no ha cumplido con su obligación de investigar y sancionar a los responsables de este delito de lesa humanidad.
Las organizaciones Aprodeh (Asociación Pro Derechos Humanos); Cladem (Comité de América Latina y el Caribe para la Defensa de los Derechos de la Mujer); Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (Cejil); el Centro de Derechos Reproductivos (CDR), y Demus (Estudio para la Defensa de los Derechos de la Mujer), como peticionarias del caso 12191 “Mamérita Mestanza”, campesina indígena víctima de esterilización por el gobierno, sostuvieron una reunión de trabajo sobre la falta de cumplimiento satisfactorio del acuerdo de “solución amistosa”.
Las copeticionarias manifestaron su preocupación por la impunidad, falta de autonomía y de rigurosidad del Ministerio Público peruano, expresadas en el rumbo que ha seguido hasta el momento la investigación preliminar y la impugnación de la resolución que archivó el caso respecto de la comisión de delitos de lesa humanidad imputados al ex presidente Alberto Fujimori y sus ex ministros de Salud.
La resolución reconoce que las esterilizaciones forzadas configuraron graves violaciones a los DH, pero sólo responsabiliza a algunos funcionarios por la comisión de delitos culposos, desconociendo la existencia de un aparato organizado de poder, evitando la atribución de responsabilidad a los autores mediatos.
María Ysabel Cedano, directora de Demus, señaló: “Preocupa, por un lado, que las líneas de investigación no se hayan desarrollado de manera comprensiva, ya que no se ha analizado el contexto en el que ocurrieron los hechos. Asimismo, llama la atención las irregularidades procesales cometidas en el marco de la investigación penal del caso”.
Las organizaciones de defensa de los DH cuestionaron la competencia del fiscal que resolverá la queja interpuesta, ya que no es el llamado por ley. Exigieron que el Estado peruano subsane de una vez por todas las irregularidades procesales y de fondo que se han cometido en la investigación.
Gloria Cano, directora de Aprodeh, llamó a que se respete el principio de “fiscal natural” sin dejar margen a la sospecha de manipulación política alguna.
También cuestionaron que en la investigación y la resolución, el caso de Mamérita Mestanza se trate como un caso aislado, cuando es emblema de una política de Estado que sistemáticamente esterilizó de manera forzosa a miles de mujeres y hombres de zonas rurales y urbano populares del país sudamericano, hablantes de quechua y en situación de pobreza, que en muchos casos no comprendieron a qué se sometían.
En cuanto a las reparaciones, exigieron que las relacionadas a salud y educación para las y los familiares de Mestanza sean efectivas, tal y como lo indica el acuerdo de “solución amistosa”, suscrito en 2003.
Asimismo, la representante de Cladem, Cristina Zurutuza, señaló que el gobierno del presidente peruano, Ollanta Humala, debe garantizar una política de reparaciones integrales para todas las víctimas de este crimen.
De acuerdo con el informe presentado por el fiscal Marco Guzmán Baca este año, se estima que hay 10 mil mujeres presuntas víctimas de esterilizaciones forzadas en todo Perú.
Un total de mil 448 mujeres fueron llamadas a declarar. Actualmente existen 2 mil 74 víctimas incluidas en el expediente de investigación penal de Mestanza.
Esas cifras, así como otros estudios, demuestran que las esterilizaciones forzadas ocurridas entre 1996 y 2000 no constituyen hechos aislados, excesos, ni mucho menos actos de negligencia cometidos por personal médico y profesionales de la salud.
Por el contrario, esto muestra que se trata de un delito de lesa humanidad que se impulsó y ejecutó en el marco del Programa Nacional de Salud Reproductiva y Planificación Familiar, impulsado por el ex presidente Alberto Fujimori.
*Este artículo fue retomado de la agencia internacional de noticias ADITAL.
Imagen retomada del sitio demus.org.pe
Por: la Redacción*
Cimacnoticias | Fortaleza, Brasil.- 
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