La Cámara de Senadores cedió ante la presión de cientos de padres de familia. Con el cambio de una palabra, los legisladores modificaron el sentido a la polémica ley sobre la ‘salud’ sexual de los menores
“Dentro de los temas que más nos preocupan es la cuestión relacionada con
sexualidad y reproducción. Al respecto, han declarado quienes apoyan esta
ley, que las niña y niños deben ejercer sus derechos sexuales y con plena
libertad, y dejando fuera a los responsables de estos, sus padres o tutores o
quien legalmente sea responsable de ellos”. Teresita Gutiérrez Espinosa, Directora de la Comisión Mexicana de Derechos Humanos
Política, religión y sexo. La iniciativa para la Ley General para la Protección de Niñas, Niños y Adolescentes tiene de todo.
Por sí solos cada uno de esos temas son por demás controvertidos,
por lo que no es raro que al juntarlos esto acabara en un polémico y
explosivo coctel.
Ayer, luego de un debate de casi cuatro horas, el Pleno del Senado
aprobó por mayoría absoluta, 72 votos a favor, seis en contra y dos
abstenciones, la nueva Ley no sin antes enfrentar más de dos meses de
debate a causa de lo que parecía una sencilla modificación.
El primero de septiembre, Enrique Peña Nieto presentó ante la Cámara
de Senadores -como iniciativa de trámite preferente- un proyecto de Ley
para homologar la protección a los menores, y regular con más
profundidad sus derechos.
La propuesta contenía 19 nuevos derechos que las autoridades deberían garantizar a este sector de la población.
Hasta ahí todo bien.
El problema fue que durante el análisis del documento, las bancadas
en el Senado acordaron hacer modificaciones bajo el argumento de la ley
era asistencialista y no veía a los niños como sujetos de derechos.
Dijeron que fortalecerían el texto y le daría un enfoque más de
derechos humanos.
Cambiaron 104 de los 140 artículos que contenía la iniciativa. Casi el 90 por ciento de la propuesta.
Con un centenar de modificaciones no hubo problema, sin embargo, hubo dos puntos clave que desataron el infierno.
La Cámara de Senadores cambió los artículos 50, fracción XI y 58,
fracción VIII del proyecto para incorporar la obligación de las
autoridades a proporcionar asesoría y orientación sobre el ejercicio
responsable de los derechos sexuales y reproductivos a niñas, niños y
adolescentes.
También agregó que se debería garantizar el acceso a los métodos
anticonceptivos a los menores y que los sistemas educativos promovieran
una educación que permitan a niñas, niños y adolescentes ejercer sus
derechos sexuales y reproductivos.
Pero fue el término “derechos sexuales y reproductivos”, lo que encendió los ánimos. Todo ardió.
Los más conservadores acusaron a los senadores de promover la
pederastia y el aborto. La Iglesia se declaró preocupada por el hecho
de que los menores tuvieran como derecho tomar decisiones sobre
sexualidad sin la orientación de un adulto.
Pablo Mier y Terán en su columna publicada el 9 de octubre en
Reporte Indigo señaló que el término “derechos sexuales reproductivos”
no existe en ningún tratado internacional por lo que las modificaciones
a la iniciativa eran no solo inconstitucionales sino un riesgo para la
niñez y juventud mexicanas.
“Bajo el amparo de esta nueva ley le pueden enseñar, señores
Senadores, a sus nietos o hijos de 10 años que si ellos lo desean
pueden cambiar de sexo, y su hija de 12 años les podrá presentar a su
novio de 50 y le tendrán que decir que ‘pueden hacer lo que quieran’ y
no habrá pedofilia. Porque es su nuevo ‘derecho’.
“(…) si su hija o nieta de 14 años se embaraza podrá abortar aun sin que ustedes se enteren”.
En pocos días la versión en video de la colaboración de Mier y Terán
se volvió viral, lo que provocó reacciones, incluso en el Congreso.
El senador perredista Alejandro Encinas acusó al columnista en el Pleno de publicar mentiras.
“De ninguna manera se autoriza en aborto ni se le quita la patria potestad a nadie”.
Tachó de “ataques provenientes de la ultraderecha”, la presión que
recibió el Congreso para modificar el tema de derechos sexuales.
“Hay que recordarles a estos ciudadanos tan puros y castos que el
octavo mandamiento dice con toda claridad ‘no levantarás falsos
testimonios ni mentirás’… y están pecando. Se van a ir al infierno”,
ironizó.
Una ley ‘altamente riesgosa’
El 14 de octubre, la Conferencia del Episcopado Mexicano (CEM)
emitió un comunicado en el que aseguró que era "altamente riesgoso"
dejar a "interpretaciones arbitrarias" que los menores tomen decisiones
sobre sexualidad sin la orientación de un adulto.
La cúpula de la Iglesia católica se dijo preocupada por que la
iniciativa de Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y
Adolescentes no define con claridad qué derechos sexuales y
reproductivos tendrán los menores.
"Nos preocupa el concepto 'Derechos sexuales y reproductivos', que
no se encuentra en nuestra Constitución ni en los tratados
internacionales que vinculan al Estado mexicano, y que al carecer de
una definición sobre su contenido y alcance, puede dar lugar a
interpretaciones arbitrarias", señalaron.
Ya el senador José María Martínez, del PAN, había acusado a los
promotores de la propuesta de impulsar una ley a favor del aborto.
También líderes profamilia de México arremetieron contra la
propuesta modificada en el Senado, al advertir que dejaba de lado la
responsabilidad de los padres en la crianza de sus hijos.
Teresita Gutiérrez Espinosa, directora de la Comisión Mexicana de
Derechos Humanos, advirtió que el problema fundamental de la ley es que
se pretende que los menores de edad hagan uso y ejercicio de sus
derechos, como si fueran mayores de edad.
“Dentro de los temas que más nos preocupan es la cuestión
relacionada con sexualidad y reproducción. Al respecto, han declarado
quienes apoyan esta ley, que las niña y niños deben ejercer sus
derechos sexuales y con plena libertad, y dejando fuera a los
responsables de éstos, sus padres o tutores o quien legalmente sea
responsable de ellos”, indicó Gutiérrez Espinosa.
Los cambios
1. Se cambió de asesoría y orientación sobre el ejercicio
responsable de sus derechos sexuales y reproductivos a los niños, niñas
y adolescentes, los gobiernos municipales, estatales y federal a
obligación de orientar sobre salud sexual y reproductiva.
2. En lugar de que los menores tengan derecho a una educación sexual
integral para ejercer de manera informada y responsable sus derechos
sexuales y reproductivos, los padres deben intervenir en la educación
de sus hijos.
3. Se modificó el concepto “derechos sexuales y reproductivos” por
“salud sexual y reproductiva”. Ahora, quienes ejerzan la patria
potestad, tutela y custodia de niños y adolescentes tendrán derecho a
intervenir en la educación sexual y reproductiva.
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