y político guerrerense hoy más imprescindible que nunca.
MÉXICO, D.F. (Proceso).- Sería difícil encontrar un sitio
más apropiado que Iguala de la Independencia, Guerrero, para iniciar el
urgente proceso de reconstrucción nacional. Fue ahí donde se concretó
la Independencia de México con la firma del Plan de Iguala y la
elaboración de la Bandera Nacional el 24 de febrero de 1821. En aquella
fecha histórica lograron unirse las diversas fuerzas nacionalistas que
después rápidamente derrotarían a la Corona de España. Hoy hace falta
repetir aquella hazaña para, con medios pacíficos pero contundentes,
derrotar una vez más al despotismo que reina en el país.
Los desesperados esfuerzos del gobierno federal para
apagar el fuego de la resistencia ciudadana en Guerrero han resultado
contraproducentes. El gobernador interino, Rogelio Ortega, perdió toda
credibilidad desde el primer momento de su mandato al comportarse como
un servil empleado de Enrique Peña Nieto. En lugar de tomar acciones
concretas para encontrar a los estudiantes desaparecidos y resolver la
crisis de gobernabilidad en el estado, Ortega acudió a Palacio Nacional
para rendir pleitesías y comprometerse a “entregar buenas cuentas” al
Virrey contemporáneo.
La reunión de Peña Nieto con los padres de familia y los
estudiantes de la Escuela Normal Rural Isidro Burgos de Ayotzinapa fue
igualmente un fracaso. “Tal parece que se están burlando de nosotros”,
señaló con mucha razón el padre de familia Epifanio Álvarez. “Que no se
le olvide al gobierno federal que de Guerrero han salido grandes
personajes importantes. Le pedimos a la población mantener la ira hasta
que nos entreguen a los 43 normalistas”, sentenció otro valiente padre
de familia, Felipe de la Cruz. Cada vez son menos creíbles los vacíos
compromisos de parte del ocupante de Los Pinos para “llegar al fondo”
de la masacre.
El intento de criminalizar a los normalistas, y los
ridículos esfuerzos por responsabilizar a Andrés Manuel López Obrador
también evidencian la enorme vulnerabilidad del régimen. Arrinconado
por la movilización social y atrapado en su laberinto de impunidades,
el dinosaurio da coletazos sin racionalidad alguna, como un perro
herido y resentido. Quienes conocen el verdadero contexto para la
selección de Abarca en Iguala han revelado que no fue López Obrador,
sino Jesús Zambrano, quien lo impuso como candidato. Asimismo, no hay
que olvidar que el municipio de Cocula, donde aparecieron los nuevos
restos humanos, es gobernado por el Partido Revolucionario
Institucional (PRI).
Pero la filtración más importante no son las fotografías
del líder de Morena, sino las acusaciones con respecto al posible
financiamiento del narcotráfico a las campañas políticas de José Luis
Abarca y Ángel Aguirre. Esta información tiene la clara intención de
encapsular la problemática en el ámbito local, pero es muy probable que
al régimen le salga el tiro por la culata.
Los jefes de los cárteles de las drogas son sin duda
criminales violentos e inhumanos, pero sería un error imaginar que
también son tontos. Tanto el narcotráfico como el crimen organizado
están tipificados como delitos federales. Si financiaron campañas
políticas a niveles municipal y estatal, tendrían que haber participado
también en las elecciones federales, y en particular en las
presidenciales, donde se selecciona quién estaría a cargo de las
fuerzas de seguridad responsables de perseguir precisamente los delitos
que más interesan a los narcotraficantes.
El IFE –ahora INE–, convenientemente, jamás ha llegado al
fondo de la vasta red de triangulaciones que permitieron financiar el
exorbitante gasto ejercido por Peña Nieto para arribar a Los Pinos. Sin
embargo, la Comisión Monex de la Cámara de Diputados ha estimado que el
actual presidente rebasó por 12 veces el tope de gastos de campaña al
erogar aproximadamente 4 mil 500 millones de pesos. ¿De dónde salieron
todos esos recursos para las tarjetas Monex y Soriana, para los
“incentivos” a los medios de comunicación y las casas encuestadoras,
así como para el masivo operativo de compra y coacción del voto el día
de la elección?
En general, será imposible para el gobierno federal
evitar ser llamado a cuentas por la masacre. Guerrero ha sido ocupado
por los militares desde hace décadas. Y durante el mandato de Ángel
Aguirre se consolidó el control federal sobre la seguridad pública en
el estado por medio del “Grupo Coordinación Guerrero”, con la
protagónica y consistente participación de la Policía Federal y la
Secretaría de la Defensa Nacional. Sería ingenuo imaginar que la
pasividad criminal del 27 Batallón de Infantería –ubicado en Iguala–
durante la masacre, así como la falta de resultados en la búsqueda de
los normalistas, se deben solamente a la probada ineptidud de las
instituciones federales.
El estado de Guerrero siempre se ha colocado a la
vanguardia de las transformaciones políticas y sociales de México. Su
nombre mismo constituye un homenaje al gran revolucionario Vicente
Guerrero, originario de Tixtla –donde se encuentra Ayotzinapa– y uno de
los líderes más visionarios y comprometidos con el pueblo durante la
guerra de Independencia. Sin la tenacidad del general Guerrero, la
artera ejecución de José María Morelos en 1815 muy probablemente
hubiera puesto fin a los sueños de tener un país libre y soberano.
Recordemos que fue en Acapulco donde Morelos dio a
conocer sus Sentimientos de la Nación y llamó a crear el Congreso de
Chilpancingo para fundar la nueva patria desde la capital del estado.
Más recientemente, desde la época de Lucio Cabañas y Genaro Vázquez
hasta nuestros días, Guerrero ha albergado un activismo social
indudablemente central para la democratización del país.
El sistema autoritario ya casi toca fondo, y Guerrero se
coloca como el sitio ideal para iniciar la ardua labor de
reconstrucción de la patria. Los valientes estudiantes de la
Universidad Autónoma Metropolitana (UAM) ya han puesto el ejemplo al ir
más allá de las importantes huelgas estudiantiles para también
organizar caravanas de apoyo y de solidaridad desde la Ciudad de México
hasta Iguala. Otras universidades y agrupaciones sociales de todo el
país harían bien en realizar acciones similares para ir convirtiendo a
Iguala, y a la normal de Ayotzinapa en Tixtla, en centros para la
articulación de una gran red de poder popular capaz de, finalmente,
transformar a la nación y “mover a México” hacia una democracia
verdadera.
Twitter: @JohnMAckerman
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