¡Vivos se los llevaron, vivos los queremos!
A más de un mes de la masacre de Ayotzinapa —considerada como crimen de lesa humanidad e inscrita dentro de la guerra sucia
que libra el Estado contra los movimientos populares— perpetrada en la
noche del 26 de septiembre de 2014 alrededor de las 21 horas por
policías municipales con un saldo de seis personas fallecidas,
diecisiete heridos y la desaparición forzada de 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa
—poblado de la cabecera municipal de Tixtla de Guerrero del municipio
del mismo nombre en el Estado de Guerrero, México— los hechos, causas y
significados aún permanecen en la obscuridad por parte de los tres
niveles de gobierno del Estado mexicano: municipal, estatal y federal
involucrados en el conflicto que asola al pueblo mexicano y a la
opinión pública nacional e internacional.
No es una casualidad
este monstruoso acontecimiento que involucra a políticos, militares y
cárteles de la droga y que ha teñido de sangre, barbarie y rabia a
miles de familias mexicanas inicialmente oriundas del lugar donde
ocurrió la masacre en el Municipio de la ciudad de Iguala de la
Independencia, Guerrero que, paradójicamente, en idioma náhuatl
significa: " donde serena la noche". Hay que recordar que en este sitio
se firmó el documento que reconoció oficialmente la independencia de
México en el llamado Plan de Iguala del 24 de febrero de
1821, ocurrió la unificación de los ejércitos realista y e insurgente
(Ejército Trigarante), se erigió el Estado de Guerrero el 27 de octubre
de 1849 (siendo inicialmente la ciudad de Iguala su capital) y se
diseñó también la bandera nacional, entre otros hechos históricos de
indudable trascendencia.
La desinformación que priva en torno
a los acontecimientos, propiciada por el gobierno y los medios de
comunicación, es un indicativo de la intencionalidad de conferirle a la
masacre contrainsurgente significados locales y personales que
deslinden a las autoridades centrales del gobierno estatal y federal de
toda responsabilidad en el intento de borrar el acontecimiento como
crimen de Estado inscrito en la larga intencionalidad oficial de
destruir las normales rurales en nuestro país que atienden alrededor
del 40% de la educación básica, con énfasis particular en los sectores
rurales de la población. Es evidente que este fenómeno resulta de la
imposición de la reforma educativa de corte neoliberal y de sus leyes
secundarias en esta materia para amoldar la política educativa de
nuestro país a los intereses privados de los grandes grupos
transnacionales y financieros que no requieren para nada de la
formación de cuadros de profesionales, técnicos e ingenieros acordes
con la demanda educativa por parte de la gran mayoría de la población.
Hasta la fecha, además del nulo esclarecimiento de los hechos por parte
de las autoridades de los tres niveles de gobierno (federal, estatal y
municipal), se ignora el paradero de los 43 secuestrados-desaparecidos,
estudiantes de la combativa normal rural "Raúl Isidro Burgos" de
Ayotzinapa, Guerrero, de quienes sus familiares exigen su aparición
sanos y salvos: "vivos se los llevaron, vivos los queremos" rezan las
consigas que también han hecho suyas los distintos movimientos
populares y estudiantiles que se han solidarizado y expresado su
repudio ante la represión oficial responsable de estos terribles
acontecimientos.
Desde la campaña electoral del PRI y de Peña
Nieto hasta la implementación-imposición de las llamadas "reformas
estructurales" (entre las más importantes la laboral, educativa,
fiscal, de telecomunicaciones y energética), se pregonaba que en México
se "gozaba" de un clima de "paz y tranquilidad" que era
sistemáticamente difundido en los foros internacionales por los
principales personeros del gobierno mexicano: por el secretario de
Hacienda, el presidente, el de Relaciones Exteriores y, aún, por los
organismos empresariales beneficiarios de dichas reformas y de las
políticas neoliberales del gobierno que ha implementado en los últimos
dos años, en consonancia con las que aplicaron sistemáticamente los
gobiernos panistas neoliberales durante las dos últimas
administraciones gubernamentales (2000-2012)..
A pesar del
enorme descontento popular y social frente a la represión y a los
crímenes de lesa humanidad, expresado mediante protestas en las calles,
tomas de carreteras, de alcaldías municipales, manifestaciones
multitudinarias (que han rebasado las 500 mil personas) como la del 22
de octubre en ciudades como la de México, Chilpancingo, Iguala,
Guadalajara, Monterrey, Michoacán y en otras de la República, así como
también en diversos países del mundo, demandando centralmente el
esclarecimiento de los hechos, la aparición con vida de los 43
compañeros desaparecidos y el castigo a los culpables materiales e
intelectuales, hasta la fecha no habido una respuesta lógica,
contundente y esclarecedora que arroje veracidad sobre las causas de
los acontecimientos y de los verdaderos responsables, siendo que
algunos que han sido identificados como el ex-alcalde de Iguala, su
esposa y el secretario municipal de seguridad (ligados al narcotráfico
y dirigentes de grupos criminales) avisados por sus secuaces se dieron
a la fuga sin que hasta la fecha se conozca su paradero.
Del
mismo modo, después de una serie de especulaciones, y en negociaciones
en lo oscurito como se acostumbre en la cultura política mexicana,
tanto con el gobierno Federal, como con el partido al que pertenece (el
PRD), se acordó que el gobernador de Guerrero pidiera "licencia" al
legislativo local para separarse del cargo (23 de octubre de 2014)
para, supuestamente, "contribuir" al "esclarecimiento" de los hechos
ocurridos en Iguala. Es necesario aclarar que la "licencia" —que no la
renuncia— es el manto y el recurso legal con que en México se encubre
la corrupción y la impunidad de políticos y funcionarios
gubernamentales que, por ello mismo, difícilmente llegan a ser
procesados o, si esto ocurre, a los sumo, se hacen acreedores a alguna
penalidad menor que tarde o temprano les permite salir de la cárcel
mediante el pago de una cómoda fianza que los pone en libertad, en
muchos casos, exonerados de los cargos de que se les acusó.
Es
lo cierto, sin embargo, que tanto el gobierno federal, como el Senado
de la República y el PRD se negaron rotundamente a declarar la
desaparición de poderes en el Estado de Guerrero, a pesar de que había
causas evidentes y suficientes como la masacre de los normalistas y de
otras personas que fueron acribilladas por la policía municipal; el
descubrimiento masivo de fosas clandestinas con restos humanos en la
circunscripción de Iguala y en otros puntos del Estado de Guerrero,
como denuncian justamente numerosos pobladores y testigos en la región.
Procedía —y procede— que se decretara la desaparición de poderes en el Estado de Guerrero debido también a la existencia de un clima generalizado de ingobernabilidad
que amenaza frontalmente a la población por estar sistemáticamente
sometida al control y a las amenazas de grupos criminales que
impunemente operan en ese Estado y lo controlan tanto económicamente,
como socialmente y a través de las amenazas y del terror.
De acuerdo con el Artículo 76, fracción V de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos
vigente, la desaparición de poderes es facultad exclusiva del Senado, y
se justifica en la medida en que, por causas de orden social y/o
políticas, dejan de existir los poderes públicos en un Estado de la
República y el gobierno federal debe intervenir su soberanía con el fin
de constituir nuevos poderes locales que sustituyan a los
desaparecidos. La d esaparición de poderes no se concretó, a pesar de
que la población ha denunciado sistemáticamente que siguen operando los
grupos criminales y del narcotráfico en todo el territorio del Estado,
prácticamente con su poder intacto hasta la fecha. Aún con los más de
10 mil efectivos que entre ejército, corporaciones policiacas y
judiciales ha desplegado el gobierno para darse a la búsqueda
infructuosa de los desaparecidos. Ese estado de desaparición de
poderes, permitiría limpiar el estado desde la base y
reconstruir los poderes en consonancia con los intereses mayoritarios
de su población. Pero es evidente que la acción gubernamental no va por
allí y se inclina, más bien, en ponderar la alianza desde arriba con
partidos, grupos criminales, políticos, militares y empresarios que han
sido los auténticos beneficiarios del proyecto autoritario-neoliberal
vigente en el país para reconstruir el tejido social bajo su hegemonía.
En
este contexto, en una reunión de más de cuatro horas celebrada el 02 de
noviembre en las instalaciones de la Normal Rural de Ayotzinapa, la
Asamblea Nacional Popular (ANM), constituida por organizaciones
sociales y normalistas de todo el país, acordó exigir al gobierno
federal e hizo un llamada al pueblo mexicano para que apoye las
siguientes demandas:
- Presentación con vida de los 43 estudiantes de la normal de Ayotzinapa desaparecidos.
- No reconocer al gobernador interino, Rogelio Ortega Martínez, que hasta la fecha ha sido incapaz de dar solución al conflicto y, más bien, se ha visto como parte de una estrategia del gobierno federal encaminada a postergarlo y desgastar al movimiento de protesta a la vista de las próximas elecciones del año entrante que se habrán de celebrar en el país, incluyendo al Estado de Guerrero.
- Desaparición de poderes
- Constitución de Consejos Municipales, verdaderos órganos de poder popular.
El hecho es que también el antiguo gobernador priísta y ahora
ex-gobernador perredista desapareció de la escena del crimen y
seguramente exculpado de toda responsabilidad arropado por su partido
e, incluso, por el mismo gobierno federal quien hasta la fecha no le ha
fincado responsabilidad alguna en la matanza de los normalistas, en la
fuga del alcalde de Iguala y en la desaparición de los 43 estudiantes
de la normal rural de Ayotzinapa a pesar de ser responsable en tanto
titular del ejecutivo local.
La "solución" cupular acordada
entre el gobierno federal, el gobernador y la legislatura local se
redujo a nombrar un "gobernador interino" que era funcionario de rango
menor en la Universidad Autónoma de Guerrero (UAG) fungiendo como su
secretario general y con un supuesto pasado de "izquierda". Éste
inmediatamente tomó las riendas del mando del gobierno del Estado para
darse a la tarea de "buscar" a los desaparecidos. Sin embargo, lo mismo
que con el gobierno federal, bajo su batuta no habido ni asomo tanto de
las causas de la masacre como del paradero de los normalistas que hasta
la fecha siguen desaparecidos.
Ante la evidente incapacidad
mostrada por el Estado mexicano para esclarecer estos acontecimientos,
se ha dado la tarea a través de los medios de comunicación de
distorsionar la realidad y erigir hipótesis verdaderamente
descabelladas, como la de que todo se trató de un conflicto y
enfrentamiento entre grupos narcotraficantes, señalando principalmente
a los Rojos (a los que presuntamente pertenecerían los normalistas) y a
los Guerreros Unidos que además también, ambos, operan en el Estado de
Morelos y se lo disputan. Es el caso de que a los normalistas se les
trató de involucrar con estos grupos delictivos : " Ahora
salen que son delincuentes, todos en el pueblo los conocemos, sus papás
se la pasaron trabajando toda la vida para sacarlos adelante...son
inocentes y pobres, no tienen la economía para salir adelante.
Solamente van a buscar la vida, sólo querían salir adelante", dijo la
madre de Jorge Luis y Dorian González Parra , ambos detenidos-desaparecidos por policías desde el 26 de septiembre.
La otra versión que circula en los medios es la de que 17 de los
desaparecidos normalistas eran "guerrilleros" pertenecientes al ERPI y
que por eso los aniquilaron, mientras que presumiblemente el resto de
los 43 permanecen vivos, sin que hasta la fecha se conozca su paradero.
Obviamente que ambas versiones son apócrifas y evidentemente han sido
intencionalmente filtradas por el gobierno a través de los medios para
intentar reducir la masacre a un conflicto local de intereses entre
grupos criminales.
Consideramos que la actual estrategia
gubernamental tanto del gobierno federal cimentada en la doctrina de
contrainsurgencia, como ahora del nuevo gobernador interino, consiste
en ganar tiempo tratando de llegar infructuosamente a acuerdos con los
padres de familia de los normalistas con el fin de desgastar el
movimiento y convertirlo en un conflicto local que nada tendría que ver
con la crisis social, política y económica del conjunto de la nación y,
en particular, del Estado de Guerrero.
Después de dos años de
"alegría y orgía neoliberal" por parte de los grupos empresariales
privados nacionales y extranjeros, de las grandes empresas
transnacionales energéticas y de las altas burocracias del gobierno
federal que auguraban que, con las "reformas" llamadas "estructurales",
México saldría adelante en un "clima de paz y tranquilidad" — pregonado
hasta la saciedad por el mismo Presidente de la República, su
Secretario de Hacienda y por el Gobernador del Banco de México—, la
masacre de Ayotzinapa constituye un punto de inflexión histórica que
marca la profunda crisis del poder del Estado y de sus instituciones
fundamentales: el Ejército —que cada vez más se revela como una fuerza
criminal contra el pueblo y la ciudadanía—; el poder legislativo, con
sus partidos políticos (PAN-PRD y PRI) que son verdaderos aparatos de
Estado más que un instrumento representativo de los intereses generales
de la ciudadanía a la que debería obedecer su representatividad, y el
poder ejecutivo, que encabeza formalmente el Presidente de la República
y constituye un eslabón esencial de los intereses económicos de los
grupos empresariales nacionales y extranjeros, al mismo tiempo que es
fiel reflejo de los intereses geoestratégicos de la Presidencia
Imperial con asiento en Washington: el poder concentrado del
imperialismo norteamericano en México y en el mundo.
Las
grandes y rebeldes movilizaciones desatadas a raíz de la masacre de
Ayotzinapa por parte de vastos sectores del pueblo mexicano: los padres
de familia, el campesinado y grupos indígenas, el estudiantado, el
movimiento obrero y el magisterio crítico y no corporativo, así como
sectores de académicos en las universidades y en centros e institutos
de educación superior y de posgrado, serán los responsables y
protagonistas para que el crimen de lesa humanidad perpetrado por el
Estado mexicano en su sección estatal y municipal, no quede impune y,
además, para convocar a una gran organización y movilización popular
que plantee la refundación del Estado mexicano, de su
territorialidad, de su cultura y de su población en términos de
justicia, plena igualdad, solidaridad y pertenencia social en el
contexto de nuevas formas de vida, de trabajo, de cultura y de
convivencia con absoluto respeto de la naturaleza y de los derechos
humanos y sociales fundamentales, que necesariamente habrán de
trascender la esencia y la dinámica del capitalismo dependiente que
opera en nuestro país y que es reproducido día a día por la clase
dominante y por el Estado a través de sus medios represivos e
ideológicos y de sus funcionales burocracias estatales y privadas.
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