Asfixia

Alejandro Encina

Han transcurrido cinco semanas de la barbarie cometida contra estudiantes normalistas en el municipio de Iguala. A lo largo de estos días de indignación y reclamos en todo el mundo, ha prevalecido la incertidumbre respecto al destino de los 43 jóvenes secuestrados por policías municipales convertidos en sicarios al servicio del crimen organizado.

Han sido semanas de desatinos y titubeos, como la tardía separación del gobernador Ángel Aguirre, renuente a abandonar el cargo pese a la ingobernabilidad en la entidad, de la que han dado cuenta las fosas clandestinas que a diario se encuentran y la impunidad con que los cárteles del delito operan en vastas regiones del estado.

Es ostensible la incompetencia del gobierno federal para dar con los jóvenes; detener al ex alcalde de Iguala y sus cómplices; la omisión de las autoridades locales a quienes el Secretario de Gobernación les requirió el resguardo de los hoy prófugos, y deslindar responsabilidades de las autoridades que han permitido la operación de las bandas criminales enquistadas en la región.

La confirmación de las ejecuciones extrajudiciales cometidas por elementos de Ejército en Tlatlaya, los enfrentamientos en Luvianos; el homicidio de un estudiante de la Universidad de Guadalajara, en Guanajuato. La descomposición de dirigentes del PRD, que lo mismo conviven, que promueven a agentes vinculados al crimen organizado; el secuestro de atletas en el Ajusco; los jóvenes tejanos ultimados en Tamaulipas, y una larga cadena de violencia, dan cuenta de cómo campea la violencia, la corrupción y la impunidad en el país.

A ello se suma la negativa de la SCJN a la solicitud que millones de ciudadanos presentamos para someter a consulta popular la reforma energética. Los argumentos esgrimidos para conculcar nuestro derecho a ser consultados son insostenibles. La ministra Luna Ramos alega que ninguna reforma constitucional puede someterse a consulta, cuando la carta magna señala que son objeto de consulta los temas de trascendencia nacional, y nada puede ser más trascendente que modificar las bases constitutivas de la nación. En tanto que para la ministra Sánchez Cordero, no procede la consulta por tratarse de un asunto que afecta los ingresos nacionales. Lo que convalida el albazo de la madrugada del 13 de diciembre de 2013, cuando de manera subrepticia senadores del PRI y del PAN incorporaron un adendum al dictamen para vincular la reforma energética con los ingresos nacionales, tergiversando el precepto constitucional que limita la realización de la consulta a los asuntos fiscales, es decir a la fijación de impuestos.

El recuento de agravios puede multiplicarse para dar cuenta de la profunda crisis que, en inseguridad y respeto a los derechos humanos, enfrenta el Estado mexicano, cada día más debilitado, por la acción de un gobierno obnubilado en el ensueño de un país inexistente, que al igual que en 1994, a la entrada en vigor del TLC, las reformas estructurales le vuelven a estallar en las manos.

Peña Nieto debe dejar atrás el país de fantasía que quiere construir desde el pedestal de un presidencialismo centralista y autoritario, asumiendo que lo más importante es encarar la verdad, presentar con vida a los normalistas secuestrados y dar un golpe de timón a la política económica.

El país está colapsado. La pobreza y la desigualdad siguen creciendo, la corrupción y la impunidad están de plácemes, en tanto el miedo, el vacío de autoridad y la ausencia de ética en la función pública asfixian las libertades de los ciudadanos. Conculcar derechos y eliminar los espacios de participación política, acumularán más agravios que liberarán una energía social renovadora que ningún pacto burocrático podrá contener.

Senador de la República