México,
DF., 03 dic. 14. AmecoPress/Cimacnoticias.- Las grandes empresas
internacionales de extracción, eólicas o hidroeléctricas –cuya
instalación fue aprobada sin consultar y sin dar información suficiente
a quienes se verían afectados– destruyen los recursos naturales que son
la fuente de ingresos económicos y alimentarios de mujeres indígenas y
sus familias.
Todo
ello ante un contexto de creciente criminalización en contra de quienes
deciden defender el derecho a la tierra y al territorio. De acuerdo con
la Federación Internacional de Derechos Humanos (FIDH), “como nunca”
las y los defensores de la tierra son víctimas de agresiones, que si
bien en su mayoría son orquestadas por los grandes corporativos son
avaladas por elementos del Estado.
Hoy, en el
Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro ProDH) se
presentó el informe “No tenemos miedo. Defensores del derecho a la
tierra atacados por enfrentarse al desarrollo desenfrenado”, realizado
por el Observatorio para la Protección de los Defensores de Derechos
Humanos (OBS), integrante de la FIDH.
Durante la
presentación del informe, Andrea Cerami, integrante del Centro Mexicano
de Derecho Ambiental (CMDA), aseguró que en gran parte de los proyectos
que han sido aprobados por el Estado mexicano no se ha respetado el
derecho a la consulta libre e informada, y que los proyectos son
impuestos a las comunidades indígenas, lo que genera un conflicto socio
ambiental, con repercusiones que pocas veces son visualizadas.
Ese es el caso
de los proyectos de energía eólica construidos en el Istmo de
Tehuantepec, Oaxaca –zona más angosta entre los dos océanos que rodean
el territorio mexicano–, que según relatos de mujeres indígenas se
edificaron sin informar a la población sobre las consecuencias que la
generación de energía tendría sobre los recursos naturales.
Voces desde “La Ventosa”
En entrevistas
realizadas previamente por Cimacnoticias, doña Emilia, indígena de la
región y quien al hablar mezcla el zapoteco con el español, contó que
vive rodeada de montañas en “la cinturita de México”, es decir, en
Juchitán de Zaragoza, en la zona conocida como “La Ventosa”, que toma
su nombre de los grandes vientos que azotan la región.
Cabe mencionar
que la región del Istmo de Oaxaca es considerado por el gobierno
federal como un sitio estratégico para el desarrollo del país, mediante
la generación de energía eólica.
Hace algunos
años ella y su hija caminaban todos los días hasta “sus tierras” para
recoger lo que cosechaba su esposo –ahora migrante – y después bajar a
venderlo a la “plaza” (mercado ambulante).
“Era bonito
caminar porque te encontrabas a los animales, había unas aves grandes y
de muchos colores y muchos conejos que según me han dicho sólo crecían
aquí, pero ahora ni se ven”, contó.
Según el
estudio de impacto ambiental realizado para la construcción del
proyecto eólico, el Istmo de Tehuantepec forma parte de la ruta de aves
migratorias.
Cada temporada
pasan por la zona millones de aves de 130 especies; entre las especies
en peligro (por la construcción) se encuentran la aguililla de alas
anchas, la aguililla migratoria mayor y el halcón peregrino, protegidas
por las leyes de México, Estados Unidos y Canadá.
La mujer
aseguró que después de la instalación del “Parque Eólico La Venta II”
las tierras ya no producen como antes, pues ahora “las cosas se dan más
chicas y luego saben raro”, por eso extraña los tiempos en los que todo
se daba sin remedios.
Otra de las
mujeres de la región contó a Cimacnoticias que cuando se iban a
instalar las plantas eólicas “nos dijeron todo lo bueno que nos iba a
dejar, que les rentáramos nuestra tierra, pero no nos dijeron lo malo,
no nos dijeron que la tierra se iba a podrir, de ahí vivimos y de ahí
comemos; yo de ahí le daba de comer a toda la familia, igual que todos
los que habitamos en la zona”.
A “tía Licha”,
quien también contó su historia a Cimacnoticias, le alquilaron sus
tierras; mensualmente recibe 600 pesos por el uso de cada hectárea;
según dijo, no le advirtieron que no se podía acercar a la
construcción, además lo que le pagan “no le alcanza para nada y es
menos” de lo que ella ganaba por el comercio de sus productos, que
también utilizaba para el autoconsumo y “ahora tiene que bajar a
comprar”.
Las tres
mujeres, además de las manos desgastadas por el trabajo de campo,
también comparten el temor de decirse defensoras de la tierra.
Si bien
participan en las movilizaciones y en los bloqueos carreteros que se
realizan para oponerse a una nueva construcción, no forman parte de los
representantes, pues “con los sustos que nos han metido ya nos da miedo
que nos vayan a agarrar”.
De acuerdo con
el informe presentado hoy, las y los defensores de la tierra son la voz
de miles de personas que se ven afectadas por las ocupaciones de los
corporativos, pese a ello son constantemente agredidos.
Entre 2011 y
2014 se documentaron 43 casos de asesinatos de defensores del derecho a
la tierra y 123 de hostigamiento judicial, en ocasiones acompañado por
detenciones arbitrarias a nivel mundial.
El OBS, que
elaboró el informe, constató que muy frecuentemente los agresores son
agentes de la policía, militares, de seguridad privada, o incluso
“mercenarios”, cuyo objetivo es acallar las voces opositoras que
podrían frenar un proyecto de inversión.
Foto: Archivo AmecoPress. Lideresa Comunidad Indígena Maya.
