Javier Hernández Valencia
MÉXICO,
D.F. (Proceso).- Para ilustrar la virtud cíclica de los acontecimientos
y su repetición arquetípica –el “eterno retorno” del cual escribió
Mircea Eliade–, los antiguos egipcios, griegos y hasta las tribus
nórdicas emplearon la imagen del uróboro, un reptil que muerde su
propia cola con el afán de engullirla. El mismo día en que en México y
el mundo nos horrorizamos con los sucesos en Iguala, Guerrero,
atribuidos directamente a funcionarios policiales, autoridades
municipales y otros participantes, que derivaron en la muerte de seis
personas, heridas de otras 20 y la desaparición forzada de 43
estudiantes de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa, yo publiqué en el
diario Reforma un texto que se refería al “torrente de noticias que a
nivel nacional e internacional han convertido el nombre de Tlatlaya en
el epicentro de serios debates y urgentes decisiones”. El insaciable
uróboro no ayuna en México.
Escribo estas líneas
convencido de la creciente y acelerada permutabilidad de los hechos,
lugares y gente, turbado por los nombres emblemáticos que se suceden y
reemplazan: Iguala/Ayotzinapa, Tlatlaya, Discoteca Heaven, casino
Royale, San Fernando, Guardería ABC, discoteca New’s Divine… y la lista
de gravísimos casos empieza a erigirse como un tzompantli. No debemos
doblegarnos a adorarlo a la fuerza ni resignarnos a convivir a su
sombra en aroma de flores de cempasúchil.
El presidente de la República, Enrique Peña Nieto, se
dirigió a la nación diciendo que “(…) en la tragedia de Iguala se
combinaron condiciones inaceptables de debilidad institucional (…) a
raíz de la tragedia de Iguala (…) una sociedad hoy alza su voz para
decir: Ya basta (…) (y) tod(o)as coinciden en un punto fundamental: que
México no puede seguir así. Y tienen razón. Después de Iguala, México
debe cambiar”. Se trata de palabras tan arraigadas al contexto que es
deber de todo/as tomarlas con suma atención.
Y quienes hoy prestan atención son quienes desde hace
mucho tiempo advirtieron y desentrañaron la perversa naturaleza del
uróboro y su implacable afán de cebarse de violencia, muerte,
corrupción e impunidad. Así lo reconoce incluso el presidente: se trata
de “personas que han salido a las calles, en México y en distintas
partes del mundo; (con) expresiones de solidaridad con los estudiantes
de Ayotzinapa, de artistas, intelectuales y deportistas; (de) miles de
inconformidades difundidas en redes sociales, así como (de) opiniones
de articulistas y columnistas”.
El eje del combate y la respuesta a la tragedia de Iguala
(nombre intercambiable) se movió fuera de las institucionalidades y se
asienta en calles, plazas, aulas, gremios, cristalizando voces de
diferentes, sucesivos y convergentes procesos, para encontrar con vida
a los 43 normalistas y para dar también con el paradero de, por
ejemplo, José Antonio Robles Fernández o cualquiera de los que engrosan
la lista oficial de “personas no localizadas”; y por supuesto para
desentrañar las autorías materiales e intelectuales de los asesinatos
de Regina Martínez, Marisela Escobedo; y sin duda para acoger con
respeto y dignidad a toda víctima y ser querido que busca justicia por
casos de desaparición forzada, ejecución extrajudicial y tortura,
conductas puestas de manera preponderante, sin ir muy lejos, en la mira
de la agenda legislativa propuesta por el presidente.
Entender cabalmente este traslado de los espacios al
ámbito de las manifestaciones implica aceptar que el ejercicio vigoroso
del derecho a la libertad de reunión pacífica “sirve de cauce para el
ejercicio de muchos otros derechos”, y para las autoridades “debe
presuponerse que las reuniones públicas serán lícitas y pacíficas”,
como señala el relator especial sobre los derechos a la libertad de
reunión pacífica y de asociación, Maina Kiai, (A/HRC/20/27).
Es por esa razón que la ONU-DH que encabezo en México,
además de monitorear y documentar los hechos violentos de Iguala y
muchos otros casos en los que emitimos posición pública, observó de
manera presencial las marchas y manifestaciones del 20 de noviembre y 1
de diciembre que culminaron en el Zócalo de la Ciudad de México, en las
cuales vastos sectores invocaron y ejercieron su derecho legítimo a
expresar su solidaridad con las víctimas y familiares afectados, así
como sus exigencias a las autoridades mexicanas.Sin dejar de tomar nota de los hechos aislados de
violencia ocurridos a continuación de ambas exitosas convocatorias, y
ciertamente rechazando las prácticas violentas que atentan contra el
derecho a la libertad de reunión pacífica, resulta meridianamente claro
que las autoridades requieren hacer esfuerzos redoblados y continuos
para evitar un uso de la fuerza desproporcionado y no ajustado a los
principios de racionalidad. Por nuestra parte, al estar en contacto con
autoridades, OSC, abogado/as y defensore/as que se hacen cargo de las
personas detenidas, incluso visitando a algunas de ellas en Tepic,
Nayarit, recibimos las denuncias sobre los malos tratos recibidos y
sobre las dificultades recurrentes para acceder a un/a abogado/a de su
elección y para que esto/as puedan tener acceso a los expedientes.
En momentos en los que baja ostensiblemente la confianza
ciudadana hacia las autoridades e instituciones y ello se expresa en
las calles, es urgente que las autoridades sean capaces de distinguir
el uróboro y, como en el Canto para matar una culebra que aprendimos a
entonar con Inti-Illimani, vean sus ojos de vidrio sin dejarse
hipnotizar: la tarea es fortalecer el derecho a la libertad de reunión
pacífica y la protesta social; el deber de las autoridades es, pues,
asegurar un contexto respetuoso y pacífico en el que la ciudadanía
pueda expresar su indignación, sin temor de vulneraciones a su
integridad o cualquier otro tipo de represalia.
Para que “después de Iguala, México cambie”, toca
entender que la ciudadanía –ciertamente lastimada, erizada y bravía
pues reclama verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición–
no es la culebra.
*Representante en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos.
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