Jesusa Cervantes
MÉXICO,
D.F. (apro).- En julio de 2002, el diputado federal del PRI, Jorge
Chávez Presa, exigió que se investigara el presunto desvío del erario
federal a la fundación de la entonces primera dama, Marta Sahagún.
Se argumentó que la Cámara de Diputados no podía investigar a
particulares, pero el priista logró el apoyo de todas las fracciones
opositoras al gobierno panista, y la Auditoría Superior de la
Federación indagó pero, curiosamente, nada encontró durante ese año.
En 2005, Vicente Fox llegó a su penúltimo año de gobierno y el
escándalo ya había pasado de la esposa a sus hijastros, sobre todo
Manuel Bribiesca Sahagún. Se le acusaba de tráfico de influencias, de
gestionar contratos de obra a empresas particulares a cambio de jugosas
comisiones o “moches”.
La Cámara de Diputados se resistía a indagar con el argumento de que
la ley le impide hurgar en la vida y negocios de particulares. Pero
hábiles, los priistas finalmente encontraron la fórmula para hacerlo
sin violentar la ley. Eso ocurrió en 2005, curiosamente en la bancada
encabezada por Manlio Fabio Beltrones Rivera.
El resquicio legal encontrado fue el artículo 93 de la Constitución,
que permite a los diputados crear comisiones investigadoras para
indagar el “funcionamiento de organismos descentralizados y empresas de
participación estatal mayoritaria”.
Para crearla esas instancias de revisión, la Carta Magna exige un
mínimo de 125 firmas que la respalden. El PRI logró las firmas y el 21
de junio de 2005 se creó el ente con un título kilométrico: “Comisión
de investigación encargada de revisar la legalidad de los contratos de
obra pública, concesiones, contratos de suministro de bienes de consumo
o de compraventa de bienes inmuebles de titularidad pública otorgados
por organismos descentralizados o empresas de participación estatal
mayoritaria a la empresa Construcciones Prácticas SA de CV”.
Hoy, la oposición al PRI juega con sus mismas armas. Luego de varios
rechazos a crear una comisión especial para indagar el escándalo de la
“Casa Blanca”, el PT se escudó en el mismo artículo 93 constitucional y
pidió una “comisión de investigación encargada de examinar los
contratos suscritos con organismos descentralizados y empresas de
participación estatal mayoritaria y el grupo de empresas de Juan
Armando Hinojosa Cantú y las relacionadas con la misma”.
La “Casa Blanca” de Sierra Leona en las Lomas de Chapultepec, de
Angélica Rivera, tuvo un costo aproximado de 86 millones de pesos, pero
no lo pagó con crédito bancario, pues para ello pidió un crédito al
amigo de su esposo, el presidente Enrique Peña Nieto.
El amigo y empresario consentido del régimen priista, Hinojosa
Cantú, accedió con gusto, le vendió el terreno a “La Gaviota” y ahí la
primera dama construyó su mansión.
El escándalo lo detonó la revelación que hizo del caso el portal
Aristegui Noticias, pero en San Lázaro los priistas se mantuvieron
inamovibles en su rechazo a crear una “comisión especial”.
Y justo el mismo día en que el PT, a través del diputado Manuel
Huerta, decidió jugar con las mismas armas del PRI de 2005 y pidió una
“comisión investigadora”, el diario estadunidense The Wall Street
Journal hizo otra revelación: el secretario de Hacienda, Luis Videgaray
Caso, también le compró otra casita al constructor y amigo favorito del
priista Peña Nieto.
En lugar del Distrito Federal, Videgaray escogió el bello municipio
mexiquense de Malinalco. Ahí le compró a Hinojosa Cantú una casa de 7.5
millones de pesos en octubre de 2012, pagadera a ocho años pero
liquidada en enero del año que está por terminar.
El modus operandi empleado por Luis Videgaray fue el mismo que el de
Angélica Rivera: comprarle a Hinojosa Cantú la casa y pedirle al mismo
tiempo un crédito en lugar de financiarse a través de la banca privada.
El escándalo parece imparable. El descontento de la gente en las
calles se acrecienta y los partidos de oposición, en especial el PAN,
ven en la decisión del diputado petista Manuel Huerta la oportunidad de
cobrarle al PRI la afrenta de investigar al alguien de la familia
presidencial en tiempos del foxismo. Por ello, el PAN le dio a Huerta
60 firmas para que sumara las 195 requeridas para la creación de la
comisión especial.
Hoy la Cámara de Diputados, sobre todo el PRI y sus satélites del
PVEM y Panal, no tienen forma de escabullirse, y por ello deberán crear
la comisión investigadora; el problema será si los organismos
descentralizados entregan la información, que por ley deberán dar a los
legisladores.
Y mientras la comisión investigadora se echa a andar, los lectores
esperan que otro medio de información ofrezca nuevos datos como, por
ejemplo, que otro u otros miembros del gabinete peñista hayan
“aprendido el caminito” y acudiesen al benévolo Hinojosa Cantú para que
les financie una casita en cómodas mensualidades.
No olvidemos que Hinojosa Cantú siempre ha buscado hacer más
llevadera la vida a los peñistas como, por ejemplo, la construcción de
la carretera Toluca-Naucalpan, que nace en el aeropuerto de Toluca y
pasa por la casita de Gerardo Ruiz Esparza, el titular de la SCT, en el
Estado de México. Una carretera que por cierto viola derechos agrarios
de los propietarios de los terrenos por donde pasará esa vía.
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