Quedan muchas dudas en este juicio sobre la pulcritud de las acusaciones del gobierno mexicano en contra del señor Raúl Salinas.
lasillarota.com
Menudo
regalo recibió este fin de año Raúl Salinas de Gortari al ser exonerado
del delito de enriquecimiento ilícito y peculado después de 19 años de
litigio. El Tercer Tribunal Unitario Penal del Distrito Federal vino a
confirmar la desfachatez de sentencia que emitió el 19 de julio de 2013
el juzgado Décimo Tercero de Procesos Penales Federales del Distrito
Federal para que nadie moleste al señor Salinas, hermano incómodo de
ese régimen infausto de Carlos Salinas de Gortari.
El origen de esta decisión final fue una vergonzosa sentencia de 150 páginas de un expediente de 250 tomos del juzgado penal en la que se aseveró que nunca se demostró por parte de la PGR que el señor Raúl Salinas fuera el ejecutor o participe del depósito de recursos públicos en distintas cuentas bancarias propiedad de esta persona, en las que incluso alteró su identidad para poder disponer de esos recursos.
Fueron 60 depósitos bancarios contabilizados por la PGR provenientes, presuntamente de la partida secreta de la Presidencia de la República materializados en cuentas de personas inexistentes, con documentos falsificados y de los que señor Salinas era propietario. Eso no importó para la prestigiada justicia mexicana al momento de emitir su sentencia.
A pesar de que en la resolución original el juez reconoció que el señor Salinas se vio beneficiado de distintos depósitos bancarios por 224 millones de pesos “…no se advierte que el acusado haya intervenido como participe, en la perpetración… del delito de peculado”.
Nada valió para la justicia que el señor Salinas hubiese adquirido 41 inmuebles en nueve estados de la República y con una fortuna millonaria que no correspondía a sus ingresos como servidor público. En el expediente penal hay evidencia de al menos 17 inmuebles adquiridos mientras fuera funcionario federal. Eso tampoco contó.
Al final de cuentas en la sentencia que ahora se confirma en un Tribunal Unitario se señaló con gran elocuencia, que no es delito el incremento desproporcionado de recursos del acusado ya que pudo deberse, según frases inusuales de un juzgador
“…A una acertada inversión en sus haberes o, de diversas razones que pudieran justificar o no contablemente y financieramente ese incremento”.
Quedan muchas dudas en este juicio sobre la pulcritud de las acusaciones del gobierno mexicano en contra del señor Raúl Salinas que no aportó los elementos necesarios para demostrar la existencia del delito, pero también sobre la imparcialidad de los juzgadores. Fue un proceso que se originó durante un régimen priísta y que concluye en otro régimen priísta igualmente cuestionado, primero la sentencia del juez federal Carlos López Cruz el 19 de julio de 2013 y finalmente la resolución del Tercer Tribunal Unitario Penal del DF en este mes de diciembre.
En forma reiterada se dejó en evidencia en el proceso, el pobre papel de la PGR al no aportar las pruebas necesarias para la demostración del ilícito. ¿Fue intencional la omisión o hubo impericia en el manejo de las pruebas para demostrar las acusaciones de enriquecimiento ilícito y peculado?
Independientemente de ello para el juez penal no hubo nada que perseguir ni nada que condenar porque la maniobra de:
“Depositar, luego retirar y depositar nuevamente pero en diversa cuenta de tercero (no) es por si sola suficiente para afirmar que hubo distracción de dinero”.
En otras palabras, recibir grandes cantidades económicas, alterar identidades no lo hace responsable de ningún delito.
Fueron en principio 2 mil 218 millones de pesos los recursos desviados, de los pesos de antes, provenientes de la partida secreta de la presidencia que fueron detectados por la PGR entre 1990 y 1994 al ser removidos a cuentas de terceros por el director de administración de los Pinos Ernesto Sentíes, ya fallecido en 1998. De esas investigaciones, de esos recursos que se hicieron humo y que aparecieron en otras cuentas para beneficio no hay delito que perseguir.
Para la clase gobernante basta que pasen los años para que las ruindades se olviden, según ellos. Aquellos años que dieron origen a desvíos de recursos públicos y en los que se entregaba la Nación empata con sus pupilos que ahora gobiernan por el mismo rumbo, con igual o peor desfachatez.
Así es la justicia mexicana: Crea impunidades, vergüenzas y oprobios contra una población empobrecida harta de tanto cinismo de sus gobernantes. Harta de personajes que administran la nación como si fuera de su propiedad, que se enriquecen y benefician a costa de la función pública. Pero ya basta.
Correo: mfuentesmz@yahoo.com.mx twitter: @Manuel_FuentesM
El origen de esta decisión final fue una vergonzosa sentencia de 150 páginas de un expediente de 250 tomos del juzgado penal en la que se aseveró que nunca se demostró por parte de la PGR que el señor Raúl Salinas fuera el ejecutor o participe del depósito de recursos públicos en distintas cuentas bancarias propiedad de esta persona, en las que incluso alteró su identidad para poder disponer de esos recursos.
Fueron 60 depósitos bancarios contabilizados por la PGR provenientes, presuntamente de la partida secreta de la Presidencia de la República materializados en cuentas de personas inexistentes, con documentos falsificados y de los que señor Salinas era propietario. Eso no importó para la prestigiada justicia mexicana al momento de emitir su sentencia.
A pesar de que en la resolución original el juez reconoció que el señor Salinas se vio beneficiado de distintos depósitos bancarios por 224 millones de pesos “…no se advierte que el acusado haya intervenido como participe, en la perpetración… del delito de peculado”.
Nada valió para la justicia que el señor Salinas hubiese adquirido 41 inmuebles en nueve estados de la República y con una fortuna millonaria que no correspondía a sus ingresos como servidor público. En el expediente penal hay evidencia de al menos 17 inmuebles adquiridos mientras fuera funcionario federal. Eso tampoco contó.
Al final de cuentas en la sentencia que ahora se confirma en un Tribunal Unitario se señaló con gran elocuencia, que no es delito el incremento desproporcionado de recursos del acusado ya que pudo deberse, según frases inusuales de un juzgador
“…A una acertada inversión en sus haberes o, de diversas razones que pudieran justificar o no contablemente y financieramente ese incremento”.
Quedan muchas dudas en este juicio sobre la pulcritud de las acusaciones del gobierno mexicano en contra del señor Raúl Salinas que no aportó los elementos necesarios para demostrar la existencia del delito, pero también sobre la imparcialidad de los juzgadores. Fue un proceso que se originó durante un régimen priísta y que concluye en otro régimen priísta igualmente cuestionado, primero la sentencia del juez federal Carlos López Cruz el 19 de julio de 2013 y finalmente la resolución del Tercer Tribunal Unitario Penal del DF en este mes de diciembre.
En forma reiterada se dejó en evidencia en el proceso, el pobre papel de la PGR al no aportar las pruebas necesarias para la demostración del ilícito. ¿Fue intencional la omisión o hubo impericia en el manejo de las pruebas para demostrar las acusaciones de enriquecimiento ilícito y peculado?
Independientemente de ello para el juez penal no hubo nada que perseguir ni nada que condenar porque la maniobra de:
“Depositar, luego retirar y depositar nuevamente pero en diversa cuenta de tercero (no) es por si sola suficiente para afirmar que hubo distracción de dinero”.
En otras palabras, recibir grandes cantidades económicas, alterar identidades no lo hace responsable de ningún delito.
Fueron en principio 2 mil 218 millones de pesos los recursos desviados, de los pesos de antes, provenientes de la partida secreta de la presidencia que fueron detectados por la PGR entre 1990 y 1994 al ser removidos a cuentas de terceros por el director de administración de los Pinos Ernesto Sentíes, ya fallecido en 1998. De esas investigaciones, de esos recursos que se hicieron humo y que aparecieron en otras cuentas para beneficio no hay delito que perseguir.
Para la clase gobernante basta que pasen los años para que las ruindades se olviden, según ellos. Aquellos años que dieron origen a desvíos de recursos públicos y en los que se entregaba la Nación empata con sus pupilos que ahora gobiernan por el mismo rumbo, con igual o peor desfachatez.
Así es la justicia mexicana: Crea impunidades, vergüenzas y oprobios contra una población empobrecida harta de tanto cinismo de sus gobernantes. Harta de personajes que administran la nación como si fuera de su propiedad, que se enriquecen y benefician a costa de la función pública. Pero ya basta.
Correo: mfuentesmz@yahoo.com.mx twitter: @Manuel_FuentesM
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