José Gil Olmos
MEXICO,
D.F. (apro).- Este año que termina ha sido para la sociedad civil
mexicana uno de los más importantes de las últimas décadas por el
despertar social a partir de lo ocurrido en Michoacán y Guerrero, donde
el gobierno y el Estado mexicano mostraron que han sido rebasados por
el crimen organizado y que no les importa que haya más víctimas, pues
al final lo que les interesa es administrar el conflicto.
Aunque desde hace años ya se venían dando algunas muestras de
inconformidad social en algunas entidades afectadas por la guerra
contra el narcotráfico declarada por el panista Felipe Calderón, a raíz
de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa la protesta
ciudadana “prendió” en todo el país con movilizaciones y bloqueos,
hasta llegar a la reactivación de los grupos guerrilleros que habían
estado adormecidos por un buen tiempo.
La primera muestra de hartazgo se dio a principios de año con el
activismo de las autodefensas ciudadanas de Michoacán que, con armas de
alto poder en las manos, anunciaron la liberación del territorio
controlado entonces por los Caballeros Templarios. La respuesta del
gobierno de Enrique Peña Nieto fue mandar más soldados y policías para
controlar la zona y también a un emisario de todas sus confianzas,
Alfredo Castillo, para que hiciera las labores de negociador con los
rancheros armados y los grupos criminales locales y eventualmente
pacificar la región.
Una vez que se “domesticó” a las autodefensas transformándolas en
Fuerzas Rurales y de que se pactó con las bandas narcotraficantes de la
zona, Peña Nieto pensó que ya no habría más problemas sociales y se
podría dedicar a promover su imagen a escala internacional como el gran
modernizador de México.
Pero sus planes se vinieron abajo, primero con el fusilamiento por
soldados de al menos 15 de las 22 personas abatidas en el pueblo de
Tlatlaya que pertenece al Estado de México pero colindante con
Michoacán. Después con la desaparición de los 43 estudiantes de la
Normal Rural de Ayotzinapa en el municipio de Iguala, Guerrero. Y
finalmente con el escándalo de la construcción de la lujosa mansión de
la esposa de Peña, Angélica Rivera, en un terreno de Televisa y con
recursos que Peña Nieto ocultó al escrutinio público.
Como no ocurría hace mucho tiempo, el hartazgo social brotó en todo
el país de manera espontánea, dejando al desnudo la debilidad del
presidente surgido del PRI y hecho mediáticamente por Televisa.
En esta expresión social no tuvieron cabida los partidos políticos,
ni los tradicionales líderes de la izquierda que, cuando quisieron
aparecer, fueron abucheados y hasta confrontados, como ocurrió con
Cuauhtémoc Cárdenas en una de las primeras marchas de familiares de los
estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa.
Hoy esa riada de miles de ciudadanos que ha corrido sin cauce busca
un camino o una senda que trascienda la espontaneidad y se convierta en
un movimiento articulado que represente a quienes no han sido tomados
en cuenta en los poderes institucionalizados y en los cuales ya no
encuentra ninguna representación.
Ante las circunstancias actuales de derramamiento de sangre, de
crisis en todos los ámbitos sociales y políticos, frente al crecimiento
del crimen organizado y el narco-Estado, y con el estancamiento de la
economía, surge la esperanza de construir un movimiento desde abajo,
horizontal, el primer gran movimiento social mexicano del siglo XXI.
Espantados representantes de diversas instituciones piden que este
movimiento sea no violento, pero nunca se han manifestado contra la
violencia institucionalizada que, como en Michoacán, Guerrero y otros
tantos estados, ha cobrado miles de vidas en manos de bandas criminales
coludidas con las autoridades locales, estatales y federales que
cohabitan en el mundo de la impunidad y la corrupción.
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