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Días atrás, la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) dio a conocer el Informe regional sobre el examen y la evaluación de la Declaración y la Plataforma de Acción de Beijing, en el que analiza el cumplimiento, en nuestra región durante los últimos 20 años, de la Plataforma de Acción de Beijing, que el próximo año será revisada por la Organización de las Naciones Unidas. Allí se señala cómo muchos logros formales -en el plano normativo- se enfrenten a la dificultad de implementación de políticas públicas debido a la falta de voluntad política o los escasos recursos. “Mientras las normas aprobadas promueven el empoderamiento de las mujeres, las políticas se caracterizan por una asociación entre mujer y pobreza, mujer y pequeños emprendimientos, mujer y pequeño crédito lo que las ubica sobre todo en la esfera de las políticas sociales” señala el informe. Reproducimos a continuación la primera parte del apartado “Desafíos estratégicos en la región” del mismo y la posibilidad de descargar el informe completo.
COMUNICAR IGUALDAD- Como se ha visto, las
reformas institucionales y jurídicas con enfoque de derechos favorables
a las mujeres conviven con políticas económicas neutras desde el punto
de vista de género orientadas principalmente a la exportación de
materias primas donde las mujeres se encuentran de manera
predominantemente en empleos precarios, mal remunerados y como beneficiarias de bonos, transferencias o pequeños programas de promoción a la pequeña empresa (CEPAL, 2013a). La aplicación de los compromisos derivados de la adopción de la Plataforma de Acción transcurre en el marco de políticas sociales focalizadas siendo que la Plataforma de Acción postula políticas universales.
Los informes muestran que en muchos casos las políticas aplicadas durante estos 20 años se rindieron al paradigma dominante y coexistieron
avances jurídicos tributarios de derechos universales con políticas
económicas extractivistas, desregulación laboral, políticas sociales
focalizadas y una tolerancia social todavía demasiado alta a la cultura
de la discriminación. Mientras que, por un lado, se muestran
importantes avances legislativos y de participación en las políticas
predominan los programas antipobreza o el fomento a la pequeña empresa
siendo difícil imaginar cómo estas pueden contribuir al desarrollo
nacional, a la superación de las barreras de productividad, al acceso a
la innovación si, en definitiva, la fuerza laboral, potencial que se
puede incorporar al desarrollo productivo está dentro de programas de
factura asistencial y de baja productividad. En el anexo se puede
observar que del total de programas reportados para reducir la
pobreza y para mejorar la posición de las mujeres en la economía y los
mercados una inmensa mayoría se refiere a programas de transferencias,
capacitación a empresarias de pequeños y micro emprendimientos,
programas de microcrédito y de manera muy excepcional se mencionan
políticas que fortalezcan la competitividad de las mujeres
emprendedoras, el acceso al crédito formal y la capacitación en áreas
innovadoras, algunas de las cuales se pueden encontrar en el documento Mujeres en la economía digital: superar el umbral de la desigualdad
(CEPAL, 2013b). El dilema radica en que mientras las normas aprobadas
promueven el empoderamiento de las mujeres, las políticas que se
destacan se caracterizan por una asociación entre mujer y pobreza,
mujer y pequeños emprendimientos, mujer y pequeño crédito lo que las
ubica sobre todo en la esfera de las políticas sociales y la asistencia
social sin que se reporten experiencias significativas de salida
al mercado laboral y al emprendimiento productivo.
Al concluir la Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer en Beijing, la coordinadora regional del Movimiento Amplio de Mujeres sintetizó el mensaje de las participantes en la Conferencia
“Recursos No palabras”. Las palabras habían tenido su lugar y aunque
continuaron siendo la forma de expresión de las voces de las mujeres,
en ese momento había que poner luz sobre el desafío de dotar
de recursos a la implementación de la Plataforma.
Las palabras han sido los medios de visibilización de las
desigualdades, de construcción de nuevos derechos, de transformación de
las leyes. Sin embargo, para que estas palabras cobren sentido en la
vida cotidiana de todas las mujeres había que poner a disposición
recursos financieros, técnicos e institucionales. En última instancia, los recursos pueden considerarse la medida del compromiso de los gobiernos,
aunque ciertamente para obtener resultados deben formar parte de
voluntades, procesos, alianzas y circunstancias que cuando se
relacionan de una manera virtuosa permiten cambios sustantivos.
La Plataforma de Acción se adoptó en un momento en que la
gran mayoría de los países salía de la crisis de la deuda, iniciaba
programas de ajuste estructural y en lo social adoptaba políticas
focalizadas de reducción de la pobreza que consideraban a las
mujeres como un colectivo vulnerable distinto al enfoque de derechos y
de reconocimiento de ellas como ciudadanas y sujetos sociales que
postulaba la Plataforma de Acción. Los
informes muestran, que los países han adoptado durante los últimos
cinco años, políticas marcadas por un nuevo rol del Estado,
caracterizado de manera creciente por nuevas formas de planificación de
las políticas, incluida la descentralización y reformas a los modelos
de gestión
presupuestaria (son los casos de Brasil, Chile, Colombia, Ecuador,
México, República Dominicana) pero que todavía persisten enfoques que
privilegian un abordaje desde la mirada de la vulnerabilidad. Integrar
en los sistemas nacionales de planificación nacional la perspectiva de
género es un desafío expresado en varios informes que permitirá vincular el corto plazo con el largo plazo.
En general, los desafíos identificados en los informes nacionales
son el resultado de procesos de aprendizaje, en unos casos basados en
la experiencia nacional y en otros apoyados por la
evidencia internacional comparada. El proceso de revisión es una
oportunidad para reflexionar sobre los logros de los países y para
identificar todo lo que falta por hacer para que el ejercicio pleno de
los derechos de las mujeres y las niñas sea una realidad. En general,
los países reiteran su compromiso con el proceso de fortalecimiento de
la igualdad entre los géneros y el empoderamiento de las mujeres en
concordancia con los acuerdos internacionales de los últimos años sobre
los Objetivos de desarrollo sostenible y la agenda para el desarrollo
después de 2015. Acelerar su cumplimiento es un desafío fundamental. La magnitud
de los desafíos identificados puede leerse como muestra de rezagos y
limitaciones reconocidas por los gobiernos pero también debe
interpretarse como el fruto de una acumulación de
experiencia, conocimiento y fuerza política que a 20 años de Beijing
muestra la creciente visibilidad, reconocimiento y aporte de las
políticas de igualdad de género para el desarrollo y la autonomía de
las mujeres.
Recursos sigue siendo una palabra clave porque si bien varios países
informan sobre el origen y en algunos casos el incremento de los
recursos estos están principalmente destinados a lainstitucionalización de los Mecanismos para la igualdad de género, para
las políticas de violencia y para la implementación de políticas de
género a niveles sectoriales. Son pocos los países en la región que muestran asignaciones significativas en la ley de presupuesto.
Un elemento positivo, es que en los últimos 20 años, a pesar de las
claras limitaciones de recursos para la igualdad de género en
la región, existe la posibilidad y voluntad de algunos países de
incorporar una metodología específica para reportear de manera
sistemática el gasto público en género así como para asegurar su
eficacia, como se señala en los informes de Costa Rica, Brasil, México,
Paraguay y Puerto Rico.
Los informes de los países destacaron también la importancia de revisar
el papel de la cooperación internacional en materia de igualdad de
género y de instar a los países desarrollados a cumplir con
los compromisos asumidos en asistencia para el desarrollo en particular
en materia de igualdad de género. La Plataforma de Acción
es una agenda basada en el enfoque de derechos por lo que varios países
(como Argentina, Colombia o Ecuador) consideran que la región enfrenta
desafíos importantes para asegurar el sostenimiento activo de la
promoción de estos. El progreso en el reconocimiento de los derechos ha
dado lugar a una reflexión colectiva que propone impulsar políticas
para eliminar el racismo, el machismo, el sexismo o lograr la despatriarcalización (esto
se señala particularmente en los informes de Bolivia, Brasil, Guyana,
República Dominicana). En este sentido, en el informe de Costa Rica se
señala que un cambio en la cultura política de las elites será particularmente relevante.
No son pocos los casos en que los partidos políticos dominados por
hombres tienden a buscar desde resquicios legales hasta la práctica del
acoso y amenazas para mantener la mayoría en las listas electorales.
En el informe de Bolivia se señala que el posicionamiento social y
cultural de una concepción amplia de paridad, que abarque todas las
esferas de la vida y apunte hacia el ejercicio pleno de la
ciudadanía de las mujeres forma parte de este reto. El entramado de
creencias sociales, y religiosas que alimenta el machismo forma parte
de las barreras socioculturales de discriminación contra las mujeres
que se encuentran presentes en mayor o menor medida en todos los
países. Algunos países —como Bolivia, Costa Rica, Guyana, República
Dominicana— mencionan la influencia de fuerzas conservadoras,
religiosas y políticas que limitan el ejercicio de los derechos humanos
de las mujeres, en particular los derechos sexuales y reproductivos.
Siendo el logro de la igualdad de género sobre todo un cambio cultural, los informes de los países
han destacado el tema de los obstáculos y las barreras culturales como
freno para el avance efectivo de los derechos de las mujeres y la
igualdad entre los géneros. Este complejo entramado
de creencias sociales, naturales y religiosas que otorgan el papel
predeterminado de madres a las mujeres en la sociedad ha hecho que la
discriminación contra las mujeres se encuentre presente en mayor o
menor medida. Al respecto, el informe de Costa Rica señala la
importancia de implementar estrategias para contrarrestar la influencia
de fuerzas sociales conservadoras que obstaculizan el avance de los
derechos humanos de las mujeres. El informe de Guyana destaca esta
problemática en una sección llamada “Negative Socio-Cultural Norms”; el
informe de Bolivia introduce el concepto de “despatriarcalización” del
Estado y la sociedad; y países como Antigua y Barbuda, Brasil, Chile,
Cuba, Dominica, Ecuador, Granada, Guatemala, Islas Caimán, Paraguay,
Republica Dominicana, Suriname, Uruguay enfatizan en la necesidad de
superar la primacía cultural del varón sobre la mujer y la
implementación tradicional de las políticas públicas con el enfoque
“jefe de familia” donde el varón es concebido como el jefe de familia y
cambiar los patrones culturales misóginos que perjudican a las mujeres
y permiten la aceptación cultural de la violencia contra las mujeres.
El dilema radica en la disyuntiva entre asegurar el cumplimiento de la ley o tolerar prácticas nocivas a nombre de la tradición.
Varios países informan sobre dificultades en la interpretación
y aplicación de las leyes. Esto ha ocurrido en casos relativos al
mandato de los mecanismos para el adelanto de la mujer, las leyes de
cuotas, la educación sexual y otros donde a pesar de tener un
marco legislativo alineado con las convenciones internacionales de
derechos humanos e inclusive constituciones abiertamente favorables a
la igualdad de género, no se logran aprobar políticas, programas o
recursos para el cumplimiento de los objetivos: “Una de las grandes
manifestaciones de resistencias en la adopción de compromisos a favor
de la igualdad se ha mostrado en la invisibilización de las
diferentes problemáticas que afectan a las mujeres en sus diferentes
ciclos de vida. La invisibilización se exterioriza al asumir que no se
requiere de la incorporación e integración de un enfoque transversal de
género a las políticas y programas del Estado, considerándose que estos
puedan beneficiar (de forma neutral) a toda la población. En esta
lógica, como se señala en el informe de El salvador, muchos de estos
servicios han generado discriminación directa o indirecta para las mujeres”.
(…)
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