Ayotzinapa
Con
la muerte de 6 personas y la desaparición forzada de 43 estudiantes
normalistas de la Normal Rural Isidro Burgos, efectuada por agentes del
Estado mexicano (policías, paramilitares, militares y altos
funcionarios del gobierno municipal, estatal y federal), se hace
visible el carácter específico de éste.
Algunos académicos, periodistas e incluso funcionarios del gobierno federal, como el mismísimo procurador Murillo Karam1,
sostienen que nos encontramos ante un estado fallido, debilitado,
empedernidamente corrompido e infiltrado por las estructuras del
narcotráfico, o sostienen que, estamos ante la falta de un estado de
derecho incapaz de garantizar los artículos fundamentales plasmados en
la constitución. No obstante, dejaremos esas caracterizaciones
superfluas y tendientes a quitarle al Estado la responsabilidad de lo
ocurrido de lado, e intentaremos responder por qué lo ocurrido en
Ayotzinapa forma parte de una dinámica social concreta, en donde es
menester desdibujar la naturaleza violenta, represiva y facciosa del
Estado para de esa manera ocultar los intereses a los que responden sus
instituciones.
Fue el Estado
La manera en la que se
desarrollaron los hechos el día 26 de Septiembre del 2014 nos permite
asegurar que todos los niveles del Estado mexicano tenían conocimiento
no sólo de lo que estaba ocurriendo, si no de lo que iba a pasar.
Básicamente por una razón: ellos mismo fueron los autores intelectuales
y perpetradores; al igual que los hechos ocurridos en 1968, 1971, la
guerra sucia, 1995, 1998, 2007 y todas las desapariciones forzadas,
ejecuciones extrajudiciales, torturas, presos por motivos políticos,
amenazas.
La policía, el ejercito, los servicios de inteligencia
del Estado y los funcionarios que se encuentran al cargo de las mismas
(desde EPN hasta el alcalde de Iguala, pasando por el procurador
general de la república y generales del ejercito mexicano), y
seguramente, también, los capacitadores gringos que entrenan a grupos
paramilitares y policiaco-militares (dentro y fuera del país) en la
denominada estrategia contrainsurgente, tenían conocimiento de lo que
sucedería. Los testimonios de las víctimas2,
el despliegue del discurso con el que las autoridades responsables han
explicado los hechos, el tiempo y los mecanismos empleados para abordar
los sucesos nos indican que se trata de una estrategia de Estado con un
objetivo preciso, respuestas calculadas y costos políticos contemplados.
El semanario Proceso, por su parte, en su número 19893
publica una investigación en donde da cuenta de la participación de
elementos de la Policía Federal y del Ejercito Mexicano en los sucesos
de Iguala. Ambos cuerpos de seguridad tenían conocimiento puntual y en
tiempo real de lo que estaba sucediendo. De igual manera ambas
corporaciones enviaron a personal al lugar de los hechos.
La
intención del Estado mexicano de responsabilizar al “crimen
organizado”, como si éste fuera un ente ajeno e independiente del
Estado, por los hechos ocurridos nos permite ver no sólo el cinismo de
quien comete un acto vil y se niega a reconocerlo, sino el recurso que
el Estado ha empleado como política de control y represión desde el
sexenio pasado.
Se pretende hacer creer que el “crimen
organizado” es un grupo de delincuentes que se han organizado para
llevar a cabo sus actividades ilícitas al margen del Estado y sus
instituciones. Al mismo tiempo, se nos dice, han logrado tal nivel de
poder que han infiltrado las honorables instituciones. De allí que haya
una parte de “funcionarios malos” que al tener vínculos con la
“delincuencia organizada” y servir a sus intereses, deben ser
sancionados y removidos.
Sin embargo, el enfoque que pretende
explicar la economía criminal como una anomalía generada por ciertos
grupos que operan al margen de la legalidad no logra comprender que es
precisamente el Estado quien, no solamente protege a los diferentes
grupos dedicados a las diversas ramas de ésta economía, sino que es él
mismo el que la gestiona. Para ello hace uso de los aparatos
coercitivos con los que cuenta (ejercito, policía) y además, con
capacitación de USA e Israel, arma, financia y entrena a grupos
paramilitares para la protección de dicha economía.
No es casual
que la economía ilegal que opera en México esté estrechamente ligada al
tráfico, no sólo de drogas y de armas, sino también a la extracción y
venta de recursos naturales que por la vía legal el Estado mexicano no
puede realizar. Conocidos son los casos de generales del ejercito
mexicano y funcionarios públicos que lideran directa o indirectamente a
los diferentes carteles o grupos. Todos ellos con la anuencia y
supervisión de la DEA y de la CIA.
Es bajo el pretexto del
combate al tráfico de drogas, cuya ganancia se estima en unos 800 mil
millones de dolares anuales en todo el mundo4,
y cuyo principal mercado es el estadounidense, que el Estado mexicano
implementó desde el sexenio pasado el plan elaborado por USA llamado
“Plan o Iniciativa Mérida”, cuyo monto hasta la fecha, según cifras
oficiales de la embajada de USA en México, asciende a 1.2 mil millones
de dolares en equipo y entrenamiento.5
Desde su firma en 2008 hasta la fecha los niveles de violencia,
violación a los derechos humanos, represión selectiva, criminalización
de la protesta social, militarización y paramilitarización han
aumentado exponencialmente, quedando en evidencia los fines y los
resultados de dicha Iniciativa.
No resulta casual que éste tipo
de planes se establezcan en países en dónde los recursos naturales son
considerados como estratégicos y como asunto de “seguridad nacional”
para el gobierno de los USA. Tampoco resulta casual que lo sucedido en
Iguala se haya realizado en un contexto en donde las reformas
neoliberales se han terminado de aplicar pese a las diversas
manifestaciones de repudio.
Crimen y violencia de clase
Los sucesos de Iguala expresan no sólo una política de Estado que
protege los intereses de la burguesía trasnacional y nacional, sino de
igual manera, expresa en toda su crudeza la configuración clasista de
la sociedad. Las masacres de los años recientes, la desaparición
forzada de luchadores sociales, los presos por motivos políticos, las
ejecuciones extrajudiciales, tienen una cosa en común: sus víctimas son
personas que debido a la situación de injusticia, precariedad,
expoliación, privatización y explotación que priva en sus comunidades
han emprendido procesos organizativos de resistencia y de lucha en
contra de las políticas que el Estado mexicano implementa.
Organizaciones indígenas y campesinas, trabajadores, activistas
defensores de los derechos humanos, estudiantes indignados, son las
principales víctimas de la violencia desatada en los últimos años. No
se encontrará una política sistemática represiva que atente contra los
grandes empresarios que invierten en México, ni tampoco contra los
guardianes y defensores de dichos intereses que se encuentran en la
cámara de senadores y diputados o que duermen en los cuarteles
militares.
Si sostenemos que el neoliberalismo, como dice David Harvey6
en su análisis sobre éste, es un proceso político para restaurar o
crear el poder de clase, es decir de la clase capitalista, podremos
observar que la política implementada por el Estado mexicano durante
los últimos 30 años ha desmantelado los derechos de los trabajadores
mexicanos, al mismo tiempo que ha permitido la expoliación de los
recursos naturales ubicados en comunidades indígenas o campesinas. Todo
ello para el beneficio de las empresas extranjeras y nacionales que
logran con esto tasas más altas de ganancias y de explotación.
Así pues, la violencia que se ha instalado en la sociedad mexicana
proviene de una política específica encaminada a asegurar la
reproducción del capital y el saqueo sistemático del país y sus
recursos.
“Fue el Estado” reza la consigna y no se equivoca. La
violencia tiene un origen y beneficia a una clase. “Fue el Estado”
porque el Estado responde a la dinámica de acumulación del Capital.
Notas
1Véase
la entrevista realizada por Loret de Mola en donde el Procurador
expresa, “Esto es una debilidad brutal del Estado de Derecho. .. Está
ya el Ejército, la Marina, la Policía en el lugar para restaurar el
Estado de Derecho que estaba perdido ya en esa zona".
2Donde señalan la participación y la forma de actuar no sólo de los policías sino de los militares.
3Véase la revista Proceso, número 1989, “La verdadera noche de Iguala.”.
4Según la cifra calculada por el Fondo Monetario Internacional
5Véase http://spanish.mexico.
6Harvey, David. Breve historia del Neoliberalismo, Akal, España, 2007.
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