Nueva Ley no protege a víctimas
Desde
2007 en México, el tema de trata de personas ha sido discutido en el
Congreso de la Unión que a la fecha, no atina a crear una Ley que
sancione a quienes cometen el delito y que proteja a las víctimas de
éste.
En este tiempo las organizaciones civiles con trabajo en el tema
sostienen que lo que se ha hecho es una Ley inoperante y en el fondo,
lo que se pretende es proteger a las redes de tratantes, pues
representa un negocio muy lucrativo.
Y es que en otro intento de reformar la Ley General para Prevenir,
Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de Trata de Personas y
Para la Protección y Asistencia a las Víctimas, el senado analiza la
minuta de reforma que fue enviada por la Cámara de Diputados el pasado
3 de diciembre.
Esta minuta, que contiene modificaciones a más de 15 artículos y lleva
más de un año en discusión al interior del Congreso de la Unión ha sido
criticada por activistas quienes explican que debilita el castigo para
los tratantes, oculta que hay funcionarios de gobierno que permiten la
comisión del delito y deja sin protección a las víctimas.
Teresa Ulloa Ziáurriz, directora de la Coalición Contra el Tráfico de
Mujeres y Niñas en América Latina y el Caribe (CATWLAC), advirtió en
entrevista con Cimacnoticias que desde los primeros intentos de
legislar este delito -que de acuerdo a sus estadísticas afecta a más de
12 millones de personas en México- las y los legisladores ignoran a las víctimas y no han hecho propuestas para hacer efectiva la implementación de la Ley.
Recordó que en 2007 el gobierno panista de Felipe Calderón Hinojosa,
creó la Ley para Prevenir y Sancionar la Trata de Personas (que reformó
y adicionó La Ley Federal contra la Delincuencia Organizada) a fin de
legislar por primera vez este delito.
Sin embargo, la Ley para Prevenir y Sancionar la Trata de Personas
sólo castigaba la trata internacional, su Reglamento se publicó 2 años
después y era “inoperante”.
En 2012 esta Ley se abrogó y se expidió la Ley General para Prevenir,
Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de Trata de Personas y
para la Protección y Asistencia a las Víctimas de estos Delitos, con el
fin de garantizar la reintegración social para las sobrevivientes.
En octubre del 2013 la Comisión Contra la Trata de Personas de la
Cámara Alta, presidida por la panista Adriana Dávila Fernández,
presentó la minuta de reforma que se discute actualmente en el Senado
con el argumento de que la nueva legislación no contenía sentencias.
La Comisión dictaminadora destacó que la Ley no castiga el intento de
cometer el delito, no sanciona el trabajo doméstico forzado, y evita
que se pueda juzgar a una persona por varios delitos relacionados con
la trata.
La activista Teresa Ulloa, consideró que “meter a las víctimas en el
mismo saco” habla del poco compromiso de los tres niveles de gobierno
para apoyarlas pese a que padecen paralelamente varios delitos
(secuestro, homicidio, trata con fines de explotación sexual y con
fines de tráfico de drogas, entre otros) por lo que requieren procesos
de reparación del daño de mayor duración y más costosos.
Precisó que con esta propuesta, sólo se castigará a quien reciba dinero
por explotar a las personas, pero no así por captar, seducir, o
enganchar, además de que quien dé una remuneración económica a las
víctimas de explotación sexual, quedará exento de castigo.
Para la abogada, estas modificaciones son parte de una estrategia para
ocultar y proteger a las redes de tratantes que operan en México. “Hoy
tenemos suficientes evidencias para probar que hay complicidades entre
quien compra un bien producido por la explotación de alguien, el que es
dueño de cadenas de explotación y el que tiene intereses económicos y
políticos en ella”, dijo.
Pese a estas observaciones, la minuta de reforma se aprobó en el Senado
en febrero de este año y pasó a San Lázaro para su discusión.
Por: Angélica Jocelyn Soto Espinosa
Cimacnoticias | México, DF.-
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