7/28/2018

Ellas no quieren cantar con Maluma


Cantantes como Selena Gomez o Ana Guerra afirman que no colaborarán con el cantante colombiano por el carácter machista de algunas de sus letras
 Celia Cuervo

Madrid, 26 jul. 18. AmecoPress/Bazar.- El reggaeton puede ser feminista. No hay más que ver las canciones de este verano 2018 donde las letras, cantadas por féminas, empoderan a la mujer: Aitana y Ana Guerra lo demostraron antes de finalizar Operación Triunfo con su Lo Malo; Brisa Fenoy o Nathy Peluso hacen lo propio también con sus composiciones sobre bases de ritmos latinos y urbanos en las que las mujeres, al fin, salen bien paradas; y cómo dejar pasar el Ya No Quiero Ná de Lola Índigo que ha revolucionado las redes sociales este fin de semana.
Maluma, sin embargo, lidera el otro extremo: la mayoría de sus letras se llevan la etiqueta de machistas y, aún así, triunfan a lo largo y ancho del planeta. Algunas de ellas, con colaboración incluida de Shakira o Thalia han pasado por su listado de colaboraciones con temas como Chantaje o Clandestino. Sin embargo, hay otras mujeres que han dejado claro últimamente que, mientras sus canciones sigan incluyendo frases poco apropiadas para el feminismo, no cantarán con él.

Selena Gómez y Ana Guerra

El caso más sonado es el de Selena Gómez. A principios del verano saltaron las alarmas de una posible colaboración cuando ambos artistas empezaron a seguirse en redes sociales. El colombiano, en una entrevista en Los Ángeles, se mostró encantado de que eso pudiera pasar: "Coincidimos en una ocasión y le dije que me gustaría que trabajáramos juntos. Pensaba que iba a pasar pero se metió de lleno en su álbum y dejamos de hablar. Pero sería un sueño", afirmó; sin embargo, ante la misma pregunta a Gomez en un junket con un medio latino durante la promoción de Hotel Transilvania 3 (película donde da voz a su protagonista, Mavis, en la versión original), la cantante se mostró halagada pero tajante al respecto: "Me encantaría pero, no sé, para mí las mujeres son muy importantes, así que solo te puedo decir que no importa lo que haga: siempre me aseguraré de que las mujeres estén bien cuidadas".
A nivel nacional, Ana Guerra, exconcursante de Operación Triunfo 2017 y uno de los rostros femeninos de la música actual fue sometida a la misma pregunta durante una entrevista en el programa de TVE, Amigas y Conocidas. El encuentro tuvo lugar con motivo de la presentación de su nuevo single junto a Juan Magán, Ni la hora, en el que deja bien claro que una mujer no necesita estar con un hombre para ser feliz, a ritmo de ’tum-pa-tum’ reggeatonero. Las tertulianas, tras insinuar que era poco feminista que la artista subiera una foto en biquini a sus redes sociales, le preguntaron si era verdad que diría que no a Maluma a pesar del éxito internacional que este le pudiera reportar. Y ella, como Selena, lo tuvo claro: "Es una cuestión de principios. Sé que es un grande de la música pero si mis principios son así y sé que jamás voy a denigrar a una mujer en este estilo de música, ni voy a faltar al respeto o a hacer letras así, pues me da igual", respondió. Por supuesto, no tardó en llevarse el aplauso de Twitter con hashtags como el de #AnaWarSíMeRepresenta.
Selena Gómez y Ana Guerra ya han dicho, alto y claro, que ’no’ a Maluma. Al menos, mientras sus letras sigan tratando a la mujer como un juguete. ¿Serán las únicas en manifestarse al respecto este verano?
Fotos: Archivo AmecoPress/Bazar.

México: Las otras víctimas de feminicidio


Niñas y niños cuya madre es asesinada por violencia de género han sido ignoradas por el Estado
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Veracruz – México, 23 jul. 18. AmecoPress/SemMéxico.- Una vecina amamanta a Adolfo, mientras él juguetea. Han pasado tres días desde que vio a su papá dispararle dos tiros a su mamá cuando ella lo cargaba.
Adolfo, a sus nueve meses, no se ha enterado de nada. Ni siquiera que él no existe, no legalmente.
Su mamá fue asesinada sin haber obtenido su acta de nacimiento y ahora le tocará a sus abuelos y demás familiares hacer los trámites para obtener el documento con su mamá muerta y su papá prófugo.
Contrario a Adolfo, Edith cuenta a su familia como su papá le hizo “pum pum” a su mamá y a ella le salió sangre.
La hija de dos años de Hortencia, no para de llorar mientras ve a desconocidos. Para sus tías que la cuidan, ella tiene miedo y necesita apoyo profesional que hasta ahora no saben donde conseguirán.
Laura sostiene una de las pocas fotos que tiene de su madre junto a las flores que quedaron de su velorio, mientras come una paleta. A sus cuatro años aún no estudia el kínder pero su familia espera poder inscribirla en el próximo ciclo escolar.
Ella recuerda a “Carita” (Clarita) y corrige a un reportero que no le entiende el nombre de su hermana mayor, la única que no está con ellos pues está viviendo con sus abuelos paternos y solo la vieron el día del entierro de Tencha.
Adolfo, Edith, Laura y Clara viven en El Valedor, una comunidad rural de Minatitlán y también son víctimas de la violencia de género que vivió su mamá, Hortencia, y que terminó en feminicidio. Violencia que intentó terminar cuando se salió de la casa que compartía con su esposo y regresó con sus padres y cuando fue al DIF a pedir ayuda que una funcionaria pública le negó, haciéndola creer que no tenía los derechos que se establece la Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia.
Las niñas y el niño son víctimas, como las que se pretenden contemplar en la Ley de Víctimas con una iniciativa que está pendiente de votación en el Congreso de Veracruz para que se les garantice sus derechos a salud, educación (hasta la licenciatura), atención psicológica y programas asistenciales que se les deberán brindar 24 horas.
Sin embargo, como la ley aún no se vota, los familiares están en la incertidumbre pues ellos son de escasos recursos y no saben si contarán con algún apoyo gubernamental ante el asesinato de Hortensia.
“Psicológico y todo, lo que queremos es que salgan ellos adelante”, pide Anselmo Balcázar, papá de Hortencia para los cuarto pequeños.
Ellos no son los únicos en esta situación, en la exposición de motivos para legislar sobre menores en situación de orfandad de madres víctimas de feminicidio, la diputada Guadalupe Osorno expuso que no hay una cifra concreta debido a la falta de atención de parte de los organismos gubernamentales.
“Las niñas y niños cuya madre es asesinada por una razón de género han sido ignoradas por el Estado (...) dejando al menor desprotegido de las garantías que pudiera asegurarle el Estado”, señala dicho documento.
Mientras esperan que la ayuda llegue, se apoyan en la solidaridad de las personas, como la vecina que se convirtió en nodriza del más pequeño o la cuñada que se hará cargo de llevarlos a la escuela cuando sea el momento.
Además piden el apoyo de conocidos y desconocidos en una cuenta de banco para ayudar con los gastos a la familia que vive del jornal del campo.
* Esta nota fue realizada con el apoyo financiero de veracruzanas comprometidas con la igualdad de género.
Foto: SemMéxico.

México: Las niñas no desean embarazarse

Coalición por la Salud de las Mujeres
La violencia sexual en la causa que se encuentra asiduamente en los embarazos de niñas y adolescentes


Cd. de México, 25 jul. 18. AmecoPress/CimacNoticias.- Contrario a lo que algunas personas piensan, los embarazos en niñas y adolescentes menores de 15 años no son resultado de un ejercicio irresponsable de la sexualidad, un error de ellas, “por no cuidarse” o “no darse a respetar”. Las niñas no quieren, desean o deciden embarazarse.
La violencia sexual es una causa que encontramos constantemente en los embarazos en niñas y adolescentes. Se trata de niñas que no pudieron oponerse a la relación sexual, pues suceden bajo amenaza, chantaje, presión y violencia presentes lo largo de su vida sexual.
En México, de cada 10 mujeres, 5 han enfrentado violencia emocional, 4 violencia sexual y 3 violencia física. Solo 3.5 por ciento de las mujeres casadas o unidas deciden si se usa o no algún método anticonceptivo y solo 4 por ciento decide cuándo y cuántos hijas e hijos tener. (Inegi, 2017).
En estos contextos de violencia estructural se dan prácticas nocivas como las uniones tempranas: en el mundo, 9 de cada 10 embarazos en adolescentes ocurren entre mujeres casadas o unidas (UNFPA, 2013); en México, 11.7 por ciento de las menores de edad que se unieron entre los 10 y 14 años reconocen que no dieron su consentimiento para dicha unión y que fueron obligadas por estar embarazadas, las robaron o fue mediante un arreglo monetario (ENDIREH, 2016).
Estos embarazos pueden ser resultado de violencia sexual que se concreta a través de: a) coerción sexual, es decir, sin uso de violencia física pero con amenazas, aislamiento, control financiero y/o abuso emocional; b) abuso sexual infantil: cuando se involucra a la niña o adolescente en una actividad sexual que no comprende o no es capaz de consentir, ocurre con manipulación; o c) violación: relación sexual forzada por medio de violencia física o moral.
Un 93 por ciento de las niñas y adolescentes tuvieron su primera relación sexual entre los 5 y los 9 años, pero solo 2.8 por ciento reconoce este hecho como violencia sexual, el resto no tiene los elementos para reconocerlo. (ENDIREH, 2016).
Cuando hablamos de violación sexual, encontramos que 8 de cada 10 agresores son conocidos de las víctimas; 67 por ciento son familiares (ENDIREH, 2016), pero sólo 10 por ciento de las agresiones son denunciadas (Ipas, 2018).
¿Quiénes son los responsables de los embarazos en niñas y adolescentes menores de 15 años? Datos de las actas del registro civil arrojan que 70 por ciento de las niñas y adolescentes de entre 10 y 14 años que tuvieron una hija/o, el padre tendría entre 18 y 78 años.
Se trata entonces de casos de violencia sexual contra niñas y adolescentes que tienen como consecuencia un embarazo donde los padres y agresores les triplican la edad y que son conocidos cercanos a las víctimas.
Un 95 por ciento de los nacimientos de madres adolescentes ocurren en países de bajos y medianos ingresos. Según el Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA, 2013), América Latina y el Caribe es la única región del mundo en la que los partos en menores de 15 años de edad se han incrementado.
Los riesgos durante el embarazo para la salud de las niñas y adolescentes son mayores que en otros rangos de edad: las complicaciones relacionadas con el embarazo, el parto o el puerperio son dos veces mayor entre mujeres de 15 y 19 años que entre aquellas que se embarazan después de los 20 años; tienen más probabilidades de sufrir padecimientos como la eclampsia, anemia, hemorragia postparto y endometritis puerperal que las adolescentes mayores de 15 y el riesgo de mortalidad infantil es 50 por ciento mayor para hijos de madres adolescentes en comparación con mujeres mayores de 20 años (OMS, 2014).
Además de implicaciones emocionales y sociales e impactos en sus proyectos de vida como: rezago educativo, desigual acceso a oportunidades de desarrollo, barreras para obtener un empleo que implique mayor formación académica y experiencia.
A pesar de que en México, la Norma Oficial Mexicana 046 (NOM 046) proporciona directrices para ofertar anticoncepción de emergencia a mujeres víctimas de violación, así como la consejería y servicios de Interrupción Voluntaria del Embarazado en todo el país, es más probable que niñas y adolescentes retrasen la búsqueda de atención, por lo que es frecuente que interrumpan el embarazo en etapas más avanzadas, que recurran a personas no calificadas, que empleen métodos inseguros y que pospongan la búsqueda de atención médica en caso de complicaciones que suelen ser más frecuentes y severas.
Así, el embarazo en niñas y adolescentes constituye violencia de género que conlleva otras violaciones a sus Derechos Humanos como como el derecho a la integridad, a la salud, a la información, a la autonomía, al acceso a la justicia y a una vida libre de violencia.
Existen barreras para que niñas y adolescentes, personal de salud e impartidores de justicia reconozcan la violencia estructural y sexual en la que se dan muchos de los embarazos infantiles, que faciliten el acceso a servicios de salud y de procuración de justicia. Se requieren acciones para prevenir, detectar y atender la violencia sexual y prevenir embarazos en niñas y adolescentes.
Elaborado a partir de “Violencia sexual y embarazo infantil en México: Un problema de salud pública y Derechos Humanos”, Ipas México, 2018. Consulta la investigación completa aquí.
La Coalición por la Salud de las Mujeres es una red de organizaciones civiles con trabajo en salud y derechos sexuales y reproductivos de las mujeres.
* Coordinadora de política y abogacía de Ipas México
**Coordinadora del Observatorio de Medios de Comunicación e Información de la Mujer A.C, CIMAC.
CIMACFoto: César Martínez López.

Oxfam: un 72% de jóvenes de ocho países de América Latina responsabiliza a la víctima de violencia sexual por su vestimenta


La normalización de la violencia machista y el alto grado de impunidad convive con la fuerza y creatividad del movimiento feminista y leyes avanzadas que son referentes para todo el mundo

Madrid, 26 julio. 18. AmecoPress. Oxfam presentó ayer en Madrid el estudio ‘Rompiendo moldes: transformar imaginarios y normas sociales para eliminar la violencia contra las mujeres’, que analiza los imaginarios sobre violencia machista predominantes entre jóvenes de 15 a 25 años de Bolivia, Colombia, Cuba, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua y República Dominicana. Los datos demuestran la “normalización” de conductas que se ubican en el centro de la violencia contra las mujeres, tales como los celos, el control y las agresiones, y demuestra que la culpabilización de las víctimas, especialmente en el caso de la violencia sexual, está muy presente en el imaginario colectivo.

El informe, comisionado por Belén Sobrino, se enmarca dentro de la campaña “Basta”, que se desarrolla en distintas regiones del mundo. Su finalidad es detectar los factores enraizados en la violencia machista para afinar los mensajes y precisar los recursos orientados a combatirla. El informe se centra en América Latina el Caribe, una región en la que 1.831 mujeres fueron asesinadas en 2016, solo por hecho de ser mujeres, según datos del Observatorio de Igualdad de Género de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL).

En la presentación, María Reglero, responsable de Derechos de las Mujeres de Oxfam Intermón, ofreció algunos “datos alarmantes” que evidencian que “los imaginarios y normas sociales de la región se construyen en clave machista, clasista y racista”, y advirtió de la conexión con los que se reproducen en “países como España, donde 54 feminicidios han tenido lugar solo en lo que va 2018”.
El 56% de las mujeres y el 48% de los hombres participantes en el estudio, tiene alguna conocida de su círculo cercano que ha sufrido violencia física o sexual en los últimos 12 meses. Se trata de un primer indicador de normalización. “Quiere decir que estas violencias son sistémicas y estructurales y no son algo excepcional” dijo María Reglero.
El informe, elaborado a partir de 4.731 encuestas, 47 focus group y 49 entrevistas en profundidad a personas expertas, destaca que seis de cada diez chicas y chicos consideran que las mujeres no abandonan las relaciones de pareja violentas por las amenazas de muerte de su pareja. Y cinco de cada diez piensa que para las mujeres esta violencia es algo normal. Vuelta a la normalización y a la prevalencia de la violencia machista.

El estudio, que contó con el apoyo del Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales (CLASCO) para el levantamiento y procesamiento de la información, indica que un 62% de las chicas y chicos de la franja de edad entre 15 y 19 años justifica que un hombre agreda sexualmente a una mujer cuando ha consumido alcohol y un 72% responsabiliza a la superviviente de violencia sexual por la ropa que llevaba puesta cuando sufrió la agresión. Además, siete de cada diez considera que los manoseos o las violencias callejeras son responsabilidad de las chicas por el tipo de ropa que llevan puesto. Una “justificación de la violencia sexual”, según Reglero, que se conecta con determinados argumentos que hemos visto plasmados en sentencias judiciales en nuestro país. 
Un 84% de las personas encuestadas considera que la causa de la violencia es la desigualdad de género, aunque siete de cada diez piensa que es responsabilidad exclusiva de los Estados combatirla. Es decir, “no se sienten interpelados e interpeladas a actuar” asegura María Reglero. Otro dato del informe corrobora su afirmación: un 86% de los chicos y chicas encuestados reconoce que no intervendría si presenciara cómo un amigo suyo agrede a su novia.

Basadas en una idea distorsionada del amor romántico el estudio evidencia la persistencia de una serie de creencias que llevan a la juventud a reproducir desigualdades y normalizar situaciones de violencia machista, como controlar la forma de vestir de la pareja, sus amistades y mensajes en el teléfono celular, censurar sus fotos en las redes sociales, o exigir su ubicación y contraseñas personales: 6 de cada 10 hombres de 15 a 19 años encuestados por Oxfam piensan que los celos son una demostración de amor; un 65% de ellos piensa que cuando una mujer dice “no” a una relación sexual, en realidad quiere decir “sí”.

El movimiento feminista, pieza clave en la transformación

En la presentación del informe María Reglero ha destacado la alianza que Oxfam mantiene con el movimiento feminista, las organizaciones de mujeres y jóvenes en la lucha contra la violencia de género y a la hora de construir nuevos imaginarios colectivos.

“Parte de su prevención empieza por conocer, cuestionar y modificar estos imaginarios y normas sociales que normalizan la desigualdad de género y la discriminación de mujeres, niñas y personas con identidades de género diversas”, afirma María Reglero. 
Los datos negativos que el informe arroja, conviven con los feminismos latinoamericanos, cuya fuerza les ha convertido en referentes para todo el mundo ya que han logrado impulsar campañas como “Ni una menos” que precedió al “me too”con repercusión en todo el planeta y movilizaciones sin precedentes en la región que han tenido réplica en numerosos países.

Latinoamérica ha logrado un importante avance legislativo. Desde la década de los noventa, los países de la región han adoptado leyes nacionales para la protección de víctimas de violencia machista. Actualmente, dieciséis países latinoamericanos y caribeños cuentan con leyes contra la violencia hacia las mujeres, y quince han avanzado en tipificar el feminicidio/femicidio en sus legislaciones. Pero la impunidad es enorme. Desde ese punto de vista, Oxfam entiende que es necesario apoyar al movimiento feminista para lograr que estas leyes se implementen. Además, a pesar de la gravedad de algunos datos, son alentadoras y transformadoras las contribuciones desde las organizaciones feministas y los colectivos de jóvenes, el periodismo y el activismo digital para generar nuevas iniciativas, crear redes, incidir políticamente y abrir nuevos caminos hacia la igualdad de género y un mundo libre de violencia machista.
Foto: AmecoPress y cedidas por Oxfam

Sexismo, estereotipos y acoso machista en la comunidad, ¿ha cambiado la industria del videojuego?


Toda una tradición de videojuegos ha cosificado a las mujeres, pero empiezan a aparecer historias con protagonistas femeninas de gran fuerza


Madrid, 26 jul. 18. AmecoPress.- Violar a mujeres, acudir a prostíbulos, acceder a sexo y bailes eróticos pulsando un botón o asesinar a golpes a los avatares femeninos son algunas de las actividades fácilmente accesibles en un amplio catálogo de videojuegos que, a pesar de estar recomendados para mayores de edad, pueden llegar a todo tipo de público. La sexualización y la concepción de las mujeres como objetos en algunos de los títulos más vendidos han colocado a la industria la etiqueta de machista y homófoba, pero ¿está cambiando esta situación?
España ya cuenta con 14 millones de personas aficionadas a los videojuegos, de las que un 45% son mujeres y un 55% hombres, según los datos aportados por la Asociación Española de Videojuegos (AEVI). El director de esta organización, José María Moreno, observa una equiparación en cuanto al consumo de estos productos que, inicialmente, estaban dirigidos principalmente a hombres. “Desde hace un tiempo hay un esfuerzo por parte de la industria para hacer contenidos de todo tipo. Eso sumado a la aparición de nuevos dispositivos, principalmente teléfonos móviles y tabletas ha incrementado la participación de las mujeres en los videojuegos”, considera.
Pero el punto desde el que se partía no hace ni mucho menos fácil la transformación de este sector. La socióloga Anita Sarkeesean desarrolló una serie de vídeos documentales en los que explicaba los diferentes roles machistas que han acompañado a las mujeres en los videojuegos a lo largo de su historia. La iniciativa, llamada “Tropes vs Women in Video Games” (Estereotipos contra mujeres en los videojuegos) fue recibida con rechazo y hostilidad por una parte de la comunidad gamer, que inició una campaña de acoso contra Anita Sarkeesean. La socióloga tuvo que cambiar de domicilio ante las amenazas de muerte que recibió e incluso tuvo que suspender una ponencia en la Universidad de Utah por un aviso de tiroteo si ella hablaba de machismo en videojuegos.
En esta secuencia de vídeos, Sarkeesean analiza distintos papeles en los personajes femeninos. Comienza con el rol de “Damisela en apuros”, uno de los primeros en aparecer en los videojuegos y que han conformado la historia de los principales títulos hasta nuestros días. El ejemplo más reconocido es el de la princesa Peach, de la saga Super Mario Bros. Peach es secuestrada en 13 de los 14 juegos de la saga que se han desarrollado, en un relato inspirado en la película King Kong en la que tiene que ser rescatada por su novio Mario de las garras de los malechores. Solo en uno de esos 14 títulos se puede jugar con Peach como protagonista. Incluso en los juegos más actuales de Super Mario para Wii, en los que se permite participar hasta a cuatro jugadores, se la excluye de esa opción.

“Ellas se convierten simplemente en el objeto central de una competición entre hombres. En los juegos del patriarcado, las mujeres no son el equipo rival, son la pelota”, explica Sarkeesean, que también como pone ejemplo el conocido juego de The Legend of Zelda. “En los 25 años de la saga, todas las encarnaciones de la princesa Zelda fueron raptadas, maldecidas, poseídas, convertidas en piedra o arrebatadas de su poder en algún momento. Zelda nunca ha sido la protagonista principal de su propia historia”. 
La periodista especializada en videojuegos Paula Croft cree que este personaje “ha ido evolucionando poco a poco”. “en el último juego tenía un protagonismo mayor, le quitaron el vestido -que aunque parece poco relacionado, también le perjudica- y no era la típica damisela”, cuenta. Anita Sarkeesean destaca que, en uno de los títulos de la saga, Zelda utilizaba otro tipo de vestimenta (más cercana a la de un hombre) y podía realizar acciones y ser relevante en la historia, pero en el momento en el que adoptaba su aspecto estereotipadamente femenino, con su vestido, “tardaban tres minutos en capturarla”.

La debilidad de las mujeres se convierte en un rasgo deseable en los personajes femeninos y esto, según Sarkeesean, lleva a “mantener la creencia de que los desequilibrios de poder en las relaciones amorosas son atractivos, esperados o normales”.

Un paso más grave es el fenómeno que la socióloga denomina en sus vídeos “Damisela en eutanasia”. Es frecuente, y sucede cuando los personajes femeninos solicitan que se las asesine con la excusa de que van a convertirse en monstruos, van a ser poseídas por demonios o va a suceder otro hecho más grave. En Pandora’s Tower 2013 y Duke Nukem Forever (en la fotografía), son ellas las que piden expresamente que las mate su pareja o su captor. 
En otras ocasiones, la muerte o el maltrato a las mujeres de los juegos proporciona el gancho motivacional de la historia. Las series Max Payne o God of War utilizan el asesinato de las parejas de los protagonistas masculinos como un pretexto para la búsqueda de venganza sangrienta.

Misoginia y sexismo

Otros videojuegos permiten matar directamente a las mujeres a golpes o con sus armas, como es el caso de la saga Grand Theft Auto (GTA), considerada una de las más machistas del mercado. Además, desde el tercer título de esta serie, el jugador (siempre un personaje masculino) puede comprar sexo de prostitutas. Es tan sencillo como pasear con su coche por la calle y llamar a una de ellas, podemos ver entonces en pantalla (de forma velada) como una mujer practica una felación al protagonista. Esta actividad incrementará la conocida como “barra de salud” del personaje, es decir, la energía que le permite correr, nadar o hacer cualquier tipo de actividad en el videojuego.
En la saga God of War es común introducir en la historia minijuegos que recompensan al personaje por haber tenido sexo con una o más mujeres. Se van pulsando diferentes teclas para culminar la acción y, al terminar, el protagonista recibe un suplemento de energía, sube de nivel en el juego, desbloquea pantallas o incluso gana trofeos. En la pantalla, un mensaje de completa sumisión: “Estamos listas para satisfacer todos sus caprichos”.
En 2006 apareció en Japón un videojuego que consistía en acosar y violar a una mujer y a sus dos hijas (una de ellas, claramente menor de edad). La persona que deseara jugar a este título, RapeLay, se ponía en la piel de un acosador y moviendo su ratón podría simular manosear y desnudar a los personajes en un tren lleno de gente. También forzarlas a mantener una relación sexual. El juego fue prohibido en varios países del mundo, pero actualmente en Youtube hay tutoriales para poder conseguirlo sin censuras.

Otros títulos simplemente dotan de sexualidad a sus personajes femeninos con poca ropa, rasgos exagerados y formas de moverse o posturas eróticas. 

De Lara Croft a Aloy, la evolución del personaje femenino

La periodista Paula Croft no dudó en escoger el apellido de la famosa protagonista de Tomb Raider para escribir sus análisis de videojuegos. Afirma que es un personaje que le “encanta” por su evolución a lo largo de los años y cuenta a AmecoPress la historia de Lara como ejemplo de que la industria va mejorando.

Lara Croft fue diseñada en 1996 por Toby Gard, cuando salió el primer Tomb Raider. “En entrevistas siempre recalcó que se exageraban mucho sus atributos femeninos para dar a entender que era una mujer realmente, porque la mayoría de personajes eran masculinos o no aparecían en pantalla”. En Tomb Raider 2, cuando vieron el éxito que tuvo la primera entrega, el departamento de marketing decidió potenciar mucho más la sexualidad de Lara, llegó a salir hasta en la revista PlayBoy”, explica Paula. En ese momento, el creador de esta protagonista femenina decidió marcharse, “no quiso cobrar más porque no le parecía bien lo que habían hecho con Lara”, cuenta la periodista. 
Para Paula Croft, redactora en MeriStation, el personaje de Tomb Raider refleja la evolución que ha habido en la industria de los videojuegos. “El 14 de septiembre saldrá el nuevo juego y vemos una Lara muy musculada, apenas tiene pecho, no lleva ya esa ropa corta que se la ponía solo para mostrar su cuerpo, y está preparada para enfrentarse a todas las aventuras que se le pongan por delante. Eso sí, siempre hay señores que se quejan de esto, aunque la mayoría agradecemos que sea más realista y acorde con los tiempos que vivimos”.

Otro ejemplo que destaca la periodista es el personaje de Aloy, del videojuego Horizon Zero Dawn, protagonista femenina de su propia historia. “Su productora tuvo que aguantar críticas en cuanto a su físico, porque no era lo suficientemente sexy, pero me alegro de ver que se da menos importancia a estos comentarios, que anteriormente sí que las desarrolladoras y los departamentos de marketing quizá iban con cuidado con eso por si perdían ventas”. Paula Croft considera que “cada vez hay más personajes femeninos” y que se están creando otro tipo de contenidos inclusivos, “como en Overwatch, que también se incluyen distintas sexualidades y un plantel muy diverso. Eso se nota también en los jugadores que acaban en ese juego, va conformándose una base mucho más respetuosa”. Pero este es un proceso lento que, según Paula, solo puede completarse si “las grandes desarrolladoras se atreven a crear personajes femeninos y otro tipo de historias en juegos de alto presupuesto”.
En esta línea, Lidia Arroyo, experta en género y tecnologías de la información y la comunicación (TIC) de la UOC, critica que la lógica que han seguido los juegos más vendidos sea tan agresiva y competitiva. Y echa en falta "un tipo de historia que no fuera solo centrada en matar y en la violencia más extrema, sino que busque desarrollar otras capacidades, como la estrategia intelectual, la cooperación, y conseguir misiones con otro tipo de técnicas".
"Una propuesta sería que desde el sector ayudaran a las mujeres para que desarrollaran videojuegos con mucho presupuesto (igual que lo tienen ellos) de máxima calidad a nivel audiovisual. Ya no solo videojuegos modestos que traten temas de género o tengan otra mirada, tendrían que tener la industria a su servicio, igual que los hombres", defiende la experta en TIC.

Machismo en la comunidad

Los contenidos van cambiando, pero una parte de la comunidad gamer sigue siendo muy reaccionaria a la presencia femenina. En competiciones online de deportes (conocidas como esports) los hombres ocupan un 90% de las plazas para jugar y las mujeres solo el 10% restante. Se trata de eventos con gran popularidad mediática que incluso se retransmiten ya por televisión.
No es fácil para ellas llegar hasta allí. Remilia, una estadounidense de 20 años, estuvo a las puertas de convertirse en la primera mujer en competir en la League of Legends Championship Series, pero decidió abandonar a su equipo después de que su imagen apareciera unos segundos en pantalla y recibiera numerosos comentarios ofensivos por su supuesta transexualidad. “Cuando mi equipo celebraba el pase y concedía entrevistas, me senté en posición fetal, lloré y me tomé un tranquilizante”, declaró.
Chloe Sagal fue una importante desarrolladora de videojuegos. Creó un título indie gracias a la financiación que obtuvo por un crowdfunding. El lado más machista de la comunidad gamer acusó a Chloe de usar ese dinero para una operación de cambio de sexo, ya que era una mujer transexual. Ella terminó suicidándose prendiéndose fuego.
En el verano de 2014, se inició una campaña en conocidos foros y páginas web de videojuegos llamada Gamergate. Se originó por una serie de rumores acerca de que Zoe Quinn, la desarrolladora de un videojuego indie que buscaba ponerse en la piel de una persona con depresión, había mantenido una relación con un redactor de la importante web de videojuegos Kotaku. Los rumores los extendió el ex novio de Quinn, y fueron la chispa que encendió todo un polémico enfrentamiento.
Muchas de las personas que apoyaron el conocido como Gamergate aseguraban que lo que se pretendía criticar eran los tratos de favor de los periodistas a determinadas creaciones de videojuegos por relaciones personales con las personas que los desarrollaron, pero detrás de ello se desarrolló una corriente misógina que llevó a cabo amenazas de muerte contra Zoe Quinn, Anita Sarkeesean y otras conocidas mujeres del videojuego.

En España también hubo casos similares, La gamer Marina Amores decidió organizar un evento solo para mujeres, por la necesidad de tener un espacio seguro en el que hablar de videojuegos sin recibir acoso o comentarios misóginos. El acto, llamado Gaming Ladies, fue duramente criticado y Marina Amores terminó abandonando las redes sociales. “Ir en contra del statu quo, como sabrá cualquier feminista, es una cuesta arriba, y yo, personalmente, me he quedado sin fuerzas para seguir tirando”, decía en su mensaje de despedida, después de reconocer que el acoso recibido le causó “problemas de salud”. 

Una minoría que hace mucho ruido

El videojuego se ha convertido en la primera opción de ocio a nivel global. Según José María Moreno, en España factura casi 1.400 millones de euros, “casi el doble que el cine y la música juntos”. La variedad de videojuegos en el mercado es inmensa, pero el director de la AEVI lamenta que siempre prevalezcan en la imaginación los títulos más ofensivos o los ejemplos más extremos, generalizando a toda la industria. “Es un sector muy abierto a los géneros y a las razas, y a medida que se han ido sumando mujeres se está enriqueciendo el sector con sus ideas y sus formas de trabajar y está resultando más atractivo a otros públicos”, apunta.
Moreno insiste en que los hombres que utilizan los chats de los videojuegos para acosar “son una minoría”. “Están amparados por el anonimato que tienen. Lo que estamos trabajando desde la asociación y proponemos al Gobierno es formar mejor a los jóvenes. Educar en igualdad, porque los videojuegos no tienen la culpa de todos los males, son ficción”.
Para Lidia Arroyo, no se trata simplemente de ficción. La experta en género ha trabajado en prevención de violencia machista en jóvenes y considera que el sexismo y las acciones violentas hacia los personajes femeninos que los videojuegos permiten vivir en primera persona pueden desencadenar una "normalización" de la violencia contra las mujeres. "Refuerza la imagen de la masculinidad agresiva que puede hacer lo que quiera con el cuerpo de las mujeres".
El director de la AEVI recuerda que el sistema de clasificación por edades y contenido de los videojuegos es muy detallado, “lo que no puede ser es que se compren videojuegos a los niños y niñas que no vayan acorde con la edad establecida. Tú no pones a tu hijo una película porno o una de terror si no tiene la edad para ello”. Además, recuerda que existen todo tipo de mecanismos de control parental para bloquear contenidos y medir el tiempo que pasamos en frente de la consola.
Lo mismo considera un grupo de jóvenes que creó la web “Cosas de chicas gamers”. “Lo que debería cambiar es la mentalidad de los jugadores. Nadie quiere quedarse sin GTA pero debemos ser conscientes de que los comportamientos que aparecen en ese juego no son los correctos”. El proyecto empezó con dos mujeres, pero después se incorporaron hombres. “Queríamos que todo el mundo pudiera participar, pero conservamos el nombre de la web en femenino para darle más visibilidad a la mujer en esta industria”, explican a AmecoPress.
Este grupo garantiza que no ha recibido comentarios machistas a pesar de que el nombre de su página sea femenino y defiende que no consideran a la comunidad “machista”, sino que creen que se trata de “casos individuales que hacen más ruido del que deberían”. Las chicas de la web sí reconocen que han recibido mensajes de flirteo cuando han utilizado un nick o personaje femenino para jugar.

Añaden que no se sienten incómodas jugando a títulos con algo de contenido machista, pero identifican cuándo la sexualización de los personajes es innecesaria y la rechazan. “Por ejemplo, dicen que Quiet en Metal Gear Solid V: The Phantom Pain, aparecía semi desnuda porque hace la fotosíntesis... En nuestra opinión, una excusa absurda”. 
La periodista Paula Croft, en cambio, sí admite haber recibido comentarios misóginos cuando su imagen o su voz ha aparecido en vídeos o en determinados reportajes. “El mandarte a fregar es muy usual, pero se va depurando poco a poco”. En su profesión sí que ha notado que se cuestiona más lo que dice ella que si lo dice un compañero varón. “Te lo intentan explicar. Sí que he notado que son un poco más insistentes si detectan que eres una mujer y tienes alguna ‘falla’ en tu carné de gamer”.

La brecha de creadoras de videojuegos

A pesar de que el número de consumidoras de videojuegos esté aumentando y, prácticamente, equiparándose al de hombres, hay una clara brecha en este sector que se encuentra en el número de mujeres que se dedican al desarrollo de estos productos (informáticas, ingenieras, etc).
Según el Libro Blanco del Videojuego, hay un 17% de mujeres en la parte del desarrollo de videojuegos, un porcentaje en la línea con el 15,4% de mujeres especialistas en tecnología también en nuestro país. “Yo creo que el problema no es que la industria del videojuego sea poco atractiva para las mujeres, sino que hay pocas mujeres que están enfocando su carrera hacia las TIC”, apunta José María Moreno.
Ante esta situación, el director de la AEVI insiste en la importancia de la formación y la educación. “En las etapas tempranas se deberían incluir asignaturas relacionadas con lo tecnológico y lo digital, y hacerlas atractivas para las niñas”. Por otra parte, Moreno destaca que a la industria llegan muchas mujeres por otras ramas, como el diseño, el proceso de arte, los puestos de marketing, finanzas y comunicación.
Para tratar de reducir esta brecha, en España ya se están incorporando iniciativas como el Girls Make Games, unos campamentos de verano surgidos en California que en nuestro país llegaron en forma de talleres dirigidos principalmente a niñas de entre 8 y 17 años, y orientados a incentivar el interés en la programación de videojuegos. Las niñas pueden trabajar en el desarrollo de juegos, crear prototipos, tener referentes femeninos y apoyarse entre sí.

La cofundadora de este proyecto en España, Eleazar Herrera, tiene claro de dónde viene el desinterés de las mujeres por las TIC: "¿A qué juegan las niñas y a qué juegan los niños? Ellos suelen montar piezas; ellas suelen cuidar
muñecas. Parece algo del siglo pasado, pero los estereotipos de trabajo industrial y de trabajo de cuidados condicionan nuestra relación con la tecnología".

"Ninguna de las niñas llega pensando que no puede hacerlo; están allí para aprender y se lo toman como tal. ¡Es que ni se plantean tener expectativas! Los adultos deberíamos aplicarnos esto. Sería liberador", zanja.

Fotos: AmecoPress, capturas de Youtube y Wikimedia.
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Piden a AMLO pronunciarse por la agenda de género


Que haga frente a la violencia contra mujeres y niñas


Organizaciones defensoras de los derechos de las mujeres llamaron al presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, a su equipo de transición y al virtual gabinete, a cumplir con las recientes recomendaciones que realizó el Comité de Expertas de la Convención para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra las Mujeres (CEDAW, por sus siglas en inglés) al Estado mexicano.
Agrupaciones como la Cátedra Unesco de Derechos Humanos de la UNAM y el Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio (OCNF) hicieron un llamado para que López Obrador se pronuncie sobre la agenda de género, en particular ahora que hay una propuesta de amnistía que podría afectar a las mujeres presas acusadas por el delito de aborto y la iniciativa de tener diálogos para la paz y la justicia en el país.
De acuerdo con algunos medios de comunicación, la ministra en retiro y quien fuera propuesta por López Obrador para ocupar la Secretaría de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, afirmó que apoyaría una Ley de Amnistía que considere a las mujeres, por ejemplo a aquellas que están en prisión por practicarse un aborto, por tener un aborto espontáneo o que son acusadas de homicidio en razón de parentesco.
Al respecto, en conferencia de prensa para dar a conocer las observaciones del Comité CEDAW, María de la Luz Estrada, coordinadora del OCNF, dijo que una amnistía que incluya a estas mujeres no es la solución porque aunque se les otorgue la libertad tendrían el “sello” de ser criminales y eso no evitaría que otras mujeres sigan siendo acusadas y encarceladas por interrumpir un embarazo no deseado.
Por su parte la feminista, académica y maestra en Filosofía, Lourdes Enríquez, coincidió en que no es la mejor solución y destacó que en todo caso sería necesario debatir la idea de legislar un Código Penal Único para todo el país, el cual debería  homologar delitos y sanciones con base en los criterios más progresistas de Derechos Humanos.
Al respecto, la académica y doctora en Ciencias Sociales, Gloria Ramírez Hernández, afirmó que la amnistía para estas mujeres, quienes muchas veces son de escasos recursos y que viven un aborto espontáneo, no garantiza que otras en las mismas condiciones no pisen la cárcel.
En 2016 a nivel federal 17 mujeres se encontraban encarceladas por tener un aborto y se abrieron 167 carpetas de investigación por este delito. En contraste, organizaciones civiles han documentado la existencia de al menos 700 mujeres encarceladas bajo el delito de homicidio agravado en razón de parentesco, según informó la Cátedra Unesco con base en datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).
Las defensoras de Derechos Humanos señalaron que el gobierno mexicano y la próxima administración deben considerar las recomendaciones del Comité CEDAW, organismo que después de evaluar las acciones implementadas por México para erradicar la discriminación y la violencia contra las mujeres, llamó a implementar un Código Penal Nacional.
Es de recordar que durante la evaluación del Noveno informe del Estado mexicano ante el Comité CEDAW, el 6 de julio en la sede de las Naciones Unidas, en Ginebra, Suiza, la senadora del PRI, Diva Hadamira Gastélum Bajo, afirmó que el gobierno deseaba establecer un sistema jurídico unificado aunque el Código Penal Único, que abarca cuestiones como el aborto, el matrimonio igualitario, la familia y la adopción, todavía faltaba.
Al finalizar la sesión la senadora reconoció que esa tarea quedaría para el siguiente gobierno.
Actualmente, señala la Cátedra Unesco en un informe enviado al Comité CEDAW, las penas otorgadas por el delito de homicidio agravado en razón de parentesco pueden ser de hasta por 50 años de prisión, mientras que las sentencias por el delito de aborto van desde los 2 meses hasta los 8 años de cárcel, o en su defecto la sustitución de la pena con tratamientos médicos integrales, como sucede en los estados de Jalisco y Tamaulipas.
Aunado a las penas que enfrentan cientos de mujeres por homicidio agravado en razón de parentesco, ellas son víctimas de estigmatización por parte de la sociedad, incluyendo al personal médico, quien las considera asesinas.
Las defensoras, junto con representantes de organizaciones como Comunicación e Información de la Mujer (CIMAC) y Equifonía, consideraron que una prioridad de la Presidencia de la República debe ser hacer frente, de forma decidida, al combate a la violencia contra las mujeres en todas las modalidades y ámbitos.
La investigadora del Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en Ciencias y Humanidades (CEIICH) de la UNAM, Aimée Vega Montiel, quien participó en el proceso de evaluación ante el organismo internacional, afirmó que si el nuevo gobierno está decidido a erradicar la violencia contra las mujeres, no tiene que salir a buscar insumos toda vez que las recomendaciones de CEDAW ya son una ruta a seguir.
Las activistas pidieron un pronunciamiento ya que señalaron que desde el día de la elección, el pasado 1 de julio, hasta la toma de protesta del próximo presidente y la instalación de los nuevos funcionarios hay un vacío porque nadie se hace responsable y en tanto las mujeres y niñas siguen siendo asesinadas.

Imagen retomada del Facebook de la académica Aimée Vega Montiel
Por: la Redacción
Cimacnoticias | Ciudad de México.- 

EE.UU.: La migración legal y temporal se ensaña con las mujeres


Sufren acoso, discriminación, maltratos, trata...


Cd. de México, 26 jul. 18. AmecoPress/sin embargo.- Si la migración legal temporal de personas trabajadoras mexicanas que se van a Estados Unidos está plagada de actos que desembocan en un maltrato permanente hacia las personas, las mujeres que se emplean de esta manera son aún más susceptibles a la violación de sus derechos.
Empleadores en Estados Unidos ofrecen trabajos específicos porque se trata de labores que suponen “son para mujeres”. A ellas no les pagan por hora, sino por destajo. Un hombre puede aspirar a subir de cargo, ellas no. Y como marco de esas prácticas, están el acoso y abuso sexual de parte de sus empleadores o sus compañeros de trabajo.
En la mayoría de los casos, los maltratos gozan de impunidad. Las trabajadoras, por conservar el trabajo, por pagar deudas, por ganar en dólares y por estar atadas al empleador, optan por el silencio. Trabajar y aguantar.

La migración “legal”, supervisada y autorizada por gobiernos de EU y México, es también un infierno

En el programa de visas temporales de trabajo que expide el Gobierno de Estados Unidos hay empleos que están dirigidos específicamente a mujeres en los que se tienen documentados abusos y violaciones a sus derechos, tanto en el proceso de contratación y reclutamiento aquí en México, como en los lugares de trabajo en Estados Unidos.
De acuerdo con el Centro de los Derechos del Migrante (CDM) estos patrones se observan en casi todos los tipos de visa –H2B, H2A, H1B, TN, J1 y otras–. Independientemente del tipo y del lugar al que las mujeres llegan a trabajar, se observan las mismas violaciones.
Julia Coburn, Coordinadora del Proyecto de Mujeres Migrantes (Promumi) de CDM, explicó que la causa de esas violaciones y la raíz de los abusos, es la discriminación hacia las mujeres en Estados Unidos y México.
“Ellas no tienen las mismas oportunidades y enfrentan retos para tener las mismas oportunidades laborales que tienen los hombres. Con las visas de trabajo, no reciben las mismas ofertas de trabajo. Ellas son canalizadas a cierta clase de visa y ciertos tipos de trabajo que son considerados para mujeres, como las labores domésticas”, señaló.
Las mujeres migrantes son sometidas a estigmas y abusos aunque tengan documentos que les permiten trabajar de manera regularizada en EU.
Por ejemplo, la visa J1 es prácticamente exclusiva para mujeres para emplearlas como niñeras. Esa visa les permite trabajar en casas particulares durante uno o dos años, cuidando niños y aprendiendo de la cultura de Estados Unidos, según lo estipula la visa.
En promedio se les paga 4 dólares la hora, cantidad que está muy por debajo del salario mínimo.

Hay agencias que se encargan de manejar esa visa y argumentan que lo que hacen las mujeres no es trabajo, sino que van a una experiencia de “intercambio cultural”.
“Así es como esa sociedad valora la condición histórica social de la mujer en el hogar. Vemos cómo eso se traduce en un pago menor, por debajo de los mínimos establecidos por la ley, como un pago simbólico”, agregó Coburn.

En otros trabajos las mujeres son canalizadas a trabajos que son considerados para personas con “manos delicadas”. La visa H2B es para personas que trabajan en industrias, y no requiere personal con estudios o una experiencia profesional, es decir, cualquier persona puede acceder a ella, pero aun así, a las mujeres se les coloca en industrias y fábricas, en puestos de muy baja responsabilidad y tienen muy bajos salarios comparados con sus compañeros masculinos en el mismo lugar de trabajo.

El reto para una trabajadora

Uno de los puntos donde más se recurre a trabajadoras temporales es Merry Land, para el procesamiento de mariscos. Las mujeres le han reportado a CDM que en esas fábricas, por tener las manos delicadas, están a cargo de quitar la carne de la jaiba. Ahí reciben un pago por libra, no por hora. Los hombres sí reciben, en la misma industria, pago por hora. Ellos cargan jaiba o la cocinan y tienen la oportunidad de ser mayordomos o supervisores en los lugares de trabajo.
También han reportado que hacen trabajo no remunerado. Por ejemplo, los trabajadores con visa H2B que trabajan en el procesamiento de mariscos, habitan en un hogar provisto por la empresa porque están en zonas muy rurales. Los hombres tienen la oportunidad de trabajar más horas y no tienen suficiente tiempo para limpiar la vivienda, entonces lo terminan haciendo las mujeres sin ningún pago de por medio.
Cuando las mujeres trabajan en el hogar o son niñeras, son totalmente dependientes de los empleadores para comer, para transportarse, para la comunicación, para todo contacto con el mundo externo, lo que limita sus posibilidades para buscar o conseguir ayuda en el caso de sufrir una violación de sus derechos o para resolver alguna duda sobre lo que está viviendo.
Lo mismo sucede en con las trabajadoras H2B, que son colocadas en fábricas ubicadas en zonas rurales y que dependen de sus empresas para todo: transporte, vivienda, comida, acceso a información y comunicación, lo que las expone a situaciones de vulnerabilidad.
Luego están los casos de abuso sexual en los lugares de trabajo, de parte de los mismos compañeros o de supervisores. Y por cuidar el empleo y el estatus migratorio, muchos de estos abusos no se denuncian.
“Las mujeres que tienen visas de trabajo dependen de su empleo para estar legalmente en EU. Dependen sobre todo de la empresa; son atadas a sus empresas, porque no tienen permiso para trabajar con nadie más, sólo con la empresa que está indicada en su visa. Si la empresa llega a despedirlas o no requiere más de sus labores, deben regresar su país de origen. Las mujeres son más propensas a sufrir represalias y muchas no llegan a hacer una denuncia o a buscar ayuda por el hecho de no querer perder ese trabajo y perder la oportunidad […] Por la misma dinámica de discriminación, esta puede ser la única oportunidad laboral que han tenido en su vida y que va a tener”, explicó Coburn.
Si un hombre pierde su trabajo, no le resultará tan difícil conseguir otro empleo porque tiene más oportunidades en diversas industrias, pero las mujeres son canalizadas a tareas específicas.

Los abusos no son solo en Estados Unidos

Con base en los registros de Promumi, en México también se registran abusos contra mujeres de parte de los contratistas y los reclutadores, que son las puertas a las oportunidades en Estados Unidos.

Si un reclutador decide no anotar a alguien en una lista, puede acabar con las oportunidades de una mujer, “escuchamos las historias de mujeres que tienen miedo de las represalias por parte de los reclutadores porque es el primer paso llegar a EU. 
Deben encontrar un reclutador que quiera anotarla en una lista. ¿Qué opción tienes si llega un reclutador ofreciendo visas, una oportunidad que jamás vas a volver a tener en la vida y pide mil dólares? Las mujeres se ven obligadas a pagar esas cuotas que también las pone en una situación vulnerable porque llegan con deuda que tienen que pagar a fuerza, a pesar de encontrarse en una situación abusiva”, sostuvo Coburn.

Esas empresas reclutadores contratan mujeres mexicanas de entre 18 y 36 años de cualquier estado de la República.
Hay algunas comunidades con cierta tradición de trabajo temporal, como el ejido Palomas en San Luis Potosí, que manda mucha gente, mujeres sobre todo a Merry Land, para trabajar en la industria de mariscos. También de Hidalgo, Nayarit y Tabasco van mujeres que van a fábricas en Luisiana, Carolina del Norte y en Misisipi.
Son migrantes que van a EU para trabajar en industrias de salarios bajos. Ganan el salario mínimo o menos.

Indicios de Trata

“Por el miedo de represalias y ser despedidas, muchas no quieren tener contacto con autoridades del gobierno de Estados Unidos, como el Departamento del Trabajo y sobre todo de Migración. No quieren perder la oportunidad de migrar por haberse quejado de un problema. Ese miedo es algo que vemos que muchas empresas también explotan, la visa es algo muy valioso para todas”, señaló la investigadora.
De los casos más complicados son los que tienen elementos de trata. El hecho de que las mujeres sean canalizadas a lugares de trabajo con mucho aislamiento, con un estatus legal por completo vinculado a una empresa, y por miedo a represalias, algunos casos terminan situaciones de trata y explotación.
Coburn contó el caso de una mujer que trabajó en una casa hasta 18 horas al día, siete días a la semana haciendo todo. Ella entendió que su trabajo era cuidar niños, pero terminó cocinando, manejando –sin licencia, en un país desconocido– la monitoreaban 24 horas al día, si llegaba a salir tenía que avisar en dónde estaba, no le pagaban el salario que le prometieron y eso le generó problemas económicos, le prohibían hablar con vecinos, hubo manipulación psicológica y le decían que ella no tenía derechos y que podía ser deportada.
CDM ha trabajado casos parecidos con aislamiento, deudas, violaciones de salario, intimidación y amenazas en otras industrias.
Foto: SinbEmbargo/Crisanto Rodríguez. Julia Coburn, Coordinadora del Proyecto de Mujeres Migrantes.

Que la Iglesia católica deje de interferir en discusión por aborto en Argentina


Chilenas que se sumaron a marchas en su país, son agredidas
   


La integrante del colectivo argentino “Nos Quemaron por  Brujas”, Laura Mangialavori, denunció que la Iglesia católica e instituciones religiosas están interfiriendo en el avance del debate que se lleva a cabo en el Senado sobre la Interrupción Voluntaria del Embarazo, al volver a tratar “temas que ya estaban saldados como que la vida empieza desde la concepción”.
En entrevista con Cimacnoticias, la defensora de Derechos Humanos dijo que al interior del Senado se vive un ambiente “hostil” y ejemplificó que a las personas expositoras que están a favor del proyecto no se les permite portar el pañuelo verde, símbolo de su lucha, o aplaudir después de una exposición, ya que de llevar a cabo cualquiera de las dos acciones se les llama la atención o se les reitera del recinto.
Entre otras cosas que calificó como “muy tenebrosas”, agregó que hay una disparidad en la duración de los discursos y el número de participantes, que se da preferencia a quienes están en contra del proyecto. Todo ello, dijo, se presentó desde el inicio de las jornadas, el 3 de julio, cuando se había restringido el acceso de periodistas y la transmisión en vivo del debate.
A este ambiente se suma que en días pasados un grupo próvida agredió verbal y físicamente a estudiantes que se manifestaban portando el pañuelo verde. Una joven de secundaria fue golpeada por una mujer mayor al tratar de arrancarle el pañuelo del cuello.
Contó que también en las escuelas, el profesorado a favor del aborto ha sido despedido por portar el pañuelo o hablar sobre el tema en las aulas al argumentar que “la escuela es un lugar neutral y que no pueden hacerse pronunciamientos personales”, sin embargo, la defensora destacó que hay una gran necesidad de las y los jóvenes por hablar del tema y participar en las actividades “han hecho la lucha suya”, dijo.
En su opinión, estos actos de violencia y represión son resultado del “miedo” que tienen los “antiderechos” por la aprobación de la ley y porque desde marzo –fecha en la que se presentó por séptima vez el proyecto- la sociedad argentina ha despertado y levantado su voz no sólo para exigir un aborto seguro y gratuito, sino también para denunciar el acoso sexual en las calles y demandar una educación más amplia.

ARGENTINAS SALEN A LAS CALLES UNA VEZ MÁS

Ante este panorama, las calles de Argentina se llenaron nuevamente de sociedad civil, colectivos y organizaciones encabezadas por integrantes de la “Campaña Nacional  por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito” para demandar que la Iglesia se mantenga “al margen” del debate y no trate de sobreponer prejuicios morales o creencias en “el cuerpo y la vida de las mujeres”.
Las miles de mujeres recorrieron las calles de Argentina bajo los lemas “Aborto sí, Aborto no, Eso lo decido yo”, “Saquen sus rosarios de nuestros ovarios, saquen sus doctrinas de nuestras vaginas”, “Nosotras parimos, nosotras decidimos”, entre otros.
En solidaridad con Argentina en su lucha por la vida de las mujeres, organizaciones nacionales e internacionales defensoras de Derechos Humanos, feministas y sociedad civil compartieron fotos, vídeos, posts y comunicados bajo los hashtag #Miercolesverde, #DictamenSinModificaciones y #AbortoNuestraOpcion.
En un comunicado, la “Campaña Nacional” -principal organización que ha impulsado el debate del proyecto- declaró que la discusión en el Congreso debe tener encuentra el acceso igualitario de las todas las mujeres a decidir la interrupción de su embrazo así como que esta práctica debe efectuarse en condiciones seguras y gratuitas con el fin de terminar con los abortos inseguros.
Convocaron a las mujeres todo el mundo a unirse a los eventos que se desarrollarán a partir del 31 de julio hasta el 8 de agosto como el “Estudiantazo”, donde se darán clases públicas sobre educación sexual en diferentes provincias, y a las actividades de cierre del “Último Martes Verde” en la entrega de cartas a favor del proyecto a las y los senadores.
Para el día de la sesión final anunció que se realizará de nuevo la “Vigilia Federal” y el “Festival por el aborto legal” afuera del Senado; en varias provincias del país, y en las embajadas argentinas de todos los países.
Actualmente, el país cuenta con el Protocolo de Atención Integral para las personas con derecho a una interrupción Legal del Embarazo (ILE) y una ley que sólo permite interrumpir un embarazo en ciertos casos, sin embargo, la aplicación de éstos no son acatados tanto en hospitales como en diversas provincias, por lo cual se sigue dificultando el acceso de las mujeres aun aborto seguro.

NO FUE UNA RIÑA, SINO UN ATAQUE

Entre los muchos que países que apoyaron la sexta marcha en Argentina por el aborto libre, seguro y gratuito, en Chile aproximadamente 500 mil mujeres que respondieron a la convocatoria fueron golpeadas e insultadas por personas del “Movimiento Social Patriota”, quienes obstaculizaron su avance con barricadas y con carteles “llamaban a la esterilización masiva de mujeres activistas”, declaró en un comunicado el colectivo “Coordinadora Feminista en Lucha”.
El colectivo junto con la organización “Mesa de Acción por el Aborto” en Chile, explicaron que diversos conglomerados de mujeres que partieron desde la central en Alameda con Echaurren, fueron agredidas y emboscadas con bombas molotov y armas punzo cortantes por personas ajenas a la marcha, que dejó -aseguraron- tres mujeres apuñalas –dos en las piernas y una en el abdomen- las cuales ingresaron al Hospital de Urgencia Asistencia Pública de Chile, conocido como la “Posta Central”.
Estas agresiones, explicaron, demuestran la vulnerabilidad en la que se encuentran las chilenas por “agruparse y por exigir sus derechos”, sin embargo -resaltaron- no se detendrán en la “conquista”, presentarán una demanda contra los responsables de las agresiones y exigieron a las autoridades de Chile asegurarse de que “estas situaciones no se vuelvan a repetir”.
Por esta razón las aproximadamente 500 mil mujeres que acudieron a la convocatoria no pudieron llegar al “escenario: punto de cierre” –entre las calles Alameda y Echaurren- donde demandaron se permita el acceso de las chilenas a la interrupción de su embrazo no sólo por las tres causales: cuando es producto de una violación, inviabilidad fetal y riesgo a la vida de la mujer, aprobadas hace seis meses en el país.
“¿En qué condiciones abortan las mujeres trabajadoras, estudiantes y pobres que no fueron cubiertas por las tres causales? A quienes se oponen al derecho al aborto apoyan a que las mujeres sigamos poniendo nuestra vida y salud en riesgo por abortos clandestinos, siendo criminalizadas”, expusieron en un folleto compartido en redes sociales por diversos grupos feministas.
Esta mañana, en rueda de prensa integrantes de la “Mesa Acción por el Aborto en Chile”, declararon que las agresiones, acontecidas ayer, son hechos que sistemáticamente les ocurren a las chilenas que “alzan la voz”, por lo cual, reclamaron, iniciar una investigación que retome las grabaciones de video vigilancia.
La vocera de la organización y quien acompañó a las mujeres atacadas, Macarena Castañeda, declaró que la policía no auxilió ni ayudó a las mujeres durante la agresión, sino que se enfocaron en cuidar la “propiedad privada”, y agregó que hasta el momento no han tenido respuesta del gobierno chileno sobre lo sucedido.
Resaltó que son conscientes de que al demandar en las calles y en los medios de comunicación por una respuesta y por sus derechos ponen en resigo su vida, pero –enfatizó- es la única forma en que las chilenas pueden luchar por “la situación precaria” en la que se encuentran.
“Yo sé que cuando estoy aquí dando mi cara frente a esta situación estoy poniendo en riesgo mi vida. Lamentablemente las mujeres nos jugamos la vida en nuestra lucha por los derechos”, expuso Macarena Castañeda. 

Imagen cortesía de Sol Atta integrante de la agrupación Las Rojas
Por: Aline Espinosa Gutierrez
Cimacnoticias | Ciudad de México.- 

Ciberacoso, nueva amenaza contra el gremio periodístico


Un tercio de reporteras fue hostigada
   


El ciberacoso es una nueva amenaza que se cierne sobre el gremio periodístico y las mujeres periodistas son las más afectadas, dos tercios de las reporteras entrevistadas por Reporteros Sin Fronteras (RSF) fueron víctimas de hostigamiento y 25 por ciento de ellas lo vivió en Internet.
Esto señala el informe “Acoso en línea a periodistas: Cuando los trolls arremeten contra la prensa”, elaborado por RSF, que además indica que las campañas de ciberacoso se desarrollan en países que se dicen democráticos como México y en países que ocupan los primeros puestos en la Clasificación Mundial de la Libertad de Prensa, como Suecia o Finlandia.
El informe, lanzado el 26 de julio por Reporteros sin Fronteras, dice que los autores de estas campañas pueden ser simples haters, de individuos o grupos que se esconden tras la pantalla, pero también mercenarios de la información en línea, verdaderos “ejércitos de troles” creados por regímenes autoritarios.
En ambos casos el objetivo es el mismo: hacer callar a los periodistas que difunden contenidos que les molestan y, para ello, están dispuestos a usar violentos métodos. RSF documentó casos en 32 países durante varios meses y analizó el modus operandi de los predadores de la libertad de prensa que utilizan las nuevas tecnologías para expandir su modelo represivo.
En ocasiones las consecuencias de estos actos pueden ser dramáticas: al ser entrevistados por RSF, la mayoría de los periodistas que fueron víctimas de ciberacoso señalaron que se vieron obligados a autocensurarse frente a esa ola de violencia de una magnitud que no habían imaginado.
En India, la periodista Rana Ayyub se ha convertido en blanco de los partidarios del régimen: los yoddhas del primer ministro, quienes han agredido a la periodista por las investigaciones que ha realizado sobre el ascenso de Narendra Modi al poder. “Me trataron de prostituta, hicieron un fotomontaje de mi cara con un cuerpo desnudo, tomaron una foto de mi madre de mi cuenta de Instagram y la alteraron con Photoshop de todas las maneras posibles”, contó.
Los periodistas de investigación son otro de los principales blancos de los troles. Es el caso del mexicano Alberto Escorcia, quien recibió amenazas de muerte por sus investigaciones sobre cómo se usan cuentas “durmientes” para influir en campañas electorales, como sucedió en las recientes elecciones presidenciales en México.
En Filipinas, la periodista Maria Ressa, directora de Rappler, portal informativo que de por sí enfrenta un encarnizamiento judicial, fue atacada por troles. Desde que Rodrigo Duterte fue elegido presidente, en 2016, los periodistas filipinos que como ella realizan investigaciones independientes sobre el gobierno, son víctimas de este tipo de agresiones.
En Francia, a inicios de julio de 2018, dos personas fueron condenadas a seis meses de prisión condicional y a pagar una multa de 2 mil euros por haber amenazado en Internet a la periodista Nadia Daam. Una tercera persona que la amenazó de muerte cuando los otros ciberacosadores eran juzgados también fue condenada a seis meses de prisión condicional.
Empresas como Devumi, que venden cuentas de las redes sociales con perfiles falsos, tienen una responsabilidad social directa en el incremento de estas nuevas amenazas: acosar a un periodista con ataques masivos nunca había sido tan fácil y barato.
“El acoso en línea es un fenómeno que se propaga a escala mundial y que hoy en día constituye una de las peores amenazas para la libertad de prensa”, señaló en un comunicado el secretario general de Christophe Deloire.
“Encontramos que además de las guerras de la información entre países a escala internacional, hay predadores del periodismo que han creado ejércitos de troles para perseguir y debilitar a aquellos que buscan dar cuenta de los hechos de manera honesta. Estos déspotas hacen que sus mercenarios agredan a los periodistas y les disparen en el mundo virtual de la misma manera en que otros lo hacen en las zonas de guerra”, añadió.
De acuerdo con el organismo, en estos ataques hay tres etapas: desinformación (hacer prevalecer noticias falsas sobre contenidos periodísticos); amplificación (personas a sueldo de los Estados publican o difunden mensajes); e intimidación (los periodistas son agredidos personalmente, reciben insultos, amenazas y son desacreditados).
Ante esta situación, Reporteros sin Fronteras hizo 25 recomendaciones a los Estados, entre ellas reforzar el marco legal para que restringa el acoso en línea a periodistas; responsabilizar a las plataformas web por los contenidos que se comparten en ellas y crear mecanismos de alerta y de intervención rápida.

CIMACFoto: Guadalupe Cabañas
Por: la Redacción
Cimacnoticias | Ciudad de México.-