“Por
seguridad”, autoridades de la Ciudad de México quitaron la manta que el
colectivo de familiares que buscan a sus desaparecidos en Guanajuato,
Hasta Encontrarte, había colgado tras horas de incesante esfuerzo el 15
de septiembre. Aunque la manta estaba anclada a la Estela de Luz,
aquéllas argumentaron que era un peligro para la ciudadanía. Quitar de
la vista de las tropas que ya empezaban a desfilar el mensaje contra la
militarización no apaga su urgencia: “No al golpe militar”.
Arrancar
la expresión de protesta de uno de los grupos más lastimados por la
fallida “estrategia” de combate a la criminalidad, acto simbólico que
sintetiza la perseverancia cotidiana de las familias buscadoras en todo
el país, es sólo una más de las señales de alarma que deberían movilizar
a toda la ciudadanía a la resistencia pacífica contra la entronización
de un autoritarismo duro.
En efecto, sólo en este “mes de la
patria”, se han acumulado actos y declaraciones que, aunadas a
decisiones y discursos anteriores, siguen aplanando el camino hacia un
régimen de corte dictatorial.
“Por seguridad”, el actual gobierno
decidió pasar por encima de la Constitución, imponiendo mediante
votación en bloque de sus súbditos en el Congreso, la militarización de
la Guardia Nacional, que en la letra nació civil y en la práctica ha
sido dominada por el ejército hasta engullirla. Como de paso, “por
seguridad”, integrantes del partido oficial y sus satélites en las
Cámaras legislativas, confirmaron su sumisión a la voluntad del
Ejecutivo, votando a favor de su iniciativa, repitiendo ataques a sus
“adversarios” y votos de confianza en las fuerzas armadas, que no
argumentos. Así pisotearon también la separación constitucional de
poderes y pretendieron acallar las protestas de ciudadanía y expertos,
basadas en evidencias del aumento de homicidios dolosos y violaciones de
derechos humanos relacionado con el despliegue de las fuerzas armadas
en el país y la “estrategia” contra el crimen organizado.
Luego,
también “por seguridad”, se ha querido obligar al Senado a avalar y
reproducir el sometimiento de la mayoría oficialista y lo peor del PRI
en la Cámara de Diputados para extender hasta el 2028 la participación
de las fuerzas armadas en tareas de seguridad pública. Hasta ahora la
oposición ha logrado resistir pero el ambiente se ha tensado aún más. De
votarse esta iniciativa, se prolongarán los riesgos de desplegar en las
calles a personas que no han sido capacitadas para tratar con la
ciudadanía, protegidas por el fuero militar, cuya arbitrariedad podrá
ser ocultada a su vez por razones de “seguridad”. El Senado tiene la
obligación de pronunciarse a favor de la ciudadanía, de la construcción
de cuerpos policiales profesionales y de una revisión a fondo de la mal
llamada “estrategia” oficial que no ha contribuido a pacificar el país.
Apelar
a la “seguridad”, al orden y la obediencia caracteriza a los regímenes
autoritarios, a las juntas militares que toman el poder con golpes de
Estado o en colusión con civiles sometidos a la milicia. Se puede pensar
que en México no puede darse un golpe de Estado, o que no hace falta.
Las fuerzas armadas ya tienen un poder desproporcionado en términos
económicos, humanos y materiales, cuentan con un Ejecutivo que ha
depositado en ellas su confianza y hasta con una Comisión de Derechos
Humanos nacional que dice “defender al pueblo” pero, contra toda lógica,
avala la militarización. En este sentido, el discurso del jefe del
Ejército el 13 de septiembre, contra la libre expresión de opiniones y
la disidencia, derecho básico en una democracia, constituye un signo
ominoso de intolerancia.
La pluralidad de opiniones y
perspectivas no mina al país. La polarización fomentada desde el poder,
en cambio, debilita a la sociedad, el ataque a instituciones
democráticas como el INE, los asesinatos de periodistas y activistas, la
impunidad de criminales y agentes gubernamentales corroen la
convivencia democrática pacífica.
Necesitamos seguridad
ciudadana, respeto real a los derechos humanos, más libre expresión y
participación democrática. No al silencio impuesto ni el “orden” de las
órdenes incuestionables.
CIMACFoto: César Martínez López.- Ciudad de México.- “Porque no le fallo a nadie cuando decido lo mejor para mí”, se lee en la página principal de la Red Necesito Abortar, un grupo de mujeres que acompañan a otras en el proceso de interrumpir su embarazo. Como ellas, otras organizaciones realizan la misma labor en nuestro país.
Decidir interrumpir un embarazo no es una decisión sencilla, como tampoco lo es llevar a cabo este proceso en varios estados del país, donde el aborto continúa siendo sancionado en los códigos penales. Para brindar calma y certeza las mujeres han creado redes, desde donde se acompañan unas a otras.
El aborto es un procedimiento que está cargado de mitos y estigmas, mismos que provocan temor entre las mujeres que lo vislumbran como una opción. Este miedo se incrementa en estados donde la interrupción del embarazo se continúa criminalizando, aún cuando en 2021 la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) declaró inconstitucional criminalizar el aborto, por lo que ninguna mujer debería ir prisión por decidir sobre su cuerpo.
CIMACFoto: Andrea Franco
Hay organizaciones que te brindan acompañamiento confidenial, seguro y gratuito si deseas interrumpir tu embarazo. Aquí te dejamos algunas de ellas:
Fondo María
El Fondo de Aborto para la Justicia Social MARIA surgió el 28 de mayo de 2009, luego de la legalización del aborto hasta
la semana 12 en la Ciudad de México. Desde entonces brindan apoyo
financiero, emocional y logístico a mujeres de todo el país que buscan interrumpir su embarazo.
Sus teléfonos son: 800 832 73 11 / 55 52 43 50 54
Con un horario de atención de Lunes a Jueves de 10 am a 4 pm
Organización feminista fundada en el 2000. Desde ese año brindan asesoría a mujeres y niñas víctimas de violencia, también acompañan a mujeres para que accedan a un aborto seguro.
“Es un espacio de articulación regional de organizaciones, redes y colectivas feministas y lesbofeministas que acompañan a mujeres, niñas y
a otras personas a abortar de manera segura, cuidada y libre de todas
las formas de violencias. Son 21 grupas de 15 países de América Latina y
El Caribe”, se lee en la descripción de la red. Entre los países donde
se encuentra también está México.
Conformada por un grupo de mujeres que brindan acompañamiento para que las mujeres vivan un aborto libre, seguro y tranquilo desde sus hogares.
“Nos
comprometemos en que cada acompañamiento se viva desde el respeto a la
decisión de cada mujer, formando vínculos de confianza y compartiendo
información verídica que pueda generar tranquilidad y seguridad a las
mujeres en su proceso de aborto”, explican.
Puedes contactarlas por medio de su correo electrónico necesito.abortar.nl@gmail.com o a través de sus redes sociales:
Fotografía: Cortesía Maricela Montero, miembra de la colectiva michoacana Incendiarias
Las Borders
Desde 2017, la organización brinda acompañamiento y asesoría a cualquier mujer que decida abortar en México y en otras partes de América Latina y el Caribe.
“Buscamos
promover la autonomía corporal, el empoderamiento, la sororidad, el
respeto a la diversidad, y la constante reivindicación de nuestros
Derechos Sexuales y Reproductivos”, destacan Las Borders.
Es una red de mujeres surgida en Tijuana, Baja California, donde se difunde información sobre temas como aborto, menstruación, salud y educación sexual, violencia de género, y violencia médica hacia las mujeres.
El aborto y en específico el acompañamiento es uno de sus puntos clave. Si requieres acompañamiento escribe a abortoseguro.tj@gmail.com o comunícate al 5534458998
Las Centinelas
Otra red de acompañamiento a mujeres que han decidido interrumpir su embarazo de manera legal y segura. Para lograrlo la red recolecta medicamentos para abortar y capacita a acompañantes en Mexicali, Baja California.
Además
de ofrecer talleres sobre prevención de violencia obstétrica y derechos
sexuales y reproductivos, la colectiva también acompaña a mujeres que
desean interrumpir su embarazo.
Puedes llamarlas al 449 148 6945 o encontrarlas en sus redes sociales:
Fotografía: Pexels.- De acuerdo con ONU Mujeres, a nivel mundial, una de cada tres mujeres
ha sido víctima de algún tipo de violencia sexual. A pesar de la
necesidad de comprender este problema a nivel regional, según
especialistas como Cristina Rosero -asesora del Centro de Derechos
Reproductivos en Bogotá-, América Latina no cuenta con cifras
lo suficientemente claras para dimensionar su gravedad, describir sus
causas y generar políticas públicas para frenar esta violencia. En
entrevista con Cimacnoticias, Martín Di Marco, sociólogo de la
Universidad de Buenos Aires, profundizó sobre el estado actual de estas
investigaciones en la región y lo que podría hacerse para ampliar
nuestros conocimientos al respecto.
Lo primero que destaca Di
Marco es que América Latina es un territorio muy amplio donde las
circunstancias para cada uno de los países en materia de violencia
sexual varían mucho. Sin embargo, afirma el especialista, hay una
constante en el hecho de que hay relativamente pocas investigaciones al respecto.
Además, agrega, casi todas estas investigaciones son muy descriptivas
en cuanto a las situaciones en las que se dan estas agresiones, pero no
ahondan en otros aspectos como los perfiles de los agresores o en los
índices de este tipo de violencia perpetrada en contra de las infancias.
Falta mucha investigación pensada en problemas concretos que tenemos que gestionar.
Martín Di Marco.
Por otra parte, Di Marco apunta que casi todas las investigaciones recientes se han centrado en estudiar a las sobrevivientes de violencia,
pero, desde su punto de vista, esto deja de lado otros aspectos que
podrían arrojar información sobre dónde y cómo implementar políticas
públicas realmente eficaces para frenar la violencia sexual. Uno de
estos aspectos es la información sobre los perpetradores.
La necesidad de contar con datos de los agresores
De
acuerdo con las investigaciones de Martín Di Marco (quien está
especializado en estudiar las historias de perpetradores de violencia
homicida y femicida), en América Latina existen trabajos que abordan los
perfiles de agresores sexuales desde el ámbito
psicológico o psiquiátrico. Sin embargo, afirma que esta perspectiva
individual no abona a comprender el problema en sus dimensiones
sociales.
Esto es importante, por ejemplo, al hablar sobre abuso sexual infantil,
en cuyos casos “no entendemos lo que pasa porque se estudia al agresor a
nivel individual”. “No se ve que hay patrones”, afirma el especialista,
y añade que, entre otras cosas, visibilizar estos patrones ayudarían a
las instituciones educativas a estar alertas ante posibles casos de
violencia sexual infantil.
Por otro lado, Di Marco reconoce que
hay esfuerzos desde el ámbito local y regional para reconocer la
gravedad de la violencia sexual en general. Un ejemplo de ello es la
Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares
(ENDIREH) que se realiza en México desde 2003. En su última versión, publicada este 2022, la ENDIREH evidenció que cerca de 17 millones de mujeres en
México han sufrido algún tipo de violencia sexual. No obstante, la
ENIDREH no evidencia cuáles son las condiciones en las que se dieron
estos casos ni si antes de la violencia sexual hubo otro tipo de
agresiones precedentes.
Debido a esto, Martín Di Marco señala que estos ejercicios estadísticos carecen de datos
y matices importantes. Uno de ello son, por ejemplo, las estrategias
para camuflar la violencia por parte de perpetradores y también por
parte de las víctimas, las cuales ayudarían a comprender mejor el
problema de la violencia sexual y a ampliar los registros que se tienen
al respecto.
¿Qué hacer ante la violencia sexual en América Latina?
De acuerdo con un informe de la organización Equality Now, la incidencia de la violencia sexual es mayor en el continente americano que
en cualquier otra parte del mundo. Según dicho informe, además, en este
continente, 8 de los 35 países que participaron en esta investigación
(entre los que se encuentra México) tienen leyes ambiguas sobre
violencia sexual contra las infancias. Esta misma opacidad, además, se
repite en otras legislaciones alrededor de este tipo de violencia.
A esta falta de consistencia en las políticas públicas se suma también la falta de perspectiva
desde la sociedad civil. Desde el punto de vista de Martín Di Marco,
una solución en este último aspecto es el trabajo que ya se está
realizando en países como Argentina para sensibilizar a la población y
dejar atrás los patrones patriarcales que permiten la preproducción de
este tipo de violencia machista.
Si bien no es un trabajo
sencillo, atender la violencia sexual desde estos frentes puede abonar a
la prevención y al reconocimiento oportuno de patrones entre los agresores.
Por otro lado, ampliar el conocimiento de las cifras también puede
sumar a que haya bases sólidas para construir políticas públicas
realmente sólidas no sólo de atención, sino también de prevención en
estas esferas de la violencia contra las mujeres.
Fotografía: Pexels.- En México, campañas, folletos y reglamentos de atención suelen hablarnos de derechos sexuales y reproductivos.
Ambos se juntan en una sola frase como si vinieran en paquete,
insinuando así que la sexualidad tiene un único fin: reproducirnos.
Sabemos que esto no es así y, por lo tanto, podemos intuir por qué
deberíamos nombrarlos por separado. Pero, independientemente del
reconocimiento de nuestro derecho al goce, ¿por qué hablar de estos dos
grupos de derechos por separado?
Jeraldine del
Cid Castro —politóloga e internacionalista guatemalteca egresada de la
Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO) México — explicó a
Cimacnoticias que tratar a los derechos sexuales y los derechos
reproductivos de manera separada es importante, sí, para que cada
persona sea consciente de sus garantías en cada uno de estos ámbitos.
Pero, más allá de eso, la distinción de ambos grupos puede generar un impacto notorio en las políticas públicas y la forma en la que las instituciones de salud brindan atención a las y los pacientes.
¿Cómo? Bueno, vamos despacio. Primero revisemos algunas características de estos derechos.
Derechos sexuales y derechos reproductivos: dos historias distintas
La
Secretaría de Salud Pública (SSP) en México define los derechos
sexuales como ese grupo de garantías que protege a las personas para que
puedan ejercer su sexualidad de forma plena y
responsable con todo lo que ello implica, como el erotismo y el afecto.
En este sentido, Jeraldine del Cid apunta que tales derechos garantizan
la autonomía y la decisión libre e informada sobre nuestros cuerpos, así
como la construcción de nuestra personalidad y nuestra identidad a partir de nuestra dimensión sexual.
No está de más remarcar que estos derechos están íntimamente relacionados con el placer y el goce. Sin embargo, de alguna manera, esto se vuelve invisible cuando los relacionamos con los derechos reproductivos.
De acuerdo con la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas
para los Derechos Humanos, estos últimos tienen que ver con la libertad
de las personas para decidir libre y responsablemente el número de hijas o hijos que quieren tener, con quién tenerlos y con qué periodicidad.
Esto liga a los derechos reproductivos con los métodos anticonceptivos y con servicios de salud
antes, durante y después del parto. Y, aunque también tienen que ver
con la libre determinación y con la definición de la identidad, ambos
aspectos son llevados a otra etapa de la vida muy distinta a la
exploración sexual.
Si bien la SSP define los derechos sexuales
por separado y la Oficina del Alto Comisionado retoma una definición
sólo de derechos reproductivos, al echar un ojo a las páginas de uno y otro,
la realidad es que, al final, ambos temas se mezclan de manera confusa.
Esto tiene consecuencias que, de acuerdo con Jeraldine del Cid, rozan
incluso con el tema de la prevención de violencia.
Campaña
de salud del Gobierno del Estado de México promovida este 2022, donde
la promoción de la salud sexual está ligada con la reproducción y la
atención del embarazo o enfermedades de transmisión sexual. Imagen:
Facebook @Salud.Edomex
La importancia de nombrarlos como derechos separados
Desde
la perspectiva de Jeraldine del Cid Castro (quien se ha especializado
en estudios de Régimen de Género y Políticas Públicas), uno de los
principales riesgos de hablar de derechos sexuales y reproductivos de
manera conjunta es que la educación sexual hacia las y los adolescentes
casi siempre está orientada a prevenir un embarazo no
planificado. Esto deja de lado otros aspectos que, en la sexualidad,
tienen que ver con el autoconocimiento del deseo pero también con cómo
identificar si alguien está traspasando los límites del mismo.
Al
atender el tema de la sexualidad únicamente relacionado con el embarazo
y la transmisión de algunas enfermedades no hay una formación desde una
perspectiva integral donde se promuevan la autonomía y el
consentimiento.
Jeraldine del Cid Castro
En este sentido, abordar los derechos sexuales de manera independiente significa también tratar temas de violencia sexual,
de lo que no deseamos o lo que no nos hace sentir cómodas y cómodos.
También, de la forma en la que podemos identificar ciertos
comportamientos que muchas veces están arraigados en nuestra cultura y,
por lo tanto, no sabemos cómo rechazar.
Todo esto implica procesos psicoemocionales complejos relacionados con la forma en la que tejemos lazos con el otro o la otra, así como con la autorrealización, la felicidad,
pero también el respeto hacia los demás y hacia nosotras y nosotros
mismos. De igual forma, ser conscientes de nuestra sexualidad nos lleva a
cuestionarnos: ¿quiero ser padre o madre?, ¿asumiré este rol tan
marcado socialmente sobre todo en el caso de las mujeres?
Estas
preguntas amplían la perspectiva sobre lo que pensamos como derechos
sexuales y derechos reproductivos. Pero no sólo eso: la distinción entre
ambas áreas puede transformar y complejizar las políticas públicas de salud de maneras positivas… aunque, por lo menos en nuestro país, tal vez no tan operativas.
Los embarazos no planificados en adolescentes se han vuelto un problema de salud pública grave
que ha intentado atenderse con políticas públicas como la Estrategia
Nacional de Prevención del Embarazo en Adolescentes (ENAPEA). Sin
embargo, desde la perspectiva de Jeraldine del Cid (quien participó en
dicho estudio), estas estrategias tienen carencias importantes derivadas justo de tratar a los derechos sexuales y los derechos reproductivos en un solo paquete.
De
acuerdo con la especialista, las políticas públicas para prevenir el
embarazo adolescente en México están enfocadas mayoritariamente en
aspectos como el acceso a los métodos anticonceptivos.
Esto deja de lado otras causas como el sistema patriarcal que cosifica a
las adolescentes, las sexualiza y además las recubre de un imaginario
según el cual su único fin es ser madre.
La
ENAPEA es una de las políticas públicas en México enfocada en la alud
reproductiva de las y los adolescentes. Ha operado desde 2015. Imagen: Gobierno de México
Tampoco se abordan con profundidad otros temas como la violencia sexual o cómo es que la sexualidad se inserta en sistemas culturales complejos
que muchas veces someten esta necesidad humana a la reproducción, no
importa si ésta es contraria al deseo de la mujer. Respecto a esto
último, el estudio del Colmex señala que el embarazo adolescente es más
frecuente entre mujeres pertenecientes a poblaciones indígenas. Aun así, sólo en 22 de las 32 entidades federativas de México se trabaja de cerca con estas comunidades.
Este
panorama apunta a la necesidad de transformar las políticas públicas
sobre el embarazo adolescente, la salud sexual y la salud reproductiva
en México. Desde el punto de vista de Jeraldine del Cid, dicha
transformación debe incluir consejería sexual,
acompañamiento psicoemocional y una perspectiva intercultural al abordar
temas sobre el desarrollo sexual y sobre la planificación familiar.
En términos operativos, esto se traduce en más personal médico y más funcionarios capacitados con una perspectiva de género y con sensibilización al respecto de estos temas… algo que, por supuesto, significa más recursos.
En
América Latina no hay muchas políticas públicas así, pero el caso de
México no está tan mal. La ENAPEA, por ejemplo, en su segunda fase que
inició este 2021, sí aborda algunas perspectivas de la sexualidad. Sin
embargo, aún está empezando esta fase y las y los funcionarios no la
conocen.
Jeraldine del Cid Castro.
Los retos, entonces, son muchos. En primer lugar se encuentra la liberación de fondos
suficientes para ofrecer una atención integral en temas de derechos
sexuales y derechos reproductivos. Pero, además, la continuidad de estos
fondos no debe estar condicionada al cambio de gobiernos.
En segundo lugar, se necesita que haya una formación y sensibilización
correcta hacia las y los funcionarios encargados de aplicar estas
políticas públicas directamente entre la población. Y, finalmente, se
necesita de una perspectiva integral que aborde los
aspectos enumerados arriba y que reconozca, también, que detrás de
problemas como el embarazo adolescente hay un sistema patriarcal que
atraviesa los cuerpos de las mujeres.
Estrategias como la ENAPEA
se han centrado en lo urgente (mermar los embarazos adolescentes), pero
se debe voltear la mirada también a lo necesario: hablar de sexualidad de manera integral y, con ello, tocar el tema de la reproducción de la forma adecuada.
IMAGEN: Twitter Zacua.- Ciudad de México.- Romper paradigmas en un mundo mayor mente dominado por hombres, ese es el objetivo de Zacua, empresa automotriz mexicana conformada en un 70 por ciento por mujeres,
quienes ocupan puestos directivos y también son las encargadas de
ensamblar a mano los autos eléctricos que distribuye la compañía.
Es así como desde 2018 comenzó a producirse el auto eléctrico Zacua, en una planta de ensamblaje en Puebla. Cada vehículo es armado a mano, por lo que su producción podría considerarse artesanal.
En 2020, durante la XXXI Edición del Congreso Internacional de Energía, Nazareth Black, directora de marca de la empresa,
aseguró que el modelo de negocios de la empresa es disruptivo y
digital, pues se trata de una marca artesanal y de diseño, con
innovación y desarrollo mexicano que busca la inclusión de las mujeres a un sector que ha sido dominado en su mayoría por hombres. Como ejemplo tenemos a la compañía automotriz Ford, la cual en su Centro de Ingeniería únicamente tiene el 17 por ciento de participación femenina.
“El tema de la contratación de mujeres no
lo tratamos como si fuera una rivalidad, sino que es parte de la
filosofía de la empresa, es un tema de inclusión de darle espacio a las
mujeres y un tema de equidad, en el que las mujeres pueden aspirar a los
mismos trabajos, que tengan un ambiente de trabajo seguro, sin tener
que dar o hacer algo a cambio para conseguir el trabajo o conseguir un
ascenso”, refirió Black en una entrevista para El Heraldo.
Actualmente en Zacua laboran 25 mujeres en
su Centro de Ingeniería, ellas también trabajan en el diseño de
prototipos y además desarrollan proyectos, participando también en el
ensamblaje de piezas.
“Zacua es la primera marca mexicana de
autos eléctricos, diseñados exclusivamente para la ciudad. Buscamos
apoyar positivamente a la sociedad contribuyendo a volver al país un
lugar más verde al producir tecnologías automotrices que reducen nuestro
impacto en el medio ambiente. Los autos son cero emisiones, lo que
significa que no emiten CO2, Gases de Efecto Invernadero ni cualquier
otra partícula contaminante del aire lo que contribuye al cuidado del
medio ambiente pues cargar el auto con energía eléctrica es menos
contaminante que quemar gasolina”, refiere la empresa en su portal
oficial.
Mujeres ingenieras en México
Lo anterior da muestra de que en México poco a poco las mujeres se
han incorporado a sector antes “exclusivos de hombres”; sin embargo,
uno de los factores que impide que las cifras de participación se
incrementen aún más es la baja cantidad de egresadas de ingenierías.
Por
ejemplo, los últimos datos dados a conocer por la Asociación Nacional
de Universidades e Instituciones de Educación Superior (ANUIES) revelan
que, de los más de 924 mil estudiantes inscritos en carreras de ingeniería de universidades de México (tanto públicas como privadas), únicamente 291 mil son mujeres.
Por
su parte el Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO), señala
que 3 de cada 10 profesionistas de áreas de ingeniería son mujeres. Estas cifras revelan que aún faltan estereotipos por romper para que más mujeres, adolescentes y niñas ocupen espacios que la sociedad patriarcal les ha dicho que no les pertenecen.
.-Ciudad de México.- Este 21 de septiembre, el senado de la República en México está discutiendo para decidir si las fuerzas armadas continuarán haciéndose cargo de la seguridad pública en México hasta 2028.
Si la iniciativa se aprueba, entonces el ejército continuará en las
calles, extendiendo así con un proceso de militarización nacional que ha
dejado casos de abuso contra mujeres Valentina Rosendo Cantú.
La propuesta que reposa hoy en el senado consiste en modificar el Artículo Quinto Transitorio de
la Constitución, el cual permite que las fuerzas castrenses participen
en las labores de seguridad pública de nuestro país. Hasta este momento,
dicho artículo establece que esta participación militar será vigente
sólo hasta el 27 de marzo de 2024. No obstante, el Partido
Revolucionario Institucional (PRI) propuso una serie de reformas para
extender el periodo hasta el año 2028.
Dentro del Senado hubo
opiniones divididas acerca de esta iniciativa, la cual pasó por la
cámara de diputados con 335 votos a favor y 152 votos en contra. La
senadora Nancy de la Sierra Arámburo, del PRI, y el senador Germán
Martínez Cázares, del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) son
algunos de los funcionarios que se han posicionado en contra.
Ambos argumentan que México está atravesando una crisis en cuestión de derechos humanos,
y que una de las raíces de esta crisis se encuentra en las estrategias
de seguridad fallidas. Y es que, en medio de dichas estrategias, el
ejército Mexicano, la Guardia Nacional y la Marina (por mencionar
algunas instituciones militares) han dejado a su paso una serie de
violaciones a los derechos de la población civil.
Muestra de ello es que, entre enero de 2012 y julio 2019, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) recibió 4 mil 841 quejas por abusos militares perpetrados por las fuerzas armadas. Por su parte, la Guardia Nacional cuenta con al menos 219 quejas en su contra registradas desde su creación en mayo de 2019 hasta agosto de 2020.
Pero
desde años anteriores a estos registros, ya había casos que sentaron
precedentes importantes sobre los riesgos de militarizar el país. Uno de
ellos, el caso de Valentina Rosendo Cantú, representa un antes y un después en el reconocimiento de la violencia militar en México.
El caso Rosendo Cantú: un parteaguas en la justicia por violencia militar
Valentina Rosendo Cantú es una mujer originaria del municipio de Acatepec, en el estado de Guerrero.
El 16 de febrero de 2002, cuando tenía 17 años de edad, ocho militares
se acercaron a ella mientras se preparaba para lavarse en un arroyo a
200 metros de su hogar.
Los militares (quienes llevaban a un
hombre detenido) le preguntaron por “los encapuchados” y comenzaron a
interrogarla de mantera intimidatoria apuntándole con un arma y
mostrándole una fotografía y una lista de nombres. Ante la negativa de
Valentina, el militar que le apuntaba la golpeó en el estómago con el
arma y la tiró al suelo. Después, dos de los militares la violentaron sexualmente.
Al igual que en el caso de Ernestina Ascencio Rosario, para Valentina Rosendo Cantú, el acceso a la justicia estuvo plagado de irregularidades por parte de las autoridades mexicanas y también del personal médico que la atendió poco después del ataque perpetrado en su contra.
Primero, el personal de salud pública de la comunidad de Caxitepec se negó a revisarla
para evitar problemas con los militares. Después, en el Hospital
General de Ayutla de los Libres, le realizaron una revisión incompleta y
sólo le diagnosticaron un traumatismo en el abdomen. Por otro lado, su
esposo puso una denuncia el día de los hechos frente al delegado
municipal de Barranca Bejuco. Esta autoridad se dirigió al presidente
municipal de Acatepec para pedir su intervención, la cual, sin embargo,
nunca llegó.
Valentina Rosendo Cantú, mujer indígena abusada por miembros del Ejército Mexicano.
Ante
la falta de acción de estas autoridades, el 26 de febrero (a diez días
de las agresiones), la Organización Independiente de Pueblos Mixtecos y
Tlapanecos ayudó a Valentina Rosendo a presentar una queja frente a la CNDH.
Por su parte, la Comisión de Defensa de los Derechos Humanos de
Guerrero la acompañó a presentar una denuncia frente al Ministerio
Público del Distrito Judicial de Allende, donde no le proporcionaron un
intérprete pese a sus dificultades para hablar y entender el español.
Tampoco le realizaron una evaluación médica.
Todas estas
circunstancias llevaron a Valentina Rosendo Cantú a presentar su caso
frente a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en noviembre de 2003. Para marzo de 2009, dicha Comisión acredita la violación contra la mujer indígena Me’phaa y responsabiliza al Estado mexicano de las irregularidades cometidas durante la investigación.
El
Estado no actuó a pesar de ello, por lo que, en 2010, el caso de
Valentina pasa a manos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
Esta Corte reiteró la responsabilidad de las autoridades mexicanas y les
ordena reabrir el caso, el cual se había archivado en 2004. Finalmente,
tras varios años de ejercer presión, el 7 de junio de
2018, la Jueza Federal Iliana Contreras condenó a los responsables de la
violación de Valentina Rosendo Cantú a 19 años de prisión.
Este caso sentó un precedente importante para los casos de violencia militar, pues con él, el sistema judicial mexicano se modificó
para que los casos de violación de derechos humanos cometidos por
miembros del Ejército Mexicano fueran llevados por tribunales civiles.
También se aprobaron reformas al Código de Justicia Militar para
establecer restricciones al fuero militar en casos de abusos contra
civiles.
A pesar de esto, siguen presentándose casos como el de
Valentina Rosendo. De acuerdo con Amnistía Internacional, la Guardia
Nacional tiene por lo menos tres acusaciones por tortura y dos por desapariciones forzadas, y el Ejército tiene acusaciones de violencia sexual incluso dentro de sus propias filas.
Si las reformas al Artículo Quinto Transitorio se aprueban, se corre el
riesgo de que estas condiciones sigan perpetrándose y llenando de
violencia militar al territorio nacional.
Fotografía: Twitter @EquisJusticia.- Ciudad de México.- La Red de Promotoras Mayas de Justicia dio a conocer la “Agenda para el acceso a la justicia de las mujeres mayas de Yucatán”, en la cual se incluye la exigencia de información en español y maya sobre todos sus derechos, además de instituciones de gobierno y justicia que escuchen sus preocupaciones, problemáticas y propuestas.
La Red, formada por 40 promotoras de ocho municipios de Yucatán (Chikindzonot, Chemax, Tekom, Tixcacalcupul, Kinchil, Halachó, Mayapán y Yaxcabá) recabó las experiencias de más de 90 mujeres mayas, con el objetivo de ofrecer a las autoridades estatales y municipales información para que comprendan las situaciones de violencia que viven las mujeres en sus hogares, comunidades e instituciones; además de sus necesidades y los obstáculos que enfrentan para conseguir justicia.
Al hablar de cifras que reflejan la violencia, la Red destacó que el 54 por ciento de las mujeres yucatecas refirieron que su principal preocupación es la inseguridad, mientras que en quinto lugar se ubica la falta de castigo en contra de las personas que las agreden.
Las mujeres mayas también acusaron que en Yucatán son insuficientes los presupuestos y las instituciones para combatir la violencia contra las mujeres.
Fotografía: Twitter @EquisJusticia
En ese sentido, ¿qué exigen las mujeres mayas? A continuación transcribimos sus peticiones a las autoridades estatales y municipales:
Nuestros derechos a ser escuchadas por las autoridades y a denunciar cualquier violencia.
Nuestro derecho a recibir protección inmediata ante cualquier violencia (física, emocional, económica, familiar, laboral, escolar, etc.) que nos afecta o pone en peligro.
Atención
médica y psicológica gratuita y de calidad para sanar los daños físicos
y emocionales causados por la violencia en nosotras y nuestras
familias.
Orientación en español y maya para:
Conocer las acciones jurídicas e instituciones a las que podemos
recurrir para acabar con el maltrato que vivimos; saber qué derechos
tenemos y qué obligaciones deben cumplir las autoridades durante los
procesos de justicia; tomar decisiones de manera libre e informada sobre
las alternativas legales que tenemos para salir de la violencia.
Autoridades de justicia comunitaria con la capacitación y los recursos necesarios para atender adecuadamente la violencia contra las mujeres mayas.
Instituciones
de justicia estatal que atiendan la violencia y discriminación que
vivimos dentro y fuera de nuestros hogares, tomando en cuenta nuestro
idioma, cultura y particularidades como mujeres mayas .
Servicios
jurídicos, médicos, psicológicos y sociales que reparen todos los daños
provocados por la violencia (queremos que las autoridades de justicia
se aseguren de que recibamos estos servicios como parte de los procesos
jurídicos que iniciamos; también necesitamos que las demás autoridades
nos canalicen o atiendan directamente, aunque no tomemos acciones
legales contra la violencia)
Nuestro derecho a recibir un trato digno por parte de las autoridades cuando: Somos víctimas de violencia: debemos ser atendidas con respeto, privacidad, rapidez y eficacia.
Fotografía: Twitter @EquisJusticia
Para lograr lo anterior y enfocarse en la prevención de las violencias en su contra, las mujeres mayas
proponen como estrategia que las instituciones municipales den a
conocer – a través de radio, televisión, periódicos, redes sociales,
carteles, folletos, letreros en bardas, charlas, talleres, etc. –
información en español y maya sobre todos sus derechos, “para que en nuestras casas, escuelas y comunidades se hable con la verdad y sin vergüenza sobre las violencias que vivimos y no se nos culpe por estas situaciones ni se justifique a quienes nos agreden”.También
propusieron que las instituciones de gobierno y justicia escuchen sus
preocupaciones, problemáticas y propuestas, para que con base en ello
diseñen y pongan en marcha leyes, políticas públicas, presupuestos,
programas y servicios que les permitan acceder a la justicia y tener una vida libre de violencia.
Foto de archivo de Cimacnoticias .-Jueza
Federal ordena que sea la Fiscalía General de la República (FGR) quien
realice la investigación total de los hechos de tortura sexual en el
caso de las Mujeres de Atenco.
La sentencia de un
juicio de amparo debe acatarse a la brevedad o se incurriría en desacato
y obstaculización dolosa en el acceso a la verdad y la justicia de las
sobrevivientes.
Ciudad de México.- La
Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) debe remitir a
la Fiscalía Especial para los Delitos de Violencia contra las Mujeres y
Trata de Personas (FEVIMTRA), adscrita a la Fiscalía General de la
República (FGR), la investigación sobre autoridades estatales
involucradas en los hechos ocurridos en San Salvador Atenco en 2006,
para que esta entidad investigue la totalidad de los hechos y determine
las responsabilidades derivadas de la tortura sexual y otras graves
violaciones a derechos humanos cometidas en contra de once mujeres. Así
lo resuelve la sentencia de un amparo promovido por las sobrevivientes,
como parte de su lucha de más de 16 años en búsqueda de verdad y
justicia.
La sentencia emitida por la Jueza Séptimo de Distrito en
Materias de Amparo y de Juicios Federales en el Estado de México
establece que en el caso se cumplen todos los requisitos legales para
que FEVIMTRA ejerza su facultad de atracción; por lo que, al no existir
sustento que motive la negativa que ha mantenido la FGJEM, le ordena
remitir la totalidad de la averiguación previa a la FEVIMTRA.
Foto de archivo de Cimacnoticias: César Martínez López
A 16 años de los hechos y casi 4 años de emitida la Sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte
IDH) contra el Estado mexicano, las mujeres hacen un llamado para que
la Fiscalía estatal acate a la brevedad la sentencia y evite seguir
obstaculizando el acceso a la verdad y a la justicia que han buscado las
sobrevivientes durante tantos años.
En la resolución de amparo,
la jueza federal establece de forma contundente que el cumplimiento de
la sentencia de la Corte IDH sólo es posible si se investiga en conjunto
la totalidad de los hechos, incluyendo la responsabilidad de todos los
perpetradores tanto a nivel estatal como federal, así como la cadena de
mando; lo cual únicamente puede realizarse por la FGR, quien además debe
garantizar que la investigación se realice con perspectiva de género.
Reiteramos
que la FGJEM, no solo ha realizado una investigación deficiente y sin
resultados; sino que, en franco incumplimiento del fallo interamericano,
se ha negado a remitir la investigación a FEVIMTRA. Por ello, desde
diciembre de 2020 las mujeres, acompañadas por el Centro Prodh,
interpusieron un primer amparo, en el que se ordenó a la Fiscalía
estatal a emitir un nuevo acuerdo; sin embargo, al emitirlo, la
autoridad local se volvió a negar a remitir la investigación. Debido a
esto, las mujeres y sus representantes, decidieron interponer un nuevo
amparo, resuelto recientemente a su favor y en esta ocasión establece
claramente la obligación de la FGJEM de remitir finalmente la
investigación a la FEVIMTRA.
Las sobrevivientes, acompañadas por
el Centro Prodh y el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional
(CEJIL), exhortan a FEVIMTRA para que realice todas las acciones dentro
de sus facultades para acatar la sentencia interamericana. Esta
instancia, además, debe dar a conocer a las mujeres el plan de
investigación que seguirá para garantizar que la investigación de todos
los responsables se conduzca con debida diligencia y que se trabaje con
prontitud en el esclarecimiento de los hechos, tal y como lo ordena la
Corte IDH.
A su vez, las mujeres instan al Poder Judicial para
que dé seguimiento a su resolución y garantice el efectivo cumplimiento
de la sentencia de amparo.
***
El acceso a la justicia por
las graves violaciones a derechos que sobrevivieron las mujeres ha sido
una prioridad en la exigencia que han mantenido desde que ocurrieron los
hechos; sin embargo, este no es el único pendiente en el cumplimiento
de la sentencia de la Corte IDH, pues medidas como la atención en
materia de salud han sido lentas y poco efectivas, lo que ha generado
desgaste para las mujeres.
A la par de las acciones jurídicas que
han emprendido las Mujeres de Atenco, ellas han continuado con la
difusión y promoción de la campaña Rompiendo el silencio: todas juntas contra la tortura sexual, levantando
la voz en solidaridad de otras mujeres que han sobrevivido a actos de
tortura sexual y otras graves violaciones a sus derechos humanos,
incluso en hechos recientes. Frente a la persistencia de la tortura
sexual, el avance en las investigaciones del caso resulta indispensable
para romper con la impunidad que prevalece ante los hechos.
CIMACFoto: Hazel Zamora Mendienta.- Ciudad de México.- La brecha salarial en México continúa siendo una de las problemáticas más graves que enfrentan las mujeres. Actualmente el tema es ignorado por las autoridades, pues en la Cámara de Diputados se
encuentra detenida una minuta que contempla un proyecto de decreto por
el que se reforman diversas disposiciones de diferentes leyes, en
materia de igualdad salarial y no discriminación entre mujeres y hombres.
Hace unos días se conmemoró el Día Internacional de la Igualdad Salarial, el cual puso sobre la mesa que a las mujeres se les paga menos que a los hombres, con una brecha salarial de género estimada alrededor del 20 por ciento a nivel mundial.
Específicamente al hablar de México,
la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) y el Instituto
Mexicano del Seguro Social (IMSS) reportaron que durante 2020 el salario
diario asociado a trabajadores hombres asegurados fue mayor que el de las mujeres a nivel nacional, 416.4 pesos y 363.5 pesos por día, respectivamente, lo que representa una diferencia de 14.6 por ciento.
Imagen: Flickr
Además, de acuerdo con la Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares (Endireh-2021), la discriminación fue la forma de violencia laboral más
frecuente en los últimos 12 meses. Y es que al hablar específicamente
del lapso de octubre de 2020 a octubre de 2021, de 25 millones 200 mil
mujeres que trabajaron, 5 millones 241 mil 600 experimentaron una
situación de violencia, siendo discriminación (21.7 por ciento) la más
frecuente.
En ese sentido, dentro de las expresiones de discriminación que sufrieron 1 millón 137 mil 427 mujeres, las más comunes fueron:
Tuvieron menos oportunidades que un hombre para ascender
Les pagaron menos que a un hombre que hace el mismo trabajo o tiene el mismo puesto
Las impidieron o limitaron en la realización de determinadas tareas o funciones por estar reservadas para los hombres
Ante este panorama, en marzo de 2021 el Senado de la República aprobó por unanimidad una serie de reformas a diversas leyes con el objetivo de garantizar la igualdad salarial entre hombres y mujeres.
La
iniciativa con proyecto de decreto modifica las leyes generales de
Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia; de Transparencia y
Acceso a la Información Pública; para la Igualdad entre Mujeres y
Hombres; la Ley de Cámaras Empresariales y sus Confederaciones, la Ley
del Seguro Social, y la Ley del Servicio Profesional de Carrera en la
Administración Pública Federal. Así como las leyes federales de los
Trabajadores al Servicio del Estado; de Presupuesto y Responsabilidad
Hacendaria; de Remuneraciones de los Servidores Públicos; del Trabajo;
para Prevenir y Eliminar la Discriminación; la Ley Orgánica de la
Administración Pública Federal y la Ley Orgánica del Poder Judicial de
la Federación.
¿Qué establece la iniciativa aprobada por el Senado?
La
propuesta establece que será objetivo de la Política Nacional el
diseño, implementación, ejecución y evaluación de medidas para
fortalecer el acceso de las mujeres al empleo y la aplicación efectiva del principio de igualdad de trato y no discriminación en las condiciones de trabajo entre mujeres y hombres.
Para eliminar la brecha de género, las instituciones públicas, privadas y sociales deberán tramitar un Certificado de Igualdad Laboral de Género y No Discriminación para acreditar que cuentan con prácticas de igualdad de género y no discriminación que favorezcan el desarrollo integral de sus personas trabajadoras.
Además, “los salarios se
fijarán con base en criterios objetivos, en términos de lo establecido
en la Constitución y los tratados o convenios internacionales en la
materia, considerando los conocimientos profesionales, la destreza y las
aptitudes para las relaciones interpersonales”.
Así como los
esfuerzos mental y físico, las responsabilidades del puesto, con
independencia del número de personas a cargo, y las condiciones en que
se realiza el trabajo, es decir, el entorno físico y el ambiente psicológico. Con dicha reforma,
los patrones estarán obligados a identificar y hacer del conocimiento
de las autoridades e instancias correspondientes posibles acciones u
omisiones que afecten el principio de igualdad salarial.
Además,
se prohíbe toda compensación o práctica que incida en las percepciones
económicas de la persona trabajadora, originada por razones de género,
étnica, de edad, cultural o cualquier motivo discriminatorio.
Este dictamen se remitió a la Cámara de Diputados en 2021; sin embargo, la senadora por Movimiento Ciudadadano (MC), Patricia Mercado, acusó que la minuta se encuentra detenida.
“Las
brechas salariales se expresan en distintos momentos, desde el
reclutamiento, la contratación, los ascensos y promociones, y también a
las mujeres nos despiden más rápido cuando hay recortes, como pasó con
la pandemia”, expresó la senadora, por ello reiteró que las mexicanas se encuentran a la espera de que se complete el proceso legislativo.
Tendedero de deudores alimentarios en Playas de Tijuana. Fotografía: Cortesía de Diana Luz Vázquez Ruiz..- Tijuana, Baja California.- El domingo 18 de septiembre, el Frente Nacional de Mujeres Contra Deudores Alimentarios llevó el tendedero de deudores hasta la frontera entre México y Estados Unidos.
Con esta protesta, el tramo del famoso muro fronterizo ubicado en
playas de Tijuana se cubrió con denuncias de hombres que cruzaron hacia
territorio estadounidense abandonando a sus hijas e hijos.
Durante
el último año, el Frente estuvo recolectando casos de madres que
tuvieron que asumir el cuidado de sus pequeños luego de que sus parejas o
exparejas migraran a Estados Unidos. Estas mujeres
hicieron llegar sus casos a la organización y fue así como poco a poco
se armó el catálogo de deudores que quedó expuesto a los transeúntes en
el norte de México.
Diana Luz Vázquez Ruiz, miembra del Frente y principal impulsora de la Ley Sabina, declaró a Cimacnoticias que todos estos casos deben solucionarse
con un tratamiento especial por parte del Gobierno de México, en el que
las autoridades de Relaciones Exteriores ayuden a garantizar la
alimentación y la protección de las infancias.
Video: Cortesía de Diana Luz Vázquez Ruiz
Vázquez Ruiz también afirmó que con este ejercicio de denuncia han identificado casos como el de A. R.,
quien fue titular de la Comisión de Planeación para el Desarrollo
(COPLADE) en Baja California y ha ocupado otros puestos como funcionario
público. Presuntamente, Lara Valle se ha negado a pagar la manutención
de su hija de 14 años, hecho por el que tiene una denuncia activa desde
2019.
La impulsora de la Ley Sabina afirmó que es posible que se realice otra protesta similar en el muro fronterizo en los siguientes días a petición de las madres. Este ejercicio de los tendederos de deudores alimentarios ya se ha replicado también en lugares como Oaxaca, la Ciudad de México y Michoacán.
Con él se busca visibilizar el grave problema de las paternidades
ausentes en México, un país donde -según datos del Instituto Nacional de
Estadística y Geografía, Inegi-, cuatro de cada diez hogares no cuenta
con una figura paterna.
CIMACFoto: César Martínez López.-Ciudad de México.- Aunque en 10 estados de México la interrupción del embarazo es legal, aún persisten fallas que impiden un efectivo y digno acceso a este derecho, acusaron las mujeres integrantes de Coordinación 8M 2019, quienes ya preparan la movilización del 28 de septiembre, en conmemoración por el Día de Acción Global por el acceso al Aborto Legal y Seguro.
En conferencia de prensa realizada el 21 de septiembre, las mujeres integrantes
de la Coordinación refirieron que no existe evidencia del mejoramiento
de los protocolos y normas para garantizar los derechos sexuales y reproductivos de las mexicanas en
la Ciudad de México, Oaxaca, Hidalgo, Veracruz, Colima, Sinaloa,
Coahuila, Guerrero, Baja California y Baja California Sur, donde el aborto es legal.
“Mientras
este gobierno propone destinar un presupuesto récord al ejército para
extender la militarización del país y le entrega recursos millonarios
para que lleve a cabo sus megaproyectos; al sector salud apenas le
destina el 2.9 por ciento del PIB, las más afectadas somos las mujeres y
las personas de la disidencia sexo genérica”, expresaron.
Por ello, exhortaron a las autoridades a brindar un presupuesto para salud pública que contemple educación sexual integral, a partir del nivel básico, sin estereotipos sexistas, con profesionales bajo un enfoque integral que fomente la igualdad de género, la autonomía sobre los cuerpos de las mujeres y la libertad para decidir sobre su sexualidad.
Cabe recordar que hace más de un año la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) se pronunció contra la criminalización del aborto en el país. Aún con ello, el camino sigue siendo largo para que las mujeres y personas con capacidad de gestar puedan ejercer su derecho a decidir.
Sumado a lo anterior, expresaron que el derecho a decidir también debe ser garantizado para aquellas mujeres que deciden criar, por ello exigieron que el Estado garantice las condiciones económicas para maternidades libres y sanas.
CIMACFoto: César Martínez López
Mujeres preparan marcha por el 28S
El próximo 28 de septiembre se conmemorará el Día Internacional por la Legalización del Aborto, por lo que ya se prepara la marcha en la Ciudad de México para “luchar contra este sistema capitalista patriarcal que nos confina a un trabajo reproductivo forzoso cada vez más extenuante”, refirieron las convocantes.
¡Por mayores recursos para salud, educación, trabajo y atención a la violencia!
¡Libertad a todas las presas por abortar!
¡Aborto legal, seguro, libre y gratuito en todo el país, para todas las mujeres y personas con capacidad de gestar!
¡Educación sexual para decidir, anticonceptivos para no abortar y aborto legal en todo el país para no morir!
La marcha se
realizará el 28S. La cita es a las 15:30 en la Glorieta de las Mujeres
que Luchan. La salida se tiene planeada a las 16:00 en punto, para
partir hacia el Zócalo capitalino, donde se realizará un pañuelazo en favor del aborto.
