3/21/2026

CSW concluye actividades con agenda de justicia. EU intentó retroceder compromisos históricos

Recordemos que la CSW es un organismo de la ONU que evalúa los problemas relacionados a la condición de las mujeres y se enfoca en la formulación de políticas a nivel mundial, dedicado exclusivamente a promover la igualdad de género, el bienestar y empoderamiento de las mujeres, además, es fundamental en la promoción de sus derechos a nivel mundial.

Es importante resaltar que durante la apertura de este evento el pasado 9 de marzo, la Comisión de la Condición Jurídica y Social de la Mujer, adoptó las Conclusiones Convenidas por votación Estados Unidos bloqueó su adopción. La postura de este país fue de confrontación frente al consenso internacional en materia de justicia de género.

Durante semanas, Estados Unidos —junto con Arabia Saudita, Argentina y Rusia— impulsó una estrategia para modelar, reabrir o debilitar partes clave del documento, incluso aquellas que ya habían sido acordadas en marcos previos. Esta insistencia fue señalada por diversas delegaciones como un intento de retroceder en compromisos históricos sobre igualdad de género.

La tensión alcanzó su punto máximo al momento de la adopción de las Conclusiones Convenidas cuando Estados Unidos bloqueó el consenso, obligando a que el texto se sometiera a votación logrando solo 37 votos a favor de los 45 Estados miembros que asistieron. Amnistía Internacional calificó este momento como un hecho inédito en la historia de la CSW, ya que por primera vez el consenso no fue adoptado por unanimidad reflejando la polarización de espacios multilaterales.

De acuerdo con Amnistía Internacional, la postura estadounidense se mantuvo hasta el último momento. En una maniobra de última hora, presentó enmiendas bajo el argumento de que el texto contenía elementos “polémicos” e “ideológicos”; sin embargo, estas modificaciones fueron rechazadas de forma casi unánime, al recibir únicamente el respaldo del propio Estados Unidos. Paralelamente, otros países intentaron retrasar la votación, aunque sin éxito, frente a una mayoría que defendía la necesidad de avanzar sin diluir el contenido.

Para Amnistía Internacional, este escenario ocurre en un contexto global de retrocesos en derechos humanos y cuestionamientos al multilateralismo. En palabras de su secretaria general, Agnès Callamard, la aprobación del documento, pese a la falta de consenso, envía una señal contundente de que los compromisos internacionales en materia de igualdad de género siguen siendo relevantes y que existe una mayoría de Estados dispuesta a defenderlos.

La organización adviertió que de no haberse logrado un acuerdo o de haberse aprobado un texto debilitado, el mensaje para mujeres y niñas habría sido preocupante.

¿Qué incluyen las Conclusiones Convenidas de la CSW?

En ella, expresaron su preocupación ante la existencia de leyes y prácticas discriminatorias y diferentes formas de violencia que obstaculizan el acceso de las mujeres a la justicia. El documento señala que factores como la pobreza, la desigualdad económica, la falta de acceso a la educación, la salud y la desigualdad y el empleo, así como sistemas judiciales poco sensibles a la realidad de las mujeres, profundizan estas brechas, especialmente en grupos en situación de mayor vulnerabilidad

Frente a este panorama, la CSW instó a los gobiernos de todos los niveles, entidades de Naciones Unidas, organizaciones internacionales y regionales y otros sectores a adoptar una serie de medidas para fortalecer el acceso a la justicia de todas las mujeres y niñas para el 2030 aplicando la Declaración y Plataforma de Acción de Beijing y, a su vez, reconocer las necesidades específicas dependiendo de cada sector.

Específicamente, solicitaron a los Estados miembros ratificar y aplicar ampliamente los tratados internacionales de derechos humanos y garantizar que ante cualquier incidente las mujeres puedan acceder a recursos efectivos. En este sentido, se subraya la urgencia de eliminar la discriminación en leyes, políticas, así como de revisar y modificar los marcos jurídicos que perpetúan las desigualdades, incorporando de manera transversal la perspectiva de género en todas las instituciones y procesos legislativos.

Entre algunas problemáticas destacadas se encuentra el matrimonio infantil, el derecho familiar y la propiedad. Asimismo, plantean la necesidad de fortalecer las acciones para prevenir y atender la violencia contra mujeres y niñas, tanto en entornos digitales como fuera de ellos, asegurando que los agresores rindan cuentas y que las sobrevivientes accedan de manera oportuna a la justicia y a servicios de apoyo integrales.

En el ámbito institucional, la CSW propone implementar estrategias integrales que articulen a distintas dependencias; crear mecanismos accesibles, seguros y eficaces de denuncia y atención; e integrar el acceso a la justicia dentro de las políticas de desarrollo. También se destaca la importancia de fortalecer la coordinación entre instituciones y combatir la impunidad mediante la investigación y sanción de la violencia.

El documento pone atención en grupos específicos, como mujeres en reclusión o en procesos penales, y enfatiza que se debe combatir la trata y la explotación. La CSW reafirmó la importancia de garantizar los derechos sexuales y reproductivos, así como de asegurar procesos judiciales inclusivos que respeten el debido proceso y fortalezcan las instituciones encargadas de la igualdad de género.

Subrayó la importancia de capacitar a quienes operan el sistema de justicia para eliminar estereotipos, promover la educación y la alfabetización jurídica e incluir a hombres y niños como aliados de la igualdad de género. A esto se suma la erradicación de la discriminación en el ámbito familiar, asignar recursos suficientes para la implementación de medidas y garantizar servicios integrales de apoyo a víctimas de violencia, como condición indispensable para lograr un acceso real y efectivo a la justicia para todas las mujeres.

Para llevar a cabo dichos cambios, la CSW señaló que se necesitan establecer mecanismos de financiamiento como fondos específicos de reparación para mujeres y niñas víctimas de violencia, garantizando recursos suficientes para su atención integral. Asimismo, destaca la importancia de invertir en infraestructuras de justicia accesibles, tanto físicas como digitales, que contemplen las necesidades de las mujeres evitando que las limitaciones económicas o tecnológicas se conviertan en obstáculos para acceder a sus derechos.

La CSW especifica que las medidas económicas, financieras o comerciales no deben contravenir el derecho internacional ni afectar el desarrollo de los países, ya que esto impacta directamente en la capacidad de garantizar derechos. En paralelo, se propuso impulsar modelos innovadores como servicios de justicia móviles, tribunales especializados y mecanismos comunitarios que acerquen la justicia a territorios alejados o en contextos de crisis, reduciendo brechas geográficas.

El documento enfatiza la importancia de garantizar la rendición de cuentas frente a violaciones graves de derechos humanos, especialmente en contextos de conflicto o crisis humanitarias, asegurando el acceso a la justicia y a reparaciones para mujeres y niñas. En este sentido, se plantea que los mecanismos de justicia, incluidos los de transición, deban incorporar una perspectiva de género y contar con recursos suficientes para evitar la impunidad y prevenir la repetición de la violencia.

Asimismo, la CSW propone desarrollar programas de reparación administrativa que complementen las vías judiciales, eliminar barreras estructurales para la participación de las mujeres en los sistemas de justicia y reconocer la relevancia de los mecanismos comunitarios, siempre que no limiten el acceso a la justicia formal. Se destaca también la importancia de trabajar de la mano con organizaciones de la sociedad civil, garantizando un entorno seguro para su labor y protegiéndolas frente a represalias.

Finalmente, el documento resalta la necesidad de asegurar servicios de asistencia jurídica accesibles y de calidad, eliminar obstáculos económicos y administrativos, y promover modelos comunitarios de acceso a la justicia. A esto se suma el aprovechamiento de la tecnología para ampliar el acceso, cerrando brechas digitales y regulando su uso para evitar discriminación. También se subraya la importancia de generar datos e investigaciones con perspectiva de género, combatir la desinformación y fortalecer sistemas de información sobre violencia, incluido el feminicidio, como base para políticas públicas eficaces y rendición de cuentas.

Niñas madres: expresión de la distribución asimétrica de la riqueza social

Gabriela Rodríguez R.

Vivimos en crisis permanentes, a escala mundial y local; se trata de una herencia del capitalismo tardío, de un régimen basado en la distribución asimétrica de la riqueza social.

Entre muchos otros problemas vinculados a la pobreza, la maternidad infantil y de adolescentes son expresiones de crisis permanentes que impiden la movilidad social de amplios sectores de población, de quienes viven en las zonas con mayor precariedad de los países con economías media y baja. Problemas que están relacionados con factores estructurales, tales como el menor acceso a estudios superiores, la pobreza de ingresos y de acceso a servicios de salud, así como con pautas patriarcales y ancestrales que imponen y naturalizan las uniones y matrimonios de niñas y adolescentes.

En respuesta a esta problemática, en el marco de la Estrategia Nacional para la Prevención del Embarazo en Adolescentes, que coordina a más de 20 instituciones sectoriales desde el Consejo Nacional de Población (Conapo) y la Secretaría de las Mujeres, se impulsa un proyecto piloto en conjunto con el gobierno del estado de Chiapas.

¿Por qué un piloto en Chiapas? Porque Chiapas, junto con Guerrero, presenta la mayor tasa de fecundidad forzada de niñas, con 5.3 nacimientos por cada mil niñas de 12 a 14 años (contrasta con la Ciudad de México, donde la tasa es de 1.05 nacimientos por cada mil niñas de 12 a 14), en donde se registraron 996 nacimientos el año pasado, cerca de 10 por ciento de las 8 mil niñas madres que dan a luz cada año en el país. Será necesario movilizar relaciones de poder y trabajar directamente en contextos comunitarios a fin de romper con pautas culturales patriarcales y centenarias, y además porque se cuenta con la ventaja de que hay una gran voluntad política por parte del gobernador y de las autoridades del estado de Chiapas.

El proyecto piloto busca fortalecer la prevención, contribuir a la erradicación del embarazo infantil y adolescente, de las uniones infantiles tempranas y forzadas, y de la violencia sexual, además de garantizar la protección integral y restitución de derechos de las niñas madres. Se desarrollará en tres municipios de Chiapas (con las mayores tasas de fecundidad de niñas y adolescentes y de población indígena) a fin de generar aprendizajes replicables para otras zonas del país, y se sustentará en el enfoque de derechos humanos, interculturalidad, perspectiva de género, de niñez y adolescencias. Se trata de un plan estratégico, toda vez que integra prevención, protección y restitución de derechos, y fortalece la coordinación entre sectores e instituciones de los tres órdenes de gobierno para crear y validar un modelo territorial interinstitucional para generar evidencia y escalar intervenciones en otros territorios del país que presentan condiciones semejantes.

Se partirá de un diagnóstico participativo comunitario y se desarrollarán jornadas comunitarias de sensibilización a madres y padres de familia, a autoridades y líderes, a docentes, personal de salud; se vincularán las actividades con proyectos productivos para las mujeres y acciones de articulación entre sector educativo y de bienestar, personal de salud y parteras tradicionales; se fortalecerán herramientas de detección temprana de casos, referencia, protección y restitución de derechos de niñas y adolescentes en situación de embarazo o maternidad. Se fortalecerá el acceso efectivo y oportuno a información y a mayores niveles de escolaridad, a la educación integral en sexualidad y a servicios de salud sexual y reproductiva (para impedir embarazos subsecuentes, que incluyen servicios de interrupción del embarazo), difusión de campañas de información, así como acciones de monitoreo y seguimiento de proceso y de resultados, a escala federal, estatal y municipal.

Como resultados, esperamos contribuir a la erradicación de las uniones infantiles y forzadas y de las niñas y adolescentes madres, así como ampliar el horizonte educativo y la anticipación de proyectos de vida de las nuevas generaciones.

Tal como decía el gran pensador Jürgen Habermas –a quien recordamos a unos días de su muerte–, en Problemas de legitimación en el capitalismo tardío (Amorrortu Editores, 1995): “en una sociedad caracterizada por la distribución asimétrica de las oportunidades de vida, la exigencia de que los intereses legítimos sean generalizables opera como desestabilizador del sistema (…) el conflicto de clases del capitalismo liberal se ha vuelto latente y las crisis periódicas se han convertido en una crisis permanente y larvada. El Estado ha asumido una función sustitutiva del mercado como autorregulador del proceso económico”.

* Secretaria técnica del Conapo

X: Gabrielarodr108

Mazan, la violencia sexual contra las mujeres y sus impactos en lo social

 

.- El caso Gisèle Pelicot mostró la naturalización de la sumisión química y la violación

Ciudad de México.- Michelle Salord López y Lucille Florenza, antropólogas franco-mexicanas, son dos de las 14 coautoras del libro Mazan: Anthropologie d’un procès pour viols (Mazan: Antropología de un juicio por violaciones), una investigación colectiva que documenta y analiza el proceso judicial de los 51 hombres agresores sexuales de Gisèle Pelicot en Francia, un acontecimiento histórico con profundas repercusiones sociales, ellas visitaron México y conversaron para Cimacnoticias sobre su investigación.

El caso

Después de 50 años de matrimonio, Gisèle logró divorciarse del hombre que durante 10 años la torturó sexualmente a través de sumisión química. Dominique la sedaba para ofrecerla a través de un portal digital a más de 50 hombres quienes sabiendo que ella estaba inconsciente, abusaban de ella.

Se casaron en 1973. En 2011, Gisèle Pelicot comenzó a perder la memoria que atribuyó a problemas neurológicos y presentaba problemas ginecológicos persistentes.

Fue hasta el 2020 cuando Dominique fue detenido. Lo detuvieron por grabar debajo de la falda de una mujer en una plaza comercial, donde policías le solicitaron su teléfono celular. De esta manera lograron comprobar que había más videos de violencia sexual donde aparecía su esposa.

El policía que vio el celular de Dominique en el que conservaba varios videos llamó a las autoridades. “No es solo de un hombre que está filmando”. El esposo estuvo en la estación de policía una vez y regresó a casa normal. Algunos días después lo volvieron a citar.

Esa misma mañana él le contó lo sucedido a su esposa. Gisèle le dijo: «vamos a ver un psicólogo y todo estará bien”. Desayunaron y fueron a la estación de policía donde se revelaría la agresión.

Mostrar el rostro del agresor

Como se trata de un caso de víctima de violación en Francia, Gisèle tenía derecho a un juicio a puerta cerrada, con total anonimato y sin medios de comunicación pero una audiencia cerrada también beneficiaría el anonimato de sus agresores. El 2 septiembre de 2024 cuando inició el juicio, Gisèle decidió: «quiero que sea un juicio público.»

Así todo el mundo pudo conocer la historia de Gisèle contra la tortura sexual que vivió por parte de su exesposo en la comunidad de Mazan. Se lograron identificar 51 agresores, 16 quieren no se conformaron con la sentencia y llevaron el juicio a una segunda instancia pero solo uno lo logró.

Aunque Gisèle decidió dar la cara para que la vergüenza fuera del agresor, la fotografía de él no es tan pública.

“La gente quería ver al monstruo… Sí, lo ves, Dominique es un hombre cualquiera. Y quizás por eso no le interesaba a los periodistas”, señala Michelle.

Como existe la presunción de inocencia de los acusados durante el juicio, por eso solo hay dibujos que ilustran lo que va sucediendo en el Tribunal, sin embargo, una vez juzgado puede ser identificado.

Fotografía de Dominique, el esposo y agresor de Gisèle

Racismo y clasismo: la defensa de los agresores

Durante 10 años, Dominique invitó a hombres a violar a su esposa en su casa mientras ella estaba inconsciente. Los agresores se contactaban vía web y luego establecían comunicación directa en la que acordaban horarios y condiciones para el acceso.

No debían haber fumado, no usar perfume y una serie de indicaciones que dejaran ver el contexto en el que sucedería la agresión.

En la defensa de los agresores destacaron argumentos racistas y clasistas.

 “Entre los agresores había franceses con orígenes marroquís o de Túnez o de otro país, sus abogados argumentaban que por tener ese origen no conocían la sociedad francesa, ni su cultura ¿Cómo iba a saber que, entrando en esa casa tan bonita con un labrador, con la piscina, que olía rico el horno, que estaba mal lo que ahí se hacía?”

“Muchas veces pretendieron que no se necesita el consentimiento de la mujer si tenía el del hombre”.

 “También se argumentaba que tal hombre que viene de una familia pobre, que no tiene educación. Incluso decían explícitamente ´mi cliente es tonto´ o ´tiene un IQ bajo´ o ´o mi cliente es feo y era su única oportunidad para ejercer su sexualidad, él también tiene derecho al placer´ para justificar que no comprendían que estaban cometiendo violación.

Para Lucile y Michele esta situación es muy preocupante “Si está pasando con abogados en un juicio público, ¿qué sucede en tribunales menos conocidos a puerta cerrada con mujeres que no tienen ningún acompañamiento?

“Hay personas que nos preguntaban por qué no hablaron con los violadores. Y bueno, es que no era el tema, hablamos de ellos todo el tiempo, ¿y qué van a decir? Justificar la violación”.

 “Los agresores no son de aquí”: Impactos sociales de la violencia sexual

La investigación buscó identificar los impactos sociales de un caso de violencia sexual y sus implicaciones en la Comunidad del Mazan. El estigma y los impactos económicos fueron muy claros.

Lo primero fue poner nombre y rostro a los agresores: jardineros, cuidadores y periodistas.

La mayoría de los acusados son de la región “entonces hablabas con una adolescente que iba a la prepa y que te decía, ´es que él fue el jardinero de mi abuelita, él es enfermero de mis padres´.

“Muchas veces los medios nos presentan a los agresores como monstruos, no obstante la historia de Gisèle permitió romper con este gran mito y decir, el agresor es un hombre común: es tu vecino”.

“Los precios del mercado de bienes raíces se cayó por siempre”, a través de entrevistas las investigadoras lograron evidenciar la estigmatización a la comunidad. “Las personas que viven allá hicieron muchos esfuerzos para explicar a los periodistas, a gente que venía, que los violadores no son de aquí sino que venían de fuera de comunidad, salvo el jardinero que vivía en los límites de la localidad”.

“Incluso se decía que Dominique y Gisèle, eran de París, no eran de la comunidad”. Inicialmente se creó un rechazo y distancia para establecer que “nosotros no somos así, no tiene que ver con nosotros, entonces por favor, no nos manchen, no nos contaminen con estos temas”.

Identificar a Mazan con el caso Pelicot era lo que menos quería la comunidad. “Mazán dejó de ser una entidad territorial real para ser un caso”.

Un impacto mayor para la comunidad surgió cuando las autoridades locales de Mazan se pronunciaron por el caso.

“El alcalde Louis Bonnet dijo ´No se murió nadie, no se murió pero ni un hombre”, argumentaba al haber querido salvar al pueblo del escándalo.  

“Incluso llegó a señalar que no era tan grave en comparación con otras víctimas porque ella no puede recordar lo que vivió”, puntualiza Lucile.

Sumisión química en el hogar

Las antropólogas narran que en los medios de comunicación existe una idea estereotipada de cómo sucede la violencia física que complica que las mujeres la identifiquen en lo cotidiano.

“Suele representarse como alguien que no conoces en un estacionamiento oscuro o bien en una fiesta donde te ponen droga en tu bebida, no es en casa. Cuando en realidad lo sabemos estadísticamente es que sucede en casa”, asegura Lucile.

La sumisión química es una forma de violencia que implica el uso de sustancias para ejercer violencia sexual, robo, extorsión u otras formas de violencia. Bajo la sumisión química, las mujeres están inconscientes.

Dominique cometió sumisión química para ofrecer a Gisèle a más de 50 hombres para violarla por más de 10 años.

“El marido que drogó a su mujer, con dosis monstruosas de anestesia general durante una década y eso se gestó dentro de la unidad familiar, dentro de la pareja”, asegura Lucile.

El silencio sobre estos casos negaron la posibilidad de pensar la opción de que su esposo la estuviera sedando y con ello, la atención oportuna.

 “Era tan difícil concebir que algo así sucediera, nadie sospechó. Ella acudía al médico y no sospechaban que algo así pudiese suceder. Durante años fue a ver diferentes médicos, ¿Quién va a imaginar eso?”

Esta situación dejó a Gisèle secuelas físicas y mentales y la llevó al aislamiento social.

“El cuerpo médico no está capacitado para pensar en sumisión química y entonces no hubo respuesta a la situación que vivía Gisèle. El alcohol es un arma de sumisión química super usada y poco se habla de ello”, señala Michelle.

No se actuó frente a lo que vivía Gisèle pero sí había cuerpo médico prescribiendo el medicamento a Dominique y nadie notó nada raro como que lo estaba administrando de manera exponencial a su esposa para violarla.

“Él contaba con una receta médica que podía ir y renovar su stock. Cuando la policía lo captura, durante la investigación van a la casa y encuentran los medicamentos escondidos, nunca en la farmacia general del baño”.

Durante la investigación, Michelle y Lucile acudieron a farmacias y comprobaron que no era fácil que Dominique accediera a los medicamentos. “En Francia a diferencia de México el estatus de la persona que trabaja en una farmacia es de médicos especializados porque se reconoce que tiene una responsabilidad al disponer y vender medicamentos. Pero entonces ¿acá qué sucedió?”

Sacar la violencia sexual del espacio privado

El silencio y los secretos familiares posibilitan la reproducción de la violencia. “El silencio que protege a los agresores”.

Incluso en los casos de incesto, la vergüenza pareciera ser familiar. “Si soy la pareja de un hombre que ha insestado a alguien de mi familia, el silencio también me violenta a mí, porque me quebranta mucho y yo cómo voy a solucionar”.

“El incesto no es sexo, no es práctica sexual. Es ejercicio de poder” afirma Michelle.

El Caso Pelicot en Mazan, se trata de un ejercicio de poder y son violaciones de oportunidad. Tengo la oportunidad de ejercer mi poder como hombre y deciden ejercerlo. En este caso decidieron ir a través de una página web y de un chat interno donde se daban las indicaciones para concretar la agresión.

“Al inicio pensamos que no lograría tener historias como la de Gisèle, pero en poco tiempo encontramos a muchas mujeres que querían compartir sus experiencias de violaciones… El caso Gisele sacó del espacio privado la violencia, comenzar a nombrarlo ´a mí también me pasó, mi papá me violó, a mí también me drogaron´. Las violencias sexuales existen y rigen mucho de las violencias más generales que vivimos en nuestras sociedades, pero no se dicen, si no se nombran, se normalizan”.

“Gisele abrió una posibilidad de nombrar, de decir con más facilidad y con más certeza que no se veía antes… ella me ayuda a entender lo que pasó con mi propia vida… es como salir de la amnesia, claro que se lo habían olvidado por el shock, por el trauma.

Metodología, intuición y alianza entre mujeres periodistas

Si bien las investigadoras implementaron metodologías desde la antropología, el trabajo periodístico les permitió acceder a los testimonios del juicio.

Los primeros materiales de trabajo era lo que hicieron las primeras periodistas que entraban al tribunal y que hicieron una transcripción integral de todo lo que se decía dentro de la sala.

Las periodistas tenían autorización para acceder al juicio y con ello, facilitaron las transcripciones de los testigos y los alegatos.

Las periodistas hicieron un gran trabajo dentro del tribunal y nosotras ampliábamos la lectura fuera del tribunal, queríamos saber qué está pasando en la ciudad, en los alrededores, en el pueblo de Mazan, donde vivía y ver con lo que sabemos hacer: la etnografía.

La antropología feminista aplicada busca ampliar los impactos sociales de este caso en esa comunidad. Se escuchaba en todos los medios, en todas las radios, en todos los periódicos. ¿Qué sí se se está diciendo en la intimidad? Pero no solo en el Tribunal en la audiencia, en el baño, en la cafetería, en los pasillos, lugares invisibles donde ahí se juegan muchas relaciones de poder, que no se ven, etcétera. Luego salir, ir al café que está enfrente, ir a la tiendita que está al lado, ir al consultorio médico que está al lado, ir a una escuela que está más lejos.

Cada noche revisábamos los hallazgos. Nuestras libretas de campo. contacto, número de teléfono, todo colectivo, todo lo que escribimos dentro los cuadernos, todo lo que leímos, las fotos, tenemos muchísimas fotos para compartir. Fue una práctica feminista de investigación, colocar en el centro el trabajo colectivo.

En la antropología nunca se investiga tan rápidamente y los procesos académicos son largos, una diferencia grande con el periodismo. Nunca se hace antropología tan rápidamente, pero todos somos antropólogas o sociólogas, quiere decir que sabemos hacer trabajo de campo, sabemos hacer entrevistas, sabemos analizar, sabemos reaccionar muy rápido.

La intuición fue conceptualizar un poquito eso a través de la noción del acontecimiento de hay un evento jurídico y mediático que se está dando ¿En qué medida esto es un acontecimiento social? ¿En qué medida está revelando cosas, revelando fracturas sociales, fracturas íntimas, reacomodando cosas?

¿Cómo definen la antropología feminista?

Una de las premisas es esa corporalidad, eso que nos atraviesa en el cuerpo, esa sabiduría, ese conocimiento que no es mental, sino corporal.

Hacemos antropología feminista asumiendo que sentir no es una vulnerabilidad, sino una fuerza porque se accede al conocimiento de otra manera, que no está tu cerebro y que permite entender mejor algunas cosas y que te permite escuchar mejor las personas y lo que te cuentan.

Lo feminista es un ejercicio crítico de análisis de género como una clasificación de individuos que permite crear jerarquías y decir quién es más, quién es menos, quién vale más, quién vale menos, quién tiene más oportunidades, quién tiene menos. Pero es lo mismo con la clase y con la étnia.

Articulación, impactos de poder de Gisèle

Las investigadoras dan cuenta de dos impactos que contribuyen al acceso a la justicia para las víctimas, la memoria y la atención integral.

“El juicio de Gisèle fue un juicio acompañado”, las asociaciones de víctimas emprendieron una marcha por la paz dedicada a Gisèle Pelicot e instauraron un antimonumento ahí en el pueblo de Mazan como una forma de reconocer su valentía.

Sobre sumisión química, se creó la asociación “No me duermas. No me cedes”, para atender específicamente a víctimas de sumisión química.

Primera vez que marché con desesperanza. Crónica conjunta

Yo sí.

Incluso puedo recordar el sonido casi ensordecedor de los toletes pegando en los escudos del “extinto” cuerpo de granaderos. Tac. Tac. Tac. Un ritmo seco que no dejaba de repetirse.

No necesitaban golpearnos, el sonido hacía que sintiéramos miedo.

Cuando hago referencia a las marchas de años anteriores, no lo hago desde un afán de ponerme al frente del máximo récord de asistencia a manifestaciones ¡Ni que fuera concurso!

Para mí el piso mínimo de militancia política es la memoria histórica. Preguntarnos si hoy tenemos más garantías de libertad de expresión y manifestación que en 2012 o 2019, o si las demandas de las mujeres siguen siendo las mismas que hace seis años y en qué contexto sociopolítico marchamos ahora. 

Para este 8M, salí de casa rumbo a la Glorieta de las Mujeres que Luchan. La que el gobierno de esta ciudad ha querido quitar desde que fue tomada e intervenida por mujeres valientes quienes decidieron reivindicar la memoria ─pero sobre todo la vida─ de quienes fueron asesinadas. Sigamos pues.

Caminé hacia la estación del metro Chabacano pero recordé que la cierran todos los domingos por “obras de mejora”. El mundial de fútbol está a la vuelta de la esquina y las principales vías de comunicación deben aparentar funcionalidad y verse de primer mundo, aunque con ello, se profundicen las condiciones precarias de la clase trabajadora que nos tenemos que desplazar diariamente en transporte público. 

Así que tuve que ingeniármelas para llegar a la Avenida Paseo de la Reforma. Atravesé el Monumento a la Revolución y lo primero que observé fue un contingente de militantes del partido Morena y una infinidad de puestos ambulantes, vendían pañuelos, gorras, totebags, pines, playeras y más cositas moradas alusivas a la marcha.

Por un momento pensé que iba a un concierto y no a una marcha. 

Cuando por fin encontré mi contingente sentí un ambiente distinto. Bajo el sol implacable del mediodía, podía respirar dolor. Sentía una pesadez inaudita como si ya hubiera caminado la marcha tres veces antes de empezar. Mientras nos incorporábamos entre los otros contingentes que avanzaban, veía rostros muy jóvenes, niñas, niños, bebés, madres, abuelas, hermanas, primas. Todas sosteniendo el dolor y la rabia en sus carteles.  

Este año tenía una misión específica: tomar fotos y entrevistar mujeres e integrantes de colectivas que rara vez aparecen en los medios masivos. Hacer emblemáticos los casos también provoca que la atención en estos eventos se focalice.

Por esta encomienda, confirmé que el llanto y el dolor marcaron esta marcha. Mujeres que marchaban solas o con contingente, gritaban amargamente por justicia. Pocas veces se me estrujó el corazón como en este 2026, no porque yo sea muy fuerte, sino porque por primera vez sentí que marchaba con desesperanza. 

No acudí sola a esta manifestación. También estuvieron presentes Gabi y Azul, compañeras y amigas quienes se encargaron de recoger testimonios en otra Glorieta donde había más actividades. Ellas describieron los pasos de las mujeres marcados por los tambores. En cada consiga que escucharon contenía una forma de nombrar la violencia que muchas de las asistentes han vivido y lo que ya no podían callar más.

Coincidieron conmigo en notar la presencia de infancias con sus mamás, hermanas y abuelas. Todas, juntas, contaban su historia, algunas con heridas visibles y otras no. En medio de todo, parecían sentirse seguras y abrazadas. Caminaban juntas, se cuidaban entre sí.

Para Gabi y Azul, había dolor visible entre las mujeres que asistieron este 8M, pero también una sensación de acompañamiento. 

Junto a nosotras estuvo Ximena, ellas recordó con énfasis la consigna feminista que se escucha cada 8M: “¡Hay que abortar este sistema patriarcal”. Al unísono dijo que la entonaban médicas, adultas mayores, mamás e hijas. Lo hacían por ellas y por las que faltan.

Todas en ese día, con una lucha en común que pareciera nunca acabar, pero que las hace sentir libres y seguras al menos una vez en el año.

Yo seguí en mi contingente y el calor se imponía, aunque por momentos la luz del sol se escabullía entre el humo morado de las bengalas que también se han puesto de moda en las marchas del #8M.

En medio de esa marea tuve un momento de confusión. Vi pasar a unas mujeres reconocidas como influencers, eran seguidas por una comitiva considerablemente grande, jóvenes levantaban sus celulares para solicitarles una foto. No supe si iban a la marcha o seguirlas a ellas.

Para mí esta imagen fue una prueba irrefutable de cómo el purplewashing se abre cada vez más espacios en las manifestaciones y movimientos feministas. Que no se me malinterprete: todas somos libres de marchar como queramos y con quienes queramos. Pero conviene no perder de vista que es un momento de articulación política pues la lucha sigue siendo por la erradicación de todas las formas de violencias contras las mujeres e infancias. 

Así seguí mi trayecto hasta el Zócalo capitalino ─ese lugar que ha albergado tantos momentos históricos, y no me refiero precisamente al más reciente concierto de Shakira─ pensé en una escena: aquella huelga de hambre que encabezó Rosario Ibarra de Piedra en 1978 para exigir la presentación con vida de su hijo, Jesús Piedra Ibarra y otros presos políticos.

Ahora en este 2026, yo llegué totalmente desangelada.

Al llegar a la plancha del Zócalo me encontré como nunca una amplísisima oferta gastronómica, me cuestioné… si la despolitización de la marcha del #8M es producto de una desconexión generacional consecuencia del avance que ha tenido el feminismo institucional que nos hace creer que, en efecto, “llegamos todas” o es un reflejo de la polarización entre diferentes corrientes de los feminismos que no dialogan. 

Esta sensación coincidió con Gina, otra compañera y amiga del trabajo. Para ella en este 2026, aunque la marcha del 8M fue fuerte y poderosa, como es su esencia, aunque también la notó despolitazada en algunos sectores, pero no por eso dejó de ser dolorosa y con contrastes. Le asustó pensar que en tan solo unos años la lucha feminista parece que se «volvió moda» y se olviden las causas que siguen perpetuando la estructura del patriarcado.

Con tristeza, Gina describió menos mujeres en la manifestación de este 2026 y también se dijo dolida por ver «influencers» presentes quienes capitalizaban el movimiento.

Ellas también se ahogó entre el asfixiante ambulantaje que revistió el 8M con venta de ropa a doc. Inaudito para ella que diputadas y funcionarias de gobierno estuvieran presentes y marcharan resaltando el «tiempo de mujeres», algo que en otros años hubiera sido intolerable.

Como la mayoría de las asistentes, regresé a casa como pude. Tal vez la Jefa de Gobierno, Clara Brugrada, no calculó─ quiero pensar─ que para volver seguras a nuestras casas habría sido oportuno habilitar todas las estaciones del Sistema Colectivo Metro y las rutas alternas al centro de la ciudad.

Cuando por fin llegué a casa, oliendo a comida, sudor, humo y dolor, pensé: menos mal, seguimos viendo a defensoras de derechos humanos y madres como Norma Andrade marchando por Lilia Alejandra, por ella, por todas; a las madres buscadoras haciendo presencia en todo momento, a las periodistas que no dejan de redactar los manifiestos, a las defensoras quienes exigen justicia y dignidad; a las infancias que trazan un nuevo horizonte; a las adultas mayores quienes nos recuerdan que ellas abrieron el camino; a las discas que nos recuerdan que la visibilidad no está completa sin ellas; a las indígenas que nos indican que sin la etnia no lograremos la igualdad; a las amigas quienes rompen estigmas de la convivencia entre mujeres y a las desconocidas quienes entre la multitud te regalan un abrazo que intercambia más que confidencias para decirme: Yo sí te creo.

Mujeres como ella nos recuerdan que nosotras siempre “vamos tras la vida, aunque nos quieran dar muerte”

Ellas huyen dos veces: ser mujer en tiempos de guerra

.- Han pasado ya 19 días desde que el mundo volvió a mirar a Medio Oriente. Pero si cambiamos el ángulo —si dejamos de mirar mapas y empezamos a mirar personas— la historia es otra. Tiene rostro de mujer. De niña. De madre que huye.

Hoy, millones de mujeres y niñas desplazadas viven sin refugios seguros. No es una metáfora: no hay puertas que cerrar, no hay paredes que protejan. Están expuestas a violencia, explotación y trata. Están fuera de servicios básicos. Y no es un daño colateral: es parte estructural de la guerra.

Mientras el discurso público se llena de misiles, drones, petróleo, costos o el estrecho de Ormuz, lo que queda fuera del encuadre son las vidas que se rompen. Porque donde caen las bombas no hay sólo objetivos militares o económicos. Hay familias enteras que desaparecen en cuestión de días.

En menos de tres semanas, se reportan ya cerca de 3 mil personas muertas. En Irán, al menos tres millones de personas han tenido que dejar sus casas. Pero si afinamos la mirada, la dimensión es aún más devastadora: entre 600 mil y un millón de hogares han sido desplazados. No son números. Son familias enteras que lo han perdido todo.

Desde una perspectiva feminista, estos datos no son neutros. Sabemos —porque la historia lo ha demostrado una y otra vez— que la guerra profundiza las desigualdades. Las mujeres y las niñas no solo pierden sus hogares: pierden también las mínimas condiciones de seguridad. En el desplazamiento, los riesgos se multiplican: violencia sexual, abuso, explotación.

La infancia tampoco escapa. Más de 200 niñas y niños han muerto y más de mil han resultado heridos desde el inicio del conflicto contra Irán por parte de Estados Unidos e Israel. No olvidemos a las 160 niñas que murieron el primer día de la guerra, cuando un misil estadounidense destruyó su escuela.

Y la guerra, además, se expande pues está bloqueando rutas clave para la ayuda humanitaria en países como Yemen, Sudán y Afganistán. Esto significa que más de 400 mil niñas y niños podrían quedarse sin medicamentos esenciales, ha señalado Save the Children.

Hay otro elemento que suele pasar desapercibido en estos momentos; Irán ha sido históricamente un país receptor de personas refugiadas, especialmente de Afganistán, según el Alto Comisionado de Naciones Unidas para Refugiados (ACNUR) hay 4.4 millones. Hoy, esas mismas familias —que ya vivían en condiciones precarias— están siendo desplazadas nuevamente. Huyen por segunda vez.

De acuerdo con el organismo internacional, el 71% de la población refugiada en Irán son mujeres y niñas. Y sus necesidades son urgentes: dos de cada tres requieren refugio, más de la mitad atención médica, y una de cada tres personas no tiene garantizado el acceso a alimentos. Es decir, hablamos de sobrevivir, literalmente.

Estos son los costos de la guerra que suelen omitirse, que no aparecen en los análisis geopolíticos, económicos ni en los discursos de poder.

Pero son los que sostienen la vida permanentemente.

Una mirada feminista no es un añadido “humanitario”, es una forma de entender y narrar que las guerras tienen impactos diferenciados, que se ensañan con quienes ya estaban en condiciones de desigualdad.

Porque al final, más allá de cualquier interés estratégico, lo que está en juego es la vida.

Y esa —la vida de las mujeres, de las niñas, de las familias desplazadas— no puede seguir siendo un dato secundario para nadie.

Defensoras logran que IMSS implemente servicios de aborto a 3 años de ganar amparo

 

Recordemos que el IMSS como otras instituciones de salud pública estaban obligadas a brindar el servicio de aborto para todas las mujeres quienes lo solicitaran desde el 6 de septiembre del 2023 cuando la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) concluyó que el apartado del Código Penal Federal que criminaliza el aborto ya no tendría efectos y, por lo tanto, a ninguna mujer, ni personal de salud, se le podría castigar por abortar.

Suprema Corte despenaliza el aborto a nivel federal

A pesar de esta despenalización que hizo la SCJN ha habido renuencia por parte de algunas instituciones y por ello, defensoras de los derechos sexuales y reproductivos emprendieron estrategias legales como ésta última que incluyó a: Abortistas Mx, Marea Verde Chihuahua, Red de Aborto Seguro Chihuahua, Cheros A.C. Morrxs Autónomxs (todas de Chihuahua), Ixmucane A.C. (Oaxaca); Di Ramona A.C.(Hidalgo), Las Borders y Siemprevivas (Baja California), Marea Verde Altas Montañas, Lecxiur Figueroa & Asociadas, Abogadas con Perspectiva A.C (todas de Veracruz), Las Calafias, Brujas Californias (todas Baja California Sur) y Siempre Unidas (Quintana Roo).

Anteriormente, Cimacnoticias documentó que desde 2020 organizaciones feministas estuvieron empleando amparos como una forma de estrategia colectiva efectiva ante la negativa de los congresos locales para despenalizar la interrupción del embarazo hasta las 12 semanas de gestación, logrando así diversos avances para garantizar los derechos reproductivos, según compartió Amelia Ojeda Sosa, coordinadora jurídica de la Unidad de Atención Sicológica, Sexológica y Educativa para el Crecimiento Personal A.C.

Fue en 2023 cuando Abortistas MX y el resto de las organizaciones emitieron varios amparos para reclamar al Congreso Federal, a la Presidencia de la República y al IMSS la falta de servicios de aborto en la institución a raíz de la criminalización del aborto voluntario en el Código Penal Federal, el cual continúa sin cambios hasta el corte de esta nota y tras una acción de inconstitucionalidad emitida en ese mismo año por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

Las organizaciones tomaron como referencia la Acción de Inconstitucionalidad 148/2017 de Coahuila, en el cual se reconoció que las instituciones de salud pública están obligadas a brindar servicios de aborto voluntario gracias al artículo 4° Constitucional el cual protege los derechos reproductivos.

Además, ese recurso especificó que dichas instituciones no deben tomar en cuenta si se reformó o no el Código Penal Federal y tampoco deben criminalizar a las mujeres que solicitan la interrupción de su embarazo.

Derivado de la estrategia legal, se ganaron tres amparos en las entidades de Chihuahua y Oaxaca donde los Tribunales Colegiados ordenaron al IMSS implementar servicios de salud para el acceso al aborto voluntario. Además, solicitaron que se apegara al Lineamiento Técnico para la Atención del Aborto Seguro en México emitido en noviembre de 2022 por la Secretaría de Salud.

«El IMSS deberá implementar, difundir y prestar servicios de aborto a todas sus derechohabientes, los cuales tendrán que contar con personal médico capacitado, bienes, servicios, instalaciones de salud en condiciones óptimas de accesibilidad, aceptabilidad, calidad, disponibilidad y, consecuentemente, la implementación, difusión y organización de los servicios de salud para garantizar el derecho a la interrupción del embarazo de forma voluntaria. Asimismo, dijo que el IMSS deberá realizar las adecuaciones necesarias en su presupuesto para atender el asunto.» -Abortistas MX.

Las sentencias también contemplan que el Estado debe garantizar que en los hospitales públicos se brinde el acceso del derecho a la salud con los más altos estándares de calidad y el deber de las autoridades locales a garantizar el derecho a decidir sobre la libertad reproductiva a través de los servicios de salud, los cuales quedan fundamentados en los artículos constitucionales 1° y 4° y en instrumentos internacionales en materia de derechos humanos.

Abortistas MX advirtió en su hoja informativa que los amparos ganaron dieron como resultado la expedición de la Guía donde el IMSS se comprometía a dar servicios en los estados que ya despenalizaron el aborto hasta las 12 semanas de gestación, los cuales hasta marzo de 2026 ya suman 24 más el caso especial de Aguascalientes donde solo se permite hasta la sexta semana.

Para la organización, haber ganado esos amparos fue un avance para las mexicanas, pero mencionaron que genera una situación de discriminación para las derechohabiente de los estados donde aún no se reforma el Código Penal local, los cuales son Durango, Guanajuato, Morelos, Nuevo León, Querétaro, Sonora, Tamaulipas y Tlaxcala.

Un chatbot del IMSS con información sobre ILE

A través de sus redes sociales, el IMSS difundió su Chatbot de WhatsApp con el número +52 1 55 45 95 04 48 para que las mujeres puedan acceder a información relacionada con la Interrupción Legal del Embarazo (ILE) y otros temas relacionados con la atención médica de forma automatizada y con orientación básica para las usuarias.

Cimacnoticias se dio a la tarea de probar esta herramienta, la cual después de una bienvenida te pregunta si eres o no derechohabiente del IMSS. En caso de no serlo, te proporciona el contacto de Locatel para que te puedan canalizar con un hospital del sector salud que pueda atenderte; sin embargo, la atención cambia en caso de contar con seguro social de esta institución proporcionando una breve explicación sobre el ILE.

«El ILE es un procedimiento legislado y permitido hasta las 12 semanas completas de embarazo en 24 estados del país, a excepción de Durango, Guanajuato, Morelos, Nuevo León, Querétaro, Sonora, Tamaulipas y Tlaxcala» –Chatbot del IMSS para acceder a información relacionada con el ILE.

Posteriormente, te pregunta si deseas conocer las unidades médicas del IMSS que otorgan el servicio de aborto y solicita que envíes tu ubicación. En el ejercicio realizado por Cimacnoticias se envió una ubicación en la alcaldía Cuauhtémoc y la inteligencia artificial del IMSS arrojó al menos tres hospitales: Hospital 3 La Raza, Hospital General de Zona N° 2 «Francisco del Paso y Troncoso», así como el Hospital IMSS Bienestar Zona 3 Magdalena Salinas junto a sus respectivas ubicaciones.

En caso de que decidas acudir, el chatbot te proporciona un número de folio y te explica una serie de indicaciones a seguir:

  • Preséntate antes de que concluya la semana 12 del embarazo en el área Urgencia Gineco o Urgencias Tococirugía, donde te recibirá un grupo de profesionales que resolverán tus dudas y te otorgarán la atención necesaria.
  • Muestra tu Cartilla Nacional de Salud o identificación oficial con fotografía y, proporciona el número de folio que te facilitaremos más adelante.
  • En caso de contar con prueba de embarazo y /o ultrasonido llévalos, de lo contrario ahí te realizarán los estudios que requieras.
  • Puede acompañarte una persona adulta de tu entera confianza, quien también deberá mostrar su identificación oficial.
  • Si eres menor de edad, debes mostrar tu Cartilla Nacional de Salud y tu identificación con fotografía, puede ser una credencial escolar y, proporcionar el número de folio que te facilitaremos más adelante. Es necesario que acudas acompañada por uno de tus padres o un adulto de tu entera confianza, quien también deberá mostrar su identificación oficial.
  • Es importante que dispongas de tiempo para ser atendida de forma integral.
  • Ante cualquier situación o duda en el hospital, acércate con el Subdirector Médico, Coordinador Clínico de turno, Jefe de Gineco obstetricia o personal Técnico en Atención y Orientación al Derechohabiente, quienes podrán ayudarte.

Sin embargo, el chatbot automatizado no proporciona mayor información sobre la ILE y de requerirlo te pide llamar al teléfono 800-222-2668.

Piden a Secretaría de las Mujeres, activar Alerta de Género en Aguascalientes ante red de trata

 

Después de localizar en San Francisco de los Romos a una adolescente de 15 años reportada como desaparecida, la Fiscalía General del Estado de Aguascalientes, comenzó a investigar una red de trata en el bar “Tormenta del Oeste” y a partir de las investigaciones se detuvo a una persona de nombre Homero N. quien sería dueño del lugar.

El llamado del OCNF también se presenta ante la alerta que emitió el Observatorio de Violencia Social y de Género de Aguascalientes (OVSG), quienes aseguraron que hay instancias las cuales no fueron investigadas, así que exigieron se inicie una investigación y con perspectiva de derechos humanos sobre posibles responsabilidades de todos los involucrados quienes hacían posible que una red de trata de personas funcionara activamente.

Además, demandaron la intervención de instancias externas con la finalidad de garantizar «imparcialidad y evitar encubrimientos», así como medidas de protección a las víctimas, sus familias y quienes acompañan los casos.

Cabe señalar que está no es la primera vez que defensoras y organizaciones ha solicitado la implementación de una AVGM en Aguascalientes. En 2024, se pidió decretar una AVGM por agravio comparado después de que el congreso local decidiera disminuir el acceso de las mujeres para interrumpir legalmente su embarazo de 12 a 6 semanas de gestación.

«El silencio institucional y la omisión de sus responsabilidades también son formas de violencia. Responsabilizamos al Estado de garantizar condiciones de seguridad para quienes denunciamos y acompañamos, así como de asegurar el acceso a la verdad y la justicia para las víctimas.» -Observatorio de Violencia Social y de Género de Aguascalientes (OVSG).

Existe una cifra oculta alrededor de la trata, lo que ha dificultado a las organizaciones e instituciones gubernamentales tener un número exacto de cuántas víctimas hay en el país y el mundo; sin embargo, algunas proyecciones refieren que hay 49.6 millones de personas que viven bajo estas condiciones; el 30% están América Latina y el Caribe y 270 mil se encuentran en México.

Según el Consejo Ciudadano para la Seguridad y Justicia de la Ciudad de México, son las mujeres y menores de 18 años la población más vulnerable (48.8%), si se segrega por género el 65% de las víctimas son mujeres y el otro 35% hombres. Organizaciones como la Red por los Derechos de la Infancia en México (REDIM) reportaron la existencia de 2 mil 234 niñas y adolescentes que han sido víctimas de trata de personas entre enero de 2015 a julio de 2025.

Por ello, el OCNF exigió a la Semujeres hacer uso de sus facultades legales para iniciar una investigación y emitir la AVGM ahora que oficialmente en enero de 2026 se realizó la homologación en la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, para que esta Secretaría trabaje y emita las Alertas por Violencia de Género.

«El silencio institucional y la omisión también son violencia. El Estado debe garantizar verdad, justicia y seguridad.» -Observatorio Ciudadano Nacional de Feminicidios (OCNF).

Violencia contra mujeres en Aguascalientes

En Aguascalientes contra las mujeres continúa, datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) señalan que durante 2025 la entidad registró cuatro casos de feminicidios. Asimismo, el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas (RNPDNO) documentó 3 mil 695 mujeres desaparecidas y se trata de una de las entidades donde ellas rebasan los registros de los hombres.

El Observatorio de Violencia Social y de Género de Aguascalientes (OVSG) detalla que la mayoría de las víctimas de feminicidio no pertenecer a grupos delictivos, sino que son asesinadas por personas de su entorno y lo mismo sucede con los homicidios dolosos. Además, los casos documentados por la organización se concentran en el oriente de la capital del estado, una zona con señales de inseguridad ante la falta de carreteras, alumbrado público y transporte.

Ante este panorama, Aguascalientes no cuenta con una AVGM y, de acuerdo con el informe sombra «Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres: Ni armonización/ ni coordinación» emitido para la X comparecencia del Estado mexicano ante el Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer [CEDAW], solo 23 entidades la tienen activa.

Heredera de un movimiento histórico. Liliana Aragón Castro, contra las violencias machistas

 

Ciudad de Nueva York.- En el marco del 70 período de sesiones de la Comisión de la Condición Jurídica y Social de la Mujer (CSW, por sus siglas en inglés, CSW70) que arrancó el lunes 9 de marzo y concluye 19 de marzo en la Sede de la Organización de las Naciones Unidas en Nueva York, Estados Unidos Cimacnoticias pudo conversar en entrevista con Liliana Aragón Castro, heredera de una causa: una vida libre de violencias para las mujeres.

Liliana Aragón Castro es licenciada en relaciones internacionales, maestra en estudios de mujeres, género y ciudadanía, también se presenta como hija de Lucha Castro, reconocida activista, defensora de derechos humanos de las mujeres, abogada y parte del movimiento de mujeres en Chihuahua, donde surgió un movimiento histórico para México donde reconocieron las violencias extremas contra las mujeres, lo que hoy nombramos como feminicidio.

Desde hace 10 años Liliana vive en Barcelona donde implementa tres iniciativas para hacer frente a las violencias machistas y en la colectiva feminista Furia Mexicana, donde trabaja con mujeres migrantes mexicanas. Así como en Elia, una organización catalana que acompaña a mujeres supervivientes de violencias machistas desde una perspectiva comunitaria y el Observatorio de Violencias Institucionales Machistas en España, un proyecto innovador que busca incidir social y políticamente para erradicar la violencia.

Periodista ¿Qué significa ser hija de Lucha Castro?

Liliana Aragón Castro: Ser hija de Lucha Castro, obviamente para mí significa una gran admiración, respeto y también responsabilidad. De alguna manera viví y crecí con la lucha feminista. Muy desde la calle, de a pie, antes de las redes sociales, donde las mujeres realmente tomaban los espacios y litigaban también en la calle.

Ahora vemos un movimiento que ha crecido muchísimo, que las manifestaciones del 8 de marzo son multitudinarias y con una gran organización digital.

Cuando comencé a hacer estos estudios de mujeres, género y ciudadanía, me pareció muy importante recuperar la genealogía feminista y de este movimiento.

Periodista: Para Liliana, es necesario dignificar la memoria de las víctimas.

Liliana Aragón Castro: Los famosos antimonumentos, la Cruz de Clavos, comenzaron a verse en el norte. Fue en Chihuahua donde se instauró una cruz muy importante con mucho simbolismo, fue la primera. La colocaron las madres de mujeres víctimas de feminicidio y desaparecidas en Ciudad Juárez y así comenzaron con el simbolismo de las cruces rosas que iban colocando en diferentes espacios.

Ahora lo tenemos mucho más introyectado, lo vemos en las mujeres quienes reivindican el derecho a vivir una vida libre de violencias, pero el movimiento de mujeres de Chihuahua logró a través de las antropólogas feministas identificar los restos óseos de las mujeres y determinaron que esto tiene un componente de género.

La memoria también es devolver la dignidad a esos restos, porque no es un cráneo, no es un hueso: ¡era una vida! Encontrar los restos y a las y los desaparecidos tiene que ver con poder cerrar el duelo de una manera que se re resignifique, que se politice y también que exista reparación. Todo ello forma parte de acceso a la justicia.

Periodista ¿Qué es la justicia?

Liliana Aragón Castro: La justicia para las mujeres está en dos planos. Un plano político y comunitario, pero también la justicia individual, es decir, lo que es reparador para una, no necesariamente tiene que ser reparador para otra mujer.

La violencia se produce también por la impunidad social. No solo la sociedad normaliza. Las víctimas a veces no identifican lo que viven, además no existen las víctimas perfectas, por ejemplo, recuerdo en España el caso de la violación tumultuaria a una mujer por parte de un grupo que se hacía llamar “La Manada”. Dos semanas después del hecho, un medio cuestionó que la víctima estuviera en una peluquería tiempo después.

La violencia te marca, y si te recuperas se te cuestiona “no fue para tanto” o tienes que estar destrozada.

Vemos muchas mujeres de clase alta revictimizadas “¿cómo lo permitiste? Si tú eras abogada o eres CEO (Chief Executive Officer)-directora) de la empresa. La vergüenza y la culpa es algo que se tiene que erradicar y los medios de comunicación son muy importantes para desmontar y socializar que la culpa no es de las mujeres y poner el foco en el agresor.

Se debe desmontar el mito de que los agresores son psicópatas, enfermos ¡No! Son los hijos sanos del patriarcado.

No es posible que todas conocemos a víctimas de violencia de género machista, víctimas de violencia sexual, como la amiga, la prima, la vecina, pero muy pocas podemos nombrar los agresores, o sea, mi primo es un agresor, mi profesor. Los agresores están entre nosotras y todos se protegen y los protegemos. El caso de Gisèle Pelicot, es un gran ejemplo, los agresores eran perfectamente integrados a las sociedades, o sea, el bombero, el carpintero, tu vecino, el periodista, o sea, cualquiera.

A veces pensamos la justicia desde una mirada punitivista, vamos a ampliar las penas y entonces 70 años al feminicida, pero lo que buscan las mujeres es protección. Es decir, ¿de qué me sirve que el padre de mis hijos se quede encerrado 15 años?

La justicia implica creer en los testimonios de las mujeres y debe buscar salvaguardar la integridad y la vida de las mujeres, y las de sus hijas e hijos.

Periodista.- Cuáles son los retos que encontramos para acceder a la justicia

Liliana Aragón Castro:.- Hay una avanzada de la derecha en el mundo gobiernos y grupos organizados, con muchos recursos están apoderándose del discurso, con una narrativa que quiere desdibujar nuestros derechos, por ejemplo, cuando niegan la violencia que vivimos las mujeres al señalar que los hombres también sufren violencia; porque la violencia no tiene género. Si tú dices que la violencia no tiene género, estás negando el acceso a la justicia a las mujeres que han experimentado, viven o han vivido situaciones de violencia machista”.

Tal vez nuestras abuelas decían, «No vayas por ahí, hijita, porque no te vaya a pasar lo que pasa a las mujeres” pero no lo nombraban. Hoy tú puedes decir, «Puedes vivir una violencia sexual”, nombramos. Esa es una gran labor de las feministas: nombrar lo que nos pasa.

Para mí el primer avance es nombrar. Creo que obviamente los medios de comunicación y las periodistas feministas han hecho un trabajo extraordinario al poner nombre a lo que a lo que sucede.

Cuando hablamos de violencia institucional nombramos. No lo que le pasa a María, es qué le pasa María en México y le pasa a Juana en España, entonces es violencia institucional estructural.

Periodista.- Es necesario reconocer el trabajo que se hace desde la sociedad civil.

Liliana Aragón Castro.- Algo muy importante es seguir trabajando en red desde la sociedad civil. Es importante no dejar de producir datos para observar lo que está pasando, para vigilar a las instituciones, para rendición de cuentas, para lograr la transformación social.

La transformación social no va a llegar por la voluntad política, porque nunca nos han regalado nada. Lo que tenemos y los derechos que tenemos hasta ahora se han luchado y se han ganado incluso con vidas de mujeres de por medio.

Solo mediante la organización lograremos el objetivo común de transformar las instituciones, transformar la sociedad para que realmente las mujeres puedan vivir una vida libre de violencias.

Activistas sierraleonesas reclaman el fin real del matrimonio infantil a más de un año de su prohibición


Por Lawratu Sesay, Nieves Pallarés. El Salto. Resumen Latinoamericano, 17 de marzo de 2026

La aprobación de una ley esperada durante décadas supuso para muchas mujeres sierraleonesas una conquista. Sin embargo, la medida está lejos de materializarse en las zonas rurales del país.

Es domingo. Todo transcurre como de costumbre en Calaba Town, un suburbio de la capital sierraleonesa, Freetown. Los fuegos en el rellano de las casas y el olor a plasas —un guiso local elaborado a base de hojas verdes— invaden las calles. El barullo de los chicos que, peligrosamente, sacan sus cuerpos por la puerta de los poda-poda anunciando a todo pulmón las paradas de estos emblemáticos microbuses públicos. Las carreras de los okada, moto-taxis que se intentan colar entre la multitud de coches. Niñas y niños cruzando en todas direcciones con sus uniformes verdes, y mujeres vendiendo todo tipo de snacks, son el lienzo que pinta una ciudad que está a punto de presenciar lo que se presenta como un hito histórico: La prohibición del matrimonio infantil.

Bajo el lema “We are equal” Fatima Bio, primera dama y mujer de Julius Maada Bio, presidente de la República de Sierra Leona, anunciaba el 2 de junio de 2024, en el Centro de Conferencias Internacional de Freetown, la aprobación de la ley que pondría fin al matrimonio infantil en el país. Días después, la noticia estaba en el centro de la conversación pública. Las ONGs locales celebraban la victoria por la que tanto habían luchado. Las asociaciones de mujeres jóvenes universitarias se abrazaban a la salida del Aberdeen Women Center. La noticia aparecía en todas las pantallas de los locales de la capital, a través del famoso noticiario AYV Media News.

Sin embargo, cuando el 01 de enero de 2026 –más de un año después— preguntamos a Aminata D. Kamara, de 17 años, no sabía de lo que le hablábamos. Pues, para ella, así como para muchas otras mujeres y niñas sierraleonesas que viven en zonas rurales alejadas de la capital, todo llega demasiado tarde.

Puntos ciegos

Sierra Leona, en África Occidental, vive un fenómeno que afecta a la mayoría de los estados del continente: el crecimiento de las ciudades a costa de la población proveniente del ámbito rural. Un denominador común que genera una suerte de frontera, una brecha que puede parecer invisible, pero que es perfectamente percibida por quienes la sufren. El abandono del medio rural por una parte importante de la población, deja atrás aldeas empobrecidas donde las personas deben de lidiar con sus propias circunstancias más allá de lo que se decida en Freetown. 

La joven Aminata D. Kamara, explica su realidad en krio, el criollo sierraleonés derivado del inglés: “Yo solía ir a la escuela, como todas mis compañeras, pero cuando fui a hacer el NPSE (National Primary School Examination) mi madre no tenía dinero. Un día llegué a casa, y me dijo que había un hombre interesado en mí, y que venía de lejos para verme. No tuve elección. Yo no me quería casar, quería seguir yendo a la escuela. Me gustaba mucho ir”. De un día para otro, Aminata ya no era tratada como una niña, sino como una mujer casada.

Labour Camp es una aldea perteneciente al municipio de Marampa, en el distrito de Port Loko, situada a 130 km de la capital. En esta comunidad, los árboles de mango son refugio de los rayos de sol y se respira el olor a aceite de palma. Trocitos de hierro salpican los áridos caminos de tierra que llevan hasta las minas. Mientras, se escucha a niñas y a niños jugar, y a ancianos debatir en temne, una de las cuatro lenguas oficiales. Labour camp es de color verde, por estar en medio de los múltiples y frondosos bosques que se extienden por el país. De color marrón, por el adobe con el que la mayoría de las casas están construidas. Labour camp es de colores debido a la diversidad de telas que llevan las mujeres atadas a la cintura.

Como muchas otras poblaciones adentradas en la selva, Labour Camp, es una de las grandes olvidadas en las políticas públicas sierraleonesas

La aldea también tiene una particularidad que afecta, sobre todo, a sus niñas: es uno de los lugares con el mayor índice de matrimonios infantiles del país. Como muchas otras poblaciones adentradas en la selva —o, como se le suele decir en krio, el bush– es una de las grandes olvidadas en las políticas públicas sierraleonesas. Las familias que residen allí, presencian diariamente la grieta social, económica, y jurídica que les aleja de tener una seguridad material, y de poder salir del círculo de empobrecimiento en el que gran parte de la población se ve sumida. En consecuencia, muchas niñas se ven obligadas a casarse como única solución por parte de sus familiares ante situaciones económicas insostenibles, y la falta de oportunidades laborales para superar la escasez.

“Crecemos escuchando por parte de nuestras profesoras que la escuela es lo más importante. Que los estudios son la única salida al círculo de pobreza en el que nos vemos envueltas muchas familias que hemos nacido y crecido en zonas rurales. Que estudiar nos permitirá tener acceso a puestos de trabajo con salarios más altos. Sin embargo, nada más acabamos la escuela —en ocasiones, ni eso— a muchas de nosotras, ya nos han buscado un marido. Y, de un día para otro, nuestra vida cambia. Nuestro hogar cambia. Nuestra rutina cambia”, explica Aminata.

Mismo país. Mismas leyes. Diferentes derechos

Según los últimos datos reflejados por UNICEF, en 2019, en Sierra Leona vivían 800.000 niñas casadas, de las cuales 400.000 habían contraído matrimonio antes de los 15 años.

El contraer matrimonio, además, conlleva un mayor riesgo de quedarse embarazada, a una edad en el que las condiciones físicas y psicológicas de la niña, no están preparadas para la maternidad. Además, ante el estigma social, muchas niñas que quedan embarazadas, dejan de ir a la escuela, abandonando los estudios, explica la activista y fundadora del Amazonian Initiative Movement, Rugiatu Turay, quien añade: “el matrimonio infantil conduce a un aumento de los embarazos adolescentes que, junto con los problemas asociados a la Mutilación Genital Femenina, provocan un incremento considerable de la tasa de mortalidad materna”.

En el marco de la agenda 2030, Julius Maada Bio anunció su compromiso con la eliminación del matrimonio infantil. Ya en 2018, Fatima Bio inició una campaña al lema “Take your hands out of our girls”, en la que promulgaba el acceso a una salud sexual y reproductiva de calidad, y abogaba por la eliminación del matrimonio infantil y la práctica de la mutilación genital femenina, llevada a cabo en el país por las sociedades secretas, conocidas con el nombre de Bondo.

El inventario sobre las diferentes propuestas de ley, y leyes ratificadas a lo largo de los años para la eliminación de esta práctica, no es novedad en Sierra Leona. Sin embargo, la puesta en práctica se diluye en un camino de horizontes infinitos, allí donde las niñas de las áreas rurales no tienen cabida. Ni ellas, ni sus derechos. “Si tuviésemos la oportunidad de acceder a este tipo de información, si quien nos tiene que explicar nuestros derechos, nos los explicase, y si quien verdaderamente nos tiene que proteger, nos protegiese, estas cosas no pasarían”, señala Aminata.

Una decisión que ahoga

Sierra Leona fue uno de los países más afectados por el virus del ébola, que entre 2014 y 2016 dejó a su paso entre 3.500 personas muertas y 8.000 infectadas. Dora, la madre de Aminata, aún lo recuerda: “Si el ébola entraba en casa, y contagiaba a alguno de tus familiares, no tenías nada que hacer. Sabías que era cuestión de tiempo que se infectase toda la familia”. Tras el ébola, el país se sumió en una nueva crisis económica, agravando la situación que en la década anterior, había dejado la mal llamada “Guerra de los diamantes de sangre”, en referencia al filme protagonizado por el famoso actor sierraleonés Idris Elba, y el estadounidense Leonardo DiCaprio.

En aquellos años, muchas niñas y niños se quedaron huérfanos, y la economía de gran parte de la población se vio afectada, especialmente en las zonas más rurales del país, allí donde la ayuda humanitaria y la información siempre va con retraso, y, en ocasiones, ni siquiera llega. A su vez, y pese a que las consecuencias del Covid-19 no afectaron notoriamente en esta zona del continente, el desplazamiento de la ayuda internacional hacia los esfuerzos contra aquella pandemia, se dejó sentir en el país.  Una tormenta perfecta que ha forzado a algunas familias de Labour Camp a recurrir al matrimonio de sus hijas. 

 “Aminata se casó en el Bush. No queríamos que nadie supiese lo que estaba pasando”. La madre de la joven, Dora, atribuye a esta situación de escasez la decisión de casar a su hija: “A veces no tenemos dinero ni para comer. Somos muchos en casa”. La mujer muestra su desasosiego ante el hecho de haber casado a Aminata con un hombre que la niña no conocía, al no poder ni siquiera cubrir los gastos de escolarización. Aunque el matrimonio infantil sea una decisión común en zonas en las que las familias carecen de recursos económicos, la misma práctica sigue siendo un tabú, lo que dificulta aún más la cotidianidad de las adolescentes casadas: “Al principio, cuando nadie lo sabía, me pasaba el día en mi casa, y cuando anochecía, iba a dormir a casa de mi marido. Ahora, ya lo sabe todo el mundo. Ya no es un secreto”. Aunque no esté socialmente bien visto, la falta de alternativas económicas lleva a muchas niñas a asegurarse el sostén económico que los estudios no les garantizan, a través de un marido, por lo que en la aldea es frecuente ver madres adolescentes.   

¿Y nosotras, qué?

Emmanuel Largah, uno de los líderes comunitarios pertenecientes a la aldea de Labour Camp, sabe de primera mano lo que significa vivir aislado; pues tanto él, como todos sus antepasados, nacieron y crecieron en la aldea y sus alrededores. “Cuando hay un problema en el país, somos los primeros afectados. Sin embargo, somos los últimos a los que se nos comunica cualquier cosa. Parece que, si no vives en Freetown, Makeni o cualquier otra ciudad grande, seas invisible para los políticos”, dice.

No es difícil llegar a Labour Camp, ya que, si no es período de lluvias, el camino puede hacerse perfectamente en okada. Sin embargo, y debido a la inflación que ha provocado que los precios de la gasolina estén por las nubes, cada vez menos motos quieren acercarse a recoger pasajeros a la aldea, y las dos horas y media de ida que alejan a cualquier residente de Labour Camp de Lunsar, provocan una brecha no sólo informativa, sino de acceso a derechos en la vida de sus habitantes. Algo que afecta también a las niñas.

“Necesitamos que los gobiernos establezcan una concienciación comunitaria y educativa sobre las consecuencias de esta práctica”

El agenda de igualdad propuesta por Fatima Bio y celebrada por las feministas sierraleonesas, parece haberse disipado en algún lugar cerca de la capital, allí donde muchas familias contemplan el matrimonio infantil como única solución a la pobreza que envuelve sus vidas y las de sus hijas. Activistas locales por los derechos de las mujeres y niñas en el país, como Neneh Rugiatu Turay, llevan años haciendo hincapié en la necesidad de llevar esas leyes en la práctica, a través de la sensibilización comunitaria y el acceso a la información en zonas en las que esta se resiste a llegar, como afirma Rugiatu Turay: “Los pueblos están mal informados. No saben que casar a sus hijas, no solo las priva de tener un futuro, sino que también pone en riesgo su salud. Necesitamos que los gobiernos establezcan una concienciación comunitaria y educativa sobre las consecuencias de esta práctica”.

Mientras que el país saludó el avance que supuso en junio de 2024 la prohibición del matrimonio infantil, activistas y organizaciones reclaman que para que realmente tenga efecto, la medida legislativa debería aplicarse en igualdad de condiciones en todas las zonas del país, independientemente de pertenecer al barrio más ostentoso de la costa de Aberdeen en Freetown, o a la humilde aldea de Labour Camp.