CIMACFoto: César Martínez López.- Ciudad de México.-
El congreso del Estado de México analiza la propuesta del grupo
parlamentario del PRD de reconocer la “violencia vicaria” (daño a niñas y
niños o terceros para violentar a las mujeres) en la Ley estatal de
Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia.
El pasado 30
de noviembre de 2021 la diputada del PRD, Viridiana Fuentes Cruz,
presentó una propuesta para reformar las fracciones XIV del artículo 3 y
I del artículo 31 Bis; y adicionar el artículo 8 Ter de la Ley de
Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia del Estado de
México.
¿Qué es la violencia vicaria?
En su momento, la legisladora explicó que el término “violencia vicaria” fue acuñado por la psicóloga clínica Sonia Vaccaro,
quien la define como “aquella violencia que se ejerce sobre los hijos
para herir a la mujer”. Es decir, la que provoca a la mujer un daño
extremo porque el maltratador sabe que agredir o asesinar a los hijos o
hijas es asegurarse de que la mujer no se recupera jamás.
La
definición indica que esta forma de violencia está presente también en
las amenazas asociadas a las obligaciones alimentarias, el régimen de
convivencia y la guardia y custodia de los menores de edad; la dilación
de procedimientos judiciales para afectar el lazo materno-filial
mediante la fabricación de falsas acusaciones, o bien las lesiones a
padres, madres o hermanos.
¿Quiénes piden legislar?
La
iniciativa de la perredista fue elaborada con las opiniones de
agrupaciones como la “Colectiva de Amorosas Madres contra la Violencia
Vicaria” (Cam-Cai) a fin de introducir este término en la ley. Apenas el
19 de febrero Cam-Cai anunció que se unió con las colectivas Tonatzin,
Mahai Kollontari, Madre yo sí te creo y Jessica y Andrea Flores para
crear la Red Mexicana de Colectivas contra la Violencia Vicaria.
Isaura
Contreras es una mujer víctima de violencia vicaria, cuyo testimonio
fue expuesto por la diputada Viridiana Fuentes Cruz. De acuerdo con su
relato, Isaura fue acusada de lesiones, robo a casa habitación y
violencia familiar por su expareja, con quien desde hace tres años
mantiene un litgio por la guarda y custodia de sus tres hijos. Su
agresor, según el testimonio, ha dicho que prefiere ver muerta a su hija
que verla siendo feliz con su madre.
“Nuestros
agresores nos entierran entre expedientes por años con falsas
denuncias, son capaces de ensuciar nuestro nombre, reputación, y al
mismo tiempo señalar nuestra manera de maternar. La violencia vicaria
representa la forma más cruel de violencia contra las mujeres ya que en
ella se utilizan a las hijas e hijos para dañar a las madres”, expuso la
legisladora.
Congreso mexiquense abre debate
Este
23 de febrero las y los integrantes de las Comisiones Unidas de
Procuración y Administración de Justicia y para las Declaratorias de
Alerta de Violencia de Género contra las mujeres por Feminicidio y
Desaparición tuvieron una reunión en la que analizaron la propuesta.
En
esta reunión la diputada Viridiana Fuentes Cruz explicó que por
definición la violencia vicaria, concepto que se ha popularizado en
España, es aquella que se ejerce contra las mujeres a través del daño a
terceros, por lo que no solo tiene como víctimas a las mujeres, sino que
lastima y vulnera especialmente a personas adultas mayores, con
discapacidad o dependientes, así como a niñas, niños y adolescentes.
“Es
precisamente el último grupo (la infancia) el más propenso a ser
instrumentalizado y aquello que puede haber empezado como la amenaza de
sustraer a los menores de su madre en su caso más extremo ha terminado
en el asesinato de niñas y niños a manos del padre”, dijo.
La
legisladora subrayó que abunda evidencia de estos casos en los
tribunales y en los medios de comunicación; sin embargo, “al no estar
reconocida la violencia vicaria en nuestro marco jurídico dificulta a
las y los operadores de justicia el reconocerla y facilita a los
agresores el ejercerla”.
De ahí la necesidad de incluirla en la
Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia del Estado de
México, “porque al reconocerla podremos avanzar en construir un marco
de actuación, además de que nos permitirá levantar datos precisos que
ayuden a identificarla, prevenirla y atenderla eficazmente”, dijo.
Ante
esto, diputadas y diputados de las bancadas de PAN, PRI, PRD y Morena
consideraron que esta iniciativa debe de ser enriquecida, por lo que la
enviarán a la Procuraduría del DIF, la Fiscalía General de Justicia del
Estado de México, la Secretaria de la Mujer, la Comisión de Derechos
Humanos del Estado de México, entre otras dependencias para su estudio y
análisis.
La diputada por Morena, Karina
Labastida, sostuvo que su grupo parlamentario apoyará esta iniciativa y
explicó que de ser aprobada el Estado de México sería en el primer
estado en el país y en América Latina que contempla la “violencia
vicaria”.
En el congreso Sonora la diputada por Morena, María
Alicia Gaytán Sánchez, también ha manifestado su intención de legislar
este tema, para que Sonora sea la primera entidad en reconocer la
“violencia vicaria” . En noviembre de 2021 la legisladora organizó un
foro de consulta para revisar la pertinencia de expedir la “Ley de
Violencia Vicaria”.
CIMACFoto: Hazel Zamora Mendieta.- Ciudad de México.
La violación de los derechos sexuales y reproductivos es una forma de
violencia de género y en las legislaciones de América Latina y el Caribe
donde estos derechos no son protegidos ni reconocidos, pueden ser
gravemente violados y son las mujeres quienes tienen menos acceso
efectivo a servicios de salud sexual y reproductiva.
Por ello, en 2014 el Mecanismo de Seguimiento de la Convención de Belém do Pará (MESECVI) publicó la Declaración sobre la violencia contra las mujeres, niñas y adolescentes y sus derechos sexuales y reproductivos. ¿De qué trata esta declaración? ¿Cómo están accediendo a estos derechos las mujeres en la región? Conversamos al respecto desde Brasil con la experta del MESECVI, Leila Linhares Barsted.
Latiendo
Libres es un programa conjunto del Mecanismo de Seguimiento de la
Convención de Belém do Pará (Mesecvi), Comunicación e Información de la
Mujer A.C. (CIMAC) y Violeta Radio 106.1 FM.
CIMACFOTO: César Martínez López.- Ciudad de México.-
A pesar de contar con pruebas científicas , la Jueza de Control Del
Sistema Procesal Penal Acusatorio de la Ciudad De México, Norma
Elizabeth Marín Ramírez, absolvió al feminicida de Lucía Delgado
Hernández, asesinada en marzo de 2021 en la colonia Condesa, por lo que
organizaciones civiles como el Observatorio Ciudadano Nacional del
Feminicidio (OCNF) exigieron a las autoridades capitalinas que
destituyan a la jueza y que garanticen que los casos de feminicidio sean
llevados por jueces competentes.
En un comunicado, el
Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio (OCNF) y Justicia Pro
Persona A.C. –solicitantes de la Alerta de Violencia de Género contra
las Mujeres para la Ciudad de México (CDMX) y asesores de la familia–,
junto con “El Día Después”, manifestaron su indignación por el fallo
absolutorio que se concedió a Vincent “NN”, feminicida de Lucía Delgado
Hernández.
De acuerdo con las organizaciones, la Fiscalía de
Investigación del Delito de Feminicidio de la CDMX integró una
investigación científica con perspectiva de género y recabó datos de
prueba contundentes para acreditar el delito de feminicidio, como los
peritajes en medicina forense, criminalística, fotografía, antropología
social, testimoniales, así como “pruebas científicas irrefutables” como
el análisis de telefonía y confrontas de ADN que corroboran la
responsabilidad de Vincent “NN” en la comisión de los hechos. Aún con
estas pruebas, la Jueza Norma Elizabeth Marín Ramírez, Jueza de Control
Del Sistema Procesal Penal Acusatorio de la Ciudad De México, emitió un
fallo absolutorio a favor del agresor.
“A casi un año de los
violentos hechos, la respuesta del Poder Judicial de la CDMX (PJCDMX) es
la impunidad, la violación a los principios de imparcialidad y de
debida diligencia con perspectiva de género, así como la falta de
sensibilidad ante un crimen atroz, y ante la violencia feminicida que se
vive en la CDMX”, declararon las organizaciones.
A decir de las
organizaciones, dicha absolución no solo impacta negativamente en el
caso de Lucía, quien fue asesinada de manera brutal el día de su
cumpleaños, sino que es un revés para todas las mujeres capitalinas,
pues envía un mensaje de permisividad en el que a pesar de que se cuente
con evidencia científica, “la justicia está lejos del alcance de las
mujeres que son asesinadas de manera cruel e inhumana”.
Las
organizaciones observaron que la resolución de la jueza también deja a
un feminicida libre, lo que significa el riesgo de que otras mujeres
puedan ser asesinadas, como ha sucedido ya en la entidad, con casos
conocidos como el del llamado “matanovias” y otros agresores seriales.
Por
todo esto, exigieron al Presidente del Tribunal Superior de Justicia y
del Consejo de la Judicatura de la CDMX, Rafael Guerra, la remoción
inmediata de la Jueza Norma Elizabeth Marín Ramírez por las acciones y
omisiones que derivaron en la impunidad para Lucía y su familia y que
tome medidas necesarias para garantizar que los casos de violencia
contra las mujeres y feminicidio, sean conocidos por juezas y jueces
sensibles, competentes y que cuenten con perspectiva de género que
permitan el acceso a la justicia para las mujeres.
También
exigieron que se impulse la generación de sanciones a las y los
funcionarios públicos que obstaculicen el acceso a la justicia para que
hechos como los referidos no se repitan, y pidieron a la Jefa de
Gobierno, Claudia Sheinbaum, y a la Fiscal General de Justicia de la
CDMX, Ernestina Godoy, garanticen la representación jurídica a las
víctimas para que éstas puedan agotar los recursos necesarios, a fin de
revertir la abominable resolución judicial, la protección de las hijas
de Lucía y su familia, así como la reparación integral del daño, que
incluya el acceso a la justicia, acompañamiento psicosocial, y otras,
conforme a la Ley de Víctimas de la CDMX.
De acuerdo con las
organizaciones, casos como el de Lucía, evidencian la necesidad de la
emisión de la AVGM para la CDMX, solicitada en septiembre de 2017. En el
marco de dicha solicitud, hecha por Justicia Pro Persona A.C. y el
Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria, A.C. O.P., con el
acompañamiento del Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio, el
Grupo de Trabajo de la AVGM emitió medidas de justicia dirigidas al
Poder Judicial de la CDMX, que de cumplirse contribuirían a garantizar
el acceso a este derecho, con la debida diligencia y perspectiva de
género.
De acuerdo con los primeros datos del 2022 del
Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, por
número de víctimas, la Ciudad de México es la segunda con más casos de
feminicidio: un total de 6 en solo el primer mes del año.
Cuartel General de Donetskiy, República Popular de Lugansk./ Comitatto per il Donbass Antinazista
Las
imágenes de hermosas activistas envueltas en banderas nacionales en la
plaza de Maidán o las de las ancianas llorando han dado una visión
reducida y estereotipada del rol de las mujeres en este conflicto. La
población femenina está activa en todas las estructuras de guerra,
incluidas las milicias populares.
Imágenes y reportaje realizados durante la Caravana Humanitaria a Donbass de mayo de 2015.
Contenido relacionado: ‘Las que se quedaron’, testimonios de tres mujeres que vivieron la guerra civil en Donbass
Pasear
por Alchevsk, en la autoproclamada República Popular de Lugansk al este
de Ucrania, inspira más desasosiego al pensar en su futuro que en su
pasado reciente. Es una ciudad industrial, pequeña, abrazada por una
descomunal acería que enmarca el horizonte con enormes chimeneas. La
industria pesada, tan simbólica del pasado soviético de la región, era
paradójicamente su pulmón, hasta que la guerra rompió los cristales de
sus ventanas.
Las ancianas del lugar, con sus pañuelos bordados de
flores anudados al cuello, hacen fila en el comedor de caridad
improvisado por las milicias en un edificio destartalado. Ellas son mayoría en esa ciudad del silencio,
que forma parte de la región del Donbass que controlan las milicias con
amplio apoyo popular y que injustamente se ha dado en llamar a secas
pro rusa, con el ánimo de hacer de esta guerra, como de todas las
guerras, un conflicto en blanco y negro, enterrando todos los matices
grises. Ellas cargan sus tarteras en bolsitas de tela y se arrastran
pasito a paso de nuevo a través de las desiertas avenidas. En Alchevsk
no llega el dinero de las pensiones desde el verano pasado. Con el
exilio masivo de la juventud, el alistamiento y el alcoholismo haciendo
estragos en la población, son ellas, las jubiladas, las pobres, las peor paradas de esta guerra.
Una vecina del comedor popular de caridad de Alchevsk./ Edurne Batanero
La
guerra civil que se libra en el este de Ucrania es sin duda uno de los
conflictos más injustamente tratados en el circo de las relaciones
internacionales: manipulada por oscuros intereses geopolíticos,
despreciada por los medios de comunicación y sin cauces oficiales para
la ayuda humanitaria, la guerra del Donbass sigue cobrándose muerte y
silencio.
Cynthia Enloe, académica pionera en abrirse camino en las Relaciones Internacionales desde el feminismo, se preguntaba hace veinte años dónde estaban las mujeres cuando
se hablaba de diplomacia, de guerra, de Estado. Desde entonces, una
escuela apasionante se ha construido en torno a esa pregunta.
¿Dónde
están las mujeres en Ucrania? Si Enloe planteara esa cuestión hoy,
probablemente las mujeres del Donbass no figurarían entre las
respuestas. La visibilidad femenina en este conflicto se ha limitado a
las imágenes de hermosas activistas envueltas en banderas nacionales
ucranianas en la plaza de Maidán, al más puro estilo del estereotipo de
feminidad normativa eslava –muy atractiva para el mercado del sexo
internacional-. Rubias de enormes ojos claros, jóvenes, frías, iconos de
las ansias de modernidad que tan bien han funcionado en la propaganda
de la franquicia ucraniana de activismo Femen como transmisoras de
liberación, aunque no se sepa exactamente de qué se liberan. La otra imagen más recurrente si pensamos en Ucrania ha sido la de las mujeres victimizadas,
las ancianas llorosas, las mutiladas por los bombardeos, padeciendo el
dolor de la guerra en sus carnes, arrastrándose en silencio entre las
casas destruidas.
Decía Carol Cohn en su impecable libro “Women
and Wars” que había que saber huir de la dicotomía de víctimas y
verdugos, (una dualidad tan sexualizada) si se quiere abordar un
conflicto bélico. La mujer es la paz, lo doméstico, la violada, la
protegida, el descanso del guerrero; el varón es el protector, el
beligerante, el dueño del espacio público, el señor en todas las
guerras. El rancio estribillo de “mujeres, niños y ancianos” para
referirse al coste humano de una guerra es tan manido como falso.
A
diferencia de otras guerras contemporáneas que ocupan portadas, en el
bando del Donbass, el que los telediarios llaman prorruso, separatista y
rebelde, no se lloran cadáveres. Su enemigo es el ejército regular
ucraniano, que obedece a un gobierno instalado con patrocinio occidental
(la llamada Junta de Kiev), presunto adalid de valores democráticos
pese a contar con la extrema derecha ampliamente representada en sus
filas a través de movimientos como Sector Derecho o Svoboda.
El
ejército regular kievita está envuelto en incógnitas: desde
movilizaciones forzadas a deserciones de jóvenes que huyen de la masacre
en el Este, poco se sabe del funcionamiento real de una armada de
reciente reestructuración, formada especialmente para esta guerra y en
el que algunos de sus cuadros eran hasta hace bien poco hooligans y miembros de guerrillas paramilitares de ultraderecha.
Las
milicias populares de Donbass se autoorganizaron al inicio de la guerra
para defender sus territorios de la que consideran agresión
imperialista para imponer la dominación de Kiev. Hoy, estas milicias
controlan amplias regiones dentro de las Repúblicas Populares de Donetsk
y Lugansk. Sería injusto negar que a este lado de la trinchera existen
también diferentes corrientes e intereses, pero la fuerza del proyecto
social, político y cultural que está construyéndose en torno a estas
Repúblicas Populares no es mera propaganda. Es una fuerza que se siente
nada más poner un pie en Alchevsk, en Kirovsk, en Stakhanov, en
Krasnodon.
Las Repúblicas Populares (RP), que atraviesan hoy un
complejo proceso de desarrollo, sientan bases en su herencia socialista,
tiempos en los que la región disfrutaba su época dorada. Estos nuevos
proyectos de construcción de Estado nunca hubieran fructificado sin la
fuerza y el desarrollo de las milicias populares desde el principio de
la guerra, que fueron el motor para el despertar colectivo.
Paralelamente a su desarrollo militar, las RP han tejido redes políticas
y culturales, pero también económicas con proyectos de nacionalización
de los recursos naturales y de autogestión y cooperativismo en la
industria y la agricultura local, acechadas siempre por la amenaza voraz
de la oligarquía local.
Tatiana en el cuartel de Alchevsk./ Comitatto per il Donbass Antinazista
Volvamos
a Enloe, entonces. ¿Dónde están las mujeres en Donbass? Están activas
en todas las estructuras de guerra. Desde el principio del conflicto,
muchas se unieron a las milicias, tanto en combate como en el complicado
entramado burocrático que les rodea. No ha habido problema en alistarse
libremente en la milicia popular, aunque algunas se quejen de lo
costoso de llegar a la primera línea del frente. Cuando viajas por la
región puedes verlas: están en los checkpoints, en los cuarteles y los despachos, caminando entre los civiles, paseando con perros de rastreo y haciendo ronda en las calles.
Las
milicianas que se han unido a las brigadas abarcan edades y
experiencias muy distintas, pero su alistamiento, -voluntario-, cuando
son preguntadas responde a una causa común: combatir al Gobierno que masacra a su pueblo. Se
han generado experiencias como batallones únicamente femeninos. En
Krasny Luch, en la región de Lugansk, 25 mujeres, de universitarias a
jubiladas y mineras, comenzaron formando barricadas en las calles para
terminar constituyendo un batallón al que se fueron uniendo
posteriormente los hombres del pueblo. El batallón Rus, formado a
finales de 2014 y compuesto enteramente por mujeres, es otro ejemplo.
Una celebridad local es la capitana Nut,
que está al mando de una unidad de artillería compuesta por 50 hombres
en el batallón Oplot de Donetsk, tras dejar su trabajo de empleada en un
casino. Hubiera muerto igual quedándose en casa, así que Nut aprendió a
manejar artillería pesada y fue ascendiendo en la estricta jerarquía de
estas formaciones hasta tener medio centenar de soldados a su cargo.
Hace
un par de meses caía asesinada en una emboscada Anna Aseyeva, jefa de
Prensa de la brigada Fantasma, junto al comandante Alexei Mozgovoy,
inseparables en su trabajo. La Brigada Fantasma o Prizrak, milicia con
gran presencia que controla parte de la región de Lugansk, toma su
nombre del hecho de que a menudo la dan por muerta, sin embargo, siempre
aparece algún nuevo destacamento en la región. Esta brigada es el alma
de la milicia y ha generado una organización cuyas redes superan con
mucho lo militar y se insertan en la vida cotidiana de muchas ciudades.
Quizá por eso, el reconocimiento póstumo a Anna fue unánime: quienes
conocían el día a día de esta guerra sabían que su labor era
imprescindible, o todo lo imprescindible que puede ser una sola persona
en medio de una guerra.
Escuela Pública de Alchevsk, celebración del 9 de Mayo./ Edurne Batanero
Desfile del Día de la Victoria, Alchevsk./ E. Batanero
El
día a día en una guerra no es como lo cuentan las películas de cine.
Hay turnos eternos en los puestos de vigilancia; días enteros
conduciendo arriba y abajo por carreteras vacías, tareas cotidianas que
se llevan con hastío y horas que pasan lentas, muy lentas, esperando.
Ellas han de compartir puestos de guardia y rondas nocturnas con una
mayoría masculina; también camastros, duchas, quehaceres diarios. Esta
es una experiencia que no es ajena a las mujeres del lugar: En una
sociedad militarizada como la exsoviética, la militarización se traslada
a todos los ámbitos de la vida. En la escuela, las niñas y niños del
colegio estatal celebran el día de la Victoria contra el fascismo, el 9
de mayo, escenificando bombardeos con tanques de juguete y cantando
himnos militares. Saben bailar y marchar en pequeñas formaciones, se
uniforman y depositan flores en las piras al soldado desconocido y
desfilan por la calles con disciplina castrense. La historia de su
pueblo es la causa de su presente, y son conscientes de ello.
En
el parque central de la ciudad de Stajhanov una estatua dorada de una
obrera industrial, con mono y herramientas, se yergue en una plazoleta.
Otra obrera metalúrgica labrada en piedra recibía junto a su compañero a
los visitantes a la entrada de la acería de la ciudad de Alchevsk. Las
mujeres del socialismo soviético abanderaron las más dignas luchas y
conquistas sociales, a menudo de la mano, y otras muchas frente a
frente, contra sus propios compañeros.
En lo militar fueron
pioneras: un millón de ellas combatieron en la Segunda Guerra Mundial,
como las famosas aviadoras Brujas de la Noche, las letales
francotiradoras que se convirtieron en celebridad local o las menos
conocidas artilleras rusas. La URSS fue de hecho, el primer país
en el que el aborto fue legal y gratuito. Parece que eso se le ha
olvidado al feminismo moderno. De la imagen de la mujer
compañera y camarada del socialismo –con todos sus claroscuros- se ha
retrocedido a la figura familiar, la crianza y el culto a la belleza y
la fragilidad en el país de los oligarcas y las princesas de largas
trenzas, paralelamente a la entrada masiva del mercado del sexo y la
pornografía, perseguidos (al menos públicamente) durante la URSS, en un
proceso que Attwood llama la re-masculinizacion de la sociedad rusa. Las
sociedades eslavas tienen estructuras profundamente patriarcales,
elementos que el azote conservadurista del resurgir de la iglesia
ortodoxa ha avivado aún más en las últimas décadas, sumido a las
consecuencias de la crisis política y económica que la Perestroika supuso
especialmente para las mujeres, a las que se les conminó desde las
propias instituciones a volver a sus hogares y dejar sus empleos. Un
patriarcado al que se ha querido señalar desde Occidente para justificar
la aversión a lo ruso y lo que significa como amenaza siempre latente
en geopolítica, pero que tiene muchos paralelismos con el que puede
experimentar cualquier sociedad occidental.
Esta percepción de las
cuestiones femeninas como domésticas y secundarias en algo tan público y
expuesto como una guerra conduce a que existan cuestiones terriblemente
minimizadas tales como la violencia sexual y la salud de las mujeres en
tiempo de guerra. En el contexto del Donbass, se ha especulado con
denuncias de violaciones y desapariciones de mujeres en los territorios
en guerra que nadie quiere asumir y de las que poco o nada se sabe. El
Gobierno de Donetsk, la otra república popular de la región, declaró
haber encontrado los cadáveres de decenas de mujeres violadas y
asesinadas por el ejército ucraniano, una información que ni la OSCE ni
Human Rights Watch confirma ni niega pasado un año. También se han
reportado denuncias de periodistas internacionales sobre las violaciones y torturas a mujeres cometidas por el Batallón Azov –destacamento
voluntario de extrema derecha- en las prisiones militares de esta
unidad, dependiente directamente del Gobierno de Kiev.
Pero una guerra es un antes, un mientras, y sobre todo, un después. Como
en Yugoslavia, como en Afganistán, estos crímenes sólo tendrán alguna
relevancia pasados los años, cuando el postconflicto destape la realidad
de la devastación humanitaria y las consecuencias a largo plazo de una
guerra que siempre padecen en mayor grado las mujeres. No nos olvidemos
que está dejando miles de refugiadas, desplazadas y exiliadas de las que
no se habla. El peso –invisibilizado- de la mujer en los periodos de
posguerra y las labores de desarme, desmovilización y reintegración
jugarán sin duda un papel crucial en este y otros conflictos híbridos
actuales.
Mujeres guardan fila a las puertas del comedor popular, Alchevsk./ E. Batanero
Pero
hasta que esto suceda en Donbass, donde la calma tensa sigue siendo la
norma, las tareas la voz de las mujeres activistas en Donbass tiene un
poder especial: en la red circulan sitios cuya información, les ha hecho
convertirse en referentes, las páginas a las que acuden miles de
personas para llegar a datos distintos a los de la versión hegemónica.
La mayoría de estos blogs y páginas de información pertenecen a mujeres
residentes en las zonas de conflicto que asumen los riesgos de escribir
para el mundo. Denya, alias Little Hiroshima,
se ha hecho enormemente famosa con su blog sobre Lugansk. Era profesora
de Filosofía en Moscú y viajera aficionada hasta que decidió hacerse
cooperante en Donbass, alquiló una furgoneta y se marchó cargada de
comida hasta allí. Pero no está sola: hay poetas, políticas, activistas
humanitarias, periodistas. Escucharlas, leerlas, verlas, es acercarse a
una guerra con perspectiva de género, abriendo sin duda nuevos enfoques e
interpretaciones que no sólo rompen con el esquema hegemónico
masculino, sino sobre todo, con la versión de los telediarios.
En
estas guerras híbridas, las guerras de la posmodernidad, con nuevas
actrices y actores, nuevos escenarios, pero con el reciclaje de viejos
discursos y enemigos, con ecos antiguos, la participación femenina ha obligado a reconsiderar identidades y espacios -de
eso saben bien en el Kurdistán-, porque ellas son las agentes activas
que han sido tradicionalmente excluidas del discurso de la guerra o
peor, instrumentalizadas para mostrar sólo el rostro femenino del
conflicto en los términos que favorecieran la normatividad masculina.
Hoy,
pasado año y medio del terrible verano del cerco a Lugansk, y viviendo
su segundo “invierno del hambre” las cifras del conflicto que se manejan
hablan de 9100 personas fallecidas desde que comenzara a contabilizarse
las víctimas en abril de 2014. Más de un millón de personas desplazadas
en Rusia y otro tanto en Europa. Concretamente, en los últimos seis
meses contabilizados, en los que la región ha permanecido bajo el
presunto alto al fuego fruto de los acuerdos de Minsk II, se han
registrado 575 víctimas civiles en la zona de conflicto, con 165
asesinadas, la mayoría por morteros, cañones, obuses, tanques. Nadie se
acuerda de aquel avión derribado, el MH17. Los pactos de Minsk son en
realidad, papel mojado. El pasillo humanitario sigue sin abrirse. Hoy,
hay otro enemigo, lejos de Donbass, en los telediarios.
Mientras,
en la pequeña ciudad de Alchevsk intentan poner de nuevo en marcha la
acería. Se camina con cuidado en los campos minados cubiertos por la
nieve. La ciudad vecina de Kirovsk también intenta recomponerse: la
maestra de una de sus escuelas elementales se acerca al vernos tomar
fotos. Cuenta que miles de personas (20.000, de una población de 25.000
habitantes) se habían marchado lejos de allí en apenas un año. En su
clase le preguntan cada día si la guerra ha terminado porque no quieren
volver a correr al sótano cuando escuchan caer los grads. Y ella nos lo
pregunta a nosotras, con gesto ansioso. ¿Qué dicen los telediarios de
vuestro país? ¿Acabará la guerra?. En Kirovsk no quieren dinero, ni
medicamentos, ni abrigo. Sólo quieren respuestas. Preferimos mirar al
suelo antes que decirle que de ella y su futuro, en nuestro país, nadie
dice nada.
Era una mujer alta, sonriente y brava, que nos despidió
desde la ventanilla con la promesa de volvernos a ver. Se quedó ahí, en
medio de la avenida, en Kirovsk, República Popular de Lugansk, tierra
de olvido y silencio, agitando el brazo, mirándonos marchar. Al día
siguiente, volvería a la escuela.
*Este artículo fue retomado del portal pikaramagazine
En el 2013 el Banco Internacional de Desarrollo (BID) otorgó dos
préstamos con los que se realizaron proyectos hidroeléctricos en el
departamento de Huehuetenango que actualmente están suspendidos; de esa
cuenta, en el 2019 el Mecanismo Independiente de Consulta e
Investigación (MICI), un ente creado con el fin de atender reclamos de
comunidades potencialmente afectadas a nivel ambiental y social por esos
proyectos, generó un informe y una serie de recomendaciones donde se
destacó que las mujeres son las principales afectadas por este tipo de
intervenciones, por lo que concluyó que se debe retirar el capital
otorgado por el BID para financiar esas actividades.
El MICI publicó desde el 13 de octubre del año pasado el Informe de
Verificación de la Observancia de Proyectos Generadora San Mateo, S.A. y
Generadora San Andrés, S.A., con serios señalamientos. El informe
destaca que se desconoció la presencia de pueblos indígenas en cinco
comunidades de la microrregión de Yichk’isis, en el municipio de San
Mateo Ixtatán, Huehuetenango, luego de una serie de denuncias
presentadas a través del Gobierno Plurinacional Q’anjob’al, Popti, Chuj,
Akateko y Mestizo, quien dio acompañamiento a las comunidades y a la
población.
En esa recopilación de información que hizo el MICI se logró
determinar que el BID desconoció la presencia de los pueblos indígenas
para poder financiar los proyectos hidroeléctricos y, además, las graves
consecuencias que esto conlleva para las comunidades donde las más
afectadas son las mujeres.
Entre los hallazgos por impactos diferenciados por razones de género
se indica que no se hicieron evaluaciones de impactos con perspectiva de
género y no se determinaron acciones para prevenir, evitar o mitigar
impactos adversos y riesgos, mientras se hacía la autorización de los
proyectos hidroeléctricos en esa región.
Entérese más aquí:
En particular, según el MICI, resaltaron algunos impactos
específicos, como la contaminación del agua, la cual afecta de manera
diferenciada a las mujeres en virtud de las actividades que
tradicionalmente desarrollan, entre ellas mencionan en el informe la
recolección de agua, cocina, pesca de caracoles y camarones para
complementar la alimentación familiar, crianza de animales y actividades
de recreación con otras mujeres o sus hijos pequeños.
Además, señalaron que ahora las mujeres tienen que recorrer
distancias más grandes para recolectar agua limpia, lo que afecta el
mantenimiento de las huertas y granjas familiares, de las cuales
generalmente están a cargo, además de que la desaparición de cangrejos,
caracoles y pescados de los ríos afecta a la dieta y a la economía
familiar, ya que eran fuentes de alimentación gratuita que ahora deben
pagar a terceros.
Vista panorámica de Yichk´isis, el centro de la microrregión norte de San Mateo Ixtatán. Fotografía: Francisco Simón Francisco
Asimismo, el informe de MICI destaca que la llegada de trabajadores
foráneos y el aumento de fuerzas de seguridad en la zona, les ha
generado a las mujeres inseguridad y temor debido al hostigamiento,
amenazas físicas y verbales que reciben, así como por impedimentos al
libre tránsito cuando no las dejan pasar al río o les impiden el paso
usando sus equipamientos.
¿Por qué la violencia diferenciada contra las mujeres?
Aunque el informe del MICI hace una recopilación extensa de las
denuncias que trastocan las dinámicas comunitarias de hombres, adultos y
adultas mayores, niñez y juventud, se hace énfasis en el impacto a las
mujeres porque la carga simbólica de la violencia también trastoca
aspectos culturales e históricos que es importante comprender.
En ese sentido, para la socióloga guatemalteca Ana Silvia Monzón, la
violencia contra las mujeres tiene un carácter sexual porque se ha usado
como una forma de vulnerar a aquellas personas que son catalogadas como
“enemigos”, según evidencia empírica recopilada en otros estudios e
informes sobre acontecimientos como el conflicto armado interno en el
país.
A criterio de la socióloga ese fue el sentido de usar la violación
sexual como una práctica durante la guerra interna de Guatemala y
agredir así tanto los cuerpos y la dignidad de las mujeres, como la de
sus familias y comunidades.
La académica y doctora en Antropología, Victoria Sanford, también
hace referencia a ese tipo de abusos diferenciados por género en su
libro “Guatemala: del genocidio al feminicidio”, donde aborda cómo ese
tipo de prácticas afectó particularmente a las mujeres indígenas que
fueron consideradas como un botín.
Monzón añade que en el Proyecto Interdiocesano de Recuperación de la
Memoria Histórica (REMHI) también se señala que los cuerpos de las
mujeres y particularmente de las mujeres indígenas fueron considerados
como botín de guerra. “Eran tomados como ese espacio donde ejercer el
poder, y así lo podemos ver desde la invasión hace 500 años, pero
también desde cualquier invasión y ocupación, sea económica, política o
simbólica que protagonizan los hombres”, señala.
A criterio de Monzón también es importante llegar a hilar más fino y
con mayor precisión para no solo referirse a los acontecimientos
históricos, porque en esos acontecimientos como la invasión se trata de
hombres con nombres y apellidos que las protagonizaron y es importante
destacar.
“Hay diferencia en la forma como se violenta a las mujeres, porque
también se ha construido el mito de la virginidad, del cuerpo puro, en
contraposición a otros cuerpos que no lo son, entonces al atacar a las
mujeres de los que se consideran enemigos, es una forma de vulnerarlos a
todos”, indicó Monzón.
“Agredieron a unas compañeras, pero ellas no se dejaron”
Como parte de las denuncias de agresiones que incluyeron acoso sexual
a raíz de la instalación de proyectos hidroeléctricos en Huehuetenango,
una de las mujeres de la comunidad de Bella Linda de la microrregión de
Yichk’isis que solicitó no se citara su nombre por razones de
seguridad, indicó que desde el 2013 fueron objeto de amenazas e
intimidaciones por su participación en reuniones públicas.
Ella narró que a raíz de esas actividades gran parte de su familia
decidió refugiarse en México. “Solo yo me quedé aquí, mi familia está
del otro lado. Mi madre me dice: mija saber cuándo nos vamos a volver a
ver. Pero aquí estamos pidiéndole todos los días a Dios porque ya no
queremos que esos proyectos regresen, ya no queremos tristeza, dolor,
sufrimiento. Nuestros hijos están creciendo, ellos solo quieren comer y
sobrevivir, por eso nosotros luchamos”, indicó.
Según su relato, las fuerzas de seguridad nacional como la policía y
el ejército, así como guardias de seguridad privada, también cometían
abusos y violencia en su contra, intimidándolas con hacerles daño a sus
hijos pequeños cuando las veían “cargándolos” o que participaban en
protestas y reuniones en contra de las hidroeléctricas.
“Nosotros como mujeres ahí comenzamos a unirnos para poder parar eso y
preguntar para qué querían llevarse a los hombres. En una de esas
acciones de protestas fue que agarraron al compañero Víctor Pérez, que
en paz descanse”, señaló. Se refiere a la autoridad comunitaria de San
Mateo Ixtatán, criminalizado, luego absuelto y que falleció el año
pasado.
Añadió que cuando las entrevistaron para saber qué estaba pasando en
esa región, fueron las mujeres las que dejaron claro que manifestaban en
contra de los proyectos: “por nuestro derecho, pero también por la vida
de nuestros hijos, no los estábamos insultando, nosotros solo peleamos
con palabras, mientras ellos venían con bombas y con armas”.
Además, contó que cerca de la comunidad había una casa que le
llamaban la casa de la máquina, y cuando pasaban por ese lugar, había
hombres armados que les decían: “esas pinches mujeres van a querer una
su buena agarrada, una buena violada”.
En una ocasión, la entrevistada narró que por ese lugar pasaron tres
hermanas, que cansadas del acoso encararon a los sujetos y lograron
agarrar a uno y quitarle el arma. “Le dijeron -si sos tan bueno para
decirnos cosas, vamos a ver ahora, hacelo pues-, pero él se quedó
callado y no hizo nada. Eso se lo decían para asustarlas, pero esas
compañeras no se dejaron”.
La entrevistada consideró que a partir de ese tipo de episodios las
mujeres de esa comunidad se unieron más y estrecharon los lazos de
afecto y de comunicación, por eso ahora salen juntas y se reúnen.
“Ya no queremos esos proyectos, pero queremos que no nos dejen solos,
en este mundo estamos llenos de maldad, nosotros creemos en las cosas
buenas y le pedimos a Dios que nos ayude a derrotar las cosas malas. La
gente que tiene poder, dinero, empresas, nos ven a los campesinos como
que no fuéramos nada, pero ante los ojos de Dios todos valemos lo mismo,
por eso seguimos luchando”, puntualizó.
Nombrar las violencias que trastocan
Para la socióloga Monzón, la vida y las comunidades se trastocan
cuando hay una sistemática violación al derecho que tienen como pueblos
indígenas, según legislación nacional y convenios internacionales como
el 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), porque de
manera general, se ha venido retrocediendo en el cumplimiento del marco
de los derechos humanos.
“Esto no es solo para Guatemala, se ha visto en la región, sobre todo
en Honduras que es de los que también ha padecido esta problemática”,
añadió Monzón.
Las dinámicas que se trastocan tienen que ver con la vida cotidiana
de las mujeres de manera particular, porque son las responsables por la
asignación del rol de género, de la reproducción y del cuidado de la
vida, lo que es perturbado cuando se empieza a instalar la incertidumbre
y la amenaza concreta, añadió la socióloga.
A su criterio, es importante hacer explícitas y señalar a este tipo
de violencias por sus dimensiones. “Cuando se llevó a cabo el proyecto
REMHI, no se había considerado inicialmente un tratamiento específico de
ese tipo de violencia, pero fue surgiendo porque las primeras que
empezaron a dar testimonios sobre sus familiares torturados, asesinados,
desparecidos fueron las mujeres, pero no se hablaba de la violencia que
ellas habían padecido, esto empezó a surgir y la necesidad de abrir un
capítulo para ese tipo de violencia”, indicó.
En el orden patriarcal, en opinión de la experta, siempre se va a
culpar a las víctimas, por esa razón para las mujeres será doblemente
difícil reconocer que la han padecido, más si se trata de violencia
sexual, porque en la sociedad guatemalteca existe instalada una idea que
ellas son las que la provocaron, algo que es de suma urgencia cambiar y
nombrar.
En
la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares (ENIGH) 2020,
las mujeres tuvieron un ingreso promedio trimestral de 14 mil 860 pesos,
prácticamente la mitad del ingreso masculino, 52 por ciento menor a los
22 mil 618 pesos que obtuvieron los hombres.
En consecuencia y
según Coneval, únicamente 24 de cada cien mujeres no son pobres,
mientras que la gran mayoría (76 por ciento), sufren carencias sociales y
económicas. Una mirada a su nivel de ingreso laboral confirma esta
afirmación, considerando que éste es, en promedio, más del 66 por ciento
del ingreso de los hogares, y se complementa con remesas y
transferencias de programas sociales.
Tendencia del nivel de ingreso salarial
Conforme
a datos de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE) del Inegi,
en el cuarto trimeste de 2021, 7.5. millones de mujeres percibían un
ingreso equivalente a más de uno y hasta 2 salarios mínimos (SM); en
contraste, en el nivel de más cinco SM sólo 35 mil 447 trabajadoras
reciben ese salario (1.6 por ciento), véase gráfica.
En
cambio, en el tercer trimeste de 2019 el número de mujeres que recibían
el nivel de más de 5 SM era de 508 mil 900, cifra superior al número de
trabajadoras con esos ingresos en 2021, un 2.4 por ciento. En el nivel
de más de 1 hasta 2 SM el porcentaje de 32.2 era inferior al que se
observa en 2021 (41.5 por ciento).
En síntesis, ha crecido el
número de trabajadoras con bajos salarios (más de 1 hasta 2 SM), con una
importante disminución del número de trabajadoras con más de 5 SM. No
hay una recuperación de los ingresos laborales respecto a 2019, por el
contrario, han decrecido significativamente los ingresos de las mujeres.
Después de la pandemia siguen muy afectadas en su economía, su salud y
en sus derechos.
Durante 2021 las tasas de informalidad y
subocupación se mantuvieron en niveles altos, en informalidad la más
alta fue en el tercer trimeste, con 54.9 por ciento. Esto es muy grave,
más de la mitad de la fuerza laboral femenina está al margen de los
derechos laborales más elementales.
Tasa de subocupación. ¿Qué es
la subocupacion según Inegi?: es el número de personas ocupadas que
trabajan menos de 35 horas semanales por causas involuntarias y desean
trabajar más horas. Necesitan obtener más ingresos y para ello tienen
que buscar un segundo empleo.
Las tasas de subocupación que
registra 2021 son muy altas (veáse gráfica), el doble de lo que reporta
el tercer trimestre de 2019 con un 7.3, frente a 12.7 por ciento de
2021. Los sueldos son bajísimos para más del 40 por ciento de la fuerza
laboral femenina, esa es la causa central, han crecido los empleos pero
han disminuido salarios y derechos laborales.
La desigualdad
regional también es un factor a considerar, hay una mejor recuperacion
de los empleos formales en el norte del país por estar vinculados al
modelo exportador y la recuperación de la economía del país vecino; en
contraste, cuatro entidades reportan pérdidas de estos empleos: CDMX
(-11,425); Guerrero
(-6,060); Chiapas (-3,595) y Puebla con una
disminución de 3 mil 316 empleos formales, de acuerdo con datos del
Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).
Pese a la
reforma del outsourcing que permitió una recuperación de la formalidad,
ello no significó la creación de nuevos empleos.
Otro dato que
confirma la NO recuperación a las condiciones previas a la pandemia es
el déficit de empleos. Para marzo de 2020 era de 20.0 y creció a 22.9
por ciento en diciembre de 2021 (datos Inegi).
Las cifras de
Consar acerca de los retiros en las Afores por desempleo también
corroboran lo díficil que es la recuperación; en 2018 fueron del orden
de 864.8 millones de pesos, para 2021 ascendieron a 1,754.8 un
crecimiento de más del 200 por ciento.
No existe seguro de
desempleo y cero apoyos fiscales paraa sortear el desempleo, se están
comiendo su dinero para el retiro o jubilación, muy mal.
En
materia de Pensiones contributivas las cosas no están mejor al aprobarse
el uso de la UMA como unidad de medida para dos aspectos fundamentales:
el cálculo del monto de la pensión, así como los incrementos anuales,
éstos se hacen de acuerdo al incremento del UMA y no al del Salario
Mínimo.
Disminuyendo el monto de las pensiones y los aumentos
anuales, cada año las mujeres reciben una pensión más baja, decreciente,
cada año son más pobres.
En 2021 la UMA equivalió a 89.62 pesos;
mientras que para el 2022, 96.22 pesos, según datos de Inegi. El Salario
mínimo para esos mismos períodos es de $141.70 y 213.39 (2021), para
2022 son 260.34 en la frontera norte y 172.87 el resto del país. Una
diferencia considerable entre UMA y Salario Mínimo, perjudicando a las
personas que reciben pensiones contributivas.
Obviamente hicieron y
hacen falta apoyos fiscales para la población, básicamente para
mujeres, y no son suficientes los programas sociales.
Por fortuna
los flujos altos de las remesas continúan, han contribuido en forma
sustancial a sostener el valor del peso y aliviar la pobreza de las
jefas de familia.
Pemex se ha beneficiado de los incrementos en el
precio del petróleo provocados por la crisis de Ucrania (y del mundo);
ese es un lado de la balanza, el otro son los crecimientos de los
precios en Gas LP y gasolinas, abonan en el proceso inflacionario que se
padece.
No se puede bajar la guardia en la defensa de una
economía más saludable para los bolsillos, en la disminución de la
violencia, los casos de feminicidio en 2021 superan a los de 2020 en 2.6
por ciento. La precariedad femenina también tiene esta expresión, por
desgracia.
PD:
La reforma a la Ley de Seguridad Social
(LSS), aprobada por el Congreso de la Unión en diciembre del 2020, ayudó
a 28 mil 272 trabajadores a tener derecho a una pensión dado que no
cumplían con el requisito previo de al menos 1,250 semanas de
cotización.
L a reforma pensionaria disminuyó las semanas de
cotización de 1,250 a 750 en el 2021. A partir de este año las semanas
de cotización se incrementarán en 25 semanas hasta llegar a las 1,000 en
el año 2031.
En enero IMSS otorgó 1,458 pensiones del Régimen 97,
de las cuales, un mil 329 contaban con menos de un mil 250. Son
mujeres quienes tienen mayor problema para cumplir con el número de
semanas de cotización por sus trabajos de cuidados y la maternidad, que
les lleva a interrumpir su vida laboral, por ende sus contribuciones en
Afores.
Las
mujeres con igual trabajo que los hombres tienen una remuneración
inferior en decenas de países, y apenas 12 economías avanzadas han
equiparado completamente los derechos y oportunidades de desarrollo para
ambos géneros. Foto: Edwin Torres/Gobernación de New Jersey
WASHINGTON – Aproximadamente 2400 millones de mujeres en edad de
trabajar en el mundo no tienen igualdad de oportunidades que los
hombres, con barreras legales que les impiden participar plenamente en
la economía de 178 países, concluyó un estudio divulgado este martes 1
por el Banco Mundial.
Globalmente “la brecha entre los ingresos esperados tanto de hombres y
mujeres a lo largo de su vida es de 172 billones (millones de millones)
de dólares, casi dos veces el producto interno bruto (PIB) mundial
anual”, señaló Mari Pangestu, directora gerente de Políticas de
Desarrollo y Alianzas de la institución.
En 86 países las mujeres enfrentan algún tipo de restricción laboral,
y 95 no garantizan la igualdad de remuneración por un trabajo de igual
valor.
El informe del banco, “La Mujer, la Empresa y el Derecho 2022” mide
las leyes y regulaciones en ocho áreas que afectan la participación
económica de las mujeres en 190 países. Las áreas son Movilidad,
Trabajo, Remuneración, Matrimonio, Parentalidad, Empresariado, Activos y
Jubilación.
Las mujeres todavía acceden a solo tres cuartas partes de los
derechos reconocidos a los hombres, lo que se traduce en una puntuación
total de 76,5 sobre los 100 puntos que indicarían la existencia de una
paridad jurídica completa.
Solo 12 países, todos integrantes de la Organización para la
Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE, de economías
industrializadas o emergentes), tienen paridad jurídica entre los
géneros, según el estudio.
Ellos son Bélgica, Canadá, Dinamarca, Francia, Grecia, Irlanda, Islandia, Letonia, Luxemburgo, Portugal, España y Suecia.
El estudio recoge sin embargo que, a pesar del efecto
desproporcionado que la pandemia covid-19 ha generado en la vida y los
medios de subsistencia de las mujeres, 23 países reformaron sus leyes en
2021 y “dieron pasos muy necesarios para promover la inclusión
económica de las mujeres”.
En América Latina y el Caribe las mujeres acceden a menos de tres
cuartas partes de los derechos legales que se otorgan a los hombres, y
de las 32 economías de la región, dos promulgaron reformas en 2021.
Argentina contabilizó explícitamente los períodos de ausencia por
cuidado infantil en las prestaciones de jubilación, y Colombia se
convirtió en el primer país de la región en introducir la licencia
parental remunerada, con el objetivo de reducir la discriminación contra
las mujeres en el lugar de trabajo.
Las regiones de Medio Oriente y Norte de África, y África al sur del
Sahara, mostraron las mejoras más significativas en el índice de La
Mujer, la Empresa y el Derecho, aunque continúan rezagadas con respecto a
otras partes del mundo.
Gabón se destaca por haber introducido amplias reformas en su código
civil, y por haber promulgado una ley sobre la eliminación de la
violencia contra la mujer. La puntuación de este país aumentó de 57,5 en
2020 a 82,5 en 2021.
La región de Asia oriental y el Pacífico “sigue reformando su
legislación en favor de la igualdad de género, pero a un ritmo lento”,
de acuerdo con el informe.
Dos economías de Asia oriental hicieron reformas el año pasado.
Camboya introdujo un sistema de pensiones de vejez en el que se equiparó
las edades a las que tanto los hombres como las mujeres pueden
jubilarse con pensión completa, y Vietnam eliminó todas las
restricciones al trabajo para las mujeres.
En Asia meridional las mujeres acceden a solo dos terceras partes de
los derechos reconocidos a los hombres. Solamente una economía en la
región implementó reformas: Pakistán eliminó las restricciones del
trabajo nocturno para las mujeres.
Las economías avanzadas continúan logrando avances en los indicadores
del estudio, y España, Grecia y Suiza reformaron sus leyes en 2021,
todas centradas en mejorar la licencia remunerada para los nuevos padres
y las nuevas madres.
Abogando por la licencia parental compartida, Carmen Reinhart,
vicepresidenta y economista jefe del Grupo Banco Mundial, dijo que “las
mujeres no pueden lograr la igualdad en el lugar de trabajo si están en
una posición desigual dentro del hogar”.
“Eso implica lograr condiciones equitativas, y asegurarse de que el
hecho de tener hijos o hijas no impida a las mujeres participar
plenamente en la economía y hacer realidad sus esperanzas y
aspiraciones”, añadió Reinhart.
Las únicas veces que Caya de nía Chenta escuchó el sonido de los cascos de los caballos sobre los adoquines fueron las noches haciéndole compañía a la señora de la farmacia cuando sus hijos se iban de viaje a la capital, entonces pedía favor a nía Chenta para que se la prestara para que se quedara a dormir con ella mientras regresaban, así fue como Caya escuchó el sonido del agua potable recorriendo la tubería de pvc, en esa casa también vio por primera vez un inodoro, una pila y un refrigerador. Una plancha eléctrica, un televisor a control remoto y una secadora de pelo.
Qué distinto el sonido del pueblo al de su aldea que quedaba perdida entre los cerros, a donde no llegaba el agua potable, ni la luz eléctrica. Mientras las niñas del pueblo iban a la escuela a Caya le tocaba ir a acarrear agua al nacimiento que quedaba a seis kilómetros de su casa, se llevaba dos mulas y diez tinajas, cuatro en cada mula y dos que cargaba ella, una en la cabeza y otra en la cintura. Eso a las cuatro de la madrugada para regresar aclarando el día, poner a hervir el maíz, molerlo en el molino de mano y echar las tortillas para llevar desayuno a su papá y a sus hermanos que trabajaban de mozos en una finca.
Su mamá para mientras cuidaba a los tres hermanitos pequeños, dos gemelos de meses de nacidos y la hermanita de tres años a la que Caya le llevaba nueve, su mamá le enseñó a hacer quesadillas y pan de arroz, marquesote y semitas que salía a vender al pueblo para ayudarse en la compra de sal, aceite, gas para el candil, jabón, baterías para el radio, azúcar y cal para cocer el maíz. En una de esas ventas fue que la conoció la señora de la farmacia que también le sugirió que comprara leche y que hicieran queso y crema para vender que si quería ella podía ofrecerlos en la farmacia. Cada vez que subía al pueblo a vender Caya se quedaba ayudándole en la limpieza de la casa, a cambio la señora le daba dinero unos días y otros le daba víveres, ropa usada, zapatos que iban dejando sus hijos para que se los diera a sus hermanos. Y un día para su cumpleaños le dio una máquina de coser usada, le dijo que podía comprar pedazos de tela y hacer delantales, bolsas de manta y remendar ropa y que podía quedarse ahí en la casa cosiendo porque le ayudaba la luz eléctrica y así fue como Caya de nía Chenta aprendió el oficio de la costura que le ayudó mucho para dar dinero a sus papás a quienes veía muy poco, entre que limpiaba la casa de la señora, salía a vender las quesadillas, hacía el queso y la crema y se ocupaba en la máquina de coser.
Una noche que se quedó a dormir en la casa de la señora de la farmacia le sucedió la desgracia, uno de los hijos mayores regresó de la capital y la abusó mientras dormía, le tapó la boca para que no gritara y la amenazó que si decía algo iba a contar en el pueblo que fue ella quien lo buscó y que él como era hombre no podía decirle que no. Así fue como Caya de nía Chenta quedó embarazada a los doce años, cuando se lo explicó a sus papás no le creyeron, tampoco le creyó la señora de la farmacia que la culpó de abuso de confianza, que le dijo que cómo se atrevía siendo sirvienta a voltear a ver a sus hijos, que le echó en cara la ayuda, la máquina de coser y los zapatos usados que le regalaba para sus hermanos. Los papás la echaron de su casa, le dijeron que era una vergüenza para la familia y un mal ejemplo para su hermana menor, con tres meses de embarazo Caya se fue de su aldea en Ahuachapán, El Salvador y cruzó la frontera hacia Guatemala, en Jalpatagua buscó trabajo en las tiendas, tocó puertas en casas, en bodegas de granos y consiguió trabajo haciendo limpieza en una cafetería.
No recuerda las veces que la abusó el dueño y la amenazó que si le decía algo a su esposa la echaría a la calle, ahí en la cafetería tuvo a su hija, a los dos meses cuando sintió fuerza para poder caminar se fue del lugar, se paró a media calle con su hija en brazos y paró tráileres pidiendo que la llevaran a la capital, no tenía dinero, de tráiler en tráiler llegó a la frontera entre México y Guatemala, en ese camino conoció la ingratitud, porque sin dinero la única forma de pago fue su cuerpo, ninguno se ofrecía a llevarla si no le daba algo a cambio y de la misma forma atravesó México en tráileres con su hija en brazos, así fue como llegó a Estados Unidos después de cruzar por la línea del tren entre Sonora y Arizona, de eso ya veinticinco años.
Caya pone el agua a hervir en una olla pequeña, la medida justa para tres tazas de café, no se acostumbra al café instantáneo ni a las máquinas eléctricas, tiene que tomar su café hervido. Se cambió el nombre, desde que llegó al país dijo que se llamaba María, le dicen Marry, no quería ningún recuerdo de la familia que la echó, su nombre tampoco. Tiene 22 años trabajando de costurera en una lavandería, vive en un apartamento que comparte con su hija Nuria y su nieto Paco, de los tres él es el único con papeles pues es ciudadano estadounidense, está en la escuela primaria. Ni su hija ni su nieto saben su historia ni por qué emigró, no conocen a los familiares de su mamá y su abuela, sólo saben que es salvadoreña y que cuando extraña su país hace quesadillas y pan de arroz que acompaña con café hervido, pero cada vez es menos.
“Cuando
morir no es suficiente”, subtítulo del reciente libro “Necromáquina”
(2021) de Rossana Reguillo, apunta a la dimensión “abismal” de la
violencia extrema que estamos viviendo en México desde la agudización de
una “guerra inducida” (Monárrez) que alcanza hoy niveles casi
inimaginables de crueldad.
Enfrentar las masacres y desapariciones
y la extorsión impuestas por el crimen organizado, en colusión muchas
veces con autoridades, es aterrador para la población; analizarla, es un
reto doloroso. Dar cuenta y articular el sentido del salto a una
crueldad extrema, que secuestra, desaparece, desgaja cuerpos humanos y
los oculta como despojos en fosas clandestinas o los exhibe
des-humanizados en calles y puentes, implica confrontar el espanto que
enmudece, atreverse a mirar un horror asociado con lo indecible, para
acotar con el poder de la palabra ética ese vacío que amenaza con
engullir el sentido de lo humano y lo social.
Con una
impresionante trayectoria como investigadora de las juventudes, los
movimientos sociales y las violencias, Rossana Reguillo ha echado mano
de un sólido bagaje intelectual y de su singular capacidad de reflexión e
imaginación crítica para ofrecernos un acercamiento a las ya no tan
nuevas violencias que desafían día a día a la sociedad, al Estado y su
perdido monopolio del uso de la violencia “legítima”.
Con ello nos
invita a superar las explicaciones maniqueas e intentar aprehender lo
que llamamos “barbarie”, como si fuera ajena a “nosotros”, y resistir a
su normalización.
Aunque una primera lectura no dé cuenta de la
riqueza de este libro, destaco al menos su relevancia para pensar mejor
en vías de resistencia e intervención social ante las violencias que
desde hace años diezman nuestro presente y futuro.
A través del
análisis de hechos violentos que pautan el paso del inicio de la
“guerra” al predominio del “narco” en vastas regiones, al control con
afán totalitario sobre territorios, recursos, personas, redes políticas y
sociales del crimen organizado, Reguillo explica la transformación de
lo que antes llamó “narcomáquina”, todavía activada por una
racionalidad acumulativa de ganancias, a lo que hoy nombra
“necromáquina”, una insaciable maquinaria de muerte.
La
“necromáquina” remite a las violencias atroces, con que no se busca
matar para deshacerse de un “enemigo” sino demostrar un poderío que se
quisiera inconmensurable sobre la vida misma: ya no basta con morir,
explica un chico engullido por el crimen organizado, es preciso
desbaratar(se). Ya no basta matar, hay que imponer dolor y destruir.
La
necromáquina, explica Reguillo, “es la disolución de la vida en estado
de urgencia”, recurre a una práctica de “tierra arrasada”, de
“destrucción sistemática del territorio y de la vida, para imponer un
régimen de terror a través de violencias inenarrables y someter a las
poblaciones a la resignación total”. En ella participan tanto el crimen
organizado como los ejércitos que expulsan poblaciones para implantar
megaproyectos.
La “necromáquina” recurre a la violencia
“disciplinante” para conformar cuerpos y mentes sumisos; despliega sobre
todo “violencia expresiva” en procesos de des-humanización y
des-personalización; transforma vidas en despojos, que exhibe para
aterrar. El efecto de esta violencia expresiva – también evidente en
los casos de feminicidio de Ciudad Juárez (Monárrez, Segato)- no queda
en gritos o estremecimientos de espanto.
La necromáquina,
desplegada con particular brío en Michoacán, transforma y conforma
relaciones sociales, modos de pensar y vivir: normaliza la violencia y
su lenguaje. Crea sus propios agentes, sus condiciones de
funcionamiento. Apela a la emoción, al anhelo de pertenencia o
“redención” (como la Familia/Templarios)…
Con lucidez, Reguillo
nos confronta con la realidad de una maquinaria destructiva, que se
nutre en las capas oculta(da)s de una sociedad que ha negado presente y
futuro a millones de jóvenes y tolerado violencias insoportables sin
reconocer su propia responsabilidad.
No todo está perdido, sin
embargo. La resistencia individual y colectiva que representan el
trabajo de periodistas de investigación, bordadoras por la paz, madres
buscadoras, libros como éste (añado), desafía el silencio y el
sometimiento ante la normalización del horror.
Ciudad de México.-
El Centro de Derechos Humanos Zeferino Ladrillero- defensa legal de
Kenia Hernández Montalván- y la Red Nacional de Defensoras de Derechos
Humanos en México (RNDDHM), pidieron al gobierno federal retirar los
cargos en contra de la defensora, terminar con su criminalización y
solicitaron una mesa de diálogo con las autoridades federales para
resolver el caso y otorgarle la libertad.
En un comunicado, la
RNDDHM también se pronunció para exigir el cese inmediato de las
acciones de criminalización y acoso judicial en contra de la defensora.
“El
caso de Kenia se encuentra en el contexto adverso que enfrentamos las
defensoras de Derechos Humanos ante la violencia y agresiones ejercidas
por parte de distintas autoridades quienes en este caso recurren al uso
ilegítimo e ilegal del sistema penal como medio para obstaculizar su
labor y estigmatizar a las defensoras y defensores de DH”, expresó la
Red.
Datos de la RNDDHM y de la Iniciativa Mesoamericana de
Mujeres Defensoras de Derechos Humanos (IM-Defensoras), señalan que de
las 1 mil 125 agresiones documentadas en 2021 en contra de defensoras,
105 están relacionadas con el inicio de causas o juicios penales y/o
administrativos con base en la fabricación de hechos y pruebas, como en
el caso de Hernández Montalván.
Kenia Hernández es una abogada,
feminista y defensora indígena amuzga que ha participado en distintas
luchas y movimientos sociales del estado de Guerrero. Es integrante del
“Movimiento por la Libertad de los Presos Políticos” y dirigente del
“Colectivo Libertario Zapata Vive”. Fue desplazada de Guerrero luego de
recibir amenazas de muerte por parte de grupos criminales, por estos
hechos, en 2019 fue incorporada al Mecanismo Federal de Personas
Defensoras de DH y Periodistas.
No obstante, ha sido acusada de
diversos delitos por los que actualmente se encuentra en reclusión. El
pasado 19 de febrero, Kenia Hernández fue sentenciada a 10 años y seis
meses de prisión, y una multa de 21 mil pesos por parte del Tribunal de
Enjuiciamiento del Distrito Judicial de Almoloya de Juárez, en el Estado
de México por el supuesto delito de “robo con violencia” en contra de
Concesionarias Mexiquenses S.A. de C.V. Ésta sería la única sentencia
que se ha dictado en su contra, mientras que el resto de los procesos
siguen abiertos.
Por lo anterior, ayer, durante la conferencia
mañanera del presidente Andrés Manuel López Obrador, fue interrogado
sobre la situación de la defensora, a lo que respondió que le pediría al
subsecretario de Población, Migración y Derechos Humanos, Alejandro
Encinas, “que atienda el caso y que le dé un informe sobre la situación
de la defensora”.
Posterior a la declaración, el Centro de
Derechos Humanos Zeferino Ladrillero, emitió un comunicado en el que
informa al titular del Ejecutivo federal que Hernández Montalván fue
privada de su libertad bajo hostigamiento judicial, y que ha sido
víctima de violencia institucional y de género y que durante las
audiencias, la representante de CAFUPE y el juez a cargo del caso han
señalado a Kenia Montalván como una mujer “peligrosa y insumisa” que
necesita prisión preventiva para evitar el ejercicio de los derechos a
la protesta social, asociación y libertad de expresión.
CIMACFoto: Angélica Jocelyn Soto Espinosa.- Ciudad de México.-
Luego de que en Ecuador se aprobara una ley de interrupción voluntaria
del embarazo en casos de violación que establece un límite de edad
gestacional de 12 a 18 semanas (dependiendo la edad y localidad), la
organización experta en derechos sexuales y reproductivos Ipas CAM
explicó que los límites en la edad gestacional es una barrera que
persiste en otros países de América Latina, incluso en México.
El
pasado 17 de febrero, la Asamblea Nacional en Ecuador aprobó la Ley
Orgánica para garantizar el acceso a los servicios para la interrupción
voluntaria del embarazo por violación. Esta decisión da cumplimiento a
una sentencia de 2021 que emitió la Corte de aquél país para reconocer
la interrupción del embarazo para víctimas de violación; no obstante, en
esta regulación se impone un límite de edad gestacional para acceder la
interrupción voluntaria: 12 semanas para mujeres adultas y personas
gestantes, y 18 semanas para niñas, adolescentes y mujeres de la
ruralidad y de comunidades indígenas.
La imposición de un límite
de edad gestacional es contrario a los derechos de las víctimas porque
es una barrera práctica que niega el acceso a la IVE a las víctimas que,
por distintas circunstancias, rebasen el límite de edad establecida,
explicó en entrevista con Cimacnoticias, Marisol Escudero Martínez,
asesora de políticas de Ipas CAM.
De acuerdo con la abogada, no
existe evidencia científica que respalde la decisión de imponer un
límite de 12, 18 semanas u otro plazo gestacional para que una víctima
de violación sexual acceda al aborto; por el contrario, refirió, los
protocolos para los servicios de aborto de la Organización Mundial de la
Salud señalan que es que es factible y seguro realizar una interrupción
del embarazo hasta en el segundo o incluso tercer semestre de la
gestación, siempre y cuando se realice por personal debidamente
capacitado y con los insumos adecuados.
En Chile, por ejemplo, la
Ley N°21.030 establece que el aborto es legal cuando el embarazo sea
resultado de una violación, siempre que no hayan transcurrido más de 12
semanas de gestación. En caso de menores de 14 años podrá realizarse
hasta las 14 semanas de gestación. Lo mismo establece la legislación de
Uruguay, donde se pide como requisito además presentar una denuncia
formal. En Panamá se prevé la interrupción voluntaria del embarazo que
fue consecuencia de violación pero solo durante los 2 primeros meses de
la gestación.
Escudero Martínez especificó que en casos de
violación, las leyes no pueden prestablecer criterios o límites de edad
gestacionales porque hay situaciones en las que las mujeres tardan en
denunciar la violación sexual, así como identificar o atender los
embarazos; por ello, dijo, este tipo de requisito establece una barrera
que afecta de manera desproporcional a niñas, adolescentes, con
discapacidad y en condiciones con vulnerabilidad.
Por ello,
señaló la también defensora de los derechos sexuales y reproductivos, la
autoridad sanitaria en cada país debe tomar en cuenta las
características particulares de cada caso y, en el caso de las
legislaciones, cuando se regule la interrupción del embarazo se debe
tomar en cuenta la evidencia científica y el marco internacional de
Derechos Humanos.
De acuerdo con Escudero Martínez, en Ecuador
fue muy evidente que los criterios para establecer la edad gestacional
máxima para acceder al aborto nació de consideraciones políticas y no
así de la evidencia científica. Desde la propuesta inicial de dictamen
se propuso limitar la IVE a 28 semanas de gestación, después se redujo a
18, luego a 16 y finalmente quedó en 12 semanas sin ninguna
argumentación científica ni de DH que lo justificara, detalló la
experta.
Luego de Ecuador, el pasado 22 de febrero Colombia
consiguió la despenalización del aborto hasta las 24 semanas de
gestación. En este caso no sólo para víctimas de violación, sino para
toda aquella mujer que por distintas razones quisiera interrumpir su
embarazo.
A decir de Escudero Martínez, la discusión en América
Latina en torno a la despenalización del aborto, debe ir hacia el
reconocimiento del aborto como un servicio de salud, esto quiere decir
que su provisión debe responder justamente a los protocolos y estándares
de la OMS, así como evaluar caso por caso para determinar la seguridad
y la procedencia de la interrupción del embarazo.
México: SCJN tiene criterios claros
En
julio de 2021, la Suprema Corte de Justicia de la Nación en México se
pronunció al propósito del Amparo en revisión 438/2020 promovido a favor
de una mujer con parálisis cerebral severa, en condición de pobreza y
marginación, víctima de violación sexual cuando era menor de edad, a
quien el Director del Hospital General de Tapachula, Chiapas, le negó la
posibilidad de interrumpir el embarazo producto del delito del que fue
víctima por estar fuera del plazo de 90 días después de la “concepción”,
establecido en el artículo 181 del Código Penal para el estado de
Chiapas.
Al revisar el caso, la Primera Sala de la SCJN declaró
inconstitucional la porción normativa del artículo 181 del Código Penal
para el estado de Chiapas, ya que –dijo– la limitación temporal (o
límite de edad gestacional) prevista en dicho precepto implica un total
desconocimiento de la dignidad humana y del libre desarrollo de la
personalidad de las mujeres gestantes, cuyo embarazo no es producto de
una decisión libre y consentida, sino resultado de conductas arbitrarias
y violentas que desconocen su carácter de sujeto autónomo y que por lo
mismo se trata de conductas que se encuentran tipificadas penalmente y
son reprochables por el Estado.
Previo a esta decisión, el
congreso de la Ciudad de México pretendió elaborar una nueva Ley de
Salud en la que se establecía un límite de 20 semanas para que las
víctimas de violación interrumpan un embarazo. Si bien esta iniciativa
fue aprobada por mayoría de votos, las organizaciones civiles feministas
consiguieron mediante reuniones con las autoridades capitales que éstas
la echaran atrás.
