Violencia política de género

Por Claudia Almaguer

    

Si fuésemos hombres a nadie se le ocurriría al presentarnos como profesional que nos saludaran con un “Hola lindo” o que tuviéramos que tragarnos las insinuaciones, las machoexplicaciones y el uso de diminutivos, ¿imaginan nombrar a un diputado, gobernador o presidente en términos de Pedrito, Manuelito y Andresito?

Cd. de México, 29 jun. 20. AmecoPress/SemMéxico.- “Haré un manual de cómo se debe tratar a las mujeres en espacios de decisión” comenté a una querida amiga con la que coincido en diversas actividades interinstitucionales en San Luis Potosí, aunque desde luego no será el único sitio que debe trabajar arduamente en sus estereotipos de género, nos encontramos a punto de decidir por la paridad en todo, pero ha caminado antes la ley que la manera en que concebimos el uso del poder en México.

Para quienes participamos en cualquier punto de este ámbito de lo político, de lo visible, las anécdotas de las prácticas de discriminación van del micromachismo a la minimización, a la condescendencia y a la violencia, expresiones que no se manifiestan sólo en tiempos de campaña sino en los actos cotidianos dirigidos a calificarnos.

Las "machoexplicaciones"

Si fuésemos hombres a nadie se le ocurriría que al ser presentados con un colega en nuestra calidad profesional éste nos saludara con un “Hola lindo” o que tuviéramos que tragarnos las insinuaciones, las machoexplicaciones y el uso de diminutivos, ¿imaginan nombrar a un diputado, gobernador o presidente en términos de Pedrito, Manuelito y Andresito? ¿O que se olvidaran de sus cargos y se omitieran intencionalmente sus saberes? En gestos como estos casi imperceptibles todas tenemos algo que contar.

En tanto se confía ciegamente en la palabra del hombre político debido a la costumbre de que habiten “naturalmente” el poder, porque nos gusta creer que “saben” y no les pedimos que acrediten ni su experiencia ni su conocimiento cuando las mujeres nos encontramos en el espacio público tal parece que el entorno necesita terapia para que no cale tan hondo, para irse habituando de a poco y sin prisas al cambio brutal de la igualdad.

De hecho, es tan común la discriminación de género en este ámbito que el Instituto Nacional Electoral cuenta entre su material con estrategias para responder preguntas sexistas como las que realiza la prensa a candidatas y funcionarias de cualquier nivel respecto a su maternidad, a su estado civil o cuando se pone en duda su autonomía y sus capacidades o de plano existen calumnias y agresiones producidas para perjudicar su imagen.

El informe “Subordinadas y bellas. La violencia política contra las mujeres en prensa y redes sociales durante el Proceso Electoral Local 2018 – 2019” publicado por el mismo INE señala que la cobertura a candidatos en ese periodo fue un 230% mayor en redes sociales y 350% en prensa en comparación a la de las mujeres, quienes encontrándose en la misma calidad de competir por un puesto político no sólo fueron invisibilizadas sino que 78 de cada 100 mensajes dedicados a ellas incluyeron roles estereotipados y el resto las mencionó como objeto sexual. No está demás enterarse del señalamiento realizado en el estudio respecto a quienes ejercieron esta violencia: “Las y los autores de estas publicaciones consideran que las mujeres en general carecen de méritos profesionales para desempeñarse en la esfera pública por sí mismas, sin el auxilio de los hombres, de sus partidos o de su familia.”

De ahí los dos adjetivos que nombran a este análisis y la trampa de prejuicios que se resume de la siguiente manera: si fueran “buenas” estarían en casa, como dice el actual presidente cumpliendo con la tradición de cuidar de todos pero como andan en la vida pública entonces no lo son y caben perfectamente todas las palabras que allí se mencionan de traicioneras, interesadas en el beneficio personal o inexpertas, mentirosas, superficiales, incapaces, bonitas pero ignorantes, SUBORDINADAS Y BELLAS.

Hay muchas expectativas de poder conseguir un castigo para estas prácticas mediante la aplicación de reformas jurídicas como la creación del delito de violencia política contra las mujeres en razón de género en la Ley General en Materia de Delitos Electorales y seguramente ante la amenaza de la sanción penal se cuidarán mucho más aquellos actores que dentro y fuera de los partidos no están de acuerdo con la paridad, pero casi nunca funciona dejar el cambio cultural a la mera aplicación de una política como esta.

Es necesario como indican ya algunas recomendaciones internacionales de carácter feminista hacer visibles las aportaciones de las mujeres y erradicar los prejuicios que perviven en la sociedad y en los medios de comunicación respecto al derecho de la participación política en igualdad, porque en estas expresiones comienzan a gestarse las que luego indica el Violentómetro creado para este contexto, es decir que previo a las bromas hirientes, la agresión verbal, la restricción del uso de la palabra, la humillación, los insultos o la intimidación hay todo un sistema que así lo legitima y del que hay que hacerse responsable.

A más ver.

Foto: SemMéxico. 

Día Mundial de Población: desafíos entre mujeres

Gabriela Rodríguez*

El 13 de julio, en el Consejo Nacional de Población (Conapo) celebraremos el Día Mundial de Población con un conversatorio abierto en las redes en el que presentaremos un trabajo póstumo de Carlos Echarri Cánovas, elaborado en colaboración con ONU-Mujeres México. El doctor Echarri fue secretario general del Conapo de diciembre de 2018 al 10 de julio de 2019, cuando un dolorosísimo accidente cerró para siempre la destacada trayectoria de un profesor-investigador de El Colegio de México, quien demostró un incisivo compromiso en la lucha contra las desigualdades so-ciales de la población, con una perspectiva de género.

Bajo el título Estimaciones de Igualdad y Autonomía de las Mujeres y las Niñas el autor analiza las implicaciones del cruce entre desigualdades estructurales y desigualdades de diferentes grupos de mujeres. Siguiendo algunas de las metas de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, se evidencia la situación de desventaja que presentan las mujeres respecto a loshombres en los indicadores demográficos y la mayor adversidad que afrontan mujeres indígenas, las que viven en comunidades rurales y en zonas urbanas más pobres. El rezago educativo es una de las más acusadas carencias, lo presentan 106.5 mujeres por cada 100 hombres, las de mayor edad están más afectadas por baja escolaridad y analfabetismo. La carencia por ingreso del hogar inferior a la línea de bienestar mínimo es de 104.3 mujeres por cada 100 hombres. La cobertura de las mujeres a los servicios de salud es mayor: 66 presentan carencia de acceso por cada 100 hombres, 97.7 mujeres habitan en viviendas sin servicios básicos por cada 100 hombres; datos de la Encuesta Intercensal 2015 confirma esa mayor cobertura, la cual está relacionada con programas dirigidos a la atención del embarazo y del parto: hay 80 hombres por cada 100 mujeres con afiliación a los servicios de salud, la situación más igualitaria entre sexos se da en la población más rica de las grandes ciudades y la menos igualitaria se registra en las zonas rurales con mayor pobreza. Conocer y erradicar la violencia contra las mujeres cobra un lugar prioritario en la agen-da nacional, el doctor Echarri encuentra que la violencia en el ámbito conyugal es más frecuente en las ciudades que en ámbitos rurales: la sufren 27.6 por ciento de las mexicanas del estrato bajo urbano y 23 por ciento de las que residen en localidades rurales; la violencia sexual por una persona distinta de la pa-reja afecta a 22.1 por ciento de las muje-res, con mayor prevalencia en las grandes ciudades (28.4 por ciento), la sufren 27.4 por ciento de las mujeres del estrato alto urbano y 29.5 por ciento del estrato bajo; estos porcentajes son de 6.6por ciento entre las mujeres rurales más pobres y de 7.5 por ciento en las indígenas más pobres; conviene tomar con precaución estas cifras, toda vez que estas agresiones suelen reconocerse más entre mujeres urbanas y con mayor escolaridad. En cuanto al fenómeno de unión o matrimonio infantil y adolescente el gradiente socioeconómico es claro: ocurre en 5.2 por ciento de mujeres urbanas del estrato alto, en 24.8 por ciento del estrato bajo urbano, entre mujeres rurales más pobres alcanza 32.4 por ciento y entre las indígenas rurales es de 37.9 por ciento. Se trata de un indicador estrechamente relacionado con la fecundidad adolescente, que reproduce la falta de movilidad social: 13.9 por ciento de las mexicanas inició la maternidad cuando era menor a 18 años, en el estrato urbano bajo alcanza 19.8 por ciento y sólo cuatro de cada 100 mujeres del estrato alto se hace madre adolescente en las grandes ciudades; de manera contrastante, alcanza a 23.7 por ciento de las mujeres rurales y 27.4 de quienes se identifican como indígenas.

El nuevo texto de Carlos Echarri estará disponible a partir del 13 de julio (http://www.conapo.gob.mx), contempla esos y otros temas que ayudan a comprender las condiciones desiguales que enfrentan las mexicanas de hoy y ofrece pautas para anticipar algunos desafíos ante la inaudita pandemia y pospandemia. Sus estragos no sólo cobran miles de vidas, también desnudan las desigualdades sociales, el rezago en los sistemas de salud y en los derechos de las niñas, adolescentes y de todas las mujeres. Lo sombrío del momentum se expresa muyconcretamente en el crecimiento de la pobreza por efecto de la pandemia, que en México pasará de 41.9 a 47.8, según la Cepal. Desde el Conapo se ajustarán nuevas rutas de la política demográfica, con base en el principio Por el bien de todos, primero los pobres. Se están iniciando estimaciones de los efectos de la pandemia en las tasas de fecundidad y mortalidad, en la estructura poblacional, en la movilidad y en los desplazamientos internos e internacionales. Desde la Cumbre sobre Población y Desarrollo realizada en Nairobi en noviembre pasado, el subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración, Alejandro Encinas, destacó el sentido humanista y de respeto a los derechos humanos que tiene el gobierno y definió sin ambages que la política de población implica medidas para reducir las brechas de desigualdad, las prácticas nocivas de violencia y por razón de género, así como garantizar la libertad y los derechos sexuales y reproductivos.

*Secretaria general del Conapo

Twitter: Gabrielarodr108

Convocan a participar en informe sombra de CEDAW

Angélica Jocelyn Soto Espinosa 

Foto tomada de redes sociales

Ciudad de México. Organizaciones civiles que participan en la plataforma “Nosotras tenemos otros datos” convocaron a otras organizaciones, redes de mujeres, académicas, colectivas defensoras y feministas en general a participar en la creación del Informe Alterno CEDAW 2020.

Del 30 de junio al 15 de julio, las organizaciones feministas que respondan a la convocatoria estarán trabajando en la integración de un informe que demuestre con información “contundente y precisa” la real situación de las mujeres en México, explicó en conferencia de prensa la defensora e intrigante de la organización “Las Constituyentes”, Yndira Sandoval.

El documento que elaboren se presentaría a la par de un informe “de medio término” que debe entregar en julio de 2020 el Estado Mexicano al Comité de la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer (CEDAW, por sus siglas en inglés) sobre el avance en el cumplimiento de las recomendaciones que se le hicieron a nuestro país en 2018 a partir de su 9 informe de cumplimiento. 

El Comité CEDAW es un órgano integrado por 23 personas expertas independientes de todo el mundo que supervisan la aplicación de la CEDAW en los Estados parte, entre ellos México. Este organismo revisa periódicamente a los Estados para vigilar su avance en garantizar los derechos de las mujeres. La revisión más reciente para México fue en 2018, cuando el gobierno de México entregó su noveno informe de cumplimiento y la CEDAW le devolvió una serie de recomendaciones cuyo avance debe informar este 2020.

De acuerdo con Yndira Sandoval, en concreto las organizaciones civiles centrarán su informe alternativo en demostrar si hubo o no avances para: tipificación el delito de feminicidio en todos los códigos penales estatales, normalizar los protocolos de investigación policial del feminicidio en todo el país, y garantizar la aplicación de las disposiciones penales por este delito; así como, simplificar y armonizar los procedimientos de activación del programa de Alerta Amber y protocolo AMBAR, agilizar la búsqueda de niñas y mujeres desaparecidas, adoptar protocolos orientados a mitigar la desaparición y trata de mujeres y niñas, y velar porque la Comisión Nacional de Atención a Víctimas incorpore la perspectiva de género.

Asimismo, se concentrarán en revisar la repercusión del mecanismos de la Alerta de Violencia de Género, y en la aceler la resolución del caso Pilar Arguello Trujillo, víctima de feminicidio en 2012 cuyo caso sigue impune, para la resolución de otros casos similares. 

Estos datos servirán al Comité CEDAW de contraste con respecto a lo que la representación del gobierno mexicano le informe sobre las acciones que ha realizado en estos dos años para atender sus obligaciones para promover y garantizar los derechos de las mujeres y las niñas.

Para participar en la integración del informe sombra se requiere mandar al correo electrónico que está sus redes sociales (nosotrastenemosotrosdatos@gmail.com) una carta de exposición de motivos, que precise el campo de experiencia y en qué eje podría aportar; llenar el formulario de registro (que será vigente de hoy y hasta las 11:59 de la noche del 15 de julio), y cumplir con los compromisos que se asuman como parte de la metodología que estará a cargo de “Nosotras tenemos otros datos”. 

Anamuri: 22 años defendiendo la tierra y los derechos de las mujeres

rmr.fm

Mano a mano con Gabriela Curinao, directora de Asociación Nacional de Mujeres Rurales e Indígenas (ANAMURI) de Chile.                     

El 13 de junio, la Asociación Nacional de Mujeres Rurales e Indígenas (ANAMURI) celebra 22 años de lucha y acción. Esta vez será de manera virtual a través de la página de Facebook.

Gabriela Curinao forma parte de Anamuri desde su fundación en 1998:

«Crecí en Santiago, con todo lo que significa la diferencia y la discriminación por el hecho de ser mapuche. Cuando terminé la universidad estaba en búsqueda de mi identidad, de la historia de mi pueblo, del significado de mi apellido».

Mafalda Galdamés, vinculada a las organizaciones campesinas que existían en ese momento y con quien Gabriela trabajaba en una ong dedicada al desarrollo comunitario para poblaciones en situación de vulnerabilidad de Santiago, invitó a Curinao a sumarse a las reuniones en las que organizaban lo que pronto sería la Asociación Nacional de Mujeres Rurales (ANAMUR) y, un año después ANAMURI -al añadir a las compañeras indígenas en la sigla-.

En esa reunión constitutiva del 13 de junio de 1998 estaban referentes históricas, que hasta hoy siguen presentes y marcando huella en las campañas de Anamuri, como Francisca “Pancha” Rodriguez y Alicia Muñoz, que venían de la militancia campesina y en la política de izquierda.

Desde entonces ANAMURI sería clave en la integración de La Vía Campesina y de la CLOC (Coordinadora Latinoamericana de Organizaciones del Campo). En esos espacios de articulación campesina propusieron campañas que se volverían mundiales como la de proteger las semillas nativas, otras contra la violencia hacia las mujeres, y acuñaron el feminismo campesino y popular -una elaboración teórica y práctica forjada a través de varias escuelas de pedagogía feminista locales y continentales, discutida también en congresos y asambleas de la CLOC-, pasando de la consigna “Sin feminismo no habrá socialismo” de 2009 hasta la certeza del presente: “Con feminismo construimos socialismo”.

“El feminismo trae su ruido -dice Gabriela Curinao- y es muy interesante porque hace a las mujeres cuestionarse sobre el género, sumado al cruce interseccional con la clase, con la raza, y la autoformación, en un proceso de fortalecimiento político individual y colectivo. ANAMURI ha hecho un gran aporte en el debate del feminismo”.

Fue el 30 de abril de 2009 en Cuba cuando la CLOC pronunció que “Sin feminismo no habrá socialismo”. “El reto era cómo esta concepción feminista emergería desde un sector de mujeres que históricamente nos situábamos tan lejos de las posiciones feministas, pero al mismo tiempo tan interpretadas por ellas”, decía Francisca Rodríguez en mayo de 2019 en una publicación de ALAI por los 25 años de la CLOC.

“Nuestro feminismo campesino popular se va impregnando de nuestras historias y vivencias, dándole sentido a todo el acumulado político que las mujeres hemos desarrollado”, continúa Francisca Rodríguez en el artículo de ALAI. ¿Por qué es necesaria esta perspectiva? Para la formación de nuevas generaciones campesinas y “para la elaboración y formulación política de nuestra concepción feminista (…) encaminando la lucha por alcanzar una sociedad entre iguales, una sociedad sin violencia, donde la exclusión, la sumisión, la discriminación y la pobreza sean cosas del pasado y podamos vivir en este paso por la vida en plenitud transitando por los caminos del buen vivir”.

Las mujeres que integran ANAMURI sufren ataques en sus tierras, persecución y criminalización. Sin ir más lejos, a lo largo de 2019 (convulsionado y movilizado año, inaugurado por la masiva marcha y huelga general feminista del 8 de marzo, que reunió más de un millón 200 mil mujeres y donde Anamuri participó como parte de la Coordinadora 8M-, hasta el estallido social de octubre con demandas contra el sistema capitalista, patriarcal, racista, sólo frenado -apenas- por la pandemia) esta asociación sufrió ataques en territorio mapuche y ataques a la sede en Santiago.

Como dice Gabriela Curinao, la lucha por el despertar de Chile no era ajena a Anamuri, más bien ellas venían hace años luchando por varios de los puntos que luego fueron parte de la movilización popular del año pasado, como: exigir una nueva Constitución, decidida no solo por plebiscito sino a través de una Asamblea Constituyente, luchar contra las patentes en semillas y defender las variedades nativas y criollas para todo el campesinado y la producción familiar, como parte del derecho a la soberanía alimentaria, movilizarse contra tratados de libre comercio como el TPP-11, entre otros puntos.

«Chile es un país donde privan los intereses económicos privados, y el buen vivir de las personas no existe. En el último congreso de Anamuri planteamos que una de las maneras de cambiar eso era cambiar la Constitución pinochetista que nos mantiene en esta situación económica, social y política desmejorada», dijo Gabriela Curinao. Durante la pandemia se han quedado «en casa, pero no en silencio», como dice la La Vía Campesina. «Hacemos todo el ruido que podemos», dice la directora de Anamuri, y esperan volver pronto a las calles hacia el proceso constituyente y el plebiscito del 25 de octubre.

(CC) 2020 Radio Mundo Real

COVID agudizó condiciones ya precarias en maquilas

 la Redacción

Ciudad de México. Con un llamado a respetar los derechos laborales de las trabajadoras de las maquilas y a que se sigan los protocolos para evitar la propagación de contagios, las defensoras Julia Quiñones y Natasha Montes Hernández, coincidieron en que las trabajadoras deben continuar organizándose para denunciar las condiciones en las que laboran y exigir durante esta pandemia, condiciones mínimas para hacerlo en las mejores condiciones.

Durante su participación en el programa “Análisis Feminista” que se transmite todos los miércoles por el 106.1 de FM, la directora del Comité Fronterizo de Obreras, Julia Quiñones y la integrante del área de procesos organizativos, de ProDesc, Natasha Montes Hernández, hablaron sobre la situación de las trabajadoras de la maquila durante la pandemia.

Ambas coincidieron que estas trabajadoras a lo largo de la historia, han tenido condiciones laborales precarias, pero que éstas se agudizaron y profundizaron con la pandemia por COVID-19.

Si bien la disposición del gobierno federal para evitar contagios fue “Quédate en casa”, lo cierto es que para muchas de estas mujeres esto no es asequible, y no solamente en el sector de la maquila, sino en muchos otros en condiciones precarias en el país, dijo Julia Quiñones.

La defensora precisó que la precarización del trabajo para las mujeres de la maquila se traduce en jornadas laborales extensas, represalias ante la organización y una sobre carga de trabajo en sus hogares, pues muchas de ellas están al cuidado de otras personas, a ello se suma la violencia y acoso que viven en el interior de sus empresas por parte de compañeros y personas con rango superior.

Sin embargo, dijo, cuando las trabajadoras quieren denunciar esto y se organizan hay represalias y despidos, o las ponen en las listas negras, las boletinan para otros trabajos, lo que complica la situación.

El Comité Fronterizo de Obreras, realizó un informe sobre esta situación, en el cual se documenta cómo la pandemia vino a recrudecer las violaciones a los derechos laborales de las mujeres, pero no solo eso, sino toda una confusión por parte de los empleadores sobre cómo actuar, algunas pararon otras no. El reporte es al corte de abril y en él se da cuenta de las pocas garantías de seguridad para las y los trabajadores al interior de las maquilas para hacer frente a la pandemia.

“La mayoría fueron de industria automotriz, al entrar les toman temperatura y les dan gel antibacterial”, en algunos casos se les ofreció irse de vacaciones con su pago al 100 por ciento, pero cuando el tiempo se extendió, se redujo el sueldo al 50 por ciento y eso a muchas mujeres no les conviene.

Quiñones dijo que incluso “había empresas del ramo automotriz que pusieron anuncios dentro de las plantas diciendo que eran esenciales, que estaban haciendo aparatos como respiradores, las trabajadoras embarazadas, o con problemas crónico degenerativos, las empresas los obligaron a llevar comprobantes para demostrar que eran población vulnerable, hay muchos ejemplos de esto”, dijo.

“No tenían saldo ni para el teléfono, las Juntas (de conciliación) estaban cerradas, ellas no tenían como denunciar”.

La periodista y conductora del programa en ausencia de la periodista y directora de CIMAC, Lucía Lagunes Huerta, dijo que una preocupación es la detención de la abogada Susana Prieto Terrazas, asesora jurídica del movimiento obrero matamorense 2032 y defensoras de derechos laborales en Chihuahua, de personas de la maquila, detenida en junio pasado.

Al cuestionar a las defensoras sobre su detención, Julia Quiñones dijo que es preocupante la forma como se llevó a cabo la detención, por la manera arbitraria en que ocurrió. Afirmó que su organización emitió un pronunciamiento donde piden la liberación inmediata de Prieto Terrazas, así como protección para ella y su familia, al tiempo que consideró que éste es un mensaje para las defensoras que luchan por la justicia laboral.

Por su parte, Natasha Montes Hernández, cuestionada por Soto Espinosa sobre a qué se enfrentan las defensoras y sobre la criminalización contra ellas, dijo que tiene que ver con el derecho a la organización de los trabajadores y representación colectiva, para mejorar sus condiciones de trabajo y laboral, miran por el bien coletivo, muchas de ellas son trabajadoras y eso las hace más sensibles a represalias.

“Criminalizarlas, de alguna manera manda un mensaje a las trabajadoras organizadas de que van a ser perseguidas y de que la mejora de su trabajo no está en sus manos y están a expensas de los empleadores y autoridades, éstas sin mecanismos fuertes que las respalden”.

Julia Quiñones dijo que han empezado a ver incrementos en contagios, brotes en diferentes maquiladoras, pero señaló que los medios locales no dan cuenta de esto, no les dan voz, “esto es una señal que no quieren escuchar lo que tenemos que decir y que es la realidad de las trabajadoras”, expuso.

Soto Espinosa preguntó cuál sería el exhorto a las autoridades en esta contingencia, a lo que Natasha Montes dijo que las Juntas locales de Conciliación tienen obligación de atender llamados y denuncias de trabajadores lo que es difícil pues se han mantenido cerradas, y pese a que abrieron una plataforma en internet las y los trabajadores no tienen acceso ya sea por falta de recursos o sobre manejo de estas plataformas.

“Hay omisión pero la misma estructura excluye esta posibilidad de la denuncia y el seguimiento, inspecciones que se realizan tardan mucho, hay pocos inspectores, y las denuncias son mucho más grandes en número y no hay abasto, por otro lado las represalia”, agregó.

Sobre el regreso a la nueva normalidad, señalaron que las maquilas “cambiaron las dinámicas al interior” como espacios para que las y los trabajadores no tengan contacto, pero dijo que muchas manos tienen que pasar por el mismo producto, y se han visto resultados negativos.

“Lo que hemos visto es que ha aumentado mucho, a dos semanas de reactivación, los contagios en la frontera, Ciudad Acuña, ciudad 100 por ciento maquiladora, tiene 3 hospitales a tope, se trajo uno móvil porque ha habido mucho contagio, la mayoría de los contagios son de maquiladoras aunque no lo están diciendo pero lo que nosotros hemos escuchado de las trabajadoras es que las empresas hicieron cambios, pero los horarios para comida siguen siendo los mismos, entonces cuando salen a comer salen todos”, afirmó.

A ello se suma la crisis de cuidados, pues las trabajadoras no tienen dónde dejar a sus hijas e hijos, o a otras personas adultas mayores a su cuidado, por lo que las autoridades tendrían que garantizar escucha a su personal, tener mecanismos para quejas y no sólo atenderlas, sino también tener una perspectiva de género porque implica también tener en cuenta todas estas cosas, como la de los cuidados.

Ambas defensoras coincidieron que las trabajadoras deben seguir organizándose y si las empresas no están siendo efectivas para protegerlas, deben parar hasta que haya condiciones para realizar su trabajo y sanciones para las empresas que no cumplan.

América Latina: Expertas analizan altos índices de feminicidios

Por Redacción

El aumento de feminicidios en AL está asociado a "barreras estructurales", así como al tratamiento legal de los países al grave fenómeno contra la vida de las mujeres

Madrid, 25 jun. 20. AmecoPress/Voz de América.- México, Brasil y El Salvador destacan negativamente como los países con más altos índices de feminicidios y abuso sexual en Latinoamérica. Un grupo de cinco investigadoras abordó este lunes el tema en el panel “Acceso a la justicia: el feminicidio y el estado de derecho en América Latina”.

El centro del debate a través de internet -por las consabidas restricciones impuestas por la pandemia del coronavirus- alcanzó a desglosar cómo la crisis se ha agudizado más debido a los confinamientos en todo el mundo.

Los feminicidios en Brasil aumentaron un 22 por ciento en marzo y abril, en comparación con el mismo período del año pasado y las llamadas a líneas directas de violencia doméstica han aumentado, refiere la breve nota de antesala a la discusión.

El panel estuvo dirigido por la excongresista estadounidense Jane Harman, directora ejecutiva del Centro Wilson, organizador del evento.

“Las estadísticas recientes son horribles y demuestran la alarmante tendencia de la violencia contra las mujeres y las niñas. Solo algunos ejemplos. En Brasil, las tasas de feminicidio aumentaron un 22 por ciento en marzo y abril en comparación con la misma época del año pasado”, dijo Harman.

Según los datos mostrados por el Centro Wilson, En México, 987 mujeres y niñas fueron asesinadas en los primeros cuatro meses de 2020. El mes de abril batió un récord de cinco años.

Incremento de la violencia de género en Latinoamérica: otro síntoma del coronavirus

Gritos, golpes e insultos son solo las manifestaciones más visibles de otros síntomas que se ocultan tras algunas medidas que, irónicamente, buscan la seguridad. Muchas veces y contrario a lo esperado, refuerzan otra pandemia que crece y se fortalece al lado del coronavirus.

En tanto en El Salvador, durante las últimas dos semanas de marzo, “más del 50 por ciento de mujeres murieron más por feminicidio que por COVID-19”, aseguró la institución.

Georgiana Braga residente en El Salvador y representante para el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), habló sobre lo que considera “barreras estructurales”, que intensifican aún más el fenómeno.

Braga mencionó que entre los afectados también están integrantes de la comunidad LGBTI las personas transgénero.

Para Braga, el acceso a los datos es uno de los obstáculos que impide visualizar el problema del feminicidio.

“A nivel regional estamos tratando de tener datos y de hecho datos registrados, porque este es uno de los temas clave que encontramos”, dijo.

En 1994, los países de las Américas adoptaron la Convención de Belém do Pará, formalizando la violencia contra las mujeres como una violación de los derechos humanos.

Desde entonces, Brasil, El Salvador y México han aprobado leyes que penalizan el feminicidio y el abuso doméstico.

“Sin embargo, en toda la región, muchos casos de feminicidio y violencia contra mujeres y niñas quedan impunes”, apunta el mensaje central de la conferencia.

“¿Por qué las leyes siguen siendo insuficientes para proteger a las mujeres y cómo podemos reducir y eliminar las barreras para la implementación?”, preguntaron las panelistas en un llamado de alerta.

“Las estadísticas oficiales muestran que en América Latina cada dos horas una mujer es asesinada por su género; pero el número real es probablemente mucho más alto”, explicó Harman.

Participaron además Juliana Martins, del Instituto Brasileño para la Seguridad Pública; Claudia Calvin, fundadora de “Mujeres Construyendo” y la moderadora Anya Prusa, asociada al Instituto de Brasil.

Fotos: Una activista en México. 8 Marzo de 2020. 

Sin seguimiento, y algunas pendientes de resolver, se encuentran las AVG en el país

Angélica Jocelyn Soto Espinosa 

Ciudad de México. María Candelaria Ochoa dejó este 30 de junio la titularidad de la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia Contra las Mujeres (Conavim), pero la institución se quedó con cinco Alertas de Violencia de Género (AVG) pendientes de resolver por presuntas omisiones en la coordinación de las entidades, en el aporte de información y porque se excluyó a las organizaciones de la sociedad civil, de acuerdo con personas involucradas en estos procesos.
Desde 2015 en México se han declarado 21 Alertas de Violencia de Género en 18 entidades, 10 se han rechazado y cinco permanecen en proceso. Ninguna de estas solicitudes de AVG serían para una entidad completa, todas delimitan un número determinado de municipios, los cuales son prioritarios para ser atendidos por este mecanismo de emergencia por el alto número de delitos cometidos contra las mujeres.
Si bien los gobiernos locales deben operar las AVG y cumplir las recomendaciones que hagan los Grupos de Trabajo, es la Conavim a quien le toca dar seguimiento al proceso para declarar la Alerta, también para coordinar a los actores involucrados, dar seguimiento y evaluar.
Sin embargo, la coordinadora de la Red de Alertistas en México, Leticia Burgos, relató en entrevista que en el caso de Sonora (donde la alerta se pidió inicialmente en 2015, fue rechazada en 2017 y se volvió a solicitar –sin información de los avances hasta ahora– desde julio de 2019), desde hace un año parece que se paralizaron las actividades.
“Nosotras exigimos a la Segob la rendición de cuentas de las Alertas. La Alerta solicitada en 2015 en Sonora fue negada dos años después, pero se hicieron 12 recomendaciones y 9 medidas específicas. Hace un año se admitió la solicitud de una segunda Alerta por delito de feminicidio. Tenemos un año en este nuevo proceso, pero no observamos que funcione. En el caso concreto, por ejemplo, de la emergencia sanitaria, cuando consideramos que hay que redoblar esfuerzos, no hay Alerta y la violencia feminicida sigue aumentando”.
De acuerdo con Burgos, para la segunda AVG que está pendiente en Sonora no hay información pública sobre los avances. Si bien se mantenía un diálogo con Segob, éste se detuvo a inicios de 2020 cuando la Red Nacional de Alertistas solicitó mantener las reuniones virtuales. “Ya se los hicimos saber, pero no hemos tenido respuesta. Esto después de que se declaró la emergencia, mediados de marzo. No nos parece lo más adecuado que en un proceso de emergencia Conavim suspenda reuniones que pueden llevarse de manera virtual”, explicó la defensora de los derechos de las mujeres.
En Sonora, se suman quejas por parte de una integrante del Grupo de Trabajo, quien renunció al proceso de AVG. Ella denunció en una minuta: “manifiesto que he sido objeto de maltrato institucional por parte de Conavim, así como de exclusión deliberada por parte del GT, toda vez que no se consideraron mis aportaciones en el borrador enviado el día 30 de octubre para ser discutido en las sesiones del 31 de octubre y el 1 de noviembre en Sonora” Esto, derivado de una serie de comunicaciones entre la investigadora y el resto de las personas involucradas.
El pasado 19 de febrero de 2020, la Red Nacional de Alertistas (integrada principalmente por organizaciones del norte del país) envió un oficio a la Segob en el que advirtió: “observamos en nuestras propias comunidades la ausencia de la debida coordinación a cargo de su propia Secretaría (…) en tanto observamos el empeño limitado de la Conavim para hacer de la política pública de la AVG una efectiva intervención institucional”.
Sin respuesta, la Red de Alertistas emitió el pasado 25 de mayo un nuevo comunicado en el que señaló que la pandemia significó más rezagos, ya que se hicieron invisibles las acciones de prevención, atención y sanción a la violencia contra las niñas y mujeres en los territorios bajo procesos de AVG. Por esto pidieron un Programa de Emergencia conducido por el Consejo Nacional de Seguridad Pública que rindiera cuentas del ejercicio presupuestal y de las acciones dirigidas a prevenir, atender y sancionar la violencia, lo cual no sucedió.
En un año (de marzo de 2019 al 30 de junio de 2020, el día de la salida de Candelaria Ochoa), la Conavim reportó nueve reuniones con el Grupo de Trabajo de Sonora. Se desconoce el nivel de avance en este proceso.
En Chihuahua, la Comisión Nacional y la Comisión estatal de los DH solicitaron la AVG en junio de 2019. Una de las integrantes del Grupo de Trabajo para investigar la situación de violencia en la entidad, Andrea Medina Rosas (litigante en el caso Campo Algodonero), explicó en entrevista que al ser una entidad con una sentencia por parte de la Corte Interamericana de Derechos Humanos se pidió una metodología de investigación que empatara con los indicadores de seguimiento de la Convención Belém Do Pará, un instrumento internacional de cumplimiento obligatorio para México que establece ampliamente las responsabilidades de los Estados para prevenir y erradicar la violencia contra las mujeres.
Sin embargo, ni la Conavim ni el Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres) tenían el personal capacitado para llevar a cabo una metodología como la que propusieron las expertas. Asimismo, tampoco hubo los recursos económicos suficientes ni el apoyo institucional de las dependencias federales para llevarla a cabo.
Mientras las investigadoras han contado con el respaldo total de las dependencias estatales y municipales, la Conavim inicialmente limitó la participación en el proceso de la Comisión de Derechos Humanos en el estado, que fue una de las solicitantes de la AVG; sólo se logró una reunión con la Comisionada, Candelaria Ochoa, a pesar de que las integrantes del Grupo de Trabajo se la solicitaron desde varios meses atrás; y en el mes de julio, la Conavim buscó brincarse el procedimiento legal y hacer una propuesta directamente al gobierno de Chihuahua con respecto a este procedimiento.
El Grupo de Trabajo que se conformó para Chihuahua –integrado, como en todos los casos, por expertas que laboran sin sueldo– se reúnen hasta dos veces por semana para concluir un informe que sea de utilidad para las dependencias del estado. Si bien las investigadoras ya concluyeron gran parte del informe, aún no pueden presentarlo porque están a la espera de información del ámbito federal que Conavim no les ha hecho llegar. Chihuahua es la entidad con solicitud de AVG en la que la Conavim aseguró tener más reuniones con el Grupo de Trabajo: 23 de mayo de 2019 a junio de 2020.
Esta imagen retomada de una de las minutas del Grupo de Trabajo, demuestra la insistencia de las expertas para que Conavim participe adecuadamente en el proceso.

En la Ciudad de México, un grupo de organizaciones civiles solicitaron una primera AVG desde 2017; ésta fue rechazada por la Conavim en 2019 y luego defendida legalmente por las solicitantes. El gobierno capitalino decidió impulsar una Alerta propia en 2019, con respaldo de la Conavim, muy distinta a la de las organizaciones, pues no integraba acciones por feminicidio.
La AVG “ha sido un mecanismo obstaculizado incluso por algunas instituciones encargadas de su activación”, señaló la abogada Ana Yelí Pérez Garrido el pasado 29 de julio, ya que hubo un retardo injustificado por parte de la Conavim, quien presentó hasta marzo de 2018 un informe que debió entregarse en 2017 y porque determinó hasta el 7 de junio de 2019, tres años después de pedirse, la no declaratoria de la AVG.
Por ello, las organizaciones solicitantes presentaron ante la SCJN para su atracción, un amparo contra la decisión de la dependencia por “indebida fundamentación y motivación”. En el caso de la AVG que presentó la CDMX, las organizaciones están avanzando en reuniones con las dependencias locales, sin Conavim, para generar un plan estratégico para incluir con mayor amplitud lo que se pidió en 2017 y garantizar la inmediatez de las acciones.
La Segob también tiene pendiente resolver las solicitudes de AVG para Tlaxcala y Baja California, las cuales se presentaron desde noviembre de 2019 y marzo de 2020, respectivamente. En el caso de Tlaxcala, la Conavim reportó cinco reuniones con el Grupo de Trabajo pero no tiene información pública sobre el avances en el proceso y en el caso de Baja California, la Conavim informó que recién está en proceso de convocatoria para el Grupo de Trabajo.
La AVG de Guerrero, la última que alcanzó a declarar Candelaria Ochoa, pasó antes por un proceso de opacidad. En este caso, la integrante del Sistema Estatal para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, Marina Reyna Aguilar, reveló días antes de la declaratoria que las autoridades estatales y la Conavim celebraron sesiones para el seguimiento de la AVG sin la presencia del Sistema, rebasó los plazos para la entrega de información y avances, y no fueron transparente con ella ni con las organizaciones civiles peticionarias. Esto a pesar de que la propia Reyna, como parte del Sistema Estatal, envió oficios y comunicaciones constantes para exigir información.
El rezago también sería para el caso de las AVG ya declaradas. Por ejemplo, en Veracruz, donde hay una Alerta desde 2016, también por agravio comparado, hace más de un año que las organizaciones no tienen conocimiento de en qué va el proceso; y en el caso de Jalisco, cuya declaratoria se tuvo hace año y medio, no existen avances en la implementación de las medidas dictadas, no hay transparencia sobre las acciones que se llevaron a cabo, tampoco indicadores cualitativos y cuantitativos que permitan medir los avances, ni acciones eficaces para garantizar el cese de la violencia feminicida en la entidad.

 “Arrogancia” en la dependencia

Desde finales de la gestión de Angélica Quiroga, extitular de la Conavim, y durante la gestión de la comisionada más reciente, Candelaria Ochoa, se observó una ausencia de coordinación por parte de esta dependencia en las entidades del país, pues no participaba en reuniones estatales, no brindaba información oportuna sobre el proceso y permitía el incumplimiento de plazos, de acuerdo con lo que dijo a Cimacnoticias el abogado de Justicia Pro Persona, Rodolfo Domínguez Márquez, quien además integra el Observatorio Ciudadano Nacional contra el Feminicidio que acompaña más de un proceso de Alerta en el país.
“La Conavim se desdibuja como una instancia coordinadora y se vuelve una observadora pasiva pero, por el contrario, sí ha pedido más recurso. Vemos un actor omiso porque quiere incidir mediante mayor presupuesto pero sin acciones estratégicas. Vemos un actuar pasivo, poco claro, poco ágil, poco certero y poco estratégico para el seguimiento y evaluación de las AVG que se han solicitado”, observó el abogado.
Domínguez Márquez relató que al inicio de su gestión, Candelaria Ochoa sí recibió a las organizaciones civiles para hablar sobre las AVG pero al paso del tiempo las excluyó de las reuniones y de la toma de decisiones de los Grupo Interinstitucional y Multidisciplinario (GIM) que se integran para dar seguimiento a las alertas. Esto, bajo el argumento de supuesto conflicto de interés o por falta de regulación en la normativa. Por ejemplo, en Veracruz, donde ya existe una AVG por agravio comparado, la Conavim sometió a votación de quienes están las sesiones ordinaria la participación de las organizaciones peticionarias en el proceso porque no están reconocidas explícitamente en la normatividad de la AVG.
Como parte de su gestión, Candelaria Ochoa propuso el 3 de abril de 2019 al Senado de la República una serie de modificaciones para la AVG, entre ellas la creación de contralorías de género para las 601 municipios con Alertas; la creación de una comisión interinstitucional con la participación del Poder Judicial, la Cámara de Diputados, la Fiscalía General de la República y un organismo institucional; la creación de indicadores para cada Alerta de Violencia de Género y que se tengan “elementos objetivos” para la declaratoria. La iniciativa permanece detenida en el Congreso.
Al respecto de esta propuesta, el abogado señaló que la “contraloría ciudadana” es una simulación y sólo significa más retrasos, toda vez que la participación de la sociedad civil o de personas expertas es algo que ya está considerado en recomendaciones internacionales pero actualmente la propia Conavim se opone a que participen; asimismo, el desarrollo de indicadores para evaluación del mecanismo es algo que han exigido las organizaciones civiles desde hace años, pero la Conavim se los ha negado.
Por ejemplo, en Jalisco se desarrollaron indicadores con personas expertas contratadas por las propias ONG, pero hace más de 6 meses la Conavim frenó el proceso de implementación bajo el argumento de que trabajaría en indicadores generales para todas las AVG, los cuales aún no se han presentado.
“La propuesta legislativa está centrada en la creación de una comisión de expertas que dé seguimiento a todo, pero ésta es precisamente la función de la Conavim. Buscan más recursos pero en el fondo no está sirviendo para la implementación del mecanismo. La propuesta de las ONG es que si se crea este comité debería ser como asesor, complementario, que dé seguimiento de evaluación y no de coordinación”, explicó Domínguez Márquez.
El abogado de Justicia Pro Persona agregó que estas acciones, lejos de mejorar el mecanismo, lo burocratiza. “Son instancias que quieren llegar a redescubrir un mecanismo que llevamos implementando desde hace 10 años, pero quieren hacerlo sin tomar en consideración todo lo que se ha avanzado, como judicializar, recomendaciones internacionales específicas. Hay una vanidad o testarudez de no querer escuchar otras opiniones, lo que genera que el mecanismo no sirva y que se agrave el contexto de violencia contra las mujeres en el país”.
“La Conavim está generando un retroceso muy grande en lo que se había avanzado, está en un papel muy arrogante que no toma en consideración la expertiz de quien ha trabajado tanto tiempo”, señaló el experto. 
De acuerdo con el informe de resultados de la gestión de Candelaria Ochoa presentado este 30 de junio, durante este año de trabajos se declararon dos AVG (la segunda de Edomex, por desaparición de niñas y mujeres, y la segunda en Guerrero, por agravio comparado). En 2018 se consiguió que para 2019 las AVG contaran con el máximo de recurso otorgado para ello (101 millones 591 mil 382.4 pesos), pero la institución no logró defender este presupuesto para 2020, cuando se otorgó 79 millones 930 mil 550 pesos.
20/AJSE/LGL

Egipto: La periodista Nora Younis detenida en su propia redacción

2 de julio de 2020.

Por Jesús Cabaleiro Larrán

    

Las fuerzas de seguridad egipcias allanaron las oficinas de la agencia de noticias Al Manassa y arrestaron a su redactora jefa, Nora Younis. Se trata de un ataque más a los medios de información por parte del régimen egipcio. Es la segunda periodista detenida este mes

Madrid, 02 jul. 20. AmecoPress/SemMéxico.-, Al Manassa informó que ocho miembros de las fuerzas de seguridad vestidos de civil irrumpieron requisando dos equipos informáticos y deteniendo a Younis, activista de los derechos humanos y colaboradora del Washington Post, informa Periodistas en Español.
Fue trasladada a la comisaría de Policía del distrito de El Maadi, al sur de El Cairo. Amnistía Internacional (AI) denunció los hechos señalando que los policías dijeron estar revisando las licencias de los ordenadores pero no presentaron ninguna orden de detención. Además, explicaron que el ordenador de Younis «necesitaba ser inspeccionado».

AI instó a las autoridades egipcias a evitar cualquier tipo de tortura o malos tratos a la periodista durante su periodo de detención. Su abogado, Hassan Al Azhary, informó de que la periodista había sido acusada de administrar una página web sin licencia.
Esta acusación fue desmentida por Al Manassa señalando que había presentado toda la documentación necesaria para obtener la licencia en el Consejo Superior de Medios de Egipto en octubre de 2018 junto a la tarifa legal establecida, pero que nunca había recibido respuesta.
Se requiere por parte de los medios de comunicación digitales un permiso previo del Gobierno para operar pero es una excusa para silenciar los medios críticos.
Younis es una periodista crítica con el poder que ganó el premio del Treinta aniversario de los Derechos Humanos exponiendo las violaciones y brutalidad policial en un reportaje en 2008. Tras haber trabajado entre 2008 y 2012 en el diario más popular de Egipto, Al Masry Al Youm, en 2015 fundó Al Manassa.
Este sitio web es uno de los quinientos que han sido bloqueados desde 2017 en Egipto.
Es la segunda periodista detenida este mes ya que Mohamed Mounir, fundador del Frente para la Defensa de los Periodistas y las libertades también fue detenido. El mes pasado se produjo la detención de la periodista Lina Attalah quien fue puesta en libertad bajo fianza.
El Instituto Internacional de Prensa (IPI) condenó la detención de Younis. Actualmente son sesenta los periodistas encarcelados en Egipto según el IPI. Por su parte, Reporteros sin Fronteras (RSF) que también rechazó este ataque a la periodista, los cifraba en 37 a finales de 2019.
Foto: Archivo AmecoPress. 

Las vendedoras de la aldea

Ilka Oliva Corado

Siempre vienen a mi mente cuando las flores de las diez comienzan a abrir sus pétalos en las mañanas tibias del verano. Y con la brisa tenue de los días de sol y canícula, aparecen las panadas de agua regando el patio empolvado de aquella casita fue el nido que abrigó la inocencia de mi niñez. Y  el olor a tierra  mojada llega hasta la ventana de mi habitación, aquí en esta tierra lejana donde hoy planto ajos, semillas de tomates y acomodo las ramas de las parras de hierbabuena que se expanden galantes como enredaderas entre las flores de chiliguas, los tiestos y  mi pequeña parcela en mi pueblo rentado. 

Aparecen entre la bruma fina de los últimos minutos del rocío de la alborada, cuando el calor comienza a despuntar para darle paso al medio día. Las veo bajar por la calle principal de la aldea, con sus caites empolvados de tanto caminar, con sus canastos en la cabeza llenos de hierbas, verduras y flores. Con queso, crema y huevos de pato, chumpe y gallina. Son niñas y adolescentes   que se fajan el día entre cuidar a los animales, moler el máiz en la piedra, echar las tortillas, lavar la ropa, cuidar las siembras, estudiar (algunas) y bajar a Ciudad Peronia, la colonia vecina recién creada a vender la cosecha. 

La imagen aparece en una secuencia de tiempo, con la armonía de sus pasos equilibrando sus cuerpos que cargan los enormes canastos que blanquean de flores de izotes, güisquiles sazones espinudos y peruleros. Con ramitas de pascuas, velo de novia, dalias y crisantemos. Medidas de nísperos, limones frescos recién cortados y guayabas de carne roja, galanas. 

Las lechugonas que se siembran en los terrenos que colindan con la casona del segundo estanque, que parece una casa patronal de una fincona, sobresale entre las otras de adobe. Con la tienda en el centro, el mostrador grande lleno de bandejas de pan, dulces de rapadura con ajonjolí de a cuatro por cinco len puestos en hojas de tusas. Y el refrigerador a la entrada con las aguas frías y bolsas de fresco de tamarindo y nance. Las bolsas de roscas y alborotos, las espumillas en pequeños canastos de mimbre y las trenzas de cabezas de ajo colgadas atrás de la puerta junto a una herradura de caballo y un manojo de siete montes, para las malas vibras. 

Como pequeñas tomas corre el agua entre los surcos de flores y verduras, las zanahorias grandes y el culantro que esparce su aroma hasta la aldea el Calvario y Sorsoyá. A las patojas las esperan siempre como agua de mayo en Peronia, (una colonia que no tiene todavía su carácter y personalidad bien formados, pero los tendrá con los años, debido a la diversidad del origen de su población), es suficiente que caminen dos o tres cuadras para que vendan el contenido de sus canastos. Luego bajan al mercado para comprar sal, azúcar, canela, aceite, candelas, gas, pedazos de tela, las cosas que no pueden producir en la aldea. 

No ofrecen, no tocan las puertas de las casas, solo caminan en medio de la calle con sus canastos, con sus espaldas erguidas y su yagual, sus grandes delantales.  Bien aseadas, sus cabellos recogidos en trenzas, sus vestidos hechos por las mujeres de su familia, tímidas, hablan poco, lo absolutamente necesario para la venta.  Eso es suficiente para que se alboroten las cuadras y salgan las vecinas a comprar lo que en un santiamén se termina. Y se queda la gente con las ganas de verlas regresar con sus canastos llenos de la belleza y esencia de la aldea que en mis años de infancia fue el horizonte que dio libertad a mis alas de chicharra. 

Blog de la autora: https://cronicasdeunainquilina.com

Ilka Oliva Corado. @ilkaolivacorado

28 de junio de 2020. 

Estados Unidos. 

Editorial: https://ilkaeditorial.com

Salud pública y responsabilidad individual

Lucía Melgar Palacios 

CIMACFoto: Anaiz Zamora Márquez

Hablar de derecho a la salud y de la obligación del Estado a garantizarlo no implica eximir a la sociedad o a las personas de la parte que les incumbe en cuanto a protección a la salud. No es el Estado quien decide si fumamos o nos alimentamos de azúcar. No estaríamos dispuestas a que el Estado interfiriera directamente en nuestras decisiones personales acerca de nuestra salud física o mental. Sin embargo, el Estado está obligado a garantizar el derecho a la salud, y tiene la facultad de regular factores que inciden en prácticas y conductas que afectan ésta, como lo ha hecho con medidas como el impuesto a refrescos y cigarros o el etiquetado a los productos alimenticios, impulsadas por grupos de la sociedad civil.

En un país tan desigual como el nuestro es además crucial una política de salud pública que, como han escrito especialistas (González Vélez, Guerra de Mercado), responda a las necesidades de la población, con sus desigualdades, tome en cuenta condicionantes externos e incluya a sectores que influyen en las opiniones y decisiones que afectan la salud (empresas, publicidad, escuelas), de modo que la sociedad pueda tomar mejores decisiones.

Como plantea también el médico y antropólogo francés Didier Fassin, la salud pública, como bien común, conlleva ofrecer a las personas las condiciones necesarias para hacerse responsables de su salud, mejorarla y satisfacer sus necesidades. En este sentido, el Estado mexicano tiene una tradición de políticas de salud pública exitosas (con matices), como el combate a la tuberculosis o al dengue o las campañas de vacunación o de prevención del embarazo.

Ha quedado a deber, sin embargo, en cuanto al acceso universal a servicios de salud de calidad y con frecuencia ha sido omiso en la regulación de factores dañinos a la salud.

Partiendo de un sentido amplio de la salud pública, el Estado no es el único que determina qué es un problema de salud pública, e incluso puede resistirse a reconocerlo. La violencia contra las mujeres o el aborto inseguro, por ejemplo, se reconocieron a nivel internacional y nacional como problemas de salud pública gracias a las luchas de grupos feministas, defensores de derechos, personal médico y organismos diversos.  No obstante, pese a la contundencia de estos problemas, tanto gobiernos anteriores como el actual han tendido a minimizarlos en los hechos o, ahora, a negarlos. Otros problemas contundentes, como la obesidad o la diabetes, sí han recibido más atención gubernamental pero las medidas para remediarlos, más allá de lemas, han sido deficientes ante la pobreza, las desigualdades en el acceso al agua potable y a la alimentación de calidad, la resistencia de grupos de interés o la negligencia de funcionarios  (como en el caso del nuevo etiquetado  de productos alimenticios, apenas aprobado en  marzo y al que aún se resisten grupos empresariales).

Como han mostrado los terribles estragos de la pandemia que atravesamos, el compromiso con la salud pública no se mide sólo en número de hospitales y “beneficiarios”. Ha de incluir el acceso a servicios suficientes y de calidad para todos, un presupuesto adecuado y buenas condiciones de trabajo para el sector salud, y la protección de su personal. También requiere la prevención efectiva de condiciones que agravan los efectos del nuevo virus: desde la obesidad y la hipertensión (que afectan a millones de personas) hasta los daños inmediatos y mediatos causados por la contaminación del aire, el agua y la tierra, factores que no dependen sólo de las personas sino del equilibrio ecológico y la calidad del medioambiente y de las condiciones habitacionales y laborales de familias y comunidades. 

Para hacernos cargo de nuestra salud, como recomienda ahora el gobierno, habremos de valorar, demandar y promover, entre otros, el acceso universal a agua y drenaje, un desarrollo sustentable con respeto al medioambiente y disminución de fuentes de contaminación (minas, refinerías); el respeto a condiciones laborales dignas, transporte público eficiente, aumento de recursos al sector salud e información transparente y accesible acerca de la pandemia y de las medidas que, como personas y sociedad, podemos tomar para mejorar nuestra calidad de vida.

Presentan libro“Los derechos políticos-electorales de las mujeres en México ante la CEDAW”

 Anayeli García Martínez 

Ciudad de México. El Comité de la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Contra la Mujer (CEDAW, por sus siglas en inglés) ha emitido siete recomendaciones al Estado mexicano para garantizar la participación de las mujeres en la vida política y pública y si bien actualmente  hay un avance en el cumplimiento de estas observaciones y cada vez hay más mujeres en los parlamentos, es necesario eliminar la discriminación en otras esferas o este avance no va a ser significativo, afirmó la jurista y especialista en Derechos Humanos, Alda Facio.

Eso fue la conclusión de la experta al participar en la presentación virtual del libro “Los derechos políticos-electorales de las mujeres en México ante la CEDAW”, de Gloria Ramírez Hernández y editado por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF).  

La jurista costarricense alertó que los grupos conservadores se han movilizado en contra de la paridad política porque saben que si hay suficientes mujeres que conformen una masa critica y participen en las decisiones publicas de sus países, no se podrían sostener las numerosas leyes y prácticas que discriminan a todas las mujeres.  

Facio expuso que la igualdad es un Derecho Humano autónomo pero a la vez un principio fundamental en la interpretación e implementación de la normativa internacional en Derechos Humanos.

Además, expuso que para lograr la paridad política, los Estados deben implementar variadas medidas y evaluarlas para verificar si se está logrando el objetivo. Hoy, dijo, la igualdad política sigue siendo una aspiración para la mitad de la humanidad, por eso afirmó que es tiempo de implementar nuevas medidas.

En la presentación, la experta del Comité CEDAW, Magalys Arocha, envío un escrito en el que destacó que aunque existe la paridad, todavía hay disparidades para cargos electivos y de designación, temas que fueron objeto de preocupación y de recomendaciones de las expertas.

A su vez, la autora de la investigación, Gloría Ramírez Hernández, señaló que México está en un alto lugar en materia de participación política de las mujeres, pero alertó que aun no se sabe cómo enfrentaran las mujeres el proceso electoral de 2021, después de vivir una pandemia donde son cuidadoras y maestras de hijas e hijos.  

Finalmente, la magistrada del TEPJF, Mónica Soto Fregoso, destacó que las resoluciones del Tribunal Electoral han atendido el mandato de la CEDAW y se han desarrollado con perspectiva de género y apegadas a la igualdad para que las mujeres ejerzan su derecho a la participación pública, a votar y ser votadas y accedan a la función pública y a la toma de decisiones. 

Juzgados no garantizan acceso a justicia para mujeres durante pandemia

Anayeli García Martínez 

Ciudad de México. Debido a la pandemia de COVID-19, el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México (TSJCDMX) mantiene suspendidos los trámites en materia familiar que se iniciaron antes de las medidas de confinamiento, entre ellos, los relacionados con guarda y custodia, patria potestad, adopción, pensión alimenticia y divorcio. 

Aunque el Poder Judicial de la capital habilitó su página web para garantizar trámites sobre convivencias virtuales entre padres o madres con sus hijas e hijos; medidas provisionales de protección a mujeres víctimas de violencia de género y entrega, por medio de billetes de depósito, de pensión alimenticia, dejó de lado la resolución de otros asuntos.  

Así lo expuso en entrevista con Cimacnoticias, la abogada y directora del Centro de Apoyo a la Mujer “Margarita Magón”, Rocío Corral Espinoza Monsiváis, quien explicó que si bien los Juzgados han mantenido algunos servicios y tienen personal de guardia, no se han resuelto las demandas judiciales que estaban iniciadas desde antes de la pandemia.

La defensora de los derechos de las mujeres aseguró que a casi 5 meses de que se anunciaron las medidas de confinamiento para evitar la propagación del virus en Ciudad de México, el Tribunal Superior no ha implementado medidas para resolver estos asuntos de forma virtual, lo que significa la suspensión del Derecho Humano a la justicia.

Esto se traduce, expuso la abogada, en que no hay avances en los casos de las mujeres que solicitaron incremento de pensión alimenticia; que pidieron la guardia y custodia de sus hijas o hijos; que tramitaron la pérdida de patria potestad para su pareja, por violencia en el hogar; o para quienes trataban de acreditar concubinato para acceder a pensión por la muerte de su pareja, entre otros asuntos.  

Servicios esenciales continuaron  

Ante la emergencia sanitaria por COVID-19, los 32 Poderes Judiciales locales tomaron medidas para habilitar Juzgados de guardia para atender medidas de protección a mujeres víctimas de violencia, juicios por alimentos y entrega de pensión, de acuerdo con la Comisión Nacional de Tribunales Superior de Justicia de los Estados Unidos Mexicanos.

En la Ciudad de México, a partir de marzo, el Tribunal Superior comenzó a emitir acuerdos y circulares para anunciar la suspensión de labores y la suspensión de términos procesales a fin de proteger a la población usuaria y al personal, en particular personas adultas mayores, con enfermedades crónicas, mujeres embarazadas o en periodo de lactancia.

Sin embargo, el pasado 9 de junio el magistrado presidente del Tribunal Superior de Justicia, Rafael Guerra Álvarez se reunió con integrantes de la Comisión de Administración y Procuración de Justicia del Congreso capitalino, a quienes dijo que a pesar de la suspensión de labores, hubo personal de guardia para no detener los trabajos en materia penal y familiar.

De acuerdo con el funcionario, durante la contingencia se implementaron 350 medidas cautelares de protección para mujeres violentadas y 400 acciones de protección para mujeres; y además se facilitaron 125 convivencias de padres de familia con sus hijos a través de videoconferencias.

Rocío Corral señaló que lo expuesto por el presidente del Tribunal ante el Congreso capitalino es “parcialmente cierto” porque en los Juzgados se pueden tramitar y otorgar medidas de protección para mujeres víctimas de violencia, como lo marca la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, la ley local en la materia y el Código Civil capitalino.

Asimismo, en los Juzgados también hay guardias para entregar billetes de depósito para aquellas personas, en su mayoría mujeres, que reciben pensión alimenticia para sus hijas e hijos, por medio de este mecanismo; y también para solicitar medidas provisionales mientras se desarrolla un juicio, por ejemplo, de divorcio, como lo establece el Código Civil de la Ciudad de México.

De acuerdo con la ley, una medida provisional puede ser ordenar a uno de los conyuges no acercarse al domicilio. En el caso de las mujeres que solicitan medidas provisionales, si bien los Juzgados reciben las demandas y deciden otorgar o no las medidas, el expediente y la demanda, por ejemplo de divorcio, se reserva para darle continuidad hasta que se abran los Juzgados, explicó la abogada.

Asimismo el Centro de Convivencias está promoviendo convivencias virtuales entre padres o madres con sus hijas e hijos, siempre que ambas partes están de acuerdo. Sin embargo, si existen casos, donde no hay un acuerdo, es decir, si el padre se llevó a una hija o hijo, sin el consentimiento de la madre, no hay forma de garantizar estos encuentros.

Incluso, desde abril el Tribunal Superior informó, por medio de un acuerdo, que las  demandas y solicitudes se recibirían en los Juzgados abiertos, en horario de 09:00 a 15:00 horas, pero serían atendidos hasta que concluyera la contingencia, cuando se remitirían a la Oficialía de Partes Común Civil, Cuantía Menor, Oralidad, Familiar y Sección Salas para la asignación del número de expediente, a fin de que el Juzgado siguiera conociendo del asunto.

Plataforma virtual, cuatro meses después 

En junio, el presidente del Tribunal, Rafael Guerra Álvarez, aseguró ante diputados del Congreso de la Ciudad de México, que próximamente se haría uso de la tecnología para atender las demandas por medios electrónicos, y realizar juicios a distancia, además de que se duplicaría la recepción de documentación a través de la Oficialía de Partes.

La página web del Tribunal ya cuenta con una opción de citas por internet y de trámites electrónicos. En junio, en ambos casos, al ingresar sólo aparecía un mensaje con la leyenda “pronto estará disponible”. La plataforma ya comenzó a funcionar este 1 de julio.

A ante esto y después de que el 25 de junio el Tribunal informó que las actividades de las Salas y Juzgados Civiles y Familiares se reanudarían el 3 de agosto, el Centro de Apoyo a la Mujer “Margarita Magón”, junto con otras organizaciones civiles lanzaron una petición en la plataforma change.org para solicitar que se implementen mecanismos virtuales para garantizar justicia a las mujeres.

La abogada, Rocío Corral, señaló que un sistema de citas en línea se diseñó para que las personas puedan ingresar una solicitud, pero debido al cúmulo de casos y asuntos y a los horarios restringidos para evitar la congregación de personas en los edificios judiciales, es muy probable que las citas se tarden semanas e incluso meses en agendarse.

Ante el rezago de 4 meses, las agrupaciones civiles, entre ellas el Grupo de Acción por los Derechos Humanos y la Justicia Social; Defensa Jurídica y Educación para Mujeres; y Apis, Fundación para la Equidad, señalan la omisión del Poder Judicial capitalino por no garantizar el acceso a la justicia en materia familiar. 

La organizaciones civiles llamaron a crear una plataforma en la que se puedan continuar los procesos legales ya iniciados antes del confinamiento, donde sea posible subir los acuerdos diariamente, con firmas electrónicas de las y los abogadas o donde las partes puedan ser consultables; e implementar un sistema de audiencias virtuales, notificaciones mediante correo electrónico y que garanticen el comienzo paulatino hacia la digitalización integral de expedientes para su consulta y resguardo. 

"Los invisibles", Festival de Cine Judío

lasillarota.com

Un homenaje a los alemanes anti-fascistas que arriesgaron sus vidas para salvar a los judíos perseguidos

María Teresa Priego 

Muy buenas películas del Festival Internacional de Cine Judío están accesibles (a bajo costo) en una plataforma comercial. "Los invisibles" de Claus Räfle (Alemania), "Perfectas" de Sharon Maymon y Tal Granit (Israel), "La ley" de Christian Faure (Francia), "Refugiada" de Eran Riklis (Israel), "El viaje de Fanny"de Lola Doillon (Francia), "Los que se quedaron"de Barnabás Tóth (Francia), "El repostero de Berlín" de Ofir Raul Graizer (Alemania). "El árbol de Higo" de Alamork Davidian (Etiopía), "Pinsky" de Amanda Lundquist (Estados Unidos).

Me detengo en "Los invisibles" de Claus Räfle. Es una película y  también es un documental. Cuatro sobrevivientes judíos, quienes en su temprana juventud vivieron en la clandestinidad en el Berlín nazi, ofrecen su testimonio. Con sus entrevistas se va intercalando la recreación de sus vidas interpretada por actores. El anti-semitismo. La "solución final". El terror, los escondites, los documentos falsos. El hambre. Las redadas. Las deportaciones. La inimaginable dimensión de la destrucción y de la pérdida. Siete mil personas en la clandestinidad (según los datos en el documental). Sobrevivieron mil quinientas. "Los invisibles" es –también– un homenaje a los alemanes anti-fascistas que arriesgaron sus vidas para salvar a los judíos perseguidos.

La sobrevivencia como un verdadero milagro cotidiano. En 1943, Joseph Goebbels, Ministro de propaganda de Hitler (nombrado un año después como: "Plenipotenciario para la guerra total"), declaró a Berlín "ciudad libre de judíos". Sí, el mismo Goebbels que se suicidó junto a su esposa Magda Ritschel (ejemplo nacional del "ideal de la madre alemana"), tras envenenar a sus seis hijos. Hitler se había suicidado el día anterior junto a Eva Braun. La Gestapo sabía que en la ciudad varios miles de judíos seguían viviendo escondidos, algunos trabajando y circulando por las calles con documentos falsos. Había que cazarlos. La caza no se detuvo, aun sabiendo ya los nazis que perdían la guerra, que el ejército ruso estaba a punto de sitiar la ciudad.

Cioma Schönhaus, era egresado de la escuela de arte, sus talentos le permitieron convertirse en un falsificador de documentos de identidad y de estampillas para conseguir alimentos. Cada documento falso era una oportunidad de sobrevivencia. Ruth Arndt retó a la suerte con una decisión más que temeraria: trabajar en el hogar mismo de un oficial nazi, haciéndose pasar por "aria". Como en el cuento "La carta robada" de Edgar Allan Poe: ¿quién podía sospechar que una joven judía se escondiera en el lugar donde su presencia era más visible? Ruth cocinaba, limpiaba y servía la mesa en las cenas de los oficiales nazis. 

Hanny Levy dejó sus cabellos cobrizos para convertirse en rubia.Los nazis no podían imaginar una judía de cabellos dorados. Había conocido brevemente a un joven alemán en un cine. Él le dijo que si algo pasaba, buscara a su mamá, la mujer responsable de la taquilla. Hanny, acorralada, aterrada de pasar sus días vagando por las calles, buscó a la madre del joven. Para entonces, él ya había sido enviado al frente. Dos mujeres solas que no se conocieron nunca antes, una judía y una alemana, atravesaron la guerra juntas. Como madre e hija. Eugene Friede se sumó a la resistencia. Un personaje aparece brevemente. Como un meteoro implacable: Stella Goldschlag. Mencionada por dos de los sobrevivientes: "A pesar de lo que hizo, sus padres fueron deportados". Un largo silencio.

En los pasillos de un cine las dos jóvenes judías (encubiertas) se cruzan con una mujer muy elegante que las interpela. Reconoció a una de ellas. Apresuran el paso sin responder. "¿Quién es?" "Stella, una judía que trabaja como informante para la GESTAPO". El testimonio me llevó a buscar la vida de Stella. Fue detenida junto con sus padres. Una ex compañera de escuela, también judía, la había traicionado. La GESTAPO la torturó y le ofreció un trato: ella conocía bien la comunidad judía de Berlín, los nazis sabían que numerosos judíos vivían en la clandestinidad. Su trabajo consistiría en pasearse por las calles, asistir a lugares públicos y denunciar a los que reconociera. Tal y como le había sucedido a ella misma. A cambio, se comprometían a no incluir ni a sus padres ni a ella en las listas de los trenes de la muerte.

Su primer esposo murió en deportación. Se casó durante la guerra con Rolff, también "catcher" para la GESTAPO. Los nazis la llamaron: "El veneno rubio". Un buen día ya no pudo salvar a sus padres de las listas negras. Fueron asesinados en un campo. Stella continuó su "trabajo" como denunciante. Se acercaba a sus conocidos judíos, les prometía ayuda, se presentaba en los funerales y las bodas de personas judías casadas con arios, les daba citas. ¿Cómo no confiar en ella? En su lugar, a la cita llegaba la GESTAPO. Stella tenía su seguridad garantizada, recibía un salario. Y un "bono" de 200 marcos por cada persona a la que traicionaba. Tuvo una hija: Yvonne. Fue detenida por los rusos y pasó diez años en campos de concentración en la URSS. Regresó a Alemania. Peter Wyden la entrevistó para escribir su biografía. Ante él, Stella se declaró "víctima del nazismo". 

Se convirtió al cristianismo y al anti-semitismo más feroz. En 1994 se suicidó saltando por la ventana de su departamento en Friburgo. Su hija Yvonne "Soy Ivonne, la que nunca debió haber nacido", es enfermera en Israel. Nunca quiso volver a verla. Cuenta que con frecuencia sueña que le dispara a su madre y la mata. "Para que su memoria, por fin desaparezca". El final del documental-película es muy bello. Uno de los sobrevivientes narra que le preguntó a su salvadora alemana por qué había arriesgado su vida por él. Ella le respondió: "para salvar a mi país".