Luis Hernández Navarro
San Mateo del Mar está de luto.
El pasado domingo 21 de junio, un grupo criminal segó la vida de 17
habitantes, incluidas dos mujeres, reunidos en la agencia municipal de
Huazantlán del Río para efectuar una asamblea. Los matones encapuchados
los emboscaron a la altura de la colonia Reforma, usando machetes,
gasolina, palos, piedras y armas de fuego. No contentos con la agresión,
calcinaron a varias de sus víctimas. Pese a que la gente llamó a la
Guardia Nacional y ésta llegó, se retiró cuando comenzó el ataque.
No es la primera arremetida violenta que los defensores de la
asamblea sufren. Apenas el 3 de mayo fue asesinado Filemón Villalobos,
agente municipal suplente de Huazantlán, sin que el crimen fuera
esclarecido ni se haya hecho justicia.
San Mateo del Mar es un municipio ikoot (huave) de alta marginación,
en que viven 15 mil habitantes (6 mil de ellos en la cabecera
municipal), rodeado de lagunas y mares. Está ubicado en una estrecha
barra que separa la Laguna Inferior del Golfo de Tehuantepec, con un
solo camino de terracería como vía de comunicación. Entre octubre y
marzo fuertes vientos azotan la región en todo el municipio. La mayoría
de su población se dedica a la pesca (https://bit.ly/31oPLfW).
El municipio ha sufrido conflictos agrarios desde hace más de 60
años. A lo largo de la década anterior se acentuaron. Grandes compañías
eólicas pretenden adueñarse de ese territorio. A diferencia de otras
comunidades, en 2008 San Mateo rechazó la instalación de
aerogeneradores, que individualizan la posesión de la tierra. Se opuso a
la entrada del megaproyecto eólico Preneal. Y, junto a San Dionisio,
impulsó la expulsión de Mareña Renovables, que pretendía instalar más de
100 molinos eólicos en la ecológicamente frágil Barra de Santa Teresa,
territorio sagrado ikoot (https://bit.ly/31o1yva.
Desde 2017 San Mateo padece un conflicto político electoral que
amenaza su sistema normativo interno. El núcleo de pobladores que
encabeza la resistencia caracteriza la agresión que sufren como
una guerra contra el pueblo y su máximo órgano de toma de decisiones, la asamblea de la cabecera y las agencias municipales, presidida por sus autoridades tradicionales cívico-religiosas.
Hasta ese año, se elegía a las autoridades municipales por rotación,
de acuerdo con la división territorial del pueblo y sus agencias. Sin
embargo, a partir de entonces, como resultado de la presión de un
ciudadano que demandó su derecho a ser elegido autoridad a pesar de no
haber servido en el sistema de cargos, el Instituto Estatal Electoral y
de Participación Ciudadana de Oaxaca (Ieepco) ordenó realizar comicios
por planillas. Con apoyo empresarial se impuso un candidato por medio de
un enorme fraude electoral contra la asamblea, comprando votos. Sin
embargo, el presidente municipal espurio no pudo portar el bastón de
mando, ni despachar en la alcaldía, aunque dispuso de las partidas
presupuestales.
En 2019, los poderes fácticos encabezados por el empresario Jorge
Leoncio Arroyo Rodríguez, repitieron el fraude. Ya en la administración
se despacharon en grande con los contratos de obra pública y la
administración de fondos municipales. Al igual que su antecesor,
Bernardino Ponce, el nuevo alcalde, tampoco puede atender las
responsabilidades de su cargo en el palacio municipal.
Según denuncian víctimas de la agresión, entre otros, forman parte
del grupo de poder embarcado en la guerra contra la asamblea, el
constructor Camerino Dávalos, Sofía Castro Ríos. Anabel Sánchez
Hernández, Emanuel Bustillo (comandante del Frente Único de Agencias) y
Roberto Rueda Velázquez.
Adicionalmente, la delincuencia organizada ha sentado sus reales en
algunas agencias municipales. Comenzaron sus actividades con el robo de
cable de cobre del tendido de alta tensión, en Santa Cruz. Los malosos
locales son una isla de un archipiélago criminal más amplio, que se
estableció y expandió en Juchitán y Salina Cruz con la llegada de Gabino
Cué a la gubernatura de Oaxaca. Drogas, secuestros, piratería, tráfico
de migrantes, extorsión son algunos de los negocios a los que se
dedican.
El 23 de junio, el presidente Andrés Manuel López Obrador hizo un
diagnóstico sobre el origen de la masacre. “Es –dijo– una confrontación
por el gobierno municipal, por un lado son pobladores de la cabecera
municipal y pobladores de comunidades. Suele pasar que en los
ayuntamientos cuando hay elecciones y queda de presidente municipal
alguien de la cabecera municipal, hay el malestar de las comunidades
porque se sostiene que lo que llega de apoyo en obras o presupuesto sólo
se aplica en la cabecera y no se distribuye en las agencias.”
Sin embargo, en este caso la naturaleza del conflicto es diferente.
Los agredidos, además de pertenecer a la cabecera municipal, representan
también a otras agencias. La matanza es parte de la ofensiva de los
poderes fácticos regionales, funcionales a la industria eólica, para
desmantelar o debilitar a los núcleos organizados que se oponen a los
megaproyectos y articulan la defensa de su territorio, sus recursos
naturales y su cosmovisión, y que han avanzado en una alianza con su
vecina Santa María. El asunto se agrava por la construcción del corredor
interoceánico.
La masacre de San Mateo del Mar no debe quedar impune. Urge brindar
medidas cautelares a la comunidad. El duelo mareño debe encontrar
verdad, justicia y reparación del daño.
Twitter: @lhan55
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