Ciudad de México. Organizaciones feministas
exigieron que se fortalezca y se designe a las personas titulares en las
instituciones de los Derechos Humanos que el Presidente de México,
Andrés Manuel López Obrador, ha desacreditado.
A través de un pronunciamiento público difundido por la plataforma
“Nosotras Tenemos Otros datos” y leído en redes sociales por la abogada
(litigante en el caso Campo Algodonero) Andrea Medina Rosas, las
organizaciones feministas aseguraron que en las últimas semanas la
Presidencia ha incrementado la desacreditación a instituciones que
operan los Derechos Humanos a nivel nacional, como el Consejo Nacional
para Prevenir la Discriminación (Conapred).
El Presidente ha sostenido la idea de que estos organismos deberían
desaparecer porque considera que son “onerosas, porque quiere tener todo
el control de dichas instituciones en la Secretaría de Gobernación,
porque considera que en dichas instituciones se han dado actos de
corrupción y por tanto no deberían existir, o simplemente, no las
considera relevantes para su proyecto de nación”, dijeron las
organizaciones.
Sin embargo, señalaron las feministas, estas ideas son contrarias a
las Convenciones internacionales de DH que México ratificó durante la
segunda mitad del siglo XX, como la Convención Interamericana para
Prevenir, Sancionar y Erradicar la violencia contra las mujeres, y la
reforma constitucional de 2011, con la que se reconoció en la Carta
Magna a los DH como eje rector de este país.
Las organizaciones recordaron que estos instrumentos nacionales e
internacionales obligan a las y los titulares de los poderes ejecutivos
federal y estatal, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), y
otras instituciones a garantizar como mínimo los recursos adecuados
para los servicios y la atención de calidad accesible a todas las
personas, y aceptable a todas las cosmovisiones que se tienen en México.
También señalaron que se debe vigilar que la normatividad interna
establezca la obligación de seguir los principios constitucionales y no
criterios morales o éticos de personas en concreto, así como las
condiciones y capacitaciones adecuadas para que el personal pueda
brindar sus servicios públicos en conocimiento pleno de sus
obligaciones, sin discriminar y sin ejercer violencia institucional
contra las mujeres.
En este punto, las integrantes de “Nosotras tenemos otros datos”
señalaron que un ejemplo de esta violencia son los recientes
señalamientos del mandatario federal sobre que las familias son el
principal espacio de asistencia social y que debe realizarse básicamente
por mujeres. Esto “sostiene estereotipos de privilegios para los
hombres, al excluirlos de los aportes que deben dar en la crianza y
cuidado de las personas”, expresaron.
Asimismo, las feministas pidieron que cada institución garantice
políticas públicas que permitan el acceso a los servicios en igualdad,
con acciones afirmativas que eliminen la discriminación existente por
motivos de género, edad, etnia, color de piel, clase social, posición
política, discapacidad, entre otras; así como registrar y hacer
accesible la información de lo que realiza la institución, a fin de
garantizar la toma de decisiones y de diseño de políticas públicas
acorde a información fidedigna, verificada y acorde a los conceptos de
la ley.
Cada institución debe crear y garantizar mecanismos de participación
ciudadana, “pues sólo en la escucha y participación plural se garantiza
un Estado democrático”, señalaron las feministas y agregaron que se
deben garantizar las normas, mecanismos y personal capacitado para el
acceso a la justicia cuando se comete violencia institucional contra las
mujeres, cuando se violan los derechos de la ciudadanía y las
trabajadoras dentro de la institución, también para cuando hay actos de
corrupción interna.
Las organizaciones observaron que sólo la investigación y en su caso
sanción directa a las personas que cometen los actos de corrupción,
permitirán fortalecer a las instituciones. “Sugerir que quitando o
reduciendo instituciones se elimina la corrupción, es falaz. Lo que sí
produce esa sugerencia es el adelgazamiento del Estado y la reducción de
su capacidad de cumplimiento de sus obligaciones, un acto claramente
neoliberal que propicia, de manera directa, una sobrecarga en las
actividades no remuneradas para las mujeres, violando los derechos
humanos”, observaron.
Para erradicar la corrupción en las instituciones, las feministas
señalaron que es indispensable garantizar que la o el funcionariado
público cumpla con los perfiles adecuados a sus funciones, toda vez que
se ha detectado que, en la actual administración, como continuidad de
las anteriores, se desdeña la definición de perfiles por cargo y se
coloca en puestos especializados personal que no cumple con los perfiles
para brindar la adecuada atención y servicio. Al respecto, las
feministas pidieron que las personas al frente de estas instituciones
tenga conocimiento y experiencia en perspectiva de género desde una
visión científica, analítica y política sobre las mujeres y los hombres.
“Nosotras tenemos otros datos” pidió garantizar el presupuesto y
condiciones adecuadas para que el personal que cubra los perfiles
definidos, tenga las garantías laborales adecuadas al impacto del
trabajo, principalmente en violencia contra las mujeres, obligación que
las medidas de austeridad están violentando.
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