Así consta por escrito en la averiguación previa TOL/-ME/036/2003 y
en la sentencia que el pasado 27 de noviembre de 2017, el Juzgado
Primero Penal de Primera Instancia del Distrito Judicial de Toluca con
residencia en Almoloya de Juárez, ordenó contra Dominga y cinco
pobladores más de San Pedro Tlanixco, en Tenango del Valle, Edomex. Este
Juzgado no sólo les dio la pena máxima, sino que tardó más de 10 años
en dictar sentencia y les mantuvo en prisión preventiva.
A la y los indígenas se les acusa de haber participado en el
homicidio y privación de la libertad de Alejandro Isaak Basso, un
empresario floricultor de Villa Guerrero (un pueblo vecino) con quien la
comunidad de Tlanixco sostenía un litigio por el uso del agua del río
Texcaltenco. Mientras los floricultores, la mayoría con inversión
extranjera, querían el río para lucro privado, el pueblo de Tlanixco lo
necesitaba para tareas domésticas y de siembra que realizan
principalmente las mujeres.
DOMINGA: 50 AÑOS DE CÁRCEL ES UNA VIDA ENTERA
La sentencia por homicidio calificado y privación de la libertad (con
la causa penal 32/2013) contra Dominga dilató en emitirse 11 años,
durante los cuales ella permaneció encarcelada. De cumplir la condena,
quedaría en libertad a la edad de 106 años. La apelación con número 113/
201 que está en proceso en el Primer Tribunal del Distrito Judicial de
Toluca es ahora su único recurso.
La vida de Dominga y de la comunidad entera cambió un 1 de abril de
2003, cuando sonaron las campanas del pueblo nahua de Tlanixco, regido
por usos y costumbres. El sonar de campanas es una práctica común entre
los pueblos originarios para la resolución de conflictos, en este caso
se usó para avisar que representantes de la Asociación de Floricultores
de Villa Guerrero (ASFLORVI) –de la que Isaak Basso era presidente-
ingresaron sin autorización a tierras de propiedad ejidal.
De acuerdo con el Centro de Derechos Humanos Zeferino Ladrillero
(CDHZL), que da acompañamiento legal a la y los defensores, y con el
testimonio de las familias, el llamado congregó en una zona llamada
“salto del río” a más de 300 personas. Ahí se concilió llevar a los
floricultores ante la delegación del pueblo; no obstante, durante el
trayecto Isaak Basso se desvaneció, cayó de un barranco y murió.
El día de los hechos, Dominga no acudió al llamado de las campanas
porque le tocó cuidar la iglesia junto a dos mujeres. A las seis de la
tarde, después de los hechos, se fue cada una para su casa. Dominga
continuó con su vida, pero tres años y medio después, la Procuraduría
General de Justicia del Edomex decidió detenerla.
El arresto se hizo el 9 de julio de 2007, sin aviso previo. Para su
detención se utilizaron 30 patrullas ministeriales con al menos cinco
policías cada una. Sin identificarse, encapuchados y con armas largas,
los policías entraron durante la noche al domicilio de Dominga y la
sacaron frente a sus hijas. La llevaron directamente al Centro
Penitenciario y de Readaptación Social Santiago, en Almoloya, donde
permanece hasta hoy.
Alejandra Peña, abogada del CDHZL y defensora legal de las familias,
dijo que en este caso se presentaron varias violaciones al debido
proceso. En primer lugar, la mayor carga probatoria se le dio a uno de
11 testimonios en el que un testigo refirió haber visto entre las 300
personas a “una señora morena y chaparrita”.
Peña precisó que el testigo señaló que fue la misma Secretaría de
Gobernación de la entidad quien le ofreció videos, documentos y hasta
una foto de Dominga para que después la señalara como la “señora morena y
chaparrita” que habría participado en el homicidio. El testigo después
se retractó de sus acusaciones y confesó que fue manipulado por las
autoridades y la familia del empresario, pero esta nueva declaración fue
omitida en la sentencia.
De acuerdo con el CDHZL, durante el proceso tampoco se dio valor
probatorio a las declaraciones de Dominga con el argumento de que los 3
años y medio que se tardó su aprehensión fueron suficientes para que
ella preparara una coartada.
De hecho, todo el caso por el que se juzga a las seis personas está
repleto de irregularidades. Una de las más evidentes es que los testigos
señalaron como responsables “sin temor a equivocarse” a 4 personas con
nombre y apellido; sin embargo, se demostró que uno de los señalados
había muerto un año antes de los hechos y otro más –quien según pateó
reiteradamente al occiso- tiene una discapacidad que le impide caminar
por cuenta propia.
Además, no hay un sólo testigo que señale haber visto directamente
que se privara de la vida al empresario. La única prueba que presentó la
parte acusadora fue que un “niño pastor” -cuya existencia no se ha
comprobado- se acercó a unos policías preventivos y les dijo “vi que los
de Tlanixco aventaron a alguien a la barranca”.
A pesar de esto, el juzgado ordenó en la sentencia la pena máxima
para los defensores porque el pueblo se apegó a sus usos y costumbres
para resolver el conflicto y ejerció sus derechos indígenas, lo que fue
“premeditación y ventaja”. La misma sentencia dice: “los usos y
costumbres (…) revelan una falta de respeto a las normas que regulan la
convivencia social y la seguridad de las personas”.
La sentencia incluye un apartado sobre juzgar con perspectiva de
género, pero en él el juez cuestiona que la y los acusados sean
indígenas porque no hablan una lengua originaria y porque algunos tienen
estudios de secundaria. Esto demuestra que la sentencia es racista y
que el juez tiene una visión estigmatizada de cómo debería ser una
persona indígena, observó la abogada Peña.
En entrevista desde la cárcel, Dominga aseguró que es inocente. Sobre
el día de los hechos, dijo “ya nos habíamos enterado que estaban los de
Villa Guerrero, pero luego de salir de la iglesia lo que nosotras
queríamos era llegar a nuestras casas y hacer de comer”.
También relató que durante estos años que ha estado en la cárcel dejó
de saber de su esposo migrante en Estados Unidos, sus hijas e hijos
crecieron sin ella, y su mamá y su papá perdieron la vida. Antes de esta
situación trabajaba como sembradora de verduras y hortalizas para pagar
la escuela de sus hijas e hijos y poner un negocio.
Dominga piensa que su encarcelamiento tiene que ver con que es
indígena y con sus antecedentes en la defensa del agua, ya que años
atrás fue integrante del comisariado ejidal y del Comité de Agua Potable
del pueblo, y participó en diversas acciones para evitar que los
floricultores extranjeros dejaran a la comunidad sin agua.
“Yo participé para que nos dieran un poco de agua. Entonces se ganó
una concesión. No teníamos nosotros agua, y sin en cambio los de Villa
Guerrero se la estaban llevando para su negocio, y nosotros la queríamos
para la cosecha de hortaliza y para tomar (..) Nos violaron muchas
cosas y el juez no nos da la cara ni quiere hablar con nosotros. Yo
estoy pagando un delito que no cometí porque la familia del señor tiene
mucho poder, y el juez no quiso valer ninguna de nuestras pruebas porque
somos indígenas”, dijo Dominga.
Durante estos 11 años en la cárcel, Dominga ha requerido dos
operaciones, una de ellas por problemas en los ovarios, pero sin que se
le garantice una atención médica gratuita y de calidad. Por el
contrario, ella pagó por todos sus estudios dentro de la cárcel, pero
los médicos a veces no le daban sus medicamentos o se negaban a dejarla
salir para que se le revisara.
Sobre estar 50 años más en la cárcel, Dominga declaró: “he perdido
todo estando en este lugar y ahora cómo voy a pagar un delito que no
cometí con 50 años, eso es una vida. Somos inocentes. Sí somos
inocentes, la verdad. Se siente muy triste, yo digo ‘50 años, voy a
salir muerta de aquí”.
Pese a todo, la defensora y sus compañeros –en acompañamiento del
CDHZL- ya iniciaron el proceso de apelación de la sentencia. Sin
embargo, este recurso legal también ha sido lento porque las autoridades
no han podido notificar hasta España a la esposa del empresario muerto.
“Yo tengo mucha fe de que sí tendré mi libertad. El juez nos debe
respetar que pertenecemos a los pueblos indígenas. Si yo obtengo mi
libertad planeo volver con mis hijas, poner un negocio, y cobrarle al
gobierno todo el tiempo que yo estuve aquí porque de antemano el
gobierno sabe que yo no hice nada ni maté a ninguno, que se haga guaje
es muy diferente.”, dijo la defensora.
LAS FAMILIAS
Los otros acusados son el campesino Pedro Sánchez Berriozábal
(integrante del Comité de Agua Potable); el albañil Teófilo Pérez
González (nuevo integrante del Comité de Agua); el obrero Lorenzo
Sánchez Berriozábal (del Comité de Agua potable); el también albañil
Marco Antonio Pérez González; y el mecánico Rómulo Arias Mireles
(tesorero del Comité de Agua).
Su detención –ocurrida hace más de 10 años en diferentes momentos, y
con uso excesivo de elementos policiales- trajo miedo, sobrecarga de
trabajo, pobreza y cancelación de oportunidades a sus esposas, hijas y
hermanas, quienes relataron en entrevista colectiva que al pasar del
tiempo se transformaron en defensoras.
Por ejemplo, Tomasa Estrada Zetino, esposa de Rómulo, se convirtió en
trabajadora del hogar para pagar los gastos del proceso. “Cuando se lo
llevaron dejó a mis hijos chiquitos y ellos ya ahora formaron sus
familias. Ahora trabajo. Tuve que vender unos carros y terrenos para
pagar todo, pero lo que queremos es su libertad.”
Al respecto, Maricela Molina González, esposa de Pedro Sánchez
Berriozábal, aseguró que este proceso judicial está violentando sus usos
y costumbres, y que con él el gobierno está dando un escarmiento a la
comunidad para que no se organice ni defienda lo que por ley les
corresponde.
Ella es comerciante y sostiene económicamente a toda su familia.
“Tuve que deshacerme de dos terrenos para llevar el proceso de mi
esposo. Los abogados que tuvimos en el pasado nos pidieron fuertes
cantidades del dinero y con la ilusión de que iban a salir en su momento
lo dimos.
“Yo tuve que tomar el cargo de ser padre y madre para mis hijos, de
hacerme cargo de mi misma y de mi esposo. Yo sigo luchando hasta las
últimas consecuencias y hasta que los dejen libres porque no son las
personas que el gobierno hizo creer ante la sociedad. Ellos sí
lidereaban un pueblo, pero para sacarlo adelante y defender el agua. No
vamos a parar hasta verlos libres”, enfatizó.
Por su parte, Tomasa Pérez González, hermana de Marco Antonio,
aseguró que la forma en que los policías entraron a las viviendas fue
traumatizante: “ahora estamos con temor porque fue algo que nunca en
nuestra vida habíamos visto. No vivimos con la calma de antes. Ir al
penal era algo que también me daba miedo porque había mucho judicial,
pero a través de eso me di un valor para decir que no me tengo que dejar
rendir por ese gobierno. En lugar de hacerme dócil me hice más fuerte.
Vean la injusticia del Edomex con nuestros familiares porque ellos no
son delincuentes, defendían nuestros derechos al agua y a la tierra.”
Esto también cambió su vida. “Yo soy mamá soltera y tengo a mi
familia, y ahora también tengo que ver lo de mi hermano. Yo trabajo en
la siembra, pero cuando tengo que ir a la audiencia e ir al penal mis
patrones se molestan. Ya he cambiado muchos trabajos por eso. En mi
caso, nosotros teníamos unos dos o tres terrenitos, pero nos tuvimos que
deshacer de esas tierras por la ilusión de sacar a mi hermano, de pagar
un abogado, pero a la fecha mi hermano está en la cárcel”, declaró.
Roberto González Martínez, hermano de Dominga, contó que su madre
murió de depresión, y los hijos de la defensora prácticamente se
quedaron huérfanos. “Dominga ahora está muy delgada por la mala
alimentación y los malos tratos. Sólo una justicia tan vil, tan
corrupta, ha hecho que esas personas estén ahí por defender el recurso
de la comunidad
Ha habido una mano negra por parte del gobierno, un manejo muy
desequilibrado de fuerzas donde la gente de arriba y de poder cree que
la justicia es para ellos. No hay elementos para dictar una sentencia
tan absurda.”
Además de esto, las mujeres coincidieron en que algunas personas del
mismo pueblo las han estigmatizado y las critican porque sus esposos
están en la cárcel y por defenderlos; las mismas autoridades llamaron a
sus familiares “terroristas”.
ANTECEDENTE: CONAGUA CONCESIONÓ DOS VECES UN RÍO
El antecedente a estos hechos es que en la década de los 80 llegaron
al municipio de Villa Guerrero (vecino de San Pedro Tlanixco) grandes
empresas floricultoras, con las que, desde el 2002, la comunidad mantuvo
una disputa por el uso y disfrute del río Texcaltenco, que nace en
Tlanixco. La disputa se intensificó porque la Comisión Nacional del Agua
(CONAGUA) concesionó el río a los empresarios a pesar de que años atrás
ya había otorgado la concesión a la población de Tlanixco.
“Las personas que hoy están sentenciadas son víctimas de la falta de
responsabilidad del Estado por no resolver mediante los canales del
diálogo y del respeto el conflicto del agua. Lejos de realizar
investigaciones, los floricultores en alianza con la Procuraduría
tuvieron el pretexto perfecto para perseguir y encarcelar a los
liderazgos del pueblo.”, aseguró el CDHZL.
Y agregó: “los daños que se les ha causado a estas seis personas son
incalculables, no sólo en una cifra económica sino por el daño
psicológico que para ellos ha sido profundo. El mensaje de terror que se
proyecta hacia el resto de la comunidad de Tlanixco. Dentro de las
repercusiones indirectas encontramos también los impactos ambientales y a
la salud que se han generado del aumento en la producción de los
floricultores de Villa Guerrero. Al final, la privatización del río
Texcaltengo se concretó”.
Ahora, Dominga y las familias de los otros presos esperan que el
proceso de apelación sea diligente y que se les reconozca su inocencia.
Luego de 15 años de exigir sus derechos, este sábado las familias
recibirán en Morelos el XXVI Premio Nacional de Derechos Humanos “Sergio
Méndez Arceo”, que otorgan diferentes organizaciones de la sociedad
civil como reconocimiento para quienes promueven la defensa de los
derechos humanos.
CIMACFoto: César Martínez López
Por: Angélica Jocelyn Soto Espinosa
Cimacnoticias | Ciudad de México.-
