1/04/2020

"Un refugio inesperado"



María Teresa Priego 

En 1968 Jan Zabinski y su esposa Antonina Erdman recibieron el reconocimiento "Justo entre los justos" que otorga el Museo Yad Vashem en Jerusalem. Durante la ocupación nazi en Polonia salvaron a más de 300 judíos, a quienes ayudaron a escapar del gueto de Varsovia, los escondieron y con el apoyo de las redes de la resistencia, lograron ubicarlos (con documentos falsos) en la zona "aria", hasta la derrota del ejército nazi. La historia de su increíble empatía, de su valor y de todos los riesgos que tomaron durante tres años, es narrada en la película: "The zookeeper´s wife" dirigida por la neozelandesa Niki Caro.
Caro, directora también de "La leyenda de las ballenas" y de "En tierra de hombres", es, como su paisana Jane Campion, una creadora en los horizontes de lo que podríamos llamar "un cine a la búsqueda de personajes femeninos". Fuertes. Disruptivos. Esas vidas de mujeres que no están dispuestas a permanecer en los márgenes. Y que está dispuestas a pagar los costos. En la primera película, una joven maorí enfrenta las pruebas a las que se someten los hombres para obtener el liderazgo de la tribu. En la segunda, una madre soltera huye de una relación violenta y llega a trabajar al ambiente hostil y misógino de una mina de carbón. Niki Caro encontró en la biografía de Antonina Erdman escrita por Diane Ackerman, la historia que andaba buscando.
El libro se basa en los diarios de Antonina. En septiembre de 1939 la aviación nazi bombardeó el zoológico ubicado en el centro mismo de Varsovia. Allí dentro, rodeados de sus animales entrañables, vive en el zoólogo Jan Zabinski (quien lo dirige) y su esposa, la escritora y pianista Antonina Erdman con su pequeño hijo Ryszard. Es el comienzo de la ocupación de Polonia. Muchos animales son asesinados por las bombas. Los Zabinski ceden ante las demandas de Lutz, un oficial nazi que dirige el zoológico de Berlín y al que ya conocían: que los mejores animales entre los que sobrevivieron sean trasladados a Alemania, para "protegerlos". Una noche, Lutz irrumpe en el zoológico acompañado de otros oficiales nazis y dispara contra algunos animales. Antonina escribió en su diario: "¿cuántos humanos morirán así en los próximos meses?".
Los Zabinski tienen amigos judíos, una vez que rescatan a la primera persona se abre un abismo: ¿acaso no podrían hacer bastante más? Con la autorización nazi comienzan un criadero de cerdos en lo que queda del zoológico. Un espacio inmenso. Jan se hace nombrar empleado municipal, lo que le permite acceder al gueto. La realidad es tanto peor de todo lo que podría haber imaginado. Lleva paquetes de carne, pero no basta. Deciden encontrar vías para atravesar los puestos de control con personas escondidas en un camión. Las cubrían con desechos o las hacían salir por la puerta con documentos falsos. El sótano de su casa, los pasadizos para los animales, las jaulas, los armarios, se convirtieron en escondites. Con el criadero tenían cómo alimentarse. Una vez ubicado un hogar seguro a donde trasladarlos, un grupo de la resistencia venía por ellos.
Los refugiados vivían de noche para no hacer ruido durante el día. Para anunciarles una situación de peligro, Antonina tocaba Bach en el piano. Sus padres habían sido asesinados. Conocía en su piel la violencia extrema, la pérdida. Conoció a Jan en la universidad de Varsovia. Ella era profesora de música y él de zoología. De las personas a las que salvaron del gueto sólo dos no sobrevivieron: una madre y su hija. Fueron delatadas, sacadas a empellones del departamento donde vivían y acribilladas en la banqueta. Las imágenes de las deportaciones masivas y el fuego arrasando el gueto. Los niños del orfelinato judío avanzando hacia los trenes mientras escuchan las historias de su tutor, quien se negó a abandonarlos.
Jan se unió a los combatientes durante el levantamiento de Varsovia y fue hecho prisionero. A su regreso, Antonina estaba allí en el zoológico, con su hijo Ryszard y la pequeña Teresa. El zoológico abrió de nuevo al público en 1949. Antonina escribió libros para niños. El zoológico existe en el centro de Varsovia y tiene una particularidad: es también un pequeño museo del holocausto. Una película bellísima. Un homenaje al amor y a la lealtad en uno de los más oscuros períodos de la historia de la humanidad. El mundo se derrumbaba y una niña judía rescatada abraza un conejito, pinta en las paredes a sus compañeros de escondite. El mundo se derrumbaba y en los muros, los perseguidos dibujaron estrellas de David y escribieron sus nombres.

La lucha por el derecho al voto: de las sufragistas a los defensores de los derechos electorales de nuestros días



Amy Goodman y Denis Moynihan
Hace cien años que las mujeres conquistaron el derecho al voto en Estados Unidos. Llevó al movimiento de mujeres sufragistas décadas de lucha lograr el derecho al voto: desde la Convención de Seneca Falls en 1848 hasta las campañas de desobediencia civil y las masivas protestas que dieron lugar a la aprobación y ratificación de la 19ª Enmienda en 1920. Hoy, un siglo después, el derecho al voto corre peligro como consecuencia de los intentos agresivos y sistemáticos de privar del derecho al voto a cientos de miles de ciudadanos a lo largo y ancho del país.
Restringir la participación de votantes ha sido una de las principales estrategias del Partido Republicano. En 1980, Paul Weyrich, un activista republicano conservador que fundó instituciones de derecha como The Heritage Foundation, declaró en un discurso: “No quiero que todo el mundo vote. Las elecciones no se ganan con el voto de la mayoría, nunca ha sido así en la historia de nuestro país y no lo es ahora. De hecho, nuestra influencia en las elecciones aumenta considerablemente si hay menos votantes”.
Los estados del llamado “cinturón industrial”, como Pennsylvania, Ohio, Michigan y Wisconsin, fueron decisivos para la victoria de Trump en 2016. En cada uno de esos estados, a excepción de Ohio, Trump ganó por menos de un punto porcentual. Ahora, en una demanda entablada en Wisconsin por una organización conservadora, un juez del condado falló a favor de eliminar a 209.000 personas del padrón electoral. La Comisión Electoral de ese estado suspendió la purga mientras se apela el caso. En 2016, Trump ganó en Wisconsin por apenas 23.000 votos de diferencia.
Las elecciones de 2016 fueron las primeras en las que se aplicó la estricta ley de identificación de votantes de Wisconsin. El grupo progresista Priorities USA concluyó en un informe que dicha ley impidió votar a más de 200.000 habitantes del estado en las elecciones de 2016. Las leyes de identificación de votantes, que exigen que quienes desean votar presenten un documento de identidad con fotografía en los centros de votación, impiden en forma desproporcionada que las personas pobres y de color ejerzan el derecho al voto.
El periodista de investigación Ari Berman dijo en referencia al informe en el programa Democracy Now!: “El mayor descenso en la participación se registró entre votantes negros y de filiación demócrata. El informe concluyó que hubo una disminución más pronunciada de votantes en Wisconsin que en Minnesota, un estado donde no existe una ley de identificación de votantes, y en condados con una población mayoritariamente afroestadounidense”.
Hace dos semanas, Associated Press publicó un informe basado en un audio filtrado de una reunión de la delegación de Wisconsin de la Asociación Nacional de Abogados Republicanos, celebrada el 21 de noviembre de 2019. En el audio se escucha a Justin Clark, un importante abogado de la campaña de reelección de Trump, decir: “Tradicionalmente siempre han sido los republicanos los que han impugnado votantes en los centros de votación”. Clark añadió: “Juguemos un poco más a la ofensiva. Eso es lo que presenciaremos en 2020. Será un programa aún más amplio, mucho más agresivo y con mayor financiamiento”. Justin Clark se estaba refiriendo a realizar actividades organizadas para supervisar la votación, en las cuales empleados y simpatizantes del partido se apostan en los centros de votación de filiación demócrata para cuestionar la legitimidad de los votantes, exigiendo al personal electoral que verifique su identidad o les impida votar. Clark dijo más tarde que sus dichos fueron malinterpretados.
En Georgia, el gobierno estatal republicano eliminó a 100.000 votantes del padrón electoral en diciembre. La medida fue aprobada por un juez federal que hizo caso omiso de una demanda judicial entablada por Fair Fight, una organización fundada por la demócrata Stacey Abrams después de las elecciones de 2018, con el objetivo de promover elecciones justas en Georgia y en todo el país.
En la elección para la gobernación del estado de Georgia de 2018, Abrams se enfrentó al candidato republicano Brian Kemp, que en ese entonces era Secretario de Estado de Georgia y estuvo a cargo de supervisar las elecciones y de administrar el padrón electoral. En julio de 2018, meses antes de la elección, Kemp supervisó lo que ha sido denominado uno de los mayores actos de eliminación de votantes de la historia de Estado
s Unidos, eliminando a más de 500.000 personas del padrón electoral de Georgia, de un total de 6,6 millones de votantes inscritos. Kemp obtuvo una ventaja de alrededor de 50.000 votos con respecto a Abrams, de un total de 4 millones de votos emitidos, y proclamó su victoria. Stacey Abrams denunció que Kemp había incurrido en corrupción en el proceso electoral y se negó a aceptar la derrota, pero no impugnó los resultados.
A pesar de los fuertes intentos de la derecha para impedir que se ejerza el derecho al voto, los defensores de este derecho están logrando avances. En Florida, los votantes aprobaron la 4° Enmienda, que devuelve el derecho al voto a 1,4 millones de ex convictos. El gobernador republicano de ese estado, Ron DeSantis, promulgó un proyecto de ley para obligar a esos posibles votantes a que pagaran “todas las multas” que adeudaban en relación con sus condenas anteriores, lo que hizo considerablemente más lenta la reincorporación de esos votantes en el padrón electoral. Muchos lo denominaron un impuesto al voto.
En cinco estados del oeste, desde Colorado hasta Hawaii, el voto epistolar ha aumentado la participación de los votantes, disminuido los costos y proporcionado una papeleta auditable y fácil de rastrear que permite verificar los resultados electorales. El National Vote at Home Institute se está esforzando por ampliar esta práctica en todos los estados y el proyecto National Popular Vote está trabajando con las legislaturas estatales de todo el país para que los votos del Colegio Electoral se asignen al candidato o candidata que gane el voto popular a nivel nacional.
La democracia implica una lucha constante. Desde las sufragistas a los defensores del derecho al voto de hoy en día, garantizar el sufragio debería ser una lucha de todos.

© 2020 Amy Goodman
Traducción al español del texto en inglés: Mercedes Camps. Edición: María Eva Blotta y Democracy Now! en español, spanish@democracynow.org
Amy Goodman es la conductora de Democracy Now!, un noticiero internacional que se emite diariamente en más de 800 emisoras de radio y televisión en inglés y en más de 450 en español. Es co-autora del libro “Los que luchan contra el sistema: Héroes ordinarios en tiempos extraordinarios en Estados Unidos”, editado por Le Monde Diplomatique Cono Sur.

Descolonizando la IA: un enfoque transfeminista

     
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Supongamos que tiene acceso a una base de datos con información sobre 12.000 niñas y mujeres jóvenes de entre 10 y 19 años de edad, que viven en alguna provincia pobre de Sudamérica.  Los datos incluyen edad, vecindario, etnia, país de origen, nivel educativo de la cabeza de familia, discapacidades físicas y mentales, número de personas en su hogar y acceso a agua caliente corriente.  ¿Qué conclusiones sacaría de esa base de datos?  O, tal vez la pregunta debería ser: ¿Es deseable llegar a alguna conclusión?  La mayoría de las veces, la simple posibilidad de extraer grandes cantidades de datos es una excusa suficiente para "hacerlos hablar" y, peor aún, tomar decisiones basadas en ello.

La base de datos descrita anteriormente es real.  Y es utilizada por las autoridades públicas para prevenir la deserción escolar y el embarazo adolescente.  "Los algoritmos inteligentes permiten identificar características en las personas que podrían derivar en alguno de estos problemas y advierten al gobierno para que puedan trabajar en la prevención de los mismos"[1], dijo un representante de Microsoft Azure.  La empresa es responsable del sistema de aprendizaje automático (machine-learning) utilizado en la Plataforma Tecnológica de Intervención Social, creada por el Ministerio de la Primera Infancia de la Provincia de Salta, Argentina.

“Con la tecnología vos podés prever cinco o seis años antes, con nombre, apellido y domicilio, cuál es la niña, futura adolescente, que está en un 86% predestinada a tener un embarazo adolescente” declaró Juan Manuel Urtubey, político conservador y gobernador de Salta.[2]  El Ministerio de la Primera Infancia de la provincia trabajó durante años con la ONG anti-aborto Fundación CONIN para preparar este sistema.  La declaración de Urtubey se hizo en medio de una campaña a favor de la legalización del aborto en Argentina en 2018, impulsada por un movimiento social a favor de los derechos sexuales que estaba a la vanguardia de la discusión pública local y que recibió mucha atención internacional.  La idea de que los algoritmos puedan predecir el embarazo adolescente es la excusa perfecta para que los activistas anti-mujeres y anti derechos sexuales y reproductivos declaren innecesarias las leyes de aborto.  Según sus relatos, si se tiene suficiente información sobre las familias pobres, se pueden aplicar políticas públicas conservadoras para predecir y evitar los abortos de las mujeres pobres.  Además, existe la creencia de que, "Si es recomendado por un algoritmo, es matemática, así que debe ser verdadero e irrefutable".

Es importante señalar que la base de datos sólo contiene datos sobre mujeres.  Este enfoque específico en un sexo en particular refuerza los roles patriarcales de género y, en última instancia, culpa a las adolescentes de los embarazos no deseados, como si un niño pudiera ser concebido sin un espermatozoide.

Por estas y otras razones, la Plataforma Tecnológica de Intervención Social ha recibido muchas críticas.  Algunos la han llamado una "mentira", una "alucinación" y una "inteligencia que no piensa", y han dicho que los datos sensibles de mujeres y niñas pobres están en riesgo.[3]  El Laboratorio de Inteligencia Artificial Aplicada (LIAA) de la Universidad de Buenos Aires publicó un análisis técnico muy completo de las fallas del sistema.[4]  De acuerdo con LIAA, que analizó la metodología publicada en GitHub por un ingeniero de Microsoft, los resultados fueron sobrestimados debido a errores estadísticos en la metodología.  También se encontró que la base de datos estaba sesgada debido a la inevitable sensibilidad de informar sobre embarazos no deseados y a que las variables eran inadecuados para hacer predicciones confiables.

A pesar de ello, la plataforma siguió siendo utilizada.  Y lo que es peor, las malas ideas disfrazadas de innovación se propagaron rápidamente: el sistema se está desplegando ahora en otras provincias argentinas, como La Rioja, Tierra del Fuego y Chaco, y se ha exportado a Colombia e implementado en el municipio de La Guajira.

La Plataforma Tecnológica de Intervención Social es sólo un ejemplo muy claro de cómo las soluciones de inteligencia artificial (IA), que según sus ejecutores son neutrales y objetivas, se han desplegado cada vez más en algunos países de América Latina para apoyar políticas públicas potencialmente discriminatorias que socavan los derechos humanos de las personas menos privilegiadas.

Creemos que una de las principales causas de estos usos dañinos del aprendizaje automático y otras tecnologías de IA es la creencia ciega en la propaganda de que el Big Data resolverá varios problemas candentes a los que se enfrenta la humanidad.  En cambio, proponemos construir una crítica y un marco transfeminista[5] que ofrezca no sólo el potencial para analizar los efectos perjudiciales de la IA, sino también una comprensión proactiva de cómo imaginar, diseñar y desarrollar una IA emancipatoria que socave las normas sociales consumistas, misóginas, racistas, de género binario y heteropatriarcales.

El Big Data: ¿solucionador de problemas o discriminación disfrazada de matemática?

La IA puede definirse en términos generales como la tecnología que realiza predicciones en base a la detección automática de patrones de datos.  Al igual que en el caso del gobierno de Salta, muchos Estados del mundo utilizan cada vez más herramientas de toma de decisiones algorítmicas para determinar la distribución de bienes y servicios, incluyendo la educación, los servicios de salud pública, la policía y la vivienda, entre otros.  Por otra parte, los programas de lucha contra la pobreza están siendo dataficados por los gobiernos, y se utilizan algoritmos para determinar los beneficios sociales para los pobres y los desempleados, convirtiendo "la experiencia vivida de la pobreza y la vulnerabilidad en datos legibles por máquinas, con efectos tangibles sobre la vida y los medios de subsistencia de los ciudadanos implicados".[6]

Cathy O'Neil, al analizar los usos de la IA en los Estados Unidos, afirma que muchos sistemas de IA "tienden a castigar a los pobres". Ella lo explica:

Esto se debe, en parte, a que están diseñados para evaluar a un gran número de personas.  Se especializan en volumen, y son baratos.  Eso es parte de su atractivo. Los ricos, por el contrario, a menudo se benefician de aportaciones personales.  Los privilegiados, como veremos una y otra vez, son procesados más por humanos, las masas por las máquinas.[7]

Los sistemas de IA se basan en modelos que son representaciones abstractas, universalizaciones y simplificaciones de realidades complejas en las que se omite mucha información a juicio de sus creadores.  En este contexto, la IA reflejará los valores de sus creadores, por lo que muchos críticos se han concentrado en la necesidad de diversidad e inclusión.

Pero la diversidad y la inclusión no son suficientes para crear una IA emancipadora.  Si seguimos las ideas de Marcuse de que "el modo tecnológico de producción es una forma específica o un conjunto de condiciones que nuestra sociedad ha tomado entre otras condiciones posibles, y es este modo de producción el que juega un papel definitivo en moldear las técnicas, así como en la dirección de su despliegue y proliferación"[8], es fundamental sumergirse profundamente en los intereses dominantes de este proyecto histórico-social.  En este sentido, teorías sobre la justicia de datos han reflexionado sobre la necesidad de conectar explícitamente una agenda de justicia social con la revolución de los datos apoyada por algunos Estados, empresas y organismos internacionales, a fin de lograr la equidad en la forma en que las personas son vistas y tratadas por el Estado y por el sector privado, o en conjunto.

Por ejemplo, como plantea Payal Arora, los discursos en torno al Big Data tienen una connotación abrumadoramente positiva gracias a la idea neoliberal de que la explotación con fines de lucro de los datos de los pobres por parte de empresas privadas sólo beneficiará a la población.[9]  Esto señala, en muchos sentidos, que dos viejos conocidos, el capitalismo y el colonialismo, están presentes y sanos cada vez que un sistema de IA despoja a las personas de su autonomía y las trata "como meros datos en bruto a ser procesados".[10]  En la misma línea, Couldry y Mejias[11] consideran que la apropiación y explotación de los datos para la creación de valor tiene profundas raíces en el capitalismo y el colonialismo.

Recientemente, conectando esta crítica a la de la racialización de ciudadanos y comunidades a través de decisiones algorítmicas, Safiya Umoja Noble ha acuñado el término "línea roja tecnológica", que se refiere al proceso de discriminación de datos que refuerza la desigualdad y la opresión. El término se basa en la práctica de "línea roja" en los EE.UU. en la que comunidades son sistemáticamente excluidas de varios servicios, ya sea directamente o a través de un aumento selectivo de precios en función de su raza:

Creo que la gente de color lo experimentará cada vez más como una dimensión fundamental para generar, mantener o profundizar la discriminación racial, étnica y de género.  Este proceso está centralmente ligado a la distribución de bienes y servicios en la sociedad, como la educación, la vivienda y otros derechos humanos y civiles, que ahora están a menudo determinados por un software, o por herramientas algorítmicas de toma de decisiones, que podrían describirse popularmente como "inteligencia artificial".[12]

La pregunta es hasta qué punto son conscientes de ello los ciudadanos y las autoridades públicas que compran, desarrollan y utilizan estos sistemas.  El caso de Salta, y muchos otros, nos muestran explícitamente que la lógica de promover el Big Data como solución a un conjunto inimaginable de problemas sociales se está exportando a América Latina, amplificando los desafíos descolonizadores.  Esta lógica no sólo desplaza los intentos de criticar el statu quo en todos los ámbitos de las relaciones de poder, desde la geopolítica hasta las normas de género y el capitalismo, sino que también dificulta el mantenimiento y la promoción de formas de vida alternativas.

IA, pobreza y estigma

"El futuro es hoy".  Ese parece ser el mantra cuando las autoridades públicas adoptan con entusiasmo las tecnologías digitales sin tener en cuenta las voces críticas que demuestran sus efectos potencialmente discriminatorios.  En los últimos años, por ejemplo, el uso de Big Data para la vigilancia policial predictiva parece ser una tendencia popular en América Latina.  El modelo más común es la construcción de mapas predictivos de delincuencia, pero también se han realizado esfuerzos para desarrollar modelos predictivos de probables autores de delitos.

La misma lógica detrás de la vigilancia predictiva se encuentra en los sistemas de IA contra la pobreza que recopilan datos para predecir los riesgos sociales y desplegar programas gubernamentales.  Como hemos visto, este es el caso de la Plataforma Tecnológica de Intervención Social; pero también está presente en sistemas como Alerta Infancia en Chile.  Una vez más, en este sistema, las predicciones de datos se aplican a los menores en las comunidades pobres.  El sistema asigna puntajes de riesgo a las comunidades, generando alertas de protección automatizadas, que permiten intervenciones "preventivas".  Según información oficial, esta plataforma define el índice de riesgo por factores como el embarazo adolescente, el consumo problemático de alcohol y/o drogas, la delincuencia, las enfermedades psiquiátricas crónicas, el trabajo infantil y la explotación sexual comercial, el maltrato o abuso y la deserción escolar.  Entre muchas críticas al sistema, los grupos de la sociedad civil que trabajan por los derechos de la infancia declararon que, más allá de la vigilancia, el sistema "constituye la imposición de una determinada forma de normatividad sociocultural", asimismo "validando socialmente formas de estigmatización, discriminación e incluso criminalización de la diversidad cultural existente en Chile".  Esto afecta especialmente a pueblos originarios, migrantes y personas de bajos ingresos, ignorando que la creciente diversidad cultural “demanda una mayor sensibilidad, visibilidad y respeto, así como la inclusión de enfoques con pertinencia cultural a las políticas públicas.[13]

Existen al menos tres características comunes en estos sistemas utilizados en América Latina que son especialmente preocupantes por su potencial para aumentar la injusticia social en la región: una es la identidad forzada sobre los individuos y las poblaciones pobres. Esta cuantificación del yo, de los cuerpos (entendidos como construidos socialmente) y de las comunidades no deja cabida para la renegociación. En otras palabras, la dataficación sustituye la "identidad social" por la "identidad del sistema".[14]

En relación con este punto, hay una segunda característica que refuerza la injusticia social: la falta de transparencia y de rendición de cuentas de estos sistemas.  Ninguno ha sido desarrollado a través de procesos participativos de ningún tipo, ya sea incluyendo a especialistas o, lo que es más importante, a las comunidades afectadas.  En cambio, los sistemas de IA parecen reforzar las políticas públicas verticales de los gobiernos que convierten a las personas en ‘beneficiarios’ o ‘consumidores’: "Así como Hacking se refería a 'constituir personas' por medio de la clasificación, la dataficación 'hace' a los beneficiarios a través de categorías censales que se cristalizan en los datos, volviéndolos susceptibles al control vertical”.[15]

¿Por qué un marco transfeminista?

Como hemos visto en los ejemplos de uso de este tipo de tecnologías, algunos programas gubernamentales contra la pobreza en América Latina reflejan un marco de pensamiento positivista, según el cual se podría comprender mejor y cambiar la realidad para siempre si se pudiese cuantificar cada aspecto de nuestra vida.  Esta lógica también promueve la visión de que el ser humano debe buscar el "progreso", entendido como sinónimo de aumento de la producción y el consumo, y que finalmente significa explotación de los cuerpos y territorios.

Todas estas cifras y métricas sobre la vida de las personas menos privilegiadas se recogen, compilan y analizan bajo la lógica de la "productividad" para, en última instancia, sostener el capitalismo, el heteropatriarcado, la supremacía blanca y el colonialismo.

Es necesario tomar conciencia de cómo creamos enfoques metodológicos para el procesamiento de datos de manera que desafíen estos marcos positivistas de análisis y el dominio de métodos cuantitativos que parecen estar adquiriendo un enfoque fundamental en el actual desarrollo e implementación de algoritmos y procesos de toma de decisiones automatizadas.

Más allá incluso de un marco de derechos humanos, los enfoques decoloniales y transfeministas de las tecnologías son grandes herramientas para visualizar futuros alternativos y derribar la lógica prevaleciente en la que se están desplegando los sistemas de IA.  Los valores transfeministas deben ser incorporados en estos sistemas, para que los avances en el desarrollo de la tecnología nos ayuden a entender y desmantelar lo que la feminista negra Patricia Hill Collins llama la "matriz de dominación "[16] (reconocer las diferentes capas de opresión causadas por la raza, la clase, el género, la religión y otros aspectos de interseccionalidad).  Esto nos conducirá hacia un futuro que promueva y proteja no sólo los derechos humanos, sino también la justicia social y ambiental, porque ambos están en el centro de las teorías feministas decoloniales.

Reimaginando el futuro

Para llevar a la práctica este enfoque feminista, en Coding Rights, en asociación con Co-Design Studio del MIT,[17] hemos estado experimentando con un juego que llamamos el “Oráculo para futuros transfeministas”.[18]  A través de talleres, hemos estado reflexionando colectivamente sobre qué tipo de valores transfeministas nos inspirarán y nos ayudarán a visualizar futuros especulativos.

En los talleres surgieron propuestas tangibles de cambio para el presente una vez que nos permitimos imaginar el futuro.  Con el tiempo, surgieron valores como agencia, rendición de cuentas, autonomía, justicia social, identidades no binarias, cooperación, descentralización, consentimiento, diversidad, decolonialidad, empatía, seguridad, entre otros.

Analizar sólo uno o dos de estos valores combinados nos da una herramienta para evaluar cómo se clasifica un proyecto de IA o su despliegue en un marco feminista decolonial de valores.  A partir de ahí podemos proponer tecnologías o prácticas alternativas que sean más coherentes con el presente y el futuro que queremos ver.

(Traducción ALAI)

Paz Peña es consultora independiente sobre tecnología, género y derechos humanos. www.pazpena.com

Joana Varon es la directora ejecutiva de Coding Rights y está vinculada al Berkman Klein Center for Internet and Society de la Universidad de Harvard. www.codingrights.org

 

[1] Microsoft. (2018, 2 April). Avanza el uso de la Inteligencia Artificial en la Argentina con experiencias en el sector público, privado y ONGs. News Center Microsoft Latinoamérica. https://bit.ly/33ogCXz
[2] Sternik, I. (2018, 20 April). La inteligencia que no piensa. Página 12. https://bit.ly/2NLroAO
[3]  Sternik, I. (2018, 20 A(Traducción ALAI)pril). Op. cit.
[4] Laboratorio de Inteligencia Artificial Aplicada. (2018). Sobre la predicción automática de embarazos adolescentes. https://bit.ly/2rfRLah
[5] Nos referimos al transfeminismo como una herramienta epistemológica que, como reconoce Sayak Valencia, tiene como objetivo principal repolitizar y desesencializar los movimientos feministas globales que han sido utilizados para legitimar políticas de exclusión por motivos de género, migración, mestizaje, raza y clase. Ver Valencia, S. (2018). El transfeminismo no es un generismo. Pléyade (Santiago), 22, 27-43.
[6] Masiero, S., & Das, S. (2019). Datafying anti-poverty programmes: implications for data justice. Information, Communication & Society, 22(7), 916-933.
[7] O'Neil, C. (2016). Weapons of Math Destruction: How Big Data Increases Inequality and Threatens Democracy. New York: Crown.
[8] Kidd, M. (2016). Technology and nature: a defence and critique of Marcuse. POLIS, 4(14). https://bit.ly/2rcWVDZ
[9] Arora, P. (2016). The Bottom of the Data Pyramid: Big Data and the Global South. International Journal of Communication, 10, 1681-1699.
[10] Birhane, A. (2019, 18 July). The Algorithmic Colonization of Africa. Real Life Magazine. https://bit.ly/36DUOJH
[11] Couldry, N., & Mejias, U. (2019). Data colonialism: rethinking big data’s relation to the contemporary subject. Television and New Media, 20(4), 336-349.
[12] Bulut, E. (2018). Interview with Safiya U. Noble: Algorithms of Oppression, Gender and Race. Moment Journal, 5(2), 294-301. https://bit.ly/33szyEM
[13] Sociedad Civil de Chile Defensora de los Derechos Humanos del Niño et al. (2019, 28 enero). Día Internacional de la protección de datos. Carta abierta de la Sociedad Civil de Chile Defensora de los Derechos Humanos del Niño. ONG Emprender con Alas. https://bit.ly/2pRs8MP
[14] Arora, P. (2016). Op. cit.
[15] Masiero, S., & Das, S. (2019). Op. cit.
[16] Collins, P. H. (2000). Black Feminist Thought: Knowledge, Consciousness, and the Politics of Empowerment. New York: Routledge.

Mujeres en situación de violencia



Poner fin a la violencia contra las mujeres y niñas se ha convertido en una movilización mundial, sobre todo de mujeres jóvenes nacidas durante este siglo.
Después de 100 años del comienzo de los feminismos, cuyas reivindicaciones se orientaban hacia el acceso a la educación, al empleo, al voto y a la participación política de las mujeres, hoy el reclamo mundial es detener las formas de violencia machista contra ellas en el ámbito social y especialmente como responsabilidad de Estado. No es un tema nuevo, pero ahí estaba, no es un problema reciente, pero no se visibilizaba tan contundentemente como hoy: marchas, movilizaciones, protestas pacíficas y no pacíficas, denuncias y reclamos que han colocado el asunto no sólo en las redes sociales, sino también en las conversaciones cotidianas de ámbitos laborales, familiares, escolares y sociales.
Si el siglo XX cambió la vida de las mujeres, al abrirles acceso a estudios superiores, a participación económica y política, especialmente en las naciones ricas y entre las clases medias y altas de los demás, hoy se reconoce que la violencia hacia las mujeres no ha disminuido en ninguno de los sectores.
La exigencia actual es detener todas las formas de violencia, desde la agresión verbal hasta el feminicidio, y pasando por la violación. Más allá de sus reconocimientos, de retóricas y de leyes bien armadas, el reclamo es para actuar, para realizar acciones efectivas y pararla, en los hechos.
La más grave de las violencias, el feminicidio es un fenómeno difícil de comprender, toda vez que los agresores son hombres, en su mayoría parejas o familiares. Según la ONU, cada día un promedio de 140 mujeres alrededor del mundo mueren a manos de su pareja o de un integrante de su familia: el hogar es el lugar más probable donde las mujeres pueden ser asesinadas. Ochenta por ciento de las víctimas de homicidios perpetrados por la pareja o compañero íntimo son mujeres.
La prevención y atención de las mujeres que viven situaciones de violencia es una tarea de alta prioridad en el gobierno actual de la Ciudad de México. A modo de rendición de cuentas del año, refiero aquí algunas acciones que viene realizando la Secretaría de las Mujeres.
Desde marzo se incorporaron Abogadas de las Mujeres en 79 agencias del Ministerio Público, donde se han ofrecido 45 mil 938 asesorías y se han iniciado 9 mil 570 carpetas de investigación; de éstas, 5 mil 673 se abrieron por violencia familiar; en segundo lugar, por abuso sexual, con mil 94; 795 carpetas de investigación por amenazas y por violación las abogadas han levantado 465.
Cuando se detectan a mujeres en alto riesgo feminicida, las abogadas les tramitan medidas de protección, también las canalizan a servicios integrales a las Lunas, que son unidades territoriales de atención sicológica y jurídica en las 16 demarcaciones de la capital. Las abogadas elaboran la solicitud de medidas de protección, acompañana la mujer ante el juzgado en turno, una vez que se conceden dichas medidas se señala fecha y hora para audiencia al agresor. A la audiencia la mujer va acompañada con una integrante de Abogadas de las Mujeres para solicitar que se confirmen las medidas de protección: prohibición al agresor de acercarse o comunicarse con la mujer; desocupación inmediata del domicilio; prohibición al agresor para realizar conductas de molestia; entrega inmediata de objetos personales y documentos de identidad de la mujer y sus hijos menores de edad; vigilancia y custodia personal a la mujer a cargo de la policía de investigación o de la policía ciudadana; se canaliza a las mujeres para un espacio temporal en lugares seguros, que puede ser la Casa de Emergencia o el Refugio, ambos de la Secretaría de las Mujeres; reingreso de la afectada a su domicilio; prohibición al agresor de intimidar o molestar a la mujer por sí, por cualquier medio o por terceras personas; prohibición al agresor para captar o transmitir por cualquier medio o tecnología imágenes de la mujer. Además se puede tramitar suspensión temporal del régimen de visitas y convivencias; elaborar inventario de bienes; prohibir al agresor hipotecar o enajenar bienes de la sociedad conyugal y obligarle a dar una pensión alimentaria inmediata.
Al Refugio o la Casa de Emergencia ingresan mujeres que viven alto riesgo para su integridad o su vida, y no cuentan con redes de apoyo seguras. En este año se han atendido 599 personas, de las cuales 237 son mujeres en alto riesgo y 362 son sus hijos menores de 12 años.
Atender a las mujeres en situación de violencia ha sido una tarea clave del presente año, las acciones de prevención comenzaron con campañas de comunicación mediáticas y territoriales, éstas y otras acciones de prevención tomarán un vuelo más alto en 2020. Porque así lo requiere la situación.

* Titular de la Secretaría de las Mujeres de la Ciudad de México

Feminicidio: realidad intolerable

Editorial La Jornada 


El año termina con el segundo encuentro internacional de mujeres que luchan, en el cual más de 3 mil 500 de ellas, de 49 países, se reúnen con integrantes del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) para hablar sobre la violencia de género. Al mismo tiempo, la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional Autónoma de México continúa tomada por estudiantes que exigen a las autoridades de la máxima casa de estudios acciones concretas para poner fin a todas las formas de violencia de género que ocurren en el interior de esa y otras unidades académicas. En la Universidad Autónoma Chapingo, la comunidad vive la conmoción del asesinato de su alumna Nazaret Bautista, quien desapareció el 19 de diciembre y fue encontrada sin vida el día 23. Tenía apenas 15 años.
Estos acontecimientos retratan lo que ha sido 2019 en términos de la lucha contra la violencia que padecen las mujeres. Por un lado, el aumento descontrolado en la modalidad más extrema de violencia de género, el feminicidio; del otro, el hartazgo ante la exasperante situación de agresiones e impunidad y la consiguiente oleada de protestas en demanda de que las autoridades de todos los niveles tomen cartas en el asunto, un disruptivo fenómeno de inconformidad en el que las alumnas del país han jugado un papel protagónico, transformando a la vez el panorama de los movimientos estudiantiles, en los que las mujeres siempre fueron centrales, pero a expensas de invisibilizar sus demandas específicas.
Un logro de esta lucha ha sido el reconocimiento del feminicidio como categoría delictiva particular, en la que la víctima es violentada en razón de su género. No se trata de mera cuestión terminológica, pues la aceptación de que las mujeres sufren formas específicas de violencia conlleva admitir también la necesidad de abordar estos crímenes –y los esfuerzos para prevenirlos y sancionarlos– con perspectiva especial.
La paulatina aceptación del feminicidio como algo distinto del homicidio doloso contra una mujer ha permitido dimensionar el alcance de las agresiones machistas, con lo que entre 2015 y 2019 el número de casos clasificados como tales pasó de 411 a más de 890. Esta cifra, escalofriante de por sí, palidece frente al incremento en el número total de mujeres asesinadas, que en entre 2016 y 2019 pasó de 2 mil 746 a más de 3 mil 100 (los datos abarcan hasta octubre pasado). Es decir, en el presente año 10 mujeres han muerto en actos violentos cada día en México.
En suma, el que termina fue el año en que las mujeres mexicanas alzaron la voz y tomaron las calles para confrontar a la sociedad con la realidad asfixiante que viven, así como el punto de inflexión en que se multiplicaron las formas de solidaridad y autorganización femenina para hacer frente a los ataques que padecen. Es imperativo que el año que está por comenzar sea el del lanzamiento de una estrategia integral de lucha contra todas las modalidades de violencia de género que ponga fin a una situación intolerable.

Plácido domingo

Miguel Lorente Acosta
Hoy es un plácido domingo, ha amanecido despacio, como si el sol se hubiera visto envuelto por la pereza festiva y la mañana despertara tranquila, consciente de que tiene todo el día por delante.
La ciudad también amanece con la placidez que da ser dueña, aunque sea por unas horas, del tiempo que el resto de los días le quitan. Hay campanas en el aire, olor a churros por las aceras, y calles solitarias llenas de tranquilidad sin horario ni destino.
Sin embargo, en muchos hogares, a pesar de las ventanas abiertas, la luz no termina de entrar en el silencio artificial del domingo, ni logra hacer pasar dentro la placidez que habita en el exterior.
Las explicaciones que Plácido Domingo dio en su comunicado tras las denuncias de abuso sexual, fueron muy significativas e ilustrativas de lo que es la normalidad construida por el machismo y su cultura. Dijo, “reconozco que las normas y estándares por los que se nos mide hoy son muy diferentes de lo que eran en el pasado…”
Curiosamente, lo que nos dice es que aquello que los hombres y sus normas y estándares consideran normal, es lo que se traslada como normal a toda la sociedad; mientras que las mujeres que viven las conductas de los hombres como violencia, no sólo no pueden trasladar ese significado a la sociedad, sino que, incluso, tienen que callarlo para evitar que junto a la violencia de la agresión sufran la violencia de la discriminación y el rechazo social, como hoy mismo, más de 20 años después, intentan hacer con las mujeres que han denunciado.
El argumento que da hoy Plácido Domingo podría ser utilizado para las conductas que eran cuestionadas cuando él se comportaba de forma “normal”. De manera que un hombre que en 1990 hubiera sido denunciado por violencia contra una mujer realizada 20 años antes, podría haber dicho entonces que los estándares de los 90 no eran los mismos que los de los 70. Justo igual que hace él hoy para las conductas “normalizadas” 20 años atrás.
Al final la situación resulta muy gráfica. La violencia contra las mujeres siempre está presente y lo que cambia no es su realidad, sino el umbral sobre el que se establece la crítica y la reprobación, pero sin que ello sea suficiente para que se acompañe de una respuesta legal, puesto que la ley no cambia, sólo lo hace la percepción de los hechos para integrarlos como consecuencia de las circunstancias, no para cuestionarlos como parte de una cultura que normaliza el abuso, y mucho menos para sancionarlos con una ley que debe ser modificada para poder hacerlo.
Pero si ya es triste la situación, aún resulta más terrible lo que revela de la posición de los hombres, no sólo por asumir que desde su status de poder pueden llevar a cabo conductas violentas sobre las mujeres al amparo de la normalidad, sino por la desconsideración y la falta de la más mínima empatía con las mujeres a las que ocasionan un grave daño con su violencia. Para ellos las mujeres quedan al margen, les da igual el daño que sufran como consecuencia de sus conductas, no es su problema. Ellos sólo se preocupan de cubrir sus deseos y de que las normas y estándares los cubran a ellos.
¿Se han preguntado alguna vez si las normas y los estándares eran suficientes para admitir en su día el derecho de pernada, los matrimonios de conveniencia, el débito conyugal, el acoso callejero…?
El cambio y la transformación de esa normalidad machista es la que están consiguiendo las mujeres y el feminismo, por eso no es casualidad que la crítica del machismo y de los sectores más conservadores de la sociedad se dirijan contra ellas y contra el feminismo. Si nada cambia todo sigue igual, y si no hay quien haga cambiar la desigualdad esta continuará lo mismo bajo “nuevas normas y estándares”.
Hoy es un plácido domingo, sí, pero no en todos los hogares. En muchos de ellos hay mujeres sufren la violencia que los hombres ejercen desde su placidez, para así llenar las semanas de tranquilos martes, miércoles y lunes, de apacibles viernes, jueves y sábados, y de plácidos domingos.


Exponen casos de las víctimas de la violencia de género

Encuentro zapatista de mujeres

Buscan construir propuestas para evitar la impunidad

Foto
▲ El segundo día del encuentro internacional de mujeres, en Altamirano, Chiapas, tuvo como fin escuchar testimonios de violencia de género y organizar mesas de trabajo para llegar a acuerdos y generar información para combatir la problemática.Foto Cuartoscuro
 
Periódico La Jornada
Domingo 29 de diciembre de 2019, p. 7
Altamirano, Chis., Durante el día dos del Segundo Encuentro Internacional de Mujeres que Luchan, convocado por integrantes del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN), este sábado, madres de personas asesinadas y desaparecidas expusieron sus testimonios y la impunidad que prevalece para los agresores.
Concentradas en el templete del Semillero Huellas del caminar de la comandanta Ramona en el caracol Morelia, las asistentes escucharon los casos de madresque compartieron su dolor por no encontrar a sus hijas y la impotencia que experimentan ante la ineficiencia de las autoridades para castigar a los responsables. La meta es escucharse y organizar mesas de trabajo para llegar a acuerdos y generar información que ayude a combatir esta problemática.
María de Lourdes García Arizmendi, madre de Norma Dianey García García, quien desapareció en Nezahualcóyotl, estado de México, hace casi dos años, narró la desesperación que vive desde que su hija salió de su trabajo en Iztapalapa y abordó el transporte público donde perdió contacto con ella el 15 de enero de 2018.
Describió que a los dos días de su desaparición, familiares interpusieron una denuncia ante la Fiscalía General de Justicia estatal por un posible secuestro pues recibían mensajes en los que delincuentes exigían una fuerte cantidad de dinero para liberar a la joven. Semanas después, las autoridades ministeriales detuvieron a dos personas, padre e hijo, quienes confesaron ser responsables de la violación, mutilación y asesinato de Norma Dianey, de 24 años de edad.
“Ellos dijeron que habían tirado los restos por el basurero de Teotihuacán, pero nosotros hicimos seis búsquedas; sin embargo hasta la fecha no encontramos el cuerpo de mi hija.
(De) Estas dos personas que estuvieron detenidas en el reclusorio, al hijo lo mataron a los siete meses deestar en la cárcel y al padre lo dejaron en libertad en febrero de este año, y no tenemos ni justicia ni cuerpo ni nada, manifestó.
María de Lourdes García señaló que actualmente reciben mensajes del teléfono de su hija Norma Dianey, con textos donde exigen el pago de un rescate.
Ella asegura que ha pedido prueba de vida, pero no recibe contestación alguna.
Anunció que en enero encabezarán una marcha para exigir que las autoridades localicen a su hija, por lo que pidió a las presentes, unirse a su lucha.
Otro de los testimonios fue de María Patricia Becerril, mamá de la médico Zyanya Figueroa Becerril, quien fue encontrada muerta en su departamento en Puebla, Puebla, el 15 de mayo de 2018.
“Mi hija fue ‘suicidada’, y utilizo esta palabra porque para la Fiscalía General del estado fue más fácil decir que se suicidó a comprometerse a investigar su muerte.
A mi hija la encontraron colgada del cancel del baño; sin embargo, sobre la cama había dos ampolletas vacías de cloruro de potasio y clonazepam, que con una dosis provoca un infarto fulminante y quisiera saber si mi hija primero se colgó o se inyectó para matarse, expresó.
Lamentablemente no todas las compañeras madres pueden concluir la investigación, las derrota el dolor por la muerte de sus hijas y se quedan en el camino, pero su lucha y aprendizaje me ha llevado a darme cuenta que no es solamente luchar por la muerte de mi hija, sino por todas las que se han unido en este trayecto, sostuvo.
María Patricia agregó que un médico forense de Guatemala que también apoyó en el caso de Lesvy Berlín Rivera Osorio (la joven encontrada colgada del cable de auricular de una cabina de teléfono público, a un costado de la Facultad de Ingeniería, en Ciudad Universitaria, el 3 de Mayo de 2017) revisó la necropsia realizada por las autoridades y determinó que las características de muerte que presentó Zyanya no corresponden a un cuerpo en suspensión, como asegura la policía del caso.
Continúa la lucha para concientizar a las féminas
Jennifer, una de las coordinadoras del Segundo Encuentro Internacional de Mujeres que Luchan, el cual congrega a más 5 mil personas, sostuvo que en sus comunidades continúa la lucha para que más féminas sean conscientes de sus derechos y no permitan ningún tipo de maltrato físico, moral o económico.
Algunas compañeras todavía sufren, pero otras han logrado entender el derecho de ser libres, pero tampoco puedo mentir y decir que la violencia no existe, siempre existe y va a existir, pero siempre depende si la mujer se deja, sostuvo.
Destacó que en su pueblo Vicente Guerrero, municipio de Ocozocoautla, las penas por violentar a una zapatista pueden ser desde limpia de potreros, cargar piedras, trabajo en alguna construcción o en labores comunitarias dentro del pueblo o en la zona.
Si alguien sufre de violencia, los tres niveles de gobierno intervienen para mediar y castigar a los responsables. Si se vuelve a cometer el caso, se duplica o triplica el castigo dependiendo del hecho, explicó Jennifer, quien trabaja en el campo.
La indígena de 30 años de edad destacó que logró hacer de la libertad y la autonomía sus mayores ejes de vida, pues al ser madre soltera lucha para sacar adelante a su hija y disfruta de administrar su tiempo como le plazca.
Destacó que su caso es un ejemplo del empoderamiento de una parte de las integrantes del EZLN, ya que en 25 años han avanzado en el respeto a los derechos de cada género.

Veracruz, el gran cementerio de mujeres: la crisis de feminicidios en México


Cada día, en México, 10 mujeres son asesinadas en promedio por razones de odio. La crisis de los feminicidios y demás formas de violencia contra este género (como la sexual) debería generar una reflexión de carácter nacional, pues ningún país puede aspirar al pleno desarrollo si consiente que un sector poblacional sea violentado tan brutalmente como sucede con las mujeres por el simple hecho de nacer con este género.

Esa reflexión colectiva debería, a su vez, derivar en formas concretas de atención a estos graves problemas, que pasen necesariamente por reducir los altos índices de impunidad con castigos ejemplares para todos aquellos que violenten a bebés, niñas, adolescentes, adultas y ancianas; ello, sin importar la influencia que los agresores puedan tener tanto en el ámbito político como en el económico, social, cultural o de cualquier índole, incluido el religioso.

Y es que los grados de impunidad son alarmantes y empiezan por la manera en cómo se investigan estos crímenes: de acuerdo con el Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio (OCNF), sólo el 25.6 por ciento de los homicidios dolosos contra mujeres se tipifica como feminicidio e investiga con perspectiva de género.

El feminicidio es el grado culminante de todas las formas de violencia contra la mujer, apunta el análisis Feminicidio e impunidad, del Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública. Ello, porque se trata de un asesinato misógino.

Con base en estadísticas del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, el Observatorio ha señalado que de enero a septiembre de 2019 se cometieron 2 mil 833 asesinatos de mujeres a nivel nacional, de los cuales sólo 726 se investigan como feminicidios, lo que equivale al 25.6 por ciento; el resto, 2 mil 107 son investigados como homicidios dolosos.

El OCNF agrega que los estados con mayor número de casos de feminicidio son: Veracruz, con 140 casos; Estado de México, 81; Nuevo León, 53; Puebla, 45, y Ciudad de México, 40. Y añade que los municipios con mayor número de mujeres víctimas de feminicidio son: Monterrey, Culiacán, Ciudad Juárez, Xalapa y Guadalajara.

“Como OCNF, a través de solicitudes de información a las fiscalías y procuradurías del país, obtuvimos información de Coahuila, Estado de México, Ciudad de México, Durango, Guerrero, Hidalgo, Jalisco, Morelos, Puebla, Quintana Roo y San Luis Potosí, que nos refiere que de enero a junio de 2019 las autoridades de los estados referidos registraron 879 asesinatos de mujeres, de los cuales sólo 248 se están investigando como feminicidio.”

En muchos casos, las autoridades desconocen la relación o vínculo entre la víctima y el victimario. Para el Observatorio, este vacío de información demuestra que “las investigaciones carecen de las diligencias básicas” que requiere una indagación ministerial para reconstruir los hechos y dar con los responsables.

Por su parte, el análisis del Cesop señala la gravedad del problema reflejada en las estadísticas: entre 2014 y 2015 sumaron 8 mil 904 asesinatos de mujeres; y 2 años después, sólo durante 2017, el total daba 3 mil 256. Lo que claramente muestra una tendencia al alza.
El papel de la impunidad

La falta de castigo para cada agresor de mujeres da pie, sin duda, a que otros hombres con tendencias patriarcales y machistas terminen incurriendo en actos de violencia de género, porque en México es muy fácil evadir la ley.

Baste revisar la historia. El problema de los feminicidios en México se visibilizó como un síntoma de una descomposición social más amplia, resultado de una pandemia de impunidad que puede ubicarse en Ciudad Juárez, Chihuahua, hace un cuarto de siglo, apunta el investigador parlamentario Luis Ángel Bellota, en su análisis Feminicidio e impunidad.

Agrega que ni siquiera en aquella ciudad fronteriza la crisis de feminicidios fue motivo suficiente para que se tomaran las diligencias necesarias en el mejoramiento del sistema de justicia, así como una estrategia integral que previniera esta tragedia cotidiana.

Y es que en su análisis publicado por el Cesop se señala que “las muertes y desapariciones de jovencitas en Ciudad Juárez, que tantas críticas internacionales le granjearon al gobierno mexicano”, no propiciaron que éste intentase llegar al fondo del asunto. Así, a pesar de sentar un precedente muy importante del fenómeno, “sorprendentemente, no apuraron una solución”.

Resulta hasta una obviedad que la impunidad ha sido y sigue siendo uno de los factores que más potencia este crimen de odio. Para Bellota, en los años posteriores al foco de atención que generaron las muertas de Juárez, el problema del feminicidio se agravó en otras entidades federativas al calor del aumento de la criminalidad.

“Estamos a punto de que se cumplan 20 años de alternancia política pero no vemos la fecha para que las instituciones que la acompañaron muestren una mejoría e impacten positivamente en la calidad de vida de los mexicanos […]. La comisión de crímenes hasta grados inauditos, los comportamientos anómicos en todas las clases sociales, la corrupción institucionalizada en los tres escalafones del gobierno y el sentimiento generalizado de injusticia no pueden ser compatibles con el deseo que la ciudadanía se planteó en el año 2000. Estos adeudos que horadan las perspectivas de futuro y la vida en común parecen ser la antesala de nuestro propio –y muy mexicano– estado hobbesiano de naturaleza”, concluye el investigador.

En ese contexto, lamentablemente, los feminicidios no sólo no cesan, sino que se incrementan a lo largo y ancho del país, dejando una ola de agravios sociales que van mucho más allá de la pérdida de vida de las mujeres. Por ello es urgente generar ya estrategias efectivas para frenar estos crímenes de odio. Nunca será justo ni justificable el asesinato de seres humanos por el sólo hecho de haber nacido mujeres y eso es, en esencia, el feminicidio.

https://www.contralinea.com.mx/archivo-revista/2019/12/29/veracruz-el-gran-cementerio-de-mujeres-la-crisis-de-feminicidios-en-mexico/

Autor: Nancy Flores  @Nancy_Contra

La salud sexual tiene que dejar de ser solo cuestión de mujeres




Muchos dirán que la maternidad es la razón principal por la cual cuidar la sexualidad es un asunto femenino. De ser así indicaría que la salud es secundaria o no importa a la mayoría de las personas pero, las enfermedades sexuales son asunto de todas y todos

Madrid, 19 dic. 19. AmecoPress.- Las mujeres gastan una media de 238 euros al año por el simple hecho de serlo. Un sobrecoste por puro nacimiento del cual la mayoría, hasta hace poco, vivían sin ser conscientes. La desigualdad que eso supone no es percibida por muchas personas, pero la realidad es que está ahí y es parte de nuestro día a día. Aunque esta desigualdad se refleja en las cifras económicas, va mucho más allá.
A los 30 años la mayoría de las mujeres se han gastado unos 1.800 euros en anticonceptivos como la píldora, el método más utilizado en España, o el anillo vaginal. Pero además del gasto económico que conlleva, ¿Qué pasa con el tiempo que se pierde comprándolos? ¿Y los quebraderos de cabeza para acordarse? ¿Y las horas que se invierten en acudir a citas médicas para controlar la salud sexual? Desde bien pequeñas todas tienen claro que la responsabilidad de la sexualidad es suya. Las citas en ginecología se aconsejan una vez al año, deben saber si todo marcha bien desde que se comienza a tener relaciones sexuales.
El mundo masculino es radicalmente distinto. A ellos nadie les dice nada sobre esos temas, no asumen responsabilidad alguna, al menos hasta que aparece algún problema. Parece que la prevención no es asunto suyo. En el caso de los hombres la situación no es ni siquiera parecida, porque solo tienen la recomendación de ir al urólogo a partir de los 50 años a causa de problemas prostáticos, a pesar de que son ellos los que más enfermedades de transmisión sexual padecen. Pero, ¿hay algún porqué para esta diferenciación? Según Francisca García, ginecóloga en la clínica GineMálaga y presidenta de la Asociación de Clínicas Acreditadas para la interrupción del Embarazo (ACAI), la recomendación no tiene ninguna base médica: «No hay ninguna razón médica para indicar que a partir de la primera relación sexual una mujer tenga que ir a la ginecóloga o al ginecólogo. Supongo que socialmente se piensa que a partir de ahí tienes que empezar a cuidarte, entiendo». Y así se comprueba que una vez más la sociedad hace responsables a las mujeres de una cuestión que debería ser, también, asunto de ellos.
 
«Cuando una mujer o un hombre se inicia en las relaciones sexuales deberían de ir a un profesional, tanto los hombres como las mujeres. Ir al urólogo a los 50 es porque empiezan con problemas de próstata, pero antes también deben ir a su médico. Lo que pasa es que la responsabilidad del anticonceptivo se considera, en la sociedad en general y desde todo sector sanitario o educativo, que reside en la mujer porque es la que se queda embarazada. Creo que es así de duro», afirma Francisca García. Y sí, así de crudo es. Esa es la realidad del machismo que aún es parte de la sociedad española. Ellos padecen un 60 % más de gonorrea que las mujeres. Hay un 53 por ciento más de hombres con sífilis. Y las ladillas afectan tan sólo al 18 por ciento de mujeres frente al 81 de hombres. Mirando estos números, ¿no sería lógico que fueran los varones los obligados a acudir a consulta más frecuentemente?

Las revisiones sexuales deberían ser obligatorias para ambos sexos

Muchos dirán que la maternidad es la razón principal por la cual cuidar la sexualidad es un asunto femenino. En el supuesto de que eso fuera así, indicaría que la salud es secundaria o no importa a la mayoría de las personas. La realidad es que las enfermedades sexuales no afectan tan solo a aquellas personas que van a ser madres, así que de importar realmente la salud y el hecho de curar las infecciones sexuales que se puedan presentar, volveríamos a tener que estar obligados, hombres y mujeres, a ir durante toda nuestra vida con periodicidad al médico.
Pero sigue sin ser así. Preguntes al médico que preguntes, te contestará que los hombres están obligados a ir al urólogo a partir de los 50 ó a los 40 si tuviera antecedentes familiares de cáncer, en ningún momento se plantean recomendar revisiones por enfermedades derivadas de relaciones sexuales a ningún hombre.
Y es que está claro que la discriminación no es solamente económica, incluso eso sería lo de menos. Más de seis horas al año es lo que pierde cualquier mujer en ir al supermercado para comprar cualquier tipo de producto para el periodo. Otras seis en acudir a la farmacia de turno para hacerse con el método anticonceptivo elegido. Y el incalculable tiempo que se invierte en asistir a las citas obligatorias en el departamento de ginecología, porque si no es una consulta privada, seguramente serán siglos esperando. Todo esto es solo una cuestión femenina. «Las mujeres que acuden a la consulta para solicitar anticonceptivos siempre lo hacen solas, en muy contadas ocasiones están acompañadas por sus parejas. A los hombres no se les educa para formar parte de ese proceso», afirma Clara Iglesias, médica de familia en un centro médico privado.

Hay que compartir el gasto de los anticonceptivos

«Parece una tontería, pero en realidad no lo es. Tomar la píldora te tiene atada a un recordatorio día a día. Yo tengo una alarma en el móvil para acordarme y aún así a veces me despisto. Es como una carga mental de la que solo somos responsables nosotras, ellos dejan esa obligación en nuestras manos cuando también es su compromiso». Marta, estudiante de la Universidad Complutense que prefiere no desvelar su apellido, explica así la manera en la que ella y su pareja manejan los anticonceptivos cada mes. Es curioso la extrañeza con la que reaccionó al preguntarle por este tema. Ella tiene ya 23 años y hasta ahora no se había planteado que la responsabilidad es de ambos, tanto la económica como la psicológica.
En España más del 72 por ciento de las mujeres toma algún tipo de anticonceptivo. La edad a la que deciden comenzar con ellos es a los 20 años de media. Esto implica que unas 11.420.000 mujeres están actualmente siendo las únicas responsables de la sexualidad de millones de parejas estables y esporádicas que hay en este país durante más o menos unos 30 años. Once millones de personas que invierten un tiempo, más o menos 240 horas a lo largo de su vida, y unos pensamientos que les quitan tranquilidad y tiempo libre para hacer otras cosas. Si esa responsabilidad fuera compartida la calidad de vida de las mujeres, sobre todo psicológica, aumentaría exponencialmente.

«En mi vida he ido al urólogo, ni me lo he planteado»

Ellas tienen que informarse. Son ellas las que van a ginecología desde que tienen su primer contacto sexual. Son las responsables de tomarse el método anticonceptivo correspondiente, en el momento adecuado, para que no se produzca un embarazo no deseado. Son las mujeres las que casi siempre bajan a comprar ese método y en muchos casos las que lo pagan. Tristemente a los hombres les han enseñado que solo tienen que sentirse responsables de evitarlo en el momento en el que ya es un hecho, y no en todos los casos. Ellos de manera subliminal han entendido que el único momento en el que deben acudir a un médico es cuando una enfermedad sexual se ha manifestado. En consecuencia es posible que la enfermedad se haya pasado a otras personas, ya que los síntomas en ellos suelen tardar más en ser visibles. «Es cierto que hasta ahora a mí nadie me ha dicho que debo ir regularmente al médico. En mi vida he ido al urólogo, ni me lo he planteado. Supongo que son costumbres que hay que empezar a cambiar», cuenta Manuel (nombre ficticio por decisión del entrevistado), residente en Madrid, de 27 años que tiene novia desde hace un año.
Los datos dejan en evidencia la gran desigualdad que existe a la hora de responsabilizar en cuestiones sexuales, pero está en la mano de cada una de nosotras y de nosotros cambiar la realidad en la que vivimos. Las enfermedades sexuales son cuestión de cualquier sexo. La salud no puede ser solo asunto de las mujeres. Y el compromiso con la toma de anticonceptivos deben estar en manos de ambas personas, al menos, dentro de una pareja. El camino a la igualdad pasa por muchos detalles del día a día que hay que cambiar.
Foto: Archivo AmecoPress.
Sociedad – Salud y género – Formación en género – Situación social de las mujeres – Feminismo. 19 dic. 19. AmecoPress.

Un año de avances legislativos para las mujeres


Ciudad de México. En un año el Congreso de la Unión consiguió aprobar 4 reformas: en materia de participación política, derechos laborales, violencia contra las mujeres y educación con perspectiva de género.
El Congreso de la Unión cerró 2019 con cuatro reformas favorecedoras para las mexicanas: educación con perspectiva de género; paridad en los tres órdenes de gobierno y organismos autónomos; prisión preventiva oficiosa para feminicidas y derechos laborales para trabajadoras del hogar.
En medio de las reformas constitucionales promovidas por el presidente Andrés Manuel López Obrador, el Senado, integrado por 49 por ciento de mujeres, y la Cámara de Diputados, compuesta por 48 por ciento de diputadas, aprobaron cuatro reformas que, aunque en algunos casos fueron criticadas por agrupaciones feministas, se publicaron en beneficio de los derechos de las mujeres.
Las legisladoras incidieron en la agenda parlamentaria desde que inició 2019. Por ejemplo: entraron al debate sobre prisión preventiva oficiosa donde algunas defensoras aseguraron que el enfoque punitivo no garantiza justicia a las mujeres, mientras otras mencionaron que era una forma de atacar la impunidad.
Finalmente, en abril el Congreso reformó el artículo 19 constitucional para que delitos como feminicidio y violación ameriten que el acusado siga su proceso en reclusión para que no escape o atente contra la víctima. En mayo entraron en vigor las reformas a cinco leyes laborales con el objeto de garantizar la justicia laboral, la libertad sindical y la negociación colectiva.
En ambas Cámaras se precisó que con estas normas se impulsaría la presencia de las mujeres en la vida sindical y aumentaría su actividad como lideresas de trabajadores, esto debido a que en la Ley Federal del Trabajo se estableció la obligación de que toda directiva se conforme bajo el principio de paridad de género. En este tema también se lograron cambios en favor de las trabajadoras del hogar. En la misma ley se estableció que las empleadas deben tener contrato por escrito donde se estipule su remuneración, horas de trabajo, suministro de alimentos y herramientas de trabajo.
Además, para verificar el cumplimiento de estas disposiciones, inspectores del trabajo podrán hacer visitas a los hogares. Por otro lado, se facultó a la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos para fijar la remuneración del trabajo en el hogar; se prohibió la contratación de personas menores de 15 años de edad y, en casos de personas de entre 16 y menores de 18, se precisó que las jornadas no podría ser de más de 6 horas al día. La reforma a la Ley del Seguro Social, por su parte, incorporó a las personas trabajadoras del hogar como sujetos de aseguramiento del régimen obligatorio.
Otro de los avances legislativos más ambiciosos se concretó en junio al entrar en vigor la reforma a nueve artículos constitucionales para garantizar que la mitad de los cargos de decisión política en los tres niveles de gobierno (federal, estatal y municipalen los tres poderes de la Unión (Ejecutivo, Legislativo y Judicial), y organismos autónomos sean para mujeres, lo que se conoce como “paridad en todo” o paridad transversal.
La reforma, que buscó llevar la paridad más allá del terreno electoral, también hizo que la Carta Magna adoptara un lenguaje incluyente y con perspectiva de género al cambiar términos como “varones” por “hombres”, “ciudadanos” por “ciudadanía”, “diputados” por “diputaciones”, “senadores” por “senadurías” e incluir ministras y ministros.
Meses después, con la nueva reforma educativa, en septiembre se publicaron tres leyes en la materia, entre ellas la Ley General de Educación que ordena el diseño de políticas incluyentes, transversales y con perspectiva de género y que los contenidos de los planes y programas de estudio comprenden aprendizaje sobre igualdad de género y educación sexual integral y reproductiva, entre otros rubros.
Finalmente, en diciembre las y los diputados aprobaron tres reformas que aún deben ser ratificadas por el Senado para entrar en vigor. La primera fue la Ley de Amnistía propuesta en septiembre por López Obrador para otorgar la libertad a mujeres, personal médico y parteras acusadas del delito de aborto o de homicidio en razón de parentesco; y por delitos contra la salud, entre otros. La segunda fue para modificar la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia para hacer más eficiente el proceso para decretar la “Alerta de Violencia de Género”. Un cambio normativo más que podría avanzar este 2020 es el paquete de reformas para definir y sancionar la violencia política de género en ocho leyes.
19/AGM/LGL

Publica el gobierno federal su protocolo contra el acoso sexual


Se pronuncian por la Cero tolerancia a las conductas de hostigamiento por razones de género entre funcionarios

Las secretarías de Gobernación, de la Función Pública y el Instituto Nacional de las Mujeres dieron a conocer este viernes a través del Diario Oficial de la Federación un protocolo para la prevención, atención y sanción del hostigamiento y acoso sexual, cuya finalidad es establecer las bases de actuación para erradicar dichas prácticas en el gobierno federal.
Entre los propósitos de dicho protocolo –firmado por las titulares de los tres organismos involucrados, Olga Sánchez Cordero, Irma Sandoval y Nadine Gasman, respectivamente– se encuentran establecer medidas específicas para prevenir conductas de hostigamiento sexual y acoso sexual así como promover una cultura institucional de igualdad de género y un clima laboral libre de violencia.
Pretende definir mecanismos para orientar y, en su caso, brindar a la víctima de hostigamiento sexual y acoso sexual acompañamiento especializado ante las autoridades competentes, a fin de garantizar la no revictimización y el acceso a la justicia. Entre las acciones de prevención establecidas por los organismos firmantes figuran la emisión de un pronunciamiento de Cero tolerancia a las conductas de hostigamiento sexual y acoso sexual, que deberá difundirse periódicamente a las personas servidoras públicas, mediante los canales de comunicación institucionales de cada secretaría u organismo gubernamental.
Asimismo, se busca asegurar que la totalidad del personal reciba al menos una sesión anual de sensibilización en materia de igualdad entre mujeres y hombres y prevención del hostigamiento sexual y acoso sexual.
Crean consejo interno
Otros aspectos son promover una cultura institucional de igualdad de género y un clima laboral libre de violencia; documentar la campaña de difusión que anualmente se lleve a cabo, y contar con el número necesario de personas consejeras, quienes estarán encargadas de analizar las denuncias de hostigamiento y acoso sexual.

Periódico La Jornada