Enrique Calderón Alzati
La masacre cometida en días pasados en Noruega tiene varias lecturas posibles, todas desde luego siniestras; una de ellas es la proclividad a la violencia máxima por parte de algunos individuos de la especie humana, proclividad que debería haber sido erradicada para siempre luego de las grandes tragedias del siglo XX causadas por el odio y la irracionalidad ejercida por quienes teniendo acceso a las armas y al control de éstas hicieron uso de ellas para destruir y asesinar a sus semejantes, incluyendo a víctimas inconscientes del peligro que se cernía sobre ellas. En el contexto actual, resalta desde luego la naturalidad de este asesino para justificar su crimen, dando una serie de razones por las que más que sentirse culpable, se considera como una especie de héroe o paladín de una causa, que está por encima de cualquier otra consideración. Ello nos dice mucho del grado de trastorno mental al que pueden llegar algunos individuos hoy en día.
Las recientes declaraciones del jefe de la Armada de México, orientadas a poner en duda las acciones de los organismos civiles que hoy están buscando cambiar los escenarios de violencia en los que nuestro país se encuentra inmerso, constituyen una respuesta desafortunada a las denuncias publicadas por La Jornada en días pasados, respecto al comportamiento violento e injustificado de infantes de marina que en los estados de Tamaulipas y Nuevo León se han venido dedicando a secuestrar, a desaparecer y amenazar a miembros de la población de regiones cercanas a la frontera con Estados Unidos, siguiendo un comportamiento errático e inexplicable, denuncias que nos presentan una vez más los riesgos implícitos en el uso de las fuerzas armadas para hacer frente a un problema cada día más grave, pero limitado al ámbito propio de la sociedad civil. Seguramente para el hombre que hoy desgraciadamente dirige al país y a quien está obligado a servir el jefe de la Armada se trata de unas noticias más, como tantas otras, que están generando probablemente algunos daños colaterales
adicionales a los ya conocidos, originando más protestas que les son molestas y a las cuales es necesario neutralizar.
Lo que el Presidente y sus colaboradores del gabinete de seguridad se han negado a entender es que los miembros de las fuerzas armadas han sido entrenados y preparados para defender el territorio nacional frente a fuerzas extranjeras, por lo que su comportamiento tiene como objetivo la destrucción de las fuerzas enemigas
y en ningún momento la de ponerse a investigar el nivel de riesgo que esas fuerzas representan. En los ámbitos de la sociedad civil, por lo contrario, ningún individuo, aun cuando éste sea sorprendido cometiendo un delito, puede ser castigado, y menos dañado físicamente, sino ser puesto ante la justicia, con un expediente que amerite su detención y su castigo, garantizando siempre sus derechos humanos, para evitar entre otras cosas lastimar física o moralmente a quienes resulten ser ajenos a los delitos imputados. Este es el error que todos los días y en todas partes del país vienen cometiendo quienes hoy gobiernan, protegiéndose en el hecho
, reconocido sólo por ellos, de que nos encontramos en estado de guerra
. Sin embargo, en este caso este error conforma por sí mismo un delito, y un delito grave, porque en la realidad no existe ningún estado de guerra con país alguno, y el uso de las fuerzas armadas tiene una normatividad establecida por la Constitución, precisamente para asegurar que estas cosas no ocurran.
El delito específico que en lo personal considero ha sido cometido por el señor Felipe Calderón, con implicaciones directas en la muerte de miles de individuos, está tipificado en el ámbito internacional como genocidio, si bien no es posible imputar aspectos de racismo o de algún otro tipo de odio, sino irresponsabilidad y seguramente trastornos mentales de su parte, razón suficiente, por cierto, para ser inhabilitado por el Congreso, que al no hacerlo ha incurrido en una forma de complicidad. La conducta es similar a la del director de un hospital que ante un paro o la simple ausencia o incapacidad de sus cirujanos, llamara a los electricistas y demás personal de mantenimiento a hacerse cargo de los quirófanos y de la intervención quirúrgica a los pacientes; la diferencia radica, desde luego, en el agravante que existe en el caso real, de los enormes atractivos que representan para un militar, al igual que para un agente de seguridad, los ofrecimientos de recursos económicos que el crimen organizado puede hacerle, sobre todo cuando no existe una formación ética adecuada, tal como los hechos demuestran en cientos o quizás miles de casos en que esos servidores han decidido cambiar de bando, sea de forma abierta o encubierta.
Esta, desde luego, no es la razón única de que nuestros gobernantes parezcan estar respaldados por ciudadanos que piensan como ellos, pues también está el hecho anunciado por el propio Presidente de los extraordinarios aumentos de recursos financieros dedicados a equipar a las fuerzas de seguridad, así como al Ejército y la Armada, con lo cual se han abierto enormes posibilidades de negocios a los mercaderes de armas, aspectos que también debiera ser responsabilidad del Congreso investigar.
El dilema al que el Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad valientemente encabezado por Sicilia y otros distinguidos luchadores sociales nos ha llevado es el de decirnos cada uno de nosotros si debemos darles nuestro apoyo o dejar que las políticas de seguridad sigan conduciendo al país por senderos de destrucción y muerte, y que el Presidente siga pensando que su lucha se justifica por sí misma y que sus causas están por encima de la sociedad, de los derechos humanos de los mexicanos y de la Constitución.
Natalia SaltalamacchiaLa Marina y los derechos
En el contexto de incertidumbre que produce la batalla contra el crimen organizado cada palabra y cada posicionamiento de las distintas instituciones estatales cuenta.
Cuenta para bien que en la reciente ceremonia de graduación de oficiales de la Armada el secretario de Marina, Francisco Saynez, haya recordado que no es necesario violar la ley para hacerla cumplir y que es obligación del Estado respetar cabalmente y a conciencia los derechos humanos.
Pero importa y preocupa también su visión sobre el papel que desempeñan las organizaciones de derechos humanos en esta lucha. El secretario sugirió que “grupos ciudadanos” son presa de la manipulación del crimen organizado, el cual utiliza la “bandera de los derechos humanos” para obstruir las acciones en su contra. Esta declaración, lanzada al aire sin mayor elaboración, resulta problemática y peligrosa en tres sentidos.
Primero: al no identificar a los grupos a los que se refiere, se convierte en una descalificación general a la labor de las organizaciones de derechos humanos; se desconoce así el grado de profesionalismo que han alcanzado muchas de ellas a lo largo de los años y su importancia en el desarrollo de la cultura de los derechos humanos en el país.
Segundo: cuando las organizaciones de la sociedad civil (OSC) abogan por los derechos de todos, incluyendo los criminales, no lo hacen desde la “ingenuidad” sino a sabiendas de que cada fisura de la legalidad debilita al Estado democrático de derecho, ese dique tambaleante que nos aleja de la violencia indiscriminada.
Tercero: infunde entre sus subordinados, esos mismos que en su trabajo de campo tienen contacto con los defensores de derechos humanos en diferentes partes del país, la idea de que —aunque sin dolo y con base en “engaños”— su trabajo atenta contra el prestigio de la Marina. ¿Cómo se espera entonces que un oficial de rango inferior los vea con buenos ojos y se conduzca con el respeto debido?
Por estos motivos se comprende el enérgico rechazo manifestado por las OSC. Después de todo, ellas, como las Fuerzas Armadas, “ponen el cuerpo” en una lucha que es común: la defensa del Estado de derecho.
Y aunque, por la naturaleza de sus respectivas funciones, la tensión entre ambas partes es inevitable, debe prevalecer el mutuo reconocimiento y respeto a la igual dignidad de la labor que desarrollan. Es cierto que las OSC son a veces estridentes porque la principal herramienta con la que cuentan es la publicidad que los medios de comunicación otorgan a sus denuncias; pero también saben aplaudir avances, cuando los hay, como en el caso de la reciente reforma de derechos humanos. Por su parte, las Fuerzas Armadas desarrollan lentamente una política de reconocimiento de errores y abusos de sus integrantes, derivados de una tarea que no pidieron ejercer y en la que se sienten incómodas.
Sería deseable que en esta coyuntura la Marina se sumara públicamente a la posición de otras instancias del Estado mexicano que, como hace la SRE en su “Informe de México: avances y desafíos en materia de derechos humanos” de reciente edición, reconocen “la importante labor que realiza la sociedad civil organizada” y “sus múltiples aportaciones”.
Profesora del Departamento Académico de Estudios Internacionales del ITAM
Jorge Luis Sierra
Medios contra crimen y corrupción
Los medios de comunicación de Panamá han comenzado a desarrollar un proceso único en América Latina: los ciudadanos denuncian hechos de criminalidad y corrupción en forma anónima a un sitio de internet y periodistas profesionales los investigan para publicar reportajes en tres periódicos y dos cadenas de televisión de este país centroamericano.
Respaldado por el Centro Internacional para Periodistas, una organización sin fines de lucro que se dedica a incrementar la calidad del periodismo en más de 85 países del mundo, el sitio de internet llamado
www.mipanamatransparente.com ha adaptado la plataforma digital Ushahidi, una tecnología creada en África para geolocalizar incidentes de violencia con ayuda de ciudadanos.
Empleada sólo por organizaciones humanitarias, Ushahidi se desarrolló en Kenia y Congo para monitorear elecciones violentas, en Atlanta para registrar delitos, o bien en Chile y Haití para facilitar la ayuda a víctimas del desastre causado por terremotos. Sin embargo, ésta es la primera vez en que un grupo de periodistas utiliza la misma herramienta para recibir reportes ciudadanos sobre corrupción y criminalidad y profundizarlos con técnicas de periodismo de investigación.
La experiencia es nueva en muchos sentidos. Primero, porque cambia la relación vertical tradicional entre periodistas y ciudadanos, los acerca en un esfuerzo común para disminuir la corrupción y la inseguridad.
En segundo lugar, es nueva porque permite que los ciudadanos usen plataformas digitales y mensajes de texto para denunciar hechos que afectan la transparencia y la seguridad.
Y tercero, porque acerca profesionalmente a los medios de comunicación, antes separados por la desconfianza mutua y las filiaciones grupos rivales de la política y la economía de Panamá.
Desde que mipanamatransparente.com fue lanzado, en junio de 2010 en una asociación con el Fórum de Periodistas de Panamá, un grupo de más de 300 ciudadanos y 115 periodistas de Panamá ha comenzado a trabajar para investigar problemas que van desde el uso de aeropistas para el traslado de drogas hasta redes de explotación sexual de mujeres colombianas, uso indebido de vehículos oficiales, abandono de hospitales comunitarios, asaltos frecuentes en los puentes peatonales, o esquemas de fraude de las autoridades aduanales en la frontera con Costa Rica.
La publicación de los reportajes basados en las denuncias ciudadanas ha comenzado a modificar la realidad panameña: la Policía Nacional aumentó la vigilancia en un área asolada por la delincuencia de pandillas en el este de la ciudad de Panamá, los aviones del Servicio Aeronaval comenzaron a vigilar la zona usada por narcotraficantes para aterrizar vuelos clandestinos, una empresa responsable del mantenimiento de los puentes peatonales de la ciudad de Panamá puso iluminación en el puente donde se denunciaba un gran número de asaltos de jóvenes pandilleros, y el ombudsman atendió a un hospital sin recursos ni utensilios médicos de la provincia de Coclé.
El proyecto está en vías de ser replicado en México y Colombia, y posteriormente en Venezuela, Guatemala y República Dominicana.
En esos países, la violencia se ha acrecentado por la presencia de bandas del crimen organizado y las dificultades evidentes para contener su actividad. Los ciudadanos han perdido una buena base de su confianza hacia la eficacia de las autoridades y, en algunos lugares, no siempre tienen acceso a oficiales honestos y profesionales. Las quejas ciudadanas suelen quedarse en el silencio.
Este proyecto permitirá ver patrones de corrupción y criminalidad y abrirá la posibilidad de que el ciudadano denuncie en forma confiable y segura. Con la plataforma Ushahidi, las autoridades también podrán ver información de primera mano y actuar para diseñar políticas adecuadas.
En este contexto, la participación de los medios de comunicación de México, Colombia y Venezuela y los demás países será indispensable y crucial. Los ciudadanos podrán contar con una plataforma tecnológica que les permitirá enviar reportes sobre crimen y corrupción en forma anónima.
Los periodistas podrán, entonces, retomar esa información, ponerse en contacto con los ciudadanos denunciantes, emplear las mismas plataformas digitales y contribuir con sus reportajes a una sociedad más segura y transparente.
jlsierra@hotmail.com
Analista de temas sobre seguridad nacional
