Arturo Montiel, exgobernador del Edomex.
Foto: Benjamin Flores
MÉXICO, D.F. (apro).- El anuncio del Consulado de Francia en México, sobre el pleito legal que enfrentan el exgobernador Arturo Montiel Rojas y su exesposa Maude Versini, así como la advertencia de ésta de revelar escandalosos casos de corrupción durante la administración del político priista y su cuantioso enriquecimiento, vuelven a colocar en el debate la polémica gestión del mexiquense. Proceso, en su edición 1496 del 10 de julio de 2005, publicó un reportaje sobre el tema, el cual se reproduce íntegro:
Una denuncia por enriquecimiento inexplicable, una averiguación de la Procuraduría General de la República (PGR) por lavado de dinero e indagaciones de Hacienda y la Comisión Nacional Bancaria pesan sobre la gestión del gobernador del Estado de México, Arturo Montiel, y repercuten contra su entorno cercano, incluyendo a un operador de Enrique Peña Nieto, candidato del PRI a la gubernatura de esa entidad. Pese a los intentos de ubicarlos en el pasado, estos señalamientos podrían seguir vigentes cuando Montiel deje el poder.
Ya en el final de su mandato, se recrudecen los señalamientos sobre los negocios familiares del gobernador mexiquense, Arturo Montiel Rojas. De hecho, quien fue su secretario de Desarrollo Económico, Carlos Rello Lara, hoy operador financiero de Enrique Peña Nieto en su campaña por la gubernatura, ha sido investigado junto con el aún mandatario y su hijo Juan Pablo Montiel Yáñez por dudas de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) sobre el pago de sus impuestos.
Estas indagaciones se suman a la averiguación que en 2001 abrió la Procuraduría General de la República contra Montiel Rojas por operaciones con recursos de procedencia ilícita.
Y aunque no existen cargos oficiales en contra de ninguno de ellos, tanto la intervención de oficinas de Hacienda dedicadas a investigar operaciones ilícitas como la negativa de la propia dependencia a dar información al respecto son indicios de que podría permanecer abierta una investigación de tipo fiscal o, a decir de un especialista, incluso por lavado de dinero.
El 18 de octubre de 2002, el Servicio de Administración Tributaria (SAT), por medio de la Administración Central de Programas Especiales, solicitó al gobernador mexiquense información sobre dos cuentas abiertas a su nombre en la correduría Merrill Lynch, con sede en Nueva York, en las que en un solo día –16 de agosto de 2001– se depositaron 2 millones 800 mil dólares.
La petición era parte de un seguimiento de las cuentas bancarias nacionales y en el extranjero a nombre de Montiel y su hijo, Juan Pablo Montiel Yáñez, para “verificar el correcto cumplimiento de las obligaciones fiscales” de los ejercicios 2000 y 2001.
A su vez, en otras dependencias de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) y en la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) se investigaba a Montiel y al extitular de la Secretaría de Desarrollo Económico, Carlos Rello Lara, empresario y hombre de confianza del gobernador, por manejo de recursos de origen presumiblemente ilícito. Documentos obtenidos por Proceso revelan que al menos desde 2001 el gobernador del Estado de México estaba en la mira de la dependencia que encabeza Francisco Gil Díaz.
Originario de una familia modesta de Atlacomulco, a Montiel Rojas no se le conoce otro oficio que el de político y empleado público. Al menos en 2001 tenía un salario mensual bruto de 174 mil 920.70 pesos, de los cuales le restaban 116 mil 872.60 pesos tras el pago de impuestos. De ahí las sospechas de Hacienda.
No sólo eso. El procurador de Justicia de la entidad, Alfonso Navarrete Prida, aseguró que la PGR inició “una averiguación previa en el área de lavado de dinero” derivada de una denuncia que se presentó a finales de 2001 en la extinta Secretaría de la Contraloría y Desarrollo Administrativo (Secodam) contra Montiel Rojas, tras presentarse documentos que amparaban depósitos también por 2 millones 800 mil dólares en cuentas de Merrill Lynch realizados el 1 de marzo de ese año.
Tras sus pasos
De acuerdo con copias de los expedientes 307 y 307/148263 que integró la Administración Central de Programas Especiales, dependiente de la Administración General de Auditoría, ambas del SAT, se advierte que, al menos desde agosto de 2002, Montiel y el hijo menor de su primer matrimonio intercambiaron información con las autoridades hacendarias sobre el estado de sus cuentas abiertas en México y en Estados Unidos.
El 2 de octubre de 2002, el administrador central de Programas Especiales, Eduardo Ramírez Schuetz, les notificó por separado que recibió dichos estados de cuenta y les solicitó que entregaran, además, copias de todos los correspondientes a los años 2000 y 2001, “a fin de verificar el correcto cumplimiento de las obligaciones fiscales a que está afecto”.
Además, el funcionario los instó a transcribir en “papel de trabajo” los depósitos registrados en los estados de cuenta originales, para lo cual les envió instructivos y un disco magnético con el formato oficial.
En el caso de Montiel Rojas, Ramírez Schuetz señaló que los documentos que recibió el 25 de septiembre de 2002 corresponden a tres cuentas abiertas a nombre del gobernador, dos en Banamex –cuenta maestra 53700009718 y de inversión, con número de contrato 74904475– y otra del California Commerce Bank: cuenta maestra en dólares 5956665210.
Tanto esta notificación como otra, fechada el 19 de agosto de 2002 (324-SAT-VI-22949), fueron firmadas de recibido por Gerardo Martínez Ortiz, quien ostenta el cargo de jefe de la Unidad de Apoyo a la Administración General en el gobierno de Montiel y quien confirmó en entrevista telefónica haber admitido la documentación de la Secretaría de Hacienda.
El mismo administrador central notificó que el 18 de septiembre recibió copias de seis cuentas abiertas a nombre del hijo del gobernador, tres de ellas de Banamex operadas en moneda nacional –contratos 9016563724 (cuenta maestra), 9008553926 (cheques) y 9028344267 (Citione Premium)–, y otras tantas en dólares abiertas en Estados Unidos: dos en el California Commerce Bank, 5956665210 (cuenta maestra) y la 5941036910 (cuenta eje con interés); más otra cuenta en The Laredo National Bank, 0082606507 (cheques).
En los documentos obtenidos por Proceso se advierte que fue el propio Montiel Yáñez quien recibió esas notificaciones en su domicilio, ubicado en calle Serdán 109, colonia Ciprés, en Toluca, Estado de México, y se identificó con el pasaporte número 97410020919, expedido por la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE).
En el seguimiento de la situación financiera de Montiel Rojas, con fecha 18 de octubre de 2002, Eduardo Ramírez Schuetz solicitó al gobernador todos los estados de cuenta de 2000 y 2001 correspondientes a sus contratos 554-67211 y 347-88875 con Merrill Lynch.
“Para mayor identificación de las cuentas antes citadas, se anexa fotocopia de dos fichas de depósito en una foja útil, ambas de fecha 16 de agosto de 2001, que amparan operaciones en cantidades de $1,200,000 dólares EUA y 1,600,000 dólares EUA, respectivamente”, le indicó el funcionario, quien le dio 15 días a partir de recibida la notificación para entregar los documentos.
El documento enviado por Ramírez Schuetz fue admitido por Guadalupe Salgado Amaro, que firmó como secretaria del secretario particular del gobernador, Miguel Sámano.
La investigación de la Secretaría de Hacienda no se limitó a comprobar el correcto pago de impuestos de Montiel y su hijo Juan Pablo; también buscó conocer todas las operaciones financieras que pudo haber realizado desde 1998 a septiembre de 2002 a través de Carlos Rello Lara, quien era su brazo derecho en materia económica y promoción de inversión extranjera.
Empresario de toda la vida, Rello Lara dejó la Secretaría de Desarrollo Económico del estado en junio de 2002 y tiempo después abrió la empresa Tecnología de Reciclaje en asociación con Joongbo Chemical Co., propiedad de Jong Woo Lee, dedicada al reciclaje de PET (fibras de poliéster y geotextiles).
En la campaña del candidato priista Enrique
Peña Nieto, Rello Lara presidió el Comité de Financiamiento.
La oficina hacendaria encargada de la investigación fue la Dirección General de Operaciones, dependiente de la Subsecretaría de Ingresos y en forma directa de la Dirección General Adjunta de Investigación de Operaciones, que entre sus funciones tiene la de “prevenir y detectar actos u omisiones, con recursos, derechos o bienes que procedan o representen el producto de un probable delito”, según el Reglamento Interior de la SHCP.
En un oficio dirigido al vicepresidente jurídico de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, Benjamín Vargas Rojas, y fechado el 12 de septiembre de 2002, la entonces directora de Investigación de
Operaciones de la SHCP, Eva Naranjo García, solicitó que, como parte de las investigaciones que se realizaban a Arturo Montiel Rojas, “gire sus instrucciones a quien corresponda a efecto de que se proporcione copia certificada de contratos de apertura, tarjetas de registro de firmas, documentos donde aparezcan los nombres de los beneficiarios, documentos de identificación personal y estados de cuenta bancarios por el período comprendido del 1 de enero de 1998 a la fecha, así como copia de anverso y reverso de los documentos que se hubiesen generado con motivo de los movimientos de cargo y abono mayores de 50,000.00 (cincuenta mil pesos)” en cuentas bancarias abiertas en el país a nombre de Carlos Rello Lara, con registro de contribuyentes RELC500822H94.
En el oficio 102-K-VI-1076, clasificado como “muy urgente”, la funcionaria proporcionó a la CNBV datos de cinco cuentas de Rello Lara “que fueron incluidas en reportes de operaciones relevantes”.
Las cuentas correspondían, dos al desaparecido banco Inverlat (17147870 y 3075613) y tres a Banamex (6618615, 4552550071667099 y 4552550072274481).
Además de esta documentación, se pedía la intervención de la CNBV para entregar “copia certificada de documentos de soporte, de operaciones realizadas por Carlos Rello Lara con casas de cambio y casas de bolsa por el período comprendido del 1 de enero a 1998 a la fecha”.
Este mismo expediente fue turnado por la CNBV, mediante la Dirección General de Análisis y Desarrollo de Sistemas Preventivos de Operaciones Ilegales, al apoderado liquidador del Banco Capital, S.A., Ernesto Valenzuela Espinoza.
En el oficio 601-I-255565/02, de fecha 13 de septiembre de 2002, clasificado como “muy urgente y confidencial”, y firmado por el gerente de Investigación, Sergio Raúl Díaz Roura, la CNBV dio un plazo de cinco días hábiles para que el Banco Capital proporcionara información de las operaciones financieras realizadas por Rello entre el 1 de enero de 1998 y el 12 de septiembre de 2002, ello en relación con las indagaciones que se hacían a las finanzas del gobernador Montiel.
Indicios
La reportera buscó obtener la versión de la SHCP para conocer el estado que guardan los expedientes abiertos contra Montiel, su hijo y Rello.
Sin embargo, bajo el amparo del artículo 69 del Código Fiscal Federal la Unidad de Comunicación Social y Vocero se negó a dar información.
Para Mario Di Costanzo, secretario técnico de la primera comisión para investigar el Instituto para la Protección al Ahorro Bancario (IPAB), asesor externo del Senado de la comisión del IPAB y experto en lavado de dinero, el hecho de que Hacienda invocara el artículo 69 del Código Fiscal Federal, que habla del secreto fiscal, “podría significar que las investigaciones a Montiel siguen abiertas”.
Autor del libro Lavado de dinero. México y la experiencia internacional, Di Costanzo destaca que una investigación como la relativa a Montiel “puede tener motivos técnicos, porque a cualquier supervisor le llama la atención un depósito de más de un millón de dólares a la cuenta de una persona física, pero no se descartan factores políticos”.
Consultado por la reportera, señala que a juzgar por las dependencias que firman los documentos obtenidos, la Secretaría de Hacienda “tendría dudas sobre el origen lícito del manejo de recursos de Montiel, incluso de sospechas de lavado de dinero, así como del correcto pago de sus impuestos”.
Acerca de la posible motivación política que pudiera tener esta indagación, Di Costanzo señala que hay indicios de que el secretario de Hacienda, Francisco Gil Díaz, “utiliza la auditoría como herramienta de presión política”.
Curiosamente, cuando empezó la investigación de Montiel, la PGR descubrió, a principios de julio de 2001, una red de espionaje en la que estaban involucrados empleados de su gobierno, quienes intervinieron llamadas telefónicas de funcionarios federales, como el mismo Gil Díaz, el exsubsecretario de Gobernación José Luis Durán Reveles y el exgobernador mexiquense Ignacio Pichardo Pagaza.
Desde hace tiempo, Arturo Montiel es objeto de serios señalamientos por parte de sus opositores, debido a presuntos actos de corrupción que implicarían a sus allegados y en especial a su hijo mayor, Arturo Montiel Yáñez, a quien se le acusa de enriquecerse con la compraventa de terrenos para la construcción de unidades habitacionales.
Asimismo, se dice que es el intermediario para la negociación del cambio de uso de suelo para grandes desarrolladores, como GEO y ARA, así como para la construcción de centros comerciales, gestiones de las que se han beneficiado consorcios como Comercial Mexicana, Wal-Mart y Carrefour.
A Montiel y a su familia se les atribuyen bienes en Acapulco, Toluca, Valle de Bravo, Ixtapan de la Sal y Houston, y hasta un “castillo” en Francia, de donde es nativa su segunda esposa, Maude Versini.
Con más de 300 cambios de funcionarios de alto nivel en su gabinete, el gobernador deja al Estado de México con una altísima deuda pública.
Ésta pasó de 21 mil millones de pesos cuando asumió su gobierno (1999) a casi 31.8 mil millones, que sumados al costo financiero de la deuda para 2005, se elevan a 35.5 mil millones de pesos.
A partir de la promoción de Arturo Montiel como aspirante a la candidatura del PRI a la Presidencia, dirigentes nacionales del PAN, como Manuel Espino y Alejandro Zapata Perogordo, han amenazado con pedir la intervención del Instituto Federal Electoral (IFE) para que se investigue el origen de los cuantiosos recursos con los que se promueve.
Contra información
Enterado el procurador mexiquense Alfonso Navarrete Prida de que Proceso realizaba esta investigación, solicitó entrevistarse con la reportera con el fin de mostrarle, sin entregarlos, documentos de acuerdo con los cuales Montiel Rojas, su secretario particular Miguel Sámano y Carlos Rello Lara, más familiares de los tres, fueron objeto de indagatorias por parte de la PGR, dependencia que, aseguró, determinó el no ejercicio de la acción penal en su contra.
El jueves 23 de junio pasado, mientras la reportera esperaba al candidato Enrique Peña Nieto para una entrevista, su coordinador de prensa, Óscar Ignorosa, comentó que estaba al tanto de la investigación periodística, por lo que ofreció hacer contacto con el procurador Navarrete Prida, quien según Ignorosa estaba al tanto de las indagaciones sobre Montiel Rojas.
Alrededor de las 20:30 horas, Navarrete Prida se comunicó con la reportera y ofreció documentación que sustentaba la resolución de la PGR, cuyas indagatorias fueron supuestamente iniciadas tras una denuncia promovida ante la entonces Secretaría de la Contraloría y Desarrollo Administrativo (Secodam), hoy Secretaría de la Función Pública (SFP).
“Ha de pensar: ‘¡qué sistema de espionaje traen éstos’!”, dijo Navarrete Prida cuando la reportera le comentó la inusitada reacción del gobierno mexiquense.
Nervioso, Navarrete Prida confirmó que las investigaciones realizadas por la Secretaría de Hacienda se iniciaron en forma paralela a las de la PGR, situación que atribuyó “a alguien que le quiso tirar un llegue al gobernador, no sabemos de dónde, y que evidentemente no les salió bien”.
Un día después, se presentó en las oficinas de Proceso el encargado de prensa del procurador, Luis Olguín, quien entregó a la reportera copias de una notificación de la Secodam y un acta administrativa de la misma dependencia sobre una denuncia que se recibió el 5 de octubre de 2001 contra el gobernador Montiel “por el delito de enriquecimiento inexplicable”.
El acta administrativa, fechada el 12 de octubre de 2001, da cuenta de la comparecencia del empresario Nicolás Neuman Stern ante Luis Alfonso Fiol Manríquez, director adjunto de Atención Ciudadana; Isidro Jordán Monroy, director de Captación de Quejas y Denuncias, y Daniel Pérez Rueda, subdirector de Atención Directa.
Neuman Stern, presidente y director general de la empresa Envases y Productos Plásticos, fue llamado a comparecer en relación con un documento fechado el 3 de septiembre de ese año y firmado por el “Ing. Nicolás Newmann S.” (sic).
En el texto se afirma que “con fecha primero de marzo del 2001 el licenciado Miguel Zamano Peralta (sic), secretario particular del propio gobernador, realizó dos depósitos en las oficinas de Merrill Lynch en la ciudad de Houston, Texas, Estados Unidos, por la cantidad de 2 millones 800 mil dólares, anexándose en el propio escrito de referencia dos supuestos comprobantes de depósitos, uno por la cantidad de un millón 600 mil dólares y otro por un millón 200 mil dólares”.
En el escrito de la Secodam se asegura que Neuman Stern “niega en su totalidad lo mencionado en dicho escrito, que la firma no la reconoce, ya que no es de su puño y letra ni es la que utiliza para asuntos personales y negocios”, además de que el papel membretado que se utilizó “no corresponde a los colores ni al tipo de logotipo que utiliza en la papelería de su empresa”.
También se indica que el empresario declaró “que no tiene conocimiento de los hechos ni le constan; por tanto, los desconoce en sus términos, aunado a que en la fecha en que supuestamente se firmó dicha denuncia, él se encontraba fuera del país”.
El 30 de octubre de ese mismo año, según los documentos entregados a Proceso, el director general de Atención Ciudadana de la Secodam, Eloy Morales Fong, le notificó a Navarrete Prida de la comparecencia de Nicolás Neuman y le remitió la documentación “por considerar que se trata de un asunto de su competencia”.
Morales Fong envió copias a los entonces titulares de la Secodam, Francisco Barrio Terrazas, y de la PGR, Rafael Macedo de la Concha, quien el 30 de noviembre de 2001 inició la averiguación previa A.P.PGR/028/2001 por el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita, contra Montiel, Carlos Rello y el secretario particular del gobernador, Miguel Sámano.
Por órdenes del procurador Navarrete Prida, Luis Olguín sólo mostró a la reportera la carátula y la última hoja de la presunta notificación del desistimiento del ejercicio de la acción penal de la PGR.
El oficio, número SIEDO/CGJ/MPAUX/198/2004, está fechado el 10 de diciembre de 2004 y va dirigido a Víctor Hugo Juárez Gallegos, agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a la Unidad Especializada en Investigaciones de Procedencia Ilícita y Falsificación de Moneda. Lo firman el agente del Ministerio Público de la Federación Rafael Marín y el subprocurador José Luis Santiago Vasconcelos.
Alegando la confidencialidad del documento, “porque se incluyen los nombres y cuentas de todos los familiares” de los involucrados y, por lo tanto, el procurador mexiquense incurriría en un delito si se lo permitiera ver a la reportera, Olguín se negó a mostrar los términos en los que la PGR se basó para no ejercer la acción penal.
