La
médica Saveera Parkash, candidata del Partido Popular de Pakistán, es la
primera mujer hindú que se presenta a las elecciones generales de
Pakistán, que se celebrarán el 8 de febrero, en un país de mayoría
musulmana. Imagen: Ashfaq Yusufzai / IPS
PESHAWAR, Pakistán – Una médica de la comunidad hindú está
causando sensación, ya que es la primera mujer de una minoría que se
presenta a las elecciones legislativas de Pakistán, y lo hace
enfrentándose a arraigadas tradiciones religiosas y a acaudalados
adversarios políticos.
Saveera Parkash, candidata del Partido Popular de Pakistán (PPP) en
las elecciones generales del 8 de febrero, está segura de su victoria a
pesar de su religión minoritaria y de los prejuicios contra las mujeres.
“He sido testigo del apoyo que estoy recibiendo del distrito de
Buner, dominado por musulmanes, en la provincia de Jaiber Pastunjuá”,
dijo IPS en una entrevista esta candidata de la región situada en el
noroeste del país y de la que Peshawar es su capital.
«Mi lema aborda cuestiones de contaminación, empoderamiento de la
mujer, igualdad de género, representación femenina y sus problemas de
salud, además de garantizar el respeto a todas las religiones», detalló
Parkash, que tiene apenas 25 años y suele llevar un pañuelo en su
cabeza.
Hija de madre cristiana y padre hindú, ha vivido en una comunidad de
predominio musulmán, por lo que la armonía interconfesional está en su
lista de deseos y de promesas.
«La armonía interconfesional es extremadamente significativa porque
hemos visto enemistad entre diferentes sectas religiosas por motivos
endebles», dijo
A juicio de la candidata, “tenemos que inculcar un sentimiento de
hermandad entre todas las escuelas de pensamiento y allanar el camino
para una paz duradera en la zona. Tenemos que respetar nuestros lugares
religiosos y evitar las diferencias, ya que todas las religiones abogan
por la paz y la armonía».
Es probable que los candidatos de Buner, uno de los 36 distritos de
Jaiber Pastunjuá que entre 2007 y 2010 vivió un conflicto entre el
ejército pakistaní y milicias yihadistas, sean testigos de una dura
contienda, ya que las mujeres y los jóvenes han mostrado su apoyo a
colocar en el parlamento a una primera diputada de una minoría.
En Pakistán viven 4,4 millones de hindúes, el 2,4% de la población total.
Parkash asegura que su inspiración son su padre, también médico y muy
dedicado a la asistencia social, y la fallecida líder del PPP y dos
veces primera ministra pakistaní, Benazir Bhutto, asesinada en
diciembre de 2007.
«Aunque mi ideal es la Madre Teresa, me centraré en la educación de
las mujeres. La tasa general de alfabetización es de 48 %, pero solo 25 %
de las mujeres saben leer y escribir”, dijo.
Además, destacó, es muy importante luchar desde el parlamento para
acabar con el favoritismo y el nepotismo y garantizar el mérito en el
nombramiento de los profesores, especialmente de las mujeres.
Tras finalizar sus estudios de medicina en julio de 2022, se dio
cuenta de los problemas a los que se enfrentaban las mujeres que acudían
a los hospitales y decidió entrar en política en lugar de continuar su
carrera como médico, ya que creía que los problemas debían resolverse a
nivel político.
“Necesitamos más médicas, enfermeras y paramédicas para animar a las
pacientes a acudir a los hospitales. En la actualidad, el número de
trabajadoras sanitarias es extremadamente bajo, por lo que la mayoría de
las mujeres no acuden a los hospitales porque no quieren ser atendidas
por médicos varones», afirmó la candidata.
«Mi gran ventaja es que pertenezco a una familia de clase media, y la
gente me votará porque soy accesible a mi electorado», dijo convencida
Parkash.
La promoción de los derechos de la mujer es su principal objetivo.
«Tenemos que aumentar la concienciación sobre los derechos de las
mujeres a heredar propiedades y su derecho a la educación. Presiento la
victoria en las urnas, pues sé que la gente me escucha y rechazaría a
los adversarios por su brillante futuro», afirmó.
Sobre el camino para el triunfo electoral, Parkash destacó que “en
nuestro distrito, 75 % de los votantes tienen menos de 30 años, y están
bien informados sobre los problemas a los que se enfrentan”.
“Puede que me falte sabiduría y conocimientos en comparación con los
políticos veteranos, pero mi sinceridad me llevará al éxito», afirmó la
joven candidata.
Como intenta llegar a un electorado joven, su campaña incluye un
amplio uso de las redes sociales, además de los métodos tradicionales de
reuniones públicas y sondeos casa por casa.
Destacar la importancia de la lucha contra la corrupción también forma parte de su campaña electoral.
Por el momento, se concentra en una campaña tranquila para ganarse el apoyo popular en su circunscripción.
“Los votantes de mi circunscripción me llaman ‘hermana’ e ‘hija’, lo que me da una fuerza inmensa», afirmó.
Garantizar un espacio para las mujeres es vital para el desarrollo,
ya que han sido suprimidas y desatendidas en todos los ámbitos.
La mayoría de la gente de la zona apoya su candidatura,
independientemente de su hinduismo o afiliación política. Los votantes
aprecian su valentía por desafiar las políticas tradicionales.
La Comisión Electoral de Pakistán obliga a todos los partidos
políticos a conceder 5 % de los escaños a las mujeres en las elecciones
generales legislativas, donde en la Asamblea Nacional se elegirán a 342
miembros, de los que 60 estarán reservados a mujeres.
El analista político Muhammad Zahir Shah, de la Universidad de
Peshawar, afirmó que Parkash ha hecho historia al presentarse a las
elecciones generales.
“Hemos visto cómo las mujeres se convertían en miembros de la
asamblea en escaños reservados. No se presentan a las elecciones, sino
que son designadas por los partidos en función de los escaños que
obtienen en las elecciones», afirma Shah.
En el pasado, algunas mujeres se han presentado a las elecciones,
pero eran musulmanas; por lo tanto, no atraen tanto la atención de los
medios y del público, pero el caso de Parkash no tiene precedentes.
Tiene una buena educación y pertenece a la comunidad hindú, pero se
presenta a las elecciones en una zona donde 95 % de los votantes son
musulmanes.
“Se presenta como candidata del PPP, que no es un partido político
popular, pero parece que se hará notar durante las elecciones», afirmó
Shah. “Ya ha saltado a los titulares y, si las elecciones se celebran de
forma justa y transparente, es muy probable que salga victoriosa»,
destacó.
Manifestación en São Paulo el 12 de enero, en homenaje a la venezolana Julieta Hernández, violada y asesinada en la ciudad amazónica Presidente Figueiredo, cuando viajaba sola, en bicicleta, realizando presentaciones durante su recorrido como la payasa Miss Jujuba. Su muerte conmovió especialmente las redes de artistas callejeros de circo y ciclistas, y resaltó la violencia contra mujeres que andan solas por las carreteras y calles de Brasil. Imagen: Rovena Rosa/ Agência Brasil
Mario Osava
RÍO DE JANEIRO – El brutal asesinato de Julieta Hernández, una venezolana de 38 años que viajaba por Brasil en bicicleta como una artista de circo, conmovió a mucha gente en varios países y resaltó la violencia que afecta a las mujeres en el país, especialmente si andan solas por las calles y carreteras.
Resultó violada, muerta y quemada el 23 de diciembre de 2023 por una pareja brasileña que ha confesado la autoría del crimen, en las afueras de Presidente Figueiredo, una ciudad amazónica de 30 000 habitantes a 870 kilómetros de la frontera con Venezuela. Hernández era conocida como la payasa Jujuba en las redes de grupos circenses y de ciclistas.
Esas redes organizaron homenajes en su memoria en más de un centenar de ciudades brasileñas y de otros países latinoamericanos y europeos el 12 de enero, cuando su cuerpo fue sepultado en Puerto Ordaz, la ciudad del sureste de Venezuela donde vive su familia y era el destino de su abortado viaje.
Ella participó en grupos circenses de Río de Janeiro y São Paulo y dejó reseñadas sus experiencias en su página en Instagram.
“Bolsonaro autorizó la violencia, con su discurso de odio, actos simbólicos y medidas concretas, como el permiso para que los cazadores, tiradores deportivos y coleccionadores pudiesen adquirir más armas”: Jolúzia Batista.
Brasil es uno de los países más violentos hacia las viajeras, según las encuestas del World Population Review (Reseña de la Población Mundial). Solo 28 % de sus mujeres se sienten seguras al caminar solas por la noche, contra 25 % en Sudáfrica y 33 % en México, en el informe de 2024
Una encuesta brasileña, de los institutos Patricia Galvão y Locomotiva, apuntó que 74 % de las 1618 mujeres entrevistadas en el país en septiembre y octubre de 2023 habían sufrido algún tipo de violencia en sus traslados urbanos, desde coqueteos inconvenientes o indeseados a agresiones físicas y violaciones.
Bicicletas y las narices rojas son los símbolos de los movimientos de payasos del circo y los ciclistas que se movilizaron en homenaje a la asesinada Julieta Hernández y en protesta contra los feminicidios en Brasil. Imagen: Rovena Rosa/ Agência Brasil
Miedo de salir a la calle
De las entrevistadas, 97 % temen principalmente asaltos, acoso sexual y violación al salir solas de sus casas y una gran mayoría percibió un aumento de esos delitos en sus ciudades, en este país latinoamericano con 203 millones de habitantes, de los que 84 % son urbanos.
Otros datos confirman que la violencia contra las mujeres en Brasil es epidémica y creciente.
Los feminicidios, tipificados como delito específico en una ley de 2015, aumentaron de 449 en aquel año a 1437 en 2022, es decir más que se triplicaron en siete años, según el Foro Brasileño de Seguridad Pública, que reúne investigadores, gestores públicos, policías y activistas.
En parte el incremento obedece a mejoras en el reconocimiento del nuevo crimen por la policía y la justicia. Por eso los asesinatos de mujeres no tipificados como feminicidios, que tipifican los homicidios por razones de género, bajaron de 4793 en 2015 a 4034 en 2022.
Sea como sea, un dato resaltante es que la cantidad total de mujeres muertas aumentó 4,2 % en un período en que el total de homicidios, incluyendo hombres y mujeres, se redujo de 58 459 a 47 452, es decir 18,8 %. Crecen los asesinatos de mujeres, mientras caen los de hombres.
Peor son los datos de violaciones, que subieron de 50 598 en 2017 a 65 569 en 2022, un aumento de 29,6 %, y de amenazas variadas a las mujeres, de 448 256 en 2018 a 613 529 en 2022 (36,8 % más), según la serie histórica del Foro de Seguridad Pública.
Extrema derecha contra derechos femeninos
Mejores registros y mayor disposición de las mujeres a denunciar los abusos sufridos explican una parte de ese incremento, pero aun así resulta un hecho que se agravó la violencia antifemenina en los últimos años, evaluó Jolúzia Batista, socióloga y articuladora política del Centro Feminista de Estudios y Asesoria (CFemea).
La extrema derecha, que ostentó el poder con el expresidente Jair Bolsonaro, de 2019 a 2022, impulsó una ofensiva contra los derechos femeninos, los pueblos originarios y las minorías sexuales, “de intolerancia hacia todos los diferentes”, explicó la activista a IPS, por teléfono desde Brasilia.
“Bolsonaro autorizó la violencia, con su discurso de odio, actos simbólicos y medidas concretas, como el permiso para que los cazadores, tiradores deportivos y coleccionadores pudiesen adquirir más armas”, incluso fusiles que antes eran restrictos a los militares y policías, acotó.
“Las armas en mano de esa gente aumentó más de 1800 % entre 2009 y 2023. Junto a esto vino la violencia, más feminicidios”, lamentó Batista.
Es así que en el Distrito Federal, centro del poder político como el territorio de Brasilia, se destaca en la matanza de mujeres a causa de género. En 2023 hubo 31 víctimas de feminicidio comprobado y quedan tres casos por confirmar si fueron feminicidios, según los datos de la Secretaria de Seguridad Pública distrital.
Se duplicó la cantidad de 2022, que fue de 17 asesinadas por el hecho de ser mujer.
El movimiento Alzamiento Feminista contra el Feminicidio reunió decenas de activistas en una manifestación en Brasilia el 28 de diciembre, reclamando medidas del gobierno local para contener los asesinatos y promover asistencia a las mujeres víctimas de violencia.
El gobernador del Distrito Federal, Ibaneis Rocha, mantiene las políticas de Bolsonaro, que lo apoyó en la elección en 2018 y la reelección en 2022.
Carteles y murales en Brasilia reclaman el fin de los feminicidios, que se han incrementado especialmente en los últimos años en la capital brasileña, duplicándose los casos en 2023, en comparación con 2022. Imagen: Fabio Rodrigues-Pozzebom / Agência Brasil
Factores de la violencia
Un factor del incremento de la violencia de género es el recorte del presupuesto destinado a las políticas públicas en defensa de las mujeres, en el análisis del Foro de Seguridad Pública en su informe “Visible e invisible: la victimización de las mujeres en Brasil”, que evalúa los datos de 2022.
La pandemia de covid-19, desde el inicio de 2020 a mayo de 2023, también contribuyó a la merma de los servicios de asistencia a las mujeres amenazadas.
El ultimo de los tres factores principales fue el fortalecimiento de los “movimientos ultraconservadores” en sus acciones contra la igualdad de género y a favor de una supuesta “escuela sin partido”, que prohíbe temas como género y sexualidad en la enseñanza pública.
“La desigualdad de género, consolidada a lo largo de centenares de años, diseña las asimetrías y produce las relaciones violentas por medio de comportamientos que inducen las mujeres a la sumisión”, dice el informe.
Todo eso tiene relación con la radicalización del neoliberalismo, que reduce el Estado y las políticas sociales y “precariza la vida”, según Batista.
La violencia es también una reacción a los avances en los derechos femeninos, que trata de “someter las mujeres”. “Los hombres quedaron detenidos en el pasado. Buscan reforzar el patriarcado y negar el derecho al cuerpo a las mujeres”, acotó.
Un papel destacado en ese proceso tiene “una visión cristiana arcaica que pretende imponer un modelo único de familia e impedir el aborto incluso en los casos contemplados por la legislación brasileña”, señaló.
Además enarbola una supuesta “ideología de género” para condenar las pautas feministas y de LGBTQIA+ (lesbianas, gays, bisexuales, travestis, queer, intersexuales y asexuales).
Es una articulación mundial que ya alcanzó el poder en varios países y “nos acusa de ser una amenaza a la humanidad, de pretender acabar la familia. Se trata de un cristianismo tosco, que quiere mantener la vertiente del patriarcado asociado al capitalismo neoliberal, fuente de relaciones violentas que las mujeres no pueden aceptar”, concluyó la especialista de CFemea.
Feminista,
profesora de inglés y antes profesional del marketing. Vive actualmente
en Cádiz tras más de veinte años en Estados Unidos, cuatro en Reino
Unido y tres en Japón.
Hace cosa de unos días terminé de leer un libro llamado Tiempos de Confusión,
del profesor y ensayista Josep Burgaya. Es este uno de esos libros que
te ayudan a entender lo que está ocurriendo en el mundo, particularmente
a personas como yo, quienes, debido al edadismo, entre otras razones
las cual exploraré abajo, hemos tenido que reinventarnos laboralmente y
nos enfrentamos a un futuro en absoluto halagüeño. Burgaya expone que en
este mundo post-industrial se crea poco trabajo, y en especial muy poco
empleo estable y digno, que permita a los trabajadores el hacer un
proyecto de futuro. La clase obrera como grupo y como concepto ha
desaparecido, lo primero por la deslocalización de las fábricas y lo
segundo porque el sistema neoliberal ha introducido con éxito una
mentalidad ultra individualista que ha eliminado el sentido de la
colectividad, de pertenencia. Por un lado, la brecha tecnológica hace
que muchos de nosotros no podamos acceder a los trabajos más codiciados,
y esto resulta en la exclusión económica y social. Por otro, fenómenos
como la gentrificación están expulsando a personas de modestos recursos,
muchos de nosotros en realidad, de nuestros barrios.
Burgaya indica que la izquierda ha cambiado de sujeto político. Este
no es ya la clase obrera, esta clase, que, como comenté arriba ha
desaparecido casi en su totalidad, sino que prefiere esa burguesía
progre, conservadora en cuanto a lo económico pero muy abierta a las
identidades y a los principios de la diversidad y el multiculturalismo.
Eso hace que, prácticamente los perdedores de la globalización, llámense
desposeídos o el precariado, no tengamos a nadie que nos represente, y
por otro lado abre un vacío político y cultural que la derecha ha sabido
aprovechar. Lo que resulta de todo esto es un mundo, ayudado por los
algoritmos que nos controlan por los móviles y medios sociales, muy
vulnerable a noticias falsas, demagogia, teorías de conspiración, una
ciudadanía confundida y desilusionada que no presta atención, mientras
quienes nos gobiernan y la clase política de todos los bandos, se dedica
a servir los intereses de la elite económica reduciendo la política a
espectáculo. Otros de los nefastos efectos es el producir sentimientos
de sufrimiento y frustración que la derecha canaliza y aprovecha.
El libro cubre muchos otros aspectos de esta sociedad disfuncional,
desde el consumo desenfrenado como derecho y su compañero el narcisismo,
hasta el nacionalismo y el populismo, haciendo hincapié en el cambio
ideológico de la izquierda, que, abandonando a la clase obrera y sus
preocupaciones, prefiere apostar por la individualidad, los
subjetivismos y las identidades. Las problemáticas de la pobreza y de la
desigualdad son ignoradas por la clase política, excepto para poner una
tirita aquí y allí, y por la sociedad en general.
En este nuevo mundo que ha nacido tras décadas de política neoliberal
y más recientemente tras la crisis de 2008, la epidemia del Covid, y en
plena guerra entre Rusia y Ucrania, la globalización y la tecnología
han creado una nueva clase social de personas prescindibles. Los
procesos productivos actuales están siendo robotizados y automatizados,
eliminando mucho empleo a su paso y precarizando el trabajo restante.
Muchas posiciones no desaparecerán del todo, pero estarán peor pagadas y
consideradas, y la brecha tecnológica será demasiado grande para muchos
trabajadores, que deberán competir por menos posiciones. La inquietante
paradoja es que la producción sigue aumentando en las empresas, pero
las ganancias no son distribuidas de forma equitativa, y esto se debe a
que los salarios siguen cayendo significativamente, por la falta de
representación sindical. En resumidas cuentas, las personas de una
cierta edad somos devaluadas en la sociedad debido al edadismo, sí, pero
también por culpa de los pocos trabajos dignos que hay. En este mercado
laboral en el que los perdedores del mundo nos hemos de afanar por las
míseras migajas hay una competencia feroz. Si hay pocas posiciones para
gente preparadísima de 30 años, menos habrá para trabajadores mayores, y
menos en una sociedad que devalúa la experiencia y los años, o sea, una
sociedad edadista. Y es que, en mi experiencia, el edadismo no es más
que un producto del neoliberalismo y el individualismo; como las
personas no somos ya ciudadanas sino consumidores, y se nos estima
principalmente por nuestra capacidad de producir y consumir, se
considera a una persona de una cierta edad como prescindible porque no
es rentable. En un mercado laboral cada vez más precarizado, las
personas de edad madura somos los perdedores, y muy en especial, las
mujeres.
Actualmente resido en la ciudad de Cádiz, y veo en primera persona
los efectos de una economía estancada, con altos niveles de paro, donde
la población sobrevive gracias a las rentas de una minoría, los pequeños
comercios, el trabajo de funcionario y una extensa red de trabajo “en
negro”, o sea sumergido. Esta situación afecta a los jóvenes, y
especialmente, a las mujeres de mediana edad, una tendencia en aumento.
En una ciudad que intenta posicionarse como un gran centro turístico,
las típicas posiciones de azafata de congresos y camarera en uno de los
muchísimos bares de la ciudad (posiciones temporales y precarias
también), expulsa a ese grupo demográfico. Aparte de locales de
restauración, Cadiz tiene una gran población muy anciana,
por consiguiente el cuidar de los muchos nonagenarios que residen en la
capital de la provincia es en gran parte el único empleo que la mujer
de mediana edad puede conseguir por aquí, independientemente de su nivel
de estudios. Es este un tipo de empleo, el de cuidadora, muy feminizado
tradicionalmente, situado muy bajo en la escala de estatus social, mal
pagado, temporal y precario, aunque sea tan necesario. En resumidas
cuentas, si una es mujer en Cádiz y necesita ganar dinero, como joven
puede optar a trabajar en algún supermercado o restaurante, pero si pasa
de los cuarenta y pocos, es muy posible que termine teniendo que
ejercer de cuidadora. Teniendo en cuenta los factores que he comentado
arriba, como la automatización de tantos empleos, y la brecha
tecnológica, la deslocalización de las fábricas y la globalización, esta
desafortunada tendencia va en alza. La alternativa suele ser emigrar a otras regiones de España o fuera de nuestras fronteras.
Por desgracia, aunque las economías de otros lugares sean más
boyantes que las gaditanas, los prejuicios hacia las personas de edad
madura, especialmente mujeres, prevalecen.
Muchos de los temas que Josep Burgaya explora en Tiempos de Confusión los traté yo en mi libro, La Mujer Obsoleta,
ya que yo soy una de estas personas prescindibles a las que se refiere
ese autor. Mi antigua carrera de marketing, a la que dedique 20 años de
mi vida, solo quiere gente joven (como ya escribí en un artículo anterior,
la edad media en la industria suele ser de unos treinta y pocos años), y
en general las posiciones son menos estables. Buscando trabajo en
Inglaterra y en Estados Unidos, me horroricé al comprobar que muchas
posiciones en la industria son ahora temporales, por proyectos, y que,
en el caso de Estados Unidos, ni siquiera ofrecían seguro médico, lo
cual es muy preocupante en un país en el que la sanidad es privada. A
duras penas me he reciclado laboralmente, aunque he de mencionar aquí
que, en el campo de la enseñanza del lenguaje inglés, mi actual
ocupación, a pesar de la necesidad de profesionales bilingües y bien
preparados, el edadismo abunda. El neoliberalismo nos remata, a las
mujeres de mediana edad.
El panorama intelectual español está inmerso en una tendencia de
positivismo toxico y basurilla cultural que le sirve a los lectores lo
que quieren leer y no promueve el pensamiento crítico. En este contexto,
Tiempos de Confusión es un brillante libro que muestra la sociedad que
habitamos de forma demoledora. Está muy bien escrito, muy matizado a la
vez que ameno. Su principal cualidad es presentar la realidad como es,
como sus luces y con sus muchas sombras, lo cual es un consuelo. En un
mundo ultra-capitalista y post-industrial con tantísima información y
tan poco conocimiento, donde se premia a personas que contribuyen tan
poco al bien general (futbolistas), donde a medida que decaen el trabajo
digno y los derechos aumenta el narcisismo, donde en plena barbarie
tantas personas se refugian en unas identidades inventadas e irreales,
donde los privilegiados insisten en la meritocracia mientras enchufan a
sus hijos en los mejores trabajos, mientras la izquierda mira para otro
lado, Tiempos de Confusion es un alivio.
Es un alivio porque en este mundo neoliberal donde el individualismo
feroz nos deja desamparados en un mercado laboral que cada vez nos
necesita menos y nos echa la culpa de nuestras desgracias, este libro
nos ayuda a pensar, entender los contextos, y especialmente a los
perdedores, a los excluidos, a los desplazados nos ayuda a darnos cuenta
de que no todo es nuestra culpa. Y eso es importante.
El titular de la columna y del noticiero televisivo Estrictamente Personal, Raymundo Riva Palacio Neri, obtuvo un amparo para evitar que el presidente Andrés Manuel López Obrador y Elizabeth García Vilchis, coordinadora de la sección de la mañanera “Quién es quién en las mentiras de la semana”, se abstengan de realizar cualquier pronunciamiento o información sobre él.
La resolución del juez establece, de acuerdo con el diario El Universal, que ambos deberán abstenerse de emitir cualquier pronunciamiento, manifestación o declaración pública que ponga en evidencia información personal. Y de hacerlo, deberán mencionar y exhibir las pruebas que sustenten su dicho, así como otorgar el derecho de réplica al periodista dentro de las 24 horas siguientes a las manifestaciones e imputaciones que se hagan.
Frente a la decisión del togado, López Obrador afirmó que con esto le quitaron el derecho de réplica y rechazó, a pregunta expresa, que vaya a impugnar la decisión del juez. Lo dijo así: “No, no, no, porque siempre he dicho y así entiendo las cosas, que no es culpa de ellos. Ellos son piezas, tienen jefes. Como se diría en mi pueblo `Hay niveles, nivelitos´, y es arriba el asunto”.
Por más “piezas” que sean y “jefes” que tengan en los corporativos que forman parte de la dictadura mediática mexicana con una muy pronunciada baja en las audiencias y en la credibilidad, los periodistas, entre ellos el exdirector de Notimex con Carlos Salinas en Los Pinos, tienen cabeza, trayectoria, intereses profesionales y personales propios y la relación con los magnates no es lineal ni de dependencia absoluta, y menos –supongo– cuando se forma parte de los famosos o el primer círculo de los llamados líderes de opinión.
Riva Palacio Neri está en su derecho de proceder judicialmente como mejor convenga a sus entendederas y posibilidades frente a las frecuentes menciones que hace Obrador sobre su trayectoria y los análisis impresos y digitales que publica, mas no pareciera democrático ni siquiera tolerante, reciproco, mientras el columnista se ocupa de difundir aseveraciones sin el menor respaldo documental, vamos ni siquiera de una fuente que no sea la del patio central de Palacio, un día sí y otro también.
Hace tiempo que abandoné la disciplinada costumbre de observar Tercer Grado, del Canal de las Estrellas, y llamaba la atención la capacidad de Raymundo para hacer afirmaciones sin ningún respaldo y el silencio de sus compañeros que no era por respeto sino de sorpresa ante la seguridad con la que afirmaba que AMLO abandonaba su oficina hacia el mediodía y “encargaba el changarro”, para practicar beisbol.
Otra, que tenía varios ayudantes que recorrían el país para recolectar las frases populares que más usa el presidente, cuando es clarísimo que las tomó de libros y personajes que admira. Una más, el pago de 50 000 pesos por cada pregunta que formulan los reporteros a López Obrador en las mañaneras. Aquí se opinó que era imposible porque la fila desde Palacio Nacional llegaría hasta la Alameda Central y el susodicho formaría parte de ella.
La fama del periodista como experto en “voladas” (informaciones y hechos sin sustento), data de fines del siglo pasado. Y no lo critico, cada quien hace su trabajo como le dicta su conciencia, pero promover un amparo judicial para prohibir al titular del Ejecutivo federal –el criticado favorito en Estrictamente Personal–, es un completo contrasentido antidemocrático, salvo que se asuma la tesis de que Obrador no puede ejercer el derecho de réplica porque no es “un ciudadano”. Lástima que no esgriman el mismo criterio para los dueños de México.
Acuse de recibo
Por ser día de descanso obligatorio, el próximo lunes no se publicará Utopía porque la mayoría de los medios que la reproducen no trabajarán. La del viernes pasado, 26 de enero, no se redactó debido a problemas técnicos con la computadora… De Raúl Paz Reséndiz, director de El Activista Regional con 260 ediciones digitales: “Saludos y abrazos mi estimado maestro y amigo. Aprovecho para agradecer el envío de sus siempre interesantes e ilustrativos artículos. Va un fraternal abrazo”... Recomendación de la doctora Elba Pérez Villalba: “Libro: Brom Offenbacher Juan, 2010, De niño judío-alemán a comunista mexicano. Una autobiografía política, editorial Grijalbo, México. Se puede conseguir en eBook por 69 pesos. Otros libros de su autoría: Para comprender la historia, Esbozo de historia de México, Esbozo de historia universal. Cuando estuve en la Preparatoria 6, en 1968, estudiamos historia bajo la guía de su último libro; a los jóvenes de entonces nos gustaba este libro. Seguro, por eso me encanta la historia”… Conversatorio sobre el libro En México no hay hombres, de Ana Lilia Cisneros Lujan,con la participación del embajador de Islandia en México, el jueves 8 a las 18 horas, en el Foro Cultural Coyoacanense, ubicado en Ignacio Allende 36, colonia Del Carmen, a espaldas de la sede de la alcaldía Coyoacán.
El presidente Andrés Manuel López Obrador demandó ayer una disculpa de parte del gobierno de Joe Biden, tras la difusión de versiones de prensa sobre una presunta entrega de recursos del narcotráfico a la campaña electoral de 2006 del ahora mandatario mexicano.
"¡Cómo vamos a estar sentados en la mesa hablando del combate a la droga, si ellos o una institución de ellos está filtrando información y dañándome...no a mí, a lo que represento!", exclamó el mandatario en la conferencia del jueves.
Sin mediar pregunta, López Obrador retomó el caso y reprochó las filtraciones informativas de que "yo estoy metido en el narcotráfico", sin presentar pruebas.
El Presidente acusó al periodista Tim Golden, autor de una de las versiones difundidas esta semana, de ser un mercenario al servicio de la DEA (la Agencia Antidrogas estadounidense, por sus siglas en inglés). "Deberían darle un premio a la calumnia. ¿Cómo va a calumniar impunemente? ¿Cómo va a hacer un reportaje sin presentar pruebas?", planteó.
Mercenario del periodismo
Sin embargo, a continuación López Obrador matizó su comentario y asumió que se había excedido. Dijo que el reportero sólo es un "peón, un mercenario del periodismo", porque en realidad la difusión de esas informaciones es responsabilidad del Departamento de Estado, no la DEA. Y cuestionó: "¿Qué, no tienen información en el Departamento de Estado, en el Departamento de Justicia?"
Reiteró que la versión periodística reporta un financiamiento ilícito a su campaña de 2006 sin presentar una sola prueba. Ironizó sobre la intención y el momento de publicación del reportaje: "En estas fechas electorales en México, ¿de pura casualidad? No, aquí es como se decía antes, ¿de parte de quién?"
No suspenderá reuniones con EU
CONTRAPORTADA
Récord sin precedente en las remesas de 2023
De acuerdo con el Banco de México (BdeM) por este concepto ingresaron al país 63 mil 312 millones de dólares, cantidad 7.6 por ciento superior a los 58 mil 867 millones de dólares reportados en 2022. La cifra anual sin precedente se consolidó gracias a los 5 mil 489 millones de dólares que se registraron en diciembre, monto que implicó un crecimiento de 2.1 por ciento frente a los 5 mil 379 millones de dólares recibidos en igual mes del año previo.
Con fines comparativos, el monto de remesas que llegó el país en 2023 supera en más de 50 por ciento los 42 mil millones de inversión extranjera directa que calculan organismos privados e internacionales (el dato oficial se dará en unas semanas).
También es superior a las exportaciones agroalimentarias, que según previsiones rondarán 55 mil millones de dólares en 2023 (entre enero y noviembre se ubican en 47 mil millones. Más atrás quedaron otras fuentes importantes de divisas, como las exportaciones petroleras o el turismo, con 30 mil y 27 mil 400 millones de dólares respectivamente, al cierre de noviembre.
De esta forma, las transferencias internacionales que recibe México, principalmente de connacionales en Estados Unidos, se consolidan como la principal fuente de divisas.
EL UNIVERSAL
Crimen infunde terror, inhibe y hasta asesina a candidatos
Después de la alerta que lanzaron tres magistrados del Tribunal Electoral, en la que indicaron que a nivel municipal hay historias de “terror” por la influencia del crimen, lo que representa un riesgo para el 2 de junio, EL UNIVERSAL buscó cuatro historias de diferentes regiones del país donde la delincuencia ha impuesto su ley.
En 20 municipios de Tierra Caliente y la Costa Grande y Norte de Guerrero, Movimiento Ciudadano no postulará candidatos por la violencia y presión del crimen organizado, pues en anteriores procesos fueron levantados, atacados a balazos y amenazados para exigirles que renuncien.
En esta región el PRI tampoco tendrá candidatos para no ponerlos en riesgo y Morena dijo que fue donde menos personas se registraron para competir por nueve alcaldías.
MILENIO
Xóchitl ficha a Beltrones, Malova y Aureoles para movilizar el voto
Su mente ingenieril está procesando todo el día caminos para intentar ganar la elección presidencial, por eso a su equipo no le sorprende que de estar preparando una pizza de frijoles con salami en la cocina, salte a donde está su equipo y les diga: “¿Saben qué?, tiene que ser Germán [Martínez] el que dé la batalla en el INE, lo quiero de representante. Hablen con él y luego con los partidos”.
De pronto se va y regresa: “Si no, yo hablo con él [Germán], con Marko [Cortés], Alito [Moreno] y [Jesús] Zambrano. Pero sí, debe ser él”. A lo que su equipo asiente como si se tratara de una revelación divina.
O de pragmatismo riguroso, que es el aprendizaje del que al parecer los políticos de todos los bandos han agravado durante los últimos años.
Por ello no extraña que, en las últimas semanas, Xóchitl Gálvez haya tejido acuerdos privados con los ex gobernadores Mario ‘Malova’ López Valdéz (Sinaloa), Manlio Fabio Beltrones (Sonora), Pedro Joaquín Coldwell (Quintana Roo), Francisco Ramírez Acuña (Jalisco), Miguel Márquez Márquez (Guanajuato) y Silvano Aureoles (Michoacán).
Los pactos con ex mandatarios del PRI, PAN y PRD se dieron mientras vibraba en la opinión pública un debate sobre la inclusión en las listas de plurinominales de figuras tradicionales de la clase política en detrimento de espacios para liderazgos de la sociedad civil.
EXCÉLSIOR
Armas traficadas de EU llegan a Chiapas
Todo el tráfico de armas que sale de seis estados de Estados Unidos recorre tres rutas en México antes de llegar a Tuxtla Gutiérrez, Chiapas.
Un informe de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), entregado al Senado, detalla que el armamento para surtir al mercado ilícito mexicano sale de Washington, Utah, Colorado, Misuri, Georgia y Florida. Al cruzar la frontera, entra por Tijuana, Baja California; Nogales, Sonora; Ciudad Juárez, Chihuahua; Ciudad Acuña, Coahuila, y Ciudad Miguel Alemán, Tamaulipas.
El reporte de la dependencia encabezada por Rosa Icela Rodríguez señala que de ahí recorre rutas que llegan a Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. Luego, va a cuatro puntos fronterizos del sureste mexicano: Balancán, Tabasco; Ciudad Cuauhtémoc, Tapachula y Ciudad Hidalgo, en Chiapas.
Los datos están en el Informe de Actividades de la Fuerza Armada Permanente en tareas de Seguridad Pública, fechado en noviembre pasado, pero difundido ayer en la Gaceta del Senado.
EL HERALDO
AMLO va por otra Reforma Eléctrica
El presidente Andrés Manuel López Obrador anunció que presentará una nueva iniciativa de reforma constitucional en materia eléctrica para que el sector esté protegido.
“Como en los tiempos de Adolfo López Mateos”.
En la mañanera, dijo que no se permitirá en el sector eléctrico el predominio del poder particular por encima del poder público, ya que se podría tener una crisis como sucedió con el gas tras la guerra de Rusia con Ucrania, donde “los precios de la energía se fueron a las nubes”.
“Voy a enviar en el paquete del día 5 una modificación a la Constitución para dejar la Constitución como estaba antes de la llamada reforma energética, dejarla como la dejó el presidente López Mateos, porque si no, imagínense.
Explicó que la iniciativa es para que se considere a la Comisión Federal de Electricidad (CFE) “como una industria estratégica de interés público”.
Luego de que este miércoles la Suprema Corte declaró inconstitucional la reforma a la Ley de la Industria Eléctrica, adelantó que se impugnará el procedimiento.
REPORTE ÍNDIGO
Las nuevas reglas laborales
Las reglas están cambiando, después de varios años en los que se frenó e incluso se menoscabaron varios derechos laborales, por la presión de la sociedad el panorama se está transformando.
Durante el año pasado se vivieron varias conquistas laborales, como la regulación del home office, el aumento del salario mínimo y la actualización de la Tabla de Enfermedades de Trabajo, pero aún faltan varias batallas más por librar.
El día de ayer arrancó el Periodo Ordinario de Sesiones en el Congreso de la Unión y se prevé que entre los temas candentes de discusión en la agenda legislativa, se llevé los titulares la iniciativa de reforma para disminuir la jornada laboral a 40 horas, un tema que quedó pendiente desde el año pasado y que recibió mucho apoyo por parte de la sociedad civil.
LA RAZÓN
Derogada Reforma Eléctrica, 4T revira con amago de juicio político y nueva ley
La bancada de Morena en la Cámara de Diputados advirtió que procederá con un juicio político en contra del ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) Alberto Pérez Dayán, por cuyo voto se desechó la Ley de la Industria Eléctrica (LIE), debido a que fue en quien recayó la decisión final al haberse previamente dado un empate en la votación del asunto dentro de la Segunda Sala.
Los legisladores morenistas también anunciaron una reforma a la Ley de Amparo, para eliminar el concepto de “voto de calidad” por medio del cual se hizo posible la invalidación de dicho proyecto energético impulsado por Presidente Andrés Manuel López Obrador, con el objetivo de dar preferencia a la Comisión Federal de Electricidad (CFE) en el despacho de energía, por encima de las empresas privadas.
Al encabezar la conferencia de prensa, el coordinador de la bancada, Ignacio Mier, calificó la votación de los ministros como algo “lamentable” y con la que se atentó contra la división de poderes; además, criticó que se haya incurrido en irregularidades en la votación, cuando el mismo tribunal ha invalidado otras reformas relevantes para la 4T, bajo el argumento de violaciones al procedimiento legislativo. “Pone de manifiesto una actuación, por decir lo menos, sectaria, con premeditación en contra, no de una ley que fue aprobada acá, que fue declarada su constitucionalidad”, dijo.
REFORMA
Dan línea pro Claudia a sindicato de Pemex
El sindicato petrolero, voto duro del priismo durante décadas, ahora va con Claudia Sheinbaum.
EL ECONOMISTA
Morena pide juicio político a ministro por invalidar la reforma eléctrica
La representación de Morena en la Cámara de Diputados amenazó con presentar una solicitud de juicio político en contra del ministro Alberto Pérez Dayán, presidente de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), por otorgar el voto de calidad que declaró inconstitucional la Ley de la Industria Eléctrica (LIE) promovida por el presidente Andrés Manuel López Obrador.
“Ha sido recurrente que muchas de las leyes, de los decretos que ha emitido la Cámara de Diputados, mediante amparo, han sido revocados por parte de la Suprema Corte de Justicia de la Nación... Lo que vivimos el día de ayer fue algo lamentable para el Estado de derecho, para la división de Poderes”, enfatizó el coordinador parlamentario de Morena, Ignacio Mier.
Sobre el tema, el presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales, Juan Ramiro Robledo (Morena), acusó que durante la discusión de la LIE, la SCJN violó su propia Ley Orgánica, ya que, dijo, al quedar en empate la votación, y antes de ejercer el voto de calidad por parte del presidente de una de las salas, se debió aplicar otro procedimiento.
1. No sé bien cuando se empezó a usar los términos políticos izquierda y derecha en México; de lo que estoy seguro es que en el siglo XIX –a partir del socialismo utópico y el Manifiesto Comunista de 1847 de Marx y Engels, la burguesía mundial comenzó a desprestigiar esos términos porque proclamaban la igualdad, la justicia, el derrocamiento de la burguesía y la expropiación de los expropiadores. En México triunfó una Revolución en 1910-17, pero nunca algún político encumbrado se planteó luchar por la igualdad, sino sólo de la democracia burguesa.
2 La realidad es que en el parlamento de la Revolución Francesa de 1789 más de 50 años antes de Marx- la derecha del parlamento la ocupaban los representantes de la aristocracia, los monarcas, los terratenientes y del clero; en la izquierda se sentaban los revolucionarios en lucha, los burgueses, los profesionistas y los representantes de los campesinos y obreros. Esa revolución fue burguesa pues sólo se propuso acabar con la monarquía –lo que logró- para que los revolucionarios de la burguesía se encumbraran y se quedaran con el poder en Francia.
3. Benito Juárez impulsó en México el capitalismo con la expropiación de los gigantescos latifundios del clero para entregárselas a la nueva burguesía que se hizo terrateniente para que algunos años después recibiera la protección del dictador Díaz. Así que la revolución burguesa mexicana - encabezada por el terrateniente Madero-sólo buscaba derrocar al gobierno de Díaz para que él mismo lo sustituyera. Todos los gobiernos posteriores: desde Carranza (1917-20) hasta López Obrador (2018-24), durante un siglo, han sido igualitos, es decir, más de lo mismo.
4. Antes de 1929 el PNR-PRM-PRI o (parido oficial) no existía, pero ya desde Carranza, Obregón y Calles, el poder determinaba todo. Desde 1929 Calles –el expresidente y creador del partido oficial- impuso a cuatro presidentes (Portes Gil, Ortiz Rubio, Abelardo Rodríguez y Lázaro Cárdenas) hasta que Cárdenas lo expulsó del país. Luego la burguesía (dueña de todo el poder), perfeccionó el llamado sistema electoral haciendo creer que el voto contaba a pesar de su manipulación, haciendo presidente a quien más le convenía. El voto fue comprado abiertamente con regalos.
5. En México existió en los años sesenta y setenta una izquierda que desapareció en 90 por ciento en los ochenta al venderse al PRI/gobierno por cargos de gobierno y millonarios subsidios a cambio de participar en política electoral. Desde 1977 –con la llamada reforma política- dominó totalmente lo electoral, los acuerdos y el pacifismo. Sólo se quejan de los malos acuerdos y lloran porque no existen masas que los respalden. La política mexicana son puros acuerdos respaldados por dinero y promesas de cargos. Lo demás es demagogia y corrupción hasta hoy.
El cadáver de Colosio llegó a la capital el 24 de marzo de 1994 abordo del TP-03 de la Fuerza Aérea Mexicana. Lo recibió Carlos Salinas en compañía de su esposa, Cecilia Occelli. Él mismo lo trasladó al Auditorio Plutarco Elías Calles de la sede nacional donde tuvo que aguantar que algunos priistas lo increparan como si fuera el culpable.
La Fiscalía de Gerz Manero ha vuelto sobre el asesinato de Colosio ocurrido hace 30 años. Lo hace a unos días de que Ernesto Zedillo, uno de los principales beneficiarios del crimen, estuvo en México invitado por la casa de bolsa Actinver, cuyo cabildero es el exministro prófugo Eduardo Medina Mora. Lo hace el mismo día en que el hijo de Colosio, Presidente Municipal de Monterrey, le pidió al Presidente López Obrador que indultara al único convicto, Mario Aburto, y así cerrar la herida. Lo hace unos días después del regreso de Manlio Fabio Beltrones, ahora como candidato al Senado por el PRIAN. Se los confieso: no entiendo el propósito de esto, aunque sí nos lleva, de entrada, a un reconocimiento al fin saludable para la memoria histórica de ese momento: admitir que ese 23 de marzo de 1994, en Lomas Taurinas, Tijuana, se detonaron dos disparos, de distintos calibres, sobre el cuerpo del candidato del PRI. La .38 en la cabeza y la .22 en el estómago, según el testimonio de una de primeras forenses. Luego, esta aseveración fue desmentida argumentando que el candidato había “dado un giro” y Aburto le había vuelto a disparar, del otro lado, en el costado. Y que las dos eran del mismo calibre, pero una más deformada por el contacto con el cráneo. Lo cierto es que tenemos una grabación donde sólo se ve una pistola disparar en la cabeza de Colosio; que fue en un lugar público; que lo que sucedió después fue más contundente: la rebatiña por el sustituto dentro del propio PRI.
Antes de ir hacia allá en el camino de la memoria histórica, déjenme hacer un alto en lo que dice ahora la Fiscalía: Jorge Antonio Sánchez Ortega, miembro del Cisen de Tello Peón y Jorge Carpizo como Secretario de Gobernación, estaba lleno de sangre y fue positivo a la prueba de haber disparado. Pero Sánchez Ortega, en el interrogatorio que le hicieron esa misma noche, aseguró que no iba armado. Dice más la Fiscalía: que el subdirector operativo del propio Cisen, un tal Genaro García Luna, fue por él a Tijuana y lo escondió de las averiguaciones. Sánchez Ortega ya había sido detenido por el jefe de la policía de Tijuana, Federico Benítez, que fue asesinado un mes después. El pasado 9 de enero, el Juez Quinto de Distrito de Procesos Penales Federales, Jesús Alberto Chávez Hernández, rechazó que se emitiera una de aprehensión contra Antonio Sánchez Ortega por estas nuevas acusaciones de la Fiscalía. Por lo tanto, se vuelve a la hipótesis del complot para asesinar a Luis Donaldo Colosio. Una hipótesis ya abordada por el Fiscal Pablo Chapa Bezanilla, el mismo que desenterró una calavera en una propiedad de Raúl Salinas y dijo que era del Diputado implicado en el crimen de José Francisco Ruiz Massieu, Manuel Muñoz Rocha. El Procurador Lozano Gracia de Acción Nacional y su Fiscal hicieron una cosa insólita: para tratar de demostrar el complot analizaron el video de cómo se comportaba la gente en torno a Colosio ese día. Es decir, creyeron que el complot era en la escena del crimen y no fuera de ella. En octubre del año 2000, Luis González cerró la investigación: había sido un asesino solitario.
Ahora quisiera ir a la disputa interna en el PRI para decidir al candidato sustituto. Vuelvo sobre mi propia novela, Un hombre de confianza publicada en 2015.
Desde la Secretaría de Gobernación, Fernando Gutiérrez Barrios percibiría la contundente invisibilidad del “Jefe de la Oficina del Presidente”, José Córdova Montoya. Apenas el 4 de enero de 1989, desde esa oficina inexistente se le ordenó al entonces Secretario de Gobernación, eliminar al Gobernador de Baja California, Xicoténcatl Leyva Mortera, que estaba por cumplir con su mandato. La instrucción telefónica de Córdoba fue muy breve:
—El Gobernador dijo que no pudo hacer nada para evitar el triunfo de Cuauhtémoc Cárdenas.
—No veo problema —replicó Gutiérrez Barrios—. Su mandato termina ya, en cinco meses.
—El Presidente está molesto.
—¿Con qué?
—La palabra “triunfo” —y colgó.
La salida de un político corrupto, del que se decía que había llegado a la gubernatura de Baja California mediante un fraude, no tendría mayor consecuencia, si se piensa que la jugada llegaba sólo hasta ahí. En realidad, a cambio del apoyo del Partido Acción Nacional a Salinas, éste le había prometido la gubernatura de Baja California para diciembre de ese año. Ese estado se convertiría en el primer estado no gobernado por el PRI, en una muestra de agradecimiento del Presidente a una oposición “leal”, a diferencia de la de Cuauhtémoc Cárdenas que era “desleal, violenta y anti-democrática”. Las solicitudes para cambiar gobernadores sin elecciones de por medio se harían durante todo el sexenio de Salinas. Hubo un momento en que la mitad de los electores tenían gobernantes a los que jamás habían elegido. A los estados de la federación los gobernaban sustitutos puestos por el Presidente Salinas de Gortari.
Cada vez que existía un conflicto con un político de un estado de la República, Córdoba hacía la llamada al Secretario Gutiérrez Barrios. Éste lo despedía, armado de sus artilugios del tiempo de la paz social, pero sabiendo que estaba alentando a una nueva clase política, venida de Estados Unidos, y una nueva burguesía incitada por los juegos bursátiles y las privatizaciones.
—El Presidente te quiere fuera —comenzaba Gutiérrez Barrios.
—Apelaré al Partido, al Congreso. No soy un pelele, Don Fernando. No dejaré que me traten así.
—No hagas esto más difícil.
En el sistema político mexicano el eslabón más débil es el militante priista.
Tras cuatro años al servicio de Salinas y los desplantes de su “jefe de oficina”, Córdoba Montoya, el 4 de enero de 1993, en el aniversario del “Quinazo”, Gutiérrez Barrios recibió un telefonazo al Grand Marquis negro que usaba los lunes. Gutiérrez Barrios jamás recibía llamadas de trabajo en sus casas de Veracruz, Cuernavaca o la Ciudad de México. Sólo en los autos. Contestó su chofer y le pasó al jefe de la oficina de la Presidencia, José Córdoba Montoya:
—El Presidente te ha pedido la renuncia —le dijo y colgó.
Las cuentas con Salinas se habían extinguido. Habían sido pagadas por Gutiérrez Barrios. Usando al Partido para llegar a la Presidencia, Salinas era como un extraterrestre para los políticos de antiguo cuño. Todos eran marrulleros, traidores, corruptos y, por ello, amenazables y obedientes. Pero estos nuevos juniors eran, además, despóticos. No cuidaban las formas, tenían exabruptos en público —algo impensable para Don Fernando—, decían las cosas sin atender al interlocutor. Ellos, los dinosaurios, jamás habían dicho algo con claridad, enredados siempre en el barroquismo de la retórica que nunca dejaba ver nada. Los nuevos decían pedazos de sus propios planes “de desarrollo”, aprendidos en la escuelita de altos estudios, sólo para impresionar:
—La deuda histórica de México ha sido renegociada para tus hijos y los hijos de tus hijos —como aseguró Salinas en 1989.
Pero eran lo mismo, en el fondo. Marrulleros, traidores, corruptos, pero con doctorados en Harvard. Salinas y Córdoba, al final, resultaron una pareja de políticos texanos. Y, como en Texas, les mataron al candidato.
El asesinato de Luis Donaldo Colosio el 23 de marzo de 1994 en Tijuana trajo, de vuelta, la disputa entre “tecnócratas” y “dinosaurios”. Se sospechaba de estos últimos. Fernando Gutiérrez Barrios tenía en el terreno del homicidio a su secretario particular, Manlio Fabio Beltrones, el último en hablar a solas con el asesino, Mario Aburto, en algún lugar de playas de Tijuana. Don Fernando, retirado en su casa con vista a la bahía de Boca del Río, en la que también se construyó un teatro con su nombre, sabía de los pleitos entre priistas en Baja California, a raíz de que se la entregaron a Acción Nacional antes de que los electores fueran a votar. Sabía de los problemas entre el comisionado para la paz con el Ejército Zapatista en Chiapas, Manuel Camacho Solís, y el Presidente Salinas. Sabía muchas cosas sobre la guerrilla que, desde 1974 habían cocido a balazos en Nepantla y lo que eso tenía que ver con la nueva guerrilla en Chiapas. Él se había llevado sus expedientes a las casas de Veracruz y San Jerónimo, en la Ciudad de México. Si Salinas necesitaba información de la que él guardaba —de a pie y oreja— sólo necesitaba disculparse. Esas cosas costaban, no dinero, sino poder, humillaciones.
El cadáver de Colosio llegó a la capital el 24 de marzo de 1994 abordo del TP-03 de la Fuerza Aérea Mexicana. Lo recibió Carlos Salinas en compañía de su esposa, Cecilia Occelli. Él mismo lo trasladó al Auditorio Plutarco Elías Calles de la sede nacional donde tuvo que aguantar que algunos priistas lo increparan como si fuera el culpable. Un detalle no pasó desapercibido: la primera guardia de honor la encabezó el expresidente Luis Echeverría que, con el puño izquierdo en alto, gritó:
—Lo dije en mi Gobierno y hoy lo repito: Arriba y Adelante. Siempre con la Revolución Mexicana. Siempre con el PRI.
El asesinato de Colosio no fue el resultado de la guerra interna del PRI, sino su disparo de salida. El Presidente Salinas encerrado en Los Pinos tratando de explicar la violencia en su sexenio: un cardenal, José de Jesús Posadas Ocampo, asesinado; el Ejército Zapatista en armas contra su Tratado de Libre Comercio de Norteamérica; el candidato abatido por dos disparos. Por la violencia estaban afectados la Iglesia Católica, los indígenas, y Colosio. Era el derrumbe de un sexenio prepotente y fantoche.
Los bandos dentro del PRI estaban claros: Córdoba Montoya impulsaba un cambio en la Constitución para que Pedro Aspe, el Secretario de Hacienda, pudiera ser elegible como candidato. Por el otro, los viejos lobos del Partido impulsando a sus cercanos, mediante una carta anónima entregada a los medios entre las siete y las nueve de la noche del mismo día del homicidio: “ANTE LA TRAGEDIA, OPCIONES JURÍDICAS DEL PRI”. En el texto se lee: “Fernando Gutiérrez Barrios es un hombre que, hasta su renuncia en enero de 1993, se le consideraba como posible candidato a la Presidencia”. Ambos bandos llegaron a un compromiso el 29 de marzo, casi una semana después: por una propuesta de Emilio Gamboa Patrón, el coordinador omiso de la campaña de Colosio, Ernesto Zedillo, será el nuevo candidato. Nadie lo conocía en el país, ni siquiera por su desempeño gris a cargo de la Secretaría de Educación.
Pero, en efecto, el miedo ganó esas elecciones, las de 1994.
Luego vendría la ruptura entre Salinas y Zedillo por el encarcelamiento de Raúl y la disputa por la responsabilidad de la crisis financiera que terminaría en el Fobaproa. La bruja de Chapa Bezanilla, La Paca, enterrando la calavera de su yerno en un patio del hermano del Presidente, la huelga de hambre de Salinas de Gortari en Nuevo León, y su exilio a Irlanda. Pero, ¿qué había quedado del crimen de Colosio? Una vaga sensación de que había sido el narco, aunque se investigaron las llamadas que el candidato había recibido desde Sinaloa, y el avión que usaba, propiedad en algún tiempo, de Amado Carrillo, “El Señor de los Cielos”. Otra indefinida percepción de que se había tomado la decisión de asesinarlo, así, en público y con una cámara filmando, para que el PRI pudiera ganar una elección más. Pero también declararon los camarógrafos y el director del Cepropie. Y una resignación a que nunca se sabría realmente qué había ocurrido hace 30 años en Lomas Taurinas.
Lo de ahora no deja de tener, como siempre en el caso Colosio, un sabor a sospecha. ¿Por qué justo cuando coinciden tanto la declaración del hijo de Colosio, el amparo que Mario Aburto tramita en los juzgados, la candidatura de Beltrones, y la visita de Zedillo. Yo no hago inferencias ni siquiera de cuándo va a llover, menos de una cosa así de grave. Lo único que puedo decirles es que, de esos lodos, los dos PRI nunca se recuperaron. El grupo de Gutiérrez Barrios se fue diluyendo, murió su principal figura, y hasta Echeverría. Quedó Atlacomulco que perdió su bastión, el Estado de México, contra Delfina Gómez. El de los tecnócratas, vuelve al PRI de Alito ya muy disminuido, con personajes como José Ángel Gurría o el negociador del TLC, Ildefonso Guajardo, ahora apoyando el plan “ganador” del fenómeno electoral, Xóchitl Gálvez. Ante el desplome del modelo neoliberal en México, vienen, como Zedillo, a repetir fórmulas que ya demostraron que no funcionan: el poder inflacionario de los salarios mínimos, la teoría de la derrama desde la concentración de los monopolios, la desregulación como dogma.
Sin duda, sería interesante saber quién conspiró para el asesinato del candidato del PRI a la Presidencia en 1994, el motivo o la jugada. Pero si los jueces no quieren, nunca pasaremos del segundo disparo, aquel que detonó la lenta muerte del PRI.
Fabrizio Mejía Madrid
Es escritor y periodista. Colabora en La Jornada y Aristégui Noticias. Ha publicado más de 20 libros entre los que se encuentran las novelas Disparos en la oscuridad, El rencor, Tequila DF, Un hombre de confianza, Esa luz que nos deslumbra, Vida digital, y Hombre al agua que recibió en 2004 el Premio Antonin Artaud.
AMLO: la calumnia surgió del Departamento de Estado
El presidente Andrés Manuel López Obrador responsabilizó al Departamento de Estado de Estados Unidos de estar detrás de las versiones periodísticas que señalan que en su primera campaña presidencial (2006) habría recibido un millonario financiamiento ilícito por parte de capos del narcotráfico.
Rechazó esas acusaciones, exigió pruebas y advirtió que este intento por atacarlo está relacionado con la coyuntura electoral: en junio en México y en noviembre en Estados Unidos. "Es completamente falso, es una calumnia. Están, desde luego, muy molestos, y lamentablemente la prensa, como hemos visto, no sólo en México, en el mundo, está muy subordinada al poder. En el caso de Estados Unidos, tiene mucha influencia el Departamento de Estado y las agencias en el manejo de los medios y aquí también, pero no hay ninguna prueba. Son unos viles calumniadores, aunque los premien como buenos periodistas".
Al preguntarle en la mañanera sobre el tema, subrayó que esta estrategia responde a la política exterior estadunidenses hacia las naciones de América Latina. "Es un doble discurso, una doble moral, esa es la política que deben cambiar". Y demandó: "si hay algo que no les gusta, pues que lo planteen abiertamente".
Aseguró: "tiene que decir la DEA (Administración de Control de Drogas) si es cierto, no es cierto, cuál es la investigación que hicieron, cuáles son sus pruebas; pero no (sólo) la DEA, el Departamento de Estado".
–¿A qué se debe que el ataque venga del extranjero? –se le preguntó.
–Pues porque hay elecciones. Siempre que hay elecciones, aquí y allá y en cualquier parte. Sí, es una campaña, es Estados Unidos, es en Alemania, es aquí. ¿Dónde están las pruebas? Siempre es así: "un prestigiado periodista internacional", como si fueran puros –respondió.
El jefe del Ejecutivo aseveró que se trata de "un montaje y propaganda sucia" que se dan por el contexto electoral para lanzarse en su contra, ante lo que acotó: "si yo no soy candidato". Sin embargo, sostuvo, estos ataques no funcionarán a sus adversarios.
CONTRAPORTADA
En la CDMX, 20 mil 294 denuncias por despojo de #inmuebles
Un total de 20 mil 294 denuncias por despojo se han presentado en esta administración, un promedio diario de 11, principalmente en Iztapalapa, Cuauhtémoc, Coyoacán, Gustavo A. Madero y Tlalpan, de acuerdo con información del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública y la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México.
El modus operandi utilizado en la comisión de este delito contra el patrimonio va desde la simulación de compraventa con contratos privados, la presentación de escrituras falsas ante el Registro Público de la Propiedad y el Comercio, hasta las invasiones furtivas.
También, el uso de la fuerza, hacerse pasar como inquilino o aprovechar la salida del dueño para cambiar cerraduras o a través de un fraude procesal, donde están involucrados jueces, personal del Registro Público y notarios, señalaron fuentes judiciales.
La Fiscalía de Investigación en Delitos Ambientales y en Materia de Protección Urbana, sin embargo, ha logrado asegurar en esta administración 4 mil 773 inmuebles, que equivalen a 23.5 por ciento de los despojos denunciados.
Mientras, el número de propiedades que regresan a sus dueños, explicaron, es en promedio de 30 por ciento, tras enfrentar la interposición de juicios civiles, la presentación de instrumentos notariales o escrituras falsas y/o compraventas simuladas, entre otros.
EL UNIVERSAL
Gobierno alista plan para proteger a candidatos
La secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Rosa Icela Rodríguez, no descartó que existan “focos rojos” en el país de cara al inicio de las campañas presidenciales y la elección del 2 de junio próximo, así como informó que en breve se dará a conocer con el INE el plan de protección para candidatos.
En entrevista en el marco de la reunión plenaria de senadores de Morena, fue cuestionada sobre el tema de la violencia e inseguridad contra candidatos y dijo esta semana o el miércoles de la próxima se le presentará a Guadalupe Taddei, presidenta del INE, el plan de protección a candidatos y candidatas a puestos de elección popular federal.
"Traemos ya un plan de trabajo y lo vamos hacer público, no hay nada escondido", aseguró en un hotel del Centro Histórico.
MILENIO
Con las presas a 51%, el agua de Cutzamala se acabará para junio
El Valle de México dispone de agua para 147 días, de acuerdo con cálculos de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), debido a la escasez de lluvias en la temporada pasada y la intensa sequía que azota la región de la cuenca del río Cutzamala, entre Michoacán y Estado de México.
Según estimaciones del Organismo de Cuenca Aguas del Valle de México (Ocavm), presentadas en noviembre pasado, de haber continuado con extracciones de 12 metros cúbicos por segundo, solo habría alcanzado a cubrir la demanda para cuatro meses y medio, es decir, el líquido se agotaría el 20 de abril, por lo que se implementó un recorte de 3 metros cúbicos por segundo.
Con un gasto de 9 metros cúbicos por segundo, la Conagua estimó que será el 26 de junio cuando el Sistema Cutzamala alcance su nivel más bajo, librando apenas el nivel mínimo de operación, con la esperanza de que en la temporada de lluvias se recupere el almacenaje de las presas.
Sin embargo, la fecha del “día cero” puede variar en función de la reducción del suministro de agua que establezcan las autoridades para evitar que el Cutzamala llegue a su punto crítico.
EXCÉLSIOR
Protegerán a candidatos a 629 cargos
La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) tiene listo un plan de trabajo para proteger a los candidatos a los 629 puestos de elección federal que estarán en juego el próximo 2 de junio.
Rosa Icela Rodríguez, titular de la dependencia, adelantó que la estrategia será presentada en los próximos días a Guadalupe Taddei, presidenta del INE.
A pregunta expresa sobre la existencia o no de focos rojos en materia de seguridad en el país, respondió que “claro que hay algunas zonas que ameritan más atención que otras. Hay algunas zonas en donde tenemos que poner especial atención. Las vamos a dar a conocer”, ofreció en una entrevista, tras participar en una reunión privada con los senadores de Morena y el PVEM.
Recordó que la seguridad de los candidatos a puestos de elección popular a nivel estatal es responsabilidad de las autoridades de las entidades federativas.
El viernes, Felipe de la Mata, magistrado del Tribunal Electoral, alertó de la presencia del crimen organizado como factor de presión en los comicios.
EL HERALDO
Menores usan vapeadores desde los 10 años
Niños desde los 10 años ya utilizan vapeadores, y los adolescentes son quienes más los consumen, de acuerdo con la última Encuesta Nacional de Salud y Nutrición de 2022.
El informe indica que la prevalencia del uso de cigarros electrónicos se encontró en el grupo de la población de entre 10 y 19 años, con 2.6%, mientras que en los adultos de 20 años o más la prevalencia fue de 1.5% .
Los datos que presentó El Instituto Nacional de Salud Pública también detallan que, en ambos casos, los hombres son los que hacen mayor uso de estos aparatos con 3%. Incluso, empresas repartidoras entregan los vapeadores sin verificar la edad de los consumidores.
Sumado a ello existen máquinas expendedoras que tampoco tienen filtros de seguridad para evitar la venta de estos dispositivos a menores de edad.
En entrevista con El Heraldo de México, Guadalupe Ponciano, académica del departamento de Salud Pública de la Facultad de Medicina en la UNAM, resaltó que las probabilidades de que las personas que comienzan con este tipo de consumo desde temprana edad, cuando sean adultos padezcan de enfermedades respiratorias.
REPORTE ÍNDIGO
Las "bolsas" del gobierno federal
La Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), conforme a sus facultades de vigilancia del Sistema Financiero en México, recibe periódicamente información referente al Estado de la Situación Financiera de las Instituciones de Banca Múltiple, entre la que se encuentra el saldo de la Cuenta Global de Captación sin Movimiento (CGCSM).
Esta cuenta contiene el saldo de las cuentas que no presentaron movimientos por el titular de la misma durante tres años. De acuerdo con la Ley de Instituciones de Crédito, si dentro de los siguientes tres años no se reclaman los recursos, sus derechos prescriben a favor de la beneficencia pública.
La iniciativa de reforma a la Ley de Instituciones de Crédito —aprobada en la Cámara de Diputados y pendiente en el Senado de la República— establece que ese dinero, se destinaría además de fortalecer la seguridad pública del país, a atender la seguridad social para las Fuerzas Armadas, esto con el propósito de fortalecer los fondos de prestaciones para militares retirados y pensionados.
Al cierre de agosto del 2022, la CNBV informó que el saldo de la CGCSM ascendió a 21 mil 334 millones de pesos. Este saldo representó el 0.3 por ciento de la captación tradicional de las Instituciones de Banca Múltiple. Después de un año y dos meses, la cuenta rebasa los 25 mil millones de pesos, a diciembre del 2023.
Para que estos más de 25 mil millones de pesos se destinen a las Fuerzas Armadas, aún es necesario que el Senado de la República apruebe la reforma emitida por la Cámara de Diputados.
LA RAZÓN
Publicación sobre narcoapoyo electoral, 'vil calumnia', acusa AMLO y señala a EU
El Presidente Andrés Manuel López Obrador lanzó un reclamo al Gobierno de Estados Unidos, luego de la difusión de supuestas narco aportaciones a su campaña electoral del 2006 rumbo a la Presidencia de la República.
En conferencia, negó que en aquel año haya recibido financiamiento del Cártel de Sinaloa para su campaña y acusó a las autoridades del Departamento de Estado y de la Administración de Control de Drogas (DEA, por sus siglas en inglés) de ser “viles calumniadores” y exigió pruebas de esos señalamientos, los cuales, afirmó, responden a fines políticos y electoreros.
“No, es completamente falso, es una calumnia. Están, desde luego, muy molestos y lamentablemente la prensa, como hemos visto, no sólo en México, sino en el mundo, está muy subordinada al poder. En el caso de Estados Unidos, tiene mucha influencia el Departamento de Estado y las agencias en el manejo de los medios, y aquí también, pero no hay ninguna prueba, son unos viles calumniadores, aunque los premien como buenos periodistas”, sostuvo.
El mandatario respondió así al reportaje publicado de manera simultánea en tres medios de EU y Alemania, el cual reveló que la organización criminal encabezada por Joaquín El Chapo Guzmán había aportado entre dos y cuatro millones de dólares a su campaña hace 18 años, basado en declaraciones de testigos protegidos de la DEA.
Es completamente falso, es una calumnia. No hay ninguna prueba, son unos viles calumniadores, aunque los premien como buenos periodistas
REFORMA
Entierra la Corte reforma eléctrica
La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) declaró inconstitucional la reforma impulsada por la 4T en marzo de 2021 a la Ley de la Industria Eléctrica (LIE), que favoreció a la Comisión Federal de Electricidad (CFE) sobre empresas privadas.
EL ECONOMISTA
La SCJN declara inconstitucional reforma a la Ley de la Industria Eléctrica
La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) concedió el amparo a seis empresas y declaró la inconstitucionalidad de los cambios a la Ley de la Industria Eléctrica, vigentes desde el 10 de marzo de 2021, que favorecen a la Comisión Federal de Electricidad (CFE) por sobre los privados que generan energía eléctrica; la sentencia aplicará de manera general a todos los agentes que participan en el mercado eléctrico nacional.
Las empresas a las que se concedió el amparo y que derivó en este proceso son: Recursos Solares PV de México IV, S.A. de C.V., BNB Villa Ahumada Solar S. de R.L. de C.V., Engie Abril PV S. de R. L. de C.V., Eólica Tres Mesas 4 S. de R.L. de C.V., Tractabel Energía de Pánuco S.A. de C.V., y Tractabel Energía de Monterrey S. de R.L. de C.V.
Si bien el juez correspondiente sólo concedió la tutela a las empresas quejosas respecto de las que entró al estudio del fondo del asunto ordenando la desincorporación del sistema normativo reclamado de su situación jurídica, refiere el fallo, lo que en realidad hizo fue reconocer que al materializarse esa desincorporación necesariamente se generarán consecuencias al resto de los agentes participantes.
“Ciertamente, las normas reclamadas rigen al mercado de energía eléctrica, estableciendo los criterios conforme a los cuales los generadores de energía pueden tener acceso a la Red Nacional de Transmisión y las redes generales de distribución, además de que prevén los mecanismos que rigen la contratación y la adquisición de certificados de energías limpias; todo lo cual constituye una regulación que debe aplicarse indiscriminadamente a todos los agentes participantes en un plano colectivo, de suerte que la regulación de la conducta de uno de ellos afecta directamente la de los demás’’, cita la sentencia.
Se determinó que son correctos los alcances definidos por el juez a la protección constitucional, dado que sólo concedió el amparo respecto de la parte quejosa pero anticipó que el resto de las empresas participantes del mercado resultarán beneficiadas por un efecto colateral.
A finales de 2010, agentes de la Administración de Control de Drogas
(DEA, por sus siglas en inglés) prepararon una operación en McAllen,
Texas, una bulliciosa ciudad de tamaño mediano situada frente a Reynosa,
México. Un agente encubierto, que se hacía pasar por un miembro de una
organización de narcotráfico de Nueva York, había invitado al objetivo
de la operación a encontrarse con él en un estacionamiento comercial de
la ciudad para cerrar un negocio de drogas que ambos habían estado
discutiendo durante algunos meses.
El objetivo era Mauricio Soto Caballero, un consultor radicado en
Ciudad de México con algunas conexiones turbias, que estaba buscando un
punto de entrada al mundo del tráfico de cocaína. Pero para la DEA, Soto
representaba algo mucho más grande: la oportunidad de resolver un caso
que investigadores creían que penetraba no solo a las altas esferas del
narcotráfico, sino también a las altas esferas de la política mexicana.
Durante sus conversaciones, Soto había accedido a tomar posesión de
un vehículo con 10 kilogramos de cocaína. Cruzó la frontera y llegó a la
reunión en un automóvil junto con dos socios. El agente encubierto
subió al auto de Soto y le dio las llaves del vehículo que alojaba la
cocaína. A cambio del favor, el agente encubierto prometió darle a Soto
como recompensa un kilogramo de cocaína.
Las dos partes tomaron caminos distintos. Poco después, la DEA llamó a
la puerta del hotel de Soto y le dijeron que estaba bajo arresto.
El valor de Soto tenía poco que ver con el tráfico de drogas. Él
había ayudado en el pasado en campañas políticas, entre ellas las del
actual presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador. Conocido
popularmente como AMLO por su pegadizo acrónimo, López Obrador se había
presentado a las elecciones presidenciales en numerosas ocasiones.
Los agentes de la DEA creían que, durante las elecciones
presidenciales de 2006, Soto había trabajado como un coordinador de
campaña y, entre otras tareas, había canalizado millones de dólares de
una organización de narcotráfico mexicana a la campaña de AMLO. Si
atrapaban a Soto, pensaban, darían un paso para averiguar si AMLO sabía
que su campaña había recibido dinero del narcotráfico.
Esta historia se basa en más de una docena de entrevistas, entre
ellas las realizadas a varios funcionarios de las fuerzas de seguridad y
diplomáticos, tanto activos como retirados, que tuvieron conocimiento
de la investigación, pero desearon permanecer en el anonimato porque no
estaban autorizados a hablar públicamente o porque les preocupaba su
seguridad.
Era un caso criminal audaz, y no uno de los que suelen abordar los
agentes, dados los retos y los posibles escollos políticos que trae
consigo investigar un potencial presidente. Investigaciones como esta
ilustran cómo el crimen organizado busca atrapar entre sus garras a
políticos del más alto nivel, pero son increíblemente complicadas. El
dinero se mueve en efectivo, por lo que no suele haber rastro
documental. Los testigos suelen ser criminales, lo que hace que tanto
los jurados como las fuerzas del orden se muestren reacios a confiar en
su palabra. Perseguir objetivos políticos de alto nivel puede socavar la
carrera de un agente y poner en peligro las relaciones diplomáticas.
Cuestiones como estas terminarían por descarrilar también este caso,
pero en esta etapa del proceso, los agentes aún tenían a AMLO en la
mira, y Soto los acercó un paso más. Le presentaron dos opciones. Podía
quedarse en McAllen y someterse a un proceso que incluiría varias
comparecencias públicas ante un tribunal antes de ser extraditado a
Nueva York y ser juzgado. O podía aceptar cooperar y viajar con los
agentes a Nueva York de una vez, donde los fiscales discutirían un
posible acuerdo, a cambio de su cooperación.
Soto optó por viajar a Nueva York inmediatamente.
La reunión
Cuando AMLO decidió postularse a la presidencia en 2006, la política
mexicana estaba en plena ebullición. En el 2000, la principal
organización política del país, el Partido Revolucionario Institucional
(PRI), había perdido las elecciones presidenciales por primera vez en 71
años. En su lugar, el conservador Partido Acción Nacional (PAN) asumió
la presidencia. Al mismo tiempo, AMLO, que encabezaba el izquierdista
Partido de la Revolución Democrática (PRD), ganó las elecciones para
convertirse en alcalde de Ciudad de México. Dejó el cargo en 2005 con
índices de aprobación por las nubes, lo que lo convirtió en un personaje
conocido y le valió la designación como candidato presidencial del PRD
para 2006.
El PRI había combinado el clientelismo tradicional, el populismo y
una corrupción profundamente arraigada para crear un sistema político
extraordinariamente duradero. Incluso los de fuera conocían el precio de
hacer negocios, incluidas las organizaciones criminales que
administraban las lucrativas zonas de producción de drogas y los
corredores de tráfico de México.
La derrota del PRI en el 2000 puso patas arriba este sistema. En
lugar de un partido a través del cual canalizar los sobornos, de repente
había tres. En lugar de que un partido controlara las principales
fuerzas judiciales, de inteligencia y de seguridad del país, ahora había
varios intereses y facciones que competían entre sí. En lugar de que un
partido controlara las leyes bancarias, los contratos públicos, los
servicios de inmigración, las aduanas, los organismos reguladores y
todas las demás oficinas gubernamentales que ayudan a los grupos
criminales a transportar toneladas de drogas ilícitas a través de México
y a lavar sus ganancias, ahora había un sinfín de burócratas e
intermediarios ávidos de poder y dinero.
A medida que este nuevo sistema tomaba forma, los grupos criminales
empezaron a buscar nuevos interlocutores en el gobierno que les ayudarán
a hacer negocios y les mantuvieran fuera de la cárcel. Entre esos
grupos estaba la Organización Beltrán Leyva (OBL). Dirigida por varios
hermanos de la familia Beltrán Leyva, la OBL era una de las
organizaciones criminales más temidas de México. En 2005, la OBL operaba
en media docena de estados mexicanos y se estaba extendiendo a otros
más.
En aquel momento, la OBL, junto con el cártel de Sinaloa, formaba
parte de la denominada Federación. La Federación, como su nombre lo
indica, estaba formada por varios grupos que se habían aliado a
principios de la década del 2000 tras la fuga de prisión del líder del
cártel de Sinaloa, Joaquín «El Chapo» Guzmán. Pero estas alianzas eran
frágiles, y el hampa de México también estaba en plena convulsión. Los
grupos criminales, independientemente de sus lealtades declaradas, se
disputaban el control de muchas de las mismas zonas de producción de
marihuana y amapola, así como de los importantes corredores de tráfico
fronterizo con Estados Unidos, que les daban acceso al país consumidor
de drogas más lucrativo del mundo.
Para asegurar sus inversiones y expandirse a nuevas zonas, estos
grupos criminales empezaron a crear sus propios mini ejércitos. El de la
OBL estaba liderado por Édgar Valdez Villareal, un osado nativo de
Laredo, Texas. «La Barbie», como se le conocía, fue jugador de fútbol
americano en su escuela secundaria, que había pasado de vender marihuana
en Laredo a convertirse en la punta de lanza de la OBL y en un gran
narcotraficante por derecho propio.
Pero la batalla por la supremacía criminal no solo la libraban las
alas armadas. Los grupos criminales de México buscaban cualquier ventaja
que pudieran obtener, y fue en este contexto que, hacia finales de
2005, la OBL buscó una reunión con representantes de AMLO en un hotel de
la costa occidental. Según las autoridades estadounidenses que tomaron
declaración a tres personas que asistieron a la reunión y a dos más que
se enteraron de ella más tarde, la reunión tuvo lugar en Nuevo Vallarta,
una pequeña ciudad de la costa del Pacífico en el estado occidental
mexicano de Nayarit, justo al norte de la ciudad turística más famosa de
Puerto Vallarta.
Entre los asistentes por parte de la OBL, según los testigos,
estuvieron La Barbie y su suegro, Carlos Montemayor González; Sergio
Villarreal Barragán, alias «El Grande», un sicario que se convirtió en
un miembro central de la organización, quien después dijo a los
investigadores que él había organizado la reunión; y Roberto López
Nájera, un abogado de La Barbie.
Según las autoridades estadounidenses, del lado de AMLO estaba Héctor
Francisco «Pancho» León García, empresario y candidato a senador por el
estado de Durango por la Coalición por el Bien de Todos, una alianza
política de izquierda formada para apoyar la candidatura de AMLO. Era la
primera incursión de León en política, pero abrazó a su candidato
presidencial: su lema, según El Siglo de Torreón, era «Yo AMLO a Pancho León», sustituyendo la palabra amo por las famosas iniciales de López Obrador.
El otro asistente por el lado de AMLO fue un empresario con interés
en el sector de bienes raíces y algunas conexiones limitadas con la
campaña de AMLO.
Aunque uno de los asistentes acabó dibujando un mapa de la reunión y
de quiénes se encontraban en ella, los detalles sobre qué se discutió
exactamente no fueron precisos, dado que las declaraciones de aquellos
que estaban en la habitación del hotel tenían años de antigüedad cuando
las autoridades estadounidenses las obtuvieron.
Aun así, por lo que pudieron averiguar, los investigadores
estadounidenses creían que los representantes de la OBL habían hecho un
trato con la campaña de AMLO: La OBL daría millones de dólares a la
campaña presidencial de AMLO; a cambio, el equipo de AMLO prometió dar a
la OBL el primer derecho de rechazo sobre quién sería el procurador
general, lo que, para los investigadores estadounidenses, equivalía a un
pase libre para traficar drogas.
Los testigos también dijeron a los investigadores que, para expresar
su agradecimiento, Pancho León regaló a La Barbie un reloj que, según
ellos, valía unos US$20.000. Más tarde, dijeron los testigos, la OBL le
devolvió el favor y ayudó a León a pagar uno de los grandes mítines de
AMLO que organizaría.
El dinero
Cuando surgió la pregunta de quién podría recibir dinero del lado de
AMLO, el empresario sugirió un nombre: Mauricio Soto Caballero. Soto era
un consultor que él conocía en la Ciudad de México. Los dos eran
«socios comerciales», según un investigador con conocimiento del caso,
dijo a InSight Crime luego. Y lo que era más importante para los
objetivos de la OBL, Soto también era coordinador de la campaña de AMLO y
mantenía una estrecha relación con uno de los principales ayudantes de
AMLO.
En las semanas siguientes, el empresario y Pancho León organizaron el
bando de AMLO, y el empresario habló varias veces con Soto. En el bando
de la OBL, según los investigadores estadounidenses, La Barbie designó a
López para representar a la OBL.
A principios de 2006, López viajó al lujoso barrio de Polanco, en
Ciudad de México, donde el Soto tenía una oficina. Allí, López se reunió
con el empresario y Soto, según contarían los tres más tarde a los
investigadores estadounidenses. No hubo intercambio de dinero, pero
López y Soto congeniaron y acordaron volver a verse.
Durante las siguientes semanas, según los testigos, López entregó a
Soto entre US$2 y $3 millones de dólares, que Soto dijo más tarde que
pasó a la campaña de AMLO. Los investigadores dijeron que una parte del
dinero también se canalizó a través de otro presunto agente de la OBL
llamado Roberto Acosta Islas, alias «R», quien luego movió ese dinero a
través de López a Soto, quien dijo que lo pasó a la campaña de AMLO.
(Autoridades de los Estados Unidos dijeron que Acosta fue asesinado
después.)
Las elecciones no salieron como estaba planeado. En julio de 2006,
AMLO perdió por un estrecho margen frente a Felipe Calderón, del PAN. En
Durango, a Pancho León no le fue mejor y perdió su contienda al senado
frente al candidato del PAN por unos 100.000 votos.
AMLO, sin embargo, no se rendiría fácilmente. Tras declararse
vencedor, los seguidores de AMLO salieron a la calle. Las protestas se
prolongaron durante meses. Y después de que el PRD perdiera un juicio
por lo que calificó de «fraude cibernético» y el máximo tribunal
electoral de México declarara oficialmente presidente a Calderón, los
seguidores de AMLO celebraron un simulacro de toma de posesión de su
presidente «legítimo».
Pero la táctica fracasó. Las protestas se disiparon y, aunque muchas
encuestas mostraban que la gente pensaba que había algún fraude, otras
culpaban a AMLO del aumento de las tensiones, por lo que él poco a poco
fue dando marcha atrás.
Mientras tanto, Calderón prestó juramento y el 11 de diciembre de
2006, solo 10 días después de su toma de posesión, el nuevo presidente
envió 6.500 soldados a Michoacán, su estado natal. Su objetivo era la
organización criminal conocida como la Familia Michoacana. Meses antes,
el grupo había arrojado infamemente cinco cabezas cortadas en un club de striptease
de Uruapan, Michaocán, marcando el comienzo de una serie de
espectáculos truculentos orquestados por los cárteles para aterrorizar a
la población mexicana.
Tras el inicio de la ofensiva de Calderón, la violencia empeoró. En
febrero de 2007, Pancho León y otras dos personas que iban con él desaparecieron mientras se dirigían a una reunión en una carretera cerca de Torreón, Coahuila. El caso se caracterizó por una serie de incoherencias e irregularidades, incluida la misteriosa desaparición de pruebas. No se recuperó ninguno de los cuerpos.
Pancho León fue una de las miles
de personas que desaparecieron en México a medida que la situación de
seguridad se deterioraba rápidamente durante el gobierno de Calderón.
También aumentaron los secuestros y asesinatos.
Las cosas empeoraron el 21 de enero de 2008, cuando las fuerzas armadas de México detuvieron a Alfredo Beltrán Leyva,
uno de los líderes de la OBL en su lujosa casa de Culiacán, la capital y
ciudad más grande del estado de Sinaloa. Corrió el rumor de que el
cártel de Sinaloa había utilizado sus conexiones corruptas para
orquestar la detención con el fin de eliminar a uno de sus adversarios
emergentes. La llamada Federación de grupos criminales aliados se
disolvió.
Siguió la guerra. A mediados de 2008 se produjeron más de 100 asesinatos
sólo en Culiacán, incluida una oleada de homicidios de policías. A
medida que la disputa entre la OBL y el cártel de Sinaloa se recrudecía,
los miembros de ambos bandos se volvían cada vez más vulnerables. Las
autoridades estadounidenses y mexicanas aprovecharon para seguirle la
pista a otro líder de la OBL, Arturo Beltrán Leyva, en un esfuerzo de
cooperación sin precedentes entre ambos gobiernos.
El 16 de diciembre de 2009, la Marina de México utilizó la
información recabada para allanar un edificio residencial en Cuernavaca,
capital del estado de Morelos. Arturo y cuatro de sus guardaespaldas
murieron en la operación. En una comunicación diplomática confidencial
enviado en aquel momento, las autoridades estadounidenses lo
calificaron como «la caída de mayor nivel de una figura de un cártel
bajo el gobierno de Calderón».
El informante
La investigación estadounidense sobre la campaña de AMLO de 2006
comenzó en 2010, apenas unos meses después de la muerte de Arturo,
cuando un informante le contó a un agente sobre la peculiar reunión en
aquella habitación de hotel de Nuevo Vallarta. El informante, según un relato del medio Proceso,
que accedió a registros internos del gobierno sobre él, había adoptado
el alias de «Jennifer» cuando comenzó a colaborar con las autoridades
mexicanas en 2007. (Un relato posterior de la misma periodista diría que adoptó el nombre en 2008, a instancias de las autoridades estadounidenses).
Jennifer era, según los investigadores, Roberto López Nájera, el
mismo agente de la OBL que había asistido a la reunión de Nuevo
Vallarta, donde los líderes de la OBL habían propuesto intercambiar
fondos por influencia en la selección del procurador general del país,
si la campaña de AMLO ganaba las elecciones de 2006. También,
presuntamente, había recolectado el dinero de la OBL y lo entregó al
coordinador de la campaña de AMLO, Mauricio Soto Caballero, durante sus
reuniones en Polanco en las semanas que siguieron.
Las autoridades estadounidenses afirmaron que habían usado a López
como informante después de que el jefe de su cártel, La Barbie,
supuestamente secuestrara y desapareciera a uno de los familiares de
López a causa de una disputa interna. La Barbie, años más tarde, en la
audiencia de lectura de su sentencia, negaría haber matado a alguien
durante su larga carrera criminal. López también empezó a colaborar con
las autoridades mexicanas años más tarde.
En esos primeros años como cooperante — antes de que comenzara la
investigación sobre la campaña de AMLO de 2006 — López había demostrado
ser útil. Poco después de convertirse en informante, les contó a las
autoridades estadounidenses sobre un ex investigador de la policía
especial mexicana que trabajaba con el Servicio de Marshals de Estados
Unidos y que estaba filtrando información a la OBL. Más tarde, el
funcionario se declararía culpable en un tribunal estadounidense por aceptar un soborno de un hombre conocido como «Mr. Nineteen»
a cambio de información sobre un fugitivo estadounidense al que la
Embajada de Estados Unidos le seguía la pista en México. Los
investigadores estadounidenses dijeron a InSight Crime que Mr. Nineteen
era el apodo que la OBL usaba para referirse a López.
López también había revelado que tres miembros de la Subprocuraduría
de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada (SIEDO) de la
Procuraduría General de la República (hoy llamada Fiscalía General de la
República) trabajaban con la OBL. Los tres se declararon culpables y
empezaron a colaborar con las autoridades mexicanas.
Sin embargo, la colaboración de López con las autoridades mexicanas
en años posteriores resultaría mucho más problemática. Esto incluyó
trabajar en casos del gobierno mexicano contra un alto general mexicano,
Tomás Ángeles; el antiguo zar antidroga, Noé Ramírez; y un alto mando
de la policía antidroga, Javier Herrera Valles. Los tres fueron
encarcelados en el marco de lo que se denominó Operación Limpieza, la
muy publicitada ofensiva del gobierno de Calderón contra la corrupción
interna impulsada por el narcotráfico.
Aun así, los tres lucharon contra los cargos, y en 2013, los tres casos se desmoronarían, en parte por problemas con los testimonios de López. En uno de los artículos periodísticos más condenatorios sobre el informante, Proceso
dijo que López tenía una «lengua letal» y detalló cómo López cambiaba
sus historias o era llamado por los fiscales para fabricar testimonios
en casos que se estaban desmoronando. Un exfuncionario mexicano que
trabajaba en la Procuraduría General de la República en esa época y
habló con InSight Crime bajo condición de anonimato, dijo que esta
práctica de emplear informantes para apuntalar investigaciones poco
sólidas era y es típica.
«En muchos de casos no corroboraban, ni corroboran, la información
proporcionada por los testigos con otros elementos de prueba y por eso
se caían y se caen los casos», dijo el exfuncionario, refiriéndose a
algunos fiscales de la Procuraduría General.
Pero en 2010, López seguía siendo considerado un activo valioso, por
lo que los investigadores estadounidenses lo pusieron a trabajar en el
caso AMLO. Primero, lo interrogaron sobre los detalles de la reunión en
el hotel de Nuevo Vallarta. López también informó a los investigadores
sobre los supuestos pagos hechos al coordinador de campaña de AMLO en
Polanco, Mauricio Soto Caballero.
Mauricio Soto CaballeroEdgar Valdez Villareal, alias ‘La Barbie’Nicolás Mollinedo BastarSergio Villareal Barragán, alias ‘El Grande’Roberto López Nájera, alias ‘Jennifer’
Es más, tras la campaña, López y Soto se habían hecho amigos
improbables. Y Soto, según descubrieron los investigadores en sus
interrogatorios a López, estaba interesado en entrar en el negocio de la
droga.
Fue en este contexto en el que los investigadores idearon su plan. La
DEA hizo que López invitara a Soto a una reunión en un hotel de
Florida. Allí, López y Soto, junto con un agente encubierto de la DEA
haciéndose pasar por un traficante de drogas, hablaron de meterse juntos
en el negocio de la droga.
No se hicieron planes específicos, pero los investigadores dijeron
que las conversaciones entre López y Soto sobre el tráfico de drogas
continuaron, y los dos organizaron varias otras reuniones, incluyendo la
reunión a finales de 2010 en McAllen, Texas, donde Soto recibió las
llaves del auto y fue posteriormente capturado.
Después de volar a Nueva York con los agentes, no está claro qué
ocurrió a continuación. InSight Crime no pudo encontrar ningún documento
judicial relacionado con Soto en la base de datos judicial federal, y
los funcionarios del Departamento de Justicia no hicieron comentarios,
pero a los pocos días se permitió a Soto regresar a México.
Al parecer, el caso ahora tenía a un infiltrado del lado de AMLO, y
adoptó un nombre. Lo llamaron Operación Polanco, una referencia al
elegante y exclusivo vecindario donde presuntamente el dinero pasó de la
OBL a la campaña de AMLO.
El comité
La investigación sobre la campaña de AMLO era compleja y delicada,
por lo que al principio, los agentes de la DEA decidieron que
necesitaban la aprobación de lo que se llama el Comité de Revisión de
Actividades Sensibles (SARC, por sus siglas en inglés). Se consulta al
SARC cuando la DEA está entrando en un terreno legal, ético, o político
delicado. Por ejemplo, los agentes encubiertos pueden querer hacerse
pasar por un cura o un psiquiatra, o dejar salir a propósito drogas o
dinero de la escena de un crimen, para poder seguir su rastro.
Pero el SARC también puede ser consultado cuando los agentes
persiguen a un político o a un alto cargo de las fuerzas del orden, lo
que puede causar revuelo en los medios de comunicación o poner en
peligro las relaciones diplomáticas. Según los investigadores
estadounidenses, esta es la razón por la que la DEA llamó al SARC para
la investigación de AMLO. En 2010, cuando iniciaron la investigación,
AMLO no ocupaba ningún cargo, pero como exalcalde de Ciudad de México y
el candidato que casi gana las elecciones presidenciales, seguía siendo
una figura política de alto perfil y los investigadores pensaron que
causaría revuelo si se viera envuelto en una investigación por
narcotráfico.
El comité suele estar formado por altos cargos de la DEA, así como
por miembros de alto nivel de su organismo matriz, el Departamento de
Justicia (DOJ, por sus siglas en inglés). En algunos casos, otros
departamentos también pueden estar presentes en el comité, incluyendo
funcionarios del Departamento de Estado.
Pero el rigor y la eficacia de los SARC varían dependiendo del caso,
del momento político, de la relación con otro país y otros factores. Un informe
del Inspector General del DOJ de 2015 describió la revisión de un
programa sobre informantes confidenciales por parte del comité como
«inadecuada e infrecuente.»
Cuando los agentes acudieron al SARC para informarle de su
investigación sobre la campaña presidencial de AMLO en 2006, el comité
no se opuso. Los agentes tendrían que volver con actualizaciones por
escrito cada seis meses, pero la investigación tenía la aprobación
oficial para
continuar.
Por aquel entonces, la DEA recibió la notificación de que el
empresario que asistió a la reunión en un hotel de Nuevo Vallarta entre
la OBL y emisarios de la campaña de AMLO iba a viajar a Las Vegas con su
familia. Después de que el empresario aterrizó, los agentes lo
siguieron a él y a su familia, y observaron cómo se registraban en un
extenso complejo hotelero y casino. Después de obtener su número de
habitación, subieron y llamaron a la puerta del empresario.
Abrió el empresario. La conversación, según los investigadores
estadounidenses, fue breve. En español, un agente le dijo al empresario
quiénes eran y mostró su placa. Uno de los hijos del empresario estaba
en la habitación, así que mantuvieron la voz baja y se quedaron
torpemente en la puerta.
«Necesito un trago», dijo finalmente el empresario.
Los agentes invitaron al empresario, que estaba visiblemente conmocionado, a hablar más con ellos en el vestíbulo.
Los hombres bajaron y se sentaron en el bar. Uno de los agentes
preguntó al empresario si quería una copa. El empresario murmuró que sí,
así que el agente pidió dos Macallan de 12 años.
El bartender sirvió las bebidas y las puso delante de los hombres.
Mientras el agente empezaba a explicar al empresario lo que había
escuchado de la reunión y los pagos a la campaña, el empresario levantó
el vaso y lo inclinó hacia atrás como si estuviera bebiendo un trago de
tequila.
La trampa
El empresarioayudó a los investigadores a
corroborar la reunión del hotel de Nuevo Vallarta, así como algunos de
los demás detalles relativos a las reuniones con López y el movimiento
de dinero hacia Soto. Pero no se le acusó de ningún delito y regresó a
México, donde parece que se mantendrá alejado de más problemas legales,
aunque cooperó a regañadientes.
Soto, por su parte, se convirtió en el personaje central de la
investigación. Entre los datos más importantes que aportó figura que
había entregado el dinero que había recibido de la OBL a Nicolás
Mollinedo Bastar.
Más comúnmente conocido como «Nico», Mollinedo fue el chofer de AMLO y más tarde su «coordinador de logística»
durante el tiempo que AMLO fue alcalde de Ciudad de México a principios
de la década de 2000. Aunque llevaba al entonces alcalde en el popular Nissan Tsuru, Nico ganaba algo cercano a US$ 5.000 mensuales, una cantidad escandalosa, según versiones periodísticas de la época porque era similar a lo que ganaban los altos funcionarios de la administración.
Para los investigadores estadounidenses, Nico era la pieza clave del
caso y se convertiría en el objetivo principal porque era uno de los
principales asistentes de AMLO. Los investigadores pensaron que al
presionar a Nico para convertirse en informante, podrían averiguar lo
que AMLO sabía sobre la supuesta contribución de la OBL a la campaña.
Así, en 2011, los agentes convencieron a Soto para que llevara un
micrófono durante un par de encuentros con Nico. Nico se había
convertido en un exitoso hombre de negocios desde su época de trabajo
con AMLO, al parecer
comprando tierras, autos costosos y enviando a sus hijos a escuelas
privadas en Estados Unidos. Y los dos hombres habían mantenido una
estrecha relación.
La primera vez que Soto usó un micrófono, según los investigadores,
la grabación falló. La segunda vez, funcionó. En la grabación, los
investigadores dijeron más tarde a InSight Crime, se podía oír a los dos
hablando de los posibles problemas que sus interacciones con la OBL
podrían causarles.
Tenían motivos para preocuparse. Para entonces, el gobierno de
Calderón había desmantelado la cúpula de la OBL. La mayoría de los
hermanos Beltrán Leyva, así como otros muchos dirigentes, estaban
muertos o en la cárcel. Esto incluía a los que habían estado en la
reunión de 2005 en el hotel: La Barbie, su suegro, y El Grande, quienes
fueron capturados en 2010.
Durante su conversación grabada, Soto y Nico también discutieron su
exposición legal, en parte debido a la Operación Limpieza, la que había
conducido a las detenciones de antiguos agentes de la SIEDO y del
informante de la OBL que había estado trabajando con el Servicio de
Marshals en la embajada de Estados Unidos.
La grabación era útil, pero no demostraba que Nico hubiera cometido
un delito. Sin embargo, dio a los investigadores la sensación de que
estaban en el camino correcto.
Otras cosas también estaban encajando. El Grande, que estaba bajo
custodia mexicana, corroboró algunos de los detalles de la reunión de
Nuevo Vallarta y corroboraría más tras su extradición a Estados Unidos.
Una quinta persona, que posteriormente fue identificada por la DEA como
un «socio» de El Grande, también dijo a la DEA que El Grande le habló de
la reunión en Nuevo Vallarta y que la OBL había dado a la «campaña de
AMLO más de 2 millones de dólares» en 2006.
Para los investigadores estadounidenses, el testimonio de El Grande
era especialmente importante porque, en el momento de su detención,
tenía una relación de enemistad con La Barbie y López, y, por lo tanto,
ningún incentivo para corroborar el relato de López, a quien El Grande
consideraba un títere de La Barbie. En efecto, la OBL se había
fracturado. Hubo incluso una historia
que afirmaba que La Barbie había ayudado a las autoridades a acorralar a
su antiguo jefe, Arturo Beltrán Leyva, en el apartamento de Cuernavaca,
donde Arturo encontró su sangriento final.
En este punto, los investigadores de la DEA eran ligeramente
optimistas de que el caso se estaba cerrando, pero tenían que despejar
algunos obstáculos antes de que alguien pudiera ser acusado. Todavía no
podían vincular a AMLO o incluso a Nico a la conspiración. No tenían
rastro del dinero, solo una serie de testigos presenciales y alguna
información corroborada de una conversación grabada. Además, el plazo de
prescripción para acusar a personas, que normalmente es de cinco años para este tipo de delitos, ya había pasado. Y lo más grave de todo es que la política del caso había cambiado.
En los años posteriores a su estrecha derrota electoral en 2006, AMLO
se había mantenido activo políticamente y, a finales de 2011, estaba
claro que se postularía nuevamente a la presidencia, por lo cual los
investigadores sabían que tendrían que convocar una reunión híbrida con
el SARC con personal presente en Washington DC y la Ciudad de México
para obtener su aprobación. Ahora, el tema que el comité tenía que
considerar no era solo la atención de los medios por ir tras una figura
política, sino la interferencia política.
Los investigadores siguieron adelante de todos modos e idearon una
forma de «actualizar la conspiración», como dijo un agente. El plan
lidiaría no solo con el estatuto de limitaciones, sino también con los
posibles escollos políticos. Y a finales de 2011, unos pocos meses antes
del lanzamiento oficial de la campaña de AMLO, la presentaron ante el
SARC en una reunión híbrida con representantes reunidos en Washington DC
y la Ciudad de México.
Su objetivo, dijeron al comité, era Nico, quien para entonces había
vuelto a trabajar con AMLO, ayudando a su nueva campaña presidencial. El
plan era presentar a Nico a un agente encubierto en una reunión.
En esa reunión, el agente encubierto le ofrecería a Nico US$5
millones en financiación de campaña. La contribución se disfrazaría como
procedente de la OBL. A pesar de sus reveses, el grupo criminal seguía
siendo una buena tapadera. Uno de los hermanos que aún operaba fuera de
prisión, Héctor Beltrán Leyva, llevaba el apodo de «El Caballero», un
guiño a sus conexiones de clase alta.
El quid pro quo, según los investigadores, sería el mismo que el que
la OBL había utilizado en las elecciones de 2006: el grupo criminal
obtendría el derecho de tanteo sobre el procurador general, en otras
palabras, un pase libre para traficar drogas.
El proceso comenzaría con una entrega de dinero en efectivo, que los
agentes suponían que uno de los mensajeros de Nico recogería. El mero
hecho de aceptar el dinero, argumentó uno de los investigadores,
“actualizaría la conspiración” y extendería el estatuto de limitaciones.
El objetivo de la operación encubierta era seguir ascendiendo en la
escalera política. Los investigadores pensaron que el operativo
provocaría más conversaciones telefónicas entre Nico, otros asociados, e
implicaría a más personas en la conspiración. En un «escenario ideal»,
como dijo un agente, Nico eventualmente viajaría a Estados Unidos, donde
podrían detenerlo, acusarlo y luego intentar convencerlo de delatar a
los demás involucrados.
Pero cuando los investigadores estaban por terminar la presentación,
la conexión de México se cortó. Otros en la llamada trataron de llenar
los vacíos y luego responder una serie de preguntas centradas en la
política del caso. Estaba claro que el SARC quería evitar cualquier
apariencia de interferir en el proceso electoral, por lo que se
ofrecieron alternativas, como realizar la operación encubierta y luego
sentarse sobre la investigación hasta que supieran los resultados de las
elecciones. De esa manera, argumentaron, podrían mantenerla en marcha y
actuar si el comité reconsideraba una vez que AMLO dejara de ser
candidato. Pero el SARC no pareció convencido.
Pasaron unos días antes de que los investigadores recibieran noticias
de sus jefes. El mensaje era claro: cerrar la investigación.
Las secuelas
Los investigadores comprendieron la decisión del comité. El SARC
estaba preocupado por las apariencias, especialmente con las elecciones
que se avecinaban en México y AMLO preparándose para estar en la boleta
electoral.
También había otras preocupaciones. Después de un período de
cooperación sin precedentes en asuntos de lucha contra el narcotráfico,
que incluyó un gran paquete de asistencia de Estados Unidos y una
renovación de las extradiciones de México a Estados Unidos, las
relaciones entre Estados Unidos y México estaban atravesando algunos
disturbios. Durante años, en el marco de una ambiciosa operación
antidroga, la Oficina de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos de
Estados Unidos (ATF, por sus siglas en inglés) había permitido que las
armas compradas en circunstancias sospechosas en armerías
estadounidenses «entraran» a México, para poder rastrearlas con la
esperanza de detener a miembros de alto nivel de los cárteles.
Pero cuando se encontró una de las armas en el lugar del asesinato de
un agente de la patrulla fronteriza estadounidense en diciembre de
2010, la práctica estalló en un escándalo. Los posteriores testimonios
de denunciantes, correos electrónicos internos, audiencias en el
Congreso y reportajes en los medios de comunicación sobre el caso “Rápido y Furioso»
demostró que se había permitido la entrada en México de cientos de
armas, docenas de las cuales fueron encontradas posteriormente en
escenarios de crímenes e incautadas en alijos de los cárteles.
El gobierno mexicano estaba furioso. Antiguos aliados del poder judicial y de las fuerzas de seguridad se sintieron traicionados,
en parte porque nunca se les informó adecuadamente sobre la práctica de
la ATF. El escándalo se cerniría sobre las relaciones bilaterales
durante años, y el tráfico de armas de Estados Unidos a México sigue
siendo un importante punto de discordia entre ambas naciones.
Aun así, los investigadores estaban preocupados por las implicaciones
de dejar pasar el caso. Uno de ellos respondió a la orden de cerrar la
investigación sobre el financiamiento de la campaña con una pregunta a
sus jefes: «¿Qué pasa si gana AMLO y sabemos esto de él»?
AMLO perdió
las elecciones en 2012, y no impugnó el resultado como había hecho en
2006. Pero al final de las elecciones, los investigadores habían pasado a
otros casos. Es más, sabían que sus jefes y el SARC no les habrían
permitido reabrir el caso. Tras las elecciones, Estados Unidos intentaba
tender puentes con una nueva administración, menos abierta a colaborar
con la DEA que la anterior y aún dolida por el escándalo de Rápido y
Furioso.
«Hace trece años, el Departamento [de Justicia de EE. UU.] siguió sus
protocolos internos para manejar investigaciones internacionales
sensibles,» dijo una persona familiarizada con las investigaciones del
Departamento de Justicia en la investigación sobre AMLO. «Como
resultado, la actividad investigativa fue limitada en tiempo,
restringida en alcance solo a actividades criminales relacionadas con
drogas, notificada en el país, y concluida.»
Todos los demás implicados en el caso también siguieron adelante.
Soto, entre otras cosas, mantenía una relación cercana al círculo de
AMLO, incluso con Nico, que ha seguido apareciendo en las noticias, en
parte por la forma en que su familia supuestamente ha utilizado su sus
contactos en lucrativos negocios inmobiliarios y puestos políticos de alto nivel.
Soto, entre otras cosas, creó una organización ambiental con Nico, que sigue promocionándola en su página web personal.
Nico, por su parte, ha seguido siendo un fijo en las noticias, en parte
por la forma en que su familia supuestamente ha convertido sus
contactos en lucrativos negocios de tierras y puestos políticos de alto nivel.
Ninguno respondió a los esfuerzos de InSight Crime para hablar con ellos.
El empresario que asistió la reunión en Nuevo Vallarta y fue
emboscado en Las Vegas también permaneció en México. Los intentos de
contactar con él no fueron exitosos.
La Barbie fue deportado a Estados Unidos, se declaró culpable de delitos relacionados con el tráfico de drogas y fue condenado a 49 años de cárcel. Sus abogados no respondieron a InSight Crime.
Su suegro, Montemayor, también se declaró culpable de lavado de dinero y narcotráfico y fue condenado a 34 años de prisión federal en Estados Unidos. Sus abogados no respondieron a las preguntas de InSight Crime.
Sergio Villarreal, alias El Grande, salió de la prisión federal en 2019, según los registros de la prisión estadounidense. Sus abogados declinaron hacer comentarios.
El abogado de La Barbie, López, alias Jennifer o Mr. Nineteen, desapareció y, según un reportaje de Proceso, ingresó a un programa de protección de testigos en Estados Unidos.
En 2018, seis años después de que el SARC cerrara la investigación, AMLO ganó la presidencia.
Las relaciones entre EE. UU. y México bajo AMLO han sido tensas. Mientras que México se ha quejado del tráfico de armas desde EE. UU., Estados Unidos ha tenido sus propias preocupaciones.
El fentanilo, del cual gran parte se fabrica ilegalmente
en México, ha inundado las calles estadounidenses en los últimos años,
llevando a números récord de muertes por sobredosis. Y en 2020, el
Departamento de Justicia de EE. UU. capturó y acusó a un ex secretario de defensa mexicano de coludir con traficantes de drogas; los cargos fueron retirados después de los reclamos de la administración de AMLO.
Después de que InSight Crime solicitó un comentario sobre la
investigación de la campaña de AMLO en 2006, el Departamento de Justicia
respondió: «El Departamento de Justicia respeta plenamente la soberanía
de México, y estamos comprometidos a trabajar codo a codo con nuestros
socios mexicanos para combatir a los cárteles de drogas responsables de
tanta muerte y destrucción en ambos países. Es nuestra práctica estándar
no comentar sobre la existencia de cualquier actividad investigativa
particular. Seguimos consistentemente estrictos protocolos internos y
supervisión para manejar todas las investigaciones internacionales
sensibles.»
Su mandato termina en diciembre de 2024. Su oficina no respondió a los esfuerzos de InSight Crime por obtener comentarios.
