9/05/2015

Programa Tiempo de Mujeres en CFRU la radio comunitaria de la Universidad de Guelph sabado 5 de sept 2015

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MUJERES POR LA DEMOCRACIA

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Noticias de Género en la Red



Género en la mira con

 Daniela Villegas
de vacaciones por motivos academicos

Parte de nuestros derechos son los derechos politicos, poder participar de la vida política desde todas las plataformas, somos parte de una sociedad, que no puede ignorar nuestra presencia, porque como mujeres participamos desde cualquier ángulo en la vida económica de nuestros países ,con trabajos mal remunerados o ignorados, pero que resuelven las necesidades de todas y todos en conjunto, es por eso que defender los espacios es tan importante, a través del tiempo las mujeres hemos, a base de lucha defendido nuestros derechos, ha sido un proceso largo y dificil pero no podemos dejar de hacerlo, porque como mujeres, recibimos primero; los errores de falta de políticas públicas o políticas públicas inequitativas, por eso como parte de una sociedad debemos hacer valer esos derechos para generar mejores opciones de participación, y cómo se logra? Adecuando las leyes, o hasta la Constitución, en donde prevalezca la equidad y la justicia, porque el respeto al derecho ajeno es la paz

Y hablando de paz, para llegar a ella, debemos participar en los procesos de planeación para obtenerla, nuestros derechos son fundamentales para la paz” en los lugares que se encuentran con conflictos armados, porque somos parte de quienes sufren primero las consecuencias de situaciones violentas donde los derechos son ignorados, en el año 2000 Naciones Unidas impulsó la Resolucion 1325 al percatarse de la falta de participación de las mujeres, y los recurrentesabusos que sufría la población femenina durante los conflictos belicos, por lo que la medida tiene como fin garantizar nuestra participación en la solución de conflictos, e implementar acciones para la seguridad y el respeto de sus Derechos Humanos

Y como parte de nuestros derechos politicos es participar en las elecciones  porque es importante nuestra presencia en la vida política para llevar a cabo una Agenda de genero que nos permita el avance a la paridad, a la igualdad de un gobierno que se diga democrático porque sin mujeres no ha democracia, y en Guatemala hoy el papel de las mujeres está en el campo de debate, situación poco fácil ya que La “discriminación y exclusión histórica" de la mujer es algo habitual en los países de la región

Pero participar para obtener curules o espacios en el Congreso o la presidencia no nos asegura una Agenda de Genero, no nos asegura equidad igualdad, es por eso que las bases de las ONGs debemos empujar, las mujeres construimos, edificamos resistimos con sororidad, con responsabilidad, y es importante reconocer y hacernos conocer, para no olvidar y valorar

Y para terminar, de Chile, Guatemala, Colombia y Mexico nos vamos para Nicaragua en donde un grupo de mujeres pone ejemplo de organización y lucha con un proyecto que ayuda no sólo a sus familias y población, sino al mundo entero hablaremos de esta historia

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Mujeres revolucionan manejo de la basura en isla nicaragüense

Vecinas de la comunidad de Balgüe, en el municipio de Altagracia, mientras  colaboran en la recolección y clasificación de desechos donados a la Asociación de Mujeres Recicladoras de Altagracia, en la isla de Ometepe, en Nicaragua. Crédito: Karin Paladino/IPS

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Vecinas de la comunidad de Balgüe, en el municipio de Altagracia, mientras colaboran en la recolección y clasificación de desechos donados a la Asociación de Mujeres Recicladoras de Altagracia, en la isla de Ometepe, en Nicaragua. Crédito: Karin Paladino/IPS

ALTAGRACIA, Nicaragua, 2 sep 2015 (IPS) - Un grupo de mujeres pobres de Ometepe, una paradisiaca isla dentro del lago de Cocibolca, en Nicaragua, decidió dedicarse al reciclaje de su basura, en una iniciativa que no tuvo el éxito económico esperado, pero que inspiró a toda la comunidad a volcarse en la causa de mantener limpia esta reserva de la biosfera.
Todo comenzó en 2007. María del Rosario Gutiérrez recuerda que se interesó en el tema cuando vio en la televisión que personas que se dedicaban a recoger desechos de los basureros de Managua se peleaban entre sí por el contenido de sacos llenos de botellas plásticas, vidrio y metal.
¿Qué tanto podía valer la basura para que la gente llegase a herirse por ella?, se preguntó. Vivía una situación paupérrima, sobreviviendo ella y sus dos hijos con lo que cultivaba en una pequeña parcela de tierras comunales, en el municipio de Altagracia, y realizando trabajos esporádicos.
Una vecina, con quien habló del tema, recordó a Gutiérrez que en Moyogalpa, el otro municipio que compone la isla, una oficina se dedicaba a comprar metales, vidrios y botellas plásticas.
Averiguaron que en su comunidad había alguien que adquiría los materiales que le enviaban hoteles de la zona y luego de lavarlos, los mandaba a Managua para vender.
Y así comenzó esta mujer que ahora tiene 30 años su nueva actividad: todos los días salía a pie a recorrer grandes distancias con un saco al hombro donde iba echando los desechos encontrados en todos los confines de la isla.
Mujeres revolucionan manejo de la basura en isla nicaragüense
Su vecina se entusiasmó y pasó a acompañarla, igual que otras amigas, todas en iguales condiciones de desempleo y pobreza. Comenzaron a recorrer los caminos en bicicleta para recuperar los desechos lanzados por los turistas y luego los vendían al acopiador de materiales.
“No era mucha plata (dinero), pero daba para la comida. Y como no teníamos empleo, no nos afectaba el tiempo que durábamos, aunque el trabajo era bien cansado al inicio”, rememora Gutiérrez a IPS.
María del Rosario Gutiérrez, en el centro, acompañada de su hija María y de otra integrante de la Asociación de Mujeres Recicladoras de Altagracia, Francis Socorro Hernández, descansan después de una jornada recogiendo y procesando basura en la isla de Ometepe, en Nicaragua. Crédito: José Adán Silva/IPS
Ver a las mujeres recorriendo las calles, recogiendo basura y luego cargando grandes bolsas de desechos, se volvió una escena común a la que se iban sumando otras más.

El germen del cambio
Miriam Potoy, de la Fundación entre Volcanes, recuerda que la organización no gubernamental decidió respaldar a las mujeres recicladoras, comenzando por un grupo que pasó a hacer lo mismo en Moyogalpa.
“Inicialmente las apoyamos con equipos de seguridad e higiene, después con capacitaciones sobre manejo de desechos, de tratamiento del material y hasta en el uso diversificado de la basura, para que no solo la comerciaran, sino que aprendieran a hacer artesanías con los materiales, para venderlas a los turistas y obtener ingresos extras”, rememora a IPS.
Admirados por su labor, otras instituciones y sectores también decidieron apoyarlas.
La alcaldía de Altagracia les entregó un espacio para acopiar y seleccionar los desechos, empresarios turísticos que antes separaban la basura para vender la reciclable, decidieron donarla a las mujeres, mientras empresas de servicios y alimentos aportaron equipos y asistencia.

La labor del grupo alcanzó tal solidaridad y cooperación, que la alcaldía obtuvo financiamiento para dotar por un tiempo a las mujeres con una remuneración de casi dos dólares diarios y de servicio de transporte gratuito para trasladar el material al muelle de donde zarpan los barcos hacia la ciudad de Rivas. De allí, la carga prosigue por carretera a Managua, distante 120 kilómetros.
“La comunidad valoró el trabajo de la mujeres no solo por el hecho mismo de que ayudaban a mantener limpia la isla, lo que indudablemente mejoraba la imagen para atraer al turismo, sino porque se reflejó en ellas un deseo intenso de superarse y mejorar sus condiciones económicas y de sus familias”, analiza Potoy.
Y lo hicieron, “a partir de una actividad no tradicional, que rompía los moldes del papel que las mujeres han asumido históricamente en estas comunidades rurales y aisladas”, detalla.

Mujeres revolucionan manejo de la basura en isla nicaragüenseFrancis Socorro Hernández, otra de las primeras recicladoras, cuenta a IPS que al comienzo “era penoso que la gente nos viera recogiendo desechos”.
Pero tras recibir talleres de género, administración de microempresas y ambiente, “asumí que hacía algo importante y que peor era vivir en un ambiente contaminado y resignada a la pobreza, y se me fue la pena (vergüenza)”, dice con una sonrisa.
El volcán de Concepción, uno de los dos que adornan la isla de Ometepe, situada dentro del lago de Cocibolca, desde el puerto de San Jorge, en el departamento de Rivas, en el occidente de Nicaragua. Crédito: Karin Paladino/IPS

Su labor se reforzó con otras iniciativas surgidas por su ejemplo. Una especial es la de Karen Paladino, oriunda de Alemania y con nacionalidad nicaragüense, directora de la organización comunitaria Educación Medio Ambiental de Ometepe, que trabaja con la niñez y los jóvenes de la isla en campañas de concientización ambiental.
Cuando conoció la labor de las recicladoras, motivó a los estudiantes y docentes de las escuelas a apoyar su causa, organizando desde entonces jornadas de limpieza y recolección de desechos que luego donan al acopio donde las mujeres clasifican los materiales.

La transformación en el manejo de la basura se da en un escenario paradisíaco: la isla de Ometepe, con sus 276 kilómetros cuadrados de naturaleza en medio de un lago de más de 8.624 kilómetros de agua dulce, el Cocibolca, también llamado Gran Lago de Nicaragua, en el occidente de este país centroamericano de 6,1 millones de personas.

No todo es éxito
El colectivo que dio comienzo a todo es la Asociación de Mujeres Recicladoras de Altagracia.
Antes eran 10, ahora quedan seis, que siguen con el trabajo de recoger todo el desecho posible con valor de reciclaje y sacarlo de la isla para Managua, donde se vende y les da un ingreso para la sobrevivencia familiar.
Gutiérrez cuenta que la misión ha sido difícil por el alto costo del transporte, la inseguridad laboral y el poco financiamiento para el proyecto.

“Apoyo siempre tuvimos, gracias a Dios, la alcaldía nos apoyó, algunos hoteles también, gente de la Unión Europea (UE) dio fondos para mejorar las condiciones del relleno sanitario”, cuenta.

Mujeres revolucionan manejo de la basura en isla nicaragüensePero “necesitamos más recursos para recoger y trasladar el material, procesarlo y sacarlo de la isla”, explica.
Estudiantes y madres en un colegio del municipio de Altagracia elaboran cestas de basura hechas con botellas desechables. Es una de las innumerables iniciativas de reciclaje surgidas en la isla de Ometepe, en Nicaragua, por el ejemplo del grupo de mujeres dedicadas a recoger y procesar la basura. Crédito: Karin Paladino/IPS

La alcaldía de Moyogalpa, con apoyo de la UE logró mejorar los vertederos de los dos municipios insulares. Ahora existen en ambos unas galeras donde se trata la materia orgánica, recipientes para lombricultura, para hacer abono orgánico con base en lombrices, pilas acopiadoras de agua y un pozo para producir compost.
Los dos municipios entregaron a las recicladoras lotes de tierra para cultivos de autoconsumo, donde ellas cosechan verduras y granos para sus familias.
Con todo, el esfuerzo y solidaridad no bastó para mantenerlas unidas y algunas abandonaron la asociación.
Con el hundimiento internacional del precio del petróleo, el valor de los desechos también se vino abajo y las ganancias disminuyeron, lo que desalentó a algunas que volvieron a lo que hacían antes: combinar faenas agrícolas con trabajo en el servicio doméstico.

“Yo estaba muy comprometida en el trabajo de pepenar (recoger del suelo, en lengua náhuatl), pero de pronto sentí que el proyecto no iba bien y necesitaba alimentar a mi familia, así que me fui con mi marido a cultivar frijoles y verduras para tener más ingresos”, explicó María a IPS, una de las que dejó  el grupo.
“Pero igual, sigo recogiendo desechos y aunque ya no participe del colectivo se los dono a las compañeras”, añade esta mujer que pidió no dar sus apellidos.
Cuando unas se fueron, otras se incorporaron. “Los desechos siguen viniendo, la cooperación a nuestra labor va a mejorar. Nuestras familias nos apoyan y nosotras estamos entusiasmadas”, dice a IPS una de las nuevas, Eveling Urtecho.
Con el liderazgo de Gutiérrez, el apoyo municipal y el retorno del respaldo de la UE, las recicladoras confían en mejorar las condiciones económicas y del trabajo en breve.

A Ometepe (dos montañas, en lengua náhualt) ingresan anualmente en promedio  50.000 turistas y al menos 10 millones de toneladas de plástico, según cifras de organizaciones ambientales de la isla.
La asociación de Altagracia recoge mensualmente entre 1.000 y 1.200 kilógramos de ese plástico y parecida cantidad sus compañeras de Moyogalpa.
Hasta que las recicladoras comenzaron su revolución, en Ometepe la mayoría de los desechos terminaban en las calles, cauces y traspatios. Cuando llovía las corrientes los arrastraban al lago y ahí terminaban, sino no eran quemados antes a cielo abierto.

Este reportaje forma parte de una serie concebida en colaboración con Ecosocialist Horizons
Editado por Estrella Gutiérrez

Peña Nieto y tres años de sombra para las víctimas de trata


   MUJERES CAUTIVAS


Por: Teresa Ulloa Ziáurriz*

Con septiembre inicia la obligación presidencial de rendir un informe a la ciudadanía de lo realizado por el gobierno federal en el último año, así como nuestro deber como organizaciones de la sociedad civil de hacer un balance entre lo que se informa a la opinión pública y lo que ocurre en la vida real.

 
Como sabemos, los delitos en materia de trata de personas se han convertido, con el paso del tiempo, en uno de los más redituables y con mayor crecimiento en los últimos años, sólo después del tráfico de armas, siendo mujeres, niñas y niños la materia prima explotada a favor del crimen organizado.
 
En ese sentido, tenemos plenamente identificadas las causas estructurales que dan origen a esta tragedia nacional: la desigualdad, la pobreza, la marginación, la falta de oportunidades en educación y empleo, pero indudablemente, un sistema patriarcal que resulta el caldo de cultivo ideal para  la impunidad, la corrupción y un deficiente sistema de justicia que refuerzan y operan a favor de los delitos en materia de trata de personas.
 
El elemento básico que por sentido común debería existir para afrontar debidamente el problema no existe en el gobierno de Enrique Peña Nieto: México no cuenta con cifras o estadísticas sobre trata de personas que registren grupos etarios, localización, incidencias, frecuencias o modus operandi a nivel nacional, y mucho menos en el ámbito estatal.
 
En fechas recientes, el asesor regional de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC), Felipe de la Torre, dijo que en México hay un problema estadístico porque no existen los instrumentos de medición para la incidencia “del delito de trata de personas” (delitos en materia de trata de personas), lo que provoca que las cifras sean diversas, ambiguas y no se pueda definir un porcentaje.
 
Por otro lado, en la Coalición Regional contra el Tráfico de Mujeres y Niñas en América Latina y el Caribe (CATWLAC) hemos tenido que trabajar de la mano y en coordinación con el gobierno de la República en diversas ocasiones, y si bien es cierto que entre las y los funcionarios existe cierta disposición, la realidad es que no hay una política pública dirigida a prevenir, sancionar y erradicar la trata de personas en el país.
 
Lo anterior resulta lógico si recordamos que el gobierno federal procede del PRI, un partido político que monopolizó el poder por más de 70 años y que –luego de dos fallidas administraciones panistas– llegó nuevamente a la Presidencia bajo una sombra indeleble de ilegalidad.
 
Esto significa que, más allá de un interés genuino por encabezar un nuevo rumbo para el país bajo principios democráticos, los círculos del poder, constituidos hoy en mafias, tienen en la mira objetivos particulares (para personas particulares) que se encuentran muy lejos del bienestar o el respeto a los Derechos Humanos de la población.
 
En segundo término, la experiencia de tres años bajo el gobierno de Peña Nieto nos ha enseñado a identificar, sin temor a equivocarnos, que el gobierno federal no trabaja bajo un enfoque de Derechos Humanos, y muchos menos un enfoque de género. Que todo es simulación y discurso hueco.
 
Por tercer año consecutivo México ha sido clasificado en el Informe sobre Trata del Departamento de Estado de Naciones Unidas en Nivel 2, Lista de Observación, o sea que no cumple con los estándares mínimos para la prevención, protección y asistencia de las víctimas y persecución de los delitos en materia de trata de personas.
 
Los resultados a la fecha hablan por Peña Nieto. En México, las averiguaciones a nivel federal sobre el delito de trata de personas han ido en aumento en los últimos años.
 
De acuerdo con la Procuraduría General de la República (PGR), el número de casos ha crecido de forma gradual desde 2009 cuando se iniciaron 22 averiguaciones sobre ese delito, y para 2014 aumentaron hasta 218. Obviamente, se trata de muchos casos más.
 
Aunado a esa situación, de un total de 722 averiguaciones previas abiertas por el delito de trata, sólo 127 fueron consignadas, en 222 la PGR se declaró incompetente, en 80 no se ejerció acción penal, en 20 se reservó la información, y en las 270 restantes no se emitió información.
 
Lo anterior, de acuerdo con la respuesta que se dio a una solicitud de información ingresada por el diario El Universal.
 
Y no obstante que en la Ciudad de México se asienta el poder federal (Ejército, Marina, Policía Federal, etcétera), nos hemos encontrado recientemente con que más de 6 mil 500 mujeres han desaparecido en los últimos siete años en el Distrito Federal, según arrojaron las respuestas a solicitudes de información ingresadas a la PGJDF por el Observatorio contra la Trata de Personas con fines de Explotación Sexual y el Centro de Estudios Sociales y Culturales Antonio de Montesinos (CAM).
 
Casi mil por año que no sabemos si aparecieron, si fueron víctimas de trata o cualquiera de las formas de explotación, esclavitud o servidumbre establecidas en la Ley General sobre la materia; si las buscan o están esperando que las familias sean quienes las encuentren para que luego se las presenten a declarar.
 
Incluso, siendo el DF el lugar del país donde mayor número de sentencias se han emitido, no tenemos conocimiento de que se haya encarcelado y menos sancionado a ninguno de los tratantes, proxenetas dueños de los “tables” o inmensos burdeles que se disfrazan de bares, restaurantes o picotas de esta ciudad. Ahí está el caso del PRI-DF.
 
Como los anteriores, podríamos mencionar más y más ejemplos de lo que a la fecha no ha cumplido el gobierno de Enrique Peña Nieto.
 
Y seguramente con fanfarrias nos van a anunciar que ya cuentan con un diagnóstico nacional, que está desactualizado porque se realizó en 2013, un protocolo que elaboró la CEAV-MX que de las necesidades de las víctimas de trata no tienen ni la menor idea, y un modelo de atención a víctimas que elaboró alguien que lo más que llegó a hacer fue repatriar o reunificar a las víctimas con sus hijas e hijos.
 
En este Tercer Informe queremos saber, por ejemplo, ¿por qué únicamente fueron asignados 5 millones de pesos a la Comisión Intersecretarial para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de Trata de Personas, y para la Protección y Atención a las Víctimas de estos delitos a la Secretaría de Gobernación y qué se hizo con ellos?
 
Queremos saber por qué el Servicio de Administración y Enajenación de Bienes (SAE) le entregó seis inmuebles a las organizaciones de Rosa María de la Garza de Orozco, conocida como Rosi Orozco, mientras otras organizaciones que atienden víctimas no se han visto favorecidas con ninguna instalación para la adecuada protección y asistencia a las víctimas de estos delitos.
 
¿Por qué el partido del presidente intenta reformar la ley para desaparecer los fondos de asistencia y protección de las víctimas, y se quiere acotar la protección a las víctimas únicamente al periodo que dura el proceso penal, cuando cualquier especialista sabe que el periodo de recuperación depende de la gravedad del estrés postraumático, sin contar el tiempo que tome reconstruir el proyecto de vida?
 
Finalmente, tres años han pasado desde que se nos prometió un protocolo de atención a víctimas de trata, y nada ha sucedido. ¿Esa es la prioridad que las víctimas tienen para Peña Nieto, según él mismo manifestó en redes sociales hace menos de un mes?
 
Ignoramos lo que este día se vaya a informar en materia de trata de personas por parte del Ejecutivo federal. Lo que sí sabemos es que tres años han pasado con un panorama oscuro y desalentador, no sólo para quienes ya son víctimas de delitos en materia de trata, sino para los millones de mujeres y niñas vulneradas por las políticas de gobierno interesadas en todo, menos en ellas.
 
Twitter: @CATWLACDIR
 
*Directora Regional de la Coalición contra el Tráfico de Mujeres y Niñas en América Latina y el Caribe (CATWLAC, por sus siglas en inglés).



CIMACFoto: César Martínez López
Cimacnoticias | México, DF.- 

Justicia para Mujeres: subejercicio de 52 por ciento



En 2013, 16 entidades obtuvieron más de 120 millones de pesos para los Centros de Justicia para las Mujeres, de los que subejercieron 52 por ciento. Para la Conavim, los centros son una de las políticas públicas “más exitosas” de la actual administración

Para el ejercicio fiscal 2013, 16 entidades del país destinaron en conjunto 122 millones 777 mil 300 pesos del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública (FASP) de los estados y del Distrito Federal para la creación y el fortalecimiento de los centros de Justicia para las Mujeres, espacios con servicios interinstitucionales y especializados que facilitan el acceso a la justicia y brindan atención integral a mujeres, adolescentes y niñas víctimas de violencia de género.
No obstante, como consta en el Informe del resultado de la fiscalización superior de la Cuenta Pública 2013, a cargo de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), al 31 de diciembre de 2013, los gobiernos locales sólo ejercieron el 47.5 por ciento del total, es decir, 58 millones 255 mil 500 pesos.
Ya para 2014, el dinero erogado se elevó a 74 millones 779 mil 800 pesos, lo que representa el 61 por ciento del total del presupuesto.
En Tabasco, Campeche y Michoacán, los gobernantes subejercieron hasta el ciento por ciento de los dineros etiquetados para tal fin: 12 millones, 2 millones 500 mil y 500 mil pesos, respectivamente.
En el primer caso, el máximo órgano de fiscalización del país observó que a pesar de la transferencia de 12 millones de pesos que recibió la Procuraduría General de Justicia del Estado de Tabasco de las arcas públicas para la construcción y el funcionamiento del Centro de Justicia de la entidad, éste no fue instaurado aun cuando el gobierno local tenía la obligación (asentada en convenio) de hacerlo.
El subejercicio por parte del gobierno de Chihuahua también fue elevado: de más del 99 por ciento de los recursos. Y es que de los 3 millones 615 mil 300 pesos que la Federación le concedió para la operación del Centro de Justicia con sede en esta entidad fronteriza, al 31 de mayo de 2014 sólo devengó 7 mil pesos.
Para 2014, el año que siguió al ejercicio fiscal en el que debieron gastarse la totalidad de los recursos, los gobiernos de Oaxaca, Chiapas, Coahuila y Guanajuato sólo alcanzaron a erogar el 25.9, el 26.3, el 32.6 y el 39.5 por ciento, respectivamente, del presupuesto, que a través del FASP se les otorgó para la creación y el fortalecimiento de los centros de Justicia para las Mujeres.
Aunque en menores cantidades, los gobiernos de otras entidades también registraron subejercicios, según lo reporta la ASF. Es el caso de Guerrero, que sólo ocupó el 51.9 por ciento de estos dineros; de San Luis Potosí, con el 61.5; del Estado de México, con el 87.4; de Hidalgo, con el 90 por ciento; de Nayarit, con el 93.7; y de Durango, con el 97.9 por ciento.
Respecto de las 16 entidades en alusión, Colima fue la única que logró erogar la totalidad de estos recursos. Al 31 de diciembre de 2013 había gastado 12 millones 620 mil 100 pesos de los 13 millones 223 mil 100 pesos que recibió del FASP para su Centro de Justicia. No obstante, para julio de 2014, luego de las reprogramaciones que realizó, consiguió ocupar el ciento por ciento.
En situación similar se encuentra Aguascalientes, en donde el subejercicio fue mínimo: de un total de 10 millones 897 mil 600 pesos, el gobierno local gastó, al 30 de septiembre de 2014, 10 millones 897 mil 400 pesos.

Conavim evita pronunciarse sobre el subejercicio

Actualmente operan en territorio mexicano 22 centros de Justicia para las Mujeres, distribuidos en 17 entidades federativas. De acuerdo con la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (Conavim), órgano desconcentrado de la Secretaría de Gobernación (Segob), de marzo de 2011 a junio de 2015, éstos han atendido a 133 mil 247 beneficiarias.
Los espacios que brindan –entre otros servicios– atención sicológica y médica, asesoría legal, talleres de empoderamiento social y económico, así como alojamiento temporal, reciben subsidio de diversas fuentes, tanto federales como locales.
Además de los dineros transferidos a las haciendas públicas locales a través del FASP bajo el rubro Programa de Acceso a la Justicia para las Mujeres, estos centros son financiados con presupuesto etiquetado en la partida 43801 “Subsidios a entidades federativas y municipios”, misma que es competencia de la Conavim en su carácter de principal impulsora de esta política pública.
Durante los últimos 5 años (de 2010 a 2014), la instancia que actualmente encabeza Alejandra Negrete Morayta, comisionada nacional, ha destinado 166 millones 94 mil 240 pesos para la creación y el fortalecimiento de los centros de Justicia para las Mujeres, según informa la Conavim en respuesta escrita a un cuestionario elaborado por Contralínea.
En el cuerpo del documento, el órgano desconcentrado de la Segob detalla que los 44 millones 603 mil 240 pesos que en 2013 otorgó para este rubro se ejercieron en su totalidad por parte de las siguientes entidades: Chihuahua, Coahuila, Estado de México, Hidalgo, Nayarit, Quintana Roo y Yucatán.
No obstante que entre sus obligaciones destaca la elaboración y el seguimiento del Programa Integral para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, el cual establece la política nacional de promoción de la igualdad y de combate a la discriminación y a la violencia hacia mujeres y niñas, la Conavim evita pronunciarse respecto del subejercicio detectado por la ASF de más de la mitad de los dineros que a través del FASP se transfieren a los centros de Justicia para las Mujeres.
Manifiesta no tener injerencia alguna en dicha erogación, dado que el presupuesto del FASP es otorgado directamente por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, a través del Centro Nacional de Prevención del Delito y Participación Ciudadana.

Daños a la Hacienda Pública por más de 16 millones

Además del dinero no devengado, la ASF detectó otras irregularidades en el manejo de los recursos del FASP para los centros de Justicia para las Mujeres. Dichas falencias devienen en probables daños o perjuicios a la hacienda pública por un monto de 16 millones 815 mil 153 pesos. Colima, Guerrero e Hidalgo son las entidades señaladas.
En el caso de Colima, el organismo coadyuvante de la Cámara de Diputados para la revisión de la Cuenta Pública descubrió un posible daño de 12 millones 620 mil 80 pesos que se usaron para la construcción de las instalaciones del respectivo Centro de Justicia, obra que los auditores encontraron en desuso y, por tanto, sin cumplir con sus objetivos.
En Guerrero, el golpe a las arcas públicas, habría ascendido a 2 millones 774 mil 987 pesos, derivado de diversas anomalías en la adquisición y uso de equipo médico y de laboratorio, así como de vehículos. En el primer caso, por ejemplo, los auditores, a partir de la inspección física, verificaron que el equipo en cuestión se encontraba almacenado en las instalaciones de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Guerrero, puesto que el Centro de Justicia para las Mujeres de la entidad no estaba operando. En el segundo, constataron que dos de los cuatro vehículos comprados se empleaban para funciones distintas a las del Centro, y los otros dos para uso administrativo de la coordinadora general del mismo.
Respecto del monto etiquetado para el Centro de Justicia para las Mujeres con sede en Hidalgo, la ASF reporta igualmente perjuicios, esta vez por 1 millón 420 mil 86 pesos. De éstos, 534 mil 759 pesos se erogaron con fines distintos a los señalados en la Ley de Coordinación Fiscal, y 885 mil 327 pesos provienen de penas convencionales no aplicadas.

Distintos, los balances de la Conavim y de la ASF

De acuerdo con la Conavim, la creación y fortalecimiento de los centros de Justicia para las Mujeres constituye una de las políticas públicas más exitosas que impulsa el gobierno. Tanto que, dado sus resultados, el presupuesto que esta instancia les asigna se incrementa año con año.
En 2010, a través de la partida 43801, la Conavim les transfirió 13 millones de pesos; en 2011, 15 millones; en 2012, 21 millones 500 mil; en 2013, 44 millones 603 mil 240; y en 2014, 71 millones 991 mil pesos, estos últimos en beneficio de 16 proyectos.
Para la ASF, presidida por Juan Manual Portal Martínez, el panorama es otro. De ello da cuenta el subejercicio de más de la mitad de los recursos que a través del FASP fueron asignados en 2013 a estos centros, así como los probables daños a la hacienda pública por 16 millones 815 mil 153 pesos correspondientes al mismo ejercicio fiscal.
Asimismo, en contraste con lo que ocurre con el financiamiento que les otorga la Conavim, las observaciones de la ASF evidencian que el monto asignado a los centros de Justicia para las Mujeres, vía el FASP, se redujo para el ejercicio fiscal 2013 en comparación con el de 2012. Así ocurrió en Chiapas, en donde el recorte monetario fue de 17 millones 142 mil 400 pesos; en Michoacán, cuya disminución presupuestal fue de 94.5 por ciento; y con Nayarit, que recibió 97.2 por ciento menos para dicho rubro.

Reforma a los centros de Justicia

En diciembre de 2014, Martha Lucía Mícher Camarena, diputada presidenta de la Comisión de Igualdad de Género, presentó al Pleno de la Cámara una iniciativa de reforma integral a la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. El proyecto en el que participaron representantes de diversos partidos políticos, expertas, organizaciones de la sociedad civil e instancias gubernamentales, toca el tema de los centros de Justicia para las Mujeres. La propuesta es normarlos adecuadamente a través del establecimiento de criterios para su instalación, funcionamiento y supervisión.
A propósito, la Conavim refiere que se mantiene atenta a la identificación de espacios de oportunidad y de nuevas propuestas para contribuir con su fortalecimiento. Detalla que, bajo este tenor, actualmente trabaja para asegurar que dichos centros cuenten con personal suficiente de forma permanente para propiciar la vinculación de estos espacios con la sociedad civil, y para sistematizar la información sobre las mujeres beneficiarias y sus necesidades.
Flor Goche

El papel de las mujeres en las elecciones de Guatemala


La “discriminación y exclusión histórica" de la mujer es algo habitual en los países de la región




Guatemala, 03 sep. 15. AmecoPress/Ultima Hora.- Las guatemaltecas adquieren cada más relevancia en la política de su país y se han convertido en protagonistas de las elecciones que se celebran el próximo domingo, máxime cuando por primera vez en la historia la Presidencia de la República puede quedar en sus manos.

La candidatura presidencial de la ex primera dama Sandra Torres (2008-2012), que busca la primera magistratura de la mano del partido que fundó junto a su ex marido y ex presidente, Álvaro Colom; y la de Zury Ríos Sosa, hija del ex dictador José Efraín Ríos Montt, ilustran la tenacidad femenina en esta campaña electoral.

Torres, de Unión Nacional de la Esperanza (UNE), consiguió posicionarse este año como una de las candidatas a la Presidencia, después de la larga batalla legal que emprendió en los anteriores comicios de 2011, cuando las autoridades prohibieron su candidatura tras divorciarse de Álvaro Colom (2008-2012).

Ríos Sosa, hija de Ríos Montt, el ex dictador con demencia irreversible que se enfrentará a un juicio especial por la matanza de más de mil indígenas, consiguió oponerse a la ley que impide a los hijos de ex dictadores optar a la Presidencia.

Según las últimas encuestas, Torres tiene una intención de voto del 14,7% y se sitúa en el tercer lugar por detrás del favorito; Manuel Baldizón, de Libertad Democrática Renovada (Lider), con el 24,9%; y de Jimmy Morales, del Frente de Convergencia Nacional (FCN), con un 16,2%; mientras que Ríos Sosa baja hasta el cuarto escalón, con un 4,9%. Según el estudio "Entre la Realidad y el Desafío: Mujeres y Participación Política en Guatemala", realizado por el Instituto Nacional Demócrata para Asuntos Internacionales (NDI) y ONU Mujeres, aunque ha habido un incremento en la participación de las mujeres en los comicios anteriores, los obstáculos siguen siendo varios.

Esto se debe a que las mujeres que optan a algún cargo público siguen teniendo menores probabilidades de contar con la información, los contactos y los recursos para ser reconocidas como lideresas y, por ende, están en desventaja en la contienda política.

Desde el ángulo de los pueblos indígenas, el porcentaje de las mujeres electas cayó de un 2,53% en 2007 a apenas un 1,89% en 2011.

Solo siete alcaldías (un 2%) fueron ocupadas por mujeres de un total de 336, tan solo una alcaldesa más que en las elecciones de 2007, pero ninguna fue ocupada por una mujer indígena.

La inclusión de las mujeres en la vida política guatemalteca se inició con la reforma de la Constitución en 1945 y continuó a partir de 1982 cuando Guatemala ratificó la Convención sobre la eliminación de todas las formas de violencia contra la mujer, que busca evitar cualquier discriminación.

Desde entonces, la participación femenina ha ido progresando en el proceso electoral, aunque no sucede lo mismo en los altos puestos, donde se evidencia una gran desproporción entre hombres y mujeres.

La diputada Nineth Montenegro, de la formación Encuentro por Guatemala, publicó un estudio titulado "El desafío de la participación política de la mujer en Guatemala", en el que asegura que esta situación de "discriminación y exclusión histórica" de la mujer es algo habitual en los países de la región.

"La mujer está ausente del ámbito público, el cual se considera un dominio exclusivo de los hombres. Los estereotipos persisten y continúan siendo inculcados en el hogar y en la escuela, de tal suerte que en las mujeres predomina su rol en la casa y su papel reproductor", sostiene.

Agrega que, además, hay sectores "mayoritarios" de la población que creen que la mujer "no está preparada" para ejercer cargos como la Presidencia de la República.

Así, llama a impulsar una visión "más integral" que imprima "competencia sana y de calidad" para mejorar la situación de la mujer en la arena política y acabar con una situación "aún precaria".

Según el padrón electoral, el 53,91% de los más de 7,5 millones de guatemaltecos aptos para votar en los comicios del próximo 6 de septiembre son mujeres, algo nunca visto en este país centroamericano.
Foto: Archivo AmecoPress. La ex primera dama, Sandra Torres.

En la búsqueda del feminismo


   QUINTO PODER
Por: Argentina Casanova*

Las mujeres en México habitamos diversas realidades: a las que la realidad les ha golpeado en la cara y se han visto obligadas a salir a buscar a algún familiar desaparecido y hermanarse, aliarse con otras mujeres en una lucha de la calle, de la protesta, del reclamo y la formación de redes de mujeres.

 
Otras construyen sus resistencias a partir de la sobrevivencia, otras más luchan cada día por no doblegarse; desde esas vidas cada una va construyendo nuevas formas de pensamiento y también de nuevos feminismos.
 
A veces la lucha por medir hacia uno y otro lado, aplicar o descartar la evaluación de qué tan feminista se es a partir del lugar que se ocupa puede resultar y es subjetivo; cada mujer transita su propio camino para construir un feminismo que se ajusta a su realidad.
 
También parte de las luchas de las ancestras, fundamentalmente el derecho a decidir sobre nuestros cuerpos y actualmente y bajo las condiciones del mundo actual, a que se respete lo más elemental: la vida de las mujeres.
 
No hay fórmulas, no hay caminos cortos, ni hay estudios académicos, maestrías o doctorados, libros que basten para hacerse feminista, ni para no serlo.
 
Cada que veo la organización que desde sus realidades emprenden las mujeres para construir una mejor comunidad, hacen sin saberlo ese feminismo comunitario que buscamos como el camino para devolvernos y recuperar  lo que le fue robado a nuestros pueblos.
 
La parte más difícil (lo comentábamos de vuelta de un viaje por la región maya, con una compañera, en esos diálogos que surgen en las carreteras) es para nosotras las mestizas o “indígenas” colonizadas, porque en realidad no creo en el mestizaje y creo más en que todas y todos somos parte de algún pueblo originario cuando nos atrevemos a reconocerlo en nuestra piel.
 
La dificultad está en que, a las que vivimos en la ciudad, en las zonas urbano-marginadas, o a las que hemos ido buscando el conocimiento, se nos ha dado prioritariamente el occidental y hemos olvidado o nunca tuvimos acceso a las miradas ancestrales, y hemos perdido nuestra capacidad de oír la tierra, oír el aire cuando avisa que viene la lluvia y a recordar las enseñanzas de las abuelas.
 
Entonces se vuelve una tarea más difícil el caminar hacia un feminismo comunitario aunque en él tenemos la confianza y la certeza de que la organización de la comunidad a partir de los derechos de las mujeres representa el gran reto para reconstruir espacios nuevos y/o aprender a reconocerlos en la vida cotidiana de tantas mujeres en México.
 
Un camino más largo por recorrer lo afrontamos desde la colonización del pensamiento, desde el reflexionar y entender que las mujeres de las comunidades no “necesitan ser empoderadas”, que el “techo de cristal” es una invención discursiva patriarcal que vuelve a poner a las mujeres la responsabilidad de sus “autolimitaciones”, y que conceptos como el “trabajo decente” representa más una mirada prejuiciosa respecto a las propias mujeres, separando una vez más a todas entre decentes e indecentes. Y así vamos reinventándonos y encontrándonos.
 
Un largo camino desde la lengua, la que nos determina, la que hemos intentado deconstruir apostándole a la feminización de una lengua que nació patriarcal y que determina en gran medida la manera de pensar de las mujeres y los hombres de esta sociedad.
 
Y sólo así podemos entender que la palabra “respeto” tenga tanta fuerza entre los hombres, pero también entre las mujeres que demandan a otras “darse a respetar” para no ser violadas ni asesinadas.
 
Somos nosotras, las que vivimos en las ciudades –y no las mujeres que resisten en las comunidades indígenas– las que luchan con pares que juzgan a otras, las critican y justifican la violencia de los hombres que reclaman derechos sobre sus hijos, llamando a las malas mujeres “zorras vividoras”, mensajes que llenan las redes sociales justificándose aun sin conocer o saber que provienen de personajes como el hombre que originó el suicidio de una mujer por el extremo acoso.
 
Y eso nos pone a reflexionar hacia dónde y qué feminismo estamos construyendo y viviendo, en el que apenas lo conocemos nos entusiasma y fortalece, pero también que por el otro lado hay un discurso patriarcal misógino que cada vez se fortalece más en voces femeninas, en muros femeninos y en argumentos hilvanados por otras mujeres en los que hasta el asesinato de una joven de 19 años con 18 semanas de embarazo es justificado, y añaden comentarios sobre la importancia de que las mujeres aprendan a prevenir embarazos porque es su responsabilidad.
 
No puedo entender que vayamos avanzando en el feminismo cuando veo cosas así, cuando se mira la responsabilidad de una mujer por embarazarse, y nunca se piensa en el hombre que la asesinó. Algo no está funcionando bien, y el patriarcado sigue ganando.
 
*Integrante de la Red Nacional de Periodistas y del Observatorio de Feminicidio en Campeche.

CIMACFoto: César Martínez López, Cimacnoticias | Campeche.- 
  

Chile: Una nueva Constitución para la vida de las mujeres


Diferentes especialistas refirieron las experiencias comparadas de los distintos procesos constituyentes latinoamericanos y su impacto en los derechos humanos de las mujeres

Tamara Vidaurrázaga Aránguiz

Santiago de Chile, 01 sep. 15. AmecoPress/SEMlac.- Una de las promesas presidenciales que fundamentó la campaña de la ahora presidenta Michelle Bachellet fue una Constitución que reemplazará la actual, que fuera elaborada entre cuatro paredes en la dictadura reciente (1973-1990) y ratificada con un plebiscito que -a la luz de la historia- se sabe fue un fraude.

Sin embargo, hay poca claridad sobre la importancia que la carta fundamental tiene para la vida cotidiana de quienes viven en Chile, por lo que la Corporación Humanas realizó el pasado martes el Seminario "Nueva Constitución y Derechos Humanos de las Mujeres".

En la actividad, diferentes personalidades refirieron las experiencias comparadas de los distintos procesos constituyentes latinoamericanos y su impacto en los derechos humanos de las mujeres.

El evento se dio en medio de un debate nacional, en el cual la derecha ha insistido en que una nueva Constitución no sería relevante para solucionar los problemas reales de las personas, mientras que la izquierda se ha pronunciado por una Asamblea Constituyente y la Presidenta ha indicado que se realizará un "proceso constituyente", sin dejar en claro cuál será la estrategia a utilizar para convenir una carta fundamental nacida en democracia.

Para Carolina Carrera, presidenta de Humanas, el país requiere "una Constitución que garantice el derecho a una vida libre de violencia, a la salud sexual y reproductiva, que reconozca nuestro derecho a decidir, a estar en los espacios de decisión, entre otros derechos humanos de las mujeres".

Agregó que una nueva carta fundamental debe ser fruto de la democracia y un proceso de participación ciudadana en el que las mujeres -que hoy tienen una baja representación en el Congreso- sean escuchadas y tengan poder de decisión.

En la reunión participaron la ministra del Servicio de la Mujer, Claudia Pascual, quien consideró relevante que las personas se apropien del debate sobre una nueva Constitución; y la Coordinadora del Programa ONU Mujeres en Chile, María Inés Salamanca, quien indicó que las constituciones, en el mundo, tienen un tremendo impacto en la vida de las mujeres.

Una de las invitadas que generó mayor interés fue Rosario Ricaldi, abogada e integrante de la Coordinadora de la Mujer de Bolivia, quien relató sobre la participación de las mujeres en el proceso constituyente de su país y los logros obtenidos.

Entre ellos, que la equidad de género sea comprendida como un valor de Estado y un principio de gobierno en la carta fundamental, así como la paridad en la representación de las mujeres en los puestos de gobierno y electos.

En tanto, Lilian Celiberti, coordinadora de Cotidiano Mujer, de Uruguay, comentó el debate en su país oriental respecto a realizar una Asamblea Constituyente, puesto que los últimos gobiernos se han topado con que la declaración de inconstitucional de proyectos de ley no ha permitido consagrar nuevos derechos, y que en este proceso uno de los acuerdos es que se incorporará la paridad para los mecanismos electorales y los cargos de gobierno.

Line Bareiro, politóloga y excomisionada de CEDAW, subrayó que es relevante que en estos debates constitucionales se incluyan criterios de paridad y el principio de la no discriminación. Por ahora, en Latinoamérica el criterio de paridad solo se encuentra explicitado en las constituciones de México, Ecuador y Bolivia.

El cientista político chileno Claudio Fuentes indicó que uno de los nudos de nuestra Constitución y cuestión fundamental a debatir es que en ella el bien de la individualidad supera al de la igualdad, producto de un país que se transformó al neoliberalismo en la dictadura de Augusto Pinochet.

Carlos Margotta, secretario general de la Comisión Chilena de Derechos Humanos, indicó que la discusión sobre la nueva constitución es fundamental, en tanto debemos acordar cuál es el modelo de sociedad que queremos para los próximos 40 años, y redefinir el rol del Estado frente al papel del mercado, muy preponderante en la carta fundamental actual.

Para Miriam Henríquez, abogada y profesora de la Universidad Alberto Hurtado, el problema de la Constitución actual no es solo su ilegitimidad de origen, sino que "no expresa los derechos fundamentales que aseguran una democracia".
Foto: Archivo AmcoPress.