Reportaje Especial
MÉXICO,
D.F. (Proceso).- Las mansiones construidas y financiadas por el
empresario Juan Armando Hinojosa Cantú para beneficiar al círculo
íntimo del presidente Enrique Peña Nieto siguen apareciendo aquí y
allá, pero hasta el momento ninguna de las instancias de auditoría
gubernamental se ha molestado en iniciar procedimientos para determinar
la posible comisión de actos ilegales, o inclusive penales, en las
diferentes operaciones de renta y compra-venta.
El episodio más reciente
implica al secretario de Hacienda, Luis Videgaray, quien se sirvió de
un esquema similar al de Angélica Rivera, la esposa de Peña Nieto, para
adquirir una residencia multimillonaria. Esto es, comprarle una casa a
Hinojosa Cantú y aceptar su millonario financiamiento sin institución
bancaria ni entidad crediticia autorizada de por medio.
El jueves 11, el diario estadunidense The Wall Street
Journal informó que gracias al empresario, Videgaray adquirió también
una residencia en un exclusivo fraccionamiento-club de golf de
Malinalco, Estado de México.
Según la información que proporcionó el secretario de
Hacienda, aunque H&G Bienes Raíces, una razón social de Hinojosa
Cantú, le otorgó un financiamiento a 18 años por la propiedad –valuada
en 7 millones de pesos–, él liquidó su deuda el pasado 31 de enero.
La compra se concretó en octubre de 2012, cuando
Videgaray era coordinador general del equipo de transición y Peña Nieto
era presidente electo. Con este argumento, el funcionario rechazó que
haya habido conflicto de interés en dicha transacción, pues, dijo, al
hacerla no se desempeñaba en el servicio público.
De acuerdo con el artículo 108 constitucional, para
efectos de responsabilidades administrativas se considera a quienes
fueron sujetos de elección popular y “a toda persona que desempeñe un
empleo, cargo o comisión de cualquier naturaleza”.
A su vez, la Ley Federal de Responsabilidades
Administrativas de los Servidores Públicos, que reglamenta al
mencionado artículo constitucional, establece que además de las
personas referidas están sujetas a la ley “todas aquellas personas que
manejen o apliquen recursos públicos federales”.
Desde septiembre de 2012, el equipo de transición que
coordinaba Videgaray tenía asignado un presupuesto de 150 millones de
pesos que se ejecutaron a través de Banjercito.
En noviembre último, una investigación periodística
realizada por el equipo de Aristegui Noticias y publicada de manera
simultánea en la edición 1984 de Proceso reveló que la residencia
ubicada en Sierra Gorda 150, colonia Lomas de Chapultepec, estaba a
nombre de Ingeniería Inmobiliaria del Centro, una razón social de Juan
Armando Hinojosa Cantú.
La tarde del jueves 11, horas después de la publicación
de The Wall Street Journal, el reportero Rafael Cabrera, coautor de la
investigación sobre la Casa Blanca –que resultó ser de Angélica
Rivera–, hizo notar la coincidencia en tiempos de transición
presidencial, pues la residencia de Rivera fue entregada en septiembre
de 2012 y la de Videgaray al mes siguiente.
No es la única. El 24 de noviembre pasado Aristegui
consiguió testimonios de vecinos de Lomas de Chapultepec, quienes
incluso le entregaron documentos para demostrar que desde 2012 se
inconformaron por la presencia de dispositivos de seguridad en una
residencia habilitada para oficinas que no contaba con el
correspondiente uso de suelo.
La consulta registral efectuada por los vecinos reveló
que la propiedad estaba escriturada a nombre de Inmobiliaria
Bicentenario, que resultó ser otra razón social de Hinojosa Cantú.
La Presidencia de la República fijó su posición ante el
trabajo del equipo de Aristegui: afirmó que la propiedad era rentada
desde 2011 por Humberto Castillejos Cervantes, el actual consejero
jurídico de la Presidencia, y que fue utilizada durante la precampaña,
la campaña y el periodo de transición por Peña Nieto.
Durante los meses que siguieron a la elección,
Castillejos Cervantes era uno de los colaboradores de Luis Videgaray en
el equipo de transición gubernamental.
Aun cuando Los Pinos admitió que se utilizó como oficina
y que Peña Nieto usufructuó la residencia rentada por Castillejos, la
operación no se registró como gasto de campaña ni del equipo de
transición gubernamental.
Las razones de Hinojosa
Las residencias compradas respectivamente por Angélica
Rivera y Luis Videgaray, así como la rentada por el consejero jurídico,
Humberto Castillejos Cervantes, revelaron la constitución de tres
razones sociales cuyo accionista mayoritario es Juan Armando Hinojosa
Cantú.
Se trata de Ingeniería Inmobiliaria del Centro, con la
que se realizó la operación de la llamada Casa Blanca; Bienes Raíces
G&H, con la que se levantó y financió la casa de Videgaray en
Malinalco, e Inmobiliaria Bicentenario, propietaria de la residencia
que renta el consejero jurídico.
Todavía más: Estas razones sociales no se mencionan en la
información corporativa de Grupo Higa, que en su página en internet
sólo incluye a sus subsidiarias Constructora Teya; Mezcla Asfáltica de
Alta Calidad; Publicidad y Artículos Creativos, así como Señales y
Mantenimiento.
Lo mismo ocurre con otras razones sociales: Eolo Plus
(taxis aéreos); Controladora de Operaciones de Infraestructura;
Consorcio Integrador del Ramo de la Construcción; Autopistas de
Vanguardia, así como Concretos y Obra Civil del Pacífico.
Grupo Higa y esas razones sociales en las que Hinojosa
Cantú es accionista mayoritario se han visto favorecidas en lo que va
de la presente administración federal con contratos de proveeduría que
superan los 24 mil millones de pesos y que se suman a los 35 mil
millones obtenidos durante la gestión de Peña Nieto como gobernador del
Estado de México (Proceso 1985).
El escándalo se internacionalizó no sólo con la
publicación en The Wall Street Journal. Personajes con presencia global
como el expresidente de Estados Unidos William Clinton le recomiendan a
Peña Nieto ser transparente y resolver las dudas sobre la relación con
Grupo Higa.
La misma visión fue apuntalada por The Economist. En un
artículo publicado el viernes 12, el semanario británico subrayó que se
había fortalecido la configuración de un posible conflicto de intereses
en el caso Hinojosa Cantú-Los Pinos.
Tanto The Economist como The Wall Street Journal fueron
en su momento entusiastas difusores del periodo de reformas que dieron
en llamar el “Mexican Moment”.
Lo que para infinidad de analistas y actores políticos
–nacionales e internacionales– es un claro conflicto de intereses fue
expuesto por Proceso en su edición 1986, luego de consultar a
diferentes especialistas en combate a la corrupción, quienes
coincidieron en que en el caso hay elementos suficientes para la
configuración de ese ilícito, así como de otros que pudieran ser de
índole penal.
No obstante, el jueves 11 la Auditoría Superior de la
Federación anticipó en voz de su titular, Juan Manuel Portal, que no se
investigará la Casa Blanca ni a las empresas de Hinojosa Cantú, pues
como Angélica Rivera no es servidora pública, se trata de un asunto
“entre particulares”.
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