La polémica por las residencias de Angélica Rivera y Luis Videgaray, compradas a empresas de un contratista, exhibe vacíos legales: expertos
Por Mauricio Torres
CIUDAD DE MÉXICO (CNNMéxico) — Falta
de reglas que obliguen a los funcionarios a hacer pública su
declaración patrimonial, la ausencia de controles para las empresas que
se relacionan con el gobierno, así como la necesidad de sanciones
contundentes para quienes cometan faltas, son algunos de los "huecos"
en la legislación sobre conflicto de interés que quedan en evidencia
tras la polémica generada por las residencias de Angélica Rivera y Luis
Videgara, coinciden especialistas en transparencia y rendición de
cuentas.
Expertos de Transparencia Mexicana (TM), de Fundar y de la
organización civil Gestión Social y Cooperación (Gesoc) consideran que
las autoridades federales no sólo deben aclarar estos casos de la
primera dama y del titular de Hacienda, sino promover cambios legales
para evitar que otros similares ocurran en el futuro.
La controversia comenzó el 9 de noviembre, cuando el portal Aristegui Noticias publicó que la esposa del presidente Enrique Peña Nieto, Angélica Rivera, compró una mansión a
una compañía de Grupo Higa, propiedad del empresario Juan Armando
Hinojosa, quien obtuvo contratos de obra pública cuando Peña era
gobernador del Estado de México (2005-2011) y actualmente compite en
licitaciones federales.
Ante las exigencias para que esclareciera los hechos, Peña negó que hubiera un conflicto de interés en el caso,
es decir, una situación en la que un funcionario puede obtener un
beneficio privado de su cargo público. En tanto, Rivera dijo que
adquirió el inmueble con el dinero que recibió de Televisa —donde
trabajó como actriz durante 25 años— y prometió vender la vivienda.
La polémica sobre el tema recibió un nuevo impulso el psado 11 de diciembre, cuando el diario estadounidense The Wall Street Journal publicó que Videgaray, en octubre 2012 compró una casa a otra compañía de Grupo Higa.
Al respecto, el funcionario rechazó irregularidades porque hizo la
operación cuando no tenía ningún puesto y afrimó estar dispuesto a ser
investigado.
A continuación te presentamos los puntos que los especialistas piden atender en esta materia.
1. Declaración patrimonial pública
Alejandro González Arreola, director de Gesoc, consideró que el
primer "vacío" que debe subsanarse en la Ley Federal de
Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos es
establecer que los funcionarios estén obligados a publicar sus
declaraciones patrimoniales.
La norma actualmente señala que deben entregar a la Secretaría de la
Función Pública (SFP) la información sobre su patrimonio y el de sus
cónyuges, pero están en libertad de decidir qué partes de ésta se harán
públicas y cuáles no.
En enero de 2013, por ejemplo, Peña presentó su declaración
patrimonial y dio a conocer que tiene nueve propiedades —cuatro casas,
cuatro terrenos y un departamento—. Sin embargo, el documento
presentado entonces no detallaba el costo de los inmuebles ni su ubicación.
Fue hasta después de la polémica causada por la casa de la primera dama que el mandatario reveló el valor de su patrimonio, que asciende a 45.2 millones de pesos.
"(Se debe cambiar) el hecho de que sigamos teniendo una legislación
que no obliga a las y los funcionarios a hacer pública su declaración
patrimonial de manera íntegra, no un resumen de la misma, no elementos
parciales, sino tal cual como fue depositada en la Secretaría de la
Función Pública", dijo González Arreola a CNNMéxico.
Guillermo Ávila Reséndiz, investigador de Fundar, coincidió con este
punto de vista, al señalar que la publicidad de estos datos favorecería
la transparencia y ayudaría a la ciudadanía a vigilar el desempeño de
los funcionarios.
Incluso, este año Ávila Reséndiz llevó el tema ante la Suprema Corte
de Justicia de la Nación (SCJN), al promover un juicio de amparo para
que el máximo tribunal ordenara hacer públicas estas declaraciones
patrimoniales. Ávila Reséndiz argumentó que esto es parte del derecho a
la información de los ciudadanos, pero la mayoría de los ministros se
inclinó por proteger el derecho a la privacidad de los servidores
públicos y respaldaron la ley vigente.
2. Definición clara sobre conflicto de interés
Eduardo Bohórquez, director de Transparencia Mexcoama, consideró que
otro hueco en la legislación actual es que carece de una definición
clara sobre qué es un conflicto de interés.
Hoy por hoy, la norma establece que esta situación se dará "cuando
los intereses personales, familiares o de negocios del servidor público
puedan afectar el desempeño imparcial de su empleo, cargo o comisión",
según indica la fracción XII del artículo 8 de la citada ley.
Para Bohórquez, sin embargo, esta definición no permite identificar
con claridad cuándo habrá conflictos de interés y, por ello, dificulta
evitarlos.
El especialista incluso sugiere incluir en la ley la figura de
declaración de intereses, es decir, un documento similar a la
declaración patrimonial, en el que en vez de que un funcionario dé a
conocer qué posesiones tiene, informe en qué empresas o sectores
económicos invierte. A decir de Bohórquez, esto impediría que ese
funcionario use su cargo para tomar decisiones que favorezcan sus
negocios.
"La legislación mexicana está coja en términos de lo que se refiere
a las declaraciones sobre potenciales conflictos de intereses", dijo.
Para Bohórquez, Chile es un ejemplo en América Latina, dado que
tiene una ley con esta figura de declaración de intereses, con la que
se evita que un funcionario tome decisiones en áreas en las que está
involucrado.
3. Protocolos de actuación
Para González Arreola, además, no sólo debe definirse con claridad
cuándo habrá un conflicto de interés, sino que es necesario establecer
un protocolo de actuación para el funcionario que esté en riesgo de
caer en él.
"La norma hoy no necesariamente establece las situaciones de
conflicto de interés de manera muy clara, pero menos aún cuál es el
protocolo de actuación que debe seguir un funcionario en esa
situación", dijo.
Establecer esos procedimientos permitiría que un servidor público
tuviera certeza sobre cómo reportar el caso y sobre qué hacer para
actuar con ética y evitar incurrir en una falta administrativa mayor o
un delito, agregó.
4. Reglas para los empresarios
Bohórquez considera que la legislación también debe comprender
reglas para que los empresarios tengan una relación "honesta, abierta y
transparente" con las autoridades.
"Hay que preguntarnos también si estamos como sociedad exigiéndole
al sector privado políticas anticorrupción para cuando se relacionen
con los servidores públicos", dijo.
Una opción sería prohibir en la legislación que un empresario
compita por contratos públicos en una dependencia o en un área
encabezada por un familiar directo.
González Arreola citó como ejemplo el caso de Reino Unido, donde se
obliga a las empresas a publicar quiénes son sus accionistas. Para el
experto, esto permite ubicar si hay funcionarios o legisladores con
inversiones en una compañía y evitar que tomen decisiones encaminadas a
favorcerla.
5. Sanciones
Para los especialistas, el último hueco que debe subsanarse en la legislación es el de las sanciones para quien incumpla la ley.
La legislación actual establece que el funcionario que no se excuse
de participar en decisiones en las que tenga interés personal, familiar
o de negocios, o que le puedan dar un beneficio económico a él o a sus
familiares hasta en cuarto grado, o que reciba algún tipo de beneficio
de actores por él regulados, incurrirá en una falta administrativa
"grave" que al menos le valdrá ser destituido e inhabilitado para
ejercer un cargo público hasta por 20 años.
Otras sanciones contempladas son las amonestaciones públicas o privadas —regaños— y las multas.
Al respecto, Bohórquez llamó a que se revise si estas medidas en
verdad inhiben las violaciones a la ley, así como a que el Congreso
haga los cambios necesarios para que así sea.
"Tenemos que legislar en esta materia porque ya es un tema
recurrente. Legisladores, funcionarios del Ejecutivo... el propio
sector privado tampoco tiene regulaciones claras. Es un vacío legal que
se está convirtiendo en un problema recurrente para el país y que
amplía la brecha de desconfianza en la clase política", concluyó.
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