A Manu Chao
Un
criminal nunca jamás se investiga a sí mismo para condenarse. Cuando se
es juez y parte los dados están cargados. El cúmulo de evidencias en
torno a los asesinados y desaparecidos del 26 de septiembre en Iguala
parece indicar que los involucrados directa e indirectamente son los
tres niveles de gobierno. El tinglado de mentiras de la PGR y Jesús
Murillo Karam se hace más visible. El cansino procurador espera que las
pruebas fehacientes de quienes perpetraron tal crimen se las hagan
llegar a sus manos “¡Ya me cansé!” de tantas acusaciones que ustedes
inventan, podría decir una vez más Karam a los periodistas y
científicos quienes afirman que los argumentos del procurador son
ficticios y no responden a preguntas pertinentes para dilucidar esta
matanza. Pero es la propia PGR la que debe indagar a fondo el asunto y
la que debería tener las pruebas concretas, pero no ha sido así, trata
de encubrir con maquinaciones la verdad del asunto.
Hasta el
momento la “profunda investigación” de la PGR solamente tiene la
versión de que el entonces alcalde de Iguala, José Luis Abarca
Velázquez, dio la orden a sus policías municipales para disparar contra
los estudiantes normalistas, y de que el análisis del ADN de los restos
calcinados si corresponde a uno de los estudiantes normalistas de
Ayotzinapa asesinados.
En su edición 1989 de esta semana,
Proceso destacó un reportaje de Anabel Hernández: “la noche del 26 de
septiembre policías de Iguala y Cocula, obedeciendo órdenes del alcalde
igualteco, atacaron a los normalistas de Ayotzinapa, mataron a tres y a
otros 43 se los entregaron a Guerreros Unidos, grupo que presuntamente
los asesinó e incineró. Esa es la versión oficial. Pero una
investigación periodística, basada en documentos oficiales, videos y
testimonios, cuenta otra historia: El ataque fue orquestado y ejecutado
por la Policía Federal, con la complicidad o franca colaboración del
Ejército”. A esto podemos sumar que los peritos científicos forenses
argentinos afirman tajante que a ellos no les consta que los restos
calcinados del estudiante asesinado hayan sido recogidos del basurero
de Cocula, como afirma Karam. Más aún, “Los restos óseos exhibidos por
la PGR el 7 de noviembre del 2017, corresponden a seres humanos
cremados en otro lugar distinto al basurero de Cocula. Los testimonios
de los acusados y la hipótesis de la PGR en relación a la posible
cremación de más de cuarenta restos humanos en el basurero de Cocula
entre el 26 y 27 de septiembre del 2014 no tienen ningún sustento en
hechos y/o fenómenos físicos o químicos naturales, de acuerdo con el
análisis científico” realizado por el Dr. Jorge Antonio Montemayor
Aldrete, investigador del Instituto de Física de la UNAM, y M. en C.
Pablo Ugalde Vélez, investigador de la UAM Atzcapotzalco [http://www.cencos.org/comunicacion/cientificos-desmienten-a-pgr].
Muy
cansado, suponemos, Murillo Karam declaró: “Ojalá Proceso me traiga sus
pruebas sobre Ayotzinapa”. Confió en que Proceso le presente las
pruebas que confirman la participación de fuerzas federales en el
ataque y desaparición de 43 normalistas de Ayotzinapa, Guerrero. Dijo
que no sabe de dónde salieron las evidencias recogidas en una
investigación del semanario y por las que se desmiente la versión del
gobierno sobre lo ocurrido el 26 de septiembre en Iguala. “Si alguien
conoce este asunto, se lo digo con toda honestidad, soy yo. He estado
metido en él durante ya muchos días, semanas, a fondo.” ¡Por eso estoy
muy cansado!, pudo haber añadido nuevamente. Nula credibilidad tiene la
PGR en este caso. La misma que puede tener la honestidad de la pareja
presidencial en el asunto de la “Casa Blanca”, o la de Luis Videgaray,
secretario de Hacienda, con su casita de Malinalco. La cleptocracia
haciendo de las suyas con toda la impunidad y el cinismo conferido por
el poder del Estado, asociado a la defensa mediática que le hacen
“periodistas” y articulistas “críticos” cochuperos.
Seguimos
dentro de una corrupción absoluta de un régimen apoyado por un modelo
neoliberal que requiere necesariamente del autoritarismo, la represión,
la impunidad y crímenes de un narcogobierno. Desde la matanza de
Tlatelolco la sombra del Ejército se proyecta ominosamente hasta
Tlatlaya e Iguala “¿Qué hubiera pasado si el Ejército hubiese
intervenido en Iguala? Hubiera apoyado a la autoridad. Qué bueno que no
salió”, afirmó el procurador ¿Lapsus linguae? Parece que si
salió, pero no para apoyar a los normalistas ¿Por qué Murillo Karam no
abre una línea de investigación sobre el ejército y la Policía Federal?
¿Por qué el gobierno federal continua con su misma política represiva y
provocadora en Guerrero y en Michoacán? En esta entidad hoy más que
nunca está demostrado el rotundo fracaso de una política encabezada por
el “virrey” Alfredo Castillo, comisionado de seguridad de Peña Nieto.
El crimen se dispara y las muertes están a la orden del día.
La reciente gresca en Chilpancingo es parte de la estrategia represiva
del gobierno federal, aseguran los padres de los estudiantes asesinados
y desaparecidos de Ayotzinapa. Como parte de esa dinámica las
autoridades y sus portavoces espurios ya habían tratado de vincular a
los jóvenes con el grupo delincuencial Los Rojos. “Es muy
importante comprender quién pone en práctica la violencia: si son los
que provocan la miseria o los que luchan contra ella.”, decía Julio
Cortázar.
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