Cifras, análisis, testimonios y opiniones de expertas desmienten el dicho del gobernador de Michoacán, Salvador Jara Guerrero, quien aseguró que el asesinato de Erika Kassandra Bravo, enfermera de 19 años de edad, es un “hecho aislado” y no una muestra de que las michoacanas son víctimas de una creciente violencia.
Desde el pasado 3 de diciembre, cuando Erika fue
desaparecida en Uruapan, Michoacán, el repudio y reclamo social se
hicieron presentes en la entidad. La exigencia de justicia creció
cuando el cuerpo de la joven fue encontrado tres días después (6 de
diciembre) a la orilla de una carretera, con el rostro desollado y
lesiones de arma blanca en el pecho, además de que presentaba huellas
de violación y maltrato.
Después de que la joven fue localizada sin vida, cientos
de personas salieron a las calles para exigir justicia por su asesinato
y al mismo tiempo señalar que en la entidad la violencia contra las
mujeres va en incremento.
Ante la creciente presión social, el mandatario local
sostuvo que el asesinato era un “hecho aislado”, y ante los medios
pidió “no promover la psicosis, porque si uno hace ruido las cosas se
pueden salir de control”.
Este lunes, al poner en marcha diversos Centros para el
Desarrollo de las Mujeres, el gobernador agregó que se intentó “lucrar”
económica y políticamente con el asesinato de la joven, y anunció que
el caso se esclarecería en breve.
Hoy la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE)
hizo pública su versión oficial en la que afirmó que el asesino es el
padrastro de Erika, a quien se identifica como Daniel Mendieta Sáenz.
De acuerdo con la autoridad local, la joven no fue
torturada ni violada sexualmente, y las marcas de violencia que
presentaba en el cuerpo se deben a que su cuerpo permaneció mucho
tiempo a la intemperie y fue atacado por animales.
Circe López Riofrío, directora de la organización Humanas
Sin Violencia, dijo a Cimacnoticias que lo asegurado por la
Procuraduría no corresponde a los brutales actos que se cometieron
contra Erika, y aseveró que durante todo el tiempo que la organización
ha trabajado en defensa de los Derechos Humanos de las mujeres “nunca
habíamos visto un hecho así”.
De acuerdo con la activista, este delito de ninguna
manera corresponde a un hecho aislado y recordó que por años las
michoacanas han padecido un contexto de violencia que no ha sido
reconocido por las autoridades.
Incluso recordó que las medidas de seguridad emprendidas
en la entidad para controlar a las bandas delincuenciales –que
motivaron la aparición de grupos de autodefensa– carecieron de una
perspectiva de género, y las mujeres de la entidad se encuentran en
medio del fuego cruzado entre grupos armados.
En enero pasado Cimacnoticias reportó que mujeres de la
comunidad de Aquila, en Michoacán, denunciaron la manera en que eran
raptadas por grupos del crimen organizado ante la complicidad de las
autoridades locales, y cómo fueron ignoradas sus necesidades
específicas en las acciones de seguridad emprendidas (Cimacnoticias
17/01/2014).
López Riofrío señaló que incluso la misma autoridad ha
dado a conocer cifras –mediante el recurso de transparencia– que dan
cuenta del alto índice de delitos en contra de las michoacanas.
De acuerdo con la información proporcionada, en el estado
se han presentado más de 600 delitos sexuales contra las mujeres, de
enero a septiembre de 2014.
Se han asesinado a 342 mujeres, ya sea por homicidios
dolosos y culposos en ese mismo periodo. La mayoría de ellas a balazos,
navajazos o incluso lapidadas. De 2008 a septiembre de 2014 fueron
asesinadas 623 mujeres, pero la PGJE sólo reconoce ocho casos como
feminicidio.
El Congreso local tipificó el delito de feminicidio con
la incorporación del artículo 280 al Código Penal de Michoacán en
diciembre de 2013.
En su más reciente informe, “Estudio de la implementación
del tipo penal de feminicidio en México: Causas y consecuencias 2012 y
2013”, el Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio (OCNF)
advirtió que el tipo penal carece de autonomía e invisibiliza las
razones de género como uno de los principales elementos del delito.
Además –agregó– cuando se tipificó el feminicidio no se
aprobó la creación de protocolos especializados para investigar los
casos.
Cabe destacar que el OCNF no pudo analizar la manera en
la que el tipo penal del feminicido estaba siendo implementado, ya que
las autoridades correspondientes no brindaron la información completa
que la organización solicitó vía transparencia.
Se debe agregar que la violencia feminicida y sexual no
es el único tipo de violencia que enfrentan las michoacanas. Según la
Encuesta Nacional de la Dinámica de las Relaciones en los Hogares
(Endireh) 2011, 44.61por ciento de las mujeres de 15 años o más
sufrieron algún tipo de violencia durante su última relación de pareja
y el 26 por ciento sufre de violencia comunitaria.
Por: Anaiz Zamora Márquez
Cimacnoticias | México, DF.-
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