Luz Méndez Gutiérrez es coautora del libro Mujeres q’eqchís: violencia sexual y lucha por la justicia (ECAP-IDRC), de próxima publicación, e integrante de la junta directiva de la Unión Nacional de Mujeres Guatemaltecas (UNAMG).
El juez Miguel Ángel Gálvez, del Juzgado de Primera Instancia de
Mayor Riesgo B de la capital guatemalteca, determinó el 14 de este mes
que hay pruebas suficientes para llevar a juicio al coronel Esteelmer
Reyes Girón, excomandante del destacamento de Sepur Zarco, situado en
el municipio El Estor, en el nororiental departamento de Izabal, y a
Heriberto Valdez Asij, excomisionado militar en la zona.
Reyes será juzgado por los delitos contra los deberes de la
humanidad de violencia y esclavitud sexual, esclavitud doméstica y los
asesinatos de Dominga Coc y sus dos hijas pequeñas en la base. Valdez
es acusado de violencia sexual y desaparición forzada.
Los actos de violencia
Durante seis años, las mujeres de las comunidades rurales de los
departamentos de Alta Verapaz e Izabal fueron objeto de esclavitud
sexual y doméstica en el destacamento de Sepur Zarco.
Estos crímenes fueron parte de los ataques contra la población civil
local entre 1982 y 1988. Las mujeres cumplían turnos de tres días en el
destacamento, donde las obligaban a hacer el trabajo doméstico, que
incluía preparar la comida y lavar la ropa de los soldados, sin paga
alguna.
El trabajo fue acompañado de violencia sexual. Cada vez que cumplían
sus turnos eran violadas sistemáticamente por los soldados. La
esclavitud perpetrada contra las mujeres de Sepur Zarco integró un plan
militar ejecutado en etapas que comenzó con el secuestro, la tortura y
la desaparición forzada de sus maridos, que eran dirigentes campesinos.
El
juicio sentará precedentes para todos los intentos por acabar con la
violencia sexual durante los conflictos armados, una de las violaciones
de derechos humanos más extendidas y no reconocidas, así como para la
erradicación de este tipo de crímenes.
A continuación, los soldados y oficiales violaron a las mujeres en
sus hogares, en presencia de sus hijos. Quemaron sus viviendas y sus
pertenencias, y destruyeron sus cosechas. Los militares pasaron a
denominarlas “las viudas”, y las obligaron a mudarse a Sepur Zarco.
Aunque el destacamento militar fue clausurado en 1988, las víctimas
aún padecen las consecuencias físicas y psicológicas de la violencia
sexual. Uno de los legados más crueles de la experiencia es la
estigmatización que sufren en sus comunidades.
De acuerdo con la lógica patriarcal, la violencia sexual es un
crimen que las víctimas deben pagar. Aunque las violaciones se
cometieron en un contexto de terror y militarización, hoy se culpa a
las mujeres por lo que tuvieron que sufrir.
El largo camino hacia la justicia
Las mujeres de Sepur Zarco exigen justicia desde hace 10 años.
Una de las estrategias más importantes que emplearon fue la creación
de grupos de mujeres y alianzas a nivel local y nacional. Rompieron el
silencio y contaron su dura verdad en un proceso de construcción de la
memoria histórica de la violencia sexual contra las mujeres indígenas
durante el conflicto armado, publicado en un libro en 2009.
En 2010, las protagonistas de esta historia, junto con mujeres de
tres regiones más del país, participaron en el Tribunal de Conciencia
contra la violencia sexual durante la guerra.
Y un año después, quince mujeres del grupo Sepur Zarco presentaron
una demanda penal, exigiendo justicia por los crímenes cometidos contra
ellas y sus familias en el marco de la justicia transicional.
En este proceso tuvieron el apoyo de organizaciones feministas y de
derechos humanos para quienes la lucha por la justicia de las mujeres
de Sepur Zarco es parte de su compromiso político por la eliminación de
la violencia de género y la emancipación de la mujer.
Un juicio histórico
El proceso penal iniciado por las mujeres de Sepur Zarco tiene una
importancia nacional e internacional, ya que, hasta la fecha, en
Guatemala persiste la impunidad absoluta de los delitos de violencia
sexual durante la guerra civil.
A pesar de que la Comisión para el Esclarecimiento Histórico
documentó que la violencia sexual contra las mujeres se llevó a cabo de
manera generalizada y sistemática por agentes del Estado, esta es la
primera vez que la acusación se presentó en un tribunal de justicia
específicamente por casos de violación y esclavitud sexual.
Este caso también tiene relevancia mundial, ya que es el primer
procedimiento legal por esclavitud sexual durante un conflicto armado
que se presenta en la jurisdicción nacional donde los actos se llevaron
a cabo.
El juicio sentará precedentes para todos los intentos por acabar con
la violencia sexual durante los conflictos armados, una de las
violaciones de derechos humanos más extendidas y no reconocidas, así
como para la erradicación de este tipo de crímenes.
Este artículo fue publicado originalmente en cipamericas.org
Editado por Kitty Stapp / Traducido por Álvaro Queiruga
Artículos relacionados
- Indígenas guatemaltecas narran su martirio ante la justicia
- GUATEMALA: “Vamos camino a derrotar la impunidad”
- La justicia en Guatemala, un niño que nadie ayudó a caminar
No hay comentarios.:
Publicar un comentario