Otro Pacto de Impunidad ?

Serpientes y Escaleras

Salvador García Soto

La propuesta presidencial para signar un nuevo Pacto contra la violencia —uno más para sumar a la larga lista de “pactos”, “acuerdos” y otros instrumentos demagógicos— no encontró respuesta muy entusiasta en la sociedad mexicana. Salvo algunos partidos políticos que se dijeron dispuestos, no hubo en otros sectores sociales, especialmente en los que están movilizados e indignados por la desaparición de 43 normalistas de Ayotzinapa, señales de viabilidad y sentido en las actuales condiciones, al planteamiento del presidente Enrique Peña Nieto. 

Casi podría decirse que el escepticismo fue la mayor respuesta al mensaje presidencial con el que pretende hacer frente a la mayor crisis política y social que ha enfrentado su gobierno. Y es que hablar de “pacto” en estos momentos, cuando cunde la irritación y la indignación social por la desaparición de los normalistas y por la podredumbre política asomada en Guerrero y otras partes del país, no fue el consejo más atinado de los asesores presidenciales. 

La palabra “pacto” en México remite casi en automático a acuerdos cupulares en los que la sociedad —esa que se moviliza en las calles o en distintos ámbitos reclamando justicia— casi nunca es tomada en cuenta y, cuando lo hacen, es a través de “representantes”, también cupulares, de sectores que acaban alineados a políticas y decisiones del gobierno y abandonan los reclamos de la sociedad que decían representar.

Ejemplos y motivos para dudar de los “pactos” sobran. Desde el Pacto de Estabilidad y Crecimiento Económico impuesto en 1988 por Miguel de la Madrid a los sectores productivos y económicos, y continuado por Carlos Salinas de Gortari, que controló la inflación pero a costa de sacrificar salarios e ingresos de la mayoría trabajadora, hasta el Acuerdo Político Nacional de Ernesto Zedillo en 1995, que quedó en una Reforma Política trunca; o más recientemente Fox y sus dos “pactos”: el Acuerdo Político para el Desarrollo Nacional, suscrito por gobierno y partidos en 2001, cuya agenda nunca se cumplió, y luego el Pacto de Chapultepec, impulsado por el empresario Carlos Slim y que en 2005 prometía “Unidad, Estado de Derecho, Inversión y Desarrollo”, que nunca llegaron. 

Pero el antecedente más directo de lo que hoy se propone, y el que más desconfianza provoca, es el Acuerdo Nacional por la Seguridad, la Justicia y la Legalidad suscrito el 21 de agosto de 2008 con bombo y platillo en Palacio Nacional. Los tres poderes del Estado, 31 gobernadores y el jefe del DF, representantes de la sociedad civil y hasta de medios de comunicación firmaron y atestiguaron rimbombantes discursos para “profesionalizar las policías”, “combatir el secuestro y la extorsión”, “eliminar la corrupción” y “desterrar la violencia”. ¿Se resolvió alguno de esos problemas hoy presentes en Ayotzinapa y en buena parte del país? 

Para abonar a la incredulidad, el “pacto” que plantea Peña Nieto sería el segundo al que apuesta en lo que va de su mandato. El primero, tan celebrado y aplaudido Pacto por México, permitió sí reformas trascendentales y acuerdos políticos que modificaron la Constitución en temas como el energético, electoral, reforma fiscal y telecomunicaciones. El problema es que, aunque en el discurso varias de esas reformas beneficiarán a los mexicanos, en los hechos no llegan aún los beneficios tangibles, la situación económica no mejora y la reforma fiscal ha dañado a las empresas y al consumo.

A eso hay que agregar los costos nocivos del Pacto por México. Por privilegiar los acuerdos se dejaron correr problemas, corruptelas y situaciones de ilegalidad para no afectar a los aliados políticos de la presidencia. Cómo entender si no que el procurador Jesús Murillo Karam no investigó al alcalde de Iguala cuando desde 2013 hubo denuncias públicas y privadas que lo vinculaban con la delincuencia e incluso a asesinatos. ¿No fue por el voto de diputados y senadores leales a Los Chuchos que no se actuó ni en Iguala ni en Guerrero antes de la tragedia que hoy tiene en vilo al gobierno y al país? 

Por eso cuesta creer en otro “pacto”. Podrán firmarlo, publicitarlo, ensalzarlo en discursos, pero mientras no se vea una acción decidida del gobierno federal para ir en contra de la corrupción, la complicidad y la protección política al narcotráfico y a la delincuencia en Guerrero y varios estados más del país, no habrá pacto que funcione ni que resuelva lo que el secretario de Gobernación, Miguel Osorio, definió bien como “el momento más difícil que enfrenta este gobierno”. 

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