



Aníbal García Fernández
Comercio, control de cadenas de suministro de minerales, acuerdos en materia de seguridad y combate al narcotráfico, sanciones económicas conjuntas y hasta injerencia electoral son parte de las características del Escudo de las Américas. Con la adhesión de 14 naciones del continente a esa estrategia, Estados Unidos pretende “recuperar” el control de América Latina frente a la mayor disputa con potencias extranjeras, como China, Rusia e Irán. Para asegurar la región, incluso activó el TIAR, viejo tratado de defensa militar conjunta con la que pretende usar su “poderío militar” y atacar la región
En el marco de la reunión en la sede de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) en septiembre pasado, el presidente estadunidense Donald Trump dialogó con los 14 países que se han adherido a su iniciativa del Escudo de las Américas. Ahí reactivó el Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca (TIAR) para formar una coalición regional contra el narcotráfico, lo que implica la posibilidad de responder bélicamente ante algún conflicto armado, sea por razones propias de conflictos bélicos interamericanos o externos al continente.
En el fondo, la razón es el control total de América Latina y no el combate al narcotráfico, como ya quedó demostrado con el caso de Venezuela (donde Estados Unidos secuestró a un presidente en funciones por supuestamente formar parte del “Cártel de los Soles” y, tras ello, el Departamento de Justicia modificó la acusación tras reconocer la inexistencia del grupo delictivo, lo que constituyó una violación al debido proceso y al derecho internacional. Un caso de lawfare internacional con el cual el gobierno de Donald Trump intenta establecer dominio sobre una nación soberana).
Esto es que el Escudo de las Américas no tiene por eje rector el combate al denominado “narcoterrorismo”, sino el control de recursos estratégicos, entre ellos, minerales considerados críticos e hidrocarburos, con la intención expresa de sacar de la región a potencias extranjeras como China, Rusia e Irán. Estos elementos quedaron plasmados en la Estrategia de Seguridad Nacional (ESN) del gobierno de Estados Unidos.
Como dio cuenta al inicio del 2026 este semanario, en la ESN se menciona que Estados Unidos buscará el dominio energético, de infraestructura, de minerales y ampliará las compras latinoamericanas del complejo militar industrial estadunidense. Aunado a ello, el Escudo de las Américas se conformó como una de las principales estrategias de dominio regional que se articula con elementos comerciales, de seguridad y con la cobertura mediática de activos de la CIA [Agencia Central de Inteligencia], como es Fernando Cerimedo y toda su red de medios y cabilderos para imponer gobiernos a modo.
Escudo de las Américas, estrategia de dominio total
Los miembros hasta ahora del Escudo de las Américas son Argentina, Bolivia, Chile, Colombia, Costa Rica, República Dominicana, Ecuador, El Salvador, Guyana, Honduras, Panamá, Paraguay, Perú, y Trinidad y Tobago.
Figura 1. Escudo de las Américas

En la segunda reunión del Escudo de las Américas, los países miembros acordaron emprender acciones para explorar mecanismos de control de las inversiones, salvaguardar las cadenas de suministro de minerales críticos, promover normativas sobre “proveedores de confianza” para la infraestructura digital (o sea, la red 5G).
En materia de seguridad anunciaron el supuesto combate al narcotráfico mediante la coordinación en materia de sanciones (incluida la congelación de activos; restricciones de inmigración y de visados para los miembros, asociados y simpatizantes de dichas organizaciones), designaciones y medidas financieras contra “terroristas”, ampliación de fuerzas de seguridad civiles y asistencia humanitaria y de comunicación. Este punto incluye compartir información de inteligencia, “facilitar acceso, cuando proceda a tecnologías y capacidad de seguridad”, y ampliar la formación de fuerzas civiles y militares.
En ese sentido, Estados Unidos suscribió acuerdos sobre el Estatuto de las Fuerzas conocido por sus siglas en inglés como SOFA con Ecuador y Paraguay. En el caso de Ecuador, fue suscrito desde 2023 y otorga al personal militar y civil del ahora Departamento de Guerra, así como a sus contratistas, privilegios, exenciones e inmunidades equivalentes a los de personal diplomático, bajo la Convención de Viena. Incluye que cualquier exceso cometido por el personal será juzgado en tribunales estadunidenses; garantiza libre circulación de aeronaves, buques y vehículos operados por el Departamento de Guerra e incluso, el uso gratuito del espectro radioeléctrico.
La estrategia se complementa con la creación de una fuerza de tarea conjunta denominada Southern Speer, la cual fue transformada para formar ahora Joint Task Force Western Hemisphere.
Lo más grave del avance imperial del gobierno de Trump es la reactivación del viejo Tratado Interamericano de Asistencia Recpíroca (TIAR) de 1947, donde se estableció la defensa mutua de los países miembros y homologó a las Fuerzas Armadas latinoamericanas con preparación desde y en Estados Unidos. Hoy se reactivan dos artículos del TIAR que permiten pensar en la hipótesis de ataques coordinados por el Escudo de las Américas. Los miembros solicitarán a la OEA una reunión de consulta para la creación de un Órgano de Consulta de conformidad con los artículos 6 y 13 del TIAR.
El artículo 6 menciona: “Si la inviolabilidad o la integridad del territorio o la soberanía o la independencia política de cualquier Estado Americano fueren afectadas por una agresión que no sea ataque armado, o por un conflicto extra continental o intracontinental, o por cualquier otro hecho o situación que pueda poner en peligro la paz de América, el Órgano de Consulta se reunirá inmediatamente, a fin de acordar las medidas que en caso de agresión se deben tomar en ayuda del agredido o en todo caso las que convenga tomar para la defensa común y para el mantenimiento de la paz y la seguridad del Continente”.
El artículo 13 dice: “Las consultas serán promovidas mediante solicitud dirigida al Consejo Directivo de la Unión Panamericana por cualquiera de los Estados signatarios que haya ratificado el Tratado”.
La importancia del artículo 6 del TIAR radica en que al difuminar Estados Unidos la frontera entre seguridad pública (narcotráfico) y seguridad nacional (terrorismo), con el supuesto combate al “narcoterrorismo”, aplica extraterritorialmente su ley y la impone al resto de países. Por lo tanto, los cárteles que fueron designados como “narcoterroristas” son considerados ahora una agresión no militar que afecta la soberanía de los países bajo el TIAR, y podría invocar a una coalición de países para combatirlos militarmente.
Por ello, no es menor que el presidente Trump haya mencionado en la Asamblea General de la ONU que “Estados Unidos ya no permitirá que las amenazas contra América ganen terreno en ningún lugar del hemisferio occidental. Y, de ser necesario, utilizaremos nuestro poderío militar sin igual para asegurar los vitales intereses nacionales de Estados Unidos”.
Cárteles mexicanos en la mira
En ese contexto, ya son dos países más los que han designado como organizaciones narcoterroristas a varios grupos del narcotráfico regionales, entre ellos mexicanos. El primero fue Costa Rica. Su actual presidenta Laura Fernández designó el 14 de octubre a los cárteles de Sinaloa, Jalisco Nueva Generación (CJNG), del Noreste, La Nueva Familia Michoacana y Cárteles Unidos, entre otros.
El gobierno de Argentina también hizo lo propio con el Cártel de Sinaloa y la Nueva Familia Michoacana. Aunque Ecuador no ha designado directamente a un grupo del narcotráfico mexicano, sí designo a tres organizaciones que supuestamente mantendrían relaciones con el CJNG.
Se puede entonces establecer como hipótesis que los miembros del Escudo de las Américas avanzan en la designación de grupos del narcotráfico como organizaciones narcoterroristas, lo que habilita el TIAR frente a una agresión no militar. Por ello, la designación de organizaciones internacionales terroristas hecha por el gobierno de Estados Unidos y retomado por el Escudo de las Américas es la estrategia con la que podrían formar una coalición regional militar y atacar a los cárteles. La cuestión es si buscarían hacerlo en terceros países en donde tienen presencia, incluido México.
En ese sentido, el 3 de noviembre en su conferencia de prensa, la presidenta Claudia Sheinbaum afirmó: “nosotros llamamos aquí ‘delincuencia organizada’, y la combatimos, y trabajamos todos los días para la seguridad y la paz en nuestro país. Terrorismo es otra cosa. Y, además, no queremos, sobre todo, que, al llamarle de esta manera, eso represente una injerencia en nuestro país, ese es… Por eso, la modificación que hicimos al Artículo 40 de la Constitución, porque no puede ser un pretexto para invasión, injerencia de cualquier país en nuestro país”.
Foto: Departamento de Estado
Injerencia electoral
Otra vertiente de esta estrategia tiene que ver con el injerencismo. Por ello, la caída de Fernando Cerimedo tiene que relacionarse con el Escudo de las Américas. Distintas investigaciones en América Latina y el Caribe dan cuenta de la asesoría de Cerimedo y su círculo cercano a varios países que forman parte del Escudo de las Américas. Son los casos de Argentina, Bolivia, Paraguay, Honduras, El Salvador y Perú, aunque también se extiende hacia México y Brasil –con gobiernos progresistas que enfrentan serios ataques a su democracia por parte de Estados Unidos–. Cerimedo en su momento mencionó que “reventaría” las elecciones de 2027 en México.
Por lo tanto, otro rubro de la estrategia trumpista es el control mediático, para imponer presidentes afines a la geopolítica de dicho país y lograr ampliar el Escudo de las Américas. Sin Cerimedo, sus empresas y su red de poder –que llega hasta Trump–, no se podría explicar el supuesto “viraje a la derecha” de la región.
Según distintas investigaciones periodísticas, Cerimedo aparece no sólo como asesor del presidente de Bolivia, Rodrigo Paz, sino también como principal articulador de los “triunfos” de otros presidentes, como Keiko Fujimori en Perú, Abelardo de la Espriella en Colombia, Javier Milei en Argentina, Nasry Asfura en Honduras. E incluso del excandidato Flávio Bolsonaro en Brasil.
FUENTE: Departamento de Estado, 2026
La defensa de Cerimedo por parte de Estados Unidos llegó al punto del golpe judicial en Bolivia, pues sancionó al fiscal Roger Mariaca por “aceptar sobornos para facilitar el narcotráfico” y le retiró la visa.
Esto es que el Escudo de las Américas es la forma que adquiere la defensa de Estados Unidos de su supuesto “espacio vital”. No es el “patio trasero”, es la primera línea de defensa estratégica del imperialismo yankee en decadencia y, para ello, la protección implica asegurar comercio con tratados bilaterales o sectoriales (minerales, hidrocarburos, materia prima estratégica, manufacturas), ampliar los acuerdos en materia de seguridad como es el caso de los SOFA, combate al narcotráfico como pretexto para la presencia militar permanente y la injerencia electoral.
https://contralinea.com.mx/investigacion/escudo-de-las-americas-estrategia-de-eu-para-el-dominio-total-del-continente/

Lo que sabemos del Fobaproa es muy poco para lo que necesitamos saber como sociedad democrática. Sabemos, vamos a ver: esta deuda privada convertida en pública nos costará a tres generaciones de mexicanos unos ocho billones 400 mil millones de pesos. En dólares serían 400 mil millones. Para cada habitante del país, incluyendo los bebés, 70 mil pesos de ahora. Es una barbaridad. Se terminará de pagar, según un cálculo que hizo hace un mes Andrés Manuel López Obrador, en algún momento de 2055. Que lo seguiremos pagando todavía dentro de 33 años más, hace del tema algo que hay que conocer, sobre todo, en las repercusiones políticas que tuvo, como el supuesto acuerdo que hizo el entonces Presidente Ernesto Zedillo con Bill Clinton de dejar que Vicente Fox y el PAN llegaran a la Presidencia, a cambio de 50 mil millones de dólares, 20 de la Reserva de Estados Unidos, y 30 del Fondo Monetario Internacional. Sin ese desfalco a todos los mexicanos, nadie sabría quién es Vicente Fox.
Pero empecemos por el principio. La llamada crisis del Fobaproa no fue un accidente, ni un fenómeno natural, ni tuvieron la culpa los que pagan sus deudas, es decir, todos los mexicanos. Fue un acto de corrupción elevado a la altura de mecanismo económico, con la complicidad de las autoridades hacendarias y del Banco de México con los financieros y, finalmente, con el voto del PRI y del PAN, que en un inicio mostró algo de dignidad, pero se le esfumó con las promesas de Zedillo.
Los empresarios que lo llevaron a cabo incurrieron en acciones de alto riesgo porque sabían que el Estado mexicano los iba a rescatar. Con nuestro dinero. Con la pobreza y la falta de bienestar para tres generaciones de mexicanos. El Estado había rescatado varias veces a esos mismos empresarios. En 1979 los bancos se nacionalizan para evitar una fuga de capitales orquestada contra López Portillo por las cámaras empresariales. En 1982, con Miguel de la Madrid, esos mismos empresarios y otros que soltaron raudales de dinero para las campañas del PRI pusieron casas de bolsa que también quebraron. El Estado mexicano las rescató en 1987. Salinas reprivatizó los bancos y se los entregó a esos mismos bolseros en 1991. Es decir, a los que se les había ya rescatado, se les vendieron además 18 bancos en menos de 13 meses. ¿Qué podía salir mal? Los nuevos banqueros se prestaron a sí mismos fortunas impagables, le prestaron a sus socios en empresas no financieras, le prestaron a sus familiares y amigos, se autoprestaron. Fue una bacanal de derroche porque sabían que el Estado garantizaba siempre los rescates con dinero de todos.
Así que, en 1994, contaban con esa garantía de tener a Zedillo en la Presidencia y a Guillermo Ortiz en el Banco de México. Ortiz aprobado la venta de los bancos a impresentables como Cabal Peniche, Jorge Lankenau, o Ángel Rodríguez, "El Divino". También trató de minimizar la crisis financiera de 1995, supervisó las capitalizaciones ficticias, instrumentó el Fobaproa y apadrinó la propuesta para que el líder del PAN, un tal Felipe Calderón, ordenara que su bancada, liderada por Carlos Medina Plascencia, votara a favor de socializar las pérdidas de los excesos de los empresarios consentidos del régimen neoliberal. El PRIAN defendió los rescates carreteros, acereros, de fertilizantes aduciendo que eran por el bien de los empleos. Con los rescates de los capitalistas financieros adujo que era por el bien de los ahorradores. Sin embargo, estos perdieron todo y nadie los rescató. Más del 70 por ciento de los rescatados a lo largo del neoliberalismo, eran millonarios. Y hacían cochinadas de todo tipo. Por ejemplo, a Banamex, el Gobierno le vendió un paquete de Tesobonos del Gobierno a un tipo de cambio de 3.9 pesos por dólar por un monto de 300 millones de dólares. Al día siguiente de la operación, la moneda se devaluó 25 por ciento. Es decir, Banamex obtuvo en un día un 25 por ciento de ganancia. Antes de la crisis de 1994, lo que hicieron fue ganar fortunas al pedir prestado en dólares e invertir en pesos. Pero todo se derrumbó con la devaluación entre Salinas y Zedillo. La otra ilegalidad que cometieron fue comprarse acciones de sus empresas con dinero del banco, es decir, de los ahorradores, ganando por partida doble. ¿Qué podía salir mal?
Sus nombres: Roberto Hernández y Alfredo Harp Helú de Banamex; Eugenio Garza Lagüera de Bancomer; Adrián Sada de Serfín; Antonio del Valle y Juan Sánchez Navarro de Banco Internacional; Agustín Legorreta de Comermex; Raymundo Hernández y Carlos Cabal Peniche, dueños de camiones y tractores, Banco Cremi-Unión; Carlos Gómez de Somex; José Madariaga de Banco Mercantil; Ángel Rodríguez "El Divino" de Banpaís; Roberto Alcántara de Bancrecer; Alfonso de Garay del Banco del Atlántico y Rodolfo Esquer Lugo de Banoro; Jorge Lankenau de Confía; y Marcelo Margain de Banco de Oriente. Todos ellos, después de ser rescatados como bolseros y como banqueros luego, acabaron vendiendo a los extranjeros, a España, a Estados Unidos, a Hong Kong. Lo pudieron hacer gracias a nuestros pagos, porque los blanqueamos con el Fobaproa. Como lo explicaron en su momento los profesores de la UAM, Celso Garrido y Christian Leriche. Escriben: “El gobierno adquiría la cartera vencida a los bancos, entregándoles a cambio un pagaré convencimiento inicial para el año 2005 (el llamado "pagaré" Fobaproa), que genera intereses a los bancos y con el que éstos sanean el lado de los activos en la hoja de balance. Estos créditos fueron comprados en general por el Fobaproa en montos que duplicaban el capital fresco aportado por los inversionistas de 105 bancos, y la cartera comprada por el Fobaproa continuaba siendo administrada por los bancos, con la condición de que la recuperación de los valores adeudados se aplicaría para cancelar las obligaciones con el Fobaproa”. Pero esto no fue así. En el momento en que se hizo pública la deuda privada de estos banqueros pillos, ellos se llevaron como ganancia el bono Fobaproa. En ese momento, el Estado mexicano decidió intervenir algunos bancos y encarcelar a los más rapaces, como Lankenau y Cabal Peniche, pero dejó a los mismos banqueros que habían operado el fraude a cargo de sus bancos, como si nada. A los ahorradores de a pie, como usted y yo, se les trató como ladrones, se les miró desde la perspectiva del acreedor, es decir, de los mismos banqueros defraudadores. Se habló de que los mexicanos teníamos una cultura del no-pago, dato que no se sustenta más que en vil clasisimo. Los que no habían pagado nada eran los banqueros y aún resultaron beneficiados. Al primer aniversario de la quiebra de 1994 se anunció que el costo sería de unos 50 mil millones. En el Informe de Zedillo en 1996 ya era de unos 100 mil millones. Un año y medio después, el país pagaba 658 millones ---el 11 por ciento de toda la riqueza producida por el país--- y, de ahí, a los ocho billones 400 millones de este año.
Después de rescatar a los bancos y dejar que los mismos dueños siguieran operándolos, Zedillo y Guillermo Ortiz decidieron que había que rescatar otras empresas que se podían contagiar de la debacle financiera porque estaban en los esquemas de autopréstamos. Ellos eran Claudio X. González Laporte, de Kimberly Clark; Ricardo Salinas de Salinas y Rocha; el inmobiliario Juan Diego Gutiérrez Cortina; el camionero Raymundo Gómez Flores; Jorge Ballesteros de las carreteras; los Vázquez Raña; Fernando Cenderos; los Chedraui; los Sada Zambrano y los Mazón. Pero, también, Alfonso Romo de Grupo Pulsar; Carlos Hank Rhon de Grupo Hermes; Enrique Molina Sobrino del monopolio azucarero Caze; Jorge Martínez Güitrón de Sidek-Situr; David Peñaloza de Tribasa que fue doblemente agraciado con el rescate carretero. De los políticos: Vicente Fox por su deuda de tres millones de dólares resultado de su proverbial ineptitud como empresario agrícola y de zapatos; Roberto Madrazo por los fideicomisos que Cabal Peniche le creó para financiar su campaña en Tabasco en 1994 y que acabó en un fraude contra López Obrador. Otros políticos implicados, como Fox, fueron Fernando Canales Clariond del PAN; Eduardo Bours del PRI; Alfredo Miguel Afif que financió la precampaña de Labastida contra Fox. En la debacle, además quebraron Aeroméxico, Mexicana, y TAESA.
Son 745 deudores que acabaron hasta beneficiados por todos nosotros. A ellos se refirió hace unas mañanas la Presidenta Claudia, cuando pidió transparentar algo que, en cualquier país democrático, debería de ser público: ¿a quién y cuánto les hemos pagado su vida? Tenemos derecho a saber, también, a cambio de qué favores los funcionarios como Guillermo Ortiz, Ernesto Zedillo y Martín Werner Wainfeld, el subsecretario de Ortiz, y José Ángel Gurría impusieron el Fobaproa. Tenemos que saber por qué Felipe Calderón cambió de opinión de no votarlo y por qué ningún panista se opuso.
En su libro sobre el Fobaproa, Expediente abierto, Andrés Manuel, entonces presidente del PRD, reproduce una carta que le escribió a Felipe Calderón, del PAN. Vale la pena reproducirla aquí. Escribe AMLO: “Veo con honda preocupación el hecho de que su partido haya decidido aliarse con el Gobierno federal haciendo suya la mascarada oficial para endosar a los mexicanos el costo del Fobaproa. Al parecer el PAN ya se olvidó de que la adquisición de deuda por el Fobaproa fue un acto que viola flagrantemente la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Al parecer ya también se olvidó que dentro del Fopbaproa están las pruebas de las complicidades de funcionarios públicos con banqueros y empresarios priviulegiados por el salinismo y el zedillismo. También ya se olvidó que en ese Fondo están los dineros que el PRI utilizó en 1994 para ganar ilegítimamente la Presidencia de la República y la mayoría en el Congreso".
“Nosotros no hemos olvidado. Esa es la razón por la que no participamos ni particparemos con el Gobierno ni con ustedes en avalar este atraco al pueblo mexicano”.
Para los jóvenes: imaginen un país que es uno antes y otro después. Con el Fobaproa perdieron sus propiedades un 20 por ciento de las familias de clase media, entre departamentos y automóviles. Con el Fobaproa dejaron de consumir carne, comprar vestido y zapatos, un porcentaje grande de una clase media que casi desapareció con Zedillo. Entre 1994 y 1996, 17 millones de personas fueron arrojados por estos banqueros y su gobierno tapete a la pobreza. Son 17 millones de nuevos pobres. Y son 18 millones en pobreza extrema, es decir, los que no podían pagar la canasta básica de comida pasaron de 47 millones de mexicanos a 64 millones. Por el Fobaproa, la pobreza, alimentaria y patrimonial, llega a casi el 70 por ciento de los mexicanos. Hasta el 2002 el país recuperó el nivel de pobreza de antes de 1994.
Cuando hablamos del Fobaproa no estamos hablando del pasado, de una crisis de 1994 que facilitó la formación del PRIAN, que eliminó a la clase media, que extranjerizó la banca mexicana, que nos dejó sin aerolíneas nacionales. No. Estamos hablando del futuro porque es algo al que le faltan todavía treinta años para saldar. Es ya hora de que vayamos al Fobaproa para saber lo que tenemos derecho a saber.
Puntos y Contrapuntos
"Será muy difícil que esta mayoría de los pobres, los desvalidos, los discriminados, los abandonados, deje de respaldar al Gobierno de la Cuarta Transformación".

Ellos son callados, silenciosos, sin prisas y serán los primeros que estarán en las urnas en los comicios del domingo 6 de junio del 2027 para depositar sus votos. Llegarán por sus propios medios o apoyados en sus hijos o nietos. Son el ejército de Claudia Sheinbaum Pardo que respalda al Gobierno de la Cuarta Transformación y que lo llevará al triunfo para darle a la Presidenta de la República la mayoría en la Cámara de Diputados de la federación y en gran parte de los congresos de los estados en los cuales se renovarán los poderes legislativos.
La Lista Nominal de Electores, actualizada por el Instituto Nacional Electoral con corte al jueves 29 de octubre del 2026, incluye poco más de 101 millones de personas con credencial de elector vigente y refleja un dato muy significativo e impresionante, que no se había observado en los últimos ocho años: por mucho, las personas de 60 años y mayores, ya representan el segmento más importante de quienes podrán acudir a las urnas en los comicios del primer domingo de junio del 2027, pues superan los 20 millones de ciudadanos.
Habría que recordar que el voto de las personas de la tercera edad fue el que logró las calificaciones más relevantes en las pasadas elecciones del domingo 2 de junio del 2024: el segmento de ciudadanos de entre los 60 y los 74 años tuvo una participación promedio del 75 por ciento, por encima del 72 por ciento registrado en el 2018. Los datos duros muestran que en los comicios del 2018 los adultos mayores representaron el 16.55 por ciento de la Lista Nominal de Electores y en octubre del 2026 ya son el 20.65 por ciento.
El Estudio Muestral de Participación Ciudadana en el Proceso Electoral Concurrente 2023-2024, que la Comisión de Organización Electoral del Instituto Nacional Electoral publicó el lunes 9 de diciembre del 2024, nos permite observar un crecimiento de más de 4 millones de ciudadanos en el segmento de los adultos mayores, con respecto al 2018, en la Lista Nominal de Electores con corte al jueves 29 de octubre del 2026.
En enero de 2018, cuando Andrés Manuel López Obrador llegó a la Presidencia de la República, la lista Nominal de Electores incluía a más de 87 millones de personas y había poco más de 14.5 millones de ciudadanos de la tercera edad con credencial para votar. En octubre del 2026 ese segmento ya suma más de 20.6 millones de personas. Esta es una muy mala noticia para la oposición de todos los signos y colores, pues los adultos mayores tienen una particular predilección por el partido Morena, desde que López Obrador asumió el compromiso de que en su gobierno se atendería preferentemente a los más pobres, con las pensiones del bienestar.
El estudio sobre la participación ciudadana en los comicios del 2024, cuando la Lista Nominal de Electores incluyó poco más de 98 millones de personas, también concluye que hubo una caida sensible en la presencia del voto joven entre 2018 y 2024. Los muchachos que votaron por primera ocasión en el 2018 representaron el 64.7 por ciento, mientras que en 2024 ese porcentaje bajó al 61.6 por ciento. También es importante observar que los niveles de abstencionismo aumentaron en los segmentos de votantes de entre 20 y 29 años de edad, pues sólo concurrió a las urnas el 48 por ciento de los ciudadanos inscritos en la Lista Nominal de Electores.
Estos dos segmentos de edad, entre los 20 y los 24 años, y entre los 25 y los 29 años son los más numerosos después de los adultos mayores. En 2018 representaban, juntos, el 24.86 por ciento de los votos, contra el 22.26 por ciento que suman en 2026. Esta potencial fuerza electoral no es determinante en las urnas, pues en tanto que los adultos mayores se hacen presentes en las votaciones con una participación del 75 por ciento, sólo el 48 por ciento de los jóvenes acude a sufragar.
También hay que tener presente que en las elecciones del 2024 las mujeres tuvieron una participación más alta que los hombres, con un 64.3 por ciento, cifra mayor en 9.5 puntos porcentuales a la presencia de los varones en las urnas que fue del 54.8 por ciento. En la actual Lista Nominal de Electores el 52.03 por ciento son mujeres y el 47.96 por ciento son hombres. Hay un cuatro por ciento más de mujeres que podrían acudir a votar el año próximo.
El tercer segmento de edad más numeroso, entre los votantes potenciales, rumbo a los comicios de junio del 2027, es el de las personas que tienen entre 30 y 34 años de edad, que en el 2018 sumaban 9.5 millones de ciudadanos y en octubre del 2026 son más de 10.7 millones con credencial para sufragar. Sin embargo, el Estudio Muestral de Participación Ciudadana 2024 del INE revela que entre los comicios del 2018 y los del 2024, este segmento de edad tuvo una caída en su promedio de participación electoral del 58.1 por ciento al 52.1 por ciento.
En las últimas cuatro décadas, desde la administración priista de Miguel de la Madrid Hurtado hasta la de Claudia Sheinbaum Pardo, ningún gobierno había destinado tantos recursos a las pensiones del bienestar, en beneficio de los más necesitados, que al cierre del 2026 estarán impactando en forma directa a más de 42.8 millones de personas en todo el país, según estimación de la Secretaría del Bienestar ponderada el 23 de octubre de 2026.
Hasta el cierre de octubre, el Padrón Único de Beneficiarios de los programas del bienestar incluía a 13.8 millones de personas que reciben la Pensión para Personas Adultas Mayores. Otro programa con amplia cobertura es la Beca Rita Cetina, que según reporte de la Secretaría de Educación del 11 de octubre del 2026, atiende a 14.9 millones de niños de educación preescolar, primaria y secundaria.
Agregue usted que la Beca Benito Juárez, de apoyo a estudiantes de Educación Media Superior respalda a 3.9 millones de muchachos; la pensión Mujeres Bienestar suma 2.8 millones de personas, además de programas de menor registro como Sembrando Vida, La Escuela es Nuestra, Salud Casa por Casa, Jóvenes Escribiendo el Futuro, Pensión para Personas con Discapacidad Permanente, así como los diversas iniciativas de apoyo a niños en orfandad, a trabajadores del campo y a pescadores.
Después de décadas de abandono, de administraciones que nunca se preocuparon por ellos, será muy difícil que esta mayoría de los pobres, los desvalidos, los discriminados, los abandonados, deje de respaldar al Gobierno de la Cuarta Transformación que les destinó en 2026 un billón de pesos (un millón de millones pesos), presupuesto igual que fue aprobado en el gasto federal del 2027 por la Cámara de Diputados de la federación, el pasado martes 10 de noviembre del 2026.
La relevancia que tienen los programas de apoyo para el bienestar de la gente, en el actual gobierno federal, se refleja en el hecho concreto de que durante 2027, representará el 10 por ciento de todo el Presupuesto de Egresos de la Federación, que suma 10 billones de pesos, es decir, 10 millones de millones de pesos. Todo esto motivará que en los primeros lugares de las filas de votantes en junio del 2027 estarán las personas de la tercera edad.

Comencemos por la dimensión presupuestaria. En México, el sistema político-electoral cuenta con estructuras institucionales sumamente costosas cuyo financiamiento público se incrementa año con año. Este entramado incluye al Instituto Nacional Electoral (INE), a los Organismos Públicos Locales Electorales (OPLE) de cada entidad federativa y a los tribunales electorales, además de la asignación monetaria a los partidos políticos. En conjunto, el presupuesto supera los 50 mil millones de pesos, una cifra que varía según los periodos electorales.
Precisamente, la falta de rigor en esa fiscalización evidencia escandalosos mecanismos de opacidad. Debido a una supervisión deficiente e insuficiente, el INE también ha tolerado y solapado el uso discrecional de recursos e incluso la malversación de fondos por parte de partidos políticos. Un sistema viciado tiende a volverse permisivo y, ante la impunidad, las prácticas corruptas proliferan.
Los recientemente expuestos esquemas de corrupción con que han operado los organismos electorales en el manejo de sus presupuestos, también muestran por qué las anomalías financieras en tiempos de campaña, o la malversación de recursos por parte de los partidos, quedan reducidos a simples anécdotas mediáticas, sin castigo alguno ni aplicación de la Ley. Como muestra de esa impunidad, se pueden citar el caso Monex o los sobornos de Odebrecht que financiaron también la campaña de Peña Nieto, entre tantos otros escándalos que quedaron sólo en lo mediático.
La gravedad de lo que ha quedado expuesto a partir del escándalo que involucra a Guadalupe Taddei y sus subordinados radica también en que los mecanismos de corrupción de funcionarios y contratistas que históricamente ha arrastrado el país, degradó también las instituciones electorales. En ellas, diversos funcionarios públicos se aprovecharon tanto de los cuantiosos recursos asignados como de la autonomía y las amplias atribuciones con las que se dotó al organismo. De este modo, utilizaron el argumento de que “la democracia tiene un costo” para encubrir sus corruptelas, disfrazando el hecho de que una parte significativa de ese presupuesto se desvía en redes de complicidad entre funcionarios contratantes y proveedores corruptos.
Cuando un contratista gubernamental recurre al soborno de quienes le contratan –ya sea mediante dinero, regalos, viajes o prebendas–, suele incluir de forma sistemática el costo de esos cochupos dentro del cobro del contrato. Esto deriva en contratos con precios inflados y sobreprecios operativos, provocando que, al final, sea el propio erario el que termine costeando el soborno. Este tipo de prácticas convirtieron tanto al INE como a los OPLE en una mina de oro para redes delictivas de contratistas y funcionarios corruptos.
Los órganos electorales no quedaron exentos del saqueo de recursos públicos que históricamente ha lacerado al país, una situación fomentada también por la tardía e ineficaz acción de las autoridades fiscalizadoras. Sólo así se explica el que se mantuviera en el padrón de contratistas a un grupo como el de los Hernández Casillas, el cual ya contaba con graves antecedentes de corrupción en el ámbito de los órganos electorales.
Actualmente, el INE y sus funcionarios, exfuncionarios y contratistas se encuentran bajo auditorías e investigaciones judiciales. El jurídico del INE, ya con un Consejo encabezado por la consejera provisional Blanca Cruz García, presentó seis denuncias formales ante la Fiscalía General de la República (FGR) por presuntas irregularidades en el ejercicio de recursos públicos. La FGR abrió carpetas de investigación por delitos de cohecho, uso ilícito de atribuciones y facultades, tráfico de influencias, peculado, lavado de dinero, asociación delictuosa.
A la par, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) realiza revisiones amplias que abarcarán las contrataciones y el manejo de recursos en el INE a partir del año 2000. Esta fiscalización, que abarca más de dos décadas de multimillonarias asignaciones presupuestales, también se extenderá a las contrataciones hechas por los OPLE, tras identificarse una notable concentración de proveedores y prácticas ilegales en el gasto público.
Desde su primera etapa, estas auditorías perfilan graves actos de corrupción. La ASF detalló que desarrolla sus indagatorias con la colaboración directa de informantes que buscan acogerse al “Programa de Reducción de Sanciones para Informantes en Investigaciones”.
Con esos testimonios, sumados a la recopilación de documentos, fotografías, videos, registros financieros, ubicaciones, mensajes de WhatsApp, la ASF ha documentado indicios de cómo “los beneficiarios finales de diversas empresas habrían intervenido en la selección de proveedores y en la definición de requisitos técnicos para favorecer a sus propios intereses”, en esquemas que habrían “operado las irregularidades en contrataciones públicas de organismos electorales durante varios años”.
Asimismo, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) incluyó en la Lista de Personas Bloqueadas a 25 personas físicas y 15 empresas proveedoras. Esta medida cautelar cobra especial relevancia debido a que los implicados cuyas cuentas están congeladas no podrán recurrir a la artimaña antaño utilizada de buscar ampararse frente a esas disposiciones.
Es necesaria y urgente la ampliación de las auditorías que realiza la ASF, ya que el esquema de corrupción alcanza a los OPLE. Muestra de ellos son las revisiones del Órgano Interno de Control al gasto operativo en algunas de las instalaciones en varias entidades donde se han identificado también múltiples irregularidades en el manejo del presupuesto para el gasto corriente. Estas anomalías abarcan desde duplicidad de funciones en oficinas estatales, graves deficiencias en contratos de arrendamiento, también en gastos de contratación de servicios de vigilancia y hasta en la contratación de servicios de limpieza, en los que se detectaron irregularidades en la comprobación del gasto, personal sin registro ante el IMSS, e incluso proveedores con datos fiscales inexistentes. También contratos “fantasma”, de corta duración mediante un mecanismo exprés diseñado específicamente para desviar recursos públicos.
La evidencia de actos delictivos en el manejo de recursos arraigados tanto en el INE como en los OPLE desde hace años, exige una indagatoria de la mayor profundidad. Este escenario requiere de procesos rigurosos, la aplicación estricta de la Ley y sanciones ejemplares.
Principalmente, resulta indispensable que, derivado de las investigaciones y una vez que se determine las responsabilidad, que se proceda con la incautación de los recursos y activos que funcionarios, exfuncionarios y proveedores acumularon ilegalmente a costa del erario. El marco jurídico actual contempla esta posibilidad; sólo desmantelando financieramente a los involucrados se logrará inhibir la reincidencia. Limpiar a fondo el entramado de ilegalidades en las instituciones electorales es una acción imperiosa para comenzar a recuperar la credibilidad ciudadana.
¿Qué tan profundas son las redes de corrupción y complicidad en las instituciones electorales? Determinar su verdadera dimensión es una tarea que las auditorías en curso tendrán que puntualizar. Por ahora, el escándalo de corrupción que involucra a Guadalupe Taddei, a sus subalternos cómplices y los contratistas ha provocado un enorme daño a la imagen del INE, lo que exige una respuesta pronta y contundente por parte de las autoridades encargadas de las investigaciones.