9/05/2026

Mujeres migran para huir de la violencia, pero encuentran nuevos riesgos en México: Redodem

 

Las mujeres que se ven obligadas a migrar no lo hacen únicamente en busca de mejores condiciones económicas. La violencia, las amenazas, la extorsión, la persecución y las dificultades para acceder a servicios básicos también las expulsan de sus lugares de origen y, una vez en tránsito por México, las colocan frente a nuevas situaciones de riesgo y desprotección.

Así lo documenta el informe “Migrar en la sombra: La transformación de la crisis de protección en México durante 2025”, elaborado por la Red de Documentación de las Organizaciones Defensoras de Migrantes (Redodem), a partir de los registros de 19 organizaciones y albergues que acompañan a personas en movilidad humana forzada.

Durante 2025, la Redodem registró 9 mil 628 ingresos de personas a sus espacios de atención, una disminución de 74 por ciento respecto de 2024 y de 82 por ciento frente a 2023. Sin embargo, la organización advierte que esta reducción no puede interpretarse como una disminución equivalente de la movilidad forzada.

El informe señala que las políticas de contención, los mayores riesgos de detención, las restricciones para acceder a mecanismos de protección y la transformación de las rutas han provocado que parte de la movilidad ocurra en espacios menos visibles y, por tanto, con menores posibilidades de acceder a protección humanitaria.

Mujeres: entre la violencia y la precariedad

Dentro de los registros de 2025, 2 mil 163 correspondieron a mujeres, equivalentes a 22.5 por ciento del total. La proporción disminuyó respecto de 2024, cuando representaban 31.7 por ciento.

No obstante, la Redodem llama a no leer esta caída como una reducción real de la presencia de mujeres en movilidad. El propio informe plantea que las nuevas condiciones de tránsito, la contención migratoria y la precarización pueden estar afectando de manera diferenciada sus trayectorias y dificultando su llegada a espacios seguros.

Del total de mujeres registradas, 73 por ciento fueron adultas y 27 por ciento niñas y adolescentes. Los grupos de edad con mayor presencia fueron los de 3 a 11 años y de 21 a 39 años, lo que implica necesidades diferenciadas de cuidado, salud, educación, acompañamiento y seguridad.

Un dato revela la dimensión de los riesgos: 8 por ciento de las mujeres que respondieron sobre su situación de seguridad manifestó que su vida corría peligro al momento del registro, frente a 1 por ciento de los hombres.

Casi la mitad de los motivos de salida de las mujeres están vinculados con violencia

Los registros de la Redodem muestran que las causas por las que las mujeres abandonan sus lugares de origen están atravesadas tanto por factores económicos como por distintas expresiones de violencia.

En 2025, 49 por ciento de los motivos reportados por mujeres fueron socioeconómicos y 48 por ciento estuvieron relacionados con violencia. La organización aclara que una misma persona podía señalar más de una razón, por lo que estos porcentajes corresponden a los motivos reportados y no al porcentaje de mujeres.

Entre las razones económicas aparecen la búsqueda de empleos mejor remunerados, el empleo mal remunerado y el desempleo. También fueron señaladas necesidades relacionadas con el acceso a servicios educativos y médicos.

En cuanto a la violencia, 17 por ciento de los motivos correspondió a intimidaciones o amenazas; 9 por ciento a extorsión o cobro de cuota; 8 por ciento a persecución política y otro 8 por ciento a miedo por violencia generalizada.

Aunque en menor proporción, los registros también identificaron violencia física, violencia doméstica y agresiones o violencia sexual, cada una con 2 por ciento de los motivos reportados.

Para la Redodem, estos datos muestran que las trayectorias de las mujeres no pueden explicarse desde una perspectiva exclusivamente económica. La violencia y la precarización laboral se entrelazan con las responsabilidades de cuidado, la reunificación familiar y las dificultades para acceder a servicios básicos.

En ese sentido, migrar puede convertirse en una estrategia de protección y supervivencia frente a contextos que ponen en riesgo la vida, la integridad y la seguridad.

La violencia no termina al salir del lugar de origen

El tránsito por México tampoco representa necesariamente el acceso a un espacio seguro.

Durante 2025, la Redodem documentó 11 reportes de violencia contra mujeres, principalmente en Guanajuato e Hidalgo. Los casos incluyeron agresiones físicas y verbales, amenazas, asaltos, robos y desplazamiento forzado.

Los testimonios recogidos por la organización revelan, además, situaciones de mayor complejidad: violencia familiar y sexual, privación ilegal de la libertad, extorsión, robo con violencia y posibles abusos por parte de autoridades.

Uno de los casos documentados corresponde a una mujer que señaló haber huido de un contexto reiterado de violencia familiar y sexual ejercida por su pareja. Otro refiere a una mujer que fue agredida físicamente en la vía pública, privada de su libertad, trasladada por la fuerza y despojada de sus pertenencias.

También se registraron casos de mujeres que denunciaron retención de documentos por parte de autoridades, así como situaciones en las que fueron engañadas, encerradas contra su voluntad y obligadas a realizar pagos para recuperar su libertad.

La Redodem advierte, sin embargo, que estos 11 reportes no permiten establecer tendencias generales debido a su reducido número. Su relevancia está en mostrar que las mujeres continúan enfrentando violencias graves tanto en sus lugares de origen como durante su tránsito y que las categorías de registro no siempre alcanzan a reflejar la complejidad de esas experiencias.

Viajar sola también se vuelve una tendencia

Otro cambio relevante identificado por el informe está relacionado con la forma en que las mujeres realizan sus trayectos.

Mientras que durante 2023 y 2024 alrededor de 80 por ciento de las mujeres registradas viajaba con su familia, en 2025 esta proporción descendió a 60 por ciento. Al mismo tiempo, aumentó de manera significativa el porcentaje de mujeres que viajaban solas: pasó de 10 por ciento en 2023 y 2024 a 32 por ciento en 2025.

Este cambio resulta relevante desde una perspectiva de género porque ocurre en un contexto en el que las rutas se han vuelto más fragmentadas y las personas enfrentan mayores obstáculos para acceder a espacios de protección.

La Redodem señala que las caravanas que se formaron durante 2025 en el sur del país también estuvieron relacionadas con la necesidad de reducir las violencias asociadas con viajar en soledad, además de las restricciones al transporte, los retrasos en procesos de asilo o regularización y la falta de condiciones para la integración sociolaboral.

Niñas y adolescentes también están en movilidad

La dimensión de género también alcanza a niñas y adolescentes. En 2025, la Redodem registró mil 348 ingresos de niñas, niños y adolescentes de entre 0 y 17 años, equivalentes a 14 por ciento del total.

De ese grupo, 44 por ciento correspondió a niñas. Además, 39 por ciento de los registros correspondió a niñas y niños de entre 0 y 5 años, 34 por ciento a quienes tenían entre 6 y 11 años y 26 por ciento a adolescentes de 12 a 17 años.

La Redodem señala que su presencia implica necesidades específicas de protección, alimentación, salud, atención psicosocial, educación, prevención de la separación familiar y alojamiento seguro.

Una crisis que se vuelve menos visible

Para la Redodem, el principal cambio de 2025 no fue solamente la reducción de los registros, sino la transformación de las condiciones en las que las personas pueden ejercer su derecho a la protección.

La organización sostiene que la contención migratoria no opera únicamente mediante detenciones, retenes, traslados, deportaciones o restricciones administrativas. También produce miedo, aislamiento, precariedad, separación familiar, alejamiento de redes de apoyo y exposición a violencias criminales y culturales, provocando que la movilidad ocurra de manera menos visible y en condiciones más riesgosas.

Desde esta perspectiva, las mujeres enfrentan una doble dimensión de vulnerabilidad: pueden abandonar sus lugares de origen para escapar de violencias y, al mismo tiempo, encontrarse durante el tránsito con nuevas agresiones, obstáculos institucionales y dificultades para acceder a mecanismos efectivos de protección.

Por ello, la Redodem plantea la necesidad de abandonar un modelo de gestión migratoria basado en la seguridad y la disuasión para avanzar hacia una política centrada en la protección y los derechos humanos.

El informe concluye que la disminución de registros no constituye evidencia suficiente para afirmar que la movilidad humana forzada haya disminuido en la misma proporción. Por el contrario, refleja las crecientes dificultades para acceder a espacios de protección, atención humanitaria y documentación.

Segob atiende a Alma Rosa Rojo tras ataque; organizaciones exigen protección para buscadoras

 

La Secretaría de Gobernación (Segob) informó que brinda atención y acompañamiento a Alma Rosa Rojo Medina, fundadora del colectivo de búsqueda Voces Unidas por la Vida, y a su familia, luego del ataque a balazos que sufrió junto con una de sus hijas el pasado 29 de agosto en Culiacán, Sinaloa.

A través de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV), personal de la dependencia acudió al hospital donde permanecen las mujeres para conocer su estado de salud, atender sus necesidades y dar seguimiento al caso.

La titular de la CEAV, Martha Yuriria Rodríguez, también sostuvo una llamada telefónica con Alma Rosa Rojo para expresarle solidaridad y respaldo institucional. Segob señaló que continuará coordinándose con las autoridades competentes para mantener la atención a la buscadora y sus familiares.

Ataque contra Alma Rosa Rojo ocurrió en Culiacán

La agresión ocurrió la tarde del sábado 29 de agosto, cuando Alma Rosa Rojo viajaba en un vehículo junto con una de sus hijas, también integrante de un colectivo de búsqueda.

Sujetos armados dispararon contra el automóvil en la colonia Estela Ortiz de Toledo, al sur de Culiacán. Ambas mujeres resultaron heridas y fueron trasladadas a un hospital, donde permanecen bajo resguardo.

La Fiscalía General del Estado de Sinaloa abrió una carpeta de investigación por feminicidio en grado de tentativa y mantiene entre sus líneas de investigación la posibilidad de que el ataque esté relacionado con la labor de búsqueda realizada por Alma Rosa Rojo.

Rojo Medina busca desde 2009 a su hermano, Miguel Ángel Rojo Medina, quien desapareció en Sinaloa. A partir de entonces se incorporó a las labores de búsqueda y se convirtió en una de las mujeres que han encabezado la exigencia de verdad y justicia para las familias de personas desaparecidas en la entidad.

Amnistía Internacional exige reconocer y proteger a las buscadoras

El ataque contra Alma Rosa Rojo ocurre en el marco del Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas, conmemorado el 30 de agosto, y vuelve a colocar en el centro la situación de riesgo que enfrentan las mujeres que buscan a sus familiares.

Amnistía Internacional ha advertido que las mujeres buscadoras realizan una labor de alto riesgo y ha llamado al Estado mexicano a reconocerlas como defensoras de derechos humanos, además de garantizar que puedan acceder al Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas.

La organización también ha documentado que las mujeres han asumido buena parte de las labores de búsqueda ante las omisiones y deficiencias institucionales para localizar a las personas desaparecidas.

En su pronunciamiento sobre el ataque contra Alma Rosa Rojo, Amnistía Internacional llamó a las autoridades a garantizar su protección, investigar los hechos y considerar su labor de búsqueda dentro de las líneas de investigación.

La exigencia resulta particularmente relevante frente a un contexto en el que, de acuerdo con información recuperada por la propia organización, al menos 45 personas buscadoras han sido asesinadas o desaparecidas desde 2010. Amnistía Internacional lamenta profundamente los ataques contra Alma Rosa Rojo, fundadora del colectivo de madres buscadoras Voces Unidas por la Vida, y su hija, ocurridos en Culiacán, Sinaloa. El primero ocurrió en 2014 y el más reciente, el pasado 29 de agosto.

Buscar a una persona desaparecida también pone en riesgo a las mujeres

Amnistía Internacional documentó en su informe Desaparecer otra vez: violencias y afectaciones que enfrentan las mujeres buscadoras en México que 97 por ciento de las mujeres consultadas afirmó haber enfrentado algún tipo de violencia o afectación relacionada con su labor de búsqueda.

La investigación, basada en la experiencia de más de 600 mujeres, identificó un patrón de violencias que incluye amenazas, ataques, desplazamiento forzado, violencia institucional y otras agresiones. El informe señala además que la búsqueda de personas desaparecidas se desarrolla en un contexto de discriminación estructural contra las mujeres.

Por ello, el caso de Alma Rosa Rojo no sólo plantea la necesidad de esclarecer quiénes dispararon contra ella y su hija. También vuelve a poner sobre la mesa la responsabilidad del Estado de garantizar que las mujeres puedan buscar a sus familiares desaparecidos sin poner en riesgo su vida.

La atención anunciada por Segob representa un primer paso para acompañar a las víctimas; sin embargo, colectivos y organizaciones de derechos humanos mantienen la exigencia de que la protección sea efectiva, que se investigue el ataque con perspectiva de género y que se determine si su labor como buscadora fue un motivo de la agresión.

Cubrir Presidencia con perspectiva de género: el reto de preguntar al poder

 

En el marco del Segundo Informe de Gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum, que se presenta este 1 de septiembre, la cobertura de la Presidencia también abre una oportunidad para reflexionar sobre cómo se ejerce el periodismo frente al poder y qué lugar ocupan los temas de género en la agenda nacional.

Cubrir la Presidencia de México implica estar frente a una de las fuentes más relevantes y demandantes del periodismo. También significa participar de manera cotidiana en un espacio donde se define buena parte de la agenda pública y donde las preguntas de las y los periodistas pueden contribuir a colocar determinados problemas en el debate nacional.

Para la periodista Karina Vargas, quien cubre la fuente presidencial para Reporte Índigo, ejercer este trabajo desde una perspectiva de género supone un desafío constante: implica identificar aquellos temas que suelen quedar relegados, cuestionar las decisiones del poder y, al mismo tiempo, enfrentarse a una dinámica periodística que continúa marcada por una visión masculinizada.

A casi dos años del inicio del gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, Vargas reconoce que su propia mirada sobre la cobertura presidencial ha evolucionado.

“Primero creo que inicié esta etapa con la emoción y la incertidumbre de qué podría esperarse de bueno de todo lo que se esperaba de la primera mujer mandataria de México”, relata.

Con el paso de los meses, explica, esa expectativa se transformó en un conocimiento más profundo sobre cómo se ejerce el poder y sobre los límites que existen para que las políticas dirigidas a las mujeres se traduzcan efectivamente en acciones en todo el país.

La llegada de una mujer a la Presidencia no transforma por sí sola el poder

Para Vargas, uno de los aprendizajes de estos primeros meses de gobierno ha sido observar que la presencia de una mujer al frente del Ejecutivo federal no significa, por sí misma, que todas las estructuras del poder se transformen.

La periodista destaca que durante el gobierno de Claudia Sheinbaum se han impulsado iniciativas relevantes en materia de igualdad sustantiva, igualdad salarial, feminicidio y abuso sexual. Sin embargo, advierte que uno de los principales retos está en lograr que estas políticas se implementen de manera efectiva en los estados y municipios.

“Hay algunas desilusiones de esto que se espera de una primera mujer mandataria, no por la presidenta en sí, sino por todos los candados y por toda la política que hay alrededor, como los otros poderes o como los gobiernos estatales y municipales”, señala.

Esta situación, agrega, puede resultar frustrante cuando una política o una reforma que podría representar un avance para las mujeres no se aplica de la misma manera en todo el territorio nacional.

La experiencia de cubrir la Presidencia, por ello, también le ha permitido observar la distancia que puede existir entre una decisión tomada desde el ámbito federal y su aplicación cotidiana.

Karina Vargas, cubre la agenda presidencial desde que comenzó Claudia Sheinbaum como presidenta.

Una agenda de género que todavía disputa espacio

Las conferencias matutinas de la Presidencia representan uno de los principales espacios para cuestionar al Ejecutivo y colocar asuntos en la agenda pública. Sin embargo, Vargas considera que todavía existe una deuda con diversos problemas que afectan de manera particular a las mujeres.

Entre ellos identifica la violencia, los problemas de salud, la seguridad y el acceso a servicios, pero también asuntos como el aborto y la interrupción legal del embarazo.

Aunque la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) se ha pronunciado sobre la despenalización del aborto, explica, todavía existen congresos estatales que tienen pendientes relacionados con el cumplimiento de estas determinaciones.

“Creo que ese es uno de los temas, pero eso es uno de varios en cuestión de salud y de seguridad”, plantea.

Para la periodista, estos asuntos deberían tener mayor presencia tanto en la agenda presidencial como en la agenda de los medios de comunicación.

También menciona como temas que requieren atención el matrimonio infantil y los embarazos infantiles derivados de estas uniones.

Preguntar al poder también es disputar la agenda

Incorporar la perspectiva de género al periodismo no significa únicamente cubrir temas relacionados con mujeres. Para Vargas, implica también cuestionar desde qué mirada se construyen las agendas y qué problemas son considerados prioritarios.

El desafío aumenta en un país donde, señala, la prensa continúa siendo un espacio masculinizado y en el que algunos temas relevantes pueden quedar relegados al momento de formular las preguntas al poder.

“Ha sido un desafío muy interesante y a la vez bueno, al poder lograr poner en la mesa algunos temas como este problema que aún existe en México, como es el matrimonio infantil, los embarazos infantiles que derivan de ellos”, explica.

La perspectiva de género, añade, debe formar parte de la preparación de quienes cubren las fuentes de poder, precisamente para evitar que determinadas problemáticas sean invisibilizadas o consideradas secundarias.

La misoginia también está presente frente a la primera presidenta

La llegada de una mujer a la Presidencia tampoco ha eliminado las expresiones de misoginia dentro de las propias conferencias de prensa.

Vargas recuerda que en ese espacio ha observado comentarios y actitudes que evidencian la falta de perspectiva de género de algunos integrantes de la prensa. Entre ellos menciona el uso de expresiones como “señora” para referirse a funcionarias o intentos de colocar sobre la mesa discursos que responsabilizan a las mujeres de las violencias que enfrentan.

“Es ir contracorriente en otro espacio, no solamente en las redacciones o en la vida cotidiana, sino también ahí en donde la máxima autoridad es una mujer y pues también se viven ahí algunos actos de misoginia”, afirma.

La situación evidencia que la transformación de las estructuras de poder no depende únicamente de quién ocupa la Presidencia, sino también de las prácticas de quienes cubren, cuestionan y narran ese ejercicio del poder.

Más periodistas mujeres, pero también con perspectiva de género

Para Vargas, es fundamental que haya más periodistas mujeres cubriendo los espacios de poder, particularmente la conferencia presidencial. Pero considera que la representación por sí sola no es suficiente.

También es necesario que quienes ejercen el periodismo cuenten con preparación e interés en los temas de género.

“Es bien valioso también la mirada que nosotras tenemos”, señala, aunque reconoce que esa mirada se va construyendo y puliendo mediante el ejercicio cotidiano de la profesión.

La periodista también cuestiona que en las conferencias presidenciales exista una presencia creciente de creadores y creadoras de contenido en lugar de periodistas, pues considera que esto puede modificar la manera en que circula la información y cómo se cuestiona al poder.

Por ello, plantea la necesidad de garantizar la participación de las periodistas y generar condiciones para que puedan ejercer su trabajo en igualdad.

“Se habla de igualdad, se habla de piso parejo, pero pues no siempre las periodistas que acudimos podemos tomar la palabra para hacer cuestionamientos”, explica.

Defender la perspectiva de género desde el periodismo

Para las jóvenes que comienzan su formación en periodismo o comunicación y que buscan incorporar una perspectiva de género a su trabajo, Vargas tiene un mensaje: no abandonar ese camino pese a las dificultades.

“Que no cesen en su intento por contribuir al periodismo con perspectiva de género”, expresa.

Reconoce que muchas periodistas han abierto camino antes y que las nuevas generaciones continúan trabajando para conservar y ampliar esos espacios. Sin embargo, considera que todavía falta mucho por hacer.

La preparación, señala, es una herramienta fundamental para sostener esa apuesta periodística: conocer los temas, contar con argumentos y datos para defenderlos y mantener la capacidad de cuestionar al poder.

“Va a haber trabas en el camino, sin dudas, pero mientras seamos más, pues va a haber mayor presión para que nos permitan abordar estas problemáticas”, sostiene.

Para Vargas, hablar de perspectiva de género en el periodismo no significa atender asuntos que únicamente afectan a las mujeres. Se trata de visibilizar problemáticas que tienen consecuencias para toda la sociedad y de ampliar las preguntas que se hacen frente al poder.

Eutanasia en CDMX: autonomía corporal y cuidados entran al debate

 

La Ciudad de México abrió nuevamente la discusión sobre la eutanasia. La jefa de Gobierno, Clara Brugada Molina, anunció que su administración buscará construir una ruta para analizar la posibilidad de legalizarla y señaló que, de acuerdo con una encuesta realizada por su gobierno, 86 por ciento de las personas consultadas está a favor.

El anuncio ocurre días después de la primera marcha en la capital protagonizada por pacientes con enfermedades incurables, familiares y activistas, quienes exigieron avanzar hacia el reconocimiento del derecho a decidir sobre el final de la vida.

Brugada sostuvo que se trata de un tema que requiere una discusión amplia, con la participación de especialistas, pacientes, familias y otros sectores involucrados. La mandataria planteó que la capital puede volver a ser pionera en la ampliación de derechos y libertades.

La discusión, sin embargo, no se limita a determinar si la eutanasia debe ser legal o no. También plantea preguntas sobre quién puede decidir sobre el propio cuerpo, bajo qué condiciones y qué garantías debe ofrecer el Estado para que esa decisión sea realmente libre.

Pacientes incurables encabezan primera marcha por la eutanasia en CDMX

El pasado 28 de agosto, pacientes con enfermedades incurables, familiares y activistas marcharon por primera vez en la Ciudad de México para exigir la legalización de la eutanasia.

La movilización partió del Palacio de Bellas Artes y avanzó hacia distintas sedes gubernamentales bajo la consigna “¡Mi vida, mi muerte, mi decisión!”.

Las personas participantes entregaron propuestas legislativas y documentación a autoridades para exigir que el derecho a decidir sobre el final de la vida sea reconocido en la legislación mexicana.

Entre quienes impulsaron la movilización se encuentra Samara Martínez, paciente con insuficiencia renal crónica terminal y promotora de la iniciativa ciudadana conocida como Ley Trasciende, que busca modificar el marco legal para permitir la eutanasia bajo determinadas condiciones.

La propuesta plantea que las personas mayores de edad que enfrenten enfermedades graves, incurables o terminales puedan solicitarla de manera libre, consciente e informada, con acompañamiento médico y bajo mecanismos que permitan verificar que la decisión corresponde a la voluntad de la persona.

El movimiento sostiene que hablar de eutanasia no significa promover la muerte, sino reconocer la capacidad de las personas para decidir sobre el final de su vida cuando enfrentan condiciones médicas irreversibles y sufrimiento que consideran intolerable.

Autonomía corporal: decidir también al final de la vida

Desde una perspectiva de género, el debate puede vincularse con una discusión que los feminismos han colocado históricamente en el centro: el derecho de las personas a decidir sobre sus propios cuerpos.

La autonomía corporal no termina cuando aparece una enfermedad grave. Por el contrario, las condiciones de dependencia y deterioro pueden hacer todavía más importante garantizar que la voluntad de una persona sea escuchada y respetada.

Esto implica preguntarse quién toma las decisiones cuando una persona enferma pierde autonomía física, quién administra sus recursos, quién determina sus tratamientos y qué papel desempeñan las familias y las instituciones médicas.

En el caso de las mujeres, estas preguntas se cruzan además con desigualdades que persisten a lo largo de la vida: acceso diferenciado a servicios de salud, dependencia económica y una distribución desigual del trabajo doméstico y de cuidados.

Por ello, una eventual regulación de la eutanasia tendría que colocar en el centro la voluntad de la persona, evitando que factores externos determinen su decisión.

Mujeres y cuidados: la otra dimensión del debate

Hablar del final de la vida también significa hablar de cuidados.

En México, las tareas de cuidado no remuneradas continúan distribuyéndose de manera desigual y recaen principalmente en las mujeres. Son ellas quienes con mayor frecuencia acompañan a familiares enfermos, administran medicamentos, realizan tareas domésticas, acuden a consultas y sostienen emocionalmente los procesos de enfermedad y dependencia.

Esta realidad introduce en el debate sobre la eutanasia: ninguna persona debería sentirse obligada a morir porque considera que representa una carga para quienes la cuidan.

Por eso, el reconocimiento de la autonomía al final de la vida debe estar acompañado de garantías para acceder a atención médica, cuidados paliativos, acompañamiento psicológico y redes de apoyo.

De lo contrario, una decisión que debería ser autónoma podría estar condicionada por la pobreza, la falta de servicios de salud, la ausencia de cuidados o la presión económica y emocional sobre las familias.

El derecho a decidir requiere condiciones para hacerlo

La iniciativa Ley Trasciende plantea precisamente que la discusión sobre la muerte digna debe estar vinculada con la autonomía y la dignidad de las personas.

Su impulso también muestra que el debate dejó de ser exclusivamente médico o jurídico y comenzó a ocupar el espacio público a partir de las experiencias de quienes viven enfermedades incurables y de sus familias.

Ahora, con la apertura anunciada por el gobierno capitalino, la Ciudad de México podría convertirse nuevamente en escenario de una discusión sobre derechos.

El reto será evitar que el debate se reduzca a una confrontación entre quienes están a favor o en contra de la eutanasia. La pregunta central también será qué condiciones necesita una persona para poder decidir libremente sobre su vida y su muerte.

Eso implica garantizar atención médica, cuidados paliativos, información, acompañamiento y ausencia de violencia o presiones económicas y familiares.

Niñas y adolescentes, entre las principales víctimas de desaparición en México

 Escrito por Georgina Monroy Vázquez 

La edad también es una alerta frente a la desaparición de personas en México. En el marco del Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas, que se conmemora cada 30 de agosto, los registros oficiales muestran que niñas y adolescentes enfrentan una situación diferenciada, particularmente las jóvenes de entre 15 y 19 años.

De acuerdo con información del Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas (RNPDNO), administrado por la Comisión Nacional de Búsqueda (CNB), las mujeres de 15 a 19 años constituyen el grupo con mayor número de reportes cuando se cruzan las variables de sexo y edad.

Entre el 11 de junio y el 19 de julio de 2026 se registraron 322 reportes de mujeres de entre 15 y 19 años. El segundo grupo de mujeres con más registros fue el de 10 a 14 años, con 164 casos.

La tendencia también aparece al observar un periodo más amplio. Entre el 1 de octubre de 2024 y el 26 de julio de 2026, el RNPDNO acumuló 7 mil 948 reportes correspondientes a mujeres de 15 a 19 años, de acuerdo con datos retomados del registro nacional.

Los números no permiten establecer por sí mismos las causas de las desapariciones ni significan que todos los casos correspondan a desapariciones forzadas. El RNPDNO registra personas desaparecidas y no localizadas y cada caso requiere una investigación para determinar las circunstancias de la ausencia.

Pero sí muestran un patrón que obliga a mirar la desaparición desde una perspectiva de edad y género.

La adolescencia, una etapa de especial vulnerabilidad

Los datos sobre niñas, niños y adolescentes refuerzan esta alerta.

Un análisis de la Red por los Derechos de la Infancia en México (REDIM), elaborado con información del RNPDNO, documentó que tres de cada cuatro personas de entre 0 y 17 años que permanecían desaparecidas o no localizadas tenían entre 12 y 17 años.

Para junio de 2025, el registro contabilizaba 6 mil 795 mujeres de entre 12 y 17 años desaparecidas o no localizadas, una cifra que muestra la particular afectación de las adolescentes dentro de la población menor de edad.

La Comisión Nacional de Búsqueda reconoce que las búsquedas deben considerar las características particulares de cada persona y su contexto. Sus protocolos contemplan enfoques diferenciados para niñas, niños y adolescentes, así como perspectiva de género para identificar las condiciones de vulnerabilidad que pueden estar relacionadas con una desaparición.

Esto es relevante porque una adolescente no enfrenta necesariamente los mismos riesgos que un hombre adulto o que una mujer de otra edad.

Trata, violencia sexual y captación: riesgos que deben investigarse

La concentración de reportes entre adolescentes no permite afirmar que exista una sola causa detrás de las desapariciones. Sin embargo, distintos diagnósticos y registros han identificado contextos de riesgo que deben ser considerados por las autoridades.

La propia Comisión Nacional de Búsqueda ha documentado, en diagnósticos sobre desaparición de niñas, adolescentes y mujeres, posibles vínculos entre algunos casos y fenómenos como trata de personas, explotación sexual y otras formas de violencia.

A ello se suman los riesgos de captación mediante plataformas digitales.

El Consejo Ciudadano para la Seguridad y Justicia de la Ciudad de México reportó en 2026 que, desde 2021, había atendido mil 376 reportes de sextorsión relacionados con niñas, niños y adolescentes. La organización identificó redes sociales y aplicaciones de mensajería entre los espacios utilizados para establecer contacto con las víctimas.

Estos datos no permiten afirmar que la sextorsión sea una causa directa de desaparición, pero sí muestran que la violencia digital forma parte de los contextos que deben considerarse cuando una niña o adolescente desaparece.

Por ello, una búsqueda no puede limitarse a esperar. Debe partir de las características de la persona, sus relaciones, actividades, entorno familiar, escolar y digital, así como de cualquier posible antecedente de violencia o amenaza.

La búsqueda de una niña o adolescente debe ser inmediata

En México, las autoridades tienen obligaciones reforzadas cuando se reporta la desaparición de una persona menor de edad.

La legislación y los protocolos nacionales establecen que las búsquedas de niñas, niños y adolescentes deben realizarse de manera inmediata, especializada y diferenciada, bajo el principio del interés superior de la niñez.

La Comisión Nacional de Búsqueda cuenta además con un Protocolo Adicional de Búsqueda de Niñas, Niños y Adolescentes, que establece medidas específicas para su localización.

La fecha internacional dedicada a las víctimas de desaparición forzada pone así el foco en una crisis que también tiene rostro de niña y adolescente.

Rapadas y torturadas: la violencia política sexual contra las enemigas del Estado

pikaramagazine.com

June Fernández

Un reportaje de La Sinsorga en Pikara Magazine.

“Un demonio lujurioso y ofensivo”. Así definió a Leandro Echevarría, capellán de la Prisión Central de Mujeres de Amorebieta, una de las reclusas, Teopista Bárcena. La historiadora Ascensión Badiola Ariztimuño incluye esas palabras en su libro Individuas peligrosas, en el que documenta los horrores de esta cárcel franquista por la que pasaron entre 1939 y 1947 mujeres de todo el Estado español consideradas “altamente peligrosas” por el régimen.

Ese comentario al vuelo sobre el capellán es el único detalle del libro que remite a la violencia sexual. El Instituto Gogora del Gobierno vasco no maneja mucha más información específica sobre el tema: facilitan a La Sinsorga dos únicos testimonios. El primero es el de Anttoni Telleria, una guipuzcoana que contó su historia en 2003, cuatro años antes de su muerte. El 24 de abril de 1937, cuando Anttoni tenía 14 años, las tropas nacionales sublevadas entraron en Elgeta, llegaron a su caserío ayudadas por gente del pueblo e intentaron violarla. Cuando su padre y su madre salieron a protegerla, los mataron a sangre fría: a él a tiros y a ella a culetazos en la cabeza. Entonces, violaron a la niña. Telleria lo cuenta a la cámara, en euskera, con pocas palabras y mucha entereza: “¿Por qué fue? Por la violación. Violar o no violar. Como vieron que no podían hacer nada por las buenas, lo hicieron por las malas. Y luego hicieron todo y punto. Las muertes, las violaciones y todo”.

Anttoni grabó ese vídeo en 2003 y murió cuatro años después, mucho antes de que entrase en vigor la Ley de Memoria Democrática de 2022. “La ley ha permitido mediante una disposición adicional que las mujeres que sufrieron violencia sexual en la guerra civil, la dictadura y la transición puedan testificar en una comisión de la verdad. Pero las que aún viven son ya ancianas”, lamenta Gema Varona, investigadora del Instituto Vasco de Criminología.

La Ley de Memoria Democrática insta a incorporar la perspectiva de género en la elaboración de materiales de sensibilización y formación sobre la guerra civil y la dictadura franquista. Un fruto de esa prioridad es la publicación Las rapadas, editada en 2023 por el Ministerio de Presidencia y Memoria democrática, escrita por cinco investigadoras feministas de referencia: María Rosón, Ana Pol, Maite Garbayo-Maeztu, Rocío Lanchares Bardají y Lucas Platero.

El rapado forma parte de las llamadas «violencias sexuadas»

Leemos en su introducción que el rapado de pelo es una práctica de humillación simbólica que forma parte de las llamadas “violencias sexuadas” y que se acompañaba de otras como “el paseo y exhibición de sus cuerpos” por las calles, combinado con la ingesta forzada de aceite de ricino para que defecasen en público y, en ocasiones, con violaciones en grupo y/o con objetos, palizas y golpes. El rapado no fue una ocurrencia franquista, sino que se repite a nivel internacional como castigo que busca arrebatar a las mujeres “enemigas” su feminidad y su dignidad.

Tanto la violencia sexual como el castigo de rapar a las mujeres han sido armas de guerra recurrentes en la historia universal, reitera Varona. En Las Rapadas leemos que esos castigos se dieron de forma desestructurada: “Fueron linchamientos sociales que tenían que ver con rencillas previas”, comparte la investigadora, quien recuerda que las violaciones fueron instigadas por generales como Queipo de Llano.

Las agresiones sexuales se cometían a menudo bajo una lógica vicaria, no contra las mujeres sino contra «sus hombres»

En una lógica patriarcal en la que la violación no era un delito contra la libertad de las mujeres sino contra el honor de “sus” hombres, las agresiones sexuales se cometían a menudo bajo una lógica vicaria, según explica Emagin en el prólogo del libro Sorginak, putak, terroristak de Olatz Dañobeitia: “Para las distintas fuerzas policiales del Estado español ha sido un modus operandi habitual durante la búsqueda de un hombre militante coger a su madre, esposa, hija, hermana o tía, y violarla, amenazarla, doblegarla al chantaje, torturarla y encarcelarla”. El caso que citan como paradigmático de esta violencia vicaria es el de la adolescente navarra Maravillas Lamberto, torturada sexualmente delante de su padre (un campesino sindicalista) y asesinada junto a él en 1936.

Olatz Dañobeitia toma de las expresas políticas chilenas el concepto de violencia político-sexual para identificar “una forma específica de violencia de género utilizada de manera sistemática para disciplinar, reprimir y disuadir a las mujeres del activismo y la militancia política”. El segundo vídeo de los que facilita Gogora incluye el testimonio de Amaia Aseginolaza, una eibarresa condenada a seis meses de prisión por el Tribunal de Orden Público -una instancia judicial franquista que se encargó entre 1963 y 1977 de juzgar delitos políticos-​. La acusaban de estar involucrada en ETA. En el vídeo cuenta que le dieron golpes en la espalda y tirones del pelo, pero que no fue ese maltrato lo que más la marcó, sino una humillación sexista: “Yo era una chica joven, y estando con la regla y de repente tuve mucha sangre… y eso para una jovencita pues… y veía que tenían cierto placer con eso”.

“Marxista. Cerda. Te vamos a violar”

En enero de 1980, en la llamada Transición democrática, miembros del Grupo Armado Español maltrataron, violaron y asesinaron a Ana Tere Barrueta Álvarez, una joven de 17 años que estudiaba y enseñaba euskera, cuando volvía a su casa en Loiu (Bizkaia). Aunque la familia contrató a un detective y se creó una comisión popular investigadora, no hubo manera de avanzar por la falta de colaboración policial y judicial. Ana Ereño, una feminista integrante de la comisión, publicó un artículo de denuncia en la prensa que fue respondido con una pintada en la pared de su casa: “Marxista. Cerda. Te vamos a violar. FN (Fuerza Nueva)”.

Ese mismo año, otro grupo de fascistas violó y asesinó a Mª José Bravo, una joven de 16 años, después de dejar malherido a su novio, Javier Rueda, al que golpearon brutalmente y tiraron por un barranco (murió ocho años después a consecuencia de esas lesiones). El cuerpo de Mª José apareció al día siguiente con la cabeza destrozada y desnuda de cintura para abajo. El Batallón Vasco Español (BVE) reivindicó el crimen diciendo que era un castigo por ser confidente de ETA, amenazó con matar a otras dos chicas vascas y, tiempo después, remitió a Rueda el siguiente mensaje: “La próxima vez, un tiro en la cabeza (…) Lo que le ha ocurrido a María José pasará a todas las mujeres vascas”.

Al terror sexual que sembraron esas acciones de grupos parapoliciales y de extrema derecha se sumó la impunidad

La investigación ‘Violencia de motivación política contra las mujeres en el caso vasco’, publicada por la asociación pro derechos humanos Argituz en 2016, documentó esos dos casos de violencia sexual con resultado de muerte, además de otras nueve violaciones consumadas y seis intentos de violación entre 1977 y 1980 a mujeres muy jóvenes, a manos de hombres armados que las identificaron, cachearon e interrogaron sobre política antes de agredirlas. Al terror sexual que sembraron esas acciones de grupos parapoliciales y de extrema derecha se sumó la impunidad: sus crímenes no fueron investigados ni juzgados por las instituciones españolas, y las manifestaciones de repulsa fueron reprimidas violentamente. El Estado español recurrió en 2015 la Ley Navarra de reconocimiento y reparación de las víctimas por actos de motivación política provocados por grupos de extrema derecha o funcionarios públicos y en 2017 hizo otro tanto con la ley análoga en la CAV.

Reclamar verdad, justicia y reparación resulta más difícil todavía cuando el victimario es directamente el Estado. Dañobeitia sostiene que hablar de tortura en el Reino de España “es una forma de señalar una de las continuidades entre el régimen franquista y el actual”. Es anatema, entre otras cosas, porque cuestiona “el mito fundante de la democracia española, basado en el olvido y la reconciliación”. La verdad oficial de que la tortura en democracia era un invento de ETA o, si acaso, los excesos de cuatro policías inadaptados, fue refutada por el informe realizado por encargo del Gobierno vasco que certificó a través de la aplicación del protocolo de Estambul 4113 casos de tortura en la Comunidad Autónoma Vasca entre 1960 y 2014. El 70% de los casos documentados son del período democrático en el 17% las víctimas son mujeres.

Hablar de torturas sexistas ha supuesto para estas mujeres superar la vergüenza, la culpa y la preocupación hacia el sufrimiento de su entorno. Y, sin embargo, han hablado, respaldadas por iniciativas como el acto ‘Nik sinisten dizut. Reconocer la verdad de las mujeres’, que organizó en 2017 el grupo feminista del Foro Social Permanente (iniciativa formada por 17 sindicatos y organizaciones vascas para promover el proceso de paz) en respuesta a la absolución por parte de la Audiencia Provincial de Bizkaia de los cuatro guardias civiles a los que Sandra Barrenetxea atribuyó delitos de torturas, agresión sexual y lesiones.

El juez instructor del sumario 13/13, que ignoró esas denuncias de tortura, fue Fernando Grande-Marlaska

Ese mismo año, el Parlamento navarro celebró un acto institucional en el que cinco mujeres relataron las torturas que habían sufrido, cada una en una década distinta. Marilo Gorostiaga destacó la fijación de una mujer de la Guardia Civil por llamarle fea y gorda, y hablar de ella como “la puta del comando”. A Mertxe González Portillo la violaron con un palo, la obligaron a quitarse el tampón y metérselo en la boca. A Ainara Gorostiaga la mantuvieron desnuda con un antifaz durante los tres primeros días y uno de sus torturadores le repitió que “o iba a tener un hijo de Guardia Civil o que no iba a poder tenerlo nunca”.

Los testimonios de torturas sexistas de las abogadas Naia Zurriarain y Saioa Agirre abrieron telediarios en 2021. Juzgadas dentro del sumario 13/13, negaron toda vinculación con ETA y afirmaron que fueron obligadas bajo amenazas, tortura y vejaciones sexuales a memorizar y reproducir declaraciones inculpatorias falsas. El juez instructor de ese sumario, que ignoró esas denuncias de tortura, fue Fernando Grande-Marlaska, ministro de Interior del Gobierno español en el momento del juicio. Los episodios de tortura que narraron en el juicio incluyen la asfixia con bolsa acompañada de manoseos y de frases como “Nos pone cachondos que te resistas” u “olvídate de ser madre”.

España ha sido condenada catorce veces -por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos y la Organización de Naciones Unidas- por no investigar denuncias por tortura en régimen de incomunicación a personas acusadas de pertenencia a ETA o alguna otra organización ilegalizada. Ninguna sentencia española ha castigado la violencia sexual en el contexto de la tortura, según denuncia Dañobeitia en su libro.

Otros terrores, otros sujetos

La tortura ha sido un dispositivo de género, sostiene la investigadora en Putak, sorginak, terroristak. Su propuesta es cruzar dos universos abordados hasta ahora de forma independiente: la tortura política y las violencias machistas. El terror sexual se ha usado como instrumento de control y disciplinamiento de las mujeres también en el ámbito de la represión policial, no sólo para intentar romper y deshumanizar a las detenidas sino para mandar un mensaje disciplinatorio al resto de mujeres sobre el castigo que recibirán si desafían las normas patriarcales. Aunque las humillaciones y abusos sexuales estén más documentados en mujeres, distintos informes tanto vascos como internacionales señalan que los torturadores también emplean la violencia sexual con los hombres, precisamente para minar su masculinidad.

Mikel Soto, superviviente de tortura, planteó en una mesa redonda que a los hombres les cuesta más identificar como tortura sexual o sexista lo que les han hecho. Los torturadores usaron con él insultos como “maricón”, “cobarde” o “nenaza”, y recibió amenazas como “vamos a meter a un negro para que viole a tu novia y luego te dé por culo”.

En la dirección contraria, los testimonios de mujeres supervivientes de tortura sexual a menudo destacan que los episodios más traumáticos no fueron los de violencia sexual, sino otros como las simulaciones de ejecución a punta de pistola o la culpa por haber terminado inculpando a otras personas.

Tal vez entonces las escasas alusiones a la violencia sexual en los testimonios de las reclusas de la Prisión de Amorebieta de Badiola no solo se debían al tabú sino a que la experiencia carcelaria estuviera más marcada por la miseria, hambre, frío y hacinamiento. A la historiadora Ascensión Badiola le consterna especialmente el desgarro que supuso para las presas “ver morir a sus hijos o sufrir su separación forzosa” y que esas niñas y niños son “los grandes desconocidos de nuestra historia reciente”, que no figuran ni en los registros penales, ni en los partes oficiales. Se refiere a los bebés robados, pero también a muertes de bebés marcadas por la violencia espiritual de las monjas. Recoge el testimonio de una cigarrera y sindicalista madrileña, comisaria política del PCE en el batallón Comuna de Madrid, a la que no dejaron despedirse de su niña, que murió por meningitis en esa prisión: “Toda la noche llamando a las monjas, pero no hubo nada que hacer; no se presentaron (…). Cuando llegaron por la mañana, ya estaba muerta. (…) Como yo era de las que no comulgaban, no dejaron que me despidiese de la niña en la capilla, porque son religiosas, pero malas como ellas solas”.

Algunas monjas acosaban y abusaban sexualmente de las presas

En los seis años que funcionó el penal de Saturraran en Ondarroa, murieron 116 reclusas y 56 niñas y niños, tanto por malos tratos como por inanición y enfermedades como el tifus o la tuberculosis. En la investigación sobre las mujeres presas en Saturraran que publicaron Emakunde y el Instituto Vasco de Criminología en 2009 se insinúa que algunas monjas acosaban y abusaban sexualmente de las presas, pero “las que relatan estos sucesos se cuidan mucho de decir que a ellas no les ocurrió nada”. De nuevo, en esta publicación se insiste en que lo que más les marcó fue el frío: cuando subía la marea, las celdas se inundaban hasta que el agua les llegaba por la cintura.

Gema Varona destaca el trabajo que está haciendo el Instituto Gogora para investigar las condiciones de reclusión que vivieron las personas LGTBIQA+ condenadas por la ley de vagos y maleantes y la posterior ley de peligrosidad social. Y, sin embargo, en un contexto actual de paz y democracia (al menos según el discurso oficial), la criminóloga llama a indagar también en las violencias sexuadas que sufren en dependencias policiales y en prisiones las mujeres migradas y las trabajadoras sexuales (en su mayoría racializadas). “Amnistía Internacional ha detectado esa sobrerrepresentación de las minorías étnicas y las trabajadoras sexuales en torturas, especialmente por parte de policías municipales, porque estos cuerpos están peor formados y menos controlados. Son víctimas ideales porque no denuncian. Es una cuestión de oportunidad, de discriminación estructural e ideológica”, alerta.

Si bien la actualización de la ley vasca de igualdad en 2022 incluyó, al igual que la navarra, la violencia obstétrica, la digital, la institucional y la tortura como formas de violencia contra las mujeres amparadas jurídicamente, la advertencia de esta investigadora da cuenta de qué mujeres seguirán fuera de foco mientras no se aplique con perspectiva antirracista.

Inundaciones en Nepal: 43 mil mujeres y niñas necesitan ayuda humanitaria urgente

 

Las inundaciones repentinas y los deslizamientos de tierra que golpearon Nepal han dejado 987 personas muertas y 4 mil 247 desaparecidas, mientras las labores de rescate continúan en las zonas más afectadas.

Pero el desastre no está afectando a todas las personas de la misma manera. Unas 43 mil mujeres y niñas necesitan asistencia humanitaria inmediata, de acuerdo con ONU Mujeres, que advirtió sobre el incremento de las dificultades para acceder a alimentos, agua potable y servicios de protección.

La emergencia también amenaza con profundizar desigualdades que ya existían antes de las inundaciones, particularmente en comunidades donde las mujeres tenían que recorrer largas distancias para conseguir agua.

Mujeres y niñas enfrentan una emergencia dentro de la emergencia

Christine Arab, directora regional de ONU Mujeres para Asia y el Pacífico, señaló que las organizaciones que trabajan en las zonas afectadas han advertido que algunas mujeres sobrevivientes se están quedando sin alimentos, mientras el acceso al agua potable se vuelve cada vez más difícil.

La destrucción de sistemas de abastecimiento, carreteras y puentes ha interrumpido por completo el suministro de agua en algunas comunidades.

La situación resulta especialmente grave en el distrito de Rasuwa, donde antes de las inundaciones las mujeres y las niñas ya dedicaban varias horas al día a recorrer largas distancias para conseguir agua.

Ahora, la infraestructura que permitía acceder a este recurso quedó destruida o severamente dañada.

La emergencia también representa un riesgo particular para mujeres embarazadas y madres lactantes, quienes se encuentran entre las personas que requieren asistencia humanitaria y atención sanitaria prioritaria.

ONU Mujeres señaló además que algunas mujeres embarazadas, madres lactantes y personas con discapacidad fueron arrastradas por las aguas al no poder llegar a terrenos más elevados.

“Esto es lo que ocurre cuando un desastre se encuentra con la desigualdad: las personas que ya habían quedado atrás suelen ser las primeras en ser arrastradas”, afirmó Arab.

Aumenta el riesgo de violencia de género y trata

La emergencia no se limita a la pérdida de viviendas o infraestructura.

La ONU advirtió que los desastres pueden incrementar los riesgos de violencia de género, explotación y trata de personas, especialmente cuando las comunidades quedan aisladas, se interrumpen las comunicaciones y disminuye el acceso a servicios de protección.

Para las sobrevivientes de violencia, estas condiciones pueden dificultar todavía más la posibilidad de pedir ayuda o acceder a atención especializada.

La destrucción de carreteras, puentes y sistemas de comunicación también puede dejar a mujeres y niñas en condiciones de mayor aislamiento, particularmente en las comunidades rurales y de montaña afectadas por las inundaciones.

Por ello, la respuesta humanitaria requiere considerar las necesidades específicas de las mujeres y las niñas y garantizar que puedan acceder de manera segura a alimentos, agua, salud y mecanismos de protección.

Mujeres deben participar en la reconstrucción

ONU Mujeres también alertó sobre otro riesgo: que las mujeres queden excluidas de las decisiones sobre la respuesta a la emergencia y la posterior recuperación.

La participación de las mujeres resulta fundamental para identificar las necesidades de las comunidades y evitar que la reconstrucción reproduzca las desigualdades que existían antes del desastre.

“La respuesta humanitaria debe reconocer las experiencias de las mujeres y las niñas”, afirmó Arab, quien subrayó que la ayuda debe llegar hasta ellas y reconocerlas como protagonistas de la recuperación de Nepal.

El llamado adquiere relevancia en un contexto en el que las necesidades más inmediatas son alimentos y agua, pero también existen riesgos relacionados con la protección y la violencia de género.

Servicios de salud, también afectados

El acceso a la atención sanitaria representa otra preocupación para la población afectada.

De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS), seis establecimientos de salud resultaron dañados o destruidos y otros dos permanecen inaccesibles.

La interrupción de estos servicios puede tener consecuencias particularmente graves para mujeres que requieren atención relacionada con el embarazo, el parto, la salud sexual y reproductiva o la atención de lesiones y violencia.

La OMS mantiene vigilancia epidemiológica en las zonas afectadas para detectar posibles incrementos de enfermedades transmisibles, entre ellas dengue y tifus de los matorrales, ante las condiciones generadas por las inundaciones, los desplazamientos de población, el hacinamiento y el agua estancada.

La organización también trabaja en la identificación de medicamentos, kits de diagnóstico y otros suministros esenciales, además de brindar orientación para la prevención de infecciones.

Una emergencia que profundiza desigualdades

Las inundaciones fueron provocadas por el colapso de un glaciar en el Himalaya, en la frontera con China, y han afectado especialmente a comunidades aisladas.

Mientras continúan las labores de búsqueda y rescate, las organizaciones humanitarias enfrentan el desafío de llevar asistencia a las zonas que permanecen incomunicadas.

La Federación Internacional de Sociedades de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja advirtió que el monzón aún no termina y que persisten riesgos de nuevas inundaciones y deslizamientos de tierra.

Dolly Parton fue una orgullosa hermana sindicalista

 Por John Nichols 

Fuentes: Ctxt

El movimiento obrero organizado celebra la vida y el legado de una artista que defendió a las mujeres trabajadoras y llevó un carnet sindical durante casi 60 años

Dolly Parton, la brillante autora y querida cantante de country fallecida a los 80 años, escribió uno de los grandes himnos de la clase trabajadora estadounidense. La canción que abre la película 9 to 5 [De 9 a 5] 

La canción de la película 9 to 5, un clásico de 1980 sobre la lucha contra la desigualdad de género en el lugar de trabajo protagonizado por Parton, Jane Fonda y Lily Tomlon, decía tantas verdades que se convirtió en un éxito en las listas de pop y country, tuvo una nominación al Oscar a la Mejor Canción Original y ganó dos Grammys.

Los trabajadores de todo el mundo sabían lo que Parton quería decir cuando cantaba “barely gettin’ by, it’s all takin’ and no givin’”

[saliendo adelante a duras penas, siempre toman y nunca dan]

y se quejaba con “They just use your mind and they never give you credit. It’s enough to drive you crazy if you let it.” [usan tu mente y nunca te dan reconocimiento. Es para volverse loca si lo permites]. La canción se incluyó en un muy buen álbum en solitario de Parton, 9 to 5 and Odd Jobs[De 9 a 5 y otros trabajos extraños], que también incluía canciones como “Working Girl” [Chica trabajadora] y “Poor Folks Town” [La ciudad de los pobres], ambas escritas por Parton, junto a una conmovedora versión de “Deportee (Plane Wreck at Los Gatos)” [Deportado (accidente aéreo en Los Gatos)], una reflexión de Woody Guthrie sobre el trato dado a los trabajadores agrícolas migrantes.

El sencillo que daba título al álbum advertía: “Es el juego de un hombre rico, da igual cómo lo llamen. Y te pasas la vida llenándole los bolsillos de dinero”. También apelaba a las mujeres trabajadoras: “Hay una vida mejor y piensas en ella, ¿a que sí?”.

Dolly Parton – 9 to 5 

Teniendo esto en cuenta, no pilla a nadie por sorpresa que la noticia de la muerte de Parton el martes provocara tantas muestras de duelo (y respeto) entre las sindicalistas, que la consideraban una más de las suyas.

“Dolly Parton supo lo que era dar la batalla y pelear por las familias trabajadoras durante toda su carrera”, recordaba el sindicato AFL-CIO. “Ya fuese regalando libros a los niños o dándonos a las mujeres trabajadoras un himno como 9 to 5, ella era un icono y una inspiración. Descansa en poder, hermana sindicalista. Siempre te querremos”.

Parton fue, efectivamente, una hermana sindicalista durante casi 60 años, con carnet de varios sindicatos que el 25 de agosto celebraron el talento y la humanidad que le granjearon a la cantante country, actriz y filántropa la admiración universal.

“Descansa en paz, Dolly. Gracias por la música y la solidaridad”, declaró la Federación Americana de Músicos de Estados Unidos y Canadá (AFM), el sindicato afiliado a la AFL-CIO que representa a 70.000 cantantes y músicos profesionales, entre los que se incluía Parton. La AFM recordó a una afiliada cuya “influencia llegó mucho más allá de las fronteras del country, pero que nunca perdió de vista quién era y cuáles eran sus valores”.

“Antes de ser un icono, Dolly fue una trabajadora de la música”, explicó el presidente de la AFM Internacional, Tino Gagliardi, cuya carrera empezó como trompetista en Nueva York. “Dolly nunca se olvidó de los músicos que la ayudaron a dar vida a su música. Al mantenerse firme por la solidaridad y tratar a cada músico con dignidad, elevó toda nuestra profesión”.

Dave Pomeroy, el bajista que preside el poderoso Local 257 de la AFM en Nashville, señaló: “A lo largo de sus 58 años como orgullosa afiliada del Local 257, puso el listón muy alto apoyando a su banda y a sus compañeros músicos”. Recordó que “Dolly y su equipo presentaban siempre contratos sindicales de la AFM para conciertos, sesiones y giras, asegurándose de que las bandas, cantantes y músicos de estudio que trabajaban con ellos tuvieran los beneficios de la afiliación sindical”.

Con sentimientos parecidos se expresaron los sindicalistas de la industria del entretenimiento en Hollywood y en todo el país.

“Fue miembro de SAG-AFTRA durante más de cinco décadas, afiliada desde 1969”, recordó el Sindicato de Actores de Pantalla – Federación Estadounidense de Artistas de Radio y Televisión, que con orgullo podía contar a Parton entre los 160.000 cantantes, artistas discográficos, actores, locutores, periodistas radiofónicos, bailarines, DJs, redactores de noticias, editores de noticias, presentadores de programas, titiriteros, especialistas, actores de doblaje y otros profesionales de los medios que representa.

“Todos nuestros compañeros lamentan profundamente el fallecimiento de Dolly Parton. Su vida y su legado de alegría y creatividad han tenido un impacto indescriptible en el mundo. Como cantante, compositora, intérprete, líder empresarial y visionaria integral, el talento de Dolly Parton es reverenciado por todas las generaciones”, declaró el presidente de SAG-AFTRA, Sean Astin (el veterano actor que interpretó a Samwise Gamgee en la trilogía de El Señor de los Anillos). “Su profunda humanidad se conoce en todo el mundo y la quieren millones de personas. Personalmente, desde 9 to 5, donde hizo avanzar sin esfuerzo la causa de las mujeres trabajadoras, hasta su colaboración “Islands in the Stream” con Kenny Rogers, siempre seré un fan acérrimo. En nombre de SAG-AFTRA y de mi familia, enviamos pensamientos de amor y condolencias a su familia”.

El director ejecutivo nacional y negociador jefe de SAG-AFTRA, Duncan Crabtree-Ireland, un veterano activista por la justicia social, económica y de los derechos LGBTQ+, elogió a Parton refiriéndose a ella como “la artista de una generación y, no menos importante, una persona de verdadera generosidad y decencia”.

“Como compatriota nacido en Tennessee”, recordó, “me admira lo que hizo con su plataforma: poner libros en manos de millones de niños a través de la Imagination Library: defender a las personas a las que se trata injustamente y fomentar una inclusión real, también como una amiga constante de la comunidad LGBTQ+ , mucho antes de que fuese fácil serlo. SAG-AFTRA y toda la comunidad creativa lamentamos su pérdida”. 

Y, por supuesto, el Sindicato Internacional de Empleados de Servicios Local 925, cuyos orígenes se remontan a la Organización de Mujeres Oficinistas en la década de 1970 que ayudó a inspirar la icónica película de Parton, quiso también expresar su solidaridad. “No tenemos la costumbre de hablar de muertes de celebridades aquí en el 925. Dicho esto, Dolly Parton es un tesoro nacional y algunos aquí bromean diciendo que Dolly es la santa patrona de nuestro Local”, declararon los activistas sindicales. “Después de todo, su canción ‘9 to 5’ es nuestro himno”.

Este artículo se publicó originalmente en inglés en The Nation. Traducción de Marco Manrique.

Fuente: https://ctxt.es/es/20260801/Culturas/54916/John-Nichols-The-Nation-Dolly-Parton-musica-country-cine-sindicalismo.htm