La información fue contenida en su informe «Rompiendo el tejido social: El impacto de leyes restrictivas sobre organizaciones de la sociedad civil en las Américas» el cual fue realizado en Ecuador, El Salvador, Nicaragua, Paraguay, Perú y Venezuela, donde se aprobaron reformas con marcos normativos que imponen controles desproporcionados a las organizaciones afectando la ayuda que brindan a comunidades, la defensa de derechos humanos y la capacidad de poder operar y acceder a recursos, dicho fenómeno lo denominaron como «leyes anti-ONG».
Dentro de los patrones de dichas leyes detectaron narrativas estigmatizantes como antesala a la legislación. Es decir, que en todos los países se emitieron discursos oficiales que describen a las organizaciones como «sospechosos», «enemigos internos», «antipatrias» o «interferencias extranjeras», ideas difundidas desde el poder ejecutivo, legislativo y medios afines provocando un ambiente de desconfianza social.
Esto no es nuevo en México, durante el sexenio de Andrés Manuel López Obrador la sociedad civil organizada recibió un embate de estigmas impulsado por el mismo presidente quien las calificó de «corruptas» y por esa razón dejarían de recibir recursos para su sostenibilidad.
OSC del país envían misiva a AMLO
Esta política anti ONG sin duda afecta el trabajo de mujeres defensoras quienes ejercen su labor desde la sociedad civil organizada. De acuerdo con el artículo «Las organizaciones civiles feministas como impulsoras de participación ciudadana y política en México» de Karen Esmeralda Rivera López, las organizaciones feministas son agentes sociales y políticos quienes a través de sus actividades organizativas contribuyen a la construcción de ciudadanías activas y participativas.
Tienen como precedente la aparición del movimiento feminista en América Latina y su trabajo ayuda a visibilizar las demandas y necesidades de las mujeres, así como las consecuencias de seguir mandatos de géneros con variables como la clase, etnia, entre otras.
Por ejemplo, mujeres quienes laboan en la Red Nacional de Refugios (RNR) han ayudado a 8 mil 307 mujeres y sus hijas e hijos en 2025, otras como el Instituto para las Mujeres en la Migración (IMUMI) ha asistido a más de 6 mil mujeres y sus familias. Tan solo Comunicación e Información de la Mujer A.C. (CIMAC) se proporcionó atención integral feminista 82 mujeres periodistas procedentes de 19 entidades.
Rivera López describió que las organizaciones feministas se convierten en un puente entre Estado y mujeres actuando como interlocutoras. Gracias a ellas también se han logrado incorporar temas en la agenda pública, la promoción de nuevas voces y diversos puntos de vista para el debate de las políticas públicas.
A su vez, se busca la formación de ciudadanías activas que demanden y exijan el Estado la ampliación y protección de los derechos de las mujeres. Según explica Rivera López, la idea es «romper con la construcción ciudadana de individuos pasivos, carentes de voz, sin ningún papel real como sujetos políticos».
Patrones en las leyes anti-ONG
Amnistía Internacional señaló que en todas las «leyes anti-ONG» encontraron que se imponen nuevos registros o se modifican los ya existentes con lo que se condiciona el funcionamiento de las organizaciones a la aprobación estatal. A esto se suma ausencia de plazos claros, discrecionalidad en respuestas, así como requisitos que no se pueden cumplir que deriva en «exclusión y que no puedan mantener su personería jurídica o acceder a servicios bancarios».
Sobre esto último, Amnistía Internacional advirtió que las organizaciones deben presentar numerosos informes financieros y operativos con requisitos existentes duplicados que buscan desviar la labor de defensa. A su vez, se imponen restricciones que dificultan la cooperación internacional y la obtención de recursos como impuestos abusivos, requisitos para recibir fondos y que no puedan destinarlas a actividades no declaradas.
Determinaron que dichas leyes ponen en riesgo la privacidad y seguridad de las organizaciones porque obligan a divulgar información sobre los donantes, beneficiarios y el personal que labora sin garantías sobre la protección de esos datos. Otro hallazgo fue la existencia de multas con montos exorbitantes o sanciones penales con la finalidad de «castigar organizaciones críticas o impedir su trabajo».
Muchos países están considerando la cancelación de la personalidad jurídica por incumplimiento administrativo o por actividades consideradas «políticas», «desestabilizadoras» o «contrarias al orden público». A esto se suman leyes que integran el uso de figuras penales para castigar el terrorismo, lavado de dinero o ciberdelitos, pero que en la práctica se emplean contra quienes integran las organizaciones.
Por eso, Amnistía Internacional instó a los gobiernos a modificar las leyes que vulneran la libertad de asociación; terminar con los discursos estigmatizantes contra organizaciones y personas defensoras; garantizar que cualquier regulación de las organizaciones de la sociedad civil cumplan con los principios de legalidad, necesidad y proporcionalidad; facilitar el acceso a financiamiento nacional e internacional sin restricciones indebidas; y abstenerse de criminalizar la labor legítima de defensa de derechos humanos.
Cuando se desmantelan organizaciones de la sociedad civil, comunidades enteras pierden apoyo, representación y mecanismos para exigir justicia. Sin una sociedad civil fuerte e independiente, la gente no puede disfrutar ni defender los derechos humanos”. -Rosalía Vega, directora de la Sección de Paraguay de Amnistía Internacional.
Caso en México
Durante el fin de semana del pasado 21 y 22 de marzo, Amnistía Internacional denunció que el Servicio de Administración Tributaria (SAT) canceló la autorización para recibir donativos deducibles a 113 organizaciones civiles y alertó que dicho acto fue «un golpe directo a su capacidad de operar y apoyar a la gente».
En la práctica detalló que la decisión del SAT se traduce en menos recursos para la defensa de los derechos humanos, apoyo legal a víctimas, atención a violencia de género y protección de territorios indígenas.
Sin embargo, el pasado 14 de marzo el expresidente Andrés Manuel López Obrador invitó a través de su red social X a sus seguidores a depositar en una cuenta bancaria de la recién creada asociación civil Humanidad con América Latina para apoyar económicamente al país cubano que en estos momentos de tensión internacional que enfrenta contra Estados Unidos, lo que provocó que personas periodistas y ciudadanía pidieran al SAT que se investigara dicha organización.
