En quién influyen los “influencers”

Por Fernando Buen Abad

Los influencers convierten su vida en mercancía, mientras las plataformas concentran los beneficios y ocultan las desigualdades detrás de la fama.

No estamos ante una simple mutación tecnificada de “celebridades”. Estamos ante una transformación de las relaciones entre trabajo, conciencia, mercancía y poder.

El influencer es un dispositivo semiótico que, para disputar sentido, concentra en su apariencia personal una contradicción material: produce signos, pero no controla plenamente las condiciones de su circulación; genera atención, pero una infraestructura privada organiza su valorización; ofrece su vida como contenido, aunque el valor producido por esa vida entra en circuitos de acumulación que exceden radicalmente su voluntad. Su rostro puede pertenecerle jurídicamente; la economía política de su visibilidad pertenece a una estructura mucho más poderosa.

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Su contradicción más escandalosa como influencer es esta: aparece ante nosotros como la encarnación extrema del individuo libre precisamente cuando expresa, con relativa eficacia, la forma contemporánea de nuestra dependencia. Cuanto más proclama: “Sé tú mismo” más rigurosamente encarna las exigencias de un mercado que necesita convertir cada singularidad en mercancía. Cuanto más parece hablar desde su intimidad, más habla desde una estructura económica que ha aprendido a extraer valor de mercado a la subjetividad. Cuanto más personal parece su éxito, más sociales son las condiciones que lo producen.

Millones de personas producen imágenes, comentarios, videos, deseos, emociones y relatos. Un reducido número de plataformas controla las infraestructuras donde ese trabajo se encuentra, se clasifica, se mide y se monetiza. La multitud produce el torrente semiótico; el capital administra las esclusas. Esta es una de las formas más refinadas de la contradicción contemporánea: socialización gigantesca de la producción simbólica y concentración privada de las condiciones de su valorización.

La pantalla puede ocultar esa relación precisamente porque muestra individuos. Allí donde deberíamos percibir una estructura económico-ideológica, aparecen perfiles; donde existe trabajo, aparecen encantos; donde existe explotación, aparece emprendimiento; donde existe desigualdad, aparece diferencia de estilos de vida. El lenguaje del individualismo funciona entonces como una cortina semiótica. Cada cual parece responsable de su destino porque cada cual es invitado a convertir su existencia en proyecto empresarial. La sociedad desaparece detrás de la biografía.

Un influencer autoencumbrado representa la forma extrema de su negación. Se convierte en empresario de sí mismo porque ha aprendido a tratar su personalidad como activo, su intimidad como contenido, sus relaciones como capital social, su cuerpo como superficie publicitaria y su capacidad de suscitar identificación como fuerza productiva. Sin embargo, esa aparente autonomía contiene una ironía histórica: para ser empresario de sí mismo, debe trabajar permanentemente sobre sí mismo.

Raramente deja de producir. El descanso puede convertirse en publicación; el ocio, en recomendación; el viaje, en escaparate; el amor, en narrativa; la indignación, en engagement. La vida deja de ser el exterior del trabajo y comienza a funcionar como una de sus materias primas.

No existe una figura pura. Precisamente esa impureza constituye su interés teórico. Las clases no desaparecen porque sus fronteras subjetivas se vuelvan confusas. Se vuelven más sofisticadas las formas en las que las relaciones de clase atraviesan la conciencia. El productor de contenido enfrenta una situación más perversa: la jornada puede coincidir con la vida. Su fuerza productiva no está únicamente en sus manos; está en su voz, su apariencia, sus hábitos, su capacidad de responder, su disponibilidad emocional, su presencia constante. La explotación adquiere una dimensión antropológica.

El trabajador ya no entrega solamente horas: puede entregar fragmentos de personalidad. Y cuando la personalidad se convierte en instrumento productivo, la alienación alcanza una profundidad nueva: aquello que debía constituir la esfera íntima de realización humana puede convertirse en material de valorización.

Sin embargo, mientras millones trabajan para construir visibilidad, unos pocos poseen las condiciones técnicas que permiten convertir esa producción dispersa en poder económico. Aquí aparece una contradicción que la retórica del “éxito individual” procura borrar: la producción es cada vez más colectiva y la apropiación continúa concentrándose. Cada video depende de una infraestructura; cada interacción produce datos; cada tendencia nace de millones de actos de participación; cada segundo de atención alimenta sistemas capaces de acumular información y rentabilidad. La multitud produce una riqueza semiótica inmensa. ¿Quién la posee? ¿Quién decide sus reglas? ¿Quién fija el precio de la visibilidad? ¿Quién determina qué trabajo se recompensa y cuál queda enterrado bajo el ruido?

Cualquier respuesta obliga a mirar más allá del influencer. El verdadero poder está en la arquitectura que convierte actividad humana en datos, datos en predicción, predicción en influencia e influencia en acumulación. El algoritmo no es la causa metafísica de nuestras conductas. Es una mediación técnica dentro de relaciones de propiedad. Su capacidad de ordenar la atención adquiere sentido económico porque existe una estructura que puede apropiarse de los resultados de esa organización. La técnica amplifica una relación social. No reemplaza la lucha por el poder: la vuelve más difícil de percibir.

Sin embargo, su mercancía más poderosa es una ficción social: la ficción de que el éxito depende principalmente de convertirte en una versión más eficiente de ti mismo. Esta narrativa tiene una consecuencia de clase devastadora. Desplaza la mirada desde las condiciones materiales hacia la autoadministración. El salario insuficiente se convierte en problema de mentalidad. La precariedad, en falta de iniciativa. La desigualdad, en diferencia de esfuerzo. La concentración de riqueza, en diferencia de talento. La explotación desaparece del vocabulario justamente cuando se intensifica en la estructura.

Su ideología alcanza su máxima eficacia cuando ya no parece ideología. Cuando un o una influencer observa una vida de lujo y no piensa en la estructura de propiedad que permite esa acumulación, sino en cómo reproducir individualmente sus signos, la relación social ha conseguido penetrar en el deseo. Cuando una trabajadora agotada consume diariamente contenidos que le prometen que también ella puede “ser su propia jefa”, la contradicción entre trabajo y capital ha encontrado una solución imaginaria: ya no hay explotadores ni explotados, únicamente personas que todavía no han aprendido a monetizar correctamente su existencia.

Entonces la pantalla contiene una segunda lectura. Allí donde la ideología promete que todos pueden convertirse en propietarios de sí mismos, la realidad material muestra que no todos poseen el mismo tiempo, educación, capital, infraestructura, redes sociales, estabilidad emocional o capacidad de asumir riesgos.

La competencia aparentemente universal comienza desde posiciones radicalmente desiguales. La igualdad formal de acceso convive con una desigualdad material de posibilidades. Todos pueden publicar; no todos pueden ser visibles. Incluso pueden emprender; no todos pueden soportar meses sin ingresos. Pueden construir una marca personal; no todos pueden comprar el tiempo necesario para convertir la personalidad en mercancía.

Así aparece una verdad que la estética del éxito procura mantener fuera de cuadro: detrás de cada biografía triunfal existe una geografía social. Hay familias, herencias, educación, contactos, tiempo disponible, condiciones laborales, infraestructura, capital económico y capital cultural. La meritocracia funciona muchas veces como una narración que individualiza ventajas históricas. El privilegio aparece como talento. La acumulación previa aparece como esfuerzo.

La posición de clase consigue presentarse como personalidad. La estética participa activamente en esa operación. El lujo no se muestra únicamente como riqueza: se muestra como normalidad deseable. El cuerpo disciplinado no aparece únicamente como resultado de condiciones materiales y tiempo disponible: aparece como voluntad. La casa, el automóvil, el viaje, la ropa y la alimentación se convierten en signos de una supuesta superioridad personal. Se produce así una pedagogía silenciosa de la desigualdad: enseña a admirar sus resultados sin preguntar por sus condiciones de producción.

Frente a esto, una semiótica emancipadora tendría que aprender a leer la ausencia. Preguntar quién limpia la casa que aparece impecable. Quién cocina la comida presentada como saludable. Quién fabrica la ropa. Quién conduce el vehículo. Quién empaqueta el producto. Quién extrae las materias primas. Quién programa la infraestructura. Quién modera los contenidos. Quién trabaja mientras otro exhibe el ocio.

Ahí la ética y la estética se encuentran en un mismo punto. Una estética de la mercancía tiende a mostrar resultados y esconder relaciones. Una estética crítica puede hacer exactamente lo contrario: devolver presencia a aquello que se expulsó del encuadre. Hacer visible el trabajo invisible. Restituir historicidad a lo que parece natural. Mostrar la cadena social detrás del objeto. Recuperar el conflicto allí donde la publicidad ofrece armonía. No se trata de destruir la belleza, sino de impedir que la belleza funcione como anestesia.

Trabajo clave para la revolución de las conciencias sobre una operación aparentemente sencilla y profundamente subversiva: aprender a preguntar quién trabaja cuando alguien parece simplemente vivir. Esa pregunta puede desmontar una enorme cantidad de ficciones contemporáneas.

Porque la vida que aparece como privada suele descansar sobre trabajo ajeno; la libertad que aparece como individual puede depender de relaciones colectivas; la riqueza que aparece como mérito puede condensar trabajo social acumulado; la influencia que aparece como atributo personal puede depender de una infraestructura apropiada privadamente.

Por eso el influencer constituye un objeto privilegiado para una semiótica de la lucha de clases: porque hace visible, bajo una forma seductora, la contradicción entre producción social y apropiación privada. Su figura nos permite comprender que la batalla contemporánea por el sentido no está separada de la economía. Cada imagen participa en una disputa sobre qué vidas merecen admiración, qué deseos merecen convertirse en norma, qué trabajos pueden permanecer invisibles y qué desigualdades pueden ser aceptadas como naturales.

Una pregunta verdaderamente radical es quién posee las condiciones materiales para transformar influencia en poder. Y todavía más: quién transforma ese poder en capacidad de definir la realidad. Porque una clase dominante no conserva su dominio únicamente controlando recursos materiales; necesita también disputar la interpretación del mundo. Necesita que la desigualdad parezca razonable, que la competencia parezca libertad, que la precariedad parezca oportunidad, que el consumo parezca realización y que la acumulación parezca mérito.

Cuando conseguimos ver esa operación, algo se rompe. El influencer deja de aparecer como un individuo excepcional y comienza a aparecer como síntoma.

La pantalla deja de mostrarnos simplemente personas y empieza a mostrarnos relaciones. El lujo deja de ser únicamente una imagen y recupera el trabajo que lo sostiene. La viralidad deja de ser una cifra y revela una estructura de poder. El algoritmo deja de parecer una criatura autónoma y aparece inserto en relaciones de propiedad. El éxito deja de ser una biografía aislada y recupera su geografía de clase.

Entonces sobreviene la verdadera experiencia crítica: descubrimos que aquello que parecía más íntimo era profundamente social y lo que parecía elección personal estaba atravesado por relaciones históricas. Aquello que parecía una conversación podía contener una

operación de valorización. Y lo que parecía libertad podía ser una forma sofisticada de dependencia. Y comprendemos, finalmente, que la disputa por el sentido no constituye un territorio secundario de la lucha social: allí se decide una parte fundamental de nuestra capacidad para imaginar otro mundo.

Porque quien consigue colonizar el deseo puede gobernar sin necesidad de ordenar; quien consigue convertir sus intereses en sentido común puede hacer que los dominados participen activamente en la reproducción de aquello que los domina. La revolución de las conciencias comienza exactamente en el instante en el que esa fatalidad deja de parecer natural y vuelve a revelarse como contradicción histórica. Allí donde el pensamiento descubre que el mundo no tiene por qué ser como aparece, comienza la posibilidad concreta de transformarlo.

En quién influyen los “influencers”

Fernando Buen Abad

Autor de esta publicación

Intelectual y escritor mexicano. Licenciado en Ciencias de la Comunicación, Master en Filosofía Política y Doctor en Filosofía.

prensa 📰 hoy en México 🇲🇽 martes 10 de noviembre de 2026

🗞  LA JORNADA 

Altos mandos del INE deben bajarse más el sueldo: Sheinbaum 

La presidenta provisional del Instituto Nacional Electoral (INE), Blanca Cruz García, garantizó que a partir de 2027 ninguno de los consejeros o altos mandos del órgano tendrá un salario superior al de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, por lo que habrá recortes.

Lo anterior, luego de que por la mañana, frente a la brecha salarial entre las altas esferas y la base laboral del instituto, la mandataria demandó a los consejeros estar a la altura, reducir sus percepciones y transparentar las contrataciones del organismo.

“Se ha aprobado una ley que ya establece para el caso de las autoridades electorales –consejerías, magistraturas– el tope de los sueldos (…) El plan de presupuesto presentado para 2027 ya trae esa reducción, no sólo de consejerías, sino de altos mandos directivos que puedan estar por arriba de esa cifra permitida. Así es que esto, a partir del próximo año es algo que va a estar en todos los niveles como obligación”, explicó ayer Cruz García, sin detallar de cuánto será dicho ajuste.

Por su parte, durante su conferencia de prensa en Palacio Nacional, la jefa del Ejecutivo federal fue interrogada sobre la brecha de altos salarios en la estructura del INE, que perciben ingresos superiores a 100 mil pesos mensuales brutos, y entre quienes incluso ganan más de 260 mil pesos. Al respecto, llamó la atención para que haya una disminución en las percepciones.

Aseveró que los integrantes del Consejo General no deben tener remuneraciones mayores a las de la titular del Ejecutivo; además de que exigió que aprovechen su autonomía para modificar las reglas de contratación que, dijo, han favorecido el monopolio de una red de proveedores de papelería electoral.

“Que los consejeros se bajen más el sueldo”, demandó ante las inconformidades salariales entre trabajadores del INE.

Sheinbaum apuntó que corresponde a los actuales consejeros revisar las disposiciones que rigen las adquisiciones del instituto, particularmente las relacionadas con urnas, chalecos y otros materiales utilizados en los procesos comiciales.

“Que los nuevos consejeros estén a la altura y puedan definir, en mi opinión, porque ellos tienen autonomía; también existe la complicidad por omisión, que abran todo este proceso para que haya total transparencia en las contrataciones”, demandó.

🗞  CONTRAPORTADA

Identifican los restos de 4 mineros más en Pasta de Conchos

 A más de 20 años de la explosión en la mina de Pasta de Conchos fueron identificados los restos de otros cuatro trabajadores, con lo que suman 36 –de un total de 65 muer-tos–, los mineros reconocidos tras la tragedia del 19 de febrero de 2006.

El Mando Unificado de Pasta de Conchos confirmó ayer que los restos corresponden a Agustín Botello Hernández, Jesús Viera Almendáriz, Jorge Arturo Ortega Jiménez y Juan Ramón Barrientos Gloria.

Indicó que de los 36 identificados, los restos de 31 ya fueron entregadosa sus familias, aunque no precisó cuándo ni en qué zona del yacimiento fueron recuperados ni cuándo serán entregados los demás.

La confirmación llega más de dos décadas después de la explosión en la mina de carbón, ubicada en el ejido Santa María en este municipio de la región carbonífera de Coahuila. En la tragedia murieron 65 trabajadores; dos cuerpos fueron recuperados durante los primeros meses posteriores a los hechos y 63 permanecieron sepultados en el yacimiento.

En el caso de Jesús Viera, su esposa, María del Rosario López, conocida como doña Chayito, falleció en abril pasado sin recibir sus restos. Durante todo ese tiempo acudió a reuniones y exigió la recuperación de su esposo para darle sepultura.

La mina, concesionada a Grupo México, propiedad de Germán Larrea, explotó por una acumulación de gas metano. Desde entonces, familiares y organizaciones denunciaron las condiciones de inseguridad en que laboraban los trabajadores y la falta de medidas adecuadas para prevenir la tragedia.

La empresa, en complicidad con el gobierno del panista Vicente Fox, decidió suspender el rescate y se dio por muertos a los trabajadores. Durante los gobiernos de Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto no se reanudó la búsqueda.

Fue hasta 2019, por instrucción del entonces presidente Andrés Ma-nuel López Obrador, cuando se “retomó la responsabilidad del Estado frente a las víctimas” y se retomaron las labores de rescate.

La presidenta Claudia Shein-baum ha ratificado la continuidad de los trabajos hasta localizar a todos lostrabajadores. El pasado 20 de febrero, al recordar la tragedia, sostuvo: “No vamos a salir de Pasta de Conchos hasta que no se encuentre al último minero”.

🗞  EL UNIVERSAL

Diputados de Morena lanzan campaña para sacudirse a Taddei 

El pasado 5 de noviembre los diputados federales de Morena recibieron en sus celulares un mensaje con los “ejes estratégicos narrativos”, dictados desde la vocería del partido guinda en San Lázaro, a cargo de Arturo Ávila, y del exrepresentante de Morena ante el INE, Sergio Gutiérrez Luna, para cambiar la narrativa de la corrupción al interior del Instituto Nacional Electoral (INE).

La instrucción derivó de diversas reuniones sostenidas entre los liderazgos del partido en San Lázaro y la dirigencia nacional de Morena.

Se pidió a los 254 congresistas de Morena volcarse en redes e insistir en que la entrega de contratos a modo inició con los gobiernos anteriores, a fin de minimizar el descontento social contra la actual administración. En los mensajes se solicitó publicar en Facebook, Instagram y X textos con cinco puntos destacados:

1. “Esto es una mafia electoral”.

2.“Lorenzo Córdova sabía y no hizo nada, no sólo sabía, de acuerdo con la información presentada, en sus nueve años como presidente del INE hubo contratos entre los OPLE por más de 2 mil millones de pesos favoreciendo a cinco empresas principales asociadas a Alfredo Hernández”.

3. “Luego de la reforma electoral de Peña Nieto (Pacto por México) Lorenzo Córdova recibe un superpoder del INE, que ahora tenían la facultad de aprobar la designación de los presidentes de los OPLE”.

4. “El vínculo entre Alfredo y Lorenzo es Juan Carlos Padilla Aguilar, él es operador de Somos en el Estado de México, el mismo partido del cual Lorenzo Córdova es asesor y Claudio X. González, y otros exconsejeros del INE y quienes trabajaron en el Cisen!!! Ni más ni menos que como secretario general y secretario particular en la época más oscura del PRI”.

5. “Taddei es miembro de la mafia electoral, ya que ella fue designada por Lorenzo Córdova en 2014, y participó en el otorgamiento de contratos a los OPLE”.

Tras la recepción del mensaje, las y los congresistas guindas llenaron sus redes con textos en la línea que les fue dictada.

El coordinador del grupo parlamentario, Ricardo Monreal, publicó: “La Presidenta @Claudiashein tiene razón, durante más de dos décadas una mafia electoral se enquistó en el @INEMexico. Por eso, el órgano electoral necesita un saneamiento total. Hoy, acompañándolos en la rendición de su segundo informe legislativo, les pedí a mis compañeras y compañeros de la bancada de Morena en el Estado de México mantenernos unidos y respaldar al gobierno de nuestra Jefa de Estado”.

🗞  MILENIO

Chivatos sueltan nombres, videos y papeles de las transas en el INE 

La Auditoría Superior de la Federación (ASF) aceptó la colaboración de informantes para avanzar en las investigaciones sobre las transas en organismos electorales, por lo que ha recibido videos, documentos y mensajes de WhatsApp en los que hay indicios de la intervención de beneficiarios finales de diversas empresas en la selección de proveedores.

En redes sociales, el órgano que fiscaliza el uso de dinero público dio a conocer que sus indagatorias “por primera vez” se desarrollan con la participación de personas que buscan acogerse al Programa de Reducción de Sanciones para Informantes en Investigaciones.

    Dicha colaboración, abundó: “ha permitido obtener información de personas que conocen cómo operaron las irregularidades en contrataciones públicas de organismos electorales durante varios años”. 

Entre los elementos recabados, señaló la ASF, destacan testimonios, documentos, fotografías, videos, información financiera, domicilios, mensajes de WhatsApp, así como nombres y alias de presuntos involucrados.

La Auditoría Superior indicó que las investigaciones “han permitido documentar indicios de que beneficiarios finales de diversas empresas habrían intervenido en la selección de proveedores y en la definición de requisitos técnicos para favorecer sus propios intereses”. 

    La #ASF informa: Caso Grupos empresariales relacionados a organismos electorales.

    Por primera vez la #ASF se encuentra colaborando con informantes que, a través de la aportación de documentación y diversos elementos, buscan ser beneficiados con la reducción de sanciones. pic.twitter.com/jaOidPXEFb

    — Auditoría Superior (@ASF_Mexico) November 9, 2026

    El órgano señaló que continuará las investigaciones para identificar “a más involucrados, rastrear el destinos de los recursos y que se impongan las responsabilidades correspondientes” en el escándalo de contratos otorgados por el Instituto Nacional Electoral (INE), que provocaron la renuncia de Guadalupe Taddei el pasado 26 de octubre, y en organismos estatales. 

En tanto, el INE argumentó que la petición a la Fiscalía General de la República (FGR) de indagar contratos desde el último tramo de la gestión de Lorenzo Córdova no es por una narrativa política o externa, sino “para no quedarnos cortos” y porque ese organismo “no debe tener nada que ocultar en ningún momento de su historia” y debe limpiar su imagen “como sea”.

🗞  EXCÉLSIOR 

Dan pruebas contra INE a cambio de beneficios 

La Auditoría Superior de la Federación (ASF) reveló que colabora por primera vez con informantes que aportan testimonios, fotografías, videos e información financiera sobre presuntas irregularidades en contrataciones del Instituto Nacional Electoral (INE).

Empresas proveedoras buscan acogerse a un programa de reducción de sanciones a cambio de entregar datos confidenciales sobre estos hechos y sus implicados, señaló el órgano fiscalizador en un comunicado.

La ASF ya comenzó a recibir confesiones, videos, documentos e información financiera de personas que habrían tenido conocimiento directo de presuntas irregularidades en los procesos de contratación de proveedores de organismos electorales.

Esta colaboración ha permitido obtener información de personas que conocen cómo habrían operado las irregularidades en contrataciones públicas de organismos electorales durante varios años”, señaló la ASF.

El mecanismo de colaboración coloca bajo revisión administrativa los contratos públicos del INE y la injerencia de intereses particulares en la elección de los proveedores.

En tanto, ayer trabajadores de los Módulos de Atención Ciudadana del INE aceptaron el incremento salarial de 6% en 2027, ofrecido por el instituto, y anunciaron la reapertura de 841 centros en el país.

Informantes dan a ASF pruebas del cochinero; auditoría los usa por primera vez

Colabora con delatores y empresas proveedoras que buscan reducir sanciones; investigan esquemas para favorecer a particulares durante la gestión de Taddei.

La Auditoría Superior de la Federación (ASF) reveló que colabora, por primera vez, con informantes que aportan testimonios, fotografías, videos, mensajes e información financiera sobre posibles irregularidades en las contrataciones públicas del Instituto Nacional Electoral (INE). Asimismo, empresas proveedoras buscan acogerse a un programa de reducción de sanciones a cambio de entregar información confidencial sobre los hechos y sus presuntos involucrados.

La investigación sobre posibles actos de corrupción en el INE, durante la presidencia de Guadalupe Taddei, sumó nuevos elementos. La ASF informó que comenzó a recibir información de personas que habrían tenido conocimiento directo de presuntas anomalías en los procesos de licitación y adjudicación de contratos de organismos electorales.

🗞  EL HERALDO 

Destaca nuevo récord: 22 millones de empleos 

Declaró que en lo que va del año se ha registrado un crecimiento de 571 mil 277 empleos formales y una variación anual respecto a octubre del año 2025 de 1.3 por ciento.

En octubre, México alcanzó una cifra histórica de 23 millones 88 mil 353 empleos formales, con lo que se consolidó el máximo registro de puestos de trabajo en el país, informó la presidenta Claudia Sheinbaum. 

En la conferencia de prensa matutina de Palacio Nacional, la mandataria federal precisó que de acuerdo con los datos oficiales del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), entre septiembre y octubre se registró un crecimiento de 161 mil empleos formales.

Asimismo, declaró que en lo que va del año se ha registrado un crecimiento de 571 mil 277 empleos formales y una variación anual respecto a octubre del año 2025 de 1.3 por ciento.

“Les puedo adelantar que llegamos a una cifra máxima de empleos formales en este mes que pasó el mes de octubre, 23 millones 88 mil 353, la cifra máxima de toda la historia. Adelante. Entre septiembre y octubre, un crecimiento de 161 mil empleos formales en lo que va del año, un crecimiento de 571 mil 277 empleos formales y una variación anual respecto octubre del 25 de 1.3 por ciento”, dijo.

🗞  REPORTE ÍNDIGO 

Hubox: de inexperta y fallida al escrutinio 

Fundada en 2013 por Ramón Mondragón Sotelo, HuBox, S. de R.L. de C.V. tenía, en apariencia, una trayectoria mínima en las contrataciones públicas.

La compañía formalizó contratos con la Fiscalía General de Morelos en 2017, la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales en 2018 y los partidos que integraron el Frente Amplio por México en 2023.

HuBox también figuraba en los padrones de los gobiernos de Tabasco, Baja California Sur, Querétaro y el Consejo de la Judicatura Federal, pero entre 2013 y 2026 no obtuvo ningún contrato que acreditara experiencia en proyectos tecnológicos de alcance nacional.

El servicio que le otorgó al Frente, su único antecedente electoral, estuvo marcado por fallas en la plataforma de registro de simpatizantes, que presentó problemas desde su puesta en marcha y generó cuestionamientos de los partidos por el manejo de datos personales y fotografías de credenciales para votar.

HuBox, de proveedora indirecta del INE a las menciones en videos filtrados

Pese a esos antecedentes, HuBox, S. de R.L. De C.V. fue incorporada a la producción de la nueva credencial para votar del Instituto Nacional Electoral (INE) mediante la generación de los códigos QR, dentro de las licitaciones multianuales de 2019 y 2025, de acuerdo con un comunicado de la misma empresa fechado el 3 de noviembre.

Los contratos para proporcionar esa tecnología, HuBox, S. de R.L. De C.V. no los hizo con el INE, sino con las empresas ganadoras en las licitaciones.

Con ese bajo perfil en los concursos públicos, HuBox, S. de R.L. de C.V. emergió en la trama de presunta corrupción protagonizada por José Alfredo Hernández Casillas y Raymundo Francisco Hernández Casillas en el INE. Su nombre y el de su propietario, Ramón Mondragón Sotelo, aparecen aludidos en videos filtrados y difundidos por el medio LatinUs, en los que también está involucrada Guadalupe Taddei Zavala, entonces consejera presidenta del Instituto.

🗞  LA RAZÓN 

Documenta ASF corrupción en INE con informantes que buscan menor pena

Por primera vez, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) investiga presuntas irregularidades en las contrataciones de organismos electorales con la colaboración directa de informantes que aportan testimonios, documentos, fotografías, videos, mensajes de WhatsApp e incluso información financiera para solicitar una reducción de sanciones.

De acuerdo con una tarjeta informativa y una infografía difundidas por el organismo, los elementos recabados han permitido documentar indicios de que beneficiarios finales de diversas empresas posiblemente intervinieron en la selección de proveedores y en la definición de requisitos técnicos para favorecer sus propios intereses.

Diagrama que la ASF publicó ayer sobre la presunta red de colaboradores. ı Foto: Especial

Las personas colaboradoras buscan acogerse al Programa de Reducción de Sanciones para Informantes en Investigaciones. Su participación permite obtener información de quienes conocerían cómo operaron durante varios años las presuntas irregularidades en la contratación de bienes y servicios.

Además de los documentos y registros audiovisuales, la ASF recibió domicilios, nombres y alias de personas presuntamente involucradas. Señaló que continuará las indagatorias para identificar a más participantes, seguir el destino de los recursos públicos y promover las responsabilidades correspondientes.

    El Dato: La ASF identificó compras bajo un esquema de simulación ligado a Taddei en 13 estados; además, mantiene revisión a 22 de los 32 organismos electorales locales.

La información difundida no precisa cuántos informantes participan, qué contratos específicos están relacionados con sus aportaciones ni si ya se les autorizó algún beneficio. Tampoco permite establecer que la entrega de materiales implique, por sí misma, una reducción de sanciones o una determinación definitiva de responsabilidades.

El señalamiento sobre los requisitos técnicos coloca entre las líneas de investigación la posible intervención de particulares en las condiciones de contratación. La Auditoría Superior busca esclarecer si esas especificaciones se definieron para favorecer a determinadas compañías y quiénes habrían participado en los procedimientos.

El anuncio ocurre en medio de los cuestionamientos sobre la relación entre funcionarios del Instituto Nacional Electoral (INE) y empresas proveedoras, así como de las investigaciones posteriores a la salida de Guadalupe Taddei de la presidencia del organismo.

En las últimas semanas, medios de comunicación difundieron videos y fotografías en los que aparecen la exconsejera y funcionarios del INE junto al empresario José Alfredo Hernández Casillas, socio de Cajas Graf y otras compañías proveedoras del instituto.

🗞  REFORMA 

Va doble IVA ...  pero en abonos

Las maquiladoras tendrían que pagar doble impuesto por insumos importados, pero les darían facilidades para hacerlo en abonos.

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) discute hoy un proyecto que confirma que las maquiladoras tienen que pagar doble IVA por insumos importados a México, sin embargo la propuesta planteada reduciría el impacto financiero para las empresas, de acuerdo con fuentes del sector fiscal.

Desde el sexenio pasado, el SAT busca cobrar a maquiladoras al menos 44 mil millones de pesos por IVA no retenido de 2019 a 2023.

Adicionalmente, el gigante coreano Samsung enfrenta una deuda de 6 mil 371 millones de pesos por el mismo concepto, pero fincada por operaciones del periodo 2015 y 2016.

Solo se requieren cinco de nueve votos para aprobar la jurisprudencia, que aplicaría a todos los juicios que aún no tienen sentencia definitiva.

La Corte no se pronunciará sobre la Constitucionalidad de las reglas del SAT que han provocado la disputa, publicadas en misceláneas fiscales, sino solo sobre la forma en que deben aplicarse.

Trece meses después de que retiró un proyecto que confirmaba el criterio del SAT, la Ministra Yasmín Esquivel planteó una nueva propuesta que reitera que debe haber dos pagos.

El primero es cuando la maquiladora retira el insumo de la aduana, pues tiene que pagar al SAT el IVA por la importación; y el segundo, es el IVA que debe retener la maquiladora por la compra del insumo a una empresa sin establecimiento en México, operación distinta de la importación.

Sin embargo, la Ministra Esquivel propone que los créditos fiscales no se cobren de un solo golpe, sino que las empresas los vayan amortizando en mensualidades, y acreditando cada pago mensual contra la deuda que el SAT fincó para el mes siguiente, de tal manera que solo vayan liquidando los diferenciales.

Fuentes del sector fiscal confirmaron que la intención es suavizar el impacto para las empresas, tanto por los créditos fiscales ya fincados y en litigio, como para su operación futura.

🗞  EL ECONOMISTA

Alcanza producción de autopartes valor récord: ensamble de autos retrocedió 

México consolidó su liderazgo en el sector de autopartes, tras lograr la producción nacional de partes y componentes con un valor de 11,118 millones de dólares durante agosto— dato sin precedente— y que representa incremento de 8.53% comparado con igual mes del 2025, reportó la Industria Nacional de Autopartes (INA).

La fortaleza de la industria de autopartes mexicana responde a varios factores: el contenido regional presentado en el desarrollo de proveedores dentro de la región de Norteamérica, la sustitución de importación que se está realizando de parte de países asiáticos, que le está dando gran relevancia, al desarrollo de la proveeduría a nivel nacional, explicó Julio Galván, gerente de estudios económicos de la INA.

Al presentar el reporte de autopartes al mes de agosto 2026, el representante de la industria precisó que este comportamiento supera los promedios registrados en años previos, situando el promedio mensual de producción del periodo en 10,728 millones de dólares, muy por encima de los 9,904 millones de dólares reportados en 2025.

El sector de componentes automotrices en México acumuló el valor de 85,820 millones de dólares entre enero y agosto del 2026. Esta cifra representa un “sólido crecimiento del 8.31% en comparación con el mismo periodo del año anterior, reafirmando el papel estratégico del país en la cadena de suministro de Norteamérica”, argumentó.

Dicho comportamiento va de la mano con la robusta actividad del mercado estadounidense, luego de que la producción y venta de vehículos en Estados Unidos se mantiene fuerte, garantizando que la manufactura mexicana continúe operando por arriba de sus valores promedio históricos.

La industria de autopartes exportó 74,342 millones de dólares, mientras importó 49,776millones de dólares, con lo cual logra una balanza comercial positiva de 24,566 millones de dólares.

“Tanto para la importación y la exportación, México y Estados Unidos presentan una relación bilateral muy fuerte, donde se presenta este comportamiento de necesidades mutuas en el sector de autopartes”.

Unidad transformadora o voracidad trepadora

Fernando Buen Abad Domínguez*

Es de conocimiento general que la historia de numerosas derrotas políticas en las izquierdas está impregnada de una paradoja dolorosa: las fuerzas que han logrado resistir décadas de persecución, sacrificios, clandestinidad, cárcel, exilio y privaciones pueden concluir destruyendo desde el interior aquello que el adversario no logró vencer desde el exterior. No siempre es la preponderancia económica de la burguesía, ni la violencia ejercida por el Estado, ni la efectividad de los instrumentos ideológicos del capitalismo lo que precipita una derrota; en ocasiones, el desastre se inicia cuando una organización deja de ser reconocida como un instrumento colectivo de emancipación y se transforma en un escenario de disputa entre pequeñas tribus políticas que confunden sus intereses particulares con el destino histórico de la clase obrera.

Entonces aparecen los caudillismos de bolsillo, las camarillas, las susceptibilidades elevadas a principios, los personalismos disfrazados de conciencia revolucionaria y los berrinches infantiles presentados como profundas diferencias ideológicas. Lo que debería ser una escuela de organización consciente termina convertido en un mercado de vanidades donde cada facción pretende monopolizar la pureza doctrinaria, distribuir certificados de revolucionario y expulsar simbólicamente a quienes no se someten a su particular interpretación de la verdad. Marx comprendió que la emancipación de los trabajadores no podía depender de la buena voluntad de individuos excepcionales, sino de la capacidad histórica de una clase para constituirse en sujeto político.

Es la inversión completa de los medios y los fines: el instrumento construido para transformar la sociedad termina sacrificando su razón de existir para conservar el dominio de quienes lo administran. Sería un error atribuir este fenómeno únicamente a la inmadurez sicológica de determinados militantes. Además, se encuentran condiciones materiales que lo sustentan: la burocratización de las estructuras, la concentración de información y recursos, la falta de controles efectivos, la competencia por posiciones de representación, la precariedad de la formación política y la sustitución de la deliberación colectiva por lealtades individuales.

Dado que la democracia revolucionaria no implica que todos impongan perpetuamente su voluntad, sino que todos tengan la capacidad de participar de manera efectiva en la formulación de las decisiones, comprendan sus fundamentos, supervisen su implementación y acepten procedimientos comunes para la resolución de desacuerdos. La mayoría no adquiere por ello un derecho de propiedad sobre la organización, ni la minoría puede convertir su condición minoritaria en una licencia permanente para sabotear toda resolución. Ambas tienen responsabilidades: la mayoría debe evitar la prepotencia y la minoría debe ejercer la crítica sin destruir las condiciones que hacen posible la acción común. Lenin puso énfasis en las dificultades de la organización, Gramsci comprendió la necesidad de establecer hegemonía y Rosa Luxemburgo defendió la vitalidad de la iniciativa popular en contraposición a la burocratización. Las diferencias entre ellos, en lugar de justificar el sectarismo, evidencian que la tradición marxista alberga un debate profundo sobre cómo articular dirección, participación, autonomía y capacidad de cambio.

Ninguna cita de estos pensadores puede sustituir el análisis concreto de las relaciones de poder que operan dentro de una organización. Tampoco existe unidad revolucionaria auténtica cuando se exige silencio frente a los errores, se encubre la corrupción o se utiliza la disciplina para proteger privilegios. La crítica es indispensable; la autocrítica, todavía más. Sin embargo, ambas pierden su sentido emancipador cuando se convierten en armas de facción, en espectáculos de humillación o en mecanismos para liquidar adversarios internos. La crítica revolucionaria debe esclarecer, corregir y fortalecer la capacidad colectiva, no satisfacer el resentimiento de quien necesita una derrota ajena para experimentar una victoria propia. Décadas de trabajo pueden desmoronarse en pocos meses cuando las organizaciones olvidan que cada militante representa mucho más que su nombre, su corriente o su cargo: representa también el tiempo de quienes entregaron años de su vida a una causa, la confianza de comunidades enteras y las expectativas de generaciones que todavía esperan una alternativa al orden capitalista.

Destruir ese patrimonio por rivalidades mezquinas no es radicalismo; es irresponsabilidad histórica. Nada hay de revolucionario en incendiar la casa común para demostrar quién tenía razón sobre la distribución de las habitaciones. La burguesía conoce perfectamente el valor político de la fragmentación de sus adversarios, aunque no necesita dirigir cada conflicto para beneficiarse de sus consecuencias. Una izquierda dividida, ensimismada y ocupada en sus querellas puede conservar toda su retórica anticapitalista mientras pierde la capacidad material de disputar el poder, organizar a los trabajadores y construir instituciones populares. Por eso, la madurez política comienza cuando se comprende que la organización no existe para satisfacer las necesidades emocionales de sus dirigentes, sino para servir a un proyecto colectivo de emancipación. Exige formación teórica, procedimientos transparentes, rendición de cuentas, distribución responsable del poder, mecanismos de resolución de conflictos y una cultura militante capaz de distinguir entre principios irrenunciables y diferencias legítimas.

Y cuando eso ocurra, no bastará con invocar a los mártires, desempolvar los documentos fundacionales ni pronunciar otra vez la palabra unidad. La confianza destruida no se recupera mediante consignas, sino mediante conductas, responsabilidades y resultados. La izquierda necesita comprender, de una vez por todas, que la fraternidad política no significa ausencia de conflicto, sino capacidad organizada para atravesarlo sin perder el horizonte emancipador. Porque ninguna revolución puede edificarse sobre la fantasía de que sus protagonistas están libres de miserias humanas; sólo puede avanzar cuando desarrollan instituciones, conciencia y prácticas capaces de impedir que esas miserias gobiernen el destino colectivo.Allí donde cada tribu se considera más importante que la clase, cada dirigente más importante que el proyecto y cada victoria interna más valiosa que la emancipación de los explotados, el capitalismo no necesita ser derrotado: basta con esperar a que sus adversarios terminen el trabajo por él.

* Doctor en filosofía  

Córdova-Taddei: ¿El tiro saldrá por la culata?

Utopía

Eduardo Ibarra Aguirre

Fue Raquel Buenrostro, secretaria Anticorrupción y Buen Gobierno, y antes afamada por insobornable y enérgica directora general del Sistema de Administración Tributaria, la encargada de presentar en la mañanera la bitácora del modus operandi de los hermanos José Alfredo y Raymundo Hernández Casillas sobre el montaje de una red de empresas fachadas para simular competencia en licitaciones públicas, con las que obtuvieron contratos superiores a los 2 740.3 millones de pesos, esto durante 2015-2025, tanto con los Organismos Públicos Locales Electorales como con el Instituto Nacional Electoral, cuando fue presidido por Lorenzo Córdova Vianello y Guadalupe Taddei Zavala.

La detallada investigación de la economista y matemática Buenrostro Sánchez, se remonta hasta 1983 y para la presidenta Claudia Sheinbaum el entramado pone en relieve que la red de corrupción de los Hernández Casillas “no empezó ayer” y, precisó enseguida, “no defiendo a Taddei; si realizó un acto ilegal, lo tiene que enfrentar”.

Sin mediar matices, subrayó que “el cochinero” y toda esa “mafia electoral” no empezó con la exconsejera presidenta, Guadalupe Taddei, sino que se remonta hacia 1983, cuando Alfredo Hernández fue secretario particular de Juan Carlos Padilla Aguilar –integrante del partido Somos, donde se agrupan Córdova y cuando menos 12 exfuncionarios del INE–, en el Registro Nacional de Población e Identidad, Renapo, y luego en el Centro de Investigación y Seguridad Nacional, Cisen. Y al salir del servicio público creó una empresa que obtuvo contratos electorales en el estado de México, enseguida en otras OPLES y más tarde en el mismísimo Instituto Nacional Electoral. “Ellos constituyeron esta mafia electoral, que se reproduce entre ellos”, concluyó CSP.

Debido a lo anterior, los que deciden en la Marea Rosa, ahora Somos. que encabeza Gudalupe Acosta Naranjo, el impresentable Don Lupito, advirtieron que demandarán por difamación, a la titular del Ejecutivo federal; serena y puntual como suele ser la científica, contestó a pregunta expresa de los colegas que tiene abundantes pruebas que respaldan sus juicios.

Pruebas que le permitieron asegurar sin estridencias que “Quisieron presentar la idea con estos videos que se revelaron apenas, de que el problema era Taddei, y que ella es de Morena. Resulta que Taddei fue nombrada por el Consejo General del INE, que se encargó de los procesos electorales desde 2014, cuando fue nombrado Lorenzo Córdova”. Nada más.

Mientras tanto, el INE resolvió solicitar a la Fiscalía General de la República investigar el contrato de la credencial de elector (el más caro de todos los firmados recientemente) y los de la elección judicial de 2025, para determinar (en su caso) las sanciones en contra de quienes resulten responsables por la probable comisión de al menos cinco delitos incluidos en el Código Penal Federal.

Solicitarán a la FGR, de acuerdo con el proyecto de denuncia, que realice las indagatorias en torno a cinco posibles delitos que pudieron haberse cometido durante la gestión de la exconsejera expresidenta Guadalupe Taddei: uso ilícito de atribuciones y facultades, ejercicio abusivo de funciones, tráfico de influencias, peculado y enriquecimiento ilícito.

En tanto que los coordinadores de Morena en el Senado, Higinio Martínez Miranda, y la Cámara de Diputados, Ignacio Mier Velazco, insisten en que “los opositores y en general la derecha sólo buscan deslegitimar los comicios”, pero no tendrán éxito, toda vez que las investigaciones sobre la trama corrupta van a ir a fondo y quedará claro que no es un problema de ahora, sino de hace más de dos décadas. Y menos después de la orfandad en que los está dejando Donald Trump.

Acuse de recibo

“Ya me gritaron mil veces / que me regrese a mi tierra / porque aquí no quepo yo. Quiero recordarle al gringo / yo no crucé la frontera / la frontera me cruzó / América nació libre, el hombre la dividió. Es un error bien marcado / Nos quitaron ocho estados / ¿Quién es aquí el invasor? / Soy extranjero en mi tierra / y no vengo a darles guerra / soy hombre trabajador. Yo soy la sangre del indio, soy latino, soy mestizo / Somos de todos los colores y de todos los oficios / y si contamos los siglos, aunque le duela al vecino / Somos más americanos que todititos los gringos”: Los Tigres del Norte. (…) Hace tres lustros falleció Miguel Ángel Granados Chapa, como lo recuerda Luis Fernando Granados, su hijo, en este excelente y bello testimonio, El Presente del Pasado. Miguel Ángel Granados Chapa, https://elpresentedelpasado.com/2016/10/17/miguel-angel-granados-chapa/ (…) La semana pasada se nos adelantó su biógrafo, amigo y colega, Humberto Musacchio, del cual comparto el enlace al prólogo de Complot contra un proyecto de nación, cuando el periodista, escritor, enciclopedista e historiador comulgaba con las causas del candidato presidencial Andrés Manuel López Obrador, https://forumenlinea.com/libros/complot_contra_el_proyecto_de_nacion.pdf

http://www.forumenlinea.com/ X: @forumenlinea forum@forumenlínea.com

ANDRÉ JANONES O CÓMO DARLE VUELTA AL ALGORITMO

 Su estrategia digital adoptó un estilo de “troll político”: ataques directos, ironía y lenguaje popular contra Bolsonaro y sus aliados.

 Durante años, los conservadores alineados con el expresidente Jair Bolsonaro fueron considerados los principales impulsores de la movilización política en línea, especialmente en plataformas como WhatsApp y Telegram.

Por José Sobrevilla

El clima en Ituiutaba, municipio de la región del Triángulo Minero, en el oeste del estado de Minas Gerais, Brasil, es de tipo tropical de sabana; en algunas temporadas se presentan lluvias cálidas y bochornosas, sobre todo en verano; en invierno, a veces, se presenta una temporada seca, más despejada. A lo largo del año, las temperaturas oscilan entre 17 y 33 °C, con un promedio anual de 24,3 °C. El censo de 2022 registró 102 mil 217 habitantes en una extensión territorial de 2 millones 598 mil 046 km². Su alcaldesa, consigna el Instituto Brasileño de Geografía y Estadística, es Leandra Guedes Ferreira, quien ganó las elecciones por el partido Avante el 15 de noviembre de 2021, con un mandato que termina en 2028, y es la primera mujer en llegar a ese cargo.

Al candidato del Partido Liberal Brasileño, Flávio Bolsonaro, en la segunda vuelta de las elecciones presidenciales, le preocupaba que, en el debate, André Janones acompañara a Lula da Silva, por lo que invitó a Leandra Guedes Ferreira a que lo acompañara, en la histórica TV Globo, porque ello impediría que, André Janones asistiera, ya que al haber sido marido de la alcaldesa de Ituiutaba, y existir una orden de protección emitida por el Tribunal de Justicia de Minas Gerais, por la amenaza de difundir fotos íntimas, su exmarido no podría estar cerca de ella a menos de 300 metros (sitio web Metrópoles/abril/2025).

Al aceptar Leandra la invitación y presentarse físicamente en los estudios de televisión, Janones quedó legalmente impedido de ingresar o permanecer en dicho recinto para acompañar a Lula, ya que, de lo contrario, habría incurrido en el delito de violación de una orden judicial. Leandra Guedes acudió a la invitación de Flávio Bolsonaro y, posteriormente, en sus redes sociales, declaró que su presencia no se debió a una ‘venganza política’, sino a un acto para “dar voz a las mujeres víctimas de violencia y silenciadas por figuras de poder”. Por su parte, Janones optó por no asistir y, desde otro lugar, realizar una transmisión en directo en sus redes sociales para comentar el debate.

El 25 de octubre de 2026, el presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva (Garanhuns, 27 de

octubre de 1945), reconoció públicamente, durante su discurso de victoria en São Paulo, el trabajo de André Janones, llamándolo “nuestro general” y agradeciéndole por haber levantado la moral de la tropa digital que impulsó su campaña. Reconocimiento que le manifestó en la Avenida Paulista, el corazón financiero, cultural y turístico de São Paulo, y que fue reportado por medios como G1 (Brasil), Yahoo! Noticias y SDP Noticias, entre otros.

Tras quedar rezagado en la primera ronda tres semanas antes, a punto de cumplir 81 años, Lula obtuvo algo menos del 52% de los votos en la segunda vuelta. Pero, además del prestigio personal del sindicalista y ex trabajador metalúrgico, ¿qué hizo Janones para que Lula fuera coronado presidente de Brasil? Además de participar en la coordinación de la campaña, tras perder la primera vuelta, Janones se dedicó a crear un canal de difusión en WhatsApp llamado “Ejército de Lula”, que en tres semanas pasó de 60 mil seguidores a más de 10–11 millones. Funcionaba como una estructura militar de mando, en la que los seguidores recibían cronometradamente “munición visual” (memes, videos, mensajes) para compartir masivamente. “Yo soy el mariscal del Ejército del General Janones”, habría dicho el actual presidente brasileño.

André Luís Gaspar Janones, abogado, político y estratega de comunicación digital brasileño, nació el 5 de mayo de 1984 en Ituiutaba, estado de Minas Gerais, Brasil. Según el registro parlamentario consultado en octubre de 2026, es diputado federal, y también operador de movilización política en redes sociales del partido Rede Sustentabilidade (REDE) —un partido político brasileño de izquierda verde y progresista—. Creció en una familia con recursos económicos limitados, donde su madre trabajaba como empleada doméstica y su padre, con una discapacidad motriz, se desplazaba en silla de ruedas. Con el apoyo de una beca, estudió Derecho en la Fundación Educativa de Ituiutaba (FEIT), una institución que posteriormente se integró a la Universidade do Estado de Minas Gerais (UEMG), en Brasil, y durante su formación universitaria trabajó como cobrador de autobús para cubrir sus gastos. Después de graduarse, ejerció la abogacía. 

En 2019, se puede leer en Amazon, publicó el libro (Em Portugues do Brasil) “Janonismo Cultural. O uso das redes sociais e a batalha pela democracia no Brasil”, una estrategia de comunicación política y “guerrilla digital” donde sostiene —entre otras cosas— que la disputa política —en la actualidad— se da por la atención de los usuarios en las redes sociales, por lo que propone responder a la desinformación con lenguaje llano y apelación directa a las emociones. El prefacio lo escribió Eduardo Moreira, empresario influyente, ingeniero, exbanquero de inversión, escritor y comunicador brasileño, con una exitosa carrera en el mercado financiero tradicional y que posteriormente transitó hacia el activismo social, la educación popular y el periodismo de izquierda.

La notoriedad pública de André Janones llegó durante la huelga de camioneros en Brasil (2018) y, a partir de ahí, saltó a la fama política tras grabar, difundir y viralizar un video en redes sociales en el que apoyaba a los manifestantes. Gracias a ese impulso mediático, Janones logró registrarse y ganar un escaño como diputado federal en Brasil, consolidando posteriormente su perfil como estratega digital.

Según los diversos perfiles biográficos difundidos sobre él, también brindó asistencia jurídica

gratuita a familias que buscaban obtener medicamentos, exámenes y tratamientos médicos a

través del sistema público de salud brasileño, conocido como SUS (Sistema Único de Saúde), un sistema universal y gratuito. Lo que fue una postura pública de defensa y fortalecimiento como parte central de su plataforma política.

La maniobra de comunicación política que se volvió en contra.

El 18 de octubre de 2026, durante el último debate presidencial de la segunda vuelta, Flávio

Bolsonaro mostró ante las cámaras la palabra “corrupto” escrita en la palma de su mano y marcó un cuadrado sobre las letras “PT”, aludiendo al Partido de los Trabajadores de Luiz Inácio Lula da Silva, hoy dirigido por Edinho Silva. La intención era asociar a Lula y al PT con los escándalos de corrupción que, históricamente, la derecha brasileña ha utilizado como argumento político.

Según reportes del debate que difundieron TikTok y otras plataformas, Bolsonaro invitó incluso a sus seguidores a escribir la palabra “corrupto” de esta forma para reforzar el mensaje; pero ¿por qué se volvió en su contra? Cuando mostró la mano a cámara, muchos usuarios en redes sociales interpretaron la imagen no como una acusación contra Lula, sino como una especie de autodescripción involuntaria. Y la fotografía que se hizo viral mostraba a Bolsonaro sosteniendo una mano en la que se leía la palabra “corrupto”, sin el contexto completo de su explicación, y las redes sociales aprovecharon esa ambigüedad para burlarse de él.

El reporte de The Guardian fue directo: “Lo que empezó como un meme evolucionó rápidamente en una tendencia colectiva; los usuarios comenzaron a publicar fotos de sus propias manos y, en lugar de “corrupto”, escribían su profesión u oficio: “médico”, “profesora”, “ingeniero”, “periodista”, “enfermera”, etcétera. La idea implícita era: “si Flávio escribió lo que es, yo también escribiré lo que soy”.

Según reportes periodísticos, participaron ciudadanos comunes, artistas, periodistas y políticos vinculados a Lula, y la tendencia se expandió rápidamente, desplazando el mensaje original de la campaña de Bolsonaro. Desde el punto de vista de la comunicación política, el episodio reunió varios elementos: una imagen sencilla y fácil de copiar; una acusación que podía reinterpretarse visualmente; una campaña altamente polarizada y una cultura brasileña de memes, excesivamente activa en la política digital. Así, analistas y medios describieron el episodio como un ‘boomerang’ o error de comunicación, porque la conversación pública pasó de discutir la acusación contra Lula a burlarse de Bolsonaro.

Una estrategia estilo “Troll político”

Hay muchas descripciones de la estrategia digital de Janones, pero el consenso es que fue agresiva y adoptó un estilo de “troll político”: ataques directos, ironía y lenguaje popular contra Bolsonaro y sus aliados, lo que permitió a Lula mantener un tono más institucional, convirtiéndose en el rostro de la confrontación digital, absorbiendo los ataques y desviando la atención de la oposición.

“Janonismo cultural”, —título de su libro— es el concepto académico que describe su método: una respuesta rápida a la desinformación en cuestión de minutos. Uso del humor, los memes y la ironía como armas políticas. Agresividad calculada para conectar con votantes comunes. Movilización afectiva intensa (indignación, esperanza, rabia). Coordinación de redes orgánicas en WhatsApp y Telegram, principalmente. A ello aportó su base de 14 millones de seguidores a la campaña en redes sociales, especialmente entre los jóvenes y en los sectores populares.

Para contrarrestar la narrativa bolsonarista, realizó transmisiones conjuntas con Lula da Silva,

ayudando al candidato a reaprender la comunicación digital y a penetrar en segmentos en los que la derecha tenía ventaja. Implementó tácticas similares a las del propio Bolsonaro: provocación, exageración y confrontación directa, lo que le valió críticas por empobrecer el debate democrático; los analistas señalan que estas tácticas resultaron decisivas para neutralizar la propaganda digital de la derecha.

Académicos y analistas identifican su aporte como un cambio de paradigma. Como bien han dicho Julia Braun, Rute Pina y Luiz Fernando Toledo en BBC News (26 de octubre de 2026): “Durante años, los conservadores alineados con el expresidente Jair Bolsonaro fueron considerados los principales impulsores de la movilización política online, especialmente en plataformas como WhatsApp y Telegram y, la aparición del “Ejército de Lula”, convenció a muchos simpatizantes de que la izquierda brasileña finalmente había encontrado la manera de competir en un ámbito digital que durante mucho tiempo había favorecido a sus rivales”.

Podemos concluir que, lo aportado a la campaña de Lula fue el uso de las redes sociales para

movilizar a simpatizantes y disputar la conversación política a través de mecanismos como la

distribución de contenidos (videos, mensajes y publicaciones favorables a Lula) que los participantes podían compartir en sus propias redes; movilización organizada: coordinación de simpatizantes mediante canales y grupos digitales; competencia narrativa: respuesta a los

mensajes de los adversarios y disputa de temas que circulaban entre los electores; así como la activación de comunidades, uso de WhatsApp como vía para llegar a públicos que no seguían necesariamente las cuentas oficiales del Partido de los Trabajadores (PT).

Tips y/o recomendaciones finales

En un post difundido en X por el monero Rapé (al parecer tomado de @AndreJanonesMG), el

diputado brasileño señala que su estrategia nunca fue bloquear cuentas de extrema derecha, sino ignorar por completo sus publicaciones. “La idea era sencilla: cualquier interacción puede

favorecer su difusión, incluso cuando entramos para criticarlos o desmentirlos”. “Si aparece una publicación de esas cuentas, sigue de largo; no la abras ni te detengas a leerla. No des ‘me gusta’, no comentes, no respondas ni compartas. Evita cualquier interacción. Según esta

lógica, al pasar de largo le indicas al algoritmo que ese contenido no te interesa, lo que contribuye a reducir su distribución. Es mejor crear, compartir y difundir más de nuestros contenidos, etiquetas y mensajes; organizarnos en grupos para coordinar esfuerzos y fortalecer nuestra presencia en el espacio digital”.

Señala Rafael Pineda, Rapé: “Yo sí los hubiera bloqueado (…) pero estoy de acuerdo en que hay que evitar bloquear las publicaciones de los contrarios: entrar a sus publicaciones para discutirlas o desmentirlas; aunque la intención sea cuestionarlas, la interacción puede darles más visibilidad. Quedarte viendo sus videos o leyendo sus textos no es algo que deba hacerse. 

“Es mejor hacer una captura de pantalla y usarla en una publicación propia o compartirla en

nuestros grupos —continúa el texto de Rapé— y explicar tu postura sin enlazar el contenido

original ni interactuar con él (…) La propuesta es dejar de regalarles nuestra atención y concentrar nuestros esfuerzos en lo que queremos comunicar. Somos muchos, concluye el post de X. “Unidos podemos ganar espacio en las redes sin alimentar su propaganda”. VER VIDEO (SociodigitalTV, @SobrevillasProductions) en YouTube.

Fuentes consultadas:

 https://www.instagram.com/p/De2SV1-o1KE/

 https://www.ibge.gov.br/cidades-e-estados/mg/ituiutaba.html

 https://www.facebook.com/reel/2000614683978154

 https://www.facebook.com/elespectadorcom/posts/andr%C3%A9-janones-pas%C3%B3-de-cobrar-pasajes-en-autobuses-de-

minas-gerais-a-convertirse-/1636345225199066/

 https://www.bbc.com/mundo/articles/cqkgj20700nzo

 https://www.metropoles.com/

 https://x.com/monerorape/status/2115519850441269619?s=08

Exagentes del Cisen montaron la red de corrupción de materiales electorales -

El origen de los hermanos José Alfredo y Raymundo Hernández Casillas se remonta al sexenio de Salinas de Gortari, cuando fueron agentes del Cisen, órgano de espionaje político que se creó en 1989 y años más tarde estuvo implicado en elmagnicidio de Luis Donaldo Colosio. De acuerdo con la Secretaría Anticorrupción, los ahora contratistas de materiales electorales implicados en una trama histórica de corrupción ingresaron al Centro de Investigación y Seguridad Nacional precisamente en 1989. Su red empresarial no sólo carece de capacidades técnicas y operativas, sino que implicaría esquemas de colusión, sobornos, posible defraudación financiera y fiscal, así como lavado de dinero. La investigación federal encontró nexos con el partido Somos, aunque ese instituto político de reciente creación lo negó

Meses después de asumir la Presidencia de la República y tras el fraude electoral de 1988, el priísta Carlos Salinas de Gortari creó el Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen). El 13 de febrero de 1989 quedó formalmente constituido ese órgano de espionaje político, dependiente de la Secretaría de Gobernación –entonces encabezada por el temido Fernando Gutiérrez Barrios, quien antes fue titular de la extinta Dirección Federal de Seguridad–.

Desde su creación, al frente del Cisen quedó Jorge Carrillo Olea, y como su segundo al mando entró Juan Carlos Padilla Aguilar, ahora militante del partido Somos y recientemente apodado por la prensa como “el padrino” de los hermanos José Alfredo y Raymundo Hernández Casillas, quienes a lo largo de casi tres décadas constituyeron una red de empresas “coyotes” ligadas a materiales electorales.

Actualmente, dicha red –integrada por las empresas Formas Finas y Materiales, Comercializadora JVLY, Cajas Graf, Seriplast de México, Corporativo ZEG, y Formas Finas Fernando Fernández– es investigada por la Fiscalía General de la República, la Unidad de Inteligencia Financiera, el Servicio de Administración Tributaria y la Auditoría Superior de la Federación por diversas anomalías. Entre éstas, destacan que carecen de capacidades técnicas y operativas –por lo que podrían ser fachadas–, así como por posibles esquemas de colusión y sobornos –en especial, los detectados en la breve gestión de la exconsejera presidenta del INE, Guadalupe Taddei–, probable defraudación financiera y fiscal, así como presunto lavado de dinero.

Antecedentes en el Cisen

https://contralinea.com.mx/investigacion/exagentes-del-cisen-montaron-la-red-de-corrupcion-de-materiales-electorales/

De acuerdo con una investigación federal –que la secretaria Anticorrupción, Raquel Buenrostro, presentó en la conferencia presidencial del pasado 5 de noviembre–, Juan Carlos Padilla Aguilar asumió la Secretaría General del Cisen en 1989, e incorporó como su secretario particular a José Alfredo Hernández Casillas –identificado ahora como el nodo principal en la presunta trama de corrupción en materiales electorales–.

La relación entre ambos –que también se extendía a su hermano Raymundo Hernández Casillas– había iniciado años antes. De acuerdo con la secretaria Buenrostro, los hermanos José Alfredo y Raymundo Hernández Casillas empezaron a trabajar en 1983 en la Secretaría de Gobernación: “iniciaron, primero, en el Registro Nacional de Población. Es importante decir que José Alfredo Hernández Casillas era el secretario particular del director general de Renapo [Registro Nacional de Población], que es Juan Carlos Padilla Aguilar”.

La funcionaria federal detalló que “estos personajes se mueven en el siguiente año, en el ‘89, pasan al Cisen. Juan Carlos Padilla Aguilar es el secretario general del Cisen en ese entonces, es el segundo nivel del Cisen; y José Alfredo Hernández Casillas continúa siendo su secretario particular; y Raymundo Hernández Casillas se incorpora al área de Investigaciones”.

En el escalafón del Cisen –órgano que el presidente Andrés Manuel López Obrador desapareció desde el primer día de su gobierno–, el secretario general era el segundo en importancia, sólo por debajo del director. Por ello, desde ese cargo, Padilla Aguilar tenía bajo su mando la estructura interna de la institución, estructurada en 14 áreas. Y entre sus facultades estaban la de nombrar a los delegados estatales del Cisen y la de coordinar la comunicación con la Presidencia de la República y la propia Secretaría de Gobernación. Su mano derecha para esas actividades era José Alfredo, cabecilla de la red empresarial de “coyotaje” electoral.

En ese mismo año, 1989, no sólo entraron al recién creado Centro de Investigación y Seguridad Nacional los hermanos Hernández Casillas; también ingresó Genaro García Luna –exsecretario de Seguridad Pública de Felipe Calderón, preso en Estados Unidos por su sociedad con el Cártel de Sinaloa–. De hecho, Raymundo y García Luna coincidieron en el área de Investigaciones del Cisen.

Este dato es fundamental para entender la formación que posee el segundo al mando de la red empresarial de materiales electorales, que el pasado 6 de noviembre la presidenta Claudia Sheinbaum calificó como la mafia electoral. Y es que dicha área se encargaba entonces de la recopilación, el procesamiento y el análisis de la llamada “información estratégica, táctica y operativa”, con el objetivo de identificar riesgos y amenazas a la seguridad nacional de México. Es decir, era la división encargada del espionaje político.

Aunado a lo anterior, está la revelación que en su momento hizo el presidente López Obrador de cómo, desde esa área del Cisen, García Luna tuvo como encomienda sacar de la escena del crimen al segundo tirador en el magnicidio de Luis Donaldo Colosio, ocurrido el 23 de marzo de 1994.

Fuente: Secretaría Anticorrupción

En cuanto a su liga con los negocios electorales, de la información federal se desprende que los hermanos Hernández Casillas iniciaron la constitución de empresas previo a su llegada al Cisen y en el contexto del fraude electoral contra Cuauhtémoc Cárdenas, que llevó a Salinas de Gortari al poder: en 1988, crearon Cartonera Plástica (L880304FH5).

Para ese momento seguían siendo funcionarios del Renapo –área de la Secretaría de Gobernación encargada de regular, registrar y acreditar la identidad de todas las personas nacionales y extranjeras en el país–, bajo las órdenes de Juan Carlos Padilla Aguilar (ahora militante del partido derechista Somos, donde coincide con exconsejeros electorales como Lorenzo Córdova, Leonardo Valdés Zurita y Marco Baños).

Más aún, en 1988 ni siquiera existía el IFE, que se creó hasta 1991 para simular que Salinas de Gortari y el PRI estaban comprometidos con respetar el voto y transitar a la democracia; tampoco existían las credenciales para votar, y las elecciones eran organizadas directamente por Gobernación, secretaría para la cual trabajaban los hermanos Hernández Casillas.

En 2006, esa primera empresa que crearon –Cartonera Plástica– fue denunciada por presuntamente haber sobornado a consejeros del Instituto Electoral del Estado de México, que fueron destituidos de sus cargos; también estuvo implicada en el incumplimiento de contratos con el entonces Instituto Electoral del Distrito Federal (hoy Instituto Electoral de la Ciudad de México) y fue penalizada. Aunado a ello, mantenía vínculos con Servicios, Asesoría y Materiales Electorales, SA de CV: compartía apoderado legal: Artemio Rafael Castillo Ruiz.

El antecedente del fraude de 1988

Estos antecedentes de los hermanos Hernández Casillas no son menores. Las labores más oscuras del Cisen incluyeron temas de carácter electoral, en el contexto de los fraudes de 2006 y 2012. Eso, como el espionaje político, forma parte de su herencia, al ser la evolución de la llamada policía política que operó durante la Guerra Sucia.

De hecho, sus antecedentes institucionales fueron la Dirección Federal de Seguridad, y luego la Dirección General de Investigación y Seguridad Nacional (Dgisen, que fue el antecedente directo del Cisen).

Previo a la constitución del Cisen, desde los sótanos de la Secretaría de Gobernación y con asistencia de la Dirección General de Investigación y Seguridad Nacional, se operó el fraude electoral de 1988, conocido como “caída del sistema” que llevó a la Presidencia a Carlos Salinas de Gortari y generó un gran descontento social en las calles, por haberle arrebatado el triunfo al entonces candidato de la izquierda Cuauhtémoc Cárdenas.

Sumado a lo anterior, en noviembre 2023, Contralínea reveló un informe de seguridad nacional que ya alertaba los riesgos que implicaba la red de empresas coyotes de los hermanos Hernández Casillas –sin oficinas, empleados ni maquinaria– que han acaparado el mercado de las elecciones a nivel federal y estatal, desde hace más de dos décadas. Dicho informe descubría que la falta de controles puede derivar en fraudes, y con ello amenazar la democracia, pues la papelería y demás materiales electorales se consideran insumos de alta seguridad.

Aunado a ello, se explicaba que esa ausencia de controles podría derivar en los fraudes conocidos en México como “urnas embarazadas” y “carrusel”, que sólo son posibles gracias a una sobreproducción de boletas. No obstante, en la época de Lorenzo Córdova al frente del INE –y luego con Guadalupe Taddei–, la fabricación de urnas, crayolas, boletas, actas, marcador indeleble de huella dactilar y demás materiales electorales fueron dejados arbitrariamente a la iniciativa privada, sin ningún control de calidad pero tampoco de seguridad nacional: sin supervisión de que realmente fabrican el número de boletas que se les pide o si hacen más, ni tampoco el destino de la “papelería desecho”, es decir, no se vigila la destrucción de los excesos.

Tanto el tema de calidad como el tema de volumen, manejo y custodia de los materiales electorales pueden derivar en fraudes: elaboración masiva y descontrolada de boletas y urnas daría paso a una sobre votación; pero también la mala calidad en crayones podría derivar en la suplantación del voto mediante borrado; así como que una mala calidad en la tinta indeleble de huella dactilar podría derivar en que una sola persona votara varias veces en diferentes casillas, ello de la mano con un manejo irregular de los padrones electorales.

Los negocios electorales de los exagentes del Cisen

Anahí del Ángel

Una vez que los hermanos José Alfredo y Raymundo Hernández Casillas se separaron de la administración pública, comenzaron a constituir empresas que sirvieron de fachada e intermediarias para la obtención ilícita de contratos en material electoral, informó la secretaria Raquel Buenrostro.

Por ejemplo, en 1999, mediante la empresa Cartonera Plástica –constituida desde 1988– participaron como proveedores de material electoral en el Estado de México. Previo a ello, entró en vigor una reforma política con la que el IFE adquirió total autonomía y dejan de presidirlo el priista Emilio Chuayffet, quien al mismo tiempo se desempeñaba como secretario de Gobernación.

En 2005, un contrato obtenido por los hermanos Hernández Casillas, provoca un escándalo en la entidad mexiquense que, de acuerdo con la secretaria Raquel Buenrostro, el hecho deriva en la renuncia de siete consejeros electorales, aunque las empresas de dichos hermanos continuaron recibiendo contratos. Entre 2012 y 2013, esto empresarios amplian su actividad mediante la constitución de más empresas fachada.

Esa red empresarial incrementó su presencia con más contratos electorales después de la reforma electoral de 2014, impulsada por el expresidente Enrique Peña Nieto. Dicha modificación otorgó al Consejo General del INEla facultad de designar a los consejeros de los 32 organismos electorales locales (Oples).

Como resultado de esas disposiciones, el 1 de octubre de 2014 el Consejo General nombra a Guadalupe Taddei como presidenta del organismo público local electoral de Sonora, con una votación de 10 a favor y uno en contra. Ello, a pesar de que “dos hombres y una mujer obtuvieron calificaciones superiores tanto en su examen como en su ensayo”.

De acuerdo con la presentación informativa que hizo Raquel Buenrostro, entre 2014 y 2023 se asignaron contratos por más de 2 mil millones de pesos a empresas vinculadas a los Hernández Casillas, quienes operaron en 23 de los 32 Oples.

Entre las principales compañías identificadas se encuentran Formas Finas y Materiales, Cajas Graf, Seriplast de México, Corporativo ZEG, Formas Finas Fernando Fernández y Comercializadora JVYL. Esta misma red empresarial continuó obteniendo contratos durante 2024 y 2025, aunque su presencia se redujo a 15 de los 32 organismos electorales locales, con un monto de 646 millones de pesos.

De acuerdo con las cifras presentadas durante la conferencia presidencial del 5 de noviembre, el monto más alto en contratos obtenidos por dos de las empresas de los hermanos Hernández Casillas, corresponde a 2021, con 908 millones de pesos, y 2024, con 582.4 millones de pesos. En otras participaciones donde fueron contratadas sus empresas, entre 2018 y 2016, el monto ascendió a 321.8 millones de pesos y 251.4 millones de pesos.

La secretaria Buenrostro aclaró que la información que hace pública corresponde a cifras que están disponible para todos en la Plataforma Nacional de Transparencia y el Compranet histórico, por lo que dichos contratos y montos podrían aumentar conforme avance la revisión de la ASF.

Explicó que no todos los sujetos obligados publican la totalidad de sus contratos y llamó la atención sobre 2015, año electoral en el que los registros consultados muestran menos contratos.

“Estos números seguramente se van a mover con las investigaciones que está haciendo la Auditoría Superior de la Federación porque, como estamos usando fuentes abiertas, a veces no todos los sujetos obligados suben la información y no todos los contratos están arriba”, señaló. Añadió que los datos presentados constituyen un “piso” y que los montos seguramente se incrementarán.

En su intervención, la presidenta Claudia Sheinbaum cuestionó al exconsejero presidente del INE, Lorenzo Córdova Vianello, pues durante su gestión al frente del máximo organismo electoral se otorgaron contratos que alcanzaron los 908 millones de pesos, la cantidad más alta asignada a las empresas de los hermanos Hernández Casillas, cifra que también podría verse incrementada conforme avancen las indagatorias.

El mismo Córdova Vianello reconoció que sí estuvo al tanto de las irregularidades con esos hermanos contratistas corruptos, pero dijo que a él no le tocaba investigarlos ni denunciarlos.

La jefa del Ejecutivo presentó un audio de una entrevista en la que el exconsejero presidente Códova Vianello reconoce la problemática que existía en la asignación de contratos; sin embargo, durante su gestión continuó la contratación de las mismas empresas.

“Hay un escándalo en los años 2000, en donde estaba involucrada una empresa que se llamaba Cartonera y que involucró a algunos funcionarios electorales locales del Estado de México, y si no me equivoco también en el estado de Guerrero. Eso provocó un escándalo, es cuando se empezó a señalar –estamos hablando hace más de 20 años– que en el mercado electoral […] había una especie de monopolio que implicaba algunas pocas empresas que prácticamente se repartían el mercado, eso es un problema que estaba ahí desde antes”, dijo el exconsejero Córdova.

Ante esta situación, la primera mandataria cuestionó: “¿Y por qué no hizo nada?”. Señaló que, aunque Lorenzo Córdova argumente que no era su responsabilidad, como presidente del INE tenía la facultad de revisar la actuación de los consejeros que él mismo nombró y establecer lineamientos si detectaba irregularidades en los organismos electorales locales, “tú tenías la capacidad de hacer la revisión, si sabías que había problemas con los organismos locales, ¿por qué no se definieron lineamientos?”, criticó.

Cuestionó además que las empresas contratistas fueran creadas por una persona que actualmente forma parte del partido político Somos, al que también pertenece Lorenzo Córdova, en referencia a Juan Carlos Padilla Aguilar.

Sheinbaum aseguró que las omisiones de los exconsejeros del INE permitieron que el esquema mediante el que operaban las empresas señaladas continuara reproduciéndose en la institución, “no pueden decir que ellos no tuvieron nada que ver, ellos constituyeron este esta mafia electoral que se reproducen entre ellos”.

Empresas simulaban competencia para obtener contratos electorales

Las empresas vinculadas con los hermanos Hernández Casillas se ponían de acuerdo para simular competencia en las licitaciones públicas, como parte de una estrategia para simular el precio más bajo y ganar el contrato, aunque todas tenían los mismos beneficiarios. Después, dispersaban el dinero público entre otras compañías para ocultar quién recibía finalmente los recursos, explicó Raquel Buenrostro.

“Como ellos tienen conocimiento de todas las empresas, simulaban con los precios y se ponían de acuerdo quién iba a ganar con la oferta más baja”, precisó la secretaria.

La revisión de las empresas mediante el Sistema Integral de Gestión Registral permitió identificar que las empresas estaban relacionadas con los Hernández Casillas mediante socios, administradores únicos y representantes legales.

José Alfredo Hernández Casillas heredó en años recientes el control formal de algunas compañías a sus hijos Raymundo Hernández Velázquez y Tatiana Patricia Hernández Velázquez. Entre los nombres identificados figuran Fernando Edgardo Hermosilla Contreras, relacionado familiarmente con Christian Josué, Fernando Fernández Parra y Gerardo Fernández Parra.

De acuerdo con Buenrostro, Raymundo Hernández Casillas participa en cuatro empresas, mientras que Tatiana Patricia Hernández Velázquez, hija de José Alfredo, también aparece en cuatro de ellas.

La funcionaria federal señaló que las investigaciones del Servicio de Administración Tributaria (SAT) y la Unidad de Inteligencia Financiera(UIF) detectaron que las compañías operaban como “empresas fachada”. Obtenían contratos con el INE y recibían los recursos públicos para transferirlos a otras empresas físicas y morales que los dispersarlos para dificultar su rastreo del beneficiario final.

En ese esquema, una compañía recibía el dinero y lo distribuía entre otras diez; éstas, a su vez, lo transferían a más sociedades. La multiplicación de operaciones buscaba ocultar la ruta de los recursos y a las personas que finalmente se beneficiaban, lo que es un claro delito de blanqueo de capitales.

Buenrostro indicó que las empresas no declaraban empleados ni acreditaban capacidad técnica para prestar los servicios contratados. Además, varias compartían domicilios y números telefónicos, características que, junto con la falta de personal, apuntan a que operaban como compañías fantasma.

En las rutas del dinero también se identificaron transferencias a personas de hasta 96 años o jóvenes de sólo 18 años. La funcionaria señaló que podrían tratarse de prestanombres o de casos de robo de identidad, aunque estas posibilidades deben ser investigadas.

El comportamiento de las operaciones, explicó, coincide con patrones de empresas utilizadas para el lavado de dinero y la emisión de facturas falsas. Añadió que el SAT ya había inhabilitado en años anteriores a algunas compañías del grupo por su presunta participación en esquemas de facturación simulada, mientras que la UIF mantiene investigaciones sobre sus movimientos financieros.

Sobre las responsabilidades institucionales, indicó que corresponde a la ASF y a la Contraloría Interna del INE investigar las posibles irregularidades en las contrataciones y determinar las sanciones administrativas. Si se acreditan posibles delitos, deberán presentar las denuncias correspondientes ante la Fiscalía General de la República y deslindar responsabilidades para imponer las sanciones penales correspondientes.

*Resumen Mañanera del Pueblo*_Lunes 9 de noviembre 2026_

🏫 *Cerca de 24 mil mdp para La Escuela Es Nuestra*

La Presidenta Claudia Sheinbaum destacó que, desde el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, La Escuela Es Nuestra entrega recursos directos para que madres, padres y directivos decidan juntos qué necesita cada plantel,  y así, niñas, niños y jóvenes estudien en espacios dignos.

🛠️ *México rompe récord con 23 millones 88 mil 353 empleos formales*

“Llegamos a una cifra máxima de empleos formales”, anunció Claudia Sheinbaum con datos del IMSS. De enero a octubre de 2026 se sumaron 571 mil 277 puestos, un crecimiento y  solo en octubre se incorporaron 161 mil empleos.

🗳️ *Taddei llegó al INE por sorteo tras el aval de seis partidos*

“Guadalupe Taddei traicionó al pueblo”, reafirmó Sheinbaum. La ubicó en el grupo de Lorenzo Córdova y recordó que la Cámara recurrió al sorteo al faltar mayoría calificada. “El INE tiene que sanearse”, sostuvo y pidió a la Auditoría Superior de la Federación y a la Fiscalía General de la República investigar los contratos, y al propio INE cambiar sus reglas de licitación para abrir la competencia, evitar conflictos de interés y frenar el encarecimiento de las elecciones.

🇲🇽 *En 2018 es cuando gana el pueblo: Claudia Sheinbaum*

Contrastó la Transformación con la alternancia de 2000 y el entendimiento PRI-PAN desde el salinismo. Destacó que, con el Humanismo Mexicano, hay más bienestar, mejores salarios, más empleo y estabilidad económica, y más de 13 millones de personas salieron de la pobreza.

*Secretaría de Comunicación, Difusión y Propaganda del CEN Morena*

prensa 📰 hoy en México 🇲🇽 lunes 9 de noviembre de 2026

🗞  LA JORNADA 

Crece brecha salarial en el INE ;consejeros ganan más que Sheinbaum 

Dentro del Instituto Nacional Electoral (INE) se vive una marcada desigualdad salarial. En la parte alta de su estructura hay por lo menos 694 personas que gozan de remuneraciones brutas de más de 100 mil pesos mensuales, entre consejeros, directores, subdirectores, asesores, vocales ejecutivos locales y titulares de unidad.

En contraste, al menos 20 mil 416 empleados ganan máximo 15 mil 856 pesos; algunos con percepciones de entre 5 mil 700 y 9 mil. En este grupo se encuentran trabajadores de Módulos de Atención Ciudadana, capacitadores electorales, auxiliares técnicos y operadores de equipo.

Los reportes del INE muestran discrepancias respecto al sueldo de quienes integran el Consejo General, pero todos coinciden en que los consejeros tienen ingresos que superan los de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

En los primeros tres trimestres del año, el salario más alto fue el que recibía la ahora ex consejera presidenta Guadalupe Taddei. En la Plataforma Nacional de Transparencia (PNT), el instituto dio a conocer que en el periodo julio-septiembre del presente año la sonorense tuvo una remuneración bruta de 393 mil 951 pesos, y de 269 mil 172.46 pesos netos.

Mientras, en los informes del portal de transparencia del propio órgano comicial se apunta que su sueldo bruto fue 262 mil 634 y de 179 mil 527.29 pesos netos. En tanto, en el sitio web del INE se establece que a Taddei se le aplicaba una reducción voluntaria mensual de poco más de 21 mil pesos, para recibir un sueldo neto mensual de 133 mil, pero no se acompaña dicha información de algún documento que verifique que se haya aplicado ese descuento.

Incluso, en su declaración patrimonial se confirma el salario elevado. Refirió que ganaba al año 3 millones 218 mil 693 pesos, sin contar con ningún otro ingreso mas que el de su cargo como consejera presidenta.

Al asumir el cargo, en abril de 2023, Taddei –quien renunció el pasado 26 de octubre, en medio de señalamientos de presunta corrupción– presumió que a diferencia de su antecesor, Lorenzo Córdova, ella se bajaría las percepciones para no superar las del entonces presidente Andrés Manuel López Obrador.

Sobre los 10 consejeros restantes, en los tres informes también hay ligeras diferencias de cuánto ganan, pero en todos se expone que superan lo que recibe la mandataria federal. En el sitio web se indica que los consejeros cuentan con “percepciones brutas” por 262 mil 634 pesos mensuales, y un total neto de 180 mil 828.91.

🗞  CONTRAPORTADA

Financieras solicitaban escrituras para tramitar modalidad 40 del IMSS

La falta de reglas sobre la procedencia de los recursos para incrementar el salario de cotización abrió un vacío legal que fue aprovechado por despachos, patrones y prestamistas para hacer negocio con la Modalidad 40 del IMSS, mediante esquemas que ofrecían a los trabajadores pensiones de hasta 70 mil pesos mensuales, señalaron representantes del sector obrero ante el Consejo Técnico del organismo y abogados.

Los representantes advirtieron que se identificaron 36 entidades financieras con convenios con el IMSS para otorgar créditos a trabajadores, a quienes el organismo suspendió temporalmente la colocación de préstamos y suscribió convenios modificatorios.

La representante Leslie Baeza explicó que algunas financieras –por lo menos cinco– fueron más allá de lo autorizado incluso mediante endeudamiento a cambio de escrituras u otras garantías antes de que el IMSS resolviera el otorgamiento de la prestación. Entre diciembre de 2018 y junio de este año, el número de personas que se han pensionado bajo este esquema creció 201 por ciento, al pasar de 252 mil a 798 mil, de acuerdo con José Luis Carazo, también representante.

Los recursos destinados al pago de estas pensiones representaron aproximadamente 251 mil millones de pesos anuales, indicó Baeza, al citar información proporcionada durante la sesión extraordinaria del Consejo Técnico del 10 de octubre pasado.

En entrevista, mencionó que al 31 de julio pasado, se tenían 267 mil 678 asegurados en la modalidad 40. Detalló que 103 mil 461 personas cotizaban con un salario de entre ocho y nueve veces el mínimo, y otras 44 mil 831 lo hacían en un rango de nueve a diez, lo que representó el grueso con 148 mil 292 con pensiones superiores a 70 mil pesos. En contraste, 43 mil 913 tenían pensiones de hasta un salario mínimo, es decir, poco más de 10 mil pesos.

Ricardo Landero Aramburu, abogado laboral, explicó que con la Modalidad 40 se desarrollaron dos esquemas distintos: el primero y más delicado, porque “constituye un fraude en que personas pagaban a empresas o cooperativas para aparecer como trabajadores asegurados ante el IMSS y así sumar semanas de cotización”.

En otros, los patrones registraban a los trabajadores con un salario, pero después les exigían devolverlo, una práctica que podía facilitar lavado de dinero, señaló.

El segundo mecanismo, precisó, consistía en financiar las aportaciones para elevar el salario de cotización y aspirar a pensiones de 60 mil o 70 mil pesos mensuales.

🗞  CONTRALÍNEA 

Exagentes del Cisen montaron la red de corrupción de materiales electorales 

El origen de los hermanos José Alfredo y Raymundo Hernández Casillas se remonta al sexenio de Salinas de Gortari, cuando fueron agentes del Cisen, órgano de espionaje político que se creó en 1989 y años más tarde estuvo implicado en elmagnicidio de Luis Donaldo Colosio. De acuerdo con la Secretaría Anticorrupción, los ahora contratistas de materiales electorales implicados en una trama histórica de corrupción ingresaron al Centro de Investigación y Seguridad Nacional precisamente en 1989. Su red empresarial no sólo carece de capacidades técnicas y operativas, sino que implicaría esquemas de colusión, sobornos, posible defraudación financiera y fiscal, así como lavado de dinero. La investigación federal encontró nexos con el partido Somos, aunque ese instituto político de reciente creación lo negó

Meses después de asumir la Presidencia de la República y tras el fraude electoral de 1988, el priísta Carlos Salinas de Gortari creó el Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen). El 13 de febrero de 1989 quedó formalmente constituido ese órgano de espionaje político, dependiente de la Secretaría de Gobernación –entonces encabezada por el temido Fernando Gutiérrez Barrios, quien antes fue titular de la extinta Dirección Federal de Seguridad–.

Desde su creación, al frente del Cisen quedó Jorge Carrillo Olea, y como su segundo al mando entró Juan Carlos Padilla Aguilar, ahora militante del partido Somos y recientemente apodado por la prensa como “el padrino” de los hermanos José Alfredo y Raymundo Hernández Casillas, quienes a lo largo de casi tres décadas constituyeron una red de empresas “coyotes” ligadas a materiales electorales.

Actualmente, dicha red –integrada por las empresas Formas Finas y Materiales, Comercializadora JVLY, Cajas Graf, Seriplast de México, Corporativo ZEG, y Formas Finas Fernando Fernández– es investigada por la Fiscalía General de la República, la Unidad de Inteligencia Financiera, el Servicio de Administración Tributaria y la Auditoría Superior de la Federación por diversas anomalías. Entre éstas, destacan que carecen de capacidades técnicas y operativas –por lo que podrían ser fachadas–, así como por posibles esquemas de colusión y sobornos –en especial, los detectados en la breve gestión de la exconsejera presidenta del INE, Guadalupe Taddei–, probable defraudación financiera y fiscal, así como presunto lavado de dinero.

Antecedentes en el Cisen

De acuerdo con una investigación federal –que la secretaria Anticorrupción, Raquel Buenrostro, presentó en la conferencia presidencial del pasado 5 de noviembre–, Juan Carlos Padilla Aguilar asumió la Secretaría General del Cisen en 1989, e incorporó como su secretario particular a José Alfredo Hernández Casillas –identificado ahora como el nodo principal en la presunta trama de corrupción en materiales electorales–.

La relación entre ambos –que también se extendía a su hermano Raymundo Hernández Casillas– había iniciado años antes. De acuerdo con la secretaria Buenrostro, los hermanos José Alfredo y Raymundo Hernández Casillas empezaron a trabajar en 1983 en la Secretaría de Gobernación: “iniciaron, primero, en el Registro Nacional de Población. Es importante decir que José Alfredo Hernández Casillas era el secretario particular del director general de Renapo [Registro Nacional de Población], que es Juan Carlos Padilla Aguilar”.

🗞  EL UNIVERSAL

Tenía el Clan Taddei red de prestanombres 

Las siete empresas relacionadas con los hermanos Hernández Casillas, señalados por obtener contratos por más de 2 mil 740 millones de pesos de organismos locales electorales desde la época de los 90, a través de fraudes en contratación de materiales, operaban con prestanombres.

Una revisión hecha por EL UNIVERSAL a las operaciones que en el Registro Público de Comercio reportan estas empresas permitió identificar que todas ellas operan con prestanombres o socios que, incluso, han sido revelados en la conferencia matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum.

Se trata de las compañías Cajas Graf, Corporativo Zeg, Comercializadora JVLY, Formas Finas y Materiales, Seriplast de México, Comercializadora Grupo Selati y Formas Finas Fernando Fernández.

Fuente: Secretaría Anticorrupción

Fuente: Secretaría Anticorrupción

Aunque en el registro digital de comercio de la Ciudad de México no es posible ver el acta constitutiva de Cajas Graf, de acuerdo con la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno, fue constituida por Salvador Luis Morett y Alejandra Ortiz González en julio de 1993.

En diciembre de 2021 se dio un poder total y se cedieron acciones a favor de Raymundo Francisco Hernández Casillas, hermano de José Alfredo Hernández Casillas, ligado a Guadalupe Taddei a través de videos dados a conocer por Latinus, donde se les observa repartirse porcentajes de moches que otorgan otros contratistas al ganar licitaciones en el Instituto Nacional Electoral (INE).

Ese poder y esas acciones que Víctor Hugo Aguilar Macalpin, entonces representante legal de Cajas Graf, cedió a Raymundo Francisco Hernández Casillas, se firmaron en la Notaría 185 del Estado de México, cuyo titular es Marcelo Rosseto Armida. La notaría está ubicada en Lomas de Tecamachalco, municipio de Naucalpan.

Otra empresa que utilizó prestanombres para después ceder acciones y poderes, incluso a funcionarios del INE ligados a la trama del clan Taddei, fue el Corporativo Zeg, constituida en diciembre de 2015 en la Notaría 181 de la Ciudad de México, a cargo de Miguel Soberón Mainero, con domicilio en Santa Fe.

Corporativo Zeg fue constituida por Alejandro Olaya Ortiz y Omar Salvador López Sánchez, pero en 2017 otorgó un poder total a Raymundo Francisco Hernández para todas sus operaciones financieras y representaciones legales, por ejemplo, para representarlo al frente de contratos y licitaciones firmados con organismos públicos locales.

Ese poder se firmó también en la Notaría 181, de Miguel Soberón Mainero. Fue hasta 2024, siete años después de haber otorgado los derechos de su representación, que Raymundo Francisco Hernández Casillas solicitó, ante otro notario, darse de baja como representante legal de Corporativo Zeg.

🗞  MILENIO

INE solicitó a FGR investigar lis contratos de la era Córdova 

El INE pidió a la Fiscalía General de la República que rastree “beneficios indebidos” a proveedores en los últimos 10 años, que esclarezca a todas las personas que pudieron haber “participado, facilitado o encubierto” esta red de corrupción por la que se señala a Guadalupe Taddei, y que actúe de manera inmediata para impedir “la destrucción o alteración” de esos archivos.

Tal como MILENIO adelantó desde el pasado jueves, la mayoría de las consejerías pidieron enlistar seis posibles delitos que podrían actualizarse ante las “conductas delictivas” que se exhiben en diferentes videos entre Guadalupe Taddei, familiares, funcionarios electorales y el proveedor Alfredo Hernández Casillas.

La denuncia presentada la noche del viernes, a la que este medio tuvo acceso, y ante los señalamientos de que los beneficios a las empresas vinculadas con Hernández Casillas no surgieron con la llegada de Guadalupe Taddei a la presidencia del INE en abril de 2023, sino que vendrían desde la gestión de Lorenzo Córdova o, incluso, previamente; el INE amplió “como periodo general de referencia el correspondiente a los 10 años anteriores a la presentación de la denuncia, sin perjuicio de los antecedentes de ejercicios anteriores que resulten necesarios para contextualizar las operaciones en materia de investigación”.

Sin embargo, aunque amplió el periodo que originalmente sólo preveía la gestión de Taddei, sí recalca que “de manera particular, ameritan ser examinados por la autoridad ministerial” los procedimientos de contratación de las dos elecciones a cargo de Guadalupe Taddei como consejera presidenta: la adquisición de materiales electorales para el Proceso Electoral Federal 2023-2024 y el Proceso Electoral Extraordinario del Poder Judicial de la Federación 2024-2025; así como los servicios y bienes vinculados con la capacitación electoral, las contrataciones y operaciones relacionadas con la producción de la credencial para votar para el periodo 2026-2031, ante los videos que exhiben directamente a Taddei en negociaciones que la beneficiarían tanto a ella como a su familia.

    “La relevancia penal de los hechos no deriva exclusivamente de la existencia de irregularidades en procedimientos de contratación o de observaciones formuladas por las instancias fiscalizadoras, sino de la posibilidad de que determinadas actuaciones hubieran sido realizadas deliberadamente para favorecer a particulares, obtener beneficios económicos indebidos, disponer irregularmente de recursos públicos o utilizar las atribuciones de las personas servidoras públicas para propósitos distintos a los legalmente autorizados”, indica el documento.

Petición de resguardo inmediato y revisión de licitaciones clave

La denuncia de hechos “en contra de quien o quienes resulten responsables” pide que le reconozca al INE en calidad de ofendido, ante una posible afectación directa a su patrimonio.

Firmado por la apoderada legal del INE, Brenda Rocío Ramírez García, en 38 páginas detallan los videos que se han revelado en las últimas semanas en los que se exhiben aparentes actos de corrupción entre Guadalupe Taddei, funcionarios y proveedores, por lo que se pide turnarse a la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción para que determine la posible existencia de conductas constitutivas de delito.

🗞  EXCÉLSIOR 

El INE ofrece diálogo y mejoras para empleados

En respuesta a la demanda de cerca de cinco mil trabajadores de Módulos de Atención Ciudadana, el Instituto Nacional Electoral (INE) anunció acciones enfocadas en la justicia laboral, las cuales incluyen el compromiso de reforzar el cumplimiento de las jornadas de trabajo, asegurar los descansos reglamentarios y respetar de manera estricta los 30 minutos destinados al consumo de alimentos.

Asimismo, un incremento salarial de 6% para los empleados con nivel FA1 en los Módulos de Atención Ciudadana, el cual entrará en vigor a partir de enero de 2027.

La circular INE/DEA-DERFE/001/2026, fechada el 7 de noviembre y firmada por los titulares de las direcciones ejecutivas de Administración y del Registro Federal de Electores, reconoce que los planteamientos del personal reflejan “preocupaciones legítimas relacionadas con sus condiciones salariales, laborales y operativas”.

Sin embargo, respecto a los sueldos, indica que las restricciones de presupuesto impiden otorgar el aumento solicitado para 2026, por lo que, para 2027, la directiva someterá a aprobación del Consejo General un incremento, el cual dependerá de los fondos disponibles.

El organismo electoral también informó que dará mayor certeza en la programación de las vacaciones —fijando una semana continua a finales de 2026— y procurará que las actividades de capacitación se desarrollen dentro de los horarios laborales para no afectar los periodos de descanso de los empleados.

Como parte de este proceso, el instituto ha retomado y fortalecido los mecanismos de diálogo con sus trabajadoras y trabajadores, particularmente con el personal de los Módulos de Atención Ciudadana (MAC), cuyas funciones son fundamentales para garantizar los servicios de identificación y atención a la ciudadanía”, indicó.

Pese a ello, se prevé que empleados del INE realicen un paro nacional hoy; en la Ciudad de México se espera una manifestación pacífica y bloqueo en Periférico, frente a las oficinas centrales del INE, a partir de las 10:30 horas.

🗞  EL HERALDO 

Blinda INE adquisición de materiales electorales 

El Instituto aplicará medidas de vigilancia

por parte de organismos internos y externos con la participación de la ASF y la inclusión de la figura de testigo social que sea apartidista 

🗞  REPORTE ÍNDIGO 

La factura de la corrupción 

La facturación simulada se ha convertido en uno de los mecanismos utilizados para evadir obligaciones fiscales, encubrir operaciones y dar apariencia de legalidad a recursos de procedencia ilícita. Frente a este esquema, el Servicio de Administración Tributaria (SAT) mantiene abiertas distintas líneas de fiscalización que alcanzan tanto a las empresas y personas físicas que emiten comprobantes por operaciones inexistentes como a los intermediarios encargados de validarlos. Las acciones más recientes evidencian la dimensión de una red que se extiende por distintos sectores económicos y niveles de la cadena de facturación.

Por un lado, una auditoría del Órgano Interno de Control del SAT identificó a siete Proveedores de Certificación de Facturas Electrónicas que operaban con Empresas que Facturan Operaciones Simuladas (EFOS), mejor conocidas como factureras y que, en conjunto, validan aproximadamente 20.53 por ciento de la facturación nacional. A partir de estos hallazgos, el pasado 18 de octubre, el organismo revocó las autorizaciones de cinco proveedores y abrió procedimientos administrativos contra otros dos.

El SAT informó que se revocaron las autorizaciones de Facturadoelectronico.com, DigiFact, FactoreYa, EdiFactMx y Comercio Digital, mientras que otros dos proveedores enfrentan procedimientos administrativos para retirarles sus permisos. No obstante, la información oficial no detalla el monto de las operaciones presuntamente simuladas ni el número de comprobantes involucrados, por lo que aún no es posible dimensionar el alcance económico de las irregularidades.

E la más reciente publicación del Diario Oficial de la Federación se agregaron empresas que operan irregularmente. La Ciudad de México concentra más casos.

E la más reciente publicación del Diario Oficial de la Federación se agregaron empresas que operan irregularmente. La Ciudad de México concentra más casos.

Por otro, el 6 de noviembre de 2026, el Diario Oficial de la Federación (DOF) publicó una nueva actualización del listado definitivo de contribuyentes que no lograron desvirtuar la presunción de emitir comprobantes fiscales por operaciones inexistentes. La relación incorpora a 76 personas físicas y morales, cuyos comprobantes pierden efectos fiscales conforme al artículo 69-B del Código Fiscal de la Federación.

Sin embargo, las resoluciones y publicaciones oficiales no precisan el monto de las operaciones presuntamente simuladas ni el volumen total de facturas involucradas. Aunque las autoridades avanzan en la identificación y sanción de participantes en estos esquemas, permanece pendiente conocer el alcance financiero de una actividad que compromete la recaudación y la transparencia del sistema tributario.

🗞  LA RAZÓN 

Caso Segalmex: van 2 denuncias más ante FGR y suman 13; aún sin aclarar, 2 mil mdp 

Un monto sin aclarar por más de dos mil millones de pesos y más de una decena de denuncias penales por el ejercicio irregular de recursos públicos tiene pendientes con el Estado el organismo Seguridad Alimentaria Mexicana (Segalmex), a casi dos años de formalizarse su extinción, reveló la Auditoría Superior de la Federación.

Las irregularidades observadas en el interior del organismo, que se creó en 2019, llevaron a que el ente fiscalizador presentara dos nuevas denuncias ante la Fiscalía General de la República (FGR) el pasado 22 de octubre, con lo que ya suman 13.

En sus apenas cinco años de existencia, se le llegaron a determinar observaciones por 20 mil 132 millones de pesos, de los que actualmente le quedan por solventar o justificar dos mil 164.7 millones; es decir, una décima parte, de acuerdo con la última información consultable y de la que se espera una actualización derivada de las dos nuevas demandas.

De esta cantidad, 157.8 mdp corresponden a los pliegos de observaciones de irregularidades; es decir, que aún están dentro del proceso de solventación, por lo que no han ameritado otras medidas hasta ahora.

    El Tip: En los primeros 2 años de operación de Segalmex, la ASF detecto irregularidades por 15 mil 300 mdp, duplicando los 7 mil 600 millones reportados en La Estafa Maestra.

Por el contrario, los dos mil 6.9 millones restantes ya integran lo que llevó a una parte de las denuncias de hechos que interpuso la Auditoría Superior, lo que habla de que durante el proceso de fiscalización encontró indicios de un mal manejo de los recursos económicos por parte de Segalmex durante el sexenio pasado.

De las 13 acciones penales presentadas ante la FGR, ocho corresponden a la auditoría 283-E, relativa a la Cuenta Pública 2019, y las otras cinco a la 327-DE, en 2020, ambas correspondientes a la primera etapa de formación del órgano descentralizado en el gobierno de Andrés Manuel López Obrador.

Respecto a la cuenta del primer año de operación de Segalmex, quedaron sin justificar 725.3 millones de pesos hasta el último corte disponible en la base de datos de la ASF, donde presumiblemente aún falta por actualizar el monto atribuible a las dos denuncias que el órgano apenas presentó hace dos semanas, ya que en dicho sitio sólo aparecen seis demandas de hechos, por lo que aún falta por consignar que se promovió el último par.

🗞  REFORMA 

Usan anticorrupción para extorsiones !

La Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno, encabezada por Raquel Buenrostro, denunció ante la FGR a "quien resulte responsable" por la falsificación de su firma y alteración de papelería oficial con fines de extorsión.

La denuncia a la que tuvo acceso REFORMA, señala que empresarios y proveedores del Gobierno fueron chantajeados con documentos presuntamente oficiales con papel membretado de la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno en donde la titular de la dependencia daba instrucciones a subalternos para indagar a empresarios por supuestos ilícitos.

El documento era exhibido a los proveedores como amenaza para consumar la extorsión.

La denuncia penal fue presentada ante la Fiscalía el pasado 6 de agosto por Mauricio Elpidio Montes de Oca Durán, Director de Asuntos Penales y Estratégicos de la Unidad de Combate a la Impunidad de la Secretaría Anticorrupción.

Conforme la querella, Montes de Oca indica que el 29 de julio pasado se tuvo conocimiento de que una persona de manera anónima señaló la existencia de un oficio supuestamente suscrito por Buenrostro y que ella aseveró que no lo había elaborado. Por ello, dice Montes de Oca, "se presume que es apócrifo, motivo por el cual se hace la denuncia para su investigación". La clave del expediente es FED/CDMX SZS/ 0003777/2026.

La instrucción que presuntamente daba Buenrostro a sus subalternos en el oficio falsificado decía que existía una orden directa de Ulises Lara, Fiscal Especial de Asuntos Relevantes de la FGR, para investigar a proveedores. Uno de los oficios presuntamente apócrifos a los que tuvo acceso REFORMA tiene fecha de 4 de junio de 2026.

Lara renunció el pasado 14 de julio a la Fiscalía de Asuntos Relevantes. Su dimisión fue de manera intempestiva y hasta ahora no existe ninguna explicación sobre las causas de su salida ni si tiene relación con la denuncia de Anticorrupción presentada dos semanas después de su salida.

Según el documento presuntamente apócrifo, se ordenaba que si alguno de los empresarios mencionados se encontraba "en condiciones contrarias a las leyes aplicables en la materia deberá iniciar el procedimiento disciplinario correspondiente dando conocimiento a la FGR para que lo tome en cuenta en la esfera de sus atribuciones".

Dicho documento era utilizado con fines de extorsión pues al mostrárselo a los proveedores enlistados se les hacía creer que estaban bajo investigación y se les pedía dinero para frenar las supuestas indagatorias. Una persona no identificada llamaba a los empresarios implicados y les ofrecía convencer a Lara de detener los procesos de investigación.

🗞  EL ECONOMISTA

Salario mínimo del 2027: el reto de acercar posturas de IP y sindicatos

El Consejo de Representantes de la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos (Conasami) prepara el inicio de las deliberaciones formales para fijar el incremento salarial correspondiente al próximo año.

Por parte del sector patronal, representantes de organismos empresariales como Coparmex han planteado acotar el ajuste a un solo dígito, en un rango entre 9% y 9.9%, o limitarlo al nivel de la inflación observada más un punto porcentual, con el propósito de mitigar los costos laborales directos y preservar los registros del empleo formal.

En contraparte, las organizaciones sindicales, entre ellas la Confederación de Trabajadores de México, han señalado que buscarán incrementos orientados al concepto de salario digno, mientras que la Confederación Revolucionaria de Obreros (CROC) planteó un alza del 12%.

Desde la perspectiva gubernamental en la Conasami, se considera que el comportamiento del empleo y del Producto Interno Bruto permite un ajuste superior al 10%, enfocado en alcanzar la meta de 2.5 canastas básicas urbanas hacia 2030 sin generar pérdidas de plazas de trabajo.

El procedimiento se desarrollará conforme a los plazos legales establecidos en la normatividad laboral. Durante la última semana de noviembre, entre los días 23 y 27, el Consejo de Representantes abrirá la sesión permanente, mecanismo estatutario que permite a los consejeros reunirse en cualquier momento para deliberar.

El 30 de noviembre concluirá el plazo legal para la recepción formal de propuestas técnicas de sindicatos, cámaras patronales y organizaciones de la sociedad civil. A partir del 1 de diciembre, el Consejo quedará formalmente facultado para votar y emitir la resolución correspondiente que entrará en vigor el primer día del año siguiente.

Durante la novena sesión ordinaria del Consejo de Representantes, la Dirección Técnica presentó un informe sobre el costo que representó para las empresas llevar a los trabajadores que ganaban por debajo del mínimo hacia el nuevo umbral.

En la Zona del Salario Mínimo General, este ajuste requirió un 1.8% de masa salarial adicional de la nómina registrada en el Instituto Mexicano del Seguro Social, mientras que en la Zona Libre de la Frontera Norte demandó un 0.7% adicional de dicha nómina.

Asimismo, la sesión abordó las disparidades en la estructura laboral entre regiones: mientras que los 45 municipios de la frontera norte concentran a 2.3 millones de trabajadores formales asegurados, con un 90% adscrito al régimen ordinario del Seguro Social, en entidades del sur como Oaxaca, Guerrero y Chiapas predomina la adscripción al IMSS Bienestar y una reducida base industrial.