



Gilberto López Y Rivas
En la obra, nuestra colega Dawn Marie Paley da cuenta en ocho esplendidos capítulos de lo que significa el capitalismo antidrogas, su expansión hacia territorios y espacios sociales nuevos o previamente inaccesibles, que además de enriquecer a los bancos estadunidenses, financiar campañas políticas y alimentar un redituable comercio de armas, beneficia a empresas petroleras, gaseras y mineras trasnacionales, así como a otras grandes corporaciones, industrias maquiladoras, redes de trasporte, y un segmento del sector comercial y de venta al menudeo representado por empresas como Walmart, e intereses en bienes y raíces en México y Estados Unidos.
La autora plantea su posición sin equívocos. Para ella, la guerra antidrogas es un remedio a largo plazo para los achaques del capitalismo, que combina legislación y terror en una experimentada mezcla neoliberal para infiltrarse en sociedades y territorios antes no disponibles para el capitalismo globalizado. Su propuesta es repensar la llamada guerra antidrogas no como prohibición ni política de narcóticos; sino, en cambio, como imposición del terrorismo contra la población de la ciudad y el campo y, al lado de esta política, facilitar la inversión extranjera directa y el crecimiento económico. Esto es el capitalismo antidrogas: pillaje, ganancia y saqueo.
El objetivo de la autora, logrado con creces, es crear un marco teórico más útil para entender la guerra antidrogas al sur de la frontera México-Estados Unidos, donde la violencia se deriva de la militarización estatal y de los cárteles del narcotráfico, a los que también se refiere como grupos paramilitares. Tal como lo documenta en su libro: “existen factores estructurales que permiten que ciertos grupos armados clandestinos extorsionen e infundan terror con total impunidad cuando esos actos benefician al capitalismo trasnacional o a la política exterior de Estados Unidos.” En su recorrido por Colombia, Honduras, Guatemala y la frontera México Estados Unidos, recopilando historias, la autora identifica tres características de la llamada guerra contra el narco:
1. El dolor, miedo y sufrimiento, producidos por la militarización y paramilitarización afectan en mayor medida a los pobres, la población trabajadora y los migrantes.
2. Uno de los más tempranos, duraderos y tangibles impactos de la violencia es la restricción de la movilidad, ya sea el movimiento por el propio barrio, viajar de una ciudad a otra, cruzar la frontera estadunidense (en ambas direcciones) o migrar.
3. La libertad de expresión –individual y colectiva, a través de actos públicos, medios de comunicación comunitaria o masiva, entre otros–ha sido atacada.
“Mientras que estos tres factores en conjunto constituyen las más accesibles y consistentes narrativas de la guerra en contra el narco, para cualquier reportero familiarizado personalmente con la situación, estas narrativas no son las que dominan los reportes del narcotráfico y la guerra auspiciada por Estados Unidos. En lugar de contar las experiencias de los afectados por la narcoguerra, los periódicos, grupos de reflexión y gobiernos suelen producir reportes dominados por historias de los cártles (criminales o grupos criminales) en guerra unos contra otros por el control de las rutas del trasiego y territorios. (…) Las victimas generalmente son retratadas como parte de alguna actividad criminal, o al menos relacionadas con alguien relacionado con una actividad criminal, una formulación que prácticamente criminaliza comunidades enteras. (…) Contar historias que difieren del guion oficial puede ser mortal”.
Es necesario que esta obra sea leída y analizada con el sustento, la profundidad y el profesionalismo con el que se escribió.
"La labor fundamental de cualquier Gobierno es trabajar para solventar las necesidades de la ciudadanía y garantizar sus derechos".

Hartos de recibir agua contaminada, fétida e insalubre, los habitantes de Guadalajara y su zona metropolitana llevan meses denunciando la pésima calidad del suministro hídrico. La manifestación del 11 de octubre –la de mayor convocatoria hasta la fecha– recibió como respuesta por parte del Gobierno de Pablo Lemus una dura represión: golpes, gases lacrimógenos, chorros de agua y la detención arbitraria de 39 personas.
Esta reacción ante un reclamo ciudadano legítimo evidencia, una vez más, el talante autoritario y la negligencia de los gobiernos emanados del partido Movimiento Ciudadano (MC), los cuales, ante su flagrante incapacidad para resolver los problemas estructurales que afectan a la población, optan por el uso de la fuerza.
Los rastros de este esquema represivo evocan las viejas tácticas priistas, replicadas por el partido naranja, así ocurrió desde la gestión de Enrique Alfaro, el primer Gobernador de ese partido y antecesor de Lemus. Como parte de su infame legado destaca el caso de Giovanni López, un hombre de 30 años de edad, de oficio albañil, quien fue brutalmente asesinado por la Policía bajo el pretexto de no llevar cubrebocas. Posteriormente, Alfaro mandó reprimir a los manifestantes que salieron a exigir justicia por el crimen, escudándose en una política de “cero tolerancia” respecto a las medidas sanitarias.
Aquel brutal asesinato quedó como el vivo reflejo de su Gobierno: una Administración que llevó a Jalisco a convertirse en la entidad con la mayor incidencia de desapariciones forzadas, crisis forense, y negligente para garantizar los derechos de los ciudadanos, tal como ocurre ahora con el Gobierno de Lemus, rebasado e incapaz de solucionar la crisis del agua en esa entidad.
La labor fundamental de cualquier Gobierno es trabajar para solventar las necesidades de la ciudadanía y garantizar sus derechos. Si una Administración es incapaz de cumplir con este mandato básico, simplemente es inútil.
Nuestra Constitución establece como derecho el acceso, disposición y saneamiento de agua para consumo personal y doméstico de forma suficiente, salubre, aceptable y asequible. Mandata que el Estado tiene la obligación de garantizarlo, a través de leyes que definen las modalidades para el acceso y uso equitativo y sustentable de los recursos hídricos, coordinando la participación de la Federación, las entidades federativas, los municipios y la ciudadanía.
En el ámbito local, la Constitución de Jalisco respalda este mandato en su Artículo 15, señalando que las autoridades estatales y municipales deben velar por la utilización sustentable y la preservación de los elementos naturales, con el fin de conservar y restaurar el medio ambiente, así como fincar responsabilidades a quienes provoquen daños ambientales. Asimismo, reitera el derecho de toda persona a un suministro de agua digno. Sin embargo, este derecho no se está garantizando en la entidad; el Gobierno estatal incumple flagrantemente sus obligaciones y, además, con su violenta y represiva respuesta, vulnera otros derechos de la ciudadanía.
Durante el sexenio de Alfaro (2018-2024), la Federación transfirió recursos millonarios a Jalisco para contribuir a solucionar la problemática del agua, pero el Gobierno estatal no hizo lo que le correspondía, dejando a la entidad sumida en una crisis hídrica cada vez más grave.
En Jalisco la problemática del agua se ha intensificado debido a múltiples omisiones y actos de corrupción, tales como la autorización irregular de desarrollos habitacionales, descargas clandestinas que contaminan los acuíferos y la proliferación de vertederos de residuos sólidos que carecen de tratamientos para mitigar el impacto del suelo. A esto se suma la inoperancia o insuficientes plantas de tratamiento de aguas residuales, el deterioro de la infraestructura de alcantarillado, las inundaciones recurrentes, la insuficiente inspección a sectores con deficiente manejo de desechos; también el monitoreo inoperante de la calidad del líquido; además del negligente actuar de las autoridades.
Las consecuencias de esa negligencia van más allá de la escasez: el suministro de agua contaminada ha provocado graves enfermedades crónico-degenerativas en diversas comunidades urbanas y rurales, causando una alta incidencia de problemas renales entre la población.
Esta problemática ha sido ampliamente documentada en investigaciones de organizaciones medioambientales y en informes especiales emitidos por la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco (CEDHJ), en los que detalla la crisis histórica a la que los gobiernos estatal y municipales han sido omisos.
Una prueba contundente de este colapso es el flujo constante de quejas y denuncias contra los organismos cuya obligación es planear, gestionar y supervisar los servicios hídricos, específicamente, la Comisión Estatal del Agua de Jalisco (CEA) y el Sistema Intermunicipal de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado (SIAPA).
Contra esos organismos los ciudadanos han acudido reiteradamente a presentar quejas ante la CEDHJ. En respuesta, durante años la Comisión Estatal de Derechos Humanos ha emitido Recomendaciones, pronunciamientos e informes especiales que comprueban la violación sistemática al derecho humano al agua y al saneamiento, pero son señalamientos y exhortos que las autoridades han ignorado.
Lejos de solucionarse, la problemática se recrudece. El SIAPA se volvió una de las dependencias más denunciadas ante la Comisión por violaciones a los derechos humanos. Tan sólo de enero a septiembre de este año, la CEDHJ recibió 727 quejas contra ese organismo, la mayoría por la negativa o la pésima prestación de servicios en materia de agua. El agravamiento de la situación quedó evidenciado desde septiembre, cuando el 33 por ciento de todas las quejas ciudadanas recibidas por la Comisión –por violaciones a los Derechos Humanos– correspondieron a fallas y omisiones del SIAPA, según los datos que consulté en los informes de la CEDHJ.
Ese es el contexto en el cual el hartazgo por la falta de soluciones y la indiferencia del Gobierno de Lemus llevaron a la ciudadanía a las calles en una manifestación histórica. Miles de jaliscienses expresaron su rechazo al suministro de agua pestilente que reciben en sus hogares desde hace meses, un servicio deficiente que el SIAPA les cobra puntualmente; la violenta respuesta del Gobernador fue la represión.
Conversé con vecinos de la colonia Alcalde Barranquitas, del municipio de Guadalajara –quienes participan activamente en las movilizaciones–, relatan el calvario de denunciar la problemática de instancia tras instancia gubernamental sin que se les dé una resolución. “Ya sólo nos falta denunciar ante la iglesia”, comentó con ironía uno de los colonos al compartir su testimonio.
Me dicen que el agua pestilente comenzó a brotar de sus llaves desde el año pasado. Al principio era intermitente, pero la situación se recrudeció críticamente a partir de mayo. Las consecuencias en la salud pública son alarmantes: “Nunca había visitado tantas veces el hospital como ha ocurrido estos meses”, relata consternado otro vecino, quien detalla cómo él y su esposa han padecido infecciones recurrentes a causa del agua contaminada.
A pesar de que acudieron instancia tras instancia para presentar quejas formales, lo único que encontraron fue una barrera de indiferencia por parte de las autoridades, lo que les llevó a manifestaciones públicas desde el mes de junio, se fueron sumando más y más afectados, congregando el mayor número en la manifestación del domingo.
“Lo que más indigna es la indiferencia de las autoridades. Hemos hecho muchas manifestaciones, ¿y sabe cuántas veces he visto a la Alcaldesa, a algún Diputado o al Gobernador pararse y decir: ‘Estoy aquí, los escucho?’. Ninguna. Es una prepotencia absoluta, actúan como si se sintieran tocados por Dios, pero olvidan que son servidores públicos. Tienen que hacer su trabajo; la gente tenemos derechos y nuestras peticiones son legítimas. Ni siquiera la gente por la que votamos tiene la decencia de pararse a escucharnos”, agrega.
Al preguntarles qué camino tomarán ahora, luego de que en la última movilización hubo represión, detenciones arbitrarias, chorros de agua a presión… su respuesta es firme:
“Nos seguiremos manifestando porque no vemos otra manera. No encontramos una solución a corto plazo; nos preocupa e indigna la indiferencia gubernamental y esta total apatía hacia el ciudadano. Desde la manifestación que hicimos en julio afuera de Casa Jalisco, donde nos reunimos 400 personas, solicitamos formalmente en nuestro pliego petitorio una mesa de trabajo para vigilar de manera permanente la calidad del agua, así como la gestión del SIAPA. Desgraciadamente, el organismo parece la caja chica del Gobierno, donde se ha designado a directivos sin preparación, simplemente por ser amigos del Gobernador”.
La Organización Mundial de la Salud (OMS) señala que cada persona requiere entre 50 y 100 litros de agua al día para cubrir sus necesidades básicas de consumo e higiene, y evitar problemas de salud. La OMS enfatiza que el agua debe ser segura, estar libre de contaminantes y ser garantizada por los gobiernos como un derecho fundamental, no como una mercancía económica. En contraste, lo que proyecta el Gobierno “fosfo fosfo” apunta hacia la privatización del servicio, una intención que pretenden ocultar detrás de eufemismos.
La violenta respuesta del Gobierno de Lemus ante los reclamos ciudadanos no es un caso aislado. Se trata de un modelo represivo que ya había puesto en práctica Enrique Alfaro.
Tras una ola de indignación pública por la violencia de su Gobierno contra manifestante, el martes Lemus publicó un video en sus redes sociales en que reconoció el uso excesivo de la fuerza y las detenciones injustas por parte de su Policía, prometiendo que estos actos no se repetirían. El mensaje de Lemus parece el mismo guion que usara Alfaro para aparentemente “disculparse” tras ordenar la represión de quienes protestaban por el asesinato de Giovanni López, comprometiéndose entonces a realizar reformas estructurales para evitar la repetición, según él, de los abusos. Hoy su amigo y correligionario de partido repite la misma acción de represión y luego prometer que no se repetirá. El mismo patrón y discurso de gobiernos represivos.
Tanto Alfaro como Lemus en Jalisco, y Samuel García en Nuevo León, llegaron al poder abanderados por el partido que el expriista Dante Delgado fundó en 1999 bajo el nombre de Convergencia por la Democracia, que en 2002 acortó su nombre a Convergencia, y en el año 2011 se le cambió a Movimiento Ciudadano.
Con el nombre de Movimiento Ciudadano, el partido de Dante Delgado usa la idea de que su base ideológica es la participación democrática. Sin embargo, en la práctica, los gobernadores que han alcanzado el cargo bajo su bandera han demostrado lo contrario: un profundo desdén por la ciudadanía. La estrategia de ese partido se reduce al marketing digital, viralizando en redes sociales videos, canciones pegajosas y frases huecas que carecen de verdadera sustancia política.
Su popularidad se basa en la mercadotecnia, y en postular a influencers y perfiles de la élite; juniors desconectados de la realidad que viven en una burbuja de privilegio y frivolidad, resultando incapaces de resolver las problemáticas estructurales que afectan a la población.
Otra clara muestra de esa desconexión es el influencer Samuel García, quien, de cara al Mundial de Futbol, ordenó tapiar y ocultar visualmente las zonas de alta marginación y pobreza en su estado, un acto profundamente clasista y discriminatorio, que también fue denunciando ante la Comisión de Derechos Humanos de Nuevo León.

El tema de las familias que buscan desaparecidos tiene una carga sentimental por sí mismo y sus voceras tienen un peso moral como víctimas que nos hace considerar como verdad todas sus palabras. La creencia colectiva es, ¿quién va a saber sobre desapariciones si no es quien las ha experimentado? Y eso puede ser cierto.
Pero esta columna no trata de ellas, de las Madres Buscadoras sino de su uso vilmente electoral. Lo que les voy a contar en seguida es producto de varias entrevistas con activistas de derechos humanos que están preocupados por el giro que ha tomado este tema contra la 4T y a favor del PRIAN y del Partido de Lorenzo Córdoba y Claudio X. González, Somos. También están desconfiadas de la llegada a abrazarlas del EZLN en diciembre próximo. Sirvo, pues, de correa para transmitir sus preocupaciones.
Esa historia comienza incluso antes de que se conformaran las organizaciones que hoy conocemos como Madres Buscadoras, que son muy diversas. Tendemos a imaginar que son madres que perdieron a sus hijos en la guerra contra el narco de Calderón y que buscan por sí mismas, sin financiamiento, con las uñas en la tierra. La realidad es diversa. Hay de todo. Hay mujeres cuyos hijos eran militares o marinos. Hay mujeres que sabían que sus hijos estaban en el crimen organizado y algunas más que participaron en él. Hay otras cuyos hijos fueron quizás levantados, secuestrados, e incorporados como desechables en las filas del sicariato. Los buscan. Están los padres y madres de los normalistas de Ayotzinapa.
Pero en estos 16 años de búsquedas ha habido una utilización ruin de sus causas y hasta falsas alarmas un día antes de algunas elecciones. Me refiero, por ejemplo, al escándalo mediático que causó la señora Ceci Flores de las madres de Sonora, en mayo de 2024 cuando anunció el hallazgo de una fosa clandestina en Xaltepec, Tláhuac. Cuando se analizaron los restos, los huesos eran de perro y de borregos. No obstante, la idea de esa madre buscadora era influir en la elección de la CdMx a favor del PAN, partido a cuyo relanzamiento acudió. También fue invitada a la formación del partido Somos, de Álvarez
Icaza y Lorenzo Córdoba.
Todo empieza en el Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad que encabezó en el 2011 Javier Sicilia, el poeta a quien le mataron a un hijo en Temixco, Morelos, junto a otras seis jóvenes cuyos nombres no alcanzaron los titulares mediáticos. Se planteó como un movimiento tipo caravana cívica hacia la frontera norte del país para ir recogiendo los casos de los familiares de las víctimas de la guerra contra el narco de Felipe Calderón y Genaro García Luna. Desde el inicio, un personaje, Emilio Álvarez Icaza se convierte en el principal asesor del poeta. Para cuando llegan a Ciudad Juárez, el Movimiento por la Paz tiene una primera utilización partidista. Ahí, tanto Sicilia como Álvarez Icaza se niegan a firmar los acuerdos de las madres de desaparecidos que exigen el regreso inmediato del ejército a los cuarteles y la disculpa pública de Felipe Calderón por haber declarado esa guerra. Ellos dicen que no porque tienen acordada una reunión con el Presidente espurio y su Secretario de Seguridad, Genaro García Luna, el 23 de julio de 2011 en el Castillo de Chapultepec. Hasta ahí llegó Nepomuceno Moreno Núñez, a quien la policía estatal de Sonora le había secuestrado a su hijo para extorsionarlo. Nepomuceno se convirtió en el símbolo del Movimiento por la Paz porque fue a solicitarle protección a Felipe Calderón a Chapultepec.
Éste, al lado de Margarita Zavala, le entregó el expediente a Genaro García Luna. Los medios de comunicación tomaron fotos del momento. Y Nepomuceno Moreno Núñez fue asesinado a balazos en el centro de Hermosillo cuatro meses después, el 28 de noviembre. A plena luz del día. Por eso fue el símbolo de la inutilidad del Movimiento por la Paz. Nueve meses después, Emilio Álvarez Icaza fue propuesto para la Secretaría de la Comisión de Derechos Humanos de la OEA. La Canciller de Calderón expresó su beneplácito. En un último estertor, Felipe Calderón vetó la Ley General de Víctimas que había redactado, entre otros, el Movimiento por la Paz y que se había aprobado en la Cámara de Diputados. Secuestró dicha Ley durante veinte días, esperando que pasaran las elecciones donde se eligió el regreso del PRI y, pasadas las elecciones, la vetó. Fue su última traición a los supuestos acuerdos con las madres buscadoras.
El 4 de diciembre de 2012 entró Jesús Murillo Karam a la Procuraduría General de la República propuesto por Peña Nieto. Le encargó a Eliana García Laguna, del movimiento de Sicilia y Álvarez Icaza, construir un “bloque de víctimas” que legitimara las acciones del gobierno priista. Eliana García había sido Diputada pluri por el PRD entre 2003 y 2006, se convirtió en la encargada del despacho de la Subprocuraduría de Derechos Humanos, Prevención del Delito y Servicios a la Comunidad del la PGR de Murillo Karam ---encargada porque no tenía las calificaciones académicas para ocupar el puesto. Más de 20 plazas de la Procuraduría fueron administradas por ella para atraer madres buscadoras y familiares de desaparecidos al entorno de Murillo Karam. Entran a la PGR buscadoras que ya habían encontrado a sus hijos, como Margarita López Pérez que, luego, sería Diputada pluri en Michoacán por el Verde, Movimiento Ciudadano, y el PRD. A ambos personajes, Álvarez Icaza desde la Comisión de la OEA y Eliana, la encargada de despacho en la PGR, les toca administrar las primeras investigaciones de la desaparición de los normalistas de Ayotzinapa. Administran juntos la llegada del GIEI a México. Álvarez Icaza termina su periodo en agosto de 2016. Ella renuncia en 2015, cuando entra Arely Gómez en sustitución del ya muy cansado Murillo Karam.
En el mismo gobierno de Peña, nada más que en la Secretaría de Gobernación de Miguel Ángel Osorio Chong, sirvieron otros miembros de las caravanas, como por ejemplo, Juan Carlos Gutiérrez Contreras director de una AC llamada Idheas, Litigio Estratégico, entre varios otros. Es decir, una parte de estos personajes que son directores de colectivos de desaparecidos entran en un diáfano conflicto de interés al ser empleados del gobierno que desapareció a los 43 de Ayotzinapa.
Lo que hay que entender de este tipo de organizaciones es que recibieron, también, montos muy altos de dinero por parte de fundaciones internacionales, la USAID, o la Unión Europea, que, en un caso, fue de un millón de euros, es decir, 20 millones de pesos. Otros, como Fundar reciben financiamiento de la Fundación Mac Arthur, la Ford, y Hewlett Packard; o el Centro de Colaboración Cívica, forma parte de Partners for Democratic Change que es financiada por el Departamento de Estado de los Estados Unidos. Así que hay divisas de por medio en la retórica de la sangre y la desaparición.
En esta coyuntura electoral, todo parece concentrarse en el partido de Claudio X. González y Lorenzo Córdoba, Somos. Desde ahí, tanto TvAzteca como sus influencers han empujado una campaña que asegura que en México hay la exorbitante cifra de 132 mil desaparecidos. Lo que no dicen es que la cifra es desde 1952 porque la Guerra Sucia empezó con esa práctica desde el Estado. Pero vayamos a los datos presentes. De estos exorbitantes, 47 mil no tienen datos completos en los registros y 32 mil mostraron actividad bancaria o tuvieron altas en el INE, el SAT, Bienestar o el IMSS, después a la denuncia de desaparición. Así que realmente son unos 43 mil desaparecidos con un registro totalmente validado. Pero se sigue repitiendo que son 130 mil y el dueño de TvAzteca mandó a sus influencers a que mostraran esa cifra en sus camisetas cuando se fotografiaron en sus palcos para la inauguración del Mundial de Futbol pasado. La campaña va acompañada del supuesto de que las madres han ido a tocar la puerta de Palacio Nacional ---como Xóchitl Gálvez le hizo y que le valió la candidatura del PRIAN--- y que ni Andrés Manuel ni Claudia les abren.
Además de ridícula, esa imagen invisibiliza a todos los colectivos atendidos y a los casos particulares que han sido resueltos, el cambio para homologar lo que es y no es un desaparecido, y que una Subsecretaría entera de Gobernación con una Comisión Nacional de Búsqueda están dedicadas a ello Con esa campaña se invisibiliza también el cruce masivo y las 100 mil visitas domiciliarias que el gobierno de López Obrador realizó en 2023, encontrando con vida a 34 mil 524 personas, cuyas desapariciones eran, no por crimen organizado, sino por problemas familiares, de salud, o salidas voluntarias. Con Claudia Sheinbaun fueron localizadas 47 mil 949 personas también con vida con otras 100 mil visitas domiciliarias.
Así que el drama real del crimen organizado y las fosas clandestinas no es el común denominador del fenómenos de la desaparición. Para ponerlo en perspectiva, cada año, la Unión Europea registra 250 mil niños desaparecidos sólo en el año pasado en Alerta Amber y 20 mil muertes o desapariciones de migrantes en el Mediterráneo. En Estados Unidos, el año pasado solamente se registraron 498 mil desapariciones. De estos, 305 mil eran menores de edad. Estos datos ponen en perspectiva las 132 mil sucedidas en México desde 1952.
Pero la campaña de los cientos de miles de desapariciones, de las autoridades que no les abren la puerta a las madres, de las fosas clandestinas que se convierten en campos de exterminio sigue. Sólo dos ejemplos breves. Uno, el del Rancho Izaguirre en Teuchitlán, en Jalisco. Ustedes lo recuerdan: la Guardia Nacional lo aseguró en septiembre de 2024, lo dejó en manos de la Fiscalía de Jalisco y, luego, el colectivo Guerreros Buscadores, lo reportó como novedad y se hizo un circo mediático en el que el rancho ya era como Auschwitz y habían incinerado a cientos de personas. Resultó que sí había efectos personales pero hasta ahí quedó. Luego, vinieron los dientitos de leche. Ustedes también lo recuerdan: en septiembre, una columna de opinión de Óscar Balderas se hizo tan famosa que llegó hasta las orejas de TvAzteca. Según el reportero, la misma Margarita López Pérez, la Diputada michoacana por el Verde, MC, y PRD, la misma que había trabajado con la PGR de Murillo Karam, había encontrado mil 600 dientitos de leche en una fosa clandestina en Zacapu, Michoacán. No hubo más evidencia que el escándalo mediático y ni siquiera el reportero fue a buscarla en aquella fosa de Zacapu.
Además de que la Alcadesa de la Cuauhtémoc, Rojo de la Vega, que desapareció al Che y a Fidel, nombró a un salón de cabildo “Madre buscadora”, las activistas de derechos humanos me cuentan que se les han ofrecido candidaturas plurinominales por parte del partido de Claudio X. González, Somos. Están desconfiadas del Subcomandante Marcos que viene a “abrazarlas” ya mero, en diciembre. Una de ellas me dice: “No sé que más vienen a ofrecer porque abrazos nos dimos en Los Caracoles hace 16 años”.
Historia de lo inmediato
"En Jalisco, la crisis del agua forma parte de un conjunto de catástrofes sociales que precariza la vida de las y los jaliscienses".

Seis años después del "halconazo" de Enrique Alfaro, quien ordenó a agentes vestidos de civil cometer detenciones arbitrarias y desapariciones forzadas de jóvenes que protestaban en Guadalajara por el asesinato a manos de policías del albañil Giovanni López por no usar cubrebocas, Pablo Lemus, también del partido político Movimiento Ciudadano, reprodujo este domingo 11 de octubre las mismas prácticas de brutalidad policiaca contra ciudadanos que por miles se movilizaron en la misma ciudad con la legítima demanda de recibir en sus hogares agua limpia y no la sustancia negra, fétida y con residuos que desde hace meses se distribuye en los municipios del Área Metropolitana, en una clara violación al derecho constitucional de recibir líquido salubre.
La coartada para justificar la represión de los cuerpos policiacos estatales de Jalisco con detenciones arbitrarias, toletazos, gases lacrimógenos y chorros de agua contra jóvenes, mujeres, adultos mayores y niños que participaron en la movilización es la misma: Alfaro afirmó sin pruebas que las protestas de junio de 2020 se organizaron “desde los sótanos del poder” en la Ciudad de México —lo que inspiró a Enrique Krauze a compararlo con Mariano Otero—, y ahora Lemus afirma que un “grupo de choque” de 400 personas provocó la violencia, una narrativa que, en ambos casos, ha sido retomada por sus medios de propaganda que criminalizan las protestas y culpan directamente al partido Morena.
Hay que recordarlo siempre: manifestarse es un derecho, reprimir es un delito. Pero esta conducta despótica e ilegal es ya un patrón de los gobiernos de Movimiento Ciudadano —que no es movimiento ni ciudadano, sino un partido político conservador— y parece inspirada en Fernando Gutiérrez Barrios, el asesino policía político de la Dirección Federal de Seguridad (DFS) del régimen priista que fue el mentor de Dante Delgado Rannauro, el cacique del PRIAN naranja que, al igual que la dirigencia, guarda silencio sobre el caso.
La fiereza de los cuerpos policiacos y decenas también vestidos de civil contra ciudadanos que se manifestaban en favor del derecho al agua limpia contrasta con la cobardía permanente ante el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), como en los numerosos narcobloqueos que siguieron a la captura y muerte de Nemesio Oceguera Cervantes, alias “El Mencho”, el 22 de febrero. Mientras eran asesinados 27 agentes de la Guardia Nacional, los estatales se resguardaron y mantuvieron la misma pasividad ante la crisis de desapariciones que sufre la entidad, que es primer lugar nacional.
Pablo Lemus, expresidente en Jalisco de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), no sólo traicionó su palabra de respetar la manifestación pacífica del domingo, como se comprometió el jueves en el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Occidente (ITESO) y que reiteró el sábado en un video, sino que reprodujo la práctica de Alfaro de habilitar a agentes vestidos de civil para agredir con palos y piedras a ciudadanos y detenerlos de manera arbitraria, pero además superó a su antecesor al habilitar la Casa Jalisco como cárcel: ahí fueron encerrados y golpeados quienes fueron detenidos de manera arbitraria. El mensaje es ominoso.
Si efectivamente hubo agresores de agentes policiacos en la manifestación del domingo, el mentado “bloque negro”, se supone que los agentes habían sido capacitados para aplicar la fuerza de manera proporcional después de la represión de junio de 2020, cuando el "halconazo" de Alfaro, que quedó impune. Ahora las fuerzas policiacas actuaron peor.
Un caso ilustra la brutalidad: la detención del joven Iván Becerra, quien fue detenido sin motivo cuando se manifestaba frente a la fila de policías antimotines que resguardaba la Casa Jalisco. “¡Ey, quieren atacar! —alertó Iván en medio de periodistas y señaló a un agente—: ¡No vas a atacar a nadie!”. Es lo último que dijo. El agente se abrió paso entre sus compañeros y lo alcanzó para luego someterlo y llevárselo cautivo.
Oficialmente fueron detenidas 39 personas que, por la noche del domingo, fueron llevadas a las instalaciones de la Fiscalía de Jalisco, parte de las cuales han sido liberadas sólo a condición de firmar un documento para no proceder legalmente contra los represores, lo que es otra ilegalidad del Gobierno de Lemus.
Este nuevo caso de represión en Jalisco evoca no sólo a Alfaro en 2020, sino al exgobernador panista Francisco Ramírez Acuña, actual Senador, quien den 2004 ordenó a policías estatales perseguir, detener, torturar y encarcelar a decenas de manifestantes contra la Cumbre de Jefes de Estado y de Gobierno de América Latina, el Caribe y la Unión Europea que se realizó en Guadalajara.
El antecedente no es fortuito: el partido Movimiento Ciudadano en Jalisco es, en realidad, la refundación del PAN, cuyos dirigentes, militantes y base social se ha vestido de naranja, como en todo el país, y que actúan con la misma lógica represiva contra los movimientos sociales.
En Jalisco, tal como lo advierten en un pronunciamiento más de 280 profesores del ITESO y de la Universidad de Guadalajara, la crisis del agua forma parte de un conjunto de catástrofes sociales que precariza la vida de las y los jaliscienses, y la posibilidad de un futuro digno, sobre todo para las personas más jóvenes.
“Vivimos en un estado azotado por la desaparición forzada, la especulación inmobiliaria que hace inaccesible la vivienda digna, y en donde los monocultivos arrasan con los territorios. La protesta social es un derecho y no debe criminalizarse, mucho menos cuando lo que se defiende es el acceso al agua potable. Las autoridades tienen la obligación de atender el problema y escuchar a la ciudadanía. La represión jamás es la respuesta en un Estado democrático”.
Tal cual.