1/24/2022

Prensa México, lunes 24 de enero de 2022


 

LA JORNADA
Biden, reprobado en el tema migratorio en su primer año

Todo balance sobre el tema de migración en Estados Unidos arranca con el hecho magno de la derrota de Donald Trump y el fin de su retórica antimigrante y xenofóbica, y la anulación y repudio de medidas bárbaras como el secuestro de niños de los brazos de sus padres e invitaciones oficiales a emplear violencia contra migrantes, pero a la vez, para muchos líderes y defensores de la comunidad migrante, el primer año del gobierno de Joe Biden concluye con decepción e ira ante su fracaso en cumplir con sus mayores promesas electorales, incluida una reforma migratoria.

Todos reconocen cambios importantes –algunos dramáticos– desde que llegó el gobierno de Biden, incluyendo la presentación, en su primer día, de la propuesta más ambiciosa en dos décadas de una reforma migratoria que incluye acceso a la ciudadanía, seguido rápidamente por el desmantelamiento de algunas de las entre 500 y mil acciones ejecutivas antimigrantes de Trump, entre ellas renovar la protección contra la deportación para los dreamers, el fin de la prohibición de viajes contra varios países de población musulmana, rescatar a niños secuestrados por el gobierno anterior y reunificarlos con sus familias, el fin de redadas masivas de indocumentados en sitios de trabajo, revertir medidas para anular el asilo, suspender la construcción del muro fronterizo y nuevas regulaciones para ampliar la discreción de jueces sobre casos de migrantes, entre otras.

Todo esto afecta la vida cotidiana de millones, y alivia el clima de intimidación y persecución que padecieron comunidades migrantes durante los cuatro años de Trump.

Biden promovió 296 acciones ejecutivas sobre migración (seis en su primer día en la Casa Blanca), con 89 de ellas dedicadas directamente a revertir las políticas de Trump, informa el Instituto de Política Migratoria (MPI, por sus siglas en inglés) en su informe sobre el primer año del presidente demócrata.

CONTRAPORTADA
Senadores de Morena se rebelan contra su  coordinador Monreal

Casi la mitad de la bancada de Morena en el Senado, 30 de un total de 61 legisladores, inconformes por la creación de la comisión especial para investigar los abusos de autoridad en el estado de Veracruz, donde gobierna el morenista Cuitláhuac García, firmaron una misiva a través de la cual convocan a los integrantes de ese grupo parlamentario, así como a las senadoras del PES, a realizar una reunión el próximo viernes 28 de este mes para discutir sobre el tema que, argumentan, no fue consultado con el grupo parlamentario.

El encuentro, al que convocaron los senadores morenistas que no están de acuerdo con la creación de esa instancia legislativa y que han recolectado firmas entre sus correligionarios con el lema somos leales al proyecto de la 4ª Transformación y al presidente Andrés Manuel López Obrador, se llevará a cabo en el Senado un día antes de que inicie la reunión plenaria de la bancada de Morena, que se realizará el 29 y 30 del mes en curso.

Los senadores que firman el acuerdo para reunirse el próximo viernes son César Cravioto, Antares Vázquez, José Narro, Malú Micher, Nestora Salgado, Higinio Martínez, Susana Harp, José Antonio Álvarez Lima, Napoleón Gómez Urrutia, Ana Lilia Rivera, Mónica Fernández y Héctor Vasconcelos.

También la signan José Luis Pech, María Celeste Sánchez, Rosa Elena Jiménez, Arturo Bours, Gilberto Herrera, Bertha Caraveo, Blanca Estela Piña, Rafael Espino, Arturo del C. Moo Cahuich, Eva Galaz, Ernesto Pérez Astorga, Gloria Sánchez, Daniel Gutiérrez, María Antonia Cárdenas, Ovidio Peralta, María Merced González, Gerardo Novelo y Martha Guerrero.

EL UNIVERSAL
Pemex produce solo 4% de la gasolina premium

El Sistema Nacional de Refinación (SNR) presenta problemas operativos, como paros no programados, de manera que durante 2021 hubo semanas en que dejó de producir o redujo significativamente la elaboración de gasolina tipo premium, combustible utilizado en autos de modelo reciente.

La Dirección General de Petrolíferos de la Secretaría de Energía (Sener) reveló que en siete de las 52 semanas del año pasado, el volumen de producción de ese tipo de gasolina fue nulo.

Además, en otras ocho semanas produjo entre mil y 2 mil barriles diarios, cuando la demanda nacional promedió 122.9 mil barriles diarios entre enero y noviembre de 2021, lo que obligó a importar y usar inventarios para cubrir el consumo interno.

MILENIO
Detectan que trabes de la L12 tenían deformaciones de 10 cm.

Las trabes metálicas del tramo de la Línea 12 del Metro que se desplomó el 3 de mayo del 2021 tenían deformaciones las cuales eran detectables y monitoreables, según uno de los peritos contratados por la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJ-CdMx), para conocer las causas de la tragedia.

El dictamen del ingeniero topógrafo fotogrametrista Arturo Palencia Rodríguez, del cual MILENIO tiene una copia, concluyó que no se realizaron inspecciones ni estudios previos de las trabes del tramo colapsado de la llamada Línea Dorada.

“De la inspección en el lugar al elemento de estudio, así como de las documentales a las que se tuvo acceso, no se encontró evidencia alguna de trabajos especializados de inspección y / o monitoreo que observaran las deformaciones puntuales y, en su caso, incrementales en el flechamiento (descenso de la parte central de la viga por carga) y abombamiento (flexión de la viga por una carga superior a su capacidad) de las trabes metálicas."Se concluye también que derivado de las mediciones y de los análisis a las trabes metálicas colapsadas, a las trabes metálicas del tramo gemelo y a las trabes metálicas que se tomaron de la interestación; el flechamiento y la deformación son monitoreables y detectables con estudios especializados”, destacó el peritaje.


EXCÉLSIOR
Empresas reactivan demanda de personal

Pese a la cancelación de 312 mil plazas laborales en diciembre, existen en el país una demanda de trabajadores real que abre posibilidades a personas que buscan recuperar su empleo dentro de la formalidad.

De acuerdo con estimaciones de ManpowerGroup, se calculan 64 mil vacantes en enero, con sueldos de hasta 12 mil 950 pesos.

Dentro de los primeros lugares de los puestos abiertos destacan espacios para ejecutivos de ventas, auxiliares administrativos y contables.

Es necesario comenzar el 2022 incentivando una reactivación en la generación de empleos formales. Sí se está recuperando el empleo; sin embargo, debemos cumplir con todos los protocolos de sanidad para fortalecer la seguridad laboral y de salud en los colaboradores y que  podamos presenciar una sana recuperación”, destacó Héctor Márquez Pitol, director de Relaciones Institucionales de ManpowerGroup.


EL HERALDO
Europa se rebela a medidas sanitarias

Decenas de miles de personas se manifestaron ayer en Bruselas, en contra de las restricciones impuestas para luchar contra el COVID-19 en una protesta que terminó con violentos enfrentamientos con la Policía.

Las autoridades estimaron en 50 mil la cantidad de inconformes en lo que ha sido la mayor de una serie de protestas que empezaron los últimos meses.

Los enfrentamientos estallaron cerca de la sede de la Unión Europea, y la Policía utilizó cañones de agua y gases lacrimógenos para dispersar a los manifestantes.

De acuerdo con medios locales, algunos protestantes enmascarados rompieron una ventana en la entrada de la sede de Asuntos Exteriores de la UE.

En un comunicado, la Policía afirmó que los agentes fueron "claramente atacados con objetos pesados", como cubos de basura, vallas o adoquines, y que los alborotadores "buscaron deliberadamente la confrontación", por lo que se llevará a cabo una investigación más exhaustiva a cargo de un "grupo de trabajo judicial" y no se descartan más detenciones, que hasta el cierre de esta edición reportaban 70.

REPORTE ÍNDIGO
Los caballeros de Romero Deschamps

Aunque oficialmente Carlos Romero Deschamps dejó la dirigencia del Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana (STPRM) hace más de dos años, la estructura que montó en sus casi tres décadas de cacicazgo busca mantener el control de la organización y hoy tiene, cuando menos, dos caballos en la carrera hacia la Secretaría General.

El más evidente es Ricardo Aldana Prieto, tesorero del sindicato desde 1980 con Joaquín Hernández, “La Quina”, quien mantuvo el mismo cargo durante todo el régimen de Romero Deschamps. Varios aspirantes han acusado que, dadas las irregularidades en el proceso interno, “los dados están cargados” en favor del colaborador histórico del cacique petrolero.

Aldana es más recordado por verse involucrado en el caso Pemexgate, cuando se descubrió el desvío de más de 120 millones de dólares del Sindicato para la campaña presidencial de Francisco Labastida en el año 2000. El tesorero fue protegido por el Revolucionario Institucional al volverlo senador plurinominal de 2000 a 2006 y diputado federal de 2006 a 2009.

Menos protagónico pero igualmente controversial es César Pecero Lozano, exsecretario de la sección 48 en Reforma, Chiapas, y amigo íntimo de Romero Deschamps, quien le confirió diversas carteras en su dirigencia. Tras el desplazamiento del cacique, Pecero no dudó en desconocer a su entrañable amigo en su intento de reposicionarse ante los trabajadores.

LA RAZÓN
Ante preocupación de EU, Morena insiste en reforma eléctrica; oposición en revisarla

Legisladores de Morena en el Congreso de la Unión salieron en defensa de la Reforma Eléctrica al subrayar que busca garantizar condiciones equitativas, en tanto que la oposición demandó respeto a los tratados internacionales y garantías a las inversiones de los países con los que México tiene acuerdos comerciales.

El presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, Sergio Gutiérrez Luna, aseguró que la iniciativa enviada por el Ejecutivo federal permitirá generar un marco de certidumbre a fin de garantizar “condiciones equitativas e impulsar la competencia entre particulares, que tendrán ganancias justas”.

“Confío en que las opiniones, planteamientos y propuestas presentadas en el Parlamento Abierto, servirán para que las y los diputados, en su momento, deliberen y tomen una decisión que beneficie a las y los mexicanos. El objetivo es construir un sector eléctrico apegado a los principios de honestidad, soberanía y autodeterminación”, afirmó.

EL SOL DE MÉXICO
Sólo sancionan a 50 marcas por etiquetado

Grupo Bimbo, Cadena Comercial Oxxo, Nueva Walmart de México, Tiendas Soriana, Tiendas Chedraui, 7 Eleven México, Danone de México y Bachoco, son algunas de las 50 empresas sancionadas por la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) por incumplir la Norma Oficial Mexicana sobre etiquetado frontal (NOM-051) desde su implementación, el 1 de octubre de 2020.

"El etiquetado de advertencia en el frente del paquete es una herramienta simple, práctica y eficaz para informar al público sobre productos que pueden dañar la salud y ayudar a orientar las decisiones de compra", indica la Organización Panamericana de la Salud (OPS).

REFORMA
Asfixia carta al transporte

Las empresas de transporte del País están padeciendo un impacto millonario por la exigencia que hace el Gobierno federal, a través del Servicio de Administración Tributaria (SAT), del Complemento Carta Porte (CCP)

EL FINANCIERO
Expresa EU preocupación por la reforma energética

Tanto gobierno como inversionistas de Estados Unidos están preocupados por el impacto que tendría la iniciativa de reforma constitucional en materia eléctrica que actualmente se discute en la Cámara de Diputados, expresaron en una carta Gina Raimondo, secretaria de Comercio; Jennifer Granholm, secretaria de Energía; y Katherine Tai, representante comercial de la nación americana.

Esta misiva fue una respuesta al congresista republicano Earl L. ‘Buddy’ Carter, quien el pasado 3 de noviembre de 2021 expresó su preocupación sobre el tema, ya que considera que el Gobierno de México está intentando limitar la participación de empresas privadas en el sector energético.

“El comercio y la inversión en energía entre EU y México son cruciales para garantizar la seguridad energética y prosperidad económica de Estados Unidos y América del Norte, entendemos y compartimos sus preocupaciones con respecto a la reforma constitucional propuesta por México, en la que las reformas y acciones recientes afectan a empresas e inversores estadounidenses en el sector energético”, señalaron las titulares de las tres dependencias, al firmar la misiva.

Agregaron que el Gobierno de Estados Unidos mantendrá su compromiso de garantizar un trato justo para los exportadores e inversionistas estadounidenses, por lo que realizarán diversas acciones para combatir esta incertidumbre.

EL ECONOMISTA
Presiones contra el peso en mercado de futuros de Chicago se disipan

Regresa el panorama positivo para el peso mexicano este año, pues las posiciones netas especulativas de la moneda en la Bolsa Mercantil de Chicago (CME por sus siglas en inglés) se ubicaron en 4,900 contratos a favor de la apreciación de la divisa local, su mejor nivel desde diciembre del 2020.

Las posiciones netas contra el peso comenzaron a bajar desde el 10 de diciembre cuando estaban en 64,100 contratos, su peor nivel desde enero del 2017, y luego cerraron el 2021 en 4,800 posiciones en contra.

El tipo de cambio se ubicó hasta el viernes 21 de enero en 20.4480 pesos por dólar, con lo que registra una apreciación de 0.29% en lo que va del 2022, aunque luego de siete semanas de apreciación, la semana pasada tuvo una depreciación de 0.65 por ciento.

Incluso, desde el 26 de noviembre, cuando la variante Ómicron del coronavirus fue declarada como preocupante, el peso mostró una apreciación de 6.35% hasta el viernes 21 de enero de este año.

1/22/2022

Así resisten ellas: el fenómeno del revenge porn en México

  

“Ella lo provocó, seguramente ahora está exagerando”.
“Si no hubiera mandado esas fotos, no le hubiera pasado nada”.
“Que p*ta”.

Cualquiera puede volverse una víctima. En 2020, “M” recibió una carpeta de Drive donde aparecía su nombre y los de otras 232 jóvenes de la ciudad de Querétaro. Cada carpeta contiene en media 4 fotos, un video, y la captura de pantalla de los perfiles en redes sociales de ella. Se asesoró con varias abogadas para llevar a cabo la denuncia, pero por culpa del proceso extremadamente largo y costoso, no pudo continuarlo. Después de casi un año, intentará de nuevo buscar justicia.

Otra sobreviviente es “F”, quien en julio de 2020 sufrió violencia digital cuando a su novio le hackearon el celular y así extrajeron sus fotos privadas. Su pesadilla comenzó en el momento en que recibió amenazas anónimas. La extorsionaron pidiéndole videollamadas a cambio de no difundir sus fotos íntimas. “F” acudió a la Fiscalía 4 de Querétaro, donde la revictimizaron y le dijeron que no iban a poder hacer nada, porque las fotos aún no habían sido publicadas.

La enviaron a la Fiscalía General donde pudo presentar su denuncia, sin recibir ningún tipo de seguimiento o apoyo. No le proporcionaron ayuda psicológica ni legal, y sumado a esto, después de varios meses recibió una respuesta inesperada: su caso había sido archivado por “falta de evidencia”.

El proceso fue tan desgastante y duro que decidió dejarlo, hasta hoy. Ahora quiere intentar de nuevo denunciar y descubrir al responsable que le hace vivir constantemente ansiedad y le dejó un serio problema de estrés post traumático.

Paloma sufrió violencia digital a temprana edad, durante sus años de secundaria. Un amigo suyo le preguntó por fotos íntimas, y ella, sin entender las consecuencias que podía conllevar ese acto, decidió enviarlas para después empezar a recibir muchos mensajes de otros compañeros del colegio preguntándole por más fotos, y descubrir que también toda su escuela las había visto.

Sin saber qué hacer ni cómo comportarse, decidió no comentarlo con sus padres y tampoco con las autoridades de la escuela.Ahora sabe que si le pasara, definitivamente denunciaría a su agresor.

“Los cuerpos de las mujeres son tratados de manera diferente a los de los hombres porque son sexualizados desde temprana edad. Es violento e injusto. A la Paloma pequeña quisiera decirle de quererse, ante todo, de no invalidar sus sentimientos y de respetarse como ella quiera, no como los demás le dicen de respetarse”.

¿Qué es el revenge porn?

El término revenge porn, comúnmente llamado “pornovenganza” en español, quiere identificar ese tipo de violencia hacia las mujeres que se lleva a cabo en entornos digitales. Difusión de imágenes, vídeos y cualquier otro tipo de contenido audiovisual sin el consentimiento del propietario, discursos de odio, violencia verbal, extorsión.

Los discursos de revictimización derivan de una cultura patriarcal en la cual las mujeres merecen y tienen que soportar las agresiones que reciben por vivir libremente su sexualidad. Estos discursos son los mismos que afectan a las víctimas a la hora de denunciar la violencia que han sufrido digitalmente, porque las autoridades dan a entender que, en su opinión, ellas reciben el trato que merecen por haberse salido de la feminidad apropiada que la cultura patriarcal les impone.

Por estos mismos discursos revictimizantes, colectivos feministas y víctimas de violencia digital han dejado de utilizar el término “pornovenganza”, porque el uso de la palabra venganza implica que la víctima haya hecho algo por lo cual merece la agresión recibida. De la misma manera, las mujeres que han sufrido violencia digital rechazan el término “víctimas” y prefieren que las llamen “sobrevivientes”.

Por lo menos tres colectivos feministas en México, realizan labores específicas ante la falta de acción por parte de las autoridades correspondientes. Entre las actividades de apoyo están asesorías en derechos sexuales y reproductivos, maternidad no deseada y el derecho a decidir, o apoyos legales y psicológicos para las mujeres víctimas de violencia, incluida la violencia digital, que difícilmente pueden encontrar justicia.

Los colectivos feministas en apoyo a las mujeres

En la Ciudad de México se encuentra la “Colectiva de Abogadas Feministas”. Su fundadora es Alma Rosa Mora, egresada de Derecho en la Universidad Autónoma de México, quien forma parte de la Asociación Mexicana para la Educación Sexual. Este 2021, Alma comenzó a reunir a un grupo de mujeres abogadas para apoyar a las víctimas de todo tipo de violencia machista: física, psicológica, digital, sexual. Su equipo cuenta con especialistas en derecho penal, familiar, entre otros.

El objetivo es hacer crecer la colectiva, registrarse como ONG y apoyar a las mujeres para que puedan denunciar los abusos que sufren. Hasta ahora, y en tan sólo dos meses, las integrantes de la asociación fueron contactadas por aproximadamente 60 víctimas que reportaron violencia digital. Ninguna decidió seguir con su proceso de denuncia.

El estudio “Desigualdad en cifras” realizado por el Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres) en 2020, destacó que solamente 8.6 por ciento de las mujeres víctimas de violencia digital deciden denunciar ante el ministerio público o la policía.

Melina, quien integra una de las colectivas más famosas de todo México, “Abogadas con Glitter”, radica igual en la Ciudad de México. Explicó que la colectiva nació cuando se desataron varias protestas y manifestaciones públicas en 2020 por el hartazgo, dolor y rabia que causaron eventos como el abuso sexual de una joven por parte de algunos policías y el feminicidio de Ingrid Escamilla.

Al principio formaban parte de la colectiva sólo dos abogadas; cuando se sumaron otras dos, decidieron empezar a proporcionar asesoría gratuita a las mujeres a través de la página de Facebook.

Debido al enorme índice de respuesta que tuvieron, decidieron crear un correo electrónico para canalizar todas las solicitudes: actualmente atienden casi 20 solicitudes de apoyo cada día, y cuentan solamente con cinco abogadas. Sin mencionar que todo el trabajo que realizan es cien por ciento solidario y sororo.

Para hacer frente a la numerosa cantidad de solicitudes, decidieron crear 5 comisiones; Melina trabaja en la Comisión de Incidencia y atiende a las mujeres que necesitan apoyo de ayuda jurídica. En octubre de 2020 decidieron crear la Red Nacional de Abogadas con Glitter y reclutaron abogadas en todo México a quienes canalizan los correos que llegan al colectivo del estado que le corresponde.

A la fecha no atienden casos, lo que hacen es brindar información, compartir contenido en la página, así como proporcionar a las víctimas una red de apoyo de colectivas que dan terapias psicológicas, talleres de defensa personal, o proporcionan directorios de refugios para mujeres en situaciones de peligro.

También apoyan redactando los documentos legales de las solicitantes, además de poner a disposición sus números de teléfono personales durante las manifestaciones feministas para ayudar de manera inmediata a sus compañeras en dificultad.

Del cien por ciento de solicitudes que reciben, 35 son de jóvenes que piden ayuda porque viven o vivieron violencia digital. Las integrantes de la Red les aconsejan entonces llevar toda la evidencia posible, y proporcionar a los funcionarios el artículo correspondiente de la Ley Olimpia, ya que al ser una ley nueva, muchos de ellos se rehúsan a utilizarla y prefieren dejar a las víctimas sin apoyo legal.

Una red nacional para agrupar a la defensaDefensoras Digitales Querétaro forma parte del “Frente Nacional para la Sororidad”, un grupo que engloba a más de 60 colectivos de todo México. Sus integrantes decidieron organizarse porque tenían bajo su responsabilidad muchos casos legales por violencia digital de género y necesitaban darles seguimiento, además de recolectar datos y documentar la violencia digital en México.

Antes de la visibilización del caso de Olimpia Coral Melo, la violencia digital en el país no estaba en la agenda pública, y “Defensoras Digitales” nació para dar a conocer el tema, hacer aprobar la Ley Olimpia en México y educar a la sociedad sobre la violencia digital.

Mayra Davila, sobreviviente de esta violencia, empezó el proyecto junto con Olimpia Coral Melo, la defensora mexicana que impulsó  la creación y legalización de la Ley Olimpia, aprobada en 2021 y que protege a las víctimas de violencia digital.

“Olimpia y yo luchamos mucho tiempo para que la violencia digital fuera considerada dentro de las instituciones, pero desde que empezamos, contamos solamente con dos vinculaciones a proceso, las cuales aún siguen abiertas, en espera de la sentencia definitiva”.

A diario reciben aproximadamente cinco mensajes o llamadas de jóvenes buscando ayuda, y sólo uno de los casos que reciben y atienden decide denunciar ante las autoridades. Sin embargo, la colectiva juega un rol fundamental en la concientización y difusión del fenómeno de la violencia digital en la sociedad queretana: se preocupan por crear relaciones con el gobierno del estado para que la voz de las sobrevivientes sea más escuchada, dan conferencias y cursos para sensibilizar sobre el problema, realizan tendederos virtuales para denunciar públicamente a los agresores y acompañan a las víctimas de violencia digital a través de apoyos legales y psicológicos.

“La mayoría de las voluntarias dentro de la asociación son ellas mismas sobrevivientes, y su objetivo es hacer entender a las mujeres que acuden pidiendo ayuda que la agresión que recibieron no es su culpa, y que no se tienen que avergonzar de la desnudez de sus cuerpos”, agregó Mayra.


El conjunto de leyes que protege a las víctimas de violencia digital
“Defensoras Digitales”, junto con Olimpia Coral Melo, lograron, en noviembre de 2021, que se aprobara una de las primeras leyes en el mundo que protege a las víctimas de violencia digital, la “Ley Olimpia”, un conjunto de reformas legislativas cuyo objetivo es que las autoridades reconozcan e intervengan de manera apropiada en los casos de violencia digital.

Durante los años que Olimpia y Mayra sufrieron violencia ni siquiera se podía ir a denunciar porque dentro de la Fiscalía no existía un área apta para atender delitos de violencia digital.

“Hay que seguir trabajando, porque esta ley definitivamente no es la solución: tenemos que seguir sensibilizando y educando para que se pueda prevenir el fenómeno más fácilmente, para que la violencia digital pueda entenderse en todos los aspectos como violencia y ser tratada como tal”, afirmó Mayra.

Melina, de “Abogadas con Glitter” agregó: “nos falta mucho por lograr, aunque la Ley Olimpia es un grandioso avance existe un vicio dentro del sistema judicial que se rehúsa a castigar a los verdaderos culpables de la violencia digital, que son los agresores de las víctimas. Es necesario hoy en día tomar en cuenta la perspectiva de género a la hora de atender los casos de mujeres violentadas, y lamentablemente seguimos sin tener capacitación adecuada para el personal sobre el feminismo, además de no tener ningún tipo de cultura de prevención dentro de las instituciones, rol fundamental que asumen las colectivas feministas”.
La impunidad de las redes sociales(Trigger Warning: en esta parte del texto se mostrará lenguaje violento.)

El revenge porn es seguramente un problema fuerte que afecta a muchas mujeres de muchas maneras, sin embargo, ellas no reciben el apoyo que necesitan. La difusión no consensual de contenido íntimo de ex parejas forma una mínima parte de lo que realmente agrupa el término en su significado.

Innumerables personas que se intercambian contenido cada día online, con reglas definidas, agrupados en comunidades virtuales, divididas por región o país, de usuarios que rellenan estos grupos de porno amateur, fotos “caseras” – como dicen ellos – de sus novias, mamás, primas, hermanas, hijas, tías, amigas, compañeras de trabajo… hasta contenido prohibido, como pedopornografía, violaciones o vídeos de cámaras de vigilancia.

Existen grupos y páginas en casi todas las redes sociales que conocemos – Instagram, Twitter, Facebook, pero es en los grupos de Telegram donde la mayoría de los delitos son llevados a cabo: la plataforma tiene varias funciones por las cuales es extremadamente simple esconder tu identidad, porque es posible ocultar el número, la foto del perfil y el nombre a los otros usuarios; además la aplicación utiliza un cifrado end to end, es decir que sólo el receptor y el emisor pueden leer las conversaciones y mensajes secretos, y cuando uno de los dos elimina mensajes en su lado de la conversación, la app en el otro lado del chat los elimina también.

Por lo mismo, Telegram se presenta como la plataforma perfecta para la difusión de cualquier tipo de contenido – incluso ilegal – porque no deja rastro.


Hay grupos de hasta 200 mil personas en todo México, Latinoamérica y el mundo. Una vez que pudiste acceder a tu primer grupo, ya accediste a todo un mundo de perversiones y degeneraciones.

Los grupos tienen sus reglas, las cuales son bastante estrictas: en la mayoría de los grupos, por ejemplo, no se puede compartir material violento o pedo-pornográfico, revelar la identidad de las personas cuyas fotos son compartidas, no se pueden vender ni promocionar productos.

Sin embargo, dentro de los grupos hay miles de personas que las infringen: podemos encontrar fácilmente contenido violento como vídeos de abusos sexuales, papás compartiendo fotos de sus hijas, contenido íntimo de menores de edad o enlaces a cámaras de seguridad hackeadas, por ejemplo.

De acuerdo a un ejercicio de observación realizado por esta reportera de los grupos en Telegram, las dinámicas entre los usuarios son particulares: parece que su verdadera satisfacción no consiste en la difusión de las fotos, sino en compartirlas con los otros integrantes del grupo. Parecen amigos íntimos que piden consejos, se ayudan, se apoyan y comparten sus perversiones entre ellos. De esta manera, las relaciones de amistad entre estos agresores se desenvuelven en un entorno digital violento, machista y perverso. 

En la cultura patriarcal que domina nuestra sociedad, todos los cuerpos de las mujeres son de consumo público, a disposición para la diversión de los hombres, y la difusión de imágenes íntimas sin consentimiento a través de Internet ha incrementado de manera exponencial.

Todos nos sentimos más seguros detrás de una pantalla, porque nuestra cara, nuestra voz, nuestro nombre, nuestra vida no son expuestos. Y redes sociales como Telegram utilizan esta seguridad a propio favor, proporcionando herramientas para que los delitos de violencia digital sean llevados a cabo más fácilmente. El anonimato en redes sociales incentiva este tipo de conductas violentas e ilegales hacia las víctimas, cuyo cuerpo es cosificado y explotado en entornos digitales, seguros para los agresores y violentos para las mujeres.

Uno de los ejemplos más claros puede ser el de Rosy Morales, que se convirtió en sobreviviente de violencia digital a los 50 años. Ella perdió su celular, donde traía archivos íntimos que publicaron a través de un perfil falso de Facebook, y en su pueblo – muy pequeño – todos la vieron y reconocieron. Gracias a la colectiva “Defensoras Digitales Querétaro” pudo denunciar, volviéndose la primera vinculación a proceso en Querétaro y la tercera a nivel nacional. Después de una manifestación, decidieron proceder con su caso, y lograron que uno de los responsables pagara 40 mil pesos de multa por el delito cometido, mientras que el otro 20 mil pesos. Sin embargo, el caso de Rosy sigue abierto porque no todos los responsables fueron castigados, aunque su vida tuvo que sufrir cambios dolorosos por muchos años a causa de la violencia que vivió. Mientras tanto, participa en las actividades de la colectiva, para ayudar a más víctimas de violencia digital.

Con voz firme y segura, Rosy dice que quiere su nombre completo en este texto. Sonríe: “Si ya me conocieron el c*lo, tengo que sacarle provecho”. De inmediato pero, seriamente, me dice: “Ya no tengo miedo: las mujeres, como todos, somos seres sexuales, y no tenemos que fingir lo contrario. Ya no me voy a quedar callada; mi agresor se metió con la persona equivocada. Si atacan a una, respondemos todas, y nadie nos va a callar. Y quiero decir a todas las víctimas de violencia digital que nunca, nunca se queden calladas: no es justo que usen nuestros cuerpos”.

Directorio de colectivas que apoyan a las víctimas de violencia digital:

Defensoras Digitales Querétaro: https://www.facebook.com/QueretanasDigitales
Colectiva de Abogadas Feministas: https://www.facebook.com/colectivadeabogadas
Colectivo de Litigio Estratégico e Investigación en Derechos Humanos A.G.: https://www.facebook.com/colectivoleidh

Si te encuentras en dificultad, no dudes en contactarlas, ellas podrán brindarte el apoyo que necesitas o, en caso de no poder hacerlo, dirigirte con las personas que podrán ayudarte.

Si has sufrido o estás sufriendo violencia digital, no dudes en contactarme en Facebook (Sofia Pontiroli) o Instagram (@sofia_pontiroli) También soy sobreviviente de violencia digital: no estás sola.

En memoria de Rosabelina de la Cruz Cortés, 23 años, del municipio de Landa de Matamoros en la Sierra de Querétaro, asesinada por violencia digital.

*Estudiante de la Universidad de Guadalajara

Fragmenta y vencerás

  

Imagen retomada de Facebook

¿A quién le sirve fragmentar la visión de la violencia que vivimos en México o la que está arrasando con países enteros?  ¿Por qué medios y gobierno tienden a presentar por separado las atrocidades del crimen  organizado, los homicidios dolosos y los casos de feminicidio o los crímenes de odio  como si se tratara de fenómenos desligados que sucedieran cada uno por muy peculiares razones en burbujas separadas? ¿Por qué, pese a décadas de estudios sobre violencia y derechos humanos,  desde el Estado persiste la adopción de medidas descoordinadas y hasta contradictorias para enfrentar (supuestamente) la violencia del crimen organizado, la expansión de la criminalidad común,  y las violencias machistas en espacios públicos o privados en vez de diseñar políticas integrales efectivas?

¿Por qué, por otro lado, en pleno siglo XXI,  hay quienes parecen ignorar al machismo como factor común en la estigmatización y degradación del “otro/a”. ¿A quién beneficia fragmentar las violencias?

La presentación fragmentada de las violencias en el mundo tiene consecuencias. En México contribuye, entre otros, a dispersar las luchas contra ellas, sobre todo desde que, en vez de modificar el rumbo, el gobierno actual apostó por la militarización y la minimización de las violencias -extrema o cotidianas- y por la polarización y manipulación como hilo conductor del discurso oficial. 

Como si no viviéramos desde 2007 en un clima de violencia extrema cada vez más normalizada, como si la impunidad del feminicidio desde los años 90 no hubiera favorecido la reproducción e intensificación de la violencia misógina, como si el machismo no conllevara ideas y conductas adversas a los “otros” (lo femenino, las masculinidades no conformes al modelo heterosexual blanco), persiste la tendencia, también en la sociedad, a ver por separado masacres y lesiones, asesinatos, crímenes de odio, agresiones sexuales contra niñas, niños y adolescentes.

Peor aún, persisten discursos sociales que atribuyen los crímenes a  la “súbita”, acaso “inexplicable” , crueldad de un grupo criminal, a la maldad de un “monstruo” (¿ajeno a la sociedad?), a discursos de odio (¿salidos de la nada?) o a la  socorrida “crisis de valores familiares” con que se suele estigmatizar a las mujeres. Así se elude la responsabilidad institucional y social, por acción y omisión.

Los estudios de la violencia y los Derechos Humanos han documentado la necesidad de articular las violencias, de encajar sus distintas manifestaciones en un sistema necropolítico y/o en el marco del machismo exacerbado y/o del Estado represor.

El feminismo ha señalado, dentro del sistema patriarcal, las violencias específicas que afectan a las mujeres, a las niñas y niños, y, en décadas más recientes, a las personas no heterosexuales, no binarias, etcétera. Por eso, por ejemplo, se habla de feminicidio, para hacer visibles sus particularidades como asesinato de una mujer (por un hombre) por razones de género. Del mismo modo, un crimen por homofobia o transfobia remite al asesinato de una persona no heterosexual o trans por su orientación o identidad de género. No son idénticos pero están ligados: se derivan del machismo, de la estigmatización del “Otro/a”, y de la impunidad.   

Que en redes sociales, grupos de la sociedad civil (y, en estos días entre actores políticos), se intente contraponer la defensa de los derechos de las mujeres y los derechos de las personas trans o se pretenda usar el atentado contra la defensora trans Natalia Lane para cargar contra ciertos “discursos transfóbicos” sin hacerse cargo del machismo institucional/izado y de la indiferencia gubernamental ante la violencia extrema, no contribuye a explicar ni a desactivar estas violencias.

El ensañamiento contra hombres, mujeres o personas no binarias se relaciona con los discursos de odio pero también con la tolerancia social ante la violencia y con la impunidad que el Estado permite o promueve.

Conocer y conectar las causas de las diversas violencias es un primer paso para fortalecer desde la diversidad la necesaria lucha por los derechos humanos y la igualdad.

Reabrirán investigación por asesinato de Digna Ochoa

  

En conferencia de prensa, los abogados que llevaron el caso al sistema interamericano, Karla Michel Salas Ramírez y David Peña Rodríguez, expusieron que confían en que las autoridades federales y la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México cumplan con las medidas de reparación dictadas en la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), que se dio a conocer este 19 de enero.

“Puede ser un proceso suave en el cumplimiento o puede seguir siendo parte del larguísimo litigio que hemos enfrentado como representación y como familia, a lo largo de estos 20 años. Pensamos, creemos y confiamos en que ahora que ya ha acabado el litigio, ya acabó el pleito y hay una sentencia, el cumplimiento sea mucho más ágil”, afirmó el abogado David Peña Rodríguez. 

Se cae hipótesis del suicidio 

Desde que ocurrió la muerte de la defensora en 2001, la familia insistió en que ella no se suicidó de tres disparos: uno en un sillón, otro en una pierna y uno más en la cabeza, como en su momento afirmó la Fiscalía Desconcentrada de la entonces Procuraduría capitalina, hipótesis que sostuvo indagando en la vida personal de la abogada y después de realizar un peritaje psicológico pos-mortem. Esta versión se mantuvo hasta el final del litigio ante la Corte Interamericana.

Ahora que el máximo tribunal de la región aseguró que hubo falencias en la investigación de los hechos, en la cual también se utilizaron estereotipos de género, el hermano de la defensora, Jesús Ochoa, afirmó: “Cuanta razón tenía la familia Ochoa y Plácido, razón que nos asistía desde hace 20 años. Lo viene a confirmar, precisamente, la sentencia emitida por la Corte Interamericana hace unos días”.

Jesús Ochoa destacó que quienes denostaron a su hermana y a su familia fueron el entonces Procurador de Justicia del Distrito Federal, Bernardo Bátiz Vázquez, quien actualmente es consejero de la Judicatura Federal; y el subprocurador de Averiguaciones Previas Centrales de la entonces Procuraduría, Renato Sales Heredia, quien hoy es fiscal general del estado de Campeche. Aún así también confió en que la investigación se reabrirá y se sancionará a los responsables del asesinato.

Por su parte, el abogado David Peña, recordó que investigar el delito le corresponde a la Fiscalía de la Ciudad de México, encabezada por la fiscal Ernestina Godoy, con quien se espera construir una metodología de investigación, retomando las líneas que dictó la Corte Interamericana como las actividades profesionales que realizaba la abogada, las zonas donde trabajó y las amenazas previas que recibió. 

A su vez, la abogada Karla Michel Salas Ramírez destacó que hay un voto de confianza con la fiscal Ernestina Godoy, una mujer que viene de de la sociedad civil, pues fue integrante de la Asociación Nacional de Abogados Democráticos (ANAD), organización que también defendió a la familia Ochoa. “Desde que ella presidía la ANAD exigió al gobierno de la Ciudad y el gobierno federal el esclarecimiento del asesinato de Digna. Entonces no dudamos que ahora que tiene esta alta responsabilidad la asuma”, dijo Salas.

Estándares en casos de violencia contra mujeres 

La subdirectora del Centro por la Justicia y el Derechos Internacional (Cejil), Marcela Martino, quien también acompañó el litigio internacional de la familia de Digna Ochoa, destacó que el alto tribunal consideró que la violación de Derechos Humanos de Digna Ochoa no se agotó en la deficiente investigación de su muerte, sino que continuó y se exacerbó a través de un discurso de agentes estatales encaminado a denostar su imagen pública, a polarizar a la sociedad mexicana y a sustentar ante la opinión pública la versión del suicidio.

Sin embargo, esta no es la primera vez que la Corte se refiere el impacto negativo de los estereotipos de género como un obstáculo para el acceso a la justicia. En noviembre de 2009 el alto tribunal emitió la sentencia conocida como “Campo Algodonero”, donde condenó al Estado mexicano como responsable en la desaparición y muerte de las jóvenes Claudia Ivette González, Esmeralda Herrera Monreal y Laura Berenice Ramos Monárrez, cuyos cuerpos fueron hallados en un campo algodonero de Ciudad Juárez, Chihuahua, el 6 de noviembre de 2001. 

Esa sentencia, que en el fondo reconoció el feminicidio, se convirtió en un referente porque la Corte Interamericana estableció parámetros para determinar, prevenir, investigar, procesar y castigar la violencia de género. Ahora, en el caso de Digna Ochoa el tribunal destaca que las mujeres defensoras sufren obstáculos adicionales debido a su género, al ser víctimas de estigmatización, estar expuestas a comentarios sexistas y misóginos o a que sus denuncias no se asuman con seriedad.

A la resolución de “Campo Algodonero” le siguieron las sentencias emitidas entre 2010 y 2011 por la Corte Interamericana, en las que el Estado mexicano resultó internacionalmente responsable por la violación a los derechos a la integridad personal, dignidad, a la vida privada, a las garantías judiciales y a la protección judicial en prejuicio de las indígenas Inés Fernández Ortega y Valentina Rosendo Cantú, víctimas de violación sexual por militares, en 2002, en hechos diferentes. 

Después, en noviembre de 2018 la Corte Interamericana emitió otra sentencia contra el Estado mexicano por su responsabilidad en la tortura ejercida por elementos de las fuerzas de seguridad en contra de once mujeres, hechos ocurridos en Atenco, Estado de México en 2006 y conocido como “Mujeres de Atenco”. En todos estos casos la Corte documento un problema sistémico de discriminación en el acceso a justicia para las mujeres. 

La abogada de Cejil, Lady Guzmán Marenco, destacó que la Corte también reconoció que el contexto de ataques contra personas defensoras e impunidad persiste hasta el día de hoy y que existe una violencia diferenciada contra las defensoras. “La Corte destaca el riesgo que tienen las mujeres defensoras de Derechos Humanos a ser víctimas de feminicidio, violaciones, detenciones arbitrarias, encarcelamientos, asesinatos y también desaparición forzada”, aseguró.

Los abogados destacaron que la sentencia el caso Digna Ochoa también es una oportunidad para mejorar el funcionamiento del Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas y la ley vigente desde 2012 que le dio origen, la cual está en proceso de revisión en la Secretaría de Gobernación.

Testimonios de mujeres son “pruebas fundamentales” en casos de violencia sexual

  

Ciudad de México.- Desde 2010, México tiene el mandato de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH) de considerar los testimonios de las mujeres que son víctimas de violencia, ya sea familiar, sexual o de otros ámbitos, como “pruebas fundamentales”, afirmó la abogada experta en derechos de las mujeres, Leticia Bonifaz Alfonso. 

A pesar de las exigencias del movimiento feminista, el presidente Andrés Manuel López Obrador insiste en mantener el nombramiento que hizo el pasado 17 de enero, cuando propuso al historiador Pedro Agustín Salmerón (acusado reiteradamente en redes sociales por acoso y abuso sexual) como embajador de México en Panamá. 

Como lo hizo en el caso de la candidatura a gobernador del morenista Félix Salgado Macedonio, el mandatario federal argumentó que no echará para atrás la postulación de Salmerón porque no existe una denuncia formal en contra del académico.

Al respecto del valor de la palabra de las mujeres en casos de violencia, la abogada, experta en los derechos de las mujeres e integrante del Comité de Expertas de la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW, por sus siglas en inglés), Leticia Bonifaz, explicó en entrevista con Cimacnoticias que desde 2010 y luego en 2011 la Corte Interamericana de Derechos Humanos dijo que “los testimonios de mujeres víctimas de delitos constituyen una prueba fundamental de la naturaleza propia de dichos delitos, ya que normalmente ocurren en ausencia de otras personas más allá de la víctima y el agresor o los agresores, y en lugares privados”.

Esto lo sostuvo la Corte Interamericana al revisar los casos de las indígenas mexicanas Inés Fernández Ortega y Valentina Rosendo Cantú (violadas por militares) y emitir dos sentencias condenatorias contra México. Por ello, explicó la abogada, no se puede esperar que existan pruebas gráficas, documentales o testimoniales de personas que no sean las víctimas directas. “La declaración de la víctima constituye una prueba fundamental sobre el hecho”, dijo la Corte.

A partir de este caso, explicó Bonifaz, la Suprema Corte Justicia de la Nación ha venido reiterando en diversos amparos la situación de vulnerabilidad en la que se puede encontrar una víctima y su relación particular con el agresor (que puede ser jerárquica). 

Un ejemplo de ello es el Amparo Directo en Revisión 3186/2016 (sobre hostigamiento sexual), donde se reafirma que por la complejidad que implica la valoración probatoria por parte de las personas juzgadoras en casos en los que se ha ejercido violencia sexual contra la mujer, “la cual radica en la naturaleza de la comisión de este tipo de actos, los cuales son, generalmente, perpetrados de manera oculta, situación que dificulta la existencia de testigos o de otro tipo de evidencias”, el testimonio de la víctima del delito suele constituir “la prueba de mayor relevancia en la acusación formulada contra la persona imputada”.

Este amparo también dice que en casos de violencia contra las mujeres, puede incluso no amerita contacto alguno, implica una expresión de abuso de poder. Esto mismo, y el hecho de dar mayor credibilidad al dicho de las mujeres por las características y el peligro en el que se encuentran se reiteró en el amparo 2655/2013 (sobre patria potestad y pensión alimenticia); 6181/2016 (sobre violencia familiar en contra de las mujeres); 1206/2016 y el 1412/2017.

Crecen reacciones en contra

Ante la insistencia del mandatario de mantener el nombramiento de Salmerón, el movimiento feminista sigue mostrando su rechazo. Por ejemplo, la red “Nosotras Tenemos otros Datos” y el movimiento “Todas México” iniciaron una campaña  en redes sociales en la que aseguran que “un acosador no debe ser embajador” y pidieron que el Senado ni la cancillería ratifiquen el nombramiento, y que la Fiscalía General de Justicia de la República investigue las denuncias de las mujeres que han prestado su testimonio.

Asimismo, las feministas pidieron a López Obrador que deje de proteger a agresores sexuales, no estigmatice a las víctimas y cumpla sus responsabilidades constitucionales y convencionales. 

Además del movimiento feminista en México, algunos medios de alcance nacional en Panamá publicaron en sus portadas del día 19 de enero la noticia de que un hombre acusado de acoso sexual sería nombrado embajador de México en su país. Por ejemplo, el medio TVN noticias puso de titular “Profesor señalado por supuesto acoso sexual es nombrado como embajador de México en Panamá”; y el medio La Estrella de Panamá puso “Polémica por designación de embajador”.

En el Senado de la República –donde se deberá ratificar este nombramiento– se han escuchado posiciones encontradas al respecto de Salmerón, incluso dentro de quienes han legislado a favor de los derechos de las mujeres. Por ejemplo, por un lado la senadora de Movimiento Ciudadano, Patricia Mercado, expresó en entrevista con Cimacnoticias su rechazo a la propuesta por lo que significaría que un hombre con estas acusaciones acuestas represente a México.

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No obstante, algunas senadoras morenistas que en el caso de la candidatura de Félix Salgado Macedonio como gobernador de Guerrero expresaron su rechazo, en este caso han respaldado la posición del presidente, como Martha Lucía Micher Camarena, que preside la Comisión de Igualdad de Género, llamó a respetar “la presunción de inocencia” del postulante. 

En otros casos, las senadoras morenistas como Citlalli Hernández, Antares Vázquez Alatorre, Jesusa Rodríguez, que en su momento se pronunciaron en contra de Félix Salgado, no han expresado ninguna opinión al respecto de la postulación del Salmerón.

De acuerdo con datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, ​​en 2021 se abrieron 69 mil 512 carpetas de investigación por delitos contra la libertad y la seguridad sexual. 

SCJN analizará si prescribe el delito de abuso sexual cuando las víctimas son menores de edad

  

Este caso se originó porque se libró una orden de aprehensión en contra de una persona acusada de abusar sexualmente de una niña menor de edad. En contra de esa resolución el imputado promovió un juicio de amparo indirecto en el que alegó que el delito prescribió.

De acuerdo con medios locales de Guanajuato y Animal Político, el imputado es Roberto ‘N’, director del Colegio Liceo de León, en Guanajuato, quien en 2018 abusó de una niña de 9 años de edad. En 2020, y después de recibir terapia, la niña pudo hablar de lo sucedido .

En Guanajuato, el Código Penal del estado indica que el delito de abuso sexual se castiga con penas de tres meses a un año de prisión, pero en caso de que la víctima sea menor de edad la sanción es de seis meses a dos años de prisión.

De acuerdo con los medios, el presunto responsable del delito alegó que han pasado dos años desde los hechos y ya prescribió el delito.

La Jueza de Distrito negó la protección federal tras concluir que no opera la prescripción en el delito de abuso sexual, cuando las víctimas son menores de edad. Inconforme con esta decisión, el acusado interpuso un amparo en revisión. El Tribunal Colegiado que revisó el caso solicitó a la Suprema Corte que atrajera el asunto.

En la sesión de este 19 de enero, la Primera Sala  decidió atraer el expediente porque consideró necesario determinar si el artículo 106, último párrafo, de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, vigentes desde 2014, que señala “no podrá declararse la caducidad ni la prescripción en perjuicio de niñas, niños y adolescentes”, implica que no prescribe el delito cuando es cometido en contra de menores de edad.

La disposición de esta ley, de carácter general, se contrapone con el artículo 123 del Código Penal del estado de Guanajuato, que desde 2011 indica que “la acción penal prescribirá en el término máximo de la sanción privativa de libertad del delito que se trate”. En este caso el abuso sexual se castiga con dos años de carcel y la víctima (menor de edad) tardó dos años en denunciar.

Próximamente, la Primera Sala, presidida por la ministra Ana Margarita Ríos Farjat, determinará si el delito de abuso sexual prescribe cuando se comete en contra de menores de edad, atendiendo al interés superior de la niñez, a los artículos 1 y 4 de la Constitución Política del país, y  3, 4 y 19 de la Convención sobre los Derechos del Niño.

En un comunicado emitido por el alto tribunal, se expuso que en este caso las reglas podrían ser distintas a las que aplican en términos generales en materia de prescripción de los delitos y, al respecto, la Suprema Corte no cuenta con un pronunciamiento específico.

Abuso sexual contra menores 

De acuerdo con la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (ENSU), del Inegi, durante el segundo semestre de 2021, 3.9 por ciento de la población de 18 y más fue víctima de abuso sexual, acción que incluye besos, toqueteos, manoseos, arrimones o que alguna persona muestre sus partes íntimas o toque su cuerpo con fines sexuales, sin consentimiento de la otra persona.  

Por otra parte, organizaciones defensoras de la infancia han señalado que niñas y niños tardan tiempo en poder narrar un abuso o violación sexual. Como ejemplo, en la Ciudad de México, en 2010, un niño, de sólo tres años de edad, dejó de controlar sus esfínteres, lloraba por cualquier cosa, tenía pesadillas y no quería alejarse de su madre, Mireya Agraz Cortés.

Cuando la madre notó los cambios en el comportamiento de su hijo pensó que era un problema de salud y lo llevó al proctólogo, quien le dijo que eran síntomas de posible violación sexual. Después de sesiones de terapia con personas expertas, se determinó que el menor de edad fue víctima de violencia sexual por parte de su padre. 

A pesar de que el delito se denunció en 2011, el agresor siguió abusando del niño mientras se investigaba y después comenzó a abusar de sus hijas gemelas, también menores de edad. La investigación duró siete años, hasta que en junio de 2017, ante la falta de justicia, las omisiones y la orden judicial de entregar la custodia al padre, Mireya decidió quitarse la vida junto con sus tres hijos y sus padres. 

Una investigación de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos sobre la legislación en materia de abuso sexual, realizada en 2015, mostró que cada entidad tiene un tipo penal distinto y que las penas iban desde un mes de prisión hasta 10 años. A excepción de Campeche, Nuevo León y Tamaulipas, en el resto del país era una agravante la minoría de edad de la víctima, la falta de capacidad de comprender el significado del hecho o el no poder resistirlo.

Arranca 2022 con siete asesinatos violentos de mujeres en Oaxaca

  

Entre el 1 de diciembre de 2016, cuando inició su administración el actual gobernador Alejandro Murat, y este 20 de enero de 2022, el Grupo de estudios sobre la mujer Rosario Castellanos (GESMujer) contabilizó 589 asesinatos violentos de niñas y mujeres, siete de éstos en lo que va del nuevo año y 374 desde la Declaratoria de Alerta de Violencia de Género.

“Causa una profunda preocupación que los siete casos de mujeres que han ocurrido en lo que va el mes de enero, son un reflejo de la problemática que año con año se repite”, refirió la presidenta del GESMujer, Angélica Ayala Ortiz.

Entre esos siete casos se encuentra el de M.L.R.H., una mujer de 23 años embarazada, cuyo cuerpo fue encontrado en estado de putrefacción en un canal de agua hace unos días en Juchitán de Zaragoza. Los dictámenes forenses indicaron que estaba embarazada, al igual que Juliana, una mujer de 33 años que falleció por los golpes que recibió y cuyo cuerpo fue abandonado dentro de un auto que estaba entre los carrizales de un arroyo de aguas negras.

“Fueron víctimas de feminicidio, fueron asesinadas de manera violenta y sus cuerpos fueron abandonados, lo que refuerza la urgencia de incorporar la perspectiva de género, tanto a nivel de identificación del nivel de riesgo de violencia feminicida que viven las mujeres durante el embarazo, dado que en esta etapa se agrava la violencia”, resaltó Ayala Ortiz.

De los 966 casos de feminicidio que en 2021 reportó el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, 43 ocurrieron en Oaxaca, menos de la mitad que los 87 que el GESMujer documentó a través de las notas periodísticas.

La coordinadora Ejecutiva del Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio, María de la Luz Estrada , dijo que más allá de los números oficiales que ve con reserva porque suelen ocultar un subregistro, las mujeres y sus deudos siguen viviendo una ruta de impunidad.

En agosto de 2018 la Secretaría Gobernación (Segob) declaró la Alerta de Violencia de Género (AVG) en Oaxaca y las autoridades se han dedicado a declarar su cumplimiento, cuando persisten las graves violencias que evidencian que las mujeres no están protegidas, sobre todo en un estado complejo por su diversidad cultural.“

A nivel nacional hay fallas, pero en Oaxaca lo grave es que el estado diga que va cumpliendo, que han mejorado en la procuración de justicia, cuando en los hechos vemos que no hay una mejor investigación de los casos de feminicidio, que prevalece la impunidad y revictimización”, además de que “ni siquiera elaboran un estudio para analizar cómo puede la normatividad interna de usos y costumbres generar más violencia.

”Las fallas en el mecanismo de Alerta de Violencia de Género se agrava porque la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (Conavim) tiene pendiente generar indicadores con medios de verificación “para ir a campo y constatar si lo que reporta un estado realmente implica una mejora y no una simulación”.

Luz Estrada hizo notar que la Alerta de Género es un mecanismo que no se está usando debidamente: “Se debe insistir al gobierno de Oaxaca que realmente avance en la prevención porque tiene el tipo penal, un protocolo, pero hay una carencia en la prevención porque no hay una estrategia clara”.

Aseguran Segob y SRE que cumplirán sentencia de la Corte Interamericana por caso Digna Ochoa

Ciudad de México.- Las secretarías de Gobernación (Segob) y de Relaciones Exteriores (SRE) aseguraron que estudiarán con atención y cumplirán la sentencia emitida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH), donde se condena al Estado mexicano por su responsabilidad en las falencias en la investigación de la muerte de la defensora de Derechos Humanos, Digna Ochoa y Plácido, ocurrida el 19 de octubre de 2001.

Un día después de recibir la notificación de la sentencia, dictada en noviembre de 2021, las dependencias expusieron en comunicado que el Estado mexicano refrenda los compromisos y acuerdos alcanzados con la familia de la defensora Digna Ochoa en materia de reparación del daño y garantías de no repetición, y atenderá puntualmente lo señalado por la Corte Interamericana.

“México reitera su compromiso con la protección de los Derechos Humanos y su respaldo a la labor de las y los defensores de Derechos Humanos. Por último, el Estado mexicano manifiesta una vez más su reconocimiento a la labor de la defensora Digna Ochoa y reitera su compromiso de honrar su memoria y legado”, se detalló en el comunicado. 

Durante 20 años la familia de la defensora insistió en que ella no se suicidó de 3 disparos como en su momento afirmó la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal, hoy Fiscalía General de Justicia. Aun así, los procuradores Bernardo Bátiz Vázquez, Rodolfo Félix Cárdenas y finalmente Miguel Ángel Mancera Espinosa, mantuvieron firme la conclusión del suicidio y por eso en tres ocasiones (julio de 2003, marzo de 2007 y noviembre de 2010) decidieron no ejercer acción penal.

En la sentencia el tribunal constató que en la época de los hechos, las y los defensores –además de otras personas que trabajaban en la defensa de los Derechos Humanos, como periodistas, representantes sindicales o indígenas– corrían riesgo de sufrir numerosas violaciones de Derechos Humanos. 

Las mujeres defensoras, destacó, “sufrían obstáculos adicionales debido a su género, siendo víctimas de estigmatización, expuestas a comentarios de contenido sexista o misógino o sufriendo el hecho de que las denuncias presentadas por ellas no sean asumidas con seriedad”. El tribunal también constató que en la actualidad continúa este contexto de violencia contra personas defensoras. 

Es por eso que en la sentencia, además de ordenar reabrir la investigación penal y otorgar tratamiento médico y/o psicológico, psiquiátrico o psicosocial a la familia de la defensora, el máximo tribunal de la región determinó medidas de no repetición, entre ellas, diseñar e implementar una campaña para reconocer la labor de las personas defensoras.

Esta sentencia se da en la administración de López Obrador en la que existe un contexto de animadversión en contra de las organizaciones defensoras de Derechos Humanos, personas que defienden causas sociales y periodistas. Cabe recordar que en en noviembre de 2019, un grupo de organizaciones nacionales e internacionales, enfocadas en la defensa de la libertad de expresión, realizaran una misión de observación en México. 

El equipo, integrado por 17 personas defensoras de organizaciones como International Women´s Media Foundation, Artículo 19 y Comunicación e Información de la Mujer (CIMAC), acudió a la conferencia matutina del presidente y le preguntó, entre otras cosas, si se comprometía a utilizar un lenguaje que en ningún caso pudiera estigmatizar el ejercicio del periodismo ni a las y los periodistas. 

En ese momento el presidente López Obrador respondió que no tenía que hacer ningún compromiso ya que él nunca había utilizado lenguaje ofensivo y siempre había sido respetuoso. “En el tiempo que llevamos luchando, nunca hemos afectado o agredido a ningún periodista ni lo haríamos… Nosotros siempre vamos a respetar la libertad que tienen todos los ciudadanos de manifestarse”, dijo. 

Otro ejemplo del discurso de López Obrador en contra de las personas defensoras es lo que ocurrió el 12 de julio de 2021, al ser cuestionado por un periodista sobre el funcionamiento del Mecanismo de Protección, después de que Front Line Defenders México dio a conocer que al menos 44 activistas fueron asesinados en su administración (2019-2020). El presidente dijo que Segob protegía esta población, pero que los datos eran “propaganda” de sus adversarios, difundida por el periódico Reforma. 

Meses después, en octubre de 2021, el presidente aseguró que grupos “neoliberales” utilizaron causas “muy nobles” como el feminismo, el ecologismo y la defensa de los Derechos Humanos, para “saquear” y apropiarse de bienes nacionales. 

“Muy nobles todas estas causas, muy nobles, pero el propósito era crear o impulsar, desarrollar todas estas nuevas causas para que no reparáramos, para que no volteáramos a ver que estaban saqueando al mundo y que el tema de la desigualdad en lo económico y en lo social quedara afuera del centro del debate. Por eso no hablaba de corrupción, se dejó de hablar de explotación, de opresión, de clasismo, de racismo”, dijo.

En este contexto, la sentencia por el asesinato de la defensora Digna Ochoa indica que en un plazo de dos años, el Estado mexicano deberá elaborar un plan de fortalecimiento calendarizado del Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, retomando las recomendaciones y propuestas de los peritos Erika Guevara Rosas y Michel Forst, y de la Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, que desde 2019 presentó un diagnóstico para mejorar este Mecanismo.

Lo anterior porque en abril de 2021 estos peritos declararon ante la Corte por el caso Digna Ochoa. Allí la directora para Las Américas de Amnistía Internacional, Erika Guevara Rosas, presentó una radiografía sobre la situación de las personas defensoras de Derechos Humanos en México y afirmó que hay “un grave deterioro de los Derechos Humanos” desde mediados de la década de 1990 y cuando ocurrió la muerte de Digna Ochoa. 

La sentencia llega también cuando la Segob trabaja en una propuesta para derogar la Ley para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, vigente desde 2021 y la cual dio origen al Mecanismo de Protección; y en su lugar crear la Ley General de Prevención y Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, para lo cual se realizaron dos foros con sociedad civil para revisar qué debe contener la ley, el pasado 17 y 18 de enero.

Por otro lado, otras medidas de reparación dictadas en la sentencia emitida por la Corte Interamericana son crear e implementar un “Mecanismo de Protección de Testigos que intervengan en el Procedimiento Penal”, elaborar una iniciativa de reforma constitucional para dotar de autonomía e independencia a los Servicios Periciales, elaborar una reforma a la “Ley Federal Para la Protección a Personas que intervienen en el Procedimiento Penal” y crear un protocolo para la investigación de ataques contra las defensoras y personas defensoras.