"La muerte de Lorenzo a manos del ICE ha generado movilizaciones, protestas en EU, y por parte de México la presentación de 17 denuncias penales".

Ronaldo reconoció la voz de su papá Lorenzo Salgado Araujo en un video que circuló en redes sociales. La imagen mostraba a un hombre gritando por auxilio mientras yacía herido, desangrándose en el suelo sometido por agentes del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés). Horas antes, como hacía de manera cotidiana, Lorenzo salió de madrugada de su casa para recoger a sus compañeros de cuadrilla y comenzar su larga jornada en su trabajo en la construcción, iba con ellos cuando camionetas sin rótulos ni insignias le cerraron el paso; de allí descendieron los agentes que lo sacaron de su camioneta, lo sometieron y le dispararon.
A Lorenzo lo mataron dos veces: la primera por las arteras balas que cegaron su vida, la segunda despojándolo de sus identificaciones y documentación para hacerlo pasar como “desconocido”.
Hasta hace unos años era obligatorio que los agentes del ICE portaran cámaras corporales, pero el gobierno de Trump se opuso a las cámaras; los agentes que le dispararon a Lorenzo no las llevaban. Pretextaron que lo confundieron con otra persona a quien llevaban días vigilando y lo revictimizaron acusándolo de que supuestamente pretendía usar su vehículo como arma; sin embargo, han salido a la luz videos que contradicen esa versión y muestran el abuso de los agentes; están también los testimonios de los compañeros de Lorenzo, testigos de lo ocurrido.
Acusar a sus víctimas de que supuestamente pretendían usar su vehículo como “arma”, o que los agentes “se sintieron en peligro”, es una artimaña que con más frecuencia usan los integrantes del ICE para excusarse de sus criminales abusos, un guion que se repite una y otra vez, que han usado también en los casos de los estadounidense a quienes han matado, así lo hicieron con Renee Good en enero de 2026, y antes con Rubén Ray Martínez en marzo de 2025.
La misma artimaña usaron también los agentes en Chicago, cuando en septiembre de 2025 le dispararon a Silverio Villegas, originario de Michoacán, de 38 años de edad. La mañana en que lo mataron, Silverio había dejado a sus hijos en la guardería y se dirigía a su trabajo como cocinero, cuando agentes del ICE lo interceptaron. Le dispararon en el cuello.
Ahora, la muerte de Lorenzo a manos de agentes del ICE ha generado movilizaciones, protestas en Estados Unidos, y por parte del gobierno de México la presentación de 17 denuncias penales contra el ICE por el caso de Lorenzo, y los de otros connacionales que han muerto durante los operativos antimigración o durante su confinamiento en los centros de detención que son operados por empresas privadas.
Es tan relevante como necesario el paso que da el Gobierno de México al transitar de las notas diplomáticas a las denuncias formales por los casos de connacionales muertos bajo custodia del ICE, porque además de ir en aumento, son consecuencia de una política antimigración ejecutada por agentes que han hecho cotidianas sus letales prácticas fascistas.
Seis días después de que Lorenzo fue asesinado, en Maine, Joan Sebastián Guerrero, un joven colombiano de 23 años de edad, quien tenía permiso de trabajo e incluso número de seguridad social, también moría cuando los agentes del ICE lo sacaron de su vehículo y le dispararon.
Desde el arranque del segundo mandato de Donald Trump, en enero de 2025 arreció su política antimigración que busca hacer la mayor deportación en la historia de Estados Unidos. Para aplicarla inicialmente al frente del Departamento de Seguridad Nacional designó a Kristi Noem, y al frente del ICE a Gregory Bovino, quienes hicieron un espectáculo de los violentos operativos que ellos mismos encabezaban.
A raíz del escándalo por las muertes de Alex Pretti y Reene Good, Noem fue reemplazada en marzo de 2026 por Markwayne Mullin, y en el ICE de manera interina se dejó a David Venturella, sustituido hace dos semanas por Lancge Schroyer. Han cambiado a las cabezas, pero las prácticas son las mismas.
En junio pasado, un grupo de senadores remitió una carta al Secretario Mullin, y al entonces director interino del ICE, Venturella, para expresarles su alarma ante el aumento de muertes de inmigrantes bajo custodia del ICE. Contabilizaban 50 fallecidos a partir del arranque del segundo mandato de Trump. Recién había ocurrido la muerte de Mamuka Artmeladze, inmigrante georgiano de 43 años de edad, en el Centro Correccional Winn en Louisiana, donde el ICE lo tenía desde hacía cuatro meses.
Señalan en esa carta que las muertes de personas bajo custodia del ICE “deben entenderse en el contexto de las decisiones políticas deliberadas de esta Administración”, ya que, dicen los senadores, el Departamento de Seguridad Nacional “ha expandido agresivamente el uso de la detención, ha intentado someter a amplias categorías de inmigrantes indocumentados a detención obligatoria sin audiencias de fianza individualizadas y ha continuado defendiendo esa política”, con más personas detenidas durante períodos más prolongados, “esto ha ejercido, como era de esperar, mayor presión sobre un sistema que ya padece negligencia médica y condiciones peligrosas”.
“Su administración, o bien no tuvo en cuenta este resultado previsible o procedió a pesar de él”, –le dicen al Secretario Mullin, y al director interino del ICE.
Aluden a un informe de la Oficina de Responsabilidad Gubernamental (GAO) que reveló las graves condiciones en que opera el centro de detención ubicado en Texas, (Camp East Montana en Fort Bliss), creado como parte de los planes de deportación masiva del gobierno de Trump, y en el cual al menos tres detenidos han fallecido. Subrayaron los “graves problemas en las condiciones del centro, incluyendo dormitorios insalubres, fallas médicas y una muerte por uso de la fuerza que posteriormente fue declarada homicidio”.
Alertan lo grave que resulta la operación de centros de detención que no tienen las condiciones físicas ni legales adecuadas, cuyas instalaciones están deterioradas, donde no hay un adecuado suministro de alimentación, con deficiencia en el servicio médico, y en los cuales se registran incidentes de uso prohibido de la fuerza.
Señalan además que, contrario a la ley, el ICE está operando con carácter punitivo y que los centros de confinamiento prácticamente operan como cárceles.
Detallan casos de familias con niños detenidas durante periodos prolongados, o personas que por su condición de víctimas estaban en proceso de solicitud de asilo y de visa, y que fueron llevados a esos centros de detención recluidos durante meses. También ciudadanos detenidos por confusión de los agentes.
En esa carta, los senadores pidieron a los funcionarios los registros e información relacionados con las revisiones específicas de cada una de las muertes ocurridas bajo custodia del ICE.
Revisé los registros oficiales que el ICE tiene sobre las personas fallecidas bajo su custodia y se trata de personas originarias de México, Colombia, Cuba, Etiopía, Ucrania, República Dominicana, Vietnam, Haití, Canadá, China, El Salvador, Jordania, Guatemala, Filipinas, Pakistán, Eritrea, Nicaragua, Bulgaria, Camboya, Irán, Afganistán, Georgia.
De los ciudadanos mexicanos muertos en esos centros, el más joven de ellos era Royer Pérez Jiménez, de 19 años de edad, originario de San Juan Chamula, Chiapas. Royer trabajaba en un restaurante en Florida cuando fue detenido en febrero de 2026 y llevado a un centro del ICE. Cuando lo ingresaron su estado de salud era normal, según la ficha de registro del ICE, dos semanas después lo encontraron colgado en una ducha. El informe dice que supuestamente lo encontraron “inconsciente, con una ligadura de tela alrededor del cuello sujeta a un elemento fijo de la ducha”, que “los agentes que acudieron al lugar iniciaron de inmediato maniobras de salvamento, comenzando con la reanimación cardiopulmonar”, pero que murió.
En su informe el ICE dice que fue suicidio, pero su familia ha rechazado esa versión y han pedido que se investigue.
Hay otros casos en similares situaciones: el fallecimiento de Hebert Sánchez Domínguez, según la ficha de registro del ICE: “El 14 de enero de 2026, aproximadamente a las 02:03 horas, un oficial del pabellón encontró al Sr. Domínguez con una ligadura alrededor del cuello, atada a la litera de su celda, y activó el protocolo de emergencia médica. El personal de custodia retiró la ligadura y lo colocó en el suelo. A las 2:05 a.m., llegaron dos enfermeros; al encontrarlo inconsciente, sin pulso y sin respiración”.
Son sólo algunos de los casos de connacionales que han perdido la vida bajo custodia del ICE, cuyas causas y circunstancias, a partir de las denuncias que presentó el Gobierno de México, deberán ser investigadas.
Es en el gobierno de Trump que la agencia (que fue creada en 2003 mediante la fusión de las unidades de investigación y control del Servicio de Aduanas y el Servicio de inmigración), ha cobrado mayor presupuesto pese a su notorio historial de graves abusos por parte de sus agentes.
Al mismo tiempo que se ha recortado abruptamente presupuesto a la ciencia, educación, a los centros de investigación médica, en contraste el dinero no se escatima al ICE, por el contrario: el año pasado el Congreso le asignó presupuesto para que ampliara el número de agentes, y en junio se le autorizaron 70 mil millones de dólares para que junto con la Patrulla Fronteriza refuercen sus operaciones por lo menos hasta el término de la administración de Trump.
Cuando los agentes dispararon y mataron a Lorenzo, lo revictimizaron despojándolo de sus identificaciones y documentos, para llevarlo como “desconocido”. De manera valiente sus hijos han compartido ampliamente ante medios de comunicación quién era su padre, los recuerdos que les deja; se les escucha honrarlo, dignificarlo.
Lorenzo Salgado, originario de Tlatlaya, en el Estado de México, emigró a Estados Unidos hace 35 años y desde entonces trabajaba de sol a sol para sostener a su familia, para la educación de sus hijos “para que nunca nos faltara nada”, han dicho ellos.
En sus palabras: “Mi papá Lorenzo Salgado Araujo fue un hombre humilde, un hombre que nada más quería trabajar, para dar mejor vida para su esposa, nuestra madre, y para mis hermanos. Él se levantaba cada mañana y hacía las mismas cosas cada día: se levantaba, se vestía, agarraba su lonche y se iba al trabajo desde las seis de la mañana hasta las 7, 8 de la noche, 12, 14 horas en el sol de Houston, de Texas, para proveer para nosotros, para darnos de comer, para darnos educación, para que nunca nos falte nada en esta vida”.
De Lorenzo, han dicho sus hijos: “Yo quiero que la gente sepa de mi papá, que siempre nos decía que le echemos ganas en esta vida, que la educación nos va a llevar adelante, yo quiero que mi papá ustedes lo recuerden como un hombre de familia, un aficionado de la Selección de México, de las Chivas de Guadalajara. Que sepan que mi papá fue un hombre honesto, trabajador, que él le dio oportunidades de trabajo a muchas personas, gente venía a nuestra casa, tocaba la puerta para pedirle a mi papá la oportunidad de trabajar con él, que él le dio a mucha gente, a muchos hombres la oportunidad de trabajar con él, para construir casas para la gente de Houston”.
Las muestras de solidaridad y afecto hacia la familia de Lorenzo confirman el profundo aprecio y arraigo que el connacional tenía dentro de su comunidad. A través de la presentación de demandas formales se abre la posibilidad de que su familia, así como las familias de los otros connacionales muertos bajo custodia del ICE, encuentren verdad y justicia.





