11/22/2026

Los 4 Fantásticos

Fabrizio Mejía Madrid

"Si ellos hubieran cumplido con sus promesas, como elecciones limpias, tendrían confianza. Pero no la tienen y, por ello, no hay nada que rescatar".

Los 4 Fantásticos. Por Fabrizio Mejía

Estos cuatro creen que vivieron algo llamado “transición a la democracia”. Del fraude de 1988, pasando por el fraude de 2006, el financiamiento ilegal de las campañas del PAN y del PRI por lo menos en tres ocasiones ---Amigos de Fox, Pemexgate, y tarjetas Monex y Soriana---, estos cuatro señores siguieron pensando que la democracia mexicana era una creación suya. Hablan desde esa altura que sólo ellos escalaron. En la historia inventada, de la que ellos son únicos protagonistas, no hay lugar para quien luchó por democratizar el país: el pueblo de México en marchas contra el fraude, en éxodos desde los estados, en contra del desafuero, en la demanda de voto por voto casilla por casilla. No. Sólo ellos, armados de artículos de códigos, son los autores.

Y hoy vienen a reafirmar una de sus más hondas convicciones: que el reparto de cuotas entre los partidos para ocupar los puestos de consejeros en el Instituto Electoral se llama “consenso”. Y van más allá: establecen el reparto como una condición de la democracia. Sin reparto no hay democracia. Si hay conflicto, no hay democracia. Si hay mayoría clara, no hay democracia. Si no están ellos, no hay nada. Woldenbarg simboliza la simulación de que el PRIAN se dividía en dos partidos distintos y, por tanto, el financiamiento ilegal de Petróleos Mexicanos a la campaña del PRI por mil millones de pesos, y de Los Amigos de Fox a la de ese mismo señor Fox por 545 millones de pesos. Ugalde es el fraude de 2006, el de Elba Esther Gordillo, el Peligro para México, y el “te sobregiraste”. Valdez el de las tarjetas Monex y Soriana, además de ingresos no comprobados de dónde venían, que financiaron al PRI con siete mil millones de pesos. Córdoba del Pacto por México para aventarse casi una década de funcionario electoral, el de los salarios por encima de la Constitución, y por supuesto, el del momento en que el INE se hizo partido político y se negó a poner las casillas para la revocación de mandato de López Obrador. Los cuatro son el PRIAN, en sus distintas modalidades. Y, ahora, en la oposición rabiosa, como un chile chipotle, como una marea enrosada que se hizo el partido Somos, llaman, ellos a “recuperar la credibilidad del INE”.

Pero dejémoslos por un momento, tres sentados en una mesa del nebuloso Instituto de la Transición Democrática, y otro más, Ugalde, desde Boston, por vía remota, en una pantalla. Llegan hasta esta conferencia de prensa arrinconados por una serie de acontecimientos.Primero, por supuesto, el destape de la contratación de una sola familia para comprar cientos de miles de mamparas y urnas que se utilizan en cada elección. Esto, desde 1999 y, sin interrupción durante 27 años, con una ganancia estimada para las empresas de los hermanos Hernández Casillas, de tres mil 690 millones de pesos en precios reales sólo entre 2015 y 2025. Pero los 4 fantásticos llegan, también, después de que, el 3 de noviembre, Vicente Fox, en una entrevista con un medio de Vox en España aceptara que había hecho ganar a Felipe Calderón porque sentía como una derrota personal no entregarle la presidencia a alguien de su mismo partido.

Vale la pena reproducir aquí lo que Fox le dijo a Vox. Dijo: “En 2006 viene la siguiente elección, que hice que ganara Calderón, aunque no es muy democrático decir eso. Pero yo me dije a mí mismo que la sucesión en el país debiera quedar en las mismas manos de mi partido político. Llegué a decir públicamente que yo no entregaría el poder salvo a un Presidente electo del PAN. Si me hubiera tocado uno de otro partido, no le hubiera entregado la banda presidencial”.

Ahí Fox reconoció el fraude electoral que muchos reclamamos en el 2006, no pidiendo una anulación, sino que se contaran voto por voto, casilla por casilla, todos los votos. Como ustedes sabrán y, si son muy jóvenes, se los cuento. Las pruebas del fraude de 2006 fueron múltiples pero selecciono tres: se documentaron inconsistencias aritméticas en el 56.08 por ciento de las actas, es decir, sumas que siempre favorecían a Calderón y disparidades entre boletas entregadas, sobrantes, y faltantes. Dos. Ese día, el 2 de julio de 2006, un 22 por ciento de los funcionarios de casilla fue sustituido. Y, lo más importante. Cuando presionamos millones de ciudadanos para que se abrieran los paquetes, el Tribunal nos concedió abrir un nueve por ciento de las urnas. Se recontaron los votos y ahí salió el peine: De 11 mil votos que se recontaron, dos mil 756 votos que eran para López Obrador se le contaron a Calderón. Si se hubieran contado todos los votos, Andrés Manuel habría ganado la elección por más de dos millones de votos. Pero, esas son las evidencias. Calderón perdió y tanto el IFE de Ugalde como el Tribunal avalaron el fraude que Fox reconoció en esta entrevista. Pero el expresidente de la alternancia sigue. Dice: “Pero, además, teniendo una mentalidad de empresario, hay que operar un negocio y, para hacerlo exitoso, debe tener en mente a quién va a dejar esa empresa. Esa es una pregunta y una posición muy fundamental de un verdadero empresario: '¿A quién le voy a dejar las riendas?'. Y yo me dije a mí mismo: 'Vicente, tú vas a dejar el poder a alguien del PAN. Así que empieza a trabajar. Tienes que ganar para que quede el PAN y le puedas entregar las riendas del país'".

Sigue hablando Fox: “Y, efectivamente, Calderón gana con nada de votos. El Instituto Federal Electoral probó contundentemente que había ganado Calderón. Las cifras que yo tenía como Presidente son que sí había ganado Calderón, pero fue tan mínima la ventaja que hubo dudas en la oposición y López Obrador organizó manifestaciones. Tenía el Congreso y no iba a dejar que yo entrara al Congreso a entregarle la banda presidencial a Felipe Calderón, a quien él llamaba 'espurio'. Así que Calderón y yo tuvimos que preparar una estrategia y evadir el cerco de manifestantes que López Obrador tenía alrededor del Congreso. A Calderón, que había sido congresista, Diputado, recordó que atrás había una puertita pequeña que daba al gran estacionamiento del Congreso. Pensamos en entrar por ahí y sorprenderles. Pero me di cuenta de que necesitábamos un plan B. Nuestro plan B se basaba en que a medianoche yo dejaba de ser Presidente y Calderón tomaba el testigo, así que decidimos hacer la ceremonia de entrega del poder en la Casa de Los Pinos. A medianoche le entregué el poder a Felipe Calderón, la banda presidencial, con su gabinete y el mío de testigos a oscuras, en un salón de Los Pinos. Lo demás fue teatro”.

Así, “teatro”, le llama Fox a la entrega del poder presidencial frente a las Cámaras de Representantes. No suena, en efecto, muy democrático. Es casi como lo que dirá Felipe Calderón por ganar una elección por 0.57 por ciento de los votos: “Haiga sido como haiga sido”. Esa es la transición de los 4 fantásticos. Concluye Fox: “La gente termina reconociendo lo que es bueno y, sobre todo, si comparas con lo que es malo. Con lo que fue el PRI, fui mejor. Al compararme con el Gobierno de Calderón, que fue monotemático, mejor Fox. Mucho más con el loco de Peña Nieto, que perdió la cabeza. Y luego viene López Obrador y, para las clases medias, AMLO es el peor Presidente de la historia de México y, por tanto, vuelvo a quedar bien”.

Tercer asunto que enmarca la reunión de los 4 Fabulosos: el anuncio del dirigente del partido Somos de que iban a defender a sus dirigentes, Edmundo Jacobo Molina, el eterno director ejecutivo del IFE y del INE, y a su militantes, el exempleado del espionaje político de Carlos Salinas de Gortari, Juan Carlos Padilla. Eso fue el 11 y el 17 de noviembre. También apareció un respaldo a Lorenzo Córdoba en los diarios que firman los mismos, Valdez y Woldenberg, además de Diego Valadés y Roger Batra, entre otros destacados miembros de la Marea Rosa.

Hoy, es un día después. La voz de quien inventó el Chile Chipotle que nos regañaba en la tele por no saber nada de democracia, Rubén Alvarez Mendiola, presenta a los 4 fantásticos. Woldenberg lee un manifiesto también firmado por aquel consejero, Arturo Sánchez Gutiérrez, que el 14 de junio de 2006, quince días antes de la elección, fue a la Embajada de Estados Unidos a avisar que Calderón iba a ganar por menos de tres puntos y que el PRI estaba de acuerdo. Así que esos son sus abajo firmantes. En el texto, todos estos demócratas piden a los legisladores “Rescatar la credibilidad”. Quieren que el nuevo nombramiento de la presidencia del INE sea de todas las fuerzas políticas. Según ellos, que se llaman cosas como Macarita Elizondo Gasparín, o se apellidan Baños, Latapí, Marván Laborde, Nazif, Zavala. “La construcción confianza es resultado de los consensos”, sentencia Woldenberg pero no es así. La confianza es un resultado de mantener las promesas. La confianza nada tiene que ver el reparto de cuotas para que todo mundo se haga cómplice. La confianza no es complicidad. Es confianza para que realicen cierta acción y tiene que ver con su desempeño, credibilidad, aptitudes y capacidades, y con su transparencia. Con entregar el resultado para el que han sido confiados que, en el caso de INE, no es educarnos, regañarnos, ni movilizarnos, como lo hizo en su gestión Lorenzo Córdoba. No, están para contar los votos. Pero no lo han hecho bien, salvo cuando no tienen más remedio como en 2018 y 2024 por la irrupción de 15 millones de nuevos ciudadanos.

Si ellos hubieran cumplido con sus promesas, como elecciones limpias, tendrían confianza. Pero no la tienen y, por ello, no hay nada que rescatar. Lorenzo Córdoba dijo cosas indemostrables disfrazadas de aforismo. Por ejemplo, sentenció en referencia a la compañía que obtuvo todos los contratos sin licitar. Dijo: “Un mercado oligopólico no necesariamente genera corrupción”. Es una trampa. La cosa funcionó al revés: la corrupción del IFE, el INE y las OPLES generó un monopolio de coyotes que revendían el contrato. Primero llegaron los corruptos y esos fueron los que hicieron que sólo una empresa de coyotes pudiera detentar los contratos. 

Woldenberg por su parte, dijo otro indemostrable: “Empezaron las alternancias y ninguna tuvo la mayoría absoluta de los escaños”. Se le olvida el detalle de que PRI y PAN votaron juntos todas las reformas neoliberales y sumaron al PRD ya en el Pacto por México. Es decir, siempre, la alternancia fue una simulación de una mayoría construida a espaldas de los ciudadanos, de antemano, y que sirvió para repartirse el INE, el Instituto de la Transparencia, las rectorías de las universidades, y hasta las notarías, como pudimos comprobar con el acuerdo entre PREI y PAN en Coahuila entre Alito Moreno y Marko Cortés. En su larga explicación de la sobrerrepresentación de Morena se le olvidaron dos datos: que López Obrador propuso una reforma con proporcionalidad total que ellos rechazaron y que se tuvo que aplicar la constitución que Peña Nieto había reformado para que fueran los partidos y no las coaliciones las que no pudieran pasar del ocho por ciento de sobrerepresentación. Si olvidas esos dos detalles pues, en efecto, Morena se agandalló.

Pero, mientras se iba descomponiendo su actitud de perdonavidas que le exigen a los legisladores designar consejeros a quienes las fuerzas que no llegan al 15 por ciento de intención de voto, afloraron las defensas personales. Valdés dijo que él estaba en el Partido Somos porque la gente se lo pidió en una marcha de la Marea Rosa. Ugalde dijo que las declaraciones de Fox eran “erráticas e, incluso, arrogantes” . Dijo: “Fox no era el presidente del ine, ni fue el responsable de organizar la elección”. Si entiendo bien, Ugalde asumió la responsabilidad plena de su fraude. Lorenzo Córdoba dijo que él no aspiraba a ser candidato sino Premio Universidad Nacional y defendió a Juan Carlos Cuervo, cuyas cuentas han sido congeladas porque se presume que era él, desde el INE, que simulaba concursos para entregarle los contratos a los hermanos Hernández Casillas. Dijo Córdoba sobre Cuervo: “Jamás fue responsable de los vínculos con proveedores”. Tembloroso, Córdoba también le contestó a Álvaro Delgado dos preguntas sobre la inconstitucionalidad de renovar a todos los consejeros, como están pidiendo los 4 fantásticos y otra sobre la posibilidad de que uno de los militantes de Somos regrese a la secretaría ejecutiva, digamos, por ejemplo Edmundo Jacobo Molina o Marco Baños. Su primera respuesta fue que se podía violar la constitución si había voluntad política. Y la segunda que estaba prohibido por la constitución que un integrante de un partido llegara a la secretaría ejecutiva. Y le dijo a Álvaro que durmiera tranquilo. Mientras los veíamos, estoy seguro que muchos de nosotros pensamos lo mismo: que, a veces, los aires de superioridad de los del viejo régimen, en el nuevo régimen se transformaron en vil cinismo.

La lengua de Fox y las manos sucias de Calderón

 Ana Lilia Pérez

"A 20 años de haberse consumado el fraude e impuesto el Gobierno espurio de Calderón, Fox admite haber dinamitado la democracia mexicana en 2006".

La lengua de Fox y las manos sucias de Calderón. Por Ana Lilia Pérez

La lengua de Fox admite que manejó la Presidencia y el Gobierno como su negocio privado, y que intervino en el proceso electoral para imponer a Felipe Calderón como su sucesor. Aunque estos hechos quedaron evidenciados y documentados periodísticamente desde los mismos años en que estuvo en funciones, escucharlo admitirlo hoy con total cinismo resulta indignante. Sus recientes palabras ante el periodista Juan Luis Cebrián no son simples anécdotas de un cínico, sino delitos confesos.

Tenía razón aquel manifestante que, durante las protestas poselectorales multitudinarias, escribió en su cartulina: “El pueblo no pudo con el fraude, el fraude no podrá con la historia”. A dos décadas de distancia, el tiempo no ha borrado de la memoria colectiva uno de los mayores agravios a nuestra incipiente democracia, un fraude electoral que fue también el preámbulo de una de las etapas más dolorosas, violentas y sangrientas del país: el calderonato, cuyos estragos aún se padecen.

A 20 años de haberse consumado el fraude e impuesto el Gobierno espurio de Felipe Calderón, Fox admite con total desfachatez haber dinamitado la democracia mexicana en 2006. Aquel plan comenzó a gestarse con mucha antelación durante el foxismo, mediante artimañas operadas por Fox y otros miembros del PAN para frenar la candidatura de Andrés Manuel López Obrador. Entre esas maniobras se incluyeron el proceso de desafuero, la inequidad en la contienda, y las campañas sucias de desprestigio y miedo financiadas mediante el desvío de millones de pesos desde la Presidencia por Fox, así como propaganda y campañas financiadas también por empresarios del Consejo Coordinador Empresarial, sumadas las autoridades electorales que validaron ese fraude. Todas estas irregularidades quedaron sintetizadas en la infame frase de Calderón: “Haiga sido como haiga sido”.

Ahora que, tras los dichos de Vicente Fox, se plantea crear una comisión en el Congreso para investigar el fraude electoral de 2006 y su injerencia a favor de Felipe Calderón, sería importante también que se indague el enriquecimiento que él y su familia obtuvieron al amparo del tráfico de influencias y el uso que de la Presidencia hizo para sus negocios, como su botín.

Cuando Fox llegó a Los Pinos, era un empresario prácticamente en quiebra. En su primera declaración patrimonial reportó apenas dos terrenos –uno valuado en 22 mil 300 pesos y otro en 311 mil– ningún vehículo a su nombre y acciones en dos empresas familiares en bancarrota, y ya para agosto de 2001 compraba una casa de contado en dos millones de pesos. Al final de su sexenio declaró ser propietario de tres casas y tres terrenos; aunque nuevamente omitió registrar vehículos, pronto se le vio conduciendo distintos autos deportivos de lujo. Al salir del cargo inauguraba su Centro Fox como un complejo multidisciplinario para eventos internacionales, acompañado del San Cristóbal Center y la Hacienda San Cristóbal, habilitada como hotel de lujo. Además, figuraba ya como propietario o socio en una treintena de empresas junto con su esposas y los hijos.

Durante su estadía en Los Pinos, bajo un esquema de corrupción, tráfico de influencias y conflicto de intereses, Fox se dedicó a enriquecerse junto a sus familiares, allegados y socios.

Su sexenio se caracterizó por la operación de sus hijos e hijastros como gestores de contratistas gubernamentales, asociándose con empresarios beneficiados desde la estructura del Gobierno.

Aunque en campaña prometió sacar a las “tepocatas prietas” y acabar con los excesos del régimen priista, la élite panista terminó repartiéndose los cargos públicos para usarlos como su negocios también y ampliando aún más los privilegios de la burocracia dorada a costa del erario. Esto abarcó desde los gastos estratosféricos en la residencia oficial de Los Pinos –para que la pareja presidencial y su familia vivieran como la realeza– hasta prebendas crecientes para toda la cúpula blanquiazul en las diversas secretarías de Estado.

Así, el primer Gobierno de alternancia, que había generado altas expectativas de cambio democrático, terminó en un fracaso para el país, pero en un negocio financiero para Fox y su círculo cercano, quienes se enriquecieron a la sombra del poder. Hoy, con total descaro, presume haberle dejado ese “negocio” a otro miembro de su partido tras intervenir ilegalmente en la elección de 2006.

Mientras la cúpula panista se llenaba los bolsillos, en el país crecía la pobreza debido a una política deliberada de precarización laboral y estancamiento salarial. Durante ambos sexenios panistas, los aumentos al salario apenas rondaban los dos o tres pesos anuales, lo que provocó una contracción en el poder adquisitivo de los trabajadores.

Felipe Calderón usaba los lemas de “manos limpias” y “Presidente del empleo”, fue todo lo contrario. Además de los graves episodios de corrupción y tráfico de influencias que caracterizaron su Gobierno y a su Gabinete, otra de sus infamias fue dejar en la calle a más de 44 mil trabajadores al extinguir la compañía paraestatal Luz y Fuerza del Centro, para entregarle parte del negocio eléctrico a empresas extranjeras para las cuales operaba como cabildero.

En ese periodo, la generación de puestos de trabajo quedó muy por debajo de las necesidades del país, así lo constata un informe del Centro de Análisis Multidisciplinario (CAM) de la Facultad de Economía de la UNAM, el cual cifra que el número de desempleados pasó de seis millones 533 mil al inicio del sexenio de Calderón a ocho millones 671 mil hacia el final de su mandato. Asimismo, el estudio señala que el 58 por ciento de los empleos creados en ese lapso pertenecían a la economía informal, marcados por la precariedad y los bajos salarios.

El calderonato se caracterizó también por fomentar la precarización laboral mediante lo que el Gobierno llamaba “flexibilización en la contratación”. En la práctica, esto consistió en incentivar esquemas abusivos –como periodos de prueba, supuesta capacitación inicial o pagos por hora sin seguridad social– para evadir prestaciones. Sumados a la subcontratación y a la tolerancia ante despidos injustificados, estos mecanismos deterioraron gravemente las condiciones laborales en beneficio del sector empresarial y en detrimento de los trabajadores. Además de la lesiva reforma al sistema de pensiones. Todo ello en un contexto donde la pobreza patrimonial y alimentaria afectaba a más del 50 por ciento de la población.

En ese escenario, mediante una ocupación policiaca y militar coordinada por su Secretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna –actualmente encarcelado en Estados Unidos por narcotráfico–, Felipe Calderón decretó la extinción de Luz y Fuerza del Centro, la compañía que albergaba a uno de los sindicatos más combativos del país y que se oponía abiertamente a la privatización del sector eléctrico.

La fecha del decreto para su extinción no fue casualidad, sino una maniobra calculada para aprovechar la euforia colectiva por la clasificación de la Selección Mexicana al Mundial de Sudáfrica. Así, al amparo del “sabadazo futbolero”, Calderón asestó un golpe letal a la histórica paraestatal para favorecer con ello a las empresas privadas que se iban apoderando del sector eléctrico; años más tarde aparecía en el directorio de una de esas empresas como “asesor”.

El decretazo y la ocupación policiaco-militar que se hizo de las instalaciones de Luz y Fuerza impidió que la Auditoría Superior de la Federación avanzara en la fiscalización que por entonces realizaba a las finanzas de la paraestatal. El órgano fiscalizador revisaba los millonarios ingresos por concepto de suministro eléctrico, buscando verificar la recaudación. Para esos momentos existían seis mil 500 “cuentas especiales” de empresas y particulares que desde hacía años no pagaban el suministro de energía eléctrica. También se auditarían las transacciones que se hacían con unas 500 compañías a las cuales extraoficialmente se les permitía conectarse sin pagar por el servicio. Pero la fiscalización que hacían los auditores fue interrumpida también por la ocupación policiaca-militar ordenada por Calderón. Dada la relevancia contable de la investigación, el área jurídica de la ASF solicitó que se permitiera a su personal continuar con el trabajo, pero el acceso les fue negado.

De esa manera se impidió que se conocieran los manejos financieros de la paraestatal, dejando impunes tanto la danza de millones que ahí se operaba como los negocios que las empresas del sector eléctrico beneficiadas del calderonato hacían aprovechándose de la infraestructura de la paraestatal.

Tras la extinción de LFC, los integrantes del Gabinete –Fernando Gómez Mont en Gobernación, Georgina Kessel en Energía y Agustín Carstens en Hacienda– insistieron en que el sector no se privatizaría, pero la realidad era que, para ese momento, casi el 50 por ciento de la electricidad del país ya era generada por consorcios extranjeros bajo esquemas simulados como productores independientes, autoabastecimiento, cogeneración y exportación. Calderón había autorizado a esas compañías extranjeras –para las cuales fungía como cabildero– a vender energía eléctrica a las empresas públicas, aunque era algo anticonstitucional, detonando una sobreproducción artificial innecesaria cuya compra se imponía obligatoriamente a LFC y a la Comisión Federal de Electricidad.

Por cierto,  Kessel, la Secretaria de Energía del calderonato también recurrió a las llamadas “puertas giratorias” al contratarse como consejera también de Iberdrola, el mismo consorcio que a través de una de sus filiales contrató a Calderón como consejero.

Estos manejos irregulares fueron apenas una faceta de un sexenio marcado por el tráfico de influencias, las puertas giratorias y el enriquecimiento de la burocracia dorada. Mientras tanto, el resto de la ciudadanía padecía una creciente ola de violencia y un baño de sangre derivados de una fallida “guerra contra las drogas” que no era sino el parapeto que Calderón usó como estrategia narrativa para buscar legitimar su Gobierno, estrategia que le resultó fallida, además tenía a un Secretario de Seguridad que en realidad colaboraba con el narcotráfico. Se generó en el país el desplazamiento forzado interno, el reclutamiento criminal y el empoderamiento de los cárteles, los cuales se diversificaron hacia una amplia gama de delitos.

Veinte años después, las propias palabras de Vicente Fox terminan por confirmar la ilegalidad de aquel origen. “Hice que ganara Calderón, aunque no es muy democrático decir eso, pero yo me dije a mí mismo que la sucesión en el país debiera quedar en las mismas manos de mi partido político. Llegué a decir públicamente que yo no entregaría el poder, salvo a un Presidente electo del PAN”, declaró el exgerente de Coca-Cola. Son las confesiones del mismo personaje que gestionó el Gobierno como su negocio personal y que, tras llegar al poder usando en su campaña consignas contra el PRI, hoy también se abraza y se alinea con lo peor de ese partido.

Narcocorridos, chamacos malcriados y libertad de expresión


Un Quijote en Tenochtitlán

Juan Carlos Monedero

"Es la cultura de la delincuencia que hace de la isla de Epstein el modelo ideal para quienes confunden éxito con la ausencia de límites".

Narcocorridos, chamacos malcriados y libertad de expresión. Por Juan Carlos Monedero

Una de las noticias estremecedoras del entorno Make America Great Again ha sido la censura de libros en bibliotecas públicas norteamericanas. Para muchos evangelistas norteamericanos, Darwin está por debajo de la Biblia en cuestiones científicas. La tierra tiene cuatro mil 540 años de antigüedad y la Biblia dice que sólo seis mil años. ¿A quién vas a creer, a la ciencia o a los intérpretes de un libro escrito hace miles de años?

La humanidad guarda en su memoria la quema de libros en Berlín, en lo que era la Opernplazt y hoy es la Bebelplatz, el 10 de mayo de 1933, donde los nazis inauguraron su reino de terror echando a la hoguera los libros de Karl Marx, de Bertolt Brecht, a Karl Krauss, a Thomas y Heinrich Mann, a Franz Kafka, a Sigmund Freud, a Kurt Tucholski, a, en definitiva, lo más selecto de la literatura y el pensamiento alemanes.

Hoy quema libros Elon Musk silenciándolos en la red X, tergiversando la historia o queriendo que sustituyamos las bibliotecas físicas por bibliotecas virtuales donde lo que existe y lo que no existe lo deciden cinco millonarios íntimamente conectados con la derecha mundial y, por supuesto, con Israel.

La censura nunca le ha sentado bien a la izquierda, la haga la derecha (como casi siempre ha sido el caso) o la haga la izquierda, como ocurrió desgraciadamente en el siglo XX en algunos lugares donde el asedio internacional se pretendió solventar con el silenciamiento de cualquier pensamientos que se veía como disidente.

La interrupción del concierto en Querétaro (México) del cantante Gabito Ballesteros por interpretar la canción "AMG" después de haber sido avisado por cantar previamente una canción que hacía apología del delito ha vuelto a abrir la discusión entre la libertad de expresión, uno de los valores máximos de nuestras democracias liberales, y la deseada anulación de la cultura de la violencia que da soporte en tantos países, especialmente en México, a la proliferación y existencia de grupos delincuenciales que se convierten en modelos de vida para niños y adolescentes.

"AMG". ¿Es tan peligrosa la canción?

El Mercedes-AMG es la filial de automóviles de altas prestaciones de Mercedes-Benz Group, con sede en Affalterbach, Alemania. Las siglas vienen de los apellidos de sus fundadores, fue fundada en 1967 y tiene por filosofía que sus motores de cuatro y ocho cilindros se ensamblan de forma artesanal por un solo técnico bajo el lema "One Man, One Engine".

Cuando el lujo se populariza, siempre surgen ámbitos donde no hay outlet, Black Friday o rebajas de temporada que pongan al alcance de los sectores populares determinados bienes de posición: sólo los tienen los que alcanzan el éxito “y tú no tienes uno de estos”.

Contrasta entre América Latina y Europa el que en la detención de algún poderoso suele oírse al detenido gritar a los policías que es un pobre muerto de hambre, que nunca alcanzará ese nivel de vida y, también con frecuencia, les prometen bañarlos en oro si los sueltan. En la detención la semana pasada en Jalisco del delincuente conocido como el "Raptor", presunto jefe regional de grupo criminal en el estado, se repitieron estos lugares comunes. El jefe criminal, acorralado por la Marina en un restaurante, recibió a tiros a los soldados, les insultó, les llamó perros, les dijo que de ahí salían todos muertos y, cuando le ponían los fierros como se dice, ofreció todo el dinero del mundo si le dejaban montarse en los autos que estaban afuera.

"AMG" es también un famoso tema de música regional mexicana, el llamado corrido tumbado, lanzado el 24 de noviembre de 2022. Hace referencia a esa marca de autos de lujo y alto rendimiento (Mercedes-AMG), así como a un estilo de vida de lujos y dinero, tan propio de los narcocorridos que presentaban ante los jóvenes.

Gabito Ballesteros fue retenido por la Policía tras su presentación en la Feria Internacional Ganadera de Querétaro, luego de que el sonido fuera suspendido después de que interpretara la canción "AMG". También se le localizó una pistola, lo que complicó el asunto. El cantante se defendió: “Hay límites, pero creo que esto es de más. Por cantar no estoy haciendo nada a nadie y nos tratan como si qué hubiéramos cometido... No lo comprendo, da risa”, expresó

La canción "AMG" (interpretada por Natanael Cano, Gabito Ballesteros y Peso Pluma) ha sido prohibida o vetada en espectáculos públicos de diversos municipios y estados de México —como Chihuahua, Cancún (Benito Juárez), Tijuana y algunos eventos en Sinaloa o Sonora— principalmente por considerarse que incurre en apología del delito y del narcotráfico.

En verdad hay alguna razones detrás de estas restricciones. Por un lado, referencias explícitas a la narco-cultura: aunque el título hace alusión a esa camioneta de lujo, la letra menciona de forma directa actividades ilícitas, tales como armas de fuego ("traigo un equipo pa' trabajar", referencias a pistolas y convoyes), radios de comunicación encriptados, operaciones clandestinas y lealtad a grupos criminales. Todo mientras las madres buscadoras y sus familias siguen su tarea desesperante buscando a sus desaparecidos.

En varios municipios mexicanos existen normativas en los reglamentos de diversiones y espectáculos públicos que prohíben explícitamente interpretar música que haga apología de la violencia o del crimen organizado. Si un artista canta este tema en vivo en esas plazas, los organizadores enfrentan multas económicas muy altas (que en lugares como Chihuahua superan el millón de pesos) o la cancelación del permiso del evento.

En la lucha contra la violencia en México, las autoridades locales argumentan, con razón, que este tipo de corridos tumbados o bélicos exaltan estilos de vida ligados al crimen organizado y pueden detonar riñas, alteraciones del orden público o incidentes violentos dentro y fuera de los recintos. La política no sabe muy bien cómo obrar con esto -ocurre algo parecido con las motocicletas- porque son al tiempo muy populares y directa o indirectamente dañinas. Lo que es evidente es que prohibirlas sin más no ayuda. Esos narcocorrido no son la causa de la violencia, sino la consecuencia. Y que a quienes más dañan es a los sectores populares.

Los ayuntamientos y gobiernos estatales han tomado en algunos lugares esa decisión para proteger a niños y adolescentes de la normalización de la violencia y el consumo de drogas. Entre los jóvenes, que ya saben menos historia y menos literatura, los héroes, los influencers, los modelos, son gente con dinero y éxito, de manera que estas bandas tienen un enorme alcance popular entre el público joven. Basta ver sus videoclips donde corre el alcohol, los carros, no hay adultos y más mujeres jóvenes, divertidas y aligeradas que en el harén de un sultán.

La prohibición no es censura estricta. No se aplica a escuchar la canción de forma privada o en plataformas digitales, como Spotify o YouTube, sino específicamente a su reproducción o interpretación en conciertos, palenques, ferias y eventos públicos regulados por los gobiernos locales. Es comprensible que a los padres no les haga gracia ver que a sus hijos les adoctrinan sobre las ventajas de la violencia y los atajos sociales de ingresar en un cártel.

Los juristas, promotores culturales y artistas sostienen que el corrido —incluido el subgénero bélico o tumbado— es una expresión cultural y narrativa que retrata una realidad social existente en el país, de manera similar al cine de gánsteres, las narcoseries o la novela negra. Argumentan que el Artículo 7° constitucional prohíbe expresamente la censura previa, y que sancionar la interpretación de una canción criminaliza el arte y limita el derecho de las audiencias a elegir qué consumir. Y es verdad. Pero ¿por qué no hay canciones haciendo apología de la pederastia o del asesinato de determinadas religiones u opciones sexuales? Pues porque la sociedad no lo toleraría. Por tanto, parece evidente que mejor que frenar la libertad de expresión haya que educar a la sociedad. Alguien podría decir: ¿qué mejor educación que la prohibición de esos mensajes? A lo que hay que contestar: censurar mensajes que dañan a la democracia tiene el riesgo de que abre el camino a censurar mensajes que son esenciales para que exista una democracia. Si fuera tan sencillo, no habría debate.

El Artículo 6 de la Constitución mexicana establece que la manifestación de ideas no será objeto de inquisición judicial o administrativa, salvo en los casos en que ataque a la moral, la vida privada o los derechos de terceros, provoque algún delito o perturbe el orden público. Las autoridades se apoyan en esta última cláusula para justificar las restricciones. Por esa misma argumentación se ha perseguido durante siglos al laicismo, a la democracia, a los derechos civiles, al feminismo y, en general, a la izquierda. A cualquier reivindicación de los de abajo a los de arriba.

Un argumento jurídico que ha cobrado fuerza en los tribunales mexicanos es el interés superior de la niñez (Artículo 4° de la Constitución). Las autoridades sostienen que, en ferias municipales, palenques o eventos abiertos al público familiar, el Estado tiene la obligación de proteger a niños y adolescentes de contenidos que promuevan el consumo de drogas, el uso de armas y la violencia extrema. Bajo este criterio, algunos jueces avalan restricciones de horario, clasificación de edad o prohibición en espacios públicos familiares, sin necesidad de prohibir la obra a nivel general. Como ocurre a menudo, se trata de encontrar un equilibrio entre valores y situaciones contradictorias. La doctrina constitucional mexicana tiende a proteger la expresión artística salvo que exista una incitación directa e inminente a la violencia, mientras que los gobiernos locales, que deben rendir más cuentas a los vecinos, utilizan sus facultades de regulación de espectáculos y protección al orden público para imponer barreras económicas y administrativas en espacios públicos a determinadas expresiones culturales. Se trata de no ponerles facilidades.

Yo me inclino más por respetar la libertad de expresión a la búsqueda de abrir debates y ampliar derechos, porque si fuera por defender los valores sociales asentados seguiríamos en los árboles y la edad de piedra. Los narcocorridos son defendidos a menudos por los propios narcos y no ayuda a una sociedad que prime la convivencia esa cultura de los niñatos, culicagados, chamacos, pibes, pendejos, chetos, longuitos, chibolos, mocosos, chamaquitos, escuincles o mirreyes que se las dan de adultos porque la sociedad del espectáculo les permite ser inmaduros e irresponsables por el mucho billete que manejan.

Pero como decía López Obrador, siendo cierto que estas letras -añadiría: y los videoclips que las acompañan- promueven el consumo de drogas legales e ilegales, romantizan el crimen y presentan una imagen falsa de éxito fácil y lujo, no se trata de prohibirlas: prohibido prohibir, dijo el mandatario mexicano.

Este comportamiento nihilista de los narcocorridos, que no respeta las reglas, es el mismo que el de Trump diciendo que podría matar a alguien en la V Avenida y no perdería ni un voto (aunque al final, sí le ha quitado votos). Es la cultura de la delincuencia, la riqueza, la droga, el alcohol, la mercantilización del cuerpo femenino, la fiesta que hace de la isla de Epstein el modelo ideal para quienes confunden el éxito con la ausencia de límites.

Antes de prohibir los corridos tumbados que hacen apología del delito o los narcocorridos, ¿qué tal si metieran en la cárcel a todos los que han cometido delitos en la isla de Epstein, a los que han robado dinero público, a los que han incurrido en corrupción, desde el lado de la administración y de la empresa (que los corruptores rara vez entran en la cárcel), con contratos públicos, en definitiva, a todos aquellos que tienen ventaja del tipo que sea pensando que son inmunes a la Ley? Incluidos, claro, los cárteles.

Cuando eso ocurra, con los narcocorridos pasará como con algunos chistes que ya no se cuentan porque no hacen gracia y hacen parecer al que los cuenta el más desagradable de los pendejos.

Oligarquías vecinas, pero algo diferentes

Agenda Ciudadana

Lorenzo Meyer

"Trump y el trumpismo han significado el arribo al poder de un populismo de derecha extrema y de una acentuación notable de la 'oligarquización'".

Oligarquías vecinas, pero algo diferentes. Por Lorenzo Meyer

Según la clásica definición de Aristóteles (384-322aC), la oligarquía es un sistema político con esta característica: “el predominio político de los ricos”, (La política, libro III, capítulo 7). Un régimen oligárquico puede estar controlado por los miembros más acaudalados de la polis directamente o, como suele ser el caso en los estados modernos, indirectamente para no hacer obvia su esencia inequitativa. Sin embargo y en cualquier caso los resultados son los mismos: el ejercicio del poder en beneficio de los muy pocos, pero muy ricos.

Fijémonos en los cambios en las oligarquías norteamericana y mexicana, y saquemos algunas conclusiones sobre su relación. Desde fines del siglo XIX México se ha visto obligado a vivir a la sombra cada vez más densa y abarcante del país vecino del norte. Y resulta que en la que México ha tenido que adaptarse por voluntad o por fuerza a vivir a la sombra de Estados Unidos. Ahora bien, en determinadas coyunturas las condiciones en que las fuerzas políticas dominantes en nuestro país experimentan cambios hacia la izquierda y buscan marchar un tanto alejadas de la influencia norteamericana, las relaciones entre los dos países se tornan ríspidas e incluso peligrosas. Y justamente ese pudiera ser el caso hoy.

Exploremos este tema desde la perspectiva de las oligarquías de los dos países. El advenimiento del trumpismo al poder en Estados Unidos en 2016 casi coincidió en México con un cambio mayor, pero en sentido opuesto pues en 2018 triunfaron aquí el lopezobradorismo y su propuesta de sentar las bases de un nuevo régimen, de una “Cuarta Transformación” o 4T. Esa coincidencia en el tiempo de los cambios sustantivos de orientación de las cúpulas políticas en ambos países ha significado, entre otras cosas, que los respectivos proyectos nacionales que se echaron a andar tomaron no sólo rumbos distintos sino en cierto sentido opuestos. Lo anterior significa que hoy y en la medida que la asimetría de poder lo permita, la dirigencia mexicana se propone ir por un sendero menos sombreado por Estados Unidos, al menos mientras la Casa Blanca siga tomada por el trumpismo ya que las elecciones presidenciales del 7 de noviembre de 2028 pudieran sellar el fin de ese proyecto de extrema derecha presidido por Donald Trump pero en México los indicadores apuntan a que las elecciones de junio de 2030 pueden reafirmar la continuidad de la 4T.

De tiempo atrás una de las áreas en donde se han marcado diferencias en el carácter de los procesos políticos de México y Estados Unidos es en los proyectos de sus respectivos círculos dirigentes en materia de economía política. Trump y el trumpismo han significado, entre otras cosas, el arribo al poder de un populismo de derecha extrema y de una acentuación notable de la “oligarquización” de su gobierno. En contraste, en México la 4T es un esfuerzo de democratización por la izquierda para dotar de contenido a un leitmotiv anti oligárquico: “por el bien de todos, primero los pobres.”

Al final del siglo XIX Estados Unidos ya había casi completado su revolución industrial. México apenas y lentamente iniciaba la suya, pero sin titubeos buscó marchar por la misma ruta que la potencia del norte, aunque tuviera que tornarse cada vez más en una economía dependiente. En esas condiciones las relaciones de Porfirio Díaz con los gobiernos de Washington, ya dominados por los llamados robber barons, fueron relativamente satisfactorias, aunque nunca faltaron puntos de desacuerdo, pero fueron discordancias menores comparados con las buenas relaciones entre los inversionistas norteamericanos, y el gobierno y la oligarquía porfiristas.

Tras la I Guerra Mundial, en Estados Unidos el Partido Republicano gobernó con una visión bastante conservadora y sus desacuerdos con el México recién salido de su revolución sólo parecieron resolverse en 1927 con el llamado “acuerdo Calles Morrow” que llevó a un cambio en la legislación petrolera. La sorpresiva y profunda crisis económica mundial de 1929 desembocó en Estados Unidos en la derrota de los republicanos, el advenimiento del New Deal de Franklin Roosevelt y el inicio del Estado benefactor. Esa década de los llamados “alegres años veinte”, fue en nuestro país un período de dominio político del Grupo de Sonora cuyo proyecto era dar por concluida la Revolución Mexicana y usar su control total del gobierno para incursionar en negocios privados, pero a mediados de los 1930 emergió de manera sorpresiva el cardenismo. En esa coyuntura en ambos lados del Río Bravo se dieron movimientos políticos hacia la izquierda y se vivieron cambios espectaculares a la vez que se alcanzó una muy buena sintonía entre los presidentes de los dos países.

Tras el fin de la II Guerra mundial y el estallido de la Guerra Fría Estados Unidos se transformó en la potencia líder del anticomunismo y México le siguió en su gran viraje hacia la derecha de tal manera que Miguel Alemán (1946-1952) casi puso fin a lo que quedaba del cardenismo mientras abría el abrió el camino rumbo a una nueva etapa oligárquica, esa donde resaltaron personajes como los Garza Sada, Antonio Ruiz Galindo, Carlos Trouyet, Bruno Pagliai, Pablo Díaz, Emilio Azcárraga, Rafael Vallina, Raúl Bailleres, los Legorreta, Antonio Sacristán, César Balsa, etc. ¿Hay elementos para decir que a ese México ya lo controlaba una oligarquía? La respuesta es clara.
Los Estados Unidos de ese esa época ya tenían claramente lo que C. Wright Mills caracterizó como una oligarquía en su libro de 1956 The Power Elite (La élite del poder). Esa oligarquía estaba montada en tres bases: la elite política, la corporativa y la militar. Y ahí siguen, aunque en la era de Trump la élite política y la corporativa casi han llegado a fundirse.

Los Estados Unidos de la era de Trump viven hoy una reacción ciudadana contra la agudización de su carácter oligárquico y que se hizo especialmente notorio bajo la segunda Presidencia de Trump, que se radicalizó a partir de su segundo mandato que deberá concluir en 2029.

A partir del arribo de Trump a la Casa Blanca con un programa populista de derecha la divergencia entre los proyectos norteamericano y mexicano no ha hecho más que acentuarse. Y como lo sintetiza muy bien un largo artículo de Noah Shachtman (The New York Times [30/10/26]) que se inspira en el marco de análisis de Jeffrey A. Winters en (Oligarchy, (2011)] el autor hace una vivisección de la red diseñada por Trump, su familia y allegados que es una compleja telaraña internacional de empresas y empresarios que le ha permito al actual Presidente norteamericano acumular, básicamente vía operaciones en criptomonedas, una fortuna calculada en siete mil millones de dólares. El crecimiento de la fortuna personal de un Presidente norteamericano en funciones no tiene paralelo al caso de Trump y quizá tampoco la cantidad de millonarios que han pasado por su gabinete ampliado, empezando por Elon Musk, el hombre más rico del mundo y gran contribuyente a las finanzas del Partido Republicano. Según una consulta a la IA, la cifra documentada de multi millonarios en el gabinete de Trump en su segunda presidencia es de 17. Los casos más llamativos además de Mosk son los del Secretario de Comercio Howard Lutnick con una fortuna de tres mil 300 millones de dls. y la de la Secretaria de Educación Linda McMahon con igual monto.

Al asumir Trump el poder, en México estaba por concluir la Presidencia de Enrique Peña Nieto y, en principio, no parecía haber ninguna contradicción entre la naturaleza de las élites y proyectos del vecino fuerte y del débil, aunque si había un problema: Trump y el trumpismo llegaban llenos de energía y dispuestos a exigir que México pusiera en orden su lado de la frontera para frenar la emigración y el flujo de drogas ilegales. Esos problemas continúan, pero el contexto ha cambiado. Trump y la derecha radical han perdido apoyo interno de manera espectacular en tanto que en México Claudia Sheinbaum mantiene una aceptación alta. Según el agregado de opinión Polls.mx, en noviembre el porcentaje de aprobación de la presidenta mexicana era de 67 por ciento en tanto que el de Trump ronda en apenas el 38 por ciento. Para concluir y en lo inmediato, la interrogante es si la derrota electoral de Trump y su entorno oligárquico podría llevar al trumpismo en los dos años que le restan en el poder a tomar medidas punitivas como las que acostumbra contra el gobierno de un vecino que cada vez contrasta más con sus “principios”. Es de esperar que el nuevo equilibrio de poder en Estados Unidos lo impida, pero no debemos confiarnos.

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La justicia distributiva del Gobierno de la 4T

 Puntos y Contrapuntos

Pedro Mellado Rodríguez

"Una de las funciones básicas del Gobierno es aplicar una justicia distributiva que contribuya al bienestar general de la mayoría de la población".

La Justicia ditributiva del gobierno de la 4T. Por Pedro Mellado

El derecho público es el derecho que emana del Estado, el derecho cuya fuerza obligatoria deriva de la posibilidad de que en su defensa se ejerza el poder coactivo que pertenece exclusivamente al Gobierno, en el que los ciudadanos delegan la facultad de actuar en nombre de todos, en procesos electorales periódicos determinados por la voluntad mayoritaria del pueblo.

“El Estado ejerce una justicia distributiva, en la que se inspira la autoridad pública para la distribución de honores y gravámenes: su objetivo es que a cada uno le sea dado lo que le corresponde con base en criterios que pueden cambiar, de acuerdo con la diversidad de las situaciones objetivas o de los puntos de vista”. Los criterios más comunes son: a cada uno según su mérito, a cada uno según su necesidad, a cada uno según su trabajo. Estos criterios los define el jurista, filósofo y politólogo italiano Norberto Bobbio en su tratado sobre teoría general de la política denominado “Estado, Gobierno y Sociedad”, publicado por el Fondo de Cultura Económica en 1989.

Establece Norberto Bobbio que “de hecho, la primacía de lo público significa el aumento de la intervención estatal en la regulación coactiva del comportamiento de los individuos. La supremacía de lo público se basa en la contraposición del interés colectivo al interés individual. La primacía de lo público adopta diversas formas de acuerdo con las diversas maneras en que se entiende el ente colectivo”.

El jurista italiano hace una clara diferenciación con el derecho privado, como el conjunto de normas que “los sujetos establecen para regular sus relaciones recíprocas, entre las cuales las más importantes son las relaciones patrimoniales, mediante acuerdos bilaterales, cuya fuerza vinculante reposa primordialmente, en el principio de reciprocidad. El contrato es la forma típica con la que los individuos regulan sus relaciones”.

Por lo tanto, señala Bobbio, “la justicia conmutativa es la que regula los intercambios: su objetivo fundamental es que las dos cosas que se intercambian sean de igual valor, con el fin de que el intercambio pueda ser considerado justo. Y concluye. Con la siguiente idea: “La justicia conmutativa ha sido definida como la que tiene lugar entre las partes, la distributiva como la que tiene lugar entre el todo y las partes”.

Una de las funciones básicas del Gobierno es aplicar una justicia distributiva que contribuya al bienestar general de la mayoría de la población, orientando el presupuesto público a satisfacer servicios y bienes que permitan atemperar o disminuir las desigualdades en la distribución de la riqueza que todos los habitantes del país generan con su esfuerzo cotidiano. Y en ese rango habría que ubicar las políticas salariales y las pensiones para el bienestar que en el cierre del 2026 llegarán a más de 42 millones de mexicanos.

La pobreza

Por eso es significativo que en el informe del Banco Mundial, “Perspectivas macroeconómicas sobre la pobreza”, presentado en la conferencia matutina en Palacio Nacional, por la Secretaria de Gobernación Rosa Icela Rodríguez Velázquez, el reciente lunes 16 de noviembre del 2026, se haya observado que el incremento sostenido de los salarios reales y la ampliación de los Programas para el Bienestar, son dos factores relacionados con la reducción de la pobreza y la desigualdad en México.

En el análisis elaborado por el Banco Mundial se advierte que entre 2018 y 2026, 17.3 millones de mexicanos salieron de la pobreza en nuestro país. En ocho años, seis del Gobierno de Andrés Manuel López Obrador y los primeros dos de la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, la población en situación de pobreza por ingresos pasó de 43.9 millones a 26.6 millones, cifra estimada para el cierre de 2026.

El economista César Morones, presidente del Instituto de Mercadotecnia y Opinión (IMO) señala que esta semana México llegó al Foro de Cooperación Económica de Asia Pacífico (APEC), realizado en la República Popular China, por la puerta de enfrente. La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo se presentó respaldada por el informe del Banco Mundial sobre la reducción de la pobreza en nuestro país.

Y con la certeza de que el principio de su Gobierno de que "por el bien de todos, primero los pobres", está dando resultados satisfactorios, la Presidenta de México llegó a la Cumbre del APEC representando a una de las 15 economías más fuertes del mundo, explicó César Morones. “El México del siglo XXI se encuentra entre las 15 economías principales del mundo, ahora con un PIB en los billones, colocándolo firmemente en el club de las economías más estables y dinámicas del globo”, agregó el economista de la Universidad de Guadalajara.

En su informe “Panorama Social de América Latina y el Caribe 2026. Desafíos de la sostenibilidad de los sistemas de pensiones”, dado a conocer esta semana, la Comisión Económica para América Latina (CEPAL), dependiente de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), señala que la institucionalidad de las pensiones, y en el caso de México las Pensiones del Bienestar, “constituye una dimensión fundamental para garantizar la calidad de las políticas a través de intervenciones efectivas, eficientes, sostenibles y transparentes, y de ese modo dar continuidad a los compromisos del Estado, proporcionar la infraestructura necesaria para que las políticas trasciendan los ciclos electorales, y transmitir certeza, legitimidad y seguridad jurídica a la ciudadanía”.

La institucionalidad de las Pensiones del Bienestar, en el caso de México, son derechos constitucionales establecidos en los artículos 4, 27 y 123 de nuestra Carta Magna y cumplen un papel importante para avanzar en la erradicación de la pobreza y la reducción de las desigualdades, porque permite una acción articulada para atender a grupos específicos de población.

Las observaciones del Banco Mundial son determinantes en la apreciación de que la estrategia económica del Gobierno federal, con respecto a los salarios y las pensiones del bienestar está funcionando y los criterios aplicados para llevarlas a cabo son compartidos por la Comisión Económica para América Latina (CEPAL), y se reflejan positivamente en la economía de más de 17 millones de mexicanos que abandonaron la pobreza en los más recientes ocho años.

Revolución de 1910, ¿Transformación de 2026?

 Héctor Alejandro Quintanar

"La Revolución Mexicana de 1910 fue el primer movimiento social armado del siglo XX en el mundo, siete años antes de otra revolución, la rusa".

Revolución de 1910, ¿Transformación de 2026? Por Héctor Alejandro Quintanar

La Revolución Mexicana de 1910 tiene hoy su aniversario número 116; cuestión que debe mirarse al mismo tiempo con el retrovisor y el espejo. No es ninguna novedad declarar que la importancia histórica de la Revolución Mexicana trasciende tanto a los mitos de bronce y leyendas negras que sobre ella se han escrito desde hace décadas y con los cuales se busca no comprender el pasado, sino hacer exaltaciones políticas interesadas.

Tratemos de evadir eso. La Revolución Mexicana de 1910 fue el primer movimiento social armado del siglo XX en el mundo, siete años antes de otra revolución, la rusa, que, según el gran historiador Eric Hobsbawm, tuvo un impacto tal que definió el verdadero inició del siglo XX. Antes de ese punto de inflexión de la humanidad, la Nación mexicana ya había tenido un aporte crucial en la historia.

La Revolución Mexicana, a diferencia de la francesa del siglo XVIII o la rusa del siglo XX, tuvo una particularidad y es la de que no tenía un proyecto ideológico claro y un programa de Gobierno definido, como si lo tenían los galos con el iluminismo y los bolcheviques con el marxismo. En el caso mexicano de 1910, la revuelta no se sustentaba en ningún programa teórico integral y más bien era una serie de consignas agrarias y obreristas, y otras reivindicaciones sociales que se aglutinaron en un lema propio de la democracia electoral: sufragio efectivo, no reelección.

Si bien resultó velozmente triunfante, la Revolución Mexicana no se estabilizó en el poder pronto. Al contrario: su ascenso significó un conflicto violento permanente entre sus élites dirigentes que no se resolvió sino por la vía del verticalismo varios lustros después. El régimen posrevolucionario sí trató de implementar algunos cambios sociales, pero el rubro agrario, que era el corazón de la demanda revolucionaria, fue una promesa incumplida; mientras que en lo político se afianzó un régimen autoritario que deslegitimó todo lo que no fuera “revolucionario”.

Pero en ese periodo complicado, sí resalta que el proyecto social de la Revolución tuvo una institucionalización importante. La Constitución de 1917 se encargó de entrañar varios artículos que definieron no sólo una cauda de derechos individuales; sino también derechos colectivos y derechos de la Nación. Junto con la Constitución de Wiemar, la Carta Magna mexicana fue pionera en el mundo en eso que hoy se conoce como constitucionalismo social, es decir, ascender a Ley una serie de preceptos protectores de un grado mínimo de bienestar colectivo.

Más allá de la historia de bronce que sacralizó a la Revolución, y más allá de la historia negrolegendaria de las derechas mexicanas que la demonizan, el régimen posrevolucionario fue un entramado de contraluces -mezcla de democratización económica sin democracia política- que, sin embargo, contenía un proyecto social que lo rebasaba. Ese proyecto fue una inspiración legítima de varios movimientos progresistas en México en el siglo XX y también el XXI, que vieron en él varios elementos destacables, donde se pueden apuntar una visión defensiva legítima de la Nación, en un momento donde el imperialismo estadunidense descollaba como una amenaza más que real; un proceso que consolidó derechos más allá de lo individual; un entramado constitucional que formalizó intereses mayoritarios -más allá de su implantación efectiva en el terreno-; y un proyecto soberanista que, de forma previsora, asumió que los recursos propios de un país no son meras mercancías comerciables, sino elementos estratégicos que deben preservarse como tales.

Dada su importancia y considerados esos elementos históricos, la Revolución Mexicana tuvo un peso mayor en el imaginario de las izquierdas mexicanas e incluso de América Latina, como destacan los intentos revolucionarios centroamericanos de la década de 1920; el proyecto progresista de la primavera guatemalteca de 1950 -inspirado en el cardenismo, aunque se le acusara de comunista-; o la revolución boliviana de 1951 encabezada por Víctor Paz.

Hoy, el espectro de la Revolución Mexicana sigue vivo. No es menor decirlo por una razón sencilla: de 1982 a 2018 se trató a ese fenómeno, en el mejor de los casos, como un episodio más de la historia o se le minimizó en su relevancia. En el peor de los casos, se le mitificó como una revuelta violenta y destructiva que sólo trajo problemas y que depuso a un proyecto liberal y visionario encabezado por Porfirio Díaz. Sea mediante el desdén de presidentes neoliberales, o sea desde la verborrea mentirosa de panfleteros anti-revolución como el libelista frustrado y pésimo asesor político Macario Schettino; o la mascota de Ricardo Salinas Pliego Juan Zunzunegui; la Revolución Mexicana vivió un periodo de asedio ideológico donde se le reducía a ser una destrucción del buen avance liberal de “don Porfirio”.

De 2018 a hoy gobierna otra visión de país. En ella, la Revolución permanece no como mera inspiración, sino como elemento fundacional. Los preceptos de Morena como partido no se escribieron en páginas en blanco, sino desde la lucha en las calles: específicamente en 2006 con la resistencia antifraude y la resistencia en 2008 contra la privatización petrolera, ante la cual el movimiento pre-morenista blandió las banderas de los artículos 127 y 128 de la Constitución de 1917.

Hoy, los efectos en el Gobierno de ello tienen resultados tangibles, medibles y cuestionables, como es la construcción de una nueva refinería y acciones encaminadas a la defensa de la soberanía ante entes como Donald Trump. Pero el rubro mayor en ese sentido es el combate a la pobreza, que no dejó de crecer en el periodo neoliberal y hoy se redujo en una cifra resaltable: 17 millones de pobres menos respecto a 2018.

Esa inercia es producto, fundamentalmente, de una nueva política laboral más afín al Artículo 27 constitucional labrado desde tiempos revolucionarios. En segunda instancia, esa inercia es producto asimismo de una política social de programas de bienestar que si bien se inspiran más en la Ciudad de México de 2000 a 2005; conllevan en su seno las raíces también del espíritu constitucional de 1917.

Con esas premisas sobre la mesa, es necesario reflexionar sobre cómo los aires del siglo XX están vigentes en el país. La transformación a la que aspira el país pasa por esa reducción de pobreza; y es misión del actual proyecto gobernante, si busca una real transformación, que ello sea un elemento que se institucionalice y se garantice su permanencia en el tiempo.

Trump y Baudrillard: entre navajas y simulaciones

Maciek Wisniewski

Para los que no se acuerdan, uno de los más esperpénticos episodios de la primera presidencia de Trump –ya en su última recta–, fue el caso de Four Seasons Total Landscaping. El 7 de noviembre de 2020, su equipo legal convocó –cuatro días después de los comicios presidenciales– a los medios a una “extraordinaria rueda de prensa” para denunciar el supuesto fraude electoral en Filadelfia que iba a favorecer a Joe Biden. Trump entendió que era el lujoso hotel de cadena Four Seasons en esta ciudad y así lo anunció en su cuenta de X. Pero en realidad, tal como lo planearon sus colaboradores por ser un lugar alejado del centro y de los manifestantes, se trató de un estacionamiento de una empresa local de jardinería en las afueras.

Entre la gaffe de Trump y el contraste surrealista entre la seriedad de los reclamos –más allá incluso de lo peculiar de la queja de un presidente en funciones por el fraude que le hicieron... a él– y el entorno de un garaje industrial que al final nada tenía que ver con lujo ni hotelería y que encima colindaba –si no fuera cierto, tendría que ser inventado− con… un sex shop y un crematorio (evidentemente su gente tampoco checó bien el lugar), todo el evento se volvió viral, produjo un sinfín de risas y memes, vislumbrándose como una metáfora perfecta del desmoronamiento del régimen de Trump 1.0.

Así que cuando la semana pasada, mediante un post en su nueva red Truth Social, Trump ofreció el puesto de su Secretario de Prensa a Dana White, el director de la UFC, la empresa promotora de artes marciales mixtas –detrás, por ejemplo, de aquella grotesca función en la Casa Blanca para el cumpleaños 80 de Trump y las celebraciones previas al 250 aniversario de la independencia de Estados Unidos−, pronto se especuló que quien probablemente le fue recomendado por sus asesores fue “otra” Dana White (una mujer, con “W.”), la ex vocera del Pentágono durante la primera presidencia de Trump y que él, otra vez, al toparse con un nombre flotante, se equivocó.

Encima, todo sucedió el 7 de noviembre de 2026, exactamente en el sexto aniversario de lo de Four Seasons, igual el sábado, e igual cuatro días después de unas elecciones: esta vez las intermedias en las que los republicanos se acabaron de llevar una tremenda paliza. Otra vez: si no fuera cierto…

Todas las partes involucradas pronto negaron que se tratara de un error. El propio Trump aseguró que era una “broma” para alegrar “un muy mal día de prensa” (léase: su propia debacle electoral), y el lunes arrastró al “probablemente erróneo” Dana White ante las cámaras y escenificando un show que no tenía nada de humor ni gracia volvió a hacerle la propuesta sólo para que este “declinara amablemente”. La “probablemente correcta” Dana (W.) White agradeció igualmente las felicitaciones, diciendo que estaban equivocadas ( sic). Mientras tanto, Internet dictaminó con autoridad que esta interpretación de eventos “era casi con toda seguridad correcta debido al principio de la ‘navaja de Trump’: la explicación más tonta posible es la más probable”.

Guillermo de Ockham −y la paráfrasis tuitera de su famosa “navaja”, el principio de parsimonia que reza que “ante varias explicaciones posibles para el mismo fenómeno, la opción más sencilla suele ser la más probable”− seguramente ayuda para entender algunas pulsiones del trumpismo tardío, pero igual necesitamos más herramientas teóricas. He aquí donde entra Jean Baudrillard.

Con los “excesos comunicacionales” de Trump −sus absurdos, errores, inventos, incoherencias y mentiras que en la segunda presidencia degeneraron ya en balbuceo y obscenidades abiertas−, con razón se siente que habitamos una “hiperrealidad” de la que hablaba Baudrillard y que Trump no inauguró, pero que llegó a encarnar a la perfección: el resultado de un régimen, la simulación, que produce signos sin original (“simulacros”), y donde la distinción entre lo “verdadero” y lo “falso” ya no discrimina.

Pero pensar que este tipo de ecosistema no produce ningunos “efectos reales” −sin consecuencias y sin responsabilidades−, sería una lectura superficial a la que se presta de hecho buena parte de la obra del autor de Simulacros y simulación (1981), para el cual la simulación no se opone a lo real, sino a la representación, y produce lo hiperreal.

Así, si bien tanto lo de Four Seasons como lo de Dana White se insertan bien en este modelo −en ambos hubo una simulación con efectos reales−, lo hacen de modo diferente: en 2020 algo todavía podía desmentirla; en 2026, ya nada. En el primer caso (más allá de la confusión de Trump), la simulación fue la misma conferencia que fingía un litigio sin evidencias y que fue “corregida” por otro dispositivo cuando de repente un periodista avisó que las cadenas de televisión ya proyectaron la victoria de Biden (y los productos de lo que al final fue una “representación fallida” eran más bien cómicos). En el segundo, si Trump efectivamente se confundió de persona, nadie ya se atrevió a corregirlo −de allí la “verdadera” Dana W. White nunca en el futuro podrá ser la vocera de la Casa Blanca− y todos: sus colaboradores, los medios, etcétera, siguieron con la simulación como si fuera real (y el evento produjo “simulacros” en sentido estricto, imágenes de algo que no existía: videos con inteligencia artificial de White como vocero).

El “era broma” −la “disimulación”, verdadera o no−, no deshizo nada: la simulación ya movió titulares, agendas y personas reales. Fue el “nombramiento que no ha tenido lugar” −para parafrasear el título del libro del propio Baudrillard sobre la Guerra del Golfo− y que ahora ya mucho antes, a mitad de su mandato, a diferencia de lo de Four Seasons, parece haber marcado el punto de no retorno y el lento desmoronamiento del régimen de Trump 2.0.

El gringo matón

Fabrizio Mejía Madrid

Estados Unidos nunca buscó que su Estado tuviera el monopolio de la violencia. La dejó en manos de milicias, caravanas de pioneros hacia “la frontera” –el Oeste –, vaqueros, policías privadas en las plantaciones esclavistas, patrones de las plantaciones esclavistas, “vigilantes” y linchamientos públicos.

La Segunda Enmienda a su Constitución garantizó el derecho a portar armas pero, si la leemos en su contexto, es un derecho colectivo para formar milicias que defiendan a los estados de la Unión y no, como se interpretó después, una potestad individual. En un inicio era su miedo a un ejército nacional que pudiera ser usado para sostener una tiranía. Por eso supusieron en 1791 que los ciudadanos deberían permanecer alertas para defender cada una de sus 13 provincias.

De su guerra civil salieron bastante armados, frustrados, y entrenados para disparar. Y ya no hubo vuelta atrás. De esos mismos estados salieron después sus mercenarios dispuestos a tomar territorios ajenos: pioneros o filibusteros. En los años sesenta del siglo XX, en el marco de la tensión por los derechos civiles de los afroamericanos, miraron otra vez hacia adentro. Los blancos compraron más armas y radicalizaron a la NRA que había vegetado en la oposición a las regulaciones desde 1871.

La NRA se hace desde entonces parte del “ser americano”. Ahí comienza una campaña sin cuartel para convertir la posesión de un arma en una garantía de libertad, de autodefensa, de salvaguarda de la familia y la propiedad. En 2008, con la crisis de su modelo neoliberal, vino la resolución de la Suprema Corte de que tener un arma era un derecho individual. Hoy tienen 1.2 armas por habitante, unas 400 millones en total. Las apuntan hacia su miedo a los otros.

Surgió una subcultura de las armas que se sostiene en dos creencias: que el Estado no protege la vida ni la propiedad de nadie, y que los demás están planeando hacerles daño. Esa fe converge tanto con la desconfianza a toda autoridad del gobierno –la amenaza “comunista” de la que siempre hablan cuando hablan de sus burocracias centrales – como con el racismo como terror a otros colores de piel, acentos, costumbres, religiones, y orígenes. También se estrecha las manos con el masculinismo blanco, de derecha, racista. Eso que hoy el trumpismo reivindica como “identidad americana”, a tal grado, que los que sostienen que otras “razas” están sustituyendo a la suya –como Peter Schweizer – incluyen entre sus rasgos raciales “no estar a favor del libre comercio”.

Desde 2005, la “libre empresa” de los que producen armas está exenta de cualquier responsabilidad cuando sus “productos” son usados en masacres en escuelas, malls, y mítines públicos. La Corte equiparó las armas de fuego con los automóviles. Descuidó el detalle de que un coche sirve para transportarse y una pistola sólo sirve para ser disparada, pero pensar que esa diferencia no existe habla de la capacidad de soborno y extorsión hacia el Estado de la industria armamentista. Y su Congreso. Desde el 2004, poseer un arma de asalto es lo mismo que tener un rifle para cazar.

Cuando uno adquiere un arma no es por si acaso entran a tu casa a robarte, sino para matar. El acto de matar es un deseo mucho antes de comprar con qué. Por eso lo que está detrás de obtener un arma es la certeza de que tu vida mejora si otros desaparecen.

En El hombre rebelde, Albert Camus escribió de esa convicción. El deseo de hacer sentido, “la interrogación humana”, y “el silencio del mundo” están en contradicción en la vida de los seres humanos. Pero no puede ser resuelta eliminando una de sus partes. Para vivir hay que conservar la contradicción y, por ello, habría una razón primordial que nos permitiría no matar ni suicidarnos: habitar el absurdo, es decir, vivir. Aunque Camus cree en ese absurdo y en la justicia del hombre rebelde, no le daba muchas esperanzas a su tiempo. De paso, Camus enjuició también nuestra propia y terrible época donde, como dice Steve Bannon, “la verdad es personal”. Escribe Camus: “No siendo nada verdadero ni falso, bueno o malo, la regla consistirá en mostrarse el más eficaz, o sea, el más fuerte. El mundo ya no se dividirá entonces en justos e injustos, sino en amos y esclavos. Así, hágase lo que se haga, en el corazón de la negación y del nihilismo, el crimen tiene su lugar privilegiado”.

No está, entonces, por demás preguntarnos si la cultura de la violencia que sustenta a la posesión de un arma está a su vez sostenida por la exaltación de la fuerza. No es el absurdo, desde luego, lo que mueve esa nación que desea matarse, matarnos, suicidarse. Este año hubo un tiroteo masivo por día y 133 suicidios con arma de fuego diarios. Es más bien el culto a torcer al silencio del mundo con la mayor fuerza posible para que se ajuste a tu sentido de él. Una discusión a gritos, una pelea a puñetazos, una disputa vecinal cambia cuando alguien tiene un arma. Lo que pudo terminar en insultos o moretones y huesos rotos, acaba en la muerte. Lo mismo una depresión. La facilidad de tomar un arma para apuntarla a la cabeza o al paladar es mayor que la planeación de comprar venenos o aventarse de un tejado. Son muchas las posibilidades de sobrevivir. Pero no en el caso de un arma de fuego y, mucho menos, de un rifle de asalto. Con la espiral de desregulaciones a las armas lo que vino fue un aumento de la definitividad de la violencia. La amenaza cumplida.

Por supuesto escribo sobre esto por el tráfico de armas desde Estados Unidos a México. La “guerra de Calderón” sigue siendo un gran negocio para el comercio armamentista en Texas y Arizona. Y, de alguna manera, los narcos mexicanos importaron la idea del uso definitivo de la fuerza como modelo de negocio. Se calcula casi medio millón de armas que pasan la frontera norte, de las cuales México incautó 37 mil en lo que va del año, mientras que Estados Unidos, entre 2020 y 2025, detuvo apenas 4 mil. Ni mil por año.

Pensar que la fuerza es el recurso más eficaz “normalizó” la violencia en Estados Unidos. Desde el vaquero, el pionero, el vigilante urbano, hasta la sublimación del soldado como “defensor de nuestro modo de vida”, ahora también se expresa en el lenguaje de odio y la exhibición de la crueldad como signo de sinceridad. Las industrias que fabrican las armas no tienen responsabilidad en las masacres. El dinero que se gasta en campañas de odio es, según la Corte, “libertad de expresión”. Y, mientras, como escribió Camus, estamos “amenazadores y amenazados, arrastrados por toda una época enardecida de nihilismo, y en la soledad sin embargo, con las armas en la mano y un nudo en la garganta”.

Los límites de los demócratas

Elena Gutiérrez*

A una semana de que los demócratas ganaran abrumadoramente la Cámara baja y el Senado, así como algunos estados inesperados, los progresistas y otros sectores de izquierda que votaron por ellos hacen fuertes señalamientos a lo que el Partido Demócrata ha hecho una y otra vez: mantener su relación cómoda con el corporativismo y decepcionando a muchos jóvenes ávidos de un cambio radical.

El posible nombramiento de Hakeem Jeffries como vocero de la Cámara de Representantes parece ser el más inmediato error que los demócratas pueden cometer. Múltiples encuestas señalan que una gran mayoría del pueblo estadunidense quiere un alto a las guerras, tanto en Irán como en Palestina, y un alto a la influencia del lobby israelí en la política del país. Jeffries se ha opuesto a votar, con la mayoría de sus colegas demócratas en el Congreso, a favor de cortar el financiamiento militar que Estados Unidos da a Israel, alabando públicamente los bombardeos en la franja de Gaza en 2008 y 2012. Pero no es el único; su contraparte en el Senado, Chuck Schumer, también ha bloqueado iniciativas para cortar los fondos, autonombrándose “el guardián de Israel”. Ambos líderes demócratas fueron felicitados en las redes sociales del Comité de Asuntos Públicos Estadunidense-Israelí (mejor conocido como AIPAC, por sus siglas en inglés) tras sus victorias el pasado miércoles.

Se estima que 247 miembros del Partido Demócrata recibieron algún tipo de financiamiento de AIPAC durante el congreso que termina este año, de acuerdo con la base de datos Who Funds My Rep. AIPAC confirmó, en su misma red social, que 237 de los 333 candidatos demócratas y republicanos que financió este año ganaron las elecciones del pasado martes, y aunque la popularidad de AIPAC ha caído por sus vínculos con la guerra en Palestina, ha dicho ya que reforzará sus estrategias para las campañas presidenciales de 2028, buscando nuevas formas de operación política “priorizando el incremento de contribuciones directas de individuos estadunidenses a candidatos”.

Desde su fundación, casi inmediata a la fundación del Estado de Israel, pero bajo el nombre Comité Sionista Estadunidense de Asuntos Públicos, AIPAC ha usado múltiples nombres y moldeado su estructura a fin de permanecer cada vez más oculto, influenciando la política dentro del Congreso. Durante estas elecciones, por ejemplo, invirtió en las campañas electorales de Chicago a través de diferentes grupos que no hacían explícito su vínculo con dicho comité, usando organizaciones como Chicago Progressive Partnership, financiado enteramente por Elect Chicago Women, otro comité que a su vez recibía generosos fondos de United Democracy Project, creado desde 2022 como el brazo de contribuciones ilimitadas del AIPAC.

La falta de transparencia en el origen de los fondos, aunado a la simple existencia de un poderoso lobby que pugna por mantener vinculos estrechos con Israel y limpiar su imagen, representa para el grueso del electorado un profundo rechazo después de los últimos tres años de genocidio en Gaza, por lo que la posible decisión del Partido Demócrata sobre la elección de Jeffries o de cualquier otro que mantenga dichas posturas y vínculos podría costarle una pugna por los próximos dos años y un profundo sesgo en las elecciones presidenciales de 2028.

Mientras algunos dentro del partido consideran que las disputas internas pueden ser un distractor para avanzar políticas relacionadas a la inflación, las bases que votaron por los demócratas demandan que el liderazgo del partido no esté manejado por las consolidadas figuras del centro, fieles al lobby de Israel, y han impulsado una petición, que logró más de un millón de firmas en menos de dos días, para remover a Hakeem Jeffries como candidato a vocero de la Cámara, posición que el partido definirá en los próximos días. Aunque no hay aún propuestas contundentes alternativas a Jeffries, estadísticamente parece difícil encontrar un demócrata que no esté atado a AIPAC y que logre mantener las dos alas del partido unidas.

Por otro lado, aunque es claro que la representatividad importa y Jeffries podría convertirse en el primer afrodescendiente en ocupar la vocería de la Cámara, sus posturas no demuestran estar a la altura de las circunstancias. Además de susvínculos con AIPAC, el congresista mantiene políticas de reformas al Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés), mientras la sociedad civil, incluido el más reciente reporte de Amnistía Internacional, llama a la imposibilidad de reformar esta institución después de las grandes violaciones a los derechos humanos que ha cometido y promueven su abolición. Las posturas de Jeffries respecto al ICE podrían también estar influenciadas por otros financiamientos, como los otorgados por diferentes altos funcionarios de Palantir, la tecnología de análisis de macrodatos e inteligencia artificial usada por esta agencia para el rastreo y operativos de detención masiva de migrantes, y usada también en Gaza.

Aunque Jeffries, Schumer y otros demócratas quieran encubrir sus posturas en torno a temas importantes por los que votó el pueblo estadunidense, es claro que su enfoque en bajar los costos de gasolina, alimentación, vivienda y otros derechos es impensable sin acabar antes con las guerras dentro y fuera de casa. A diferencia de los demócratas, la sociedad estadunidense tendrá que seguir demostrando que la emoción, la confianza y el cambio reside en quienes desde sus trincheras se mantienen organizados para reconstruir al país más allá de las elecciones, de lo contrario, el llamado woke 3 terminará en el mismo lugar que los demócratas nos han mostrado antes.

* Defensora de derechos humanos