





Miradas que matan
"La gente que padece esta dismorfia corporal, por supuesto, vive en una eterna frustración consigo misma y en el 80 por ciento tienen ideas suicidas".

El pasado 25 de marzo un jurado en Los Ángeles encontró culpables a Meta, es decir, Facebook, Instagram y WhatsApp, y a Google, es decir, YouTube, de negligencia. Habían sido demandados por una joven de 20 años que se identifica como K.G.M. por hacerla adicta al scrolling hasta llevarla a separarse de su propia familia, por provocarle una terrible ansiedad compulsiva por su propio cuerpo, y por orillarla al suicidio. Lo que se juzgó no fue el contenido de estas plataformas sino su diseño que está hecho para que permanezcas el mayor tiempo posible conectado y, por lo tanto, te satura de lo que el algoritmo cree que son tus deseos. Esta es la primera vez que se juzga a las plataformas como un producto y no como un supuesto terreno neutral en donde son los usuarios los responsables de lo que suben y comparten. Se juzgó la reproducción automática de contenido que no pides. Se juzgó que no exista una advertencia para el scroll infinito. Se juzgó la tendencia a crearle a las personas una sobrevigilancia sobre supuestas imperfecciones de tu rostro y cuerpo. En otros momentos, plataformas como Tik-Tok o Snap han desembolsado indeminizaciones millonarias para mantener el silencio de las víctimas. Ahora no. Lo que esta decisión implica es de lo que trata esta columna.
Desde la introducción masiva de los teléfonos inteligentes con cámaras frontales, Facebook, Tuiter, Google y Youtube se han escudado en que no son medios sino plataformas. La implicación legal de esto es que no se hacen responsables de los contenidos. Así, una red como X dice que es libre porque deja pasar cualquier comentario misógino, racista, y hasta nazi. No es X. Es libertad de expresión y esa es responsabilidad de sus usuarios. Si las plataformas fueran un medio, como la televisión o un libro, tendrían que cumplir con ciertos criterios de responsabilidad, pero fueron cobijadas por las leyes, como la Ley de Decencia en las Comunicaciones de 1996 en Estados Unidos que protege a las empresas de internet de la responsabilidad por el contenido generado por los usuarios. En lugar de considerar a Instagram o YouTube principalmente como plataformas para la expresión de otras personas, la demanda de la joven K.G.M considera algunas de sus funciones principales como decisiones de diseño con daños previsibles, especialmente cuando las utilizan menores de edad. De hecho, un día antes del veredicto en Los Ángeles, otro jurado en Nuevo México había encontrado responsable a Facebook, Instagram y Whatsapp de negligencia para proteger a los niños y niñas de explotación sexual. Son un medio de comunicación. No un simple foro para que los demás hagan lo que les dé en gana. Es como cuando los servicios de taxis por aplicación no se querían hacer responsables de sus choferes porque ellos sólo ponían en relación al usuario con el viaje. Es lo mismo que cuando las empresas de cigarros o vapeadores dicen que es decisión del fumador el hacerse adicto y que le dé cáncer. En todos estos casos, el diseño y el producto no están separados, sino que son parte de un mismo modelo de negocio, es decir, de la forma en que ganan dinero. Mucho dinero.
En el caso de estas plataformas, el diseño para ganar dinero es que todo mundo permanezca conectado a toda hora, que no pueda parar, y que vaya normalizando como deseos suyos lo que la reproducción automática le vaya diciendo que desea. Esto ha llevado a una enorme cantidad de personas a tener problemas de ansiedad, soledad, desconexión con la realidad, creación de fantasmas interiores, automutilación y suicidios. Entrevistado por el veredicto del jurado para Scientific American, el profesor Gregory Dickinson de la Universidad de Nebraska hace esta comparación que creo que es muy útil para entender la decisión. Dice el profesor Dickinson: “Imaginen una máquina tragamonedas que conociera todos tus juegos favoritos, hiciera vibrar las monedas en tu bolsilo cuando tus amigos empezaran a jugar y girara automáticamente la siguiente ronda a menos que decidieras no hacerlo. El problema no es el juego, ni el jugador, ni las monedas. El problema es la máquina en sí”.
Las redes sociales no nacieron como son ahora habitantes del teléfono que traemos a toda hora en la mano. Hubo una decisión corporativa de privilegiar el negocio por encima de las consecuencias para la salud mental, los intercambios provechosos, y el conocimiento a favor de la ansiedad, la disputa para extinguir al oponente, y la conspiranoia que generan las mentiras, las verdades como si fueran personales, y la falsificación del pasado, reciente o lejano. Las características que hoy llegan a los tribunales son los sistemas de clasificación optimizados para mantenerte retenido, los feeds interminables, las configuraciones predeterminadas que favorecen el consumo pasivo y las notificaciones no pedidas fueron decisiones de producto diseñadas para secuestrar nuestra atención. Sicentific American cita a Arturo Béjar, quien trabajó en Facebook de 2009 a 2015 y fue consultor de Instagram de 2019 a 2021, y que fue llamado a testificar en el caso de la joven K.G.M. Él confesó que algunos ingenieros preocupados por la seguridad y salud de los usuarios habían incluido una ventana que avisaba que habías estado demasiado tiempo en la plataforma o que te decías: “Ya estás al día”, para que pudieras desconectarte sin la ansiedad del famoso FOMO, es decir, del miedo a quedarse fuera o perderse de algo. Se diseñó incluso un botón que te permitía tomarte un descanso de estar conectado. Pero que estos diseños más amables fueron borrados porque iban en contra de hacer dinero. Lo dijo Béjar con una comparación de sus años en Meta “Mientras había 30 mil ingenieros dedicados a optimizar la captura de la atención, la oficina de salud mental y suicidio tenía menos de 20 empleados”. No es que estas corporaciones de redes sociales no sepan que sus diseños de “likes”, sus algoritmos, y sus reproducciones automáticas generan dopamina en el cerebro, de igual forma como un adicto al juego. Lo que sucede es que no les importa. La cosa es que, en personas menores de edad, sus cerebros no cuentan siquiera con la forma de negarse voluntariamente a desconectarse, por lo que son presa fácil de esta industria.
Dice el reportaje de Scientific American: los investigadores del Instituto de Interacción Humano-Computadora de la Universidad Carnegie Mellon, entre ellos Hank Lee y su director de tesis doctoral, Sauvik Das, han intentado medir qué sucede cuando se eliminan algunas de esas decisiones de diseño. Su equipo creó Purpose Mode, es decir, “Modo Propósito”, una extensión para navegadores que elimina los elementos que captan la atención —desplazamiento infinito, reproducción automática, recomendaciones algorítmicas— de las plataformas de redes sociales. Lee afirma que los participantes en un estudio sobre el Modo Propósito se sintieron menos distraídos, pasaron menos tiempo en los sitios web (una media de 21 minutos menos al día) y, en algunos casos, les gustaron más las plataformas cuando se redujeron estas funciones”. Le pusieron ese nombre, “Modo Propósito” porque muchas veces los usuarios de redes sociales no tenemos un objetivo, una finalidad, para conectarnos, salvo estar conectados y, de esa manera, estamos expuestos al diseño de la máquina, su fantasma interior, que está pensado para secuestrarnos.
La joven K.G.M empezó a usar Instagram cuando tenía seis años y Youtube cuando tenía nueve. En muy pocos meses, no podía dejar de estar vigilante a los contenidos y pasaba más de 16 horas diarias en esas redes. Empezó a ver transmisiones en vivo de autolesiones y de suicidios. En concreto, se alega que las empresas no aplicaron restricciones de edad, no advirtieron a padres y usuarios sobre los riesgos de adicción y no frenaron la amplificación algorítmica de contenido dañino, como la promoción de la autolesión, el ciberacoso, el contenido que promueve una imagen corporal irreal y el material de extorsión sexual.
La segunda semana del juicio produjo su momento más significativo cuando el director ejecutivo de Meta, Mark Zuckerberg, testificó el 18 de febrero, en su primera comparecencia ante un jurado sobre cuestiones de seguridad infantil. El abogado de los demandantes, Mark Lanier, confrontó a Zuckerberg con un documento interno de Meta de 2020 que revelaba que los niños de 11 años tenían cuatro veces más probabilidades de seguir utilizando las plataformas que los usuarios mayores, lo que planteaba la inferencia de que la empresa estaba fomentando deliberadamente la participación de menores de edad. Por supuesto que el dueño de Meta sabía de ese estudio interno pero decidió no prestarle atención, tal y como hicieron las tabacaleras cuando supieron desde 1953 que existía una relación entre su producto y el cáncer. No obstante, fueron tan cínicos que un año después, en 1954, hicieron una declaración formal en la que sostuvieron que el cigarro era anodino para la salud. Su intención no era que les creyeran sino sembrar la duda. Internamente, en un memorádum, las tabacaleras dijeron que “la duda era su negocio” en 1969. En el caso de las redes sociales usadas desde el teléfono con cámara frontal, los datos son sabidos: entre 2010 y 2018, la incidencia de ansiedad aumentó un 134% y la de depresión un 106% en Estados Unidos, Canadá y Reino Unido.
En México, el INEGI le ha llamado a la tasa de autolesiones y suicidios juveniles, “el salto estadístico” cuando, coincidiendo con el uso del teléfono inteligente y la aparición de Instagram, entre 2020 y 2023, el suicidio se convirtió en la segunda cusa de muerte entre los jóvenes de 15 a 29 años. En esa década, pasamos de 4 suicidios por cada 100 mil habitantes a 6. No fue, como se ha dicho, una reacción sólo de la pandemia de Covid, sino que tiene que ver con el ciberacoso que afecta al 30% de las mujeres jóvenes conectadas a redes sociales. Además, México es un país que mira esos contenidos por mucho tiempo: 4.5 horas diarias, frente a otros países como Japón que no llega a la hora al día, Europa a la hora y media, y hasta Estados Unidos en 2 horas y cuarto. Pero el 15% de los jóvenes mexicanos entre 15 y 29 años lo usa más de cinco horas diarias y desbloquea su teléfono 150 veces veces al día, lo que expresa una ansiedad tremenda y una falta de concentración crónica.
Este uso adictivo que tienen las redes sociales por diseño de sus dueños ha traído muchas consecuencias negativas para la salud mental. Una de las más preocupantes y que Ana Lilia Pérez aborda en su nuevo libro sobre las cirugías estéticas en México, El cuerpo perfecto, es la epidemia de, sobre todo, mujeres jóvenes que se miran defectos de apariencia compulsivamente. Esto ha dado lugar a la llamada “cara de flitro”, que es que las personas buscan parecerse a su propia fotografía generada por flitros del teléfono y buscan hacerla permanente en la realidad. La gente que padece esta dismorfia corporal, por supuesto, vive en una eterna frustración consigo misma y en el 80% tienen ideas suicidas. Este índice es de nuestras jóvenes entre 12 y 15 años de edad. Esta frustración se llama clínicamente “ciclo adictivo de autodesprecio”, que es responsabilidad de un grupo de ingenieros y de su patrón que elaboraron un algoritmo que detecta la vulnerabilidad del usuario para bombardearlo con contenidos de belleza que exacerban la frustración. La otra adicción en juego es la de la validación digital, es decir, de los “likes” y el número de comentarios aprueban la apariencia.
Todo esto ha llevado a que se extiendan las cirugías para tener cara de gato. Ese es el término que se usa para los flitros que Instagram, Tik-Tok, y Snap popularizaron hace unos años como signo de belleza homogénea: los ojos alargados, cejas levantadas, pómulos marcados, nariz de respingo, y boca pulposa. Las personas quieren cara de gatos, no porque les pareciera que es era atractivo, sino porque el algortimo de las redes, sus filtros integrados en la aplicación de teléfono, así lo diseñaron y queda en la conciencia de los ingenieros y dueños de esas plataformas. El problema es que pasó de las fotos a la realidad y, como dice Ana Lilia, se trata ahora de que las cirugías plásticas sean las que lleven a cabo ese supuesto ideal de lo bello. Aquí seguimos un problema que, como cultura, no hemos abordado siquiera: el de la disparidad en la apariencia. Como cultura seguimos juzgando a los demás, primero, por su apariencia, por sus rasgos físicos, su color de piel, su tipo de ropa. Y eso ha sido exacerbado por las redes, los likes, el número de los seguididores. No importa que haya llegado a la Preidencia de la república una mujer, seguimos juzgando a las mujeres, en primera instancia, por su aspecto. Somos uno de los pocos países donde aún no se legisla sobre el uso de flitros en las fotografías de uno mismo. En Francia, la ley obliga a las plataformas a decir si una fotografía ha sido manipulada con herramientas virtuales.
Pero ese es ya tema de otra columna: las estratificaciones sociales debido a la apariencia física. Por lo pronto aquí los dejo.

Cuando se creó, en el año 1972, fue para dar cumplimiento al derecho constitucional a la vivienda. Al Infonavit (Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores) se le concibió como una institución de seguridad social que operara un fondo tripartita –Gobierno, empresa, trabajadores– al cual se hacen aportaciones para que otorgue créditos hipotecarios a los trabajadores como una prestación laboral.
Como institución de seguridad social, su estructura administrativa debía priorizar cumplir su misión y obligación para con su derechohabiencia: administrar con transparencia y eficiencia las aportaciones patronales, que son patrimonio de los trabajadores, y facilitar que el trabajador ejerza su derecho constitucional a una vivienda digna y decorosa; pero en el modelo de administración con que se condujo el Infonavit desde finales de los años noventa y hasta 2018, se le convirtió en cueva de saqueadores, dirigida por una burocracia dorada.
Sus directivos gozaban de sueldos exorbitantes de más de medio millón de pesos al mes, vehículos blindados, vuelos privados contratados para que el director simplemente ordenara a dónde quería que la aeronave lo trasladara, así fuera sus asuntos privados y acompañado de quien él quisiera. A su disposición también tarjetas de crédito corporativas sin límite para supuestos viáticos y gastos de “representación”; en su oficina -la del director general- una caja chica a la que diariamente se le abastecía de 20 mil pesos en efectivo para sus antojos, así fuese una corbata que le hiciera juego con el traje.
Al terminar su cargo, sin importar su desempeño, al director se le pagaba un millonario finiquito que llamaban Plan Especial de Retiro.
Habituada esa burocracia dorada a pactar contrataciones tan multimillonarias como discrecionales en las cuales se favorecía a particulares, en detrimento del patrimonio del Infonavit, que es el patrimonio de los trabajadores.
Como parte de esos negocios que se hacían en el Infonavit en los años del prianismo, se auspiciaron esquemas de vivienda de baja calidad que los constructores hacían en zonas aisladas, sin servicios ni infraestructura, y que le imponían a los derechohabitentes a precios exorbitantes mediante créditos leoninos, en los que los constructores eran los intermediarios y beneficiarios de ese sistema.
Para los créditos las inmobiliarias obtenían bases de datos de clientes-derechohabientes, armaban expedientes y llegaban a que Infonavit les aprobara, por miles, a partir de eso hacían esas unidades habitacionales con materiales de bajísima calidad en medio de la nada.
En consecuencia, miles de viviendas y unidades habitacionales fueron incluso abandonadas antes de que sus dueños pudieran siquiera finiquitar el pago de su crédito. En otros casos, para muchos derechohabientes sus créditos se volvieron impagables, y entraron en moratoria y cartera vencida.
En ese mecanismo pernicioso, el Infonavit gastaba más en despachos de cobranza que en eficientar su modelo de operación. El gasto principal era la nómina y lujos de su burocracia dorada y la contratación de despachos de cobranza. Todo se tercerizaba.
Pero demás, los despachos de cobranza operaban con muchas irregularidades y arbitrariedades, sin respetar los derechos de los afectados. Hacían los procesos exprés en juicios hipotecarios también de manera exprés, y así mismo se ejecutaba el fallo, muchas veces sin que se hubiese ni siquiera notificado a la persona. Así de arbitrario.
Como la “cobranza” era un negocio tercerizado, al que el Infonavit destinaba multimillonarios contratos, apenas un derechohabiente tuviera atrasos en sus pagos, a los 90 días se le clasificaba como cartera vencida.
Algunos de esos despachos de cobranza fueron más allá en sus tropelías: en contubernio con funcionarios del Poder Judicial y algunos notarios en diversos estados empezaron a simular juicios, en los que supuestamente notificaban a la persona, pero en entidades diferentes a donde se ubicaban las viviendas con la intensión de que en realidad el derechohabiente no se enterara hasta que al concluir el juicio le quitaban la vivienda, sin la posibilidad de defenderse, usando también documentación falsa.
En ese esquema de defraudación, más de 65 mil derechohabientes fueron víctimas en los años 2013, 2014 y 2015 en varias entidades.
El periodo corresponde a los años de Gobierno de Enrique Peña Nieto, Administración en la que en el Infonavit también se hicieron otras contrataciones irregulares y fraudulentas para favorecer a particulares mediante simulaciones contractuales.
Uno de esos casos es el de la empresa Telra Realty, de los hermanos Rafael y Teófilo Zaga Tawil, a quienes en el año 2014 de manera irregular se les favoreció con contrataciones directas supuestamente para que desarrollaran programas de movilidad hipotecaria y regularización de cartera. Se trataba de una empresa de entonces reciente creación que no cumplió con lo contratado, pero en lugar de que se le penalizara a la empresa, en el año 2017, en el mismo Gobierno de Peña, el Infonavit les favoreció con cinco mil 088 millones de pesos como supuesta indemnización por conclusión anticipada de contrato, una supuesta indemnización que no procedía.
Al llegar la Administración del Presidente López Obrador, detectaron el fraude que habían cometido sus antecesores en detrimento del patrimonio del Infonavit, y se presentaron las denuncias ante la Fiscalía General de la República (FGR).
En esos años en las oficinas de ese Instituto entrevisté al director Carlos Martínez –quien dirigió el Infonavit del año 2019 a 2024– y me detalló todas las irregularidades con que se encontraron y las denuncias penales que habían presentado.
Hoy recuerdo esa entrevista, a propósito de la detención que en Estados Unidos se hizo de Rafael Zaga Twail, uno de los dueños de Telra Realty, la empresa involucrada en la supuesta “indemnización” ilegal.
En Estados Unidos a Zaga se le detuvo por autoridades migratorias. El registro de localización de detenidos del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE, por sus siglas en inglés) indica que se encuentra en el Glades County Detention Center, en Florida.
Se le detuvo en Estados Unidos por cuestiones migratorias, pero en México, desde hace ya varios años se emitieron órdenes de detención por su probable responsabilidad en delitos de delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita.
La FGR no ha informado si las órdenes de detención siguen vigentes ni tampoco si pedirá la extradición de Zaga Tawil. Pero sin duda es para la FGR la posibilidad de una indagatoria a profundidad sobre este caso en que se debería indagar también a cada uno de los exfuncionarios responsables de esos fraudes, la burocracia dorada del Infonavit que en tiempos de Peña Nieto provocaron tantos quebrantos enriqueciéndose impunemente desde el cargo público, a costa del patrimonio del Infonavit.
Fernando Buen Abad Domínguez
Ésta especialmente, y no porque parezca falsa en un sentido absoluto, sino porque su “verdad” está intoxicada por intereses mercantiles concretos que sólo se declaran abiertamente a sangre y fuego. Su tregua, en este sentido, no es una negación de la guerra, sino una de sus formas.
Suspende el estruendo de las armas mientras intensifica el murmullo de los negocios que buscan domesticar la conciencia de las mayorías. Se construye un relato de racionalidad, de prudencia, incluso de humanismo, que oculta las condiciones estructurales que hacen posible la violencia y ocultan a los muertos adultos e infantes.
Ahora la palabra “tregua” aparece, en el teatro contemporáneo de la geopolítica, como un signo de alta densidad semiótica que encubre una compleja red de intereses mercantiles, correlaciones de fuerza y operaciones ideológicas.
Cuando Donald Trump enuncia o avala una “pausa” en el conflicto que involucra a Estados Unidos, Israel e Irán, no se trata simplemente de un gesto diplomático hipócrita, sino de una construcción discursiva que debe ser interrogada desde sus condiciones de producción, circulación y recepción.
La tregua, como signo, no existe en el vacío: es parte de un sistema de significaciones donde cada palabra, cada imagen mediática, cada gesto institucional, contribuye a jerarquizar la percepción social de la dominación imperial.
No se trata de dictaminar, en términos ingenuos, si “todo es mentira” o si estamos ante una “esperanza real” de paz, sino comprender qué función cumple la idea misma de tregua en la reproducción de un orden mundial atravesado por la guerra cognitiva, la dictadura de las fake news y la retahíla infinita de falacias lenguaraces perpetradas por Trump. La tregua puede operar simultáneamente como suspensión táctica de hostilidades materiales y como intensificación de la guerra en el plano simbólico.
De hecho, la historia reciente muestra que los momentos de aparente distensión suelen coincidir con reconfiguraciones estratégicas que permiten a las potencias reordenar sus dispositivos de dominación, optimizar recursos y rearticular legitimidades. Y profundizar la ofensiva mediática.
Así es el capitalismo, en su fase imperial de acumulación globalizada y financiarizada, que no puede prescindir de la guerra como mecanismo de regulación.
La guerra no es un accidente ni una desviación moral, sino una herramienta de saqueo de recursos naturales, explotación de seres humanos, subordinación de mercados, control de recursos estratégicos y disciplinamiento de poblaciones.
En este contexto, la tregua funciona como un dispositivo de gestión de la violencia: no la elimina, la administra. Ya no se trata de si la tregua es “verdadera” o “falsa”, sino de a quién sirve y qué oculta.
¿Suspende la violencia para proteger a las poblaciones o para reorganizar la capacidad ofensiva de los aparatos militares? ¿Abre espacios para una transformación estructural o consolida las condiciones que harán inevitable el próximo ciclo de confrontación?
Nuestra semiótica crítica obliga a leer la tregua no como hecho aislado, sino como un momento dentro de un proceso histórico más amplio donde la guerra y la paz son dos caras de una misma lógica del engaño burgués.
Así, la figura de Trump resulta paradigmática, no por su excepcionalidad, sino por su capacidad de condensar en un estilo discursivo monstruoso que en otros contextos se presenta como un arma de aberraciones y dislates al servicio de la confusión programática. Por más imbécil o sicópata que parezca, más velada.
Su retórica oscila entre la amenaza abierta y la promesa de negociación, entre la exaltación del poder militar y la apelación a acuerdos de negocios. Esta oscilación esquizofrénica no es incoherente: es funcional a una estrategia que combina coerción y consenso, intimidación y seducción.
La tregua, en su discurso, puede aparecer cual gesto magnánimo, pero también como advertencia implícita de que la violencia y el horror siguen disponibles.
Desde una mirada humanista rigurosa, la evaluación de la tregua no puede limitarse a sus efectos inmediatos, aunque estos sean cruciales en términos de vidas humanas.
Toda pausa en la violencia que evite muertes es, en ese plano, valiosa. Pero el humanismo no puede reducirse a una ética de la urgencia que ignore las condiciones estructurales. Un humanismo de nuevo género exige interrogar las raíces de la violencia y no contentarse con su administración temporal.
De lo contrario, se corre el riesgo de convertir la tregua en un ritual recurrente que legitima la continuidad del sistema que produce la guerra.
Así la dimensión semiótica de este problema se vuelve evidente cuando se analizan las narrativas mediáticas que acompañan la tregua. Se construyen imágenes de líderes dialogando, de acuerdos firmados, de declaraciones optimistas.
Estas imágenes funcionan como signos de estabilidad, como promesas de normalidad. Sin embargo, detrás de ellas persisten las estructuras de poder que hacen posible la violencia: bases militares, alianzas estratégicas, sanciones económicas, operaciones encubiertas. La tregua, en este sentido, puede ser leída como una superficie tranquila que oculta un subsuelo criminal en ebullición
Hay que romper con toda ilusión y desnaturalizar esta tregua como conquista civilizada. Hay que transparentar sus condiciones materiales.
Esto no implica adoptar una posición cínica que niegue toda posibilidad de paz, sino construir una comprensión más compleja que permita distinguir entre una paz negativa –ausencia temporal de violencia directa– y una paz positiva –transformación de las condiciones que generan la violencia.
Mientras persista un sistema basado en la acumulación militarizada de riqueza, la competencia monopólica entre potencias y la subordinación de la vida a la lógica del capital, toda tregua estará atravesada por ambigüedades irresolubles.
Podrá aliviar el sufrimiento en el corto plazo, pero difícilmente podrá garantizar una paz duradera liberada del capitalismo.
Así, la tregua no es simplemente un alto al fuego ni un engaño total: es un signo en disputa, un momento de condensación de contradicciones donde se juega, en última instancia, la posibilidad de transformar la guerra administrada en una paz verdaderamente humana.
Así describe Carlos Granés ( Delirio Americano) el corolario del movimiento de independencia cubana iniciado por José Martí en 1995 y el triunfo estadunidense sobre el reino español –se inició con un bloqueo– por el control colonial de Cuba. Si Cuba la revolucionaria, la heroica, la ejemplar, llega a caer también a partir de un bloqueo, según el anuncio terrorista y el bloqueo total de Trump, América Latina habrá inaugurado su entrada al siglo XXI de la peor manera posible.
Ese acto siniestro confirmaría lo que hoy se sabe pero ningún gobierno se atreve a expresar: que Estados Unidos, en su decadencia como imperio, se ha erigido en el enemigo más peligroso que la humanidad haya tenido jamás. Y no es por las actuales guerras de agresión y crímenes de guerra que se suman a todos los anteriores cometidos impunemente, ni por su propensión genocida, ni sus actos de corrupción (en el primer año de su gobierno la familia Trump, según The New York Times, se embolsó 4 mil millones de dólares), despojo y robo descarado a otros países; tampoco por sus amenazas e insultos a gobernantes de diversos estados (Brasil, Venezuela, Canadá, Inglaterra, Francia, Cuba, el Vaticano, Irán etc.), o los denuestos viles contra pueblos y naciones: los países de la Unión Europea, cobardes vasallos; los iraníes, animales; los inmigrantes somalíes, basura; los países de América Latina que no se alinean con el humor de la Casa Blanca, fallidos.
El carácter de enemigo de la humanidad le viene a Estados Unidos de su estructura productiva vinculada a la política y ambas lo deben a la necesidad de mantener un estado de guerra permanente. Una cronología mínima de las guerras en las que ha participado este país durante los siglos XX y XXI bastaría para confirmar este fenómeno metabólico de su sociedad. Veamos. Sólo apunto, de más de 70, algunos movimientos bélicos estadunidenses, por países y regiones. Varios de ellos se han reproducido varias veces en un mismo país. Panamá (1903, 1989); Cuba (1906, 1912, 1917, 1953, 1961- ); México (1910-1917), Nicaragua (1912, 1933); Haití (1915,1934); República Dominicana (1916-1924); Primera Guerra Mundial (1917-1918); Rusia (1918-1920, 2022); Segunda Guerra Mundial (1941-1945); China (1945-1949); Siria (1949, 2011-2019); Corea (1950-1953); Puerto Rico (1950); Irán (1953, 1987, 2025- ); Guatemala (1954); República Democrática del Congo (1960-1965); Vietnam (1955-1975); Camboya (1970); Angola (1975, 2002); Argentina, Bolivia, Chile, Paraguay, Uruguay, Brasil, Perú y Ecuador mediante el Plan Cóndor (1970-1980); Líbano (1975-1990); Granada (1983); Libia (1986, 2011); Somalia (1993); Haití (1994); Bosnia y Herzegovina (1995); Kosovo (1998-1999); Irak (1990-1991, 2003-2011), Yemen (2014- ); Afganistán (2001, 2021); Palestina (2023) y Venezuela (2026- ).
El negocio fundamental de Estados Unidos no se constriñe a la industria armamentista, pues esta se nutre de otras industrias: la acerera, la nuclear, la de energía, la automotriz, la náutica, la aeronáutica, la digital en diversas ramas, la de aparatos y medios de comunicación, la cinematográfica, la de confección de uniformes y equipos y otras. Ninguna puede parar su actividad ni rendir bajos dividendos a sus accionistas, menos aún pérdidas. Ni todo lo fabricado para la guerra va a parar a los museos. Tiene que ser empleado para ser sustituido por nuevos productos hechos con la misma finalidad: ser usados y consumidos. Por ello es que la política estadunidense implica necesariamente la guerra.
Todas las industrias y servicios vinculados a la actividad bélica tienen bajo su control segmentos dominantes de los partidos republicano y demócrata, pues estos son los beneficiarios de sus aportaciones dinerarias para la realización de campañas electorales y, en general, para su gestión burocrática. Pero no sólo la industria armamentista extiende tal control al Congreso de Estados Unidos; se calcula que entre 15 y 20 por ciento de la Cámara de Representantes responde a sus intereses. Las principales industrias vinculadas a la de las armas también tienen porcentajes mayores o menores de control sobre este órgano legislativo. Se infiere que algo similar ocurre en el Senado. No hay político que no deba parte o toda su carrera a alguna de esas industrias.
El régimen presidencialista de Estados Unidos hace que el titular del poder ejecutivo, como se ha visto de manera muy evidente con Trump, sea el agente cumbre de venta de armas como conductor de las guerras emprendidas por este país. Durante el mandato trumpista, los intentos del Senado por sujetar las decisiones bélicas del presidente a las del Congreso apenas si logran sumarse a la pedacería de la división de poderes tan objeto de jactancia de propios como de torpeza de extraños en la potencia guerrera. Quizá ni siquiera baste que un megalómano como Trump llegue a la presidencia de Estados Unidos para que este país provoque, si no es que promueva directamente, una guerra de destrucción mundial. Este breve análisis no puede concluir sino de una manera tajante. O la humanidad logra desarticular a Estados Unidos y su amenaza de un armagedón o Washington la destruye con algún motivo banal.