Detrás de cada aplicación hay infraestructuras, algoritmos y
decisiones empresariales que determinan quién controla la tecnología,
quién obtiene las ganancias y quién asume los costos. Una mirada
feminista permite ver aquello que muchas veces queda oculto: este
sistema se alimenta no solo del trabajo remunerado, sino también de los
datos, la atención, la creatividad y los cuidados que millones de
personas aportan todos los días. Por eso, la pregunta no es si debemos
usar o no la tecnología, sino quién la gobierna, para quién funciona y
qué vidas quedan expuestas cuando sus reglas se deciden lejos de las
comunidades.
Capitalismo digital, trabajo y cuidados
Las grandes plataformas concentran la propiedad de la
infraestructura, los algoritmos y los datos, mientras millones de
personas aportan el trabajo que las mantiene en funcionamiento. Una
mujer que vende productos por medio de una red social, por ejemplo, paga
el teléfono, la conexión a internet y otros costos de su actividad.
Además, dedica tiempo a tomar fotografías, responder mensajes, preparar
pedidos y atender reclamos. Sin embargo, no decide las reglas de la
plataforma, no conoce los criterios del algoritmo y puede perder su
cuenta o sus ingresos sin una explicación clara.
Este trabajo digital no reemplaza las responsabilidades de cuidado
que el orden patriarcal asigna principalmente a las mujeres. Con
frecuencia, se suma a la atención de niñas y niños, personas enfermas o
mayores y a las tareas domésticas. Por eso, la supuesta flexibilidad de
trabajar desde casa puede convertirse en una jornada sin límites, sin
descanso y sin protección social. Una mirada feminista permite reconocer
que las plataformas obtienen ganancias gracias a ese tiempo de trabajo
visible e invisible, mientras trasladan sus costos a los hogares y,
dentro de ellos, especialmente a las mujeres.
La gestión algorítmica profundiza esta desigualdad. Los sistemas
automatizados asignan tareas, miden el rendimiento, fijan ritmos de
trabajo y aplican sanciones sin transparencia ni posibilidad real de
apelación. Quienes trabajan bajo estas reglas son vigilados de manera
constante, pero no pueden intervenir en las decisiones que afectan sus
ingresos y su estabilidad.
A finales de 2026, Meta eliminó alrededor de 8.000 puestos de
trabajo, equivalentes al 10 % de su plantilla, en medio de una
reorganización orientada a ampliar sus inversiones en inteligencia
artificial. Muchas personas conocieron su despido mediante
comunicaciones digitales. La forma y la magnitud de estas medidas
muestran el desequilibrio de poder entre las corporaciones y quienes
trabajan para ellas: una decisión tomada en la cúpula empresarial puede
destruir, en segundos, los ingresos y la seguridad de miles de familias.
La tecnología, que podría reducir las jornadas y liberar tiempo para el
descanso y los cuidados, se utiliza para disminuir costos laborales,
aumentar ganancias y debilitar derechos. Así se expresa la lucha de
clases en el entorno digital.
Datos, atención y acumulación de riqueza
Cada búsqueda, compra, conversación o desplazamiento puede producir
información que las empresas convierten en mercancía. Con frecuencia se
afirma que los datos son “el nuevo petróleo”. Sin embargo, esta
comparación oculta algo fundamental: los datos no aparecen de manera
espontánea ni son un recurso separado de las personas. Se originan en
nuestras actividades, relaciones, cuerpos y necesidades. Desde una
perspectiva feminista, extraer datos también significa apropiarse de
fragmentos de la vida cotidiana.
Las plataformas transforman esa información en perfiles de consumo
que alimentan la publicidad dirigida y los sistemas de inteligencia
artificial. Si una mujer busca un medicamento, información sobre un
embarazo o un servicio de salud, su actividad puede utilizarse para
anticipar sus necesidades e influir en sus decisiones. Esto no solo
produce ganancias; también puede exponer información sensible y reforzar
formas de vigilancia o discriminación.
Netflix registra cada visualización para decidir qué contenidos
producir, recomendar y distribuir. De esta manera, la creatividad queda
subordinada a cálculos empresariales que buscan reducir riesgos y
maximizar ganancias. Productoras, artistas y trabajadoras culturales
dependen de algoritmos que determinan qué historias circulan y cuáles
quedan ocultas.
Amazon convierte cada búsqueda y cada compra en información para
perfeccionar su logística y ampliar su poder sobre el comercio
electrónico y los servicios de nube. Mientras tanto, quienes trabajan en
almacenes, entregas y atención al público enfrentan ritmos intensos y
condiciones precarias. La riqueza se concentra en la cúpula corporativa,
aunque una enorme red de trabajadoras y trabajadores sostenga la
infraestructura material que hace posible el negocio.
TikTok y Meta diseñan sus algoritmos para prolongar el tiempo de
permanencia en pantalla. La atención de las personas se transforma en
datos y, luego, en ingresos publicitarios. Al mismo tiempo, usuarias y
creadoras producen contenidos, mantienen activas las redes y realizan un
trabajo que rara vez es reconocido o remunerado de manera justa. Las
mujeres, además, están más expuestas al acoso, la sexualización, la
apropiación de sus imágenes y otras formas de violencia digital.
La magnitud de este negocio permite comprender el poder en disputa.
El mercado mundial de publicidad digital alcanzó 567.900 millones de
dólares en 2025 y se estima que crecerá a 662.300 millones en 2026 y a
1,69 billones en 2033 (Grand View Research, 2026). Por su parte, WPP
Media estimó que los ingresos mundiales por publicidad llegaron a 1,08
billones de dólares en 2025. La publicidad exclusivamente digital
representó el 73,2 % de ese total y el porcentaje aumentó al 81,6 % al
incluir extensiones digitales como el streaming y la publicidad exterior
digital (WPP Media, 2025).
Estas cifras muestran que cada clic y cada minuto de atención forman
parte de un proceso económico de enorme escala. La respuesta no consiste
en abandonar la tecnología, sino en disputar su propiedad, sus reglas y
sus beneficios. Quienes producen la riqueza digital deben participar en
las decisiones y recibir una parte justa del valor que generan.
Datos transnacionales y poder corporativo
La digitalización de los servicios públicos y privados ha acelerado
la transnacionalización de los datos. Amazon Web Services, Microsoft
Azure y Google Cloud no solo ofrecen infraestructura tecnológica:
también administran o almacenan información estratégica de millones de
personas. Cuando los registros educativos, tributarios, laborales o
médicos dependen de empresas extranjeras, los Estados pierden capacidad
para decidir de manera autónoma cómo protegerlos y utilizarlos.
En 2025, el mercado mundial de servicios de nube alcanzó
aproximadamente 680.000 millones de dólares y se proyectó que llegaría a
947.000 millones en 2026 y a 2,4 billones en 2030. AWS controlaba cerca
del 28 % del mercado, Microsoft Azure el 21 % y Google Cloud el 14 %.
En conjunto, estas tres empresas concentraban más del 60 % de la
infraestructura mundial de nube (Synergy Research Group, 2026). Esta
concentración condiciona la soberanía digital de los Estados y aumenta
su dependencia de contratos privados sujetos a intereses comerciales y
geopolíticos.
En México, la contratación de proveedores globales para digitalizar y
almacenar información pública puede colocar datos escolares,
tributarios y administrativos bajo infraestructuras que el Estado no
controla plenamente. Aunque el portal datos.gob.mx reúne
decenas de miles de conjuntos de datos federales, la apertura de
información no garantiza, por sí sola, soberanía tecnológica ni
protección frente al uso comercial de los datos.
En Brasil la Rede Nacional de Dados em Saúde integra historiales
médicos mediante la interacción de instituciones públicas y privadas. La
Ley General de Protección de Datos reconoce que la información médica
es sensible, pero su protección también depende de quién controla la
infraestructura, de las condiciones de los contratos y de la capacidad
estatal para fiscalizar a las empresas.
En India, el sistema Aadhaar centraliza los datos biométricos de más
de mil millones de personas y permite que empresas privadas participen
en procesos de autenticación. Este modelo muestra cómo puede debilitarse
la frontera entre lo público y lo privado cuando la expansión
tecnológica avanza más rápido que los controles democráticos.
DoctorSV, en El Salvador, forma parte de esta tendencia mundial. La
plataforma reúne información clínica y familiar de quienes utilizan el
servicio. La digitalización puede facilitar la atención médica, pero
también crea riesgos si no existen reglas claras sobre quién accede a
los datos, dónde se almacenan, con qué fines se utilizan y durante
cuánto tiempo se conservan. Estos riesgos tienen una dimensión de
género: la información sobre salud sexual y reproductiva, embarazos,
violencia, identidad de género u orientación sexual puede utilizarse
para vigilar, excluir o discriminar a mujeres y personas LGTBIQ+. El
respaldo financiero de organismos internacionales, como el Banco de
Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF), no sustituye la
obligación del Estado de garantizar transparencia, consentimiento,
seguridad y control público.
Estos casos revelan un problema estructural: la creciente capacidad
de las corporaciones tecnológicas para influir en las decisiones
públicas y convertir servicios esenciales en nuevos mercados. La
soberanía de los datos no es un asunto meramente técnico. Es una
cuestión de democracia, justicia económica y autonomía colectiva.
También es una demanda feminista, porque proteger los datos relacionados
con los cuerpos, la salud, los cuidados y la vida familiar resulta
indispensable para ejercer derechos y vivir sin vigilancia ni
discriminación.
Autoritarismo digital y colonialismo cultural
Las plataformas también ejercen poder al decidir qué contenidos
pueden circular, cuáles pierden visibilidad y qué cuentas son
suspendidas. Estas decisiones se presentan como procesos técnicos y
neutrales, aunque responden a reglas empresariales y a algoritmos
diseñados desde contextos culturales dominantes. En América Latina ese
poder puede silenciar expresiones indígenas, feministas y comunitarias y
reforzar el racismo, el patriarcado y el colonialismo cultural.
Como documentan Lindero Cortez, Scarlet et al. (2026), en Brasil
algunas comunidades indígenas, entre ellas los Kalapalo del Xingu, han
visto cómo YouTube e Instagram eliminan videos de ceremonias
tradicionales por considerarlos “contenido sensible”. Cuando las
imágenes de vestimenta ancestral son clasificadas como inapropiadas, las
personas creadoras se ven obligadas a modificar sus publicaciones para
evitar bloqueos. Así, una regla privada impone criterios ajenos a la
comunidad y limita la transmisión de sus saberes.
En México, organizaciones feministas han denunciado la reducción del
alcance de publicaciones sobre derechos sexuales y reproductivos,
violencia de género y diversidad sexogenérica. Aunque el contenido no
siempre desaparece, deja de circular y pierde impacto político. En 2024,
Meta bloqueó las cuentas de WhatsApp Business de Telefem y después
eliminó su perfil de Instagram, que tenía 45.000 seguidoras. La
organización atendía a más de 4.000 mujeres al mes en procesos de aborto
seguro. La medida interrumpió servicios de salud, debilitó la
credibilidad construida durante años y borró parte de la memoria digital
de la organización.
En Guatemala, Facebook, TikTok y X han sido utilizados para difundir
campañas de desprestigio contra liderazgos mayas, defensoras ambientales
y activistas contra la corrupción. En el caso de Lesbia Artola,
circularon acusaciones falsas que buscaban responsabilizarla por
asesinatos de defensores de la tierra. La desinformación digital no
permanece encerrada en una pantalla: puede preparar el terreno para
amenazas, criminalización y persecución judicial.
Estos hechos muestran que el autoritarismo digital empresarial tiene
consecuencias materiales. Las plataformas favorecen los contenidos más
rentables y pueden penalizar las voces que cuestionan el patriarcado, el
racismo, el extractivismo o el poder político. Esta violencia afecta de
manera particular a mujeres indígenas, rurales, trans, lesbianas,
periodistas y defensoras, porque sobre ellas se cruzan distintas formas
de discriminación. Descolonizar lo digital exige transparencia en las
decisiones algorítmicas, mecanismos eficaces de apelación y políticas
que protejan las lenguas, los saberes y la organización de los pueblos.
Violencia digital y exclusión política
Las amenazas, la difusión de imágenes íntimas sin consentimiento, el
acoso sexual y las campañas de desprestigio no son simples insultos en
redes sociales. Forman parte de una estrategia de control patriarcal que
busca infundir miedo, disciplinar a las mujeres y expulsarlas de los
espacios públicos. Periodistas, defensoras de derechos humanos,
dirigentes comunitarias y candidatas enfrentan agresiones dirigidas no
solo contra sus ideas, sino también contra sus cuerpos, su sexualidad,
sus familias y su derecho a participar.
Cuando una mujer deja de opinar, organizarse o participar en política
por temor a las agresiones, pierde ella, pero también pierde la
democracia. Por eso, la violencia digital debe reconocerse como una
forma de violencia política y estructural. Enfrentarla requiere
prevención, atención, protección y sanciones efectivas, además de
responsabilidades claras para las empresas que permiten o amplifican
estos ataques.
Democratizar lo digital
Democratizar lo digital significa disputar el poder de las
plataformas y construir alternativas colectivas. La soberanía de los
datos debe garantizar que la información pública y sensible sea
gestionada por instituciones democráticas, con control social y
participación ciudadana. Se necesitan límites a la concentración
empresarial, transparencia en los algoritmos y el derecho a recibir una
explicación y apelar cuando una decisión automatizada afecta un empleo,
un ingreso, un servicio público o la libertad de expresión.
La democratización también exige reconocer como trabajo las
actividades realizadas mediante plataformas y garantizar derechos
laborales, seguridad social y negociación colectiva. No basta con
celebrar que las mujeres puedan vender productos o prestar servicios
desde sus hogares. Es necesario asegurar ingresos dignos, descanso,
protección frente a la violencia y corresponsabilidad social de los
cuidados. De lo contrario, la inclusión digital solo agrega nuevas
cargas a las desigualdades existentes.
Una agenda feminista debe incluir acceso universal y asequible a
internet, formación tecnológica, protección de los datos personales y
participación efectiva de las mujeres en el diseño y la regulación de
los sistemas digitales. Esta participación debe incorporar la diversidad
de experiencias de mujeres rurales, indígenas, afrodescendientes,
migrantes, con discapacidad y de las personas LGTBIQ+. No existe
justicia digital si las decisiones continúan concentradas en élites
empresariales y técnicas alejadas de las comunidades afectadas.
También es necesario invertir en tecnologías públicas, comunitarias y
cooperativas que prioricen el bienestar colectivo. Las plataformas
deben respetar las lenguas y los saberes locales, corregir los sesgos de
sus sistemas y proteger la organización social. Democratizar la
tecnología no significa añadir mujeres a un modelo injusto, sino
transformar las relaciones de propiedad y poder que lo sostienen.
Conclusión
La disputa por los ecosistemas digitales no es un debate técnico
reservado a especialistas. Es una discusión pública sobre democracia,
justicia económica y derechos. Hoy, las grandes corporaciones concentran
datos, infraestructura y ganancias, mientras los costos recaen sobre
trabajadoras, hogares, comunidades y Estados. Desde una perspectiva
feminista, esto obliga a mirar el poder allí donde suele presentarse
como innovación: en la extracción de datos, en la vigilancia del
trabajo, en la moderación privada de contenidos y en la violencia que
busca expulsar a las mujeres del espacio público.
Democratizar la tecnología no significa rechazarla. Significa cambiar
sus reglas. Implica reconocer el trabajo que sostiene la vida,
garantizar derechos laborales, proteger los datos personales y públicos,
regular los algoritmos, limitar los monopolios y construir
infraestructuras públicas, comunitarias y cooperativas. También implica
que mujeres, trabajadoras, pueblos y comunidades participen en las
decisiones y reciban una parte justa de la riqueza que contribuyen a
crear.
Una agenda feminista para lo digital debe poner la vida en el centro.
Eso supone cuestionar la concentración de la propiedad y de las
ganancias, defender la autonomía de los pueblos, proteger las lenguas y
los saberes locales, y exigir que las tecnologías no profundicen las
desigualdades que prometen resolver. La inclusión digital, por sí sola,
no basta si las reglas siguen siendo definidas por las mismas empresas
que se benefician de la dependencia, la vigilancia y la precariedad.
Si queremos una democracia plena, también tenemos que democratizar lo
digital. No se trata de pedir permiso para participar en plataformas
diseñadas por otros, sino de disputar sus reglas, sus beneficios y su
sentido. La tecnología puede servir para vigilar, precarizar y
silenciar; pero también puede convertirse en una herramienta colectiva
para cuidar, comunicar, organizar y ampliar derechos. Esa elección no es
técnica: es profundamente política y feminista.
Julia Evelyn Martínez. Economista feminista, docente e investigadora.
Rebelión ha publicado este artículo con el permiso de la autora mediante una licencia de Creative Commons, respetando su libertad para publicarlo en otras fuentes.
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