“Esas mismas obligaciones que tuvimos que pagar por una sentencia, lo hayamos hecho o no, ya las cumplimos. Yo ya cumplí mi obligación, ahora quiero mi derecho”, señala Paula Tercero, integrante de la organización Artículo 20.
La mujer pasó más de 18 años privada de la libertad en un centro penitenciario de la Ciudad de México, tras ser sentenciada por un delito de alto impacto. Pocos meses antes de obtener su libertad fue trasladada al Centro Federal de Readaptación Social (CPS) 16, traslado que en su momento calificó de involuntario.
En entrevista relató que, al salir, no recibió orientación ni apoyo alguno. El centro de reinserción de la capital le indicó que correspondía a la autoridad federal atenderla, a pesar de que no cometió un delito del fuero federal y de que solo permaneció unos meses en el CPS 16.
“Yo ya no estoy peleando porque si era inocente o no, a la sociedad ya le pagamos el delito que se nos atribuyó. Ahora que va a hacer el Estado y la misma sociedad para ayudarnos a reinsertarnos”, exige la mujer.
Y señala que ahora, en libertad, ha sido abandonada y dejada a su suerte para poder lograr nuevamente su reintegración a la sociedad, pese a que los penales mexicanos llevan en sí mismos el nombre de su objetivo: reinserción social.
Autoridades omiten apoyo de ley a personas que salen de la prisión
Mujeres egresadas del Centro Federal de Readaptación Social o Cefereso 16 han manifestado falta de cumplimiento del artículo 207 de la Ley Nacional de Ejecución Penal, que establece servicios de atención postpenitenciaria. Afirman que esos servicios no existen en la práctica para quienes salen de una prisión federal.
Ese artículo señala que las autoridades corresponsables, en conjunto con la Unidad de servicios postpenales, parte de la Autoridad Penitenciaria, deben establecer centros de atención y formar Redes de Apoyo Postpenal para apoyar a liberados, externados y sus familias, con el fin de facilitar la reinserción, procurar una vida digna y prevenir la reincidencia.
Estos servicios buscan crear espacios de orientación y desarrollo personal, laboral, cultural, educativo, social y de capacitación, y promover en la sociedad la aceptación de la persona liberada. Además, establece que debe haber coordinación entre la Federación y los estados.
Cabe destacar que el 16 de junio de 2016 fue publicado en el Diario Oficial de la Federación el decreto que expidió dicha Ley Nacional de Ejecución Penal.
Ante lo cual la organización señala que las autoridades llevan una década sin establecer centros de reintegración social a mujeres que en algún momento estuvieron privadas de libertad en centros federales, pues reclaman que en el caso local sí existen estos espacios.
https://www.reporteindigo.com/nacional/que-pasa-despues-de-la-carcel-mujeres-liberadas-denuncian-abandono-institucional-y-falta-de-reinsercion-social-20261023-0078.html
"En Ciudad de México hay programas de temas laborales para que empresas les ayudan (a las personas liberadas) para que puedan empezar a trabajar, con proyectos de emprendimiento (...) Tenemos compañeras que viven en la calle, que están en temas de prostitución. Porque no hay programas de reinserción”, declaró Viridiana Molina, activista de Artículo 20.
Reinserción social en la ley pero no en la realidad
El Órgano Administrativo Desconcentrado Prevención y Reinserción Social, es el encargado de administrar centros federales, cuyo reglamento fue publicado el 2 de agosto de 2024. En el reglamento vigente no se identifica la asignación de apoyos asistenciales a liberados y sus familias, y apoyo técnico y económico cuando el presupuesto lo permitiera.
A partir de la renovación se indica la creación de una Dirección General de Reinserción Social y Servicios Postpenales. Entre sus funciones están canalizar a las personas liberadas a programas sociales de otras autoridades e instituciones y proponer convenios con autoridades, organizaciones civiles y entidades privadas. Sin embargo, no identifican atención postpenal que operen directamente por el órgano ni apoyos económicos, de alojamiento o de traslado para quienes salen de prisión.
“Para las personas que salimos de una prisión federal no existen proyectos postpenitenciarios. No existe ni el centro de reinserción ni nada nada por el estilo. Para las personas que salimos del fuero federal, existe el proyecto desde hace 10 años donde se tienen que hacer convenios de temas de reinserción, cosa que no tienen ellos”, señaló Molina al enfatizar que han buscado acercarse al Órgano Administrativo Desconcentrado Prevención y Reinserción Social.
De acuerdo con Molina, desde el año pasado han intentado comunicarse con el Órgano y este año fueron enviados dos escritos, sin respuesta, por lo que acudieron a la Secretaría de Gobernación donde mantienen un plantón pacífico desde el 16 de agosto.
Mujeres exprivadas de la libertad exigen redes de apoyo
El artículo establece que las autoridades corresponsables, en coordinación con la Unidad de servicios postpenales de la Autoridad Penitenciaria, deben establecer centros de atención y formar redes de apoyo postpenal.
Por otro lado, exigen capacitación laboral, vinculación con empresas y apoyo al autoempleo. En la cuestión del bienestar y salud solicitan atención médica, psicológica y psicosocial, además de asesoría jurídica gratuita para recuperar la custodia de sus hijas e hijos, pues muchas de ellas son madres.
Parte de sus exigencias está obtener documentos de identidad y regularizar sus antecedentes penales. Reclaman también un programa específico para mujeres, atención prioritaria para quienes no tienen red familiar, un plan individual de seguimiento y una mejor coordinación entre instituciones.
Además, solicitan transparencia sobre presupuesto, programas y personas atendidas, y un mecanismo accesible para presentar solicitudes y quejas. Piden que las autoridades informen qué servicios ya existen, quiénes son los responsables, qué plazos y recursos requeriría implementar el resto, y que respondan por escrito de manera fundada y motivada.
En 2026, han muerto 792 personas privadas de la libertad
Entre enero y agosto de 2026, 792 personas privadas de la libertad murieron en los penales del país por causas naturales o enfermedad, y otras 55 se quitaron la vida, de acuerdo con los cuadernos estadísticos mensuales de Prevención y Reinserción Social.
Los decesos por muerte natural o enfermedad promediaron 99 al mes. Mayo fue el mes con más decesos reportados, con 127, y julio se posicionó con la menor cifra registrando 81. De las 792 muertes, 754 ocurrieron en centros estatales y 38 en federales.
En el desglose por entidad lideró el Estado de México con alrededor de 120, Sonora con 116 y la Ciudad de México con 97, seguidos de Baja California con 63, Puebla con 30, Chiapas con 29 y Jalisco 27.
Raquel Guadalupe García Estrada, originaria de Acapulco, Guerrero pasó 10 años y ocho meses privada de su libertad: ocho años en el penal estatal de reinserción social de Acapulco, para después ser trasladada al Cefereso 16 y terminar el resto de su pena.
Los fallecimientos en prisión pueden ser por causas naturales o por suicidio.
Los fallecimientos en prisión pueden ser por causas naturales o por suicidio.
La mujer señala que las violaciones a derechos humanos son una cadena que comienza desde que entran en custodia del Estado pues, en su caso, acusa alteraron su expediente para acusarla de ser "jefa de organización" con el fin de poder trasladarla a un Centro Penitenciario Federal, a pesar de que su situación jurídica era de índole familiar y no tenía relación con el crimen organizado o secuestro.
Relata que durante su proceso un agente ministerial admitió abiertamente que necesitaban encarcelar personas para cumplir con cuotas de recursos.
Denuncian falta de atención médica al interior de los penales
Durante su instancia en el CPS 16, detalla, vivió una falta grave de atención médica, alimentación deplorable, insalubridad y corrupción que derivaron en fallecimientos evitables y, pese a solicitar la atención, el personal custodio las deja en desamparo y en muchas ocasiones a la muerte en custodia.
“Lupe Merino. Ella tenía un problema de cáncer y llevaba un tratamiento, estuvo como 15 días, estuvo muy mal en la estancia hasta que, de plano, la llevan al hospital y en menos de un mes fallece. ¿Por qué? Por negligencia médica. Por eso falleció porque la directora no le quiso dar la atención porque no creía que ella traía cáncer. Murió la señora al mes que cayó ahí (en el CPS 16). Es muy frustrante ver como tus compañeras fallecen y te quedas pensando, si ellas murieron, ¿qué me espero yo, no? ¿Qué espero yo de que de que no me pase algo?”, cuenta Raquel.
Suicidio, presente en penales federales
Aunque los suicidios en las cárceles mexicanas disminuyeron de 11 casos en enero a dos en agosto de 2026, su distribución evidencia una problemática persistente en los centros penitenciarios federales. De los 55 fallecimientos por esta causa registrados en el periodo, 12 ocurrieron en instalaciones federales, que alojan apenas 7.7 por ciento de la población penitenciaria, pero concentran 22 por ciento de los casos.
A estas cifras se suman 19 intentos de suicidio y seis homicidios, mientras que los antecedentes del Centro Federal de Readaptación Social (Cefereso) 16, destinado a mujeres, mantienen bajo escrutinio las condiciones de atención a la salud mental y la protección de las personas privadas de la libertad.
Por entidad, Sinaloa encabeza la lista con seis suicidios, seguido de la Ciudad de México, Sonora, Tabasco y Baja California, con cinco casos cada uno.
En los centros federales, los Cefereso Oriente, Sonora, Oaxaca y Femenil Morelos registraron dos suicidios cada uno. En cuanto a los intentos de suicidio, Sonora y Jalisco concentraron cuatro casos, respectivamente.
Portada | En los últimos seis meses, en México, decenas de miles de personas ingresaron a prisión, lo que contribuyó a que la sobrepoblación carcelaria alcanzara cifras históricas. https://t.co/prNV0DvxvU https://t.co/sSp7CejdHP— Reporte Índigo (@Reporte_Indigo) August 5, 2026
El Cefereso 16 reportó dos suicidios durante el periodo analizado, ocurridos en abril y julio. Aunque la cifra representa una disminución frente a años anteriores, entre 2020 y 2025 se documentaron 21 mujeres que se quitaron la vida en este centro penitenciario.
La recurrencia de estos casos motivó a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) a emitir la Recomendación 276/2023, dirigida al órgano federal penitenciario, en la que solicitó atender la vulnerabilidad de las mujeres privadas de la libertad y los riesgos de suicidio.
Por su parte, la Defensoría Pública Federal también señaló deficiencias en la atención de la salud mental, entre ellas la falta de especialistas y medicamentos suficientes, así como la omisión de solicitudes de atención psicológica. La institución sostuvo que las condiciones del penal pudieron constituir actos de tortura y estar relacionadas con las muertes registradas en 2022 y 2023, periodo en el que se reportó el mayor número de casos.
Denuncian omisiones y les cierran las puertas
“Desde que empezamos a denunciar el tema de los suicidios de Morelos, ellos literal dijeron, ‘no queremos tener relación ni comunicación’, cuenta Viridiana Molina al señalar que pese a buscar el acercamiento con el Órgano Administrativo Desconcentrado Prevención y Reinserción Social la respuesta ha sido nula.
Ahora a esta falta se suman las demandas de la reinserción social de las mujeres que ya se encuentran liberadas, y retoma que la respuesta ha sido la misma por parte de las autoridades responsables, ausente.
En el caso de Raquel, actualmente se encuentra fuera de prisión bajo un "beneficio de libertad incondicionada".
Cuenta que, al salir, acudió a diversas dependencias como la Secretaría de la Mujer y el DIF para solicitar el apoyo postpenitenciario, pero todas las instituciones le negaron la ayuda argumentando que dichos beneficios no aplican para personas que aún se encuentran en un proceso legal.
“Que las personas que salimos tengamos este apoyo porque salir y no tener nada te despojan de todo. Te despojan de tu familia, te despojan de tu lugar de vivienda. Te despojan de todo lo que hay en alrededor”, finaliza Raquel.
