Fortuna de narcos, ganancia para Estados Unidos

Ana Lilia Pérez

"Si se considera el tiempo en que 'El Mayo' estuvo activo en el narcotráfico, desde sus 16, se volvió más poderoso que cualquier otro narcotraficante".

En su redituable sistema consistente en extraditar narcotraficantes, negociar con ellos información e incautarles parte de la fortuna amasada durante su actividad criminal, a cambio de sentencias “benévolas”, Estados Unidos ve en el sinaloense Ismael Zambada García, "El Mayo" , la posibilidad de obtener el mayor decomiso a un narcotraficante: 15 mil millones de dólares, según la sentencia que se le dictó en julio pasado.

Dos años después de que su ahijado Joaquín Guzmán López –hijo de Joaquín Guzmán Loera– lo secuestrara transportándolo en un avión cuya propiedad se atribuye el FBI (Buró Federal de Investigaciones), para entregárselo a las autoridades estadounidenses y, tras aceptar su culpabilidad en delitos de narcotráfico, el 20 de julio Zambada fue sentenciado a cadena perpetua y a que le decomisen 15 mil millones de dólares.

Su defensa ya había adelantado que Zambada se declararía culpable y aceptaría la sentencia del Juez Brian Cogan (el mismo que procesó a Joaquín Guzmán Loera y a Genaro García Luna) para no ir a juicio y que le permitiera cumplir su condena en un centro penitenciario con atención médica, en lugar de una prisión de máxima seguridad.

Si se considera el tiempo en que "El Mayo" Zambada se mantuvo activo en el narcotráfico, desde sus 16 años de edad (nació en 1948), se volvió más poderoso que cualquier otro narcotraficante, incluso más que el colombiano Pablo Escobar, quien estuvo 23 años en el narcotráfico, de los años setenta a 1993, cuando fue abatido en su tiempo como prófugo.

Para Zambada trabajaron delincuentes como Guzmán Loera, los hermanos Beltrán Leyva y muchos otros narcotraficantes.

Usando los alias de Gerónimo López Landeros, Javier Hernández García, Mario Zambada García, mantuvo un bajo perfil, por lo que generó enorme revuelo mediático la publicación de la entrevista que le hizo el periodista Julio Scherer García, que se publicó en abril de 2010 en la revista Proceso.

Relató el periodista que el encuentro tuvo lugar en la sierra, en una construcción rústica edificada sobre una superficie de tierra apisonada, y bajo un techo de troncos y bejucos. “Me quedó claro que el cobertizo había sido levantado con el propósito de que el capo y su gente pudieran abandonarlo al primer signo de alarma”, escribió.

Aquella reunión ocurrió meses después de que Vicente Zambada Niebla, "El Vicentillo", fuera extraditado a Estados Unidos, tras permanecer por un tiempo en un penal de máxima seguridad. Al respecto Scherer, le preguntó:

“–¿Y Vicente?

–Por ahora no quiero hablar de él. No sé si está en Chicago o Nueva York. Sé que estuvo en Matamoros.

–He de preguntarle, soy lo que soy. A propósito de su hijo, ¿vive usted su extradición con remordimientos que lo destrocen en su amor de padre?

–Hoy no voy a hablar de ‘Mijo’. Lo lloro.”

Al poco tiempo de extraditado Vicente Zambada se volvería “testigo colaborador” a cambio de una pena benévola; se le determinó un decomiso de un millón 373 mil dólares. Años más tarde su medio hermano Serafín Zambada Ortíz fue detenido y se le ordenó el pago de 250 mil dólares. Contrario a "El Mayo", sus hijos como Serafín, eran asiduos a hacer en redes sociales ostentación de objetos de lujo, armas, fajos de dinero, vehículos deportivos, animales exóticos.

Desde hace por lo menos 20 años, el Departamento del Tesoro fue identificando activos mediante los cuales Ismael Zambada a través de sus familiares, de testaferros, socios y operadores han lavado parte de las ganancias criminales, negocios de todo tipo, de todo giro comercial: ranchos, centros comerciales, empresas del sector ganadero, de producción de leche, agrícola, comercializadoras, constructoras, autotransporte, gasolineras, parques acuáticos, y hasta una estancia infantil.

Para las autoridades estadounidenses siempre ha sido redituable extraditar narcotraficantes también, porque en los procedimientos ya sea mediante juicio o las negociaciones directas que realizan con integrantes de las organizaciones criminales, les incautan parte de esas fortunas que acumularon mediante negocios ilícitos.

Como decomisos, multas o “reparación del daño” catalogan lo que van obtenido de capos que procesan bajo un sistema de justicia en el que los criminales pueden tener beneficios si “colaboran” en los términos que las agencias y fiscales estadounidenses deciden.

El monto que se determinó como el decomiso que buscan obtener de "El Mayo", sería el más alto hasta ahora para un narcotraficante. El segundo fue el que se impuso a su compadre Joaquín Guzmán Loera, a quien se le sentenció a pagar 12 mil 600 millones de dólares.

En el caso de Ovidio Guzmán López, extraditado en 2023, al poco tiempo su extradición comenzó a negociar con las autoridades estadounidenses para volverse testigo colaborador a cambio de penas benévolas.

Se declaró culpable de cargos de conspiración de tráfico de drogas y que, tras el arresto y posterior extradición de su padre, él y sus tres hermanos –Iván Archivaldo, Jesús Alfredo y Joaquín– conocidos como "Los Chapitos" asumieron el liderazgo del grupo criminal en la sociedad que tenían con Zambada García y otros como Damaso López.

El acuerdo de culpabilidad se formalizó en julio de 2025 y allí se estipuló un decomiso de 80 millones de dólares como reparación de daño que tendrá que hacer.

Los beneficios que la justicia estadounidense ha dado a esa facción del Cártel de Sinaloa incluyó el que se recibieran y protegieran a 17 integrantes de su familia.

Otro de los montos cuantiosos fue el que en 2017 se le determinó pagar a Alfredo Beltrán Leyva, una multa de 529 millones de dólares.

Años antes, a los hermanos Arellano Félix y a algunos de sus lugartenientes que fueron extraditados y procesados por delitos de conspiración para tráfico de drogas, crimen organizado, lavado de dinero, también se les decomisaron millones de dólares.

Benjamín Arellano Félix, alias "El Señor" o "El Min", dirigió la organización Arellano Félix o Cártel de Tijuana –en conjunto con sus hermanos Ramón, Eduardo y Francisco Javier– desde 1986.

Benjamín fue detenido en marzo de 2002 en una casa del estado de Puebla, apenas unas semanas después del asesinato de su hermano Ramón, en Sinaloa. "El Min" estuvo prenso en el Centro Federal de Readaptación Social Número 1, Altiplano, en Almoloya de Juárez, Estado de México, hasta 2011 cuando fue extraditado.

En menos de dos meses negoció admitir su culpabilidad de los delitos de lavado de dinero y asociación delictuosa a cambio de no ser enjuiciado por todas las muertes que se le imputaban. Se le sentenció a 25 años de prisión con la posibilidad de ver reducida su pena “por buen comportamiento”, y se le ordenó pagar 100 millones de dólares.

En 2007, a Francisco Javier Arellano, "El Tigrillo", se le sentenció a pagar 50 millones; él fue detenido por la Guardia Costera de Estados Unidos en agosto de 2006, cuando viajaba en su barco Doc Hollyday. El mismo monto se estipuló como sentencia a Eduardo Arellano, el último de los hermanos en ser procesado.

A sus lugarteniente los hermanos Ismael y Gilberto Higuera, se les impuso multas por cinco millones de dólares y un millón de dólares respectivamente.

Otro de los narcotraficantes que negoció con el gobierno estadounidense fue Osiel Cárdenas Guillén, líder del Cártel del Golfo, quien proporcionó información en extensas declaraciones que fueron sellados “de por vida” y pagó una multa de 50 millones de dólares.

Su hermano Mario fue extraditado en 2022 y tras declararse culpable acordó entregar 10 millones de dólares.

Mario Cárdenas Guillén junto con otros familiares de Osiel, asociados con Los Zetas conformaron el grupo criminal que llamaron La Compañía, que hizo del robo y contrabando de combustible, el huachicol, uno de sus negocios principales a nivel binacional.

En junio de 2025, a Jaime González Durán, "El Hummer", uno de Los Zetas extraditados, se le sentenció a 35 años de prisión y a pagar 792 millones de dólares. En septiembre de ese mismo año, a otro zeta extraditado: Eleazar Medina-Rojas, "El Chelelo", se le sentenció a 31 años de prisión y un decomiso de 26.5 millones de dólares.

Otros líderes de ese grupo criminal también extraditados, como los hermanos Treviño Morales están aún bajo proceso, y aún no se estipula el monto que los fiscales piden confiscarles, su audiencia está programada hasta 2028.

En el caso de Edgar Veytia, el polémico Fiscal de Nayarit apodado "El Diablo", es otro de los narcotraficantes que negoció convertirse en “testigo colaborador” a cambio de una sentencia benévola también. En 2017 fue detenido y procesado por el gobierno estadounidense por conspiración internacional para fabricación y distribución de heroína, cocaína, metanfetamina y mariguana mientras desempeñaba su cargo público en Nayarit. Se declaró culpable, se hizo testigo colaborador para que se le redujera la condena, y pagó un millón de dólares.

Así algunos de los montos que las autoridades estadounidenses han obtenido al procesar narcotraficantes extraditados.

Ahora que está reciente la sentencia en la cual el sistema de justicia de Estados Unidos valoró en 15 mil millones de dólares el monto a decomisar a Zambada, por parte del Gobierno de México también se tendrían que intensificar los procesos para que las autoridades de nuestro país puedan tener parte de esos decomisos.

Hay ya un antecedente de un caso en que por primera vez el Gobierno de México presentó en tribunales de Estados Unidos demandas para recuperar activos relacionados con el esquema de corrupción del narcotraficante Genaro García Luna, el Secretario de Seguridad del Gabinete de Felipe Calderón.

En septiembre de 2021, el Estado mexicano a través de la Unidad de Inteligencia Financiera presentó en cortes de Florida el caso contra García Luna, su esposa Linda Cristina Pereyra, y sus socios y operadores de una red de corrupción y lavado de dinero.

Tras un litigio de casi cuatro año, se dictó la primer sentencia favorable para el Estado mexicano: en mayo de 2025 el tribunal de Florida condenó a García Luna y Linda Pereyra a pagar 2448 millones de dólares. Como parte de la sentencia algunos de los activos le han sido incautados, pero apenas cubren una parte de los montos, así que se tendrán que seguirse rastreando e identificando los activos a nombre de García Luna, de su esposa o de sus testaferros para proceder a su incautación.

Una segunda resolución se emitió en mayo de este año, en esa sentencia se determinó que la familia Weinberg, socios contratistas de García Luna, deben resarcir al Estado Mexicano 578.5 millones de dólares.

En el caso de Zambada y su organización criminal, los decomisos podrían derivarse además de las investigaciones que la Fiscalía General de la República (FGR) tiene abiertas contra el narcotraficante; son 32 carpetas de investigación, según informó la Fiscalía recientemente.

De manera que tendrían que identificarse todos los activos que el grupo criminal ha operado mediante familiares y testaferros, para proceder a las incautaciones.

La incautación de activos y la extinción de dominio son herramientas legales esenciales para desmantelar las finanzas del crimen organizado. Su aplicación permite al Estado confiscar bienes ilícitos y redirigir esos recursos hacia fines públicos y sociales, como una manera también de resarcirle a la sociedad los daños provocados por esos grupos mafiosos.

Universidades del capitalismo en crisis

Fernando Buen Abad

No está la revolución de las conciencias en las aulas. Si no fuese por los bastiones críticos, la crisis de la educación quedaría invisibilizada. La crisis de la educación no comenzó con el deterioro de los edificios escolares ni con la insuficiencia presupuestaria, aunque ambas expresiones la delatan. Tampoco nació con la digitalización acelerada de los procesos pedagógicos ni con la mercantilización obscena del conocimiento. Su raíz más profunda consiste en el intento sistemático de domesticar la conciencia humana para convertir el aprendizaje en obediencia y la inteligencia en simple destreza funcional al mercado. Si no fuese por los bastiones críticos que aún resisten en las aulas, en las universidades públicas, en las bibliotecas, en los colectivos pedagógicos, en las comunidades indígenas, campesinas y populares, esta crisis habría quedado completamente invisibilizada bajo la propaganda de una supuesta modernización educativa que confunde innovación con rentabilidad y calidad con estandarización.

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Toda universidad que aspire a llamarse dignamente así debe comparecer, en esta hora, ante el tribunal de la conciencia social y responder la pregunta: ¿para qué existe? Ya no basta la venerable antigüedad de algunos de sus “claustros”, la magnificencia de sus edificios, el número de sus graduados ni la prolijidad de sus reglamentos. La crisis que envuelve a la civilización contemporánea, nacida del desastre belicista del capitalismo hasta sus formas más macabras y contradictorias, ha colocado a toda institución del saber frente a una exigencia que no admite evasivas. Allí donde la vida se reduce a mercancía, donde el trabajo humano se separa de su dignidad, donde la naturaleza se trata como cantera inagotable y el espíritu es distraído por el estruendo del consumo, la universidad no puede continuar hablándose a sí misma en el lenguaje apacible de no pocas rutinas académicas. Debe justificar su existencia no por aquello que conserva, sino por aquello que transforma.

Están infestadas por la corrupción de la ideología de la clase dominante. La verdadera cultura jamás ha consistido en la acumulación de conocimientos muertos, del mismo modo que un bosque no vive por el número de sus árboles caídos. Todo saber auténtico participa del movimiento interior de la vida, de esa fuerza que convierte la observación en comprensión, la comprensión en juicio y el juicio en acción. Cuando el conocimiento se limita a reproducir las condiciones del orden existente, abandona su vocación creadora para convertirse en simple administración de lo impuesto. Entonces las aulas dejan de ser talleres del espíritu y se convierten en fábricas ideológicas (falsa conciencia) refinadas, donde se pulen inteligencias destinadas a servir con mayor eficacia a los mecanismos que producen desigualdad, devastación y desencanto.

No existe neutralidad allí donde el destino de pueblos enteros es decidido por fuerzas económicas que subordinan la política, la ciencia y hasta la imaginación a la lógica del beneficio. Pretender que la universidad permanezca suspendida sobre semejante conflicto equivale a exigir al navegante que contemple serenamente la tormenta mientras el barco hace agua. Toda abstención es ya una forma de elección. Todo silencio prolongado termina pronunciando el discurso del poder que domina. Por ello, la universidad no puede refugiarse en la ilusión de una objetividad desprovista de responsabilidad histórica. Su misión consiste precisamente en iluminar las relaciones ocultas entre los fenómenos, descubrir las contradicciones que el sentido común acepta como inevitables y devolver a la inteligencia su capacidad de imaginar aquello que todavía no existe. Sin mercenarios del aula. 

Tal tarea exige también una profunda transformación interior. Ninguna institución puede ofrecer al mundo una claridad que ella misma no cultive. Si el cálculo burocrático reemplaza al entusiasmo por la verdad, si la competencia sofoca la cooperación, si la producción mecánica de indicadores sustituye la lenta maduración del pensamiento, entonces la universidad habrá aceptado la misma lógica que pretende estudiar críticamente. Se volverá espejo de aquello que debía cuestionar. El espíritu científico perderá su razón de ser social cuando olvide que toda medición adquiere sentido únicamente en relación con la vida humana y que ninguna excelencia estadística puede compensar la renuncia al juicio moral transformador.

Y la historia enseña que las épocas más fecundas nacieron cuando el saber dialogó con las necesidades profundas de su tiempo. Las grandes obras del pensamiento jamás fueron simples ejercicios de erudición, fueron respuestas apasionadas a las preguntas esenciales de los pueblos. También hoy la universidad está llamada a escuchar el clamor de una humanidad desgarrada por guerras, migraciones forzadas, pobreza persistente, devastación ecológica y soledades multiplicadas bajo el brillo engañoso de las tecnologías más sofisticadas. Sería una amarga ironía que el perfeccionamiento de los instrumentos coincidiera con el empobrecimiento del sentido. La inteligencia técnica alcanza alturas admirables, mientras la sabiduría necesaria para orientar sus consecuencias parece retroceder con inquietante rapidez.

Justificar la existencia universitaria significa, por tanto, demostrar que el conocimiento puede convertirse en fuerza emancipadora y no únicamente en recurso productivo burgués. Significa formar mujeres y hombres capaces de pensar más allá de las conveniencias inmediatas, de reconocer en cada ser humano un fin y nunca un instrumento, de comprender que la riqueza de una sociedad no se mide exclusivamente por el volumen de sus mercancías, se mide por la amplitud de su justicia. La profundidad transformadora de su cultura y la dignidad con que protege la vida común. Allí donde la educación superior renuncia a esta responsabilidad, deja un vacío que pronto será ocupado por los intereses más poderosos del mercado, para quienes la verdad vale solamente mientras produzca rentabilidad.

Quizá ninguna generación anterior haya recibido una tarea tan ardua. Sin embargo, precisamente en las horas de mayor incertidumbre se revela la verdadera estatura de las instituciones. Así también la universidad debe mostrar ahora la razón íntima de su permanencia. No como santuario de privilegios, ni como oficina de certificaciones, ni como elegante ornamento de las naciones, sino como conciencia crítica de la sociedad, laboratorio de futuros posibles y hogar donde el pensamiento aprende nuevamente a reconciliar la libertad con la responsabilidad, la razón con la sensibilidad y el conocimiento con la esperanza. Sólo entonces podrá afirmar, sin rubor y con legítima grandeza, que su existencia constituye una necesidad para la humanidad y no apenas una costumbre heredada de otros tiempos.

Y la UNESCO estima que más de 250 millones de niñas, niños y jóvenes permanecen fuera de la escuela, mientras cientos de millones adicionales asisten a instituciones incapaces de garantizar aprendizajes fundamentales. En América Latina persisten profundas desigualdades: los niveles de abandono escolar, las brechas tecnológicas y las diferencias territoriales revelan que la educación continúa reproduciendo, antes que superar, las estructuras históricas de exclusión. A ello se suma un fenómeno silencioso: el debilitamiento del pensamiento crítico. Allí donde disminuye la capacidad para preguntar, aumenta la facilidad para manipular. Allí donde se castiga la imaginación, prospera el conformismo. Allí donde la historia deja de explicarse como conflicto social, el presente aparece como destino inevitable.

Sin embargo, toda época fabrica también sus antídotos. En cada generación emergen maestras y maestros cuya vocación rebasa los programas oficiales. Son mujeres y hombres que enseñan a leer el mundo antes que memorizarlo, que convierten la duda en herramienta de conocimiento y la solidaridad en método de aprendizaje. Ellos constituyen los bastiones críticos de nuestro tiempo. No representan una élite ilustrada separada del pueblo. Son parte viva de la comunidad que aprende enseñando y enseña aprendiendo. Su tarea cotidiana desafía el fatalismo porque demuestra que cada conciencia emancipada multiplica la posibilidad de transformar muchas otras.

Entonces la revolución de las conciencias no puede reducirse a un cambio de contenidos curriculares. Exige modificar las relaciones sociales que producen ignorancia organizada. Ningún libro, por extraordinario que sea, sustituye la experiencia colectiva de pensar en libertad. Ninguna plataforma tecnológica reemplaza el diálogo vivo entre quienes construyen conocimiento desde la cooperación. Ningún algoritmo posee la sensibilidad ética necesaria para reconocer el sufrimiento humano ni la esperanza compartida. La inteligencia artificial, los recursos digitales y las nuevas tecnologías sólo adquieren sentido emancipador cuando permanecen subordinados al desarrollo pleno de la persona y de la comunidad, jamás cuando sustituyen el juicio crítico o convierten la educación en una mercancía administrada por monopolios tecnológicos.

Porque el aula constituye uno de los pocos espacios donde todavía resulta posible interrumpir la reproducción automática de la ideología dominante. Allí una pregunta bien formulada puede desestabilizar siglos de prejuicios. Allí una lectura compartida puede revelar que la pobreza no es fracaso individual, es consecuencia de relaciones históricas de explotación. Allí una conversación honesta puede desmontar el racismo, el patriarcado, el colonialismo y todas las formas de opresión que pretenden presentarse como naturales. La conciencia crítica jamás florece en el aislamiento. Nace del encuentro, del debate riguroso, del respeto mutuo y de la voluntad colectiva para comprender la realidad con el propósito de transformarla.

En México, donde la tradición pedagógica ha dialogado con las luchas populares y las experiencias comunitarias de innumerables educadores anónimos, la defensa de la escuela pública conserva un significado profundamente humanista. Defenderla significa proteger el derecho del pueblo a pensar con autonomía. Significa impedir que el conocimiento se privatice como si perteneciera a una minoría privilegiada. Significa reconocer que la cultura constituye un patrimonio común cuya riqueza aumenta cuantas más personas participan de ella. Ninguna nación alcanza soberanía verdadera cuando entrega la formación intelectual de sus nuevas generaciones a los intereses del lucro.

Toda revolución auténtica comienza por transformar la manera en la que las personas interpretan su propia existencia. Las grandes conquistas sociales fueron precedidas por revoluciones invisibles que ocurrieron primero en la conciencia colectiva. Cada estudiante que descubre la dignidad de preguntar inaugura una posibilidad histórica. Cada docente que rechaza la resignación fortalece el horizonte democrático. Cada comunidad que convierte la educación en asunto común abre una grieta luminosa en el muro de las desigualdades. La revolución de las conciencias en las aulas no constituye una consigna romántica. 

Es una necesidad histórica. Mientras existan bastiones críticos capaces de defender el pensamiento libre, la educación seguirá siendo el territorio donde la humanidad ensaya sus formas más altas de emancipación. Allí se prepara la derrota del miedo, del dogma y de la indiferencia. Allí comienza la construcción de una sociedad cuyo porvenir no dependa de la obediencia, sino de la inteligencia organizada, de la solidaridad consciente y de la voluntad revolucionaria de un pueblo que decide aprender para transformar el mundo.

Y la batalla decisiva por el sentido no se libra únicamente en los parlamentos, en los mercados financieros o en los laboratorios donde se patentan las tecnologías que reorganizan la vida cotidiana. Se libra, con una intensidad menos visible, aunque más profunda, en el territorio donde cada ser humano aprende a nombrar la realidad. Quien controla el lenguaje administra también el horizonte de lo imaginable; quien empobrece el vocabulario crítico estrecha la capacidad de discernir entre la justicia y el privilegio, entre la verdad y la propaganda. Por eso la educación constituye el espacio estratégico de toda emancipación histórica. Sólo así la revolución de las conciencias encontrará su mayor fortaleza cuando la escuela deje de contemplarse como una institución aislada y se reconozca como el corazón cultural de la comunidad organizada. Allí deberán encontrarse el saber científico y la memoria popular, la creación artística y el trabajo productivo, la investigación rigurosa y la experiencia cotidiana de los pueblos. Ninguna transformación será duradera mientras el conocimiento permanezca fragmentado entre especialistas desconectados de las necesidades colectivas. La pedagogía del porvenir habrá de reconstruir esa unidad fecunda entre pensamiento y acción, entre sensibilidad y razón, entre ética y práctica social, hasta hacer de cada aula un laboratorio de democracia viva donde la inteligencia colectiva aprenda a producir, junto con conocimientos nuevos, sujetos históricos capaces de convertir la esperanza en organización y la organización en fuerza material para emancipar a la humanidad.

Autor: Fernando Buen Abad

Trump, víctima de su endiosamiento

Carlos Fazio

Desde el inicio de la guerra de agresión de Estados Unidos e Israel contra Irán el 28 de febrero pasado, lanzada a traición y con perfidia mientras Washington y Teherán sostenían negociaciones en materia nuclear, el conflicto ha pasado por distintas fases y se ha fragmentado y expandido por todo Medio Oriente. Instigado por el criminal de guerra y prófugo de la justicia internacional, Benjamin Netanyahu, inicialmente Donald Trump abordó el ataque furtivo de decapitación y pavor desde una lógica transaccional y estética: bombardear, obtener la imagen del colapso iraní y retirarse en un par de días (una réplica de la operación Nueva Venezuela). Sin embargo, a pesar de la violencia sin límites –la destrucción de infraestructura crítica de uso dual y del asesinato cupular selectivo del ayatollah Alí Khamenei y de un grupo de generales y científicos nucleares, y de al menos 200 civiles muertos y 750 heridos– no hubo cambio de régimen ni capitulación. Al contrario, Irán contratacó y, desde entonces, mediante una disciplinada, metódica y milimétricamente precisa guerra asimétrica de desgaste, que golpeó y “cegó” las sofisticadas bases militares (y paramilitares) y los nodos de inteligencia y comunicaciones del Comando Central (CentCom) del Pentágono en el teatro de operaciones del golfo Pérsico (Kuwait, Baréin, Qatar, Emiratos Árabes, Jordania y el Kurdistán), ha marcado el ritmo de la guerra y socavado el mito de la proyección de poder estadunidense.

Para disimular el fracaso de esos objetivos primarios, y en un intento desesperado por justificar los costos materiales de la operación –después de haber vociferado una docena de veces la destrucción total del ejército y la capacidad de defensa iraníes–, en una segunda fase, Trump y su alto mando militar esgrimieron nuevos propósitos: destruir la infraestructura nuclear, el programa misilístico y el apoyo de Irán al Eje de la Resistencia. No cumplieron ninguno de sus objetivos. Entonces, con the Boss Trump fúrico, debilitado y con su popularidad a la baja en Estados Unidos, su equipo de pérfidos simuladores sionistas (su yerno Jared Kushner y Steve Witkoff) solicitó a mediadores paquistaníes y cataríes reabrir las conversaciones. Esa tercera fase concluyó con la firma teatral del “Memorando de Entendimiento de Islamabad” por Trump en Versalles, otra maniobra para convertir en arma el alto el fuego, a fin de ganar tiempo y calmar los mercados de hidrocarburos, bonos y fertilizantes. Amén de que Israel lo saboteó, recrudeciendo su política de tierra arrasada, limpieza étnica y castigo colectivo en Gaza, Cisjordania y Líbano ocupados.

La cuarta fase del conflicto inició el 12 de julio, cuando, con el único objetivo de intentar reabrir el tráfico de buques por el estrecho de Ormuz –controlado por Teherán y que asfixiaba el flujo energético global–, Trump ordenó ataques aero-navales en estados costeros del sur iraní. En ejercicio de su derecho a la legítima defensa, Irán respondió con una serie de acciones de retaliación proporcionales, que diezmaron la arquitectura estadunidense de radares y defensa aérea construida durante décadas por el Pentágono en Asia Occidental: el sistema de radares de alerta temprana en Kuwait; el sistema de defensa aérea Patriot en Baréin, asiento de la quinta flota de la armada de Estados Unidos; el cuartel general del CentCom en Qatar; los radares de defensa antimisiles en Jordania; el sistema de control marítimo en Omán, y la base de apoyo para operaciones de inteligencia en Erbil, en el Kurdistán iraquí. Entre los días 21 y 24 de julio, los ataques punitivos de precisión contra esos activos estratégicos de alto valor, alcanzaron también depósitos de combustible y municiones, almacenes y grandes hangares de equipos militares, y alojamientos de tropas y mercenarios al servicio de Estados Unidos, con saldo de varios muertos y heridos. También fue impactada la infraestructura de datos y computación en la nube de Amazon en Baréin, que daba soporte a las operaciones del Pentágono en el área.

El 25 de julio, tras 13 noches de ataques ininterrumpidos, la maquinaria militar imperial se detuvo. La estrategia iraní de “disuasión mediante represalias” logró frenar a Estados Unidos. Ese día, en Washington, el comandante del CentCom, almirante Brad Cooper, aconsejó parar la campaña de bombardeos si no estaba preparada una invasión terrestre a gran escala. Y después de meses de operaciones continuas, el Pentágono informó que junto a la merma de la reserva estratégica de petróleo, también se estaban agotando los misiles de largo alcance Tomahawk y los sistemas interceptores Patriot y THAAD. Ante ese cuello de botella crítico, y para administrar el desgaste, EU apeló a una estrategia de fragmentación de frentes. Tras firmar un acuerdo de seguridad y cooperación tecnológica con Riad, el mismo 25 de julio, a través de Arabia Saudita, Estados Unidos activó el flanco sur para “entretener” al enemigo asimétrico más impredecible: los hutíes de Ansarolá, en Yemen. ¿Objetivo? Desatar el proclamado “bloqueo por bloqueo” yemení hacia los puertos y la infraestructura energética saudí, desviando salvas que de otro modo irían dirigidas hacia los buques de guerra de Estados Unidos en el estrecho de Bab el-Mandeh o a Israel. Una estrategia peligrosa: drones y misiles hutíes impactaron varias instalaciones de Aramco, la petrolera más grande del mundo.

El miércoles 29, un dron alcanzó el buque de almacenamiento y regasificación Energos Winter, de propiedad estadunidense, en el puerto de Damieta, Egipto, y Trump prometió “golpear muy fuerte” a Irán. Dijo: “Es nuestro turno”. Irán negó la autoría y alertó sobre una operación de bandera falsa israelí. Un día después, una bomba Mark 84 de una tonelada impactó una zona residencial en la isla iraní de Qeshm, matando a una familia, incluido un niño. En represalia, Irán atacó la base aérea Al Azraq de Estados Unidos en Jordania. Saldo: tres oficiales estadunidenses muertos y varios cazas F-35 destruidos. El ciclo de violencia se renueva y sigue latente.

Genocidios

Fabrizio Mejía Madrid

Muchas de las parejas palestinas que congelaron embriones de sus futuros hijos en el centro de fertilidad Al Bashma habían empeñado joyas y objetos familiares para pagar por el procedimiento. Luego, comenzó la ocupación israelí de lo que les quedaba: una pequeña franja en la orilla del mar.

Cuando el proceso de genocidio comienza, uno de los principales blancos es la descendencia, que arraiga el pasado con el futuro. Un genocidio no es un evento, sino todo un proceso de exterminio que incluye romper con la continuidad en el tiempo. Desde octubre de 2023, los militares israelíes cercaron las calles que comunicaban a este centro de salud reproductiva que cobijaba a la mayoría de los embriones congelados de Gaza. Luego, le cortaron la luz a los demás centros donde aguardaban los embriones para ser implantados en las mujeres.

Al final, en diciembre de 2023, simplemente bombardearon el centro de fertilidad Al Bashma. Exterminaron 5 mil posibles palestinos con una bomba que dio exactamente en el laboratorio de embriología volando los tanques con nitrógeno líquido. “Eran los sueños de muchas parejas, que esperaron durante años, que sufrieron procedimientos dolorosos, y que prendieron con alfileres sus esperanzas a esos tanques que finalmente explotaron”, declaró a la BBC el director del centro Al Basma, el doctor Baha Ghalayini.

Durante los siguientes meses, nueve de los diez centros de fertilidad en Gaza fueron bombardeados. Israel mantuvo su dicho: albergaban terroristas. Al menos 545 mil mujeres quedaron sin atención a sus embarazos o partos por la destrucción de los hospitales palestinos. La tasa de natalidad bajó 41 por ciento en 2025, comparada con los tres años anteriores. No fue sólo por la guerra, sino porque el bloqueo de comida y medicamentos trajo una cifra altísima de abortos espontáneos producto de la desnutrición y falta de atención prenatal, porque 94 por ciento de los hospitales en Gaza han sido destruidos por los bombardeos de Israel: en el último semestre de 2025 fueron mil 197 abortos gestacionales, pero en el primero de este año alcanzaron 3 mil 950. Son datos de la Agencia de la ONU para los Refugiados Palestinos, todavía no completados por el bloqueo de la comunicación con el país ocupado. Han muerto 20 mil 400 niños y niñas, 44 mil han quedado mutilados y 58 mil han perdido a sus padres.

En 1994, los hutus de Ruanda formaron batallones de violación sexual y para esparcir el VIH entre las mujeres tutsis. Fueron violadas 250 mil mujeres y 65 por ciento de ellas fueron contagiadas. A sus hijos se les llama “los niños del mal recuerdo” y presentan alteraciones genéticas por el estrés que sufrieron sus madres. Son hijos de asesinos y viven ahora –son cerca de 20 mil– marginados de la Ruanda del postgenocidio. Los hutus consideraron blancos militares a las mujeres embarazadas y a los niños y niñas. Los batallones llamados “los que matan juntos” fueron los encargados de ese genocidio que ocurrió en las carreteras, los sótanos, y los hospitales. Cerca de 44 por ciento de los cuerpos recuperados en fosas comunes eran de niños y niñas. La Radio Televisión Libre Des mille Collines les daba las direcciones de las mujeres embarazadas, y de niñas y niños escondidos de sus agresores. Eran delatados en vivo y, luego, ejecutados con machetes.

La etnia tutsi había sido inventada por los colonialistas belgas con base en la estatura y la forma de la nariz. Cuando esto no era posible como diferenciador, la división se hacía por el número de vacas que poseían: más de 10 debían de ser tutsis, que los belgas consideraban la raza “superior”. Con esa división implementaron de 1931 a 1933 los primeros documentos de identidad con la etnia hutu o tutsi registrada en distintos colores, lo que eliminó los matrimonios mixtos e hizo a los hijos herederos de esa clasificación arbitraria. Para la mirada colonial belga, los hutus siempre fueron inferiores porque sólo eran agricultores pobres, mientras que los tutsis eran los ganaderos, que no es que fueran ricos, pero sí con mayores ingresos que sus contrapartes. Así, la lucha de clases la enmarcó la Corona de Bélgica en una división entre “razas” creada por la supremacía blanca de siempre.

En los mismos años en que los belgas invasores inventaron los carnets de etnicidad en el Congo, los nazis en Alemania instauraron la Ley de Restauración de la Función Pública (1933) que impedía que los no-arios formaran parte del Estado, de las escuelas, o que pudieran ser ciudadanos. Los embriones de las parejas judías eran considerados por los nazis como “amenazas biológicas” que contaminaban el legado genético ario. Cuando las mujeres visiblemente embarazadas llegaban a los campos de exterminio, se les mandaba ejecutar bajo el lema: “no apta para el trabajo”. Si una mujer llegaba con un bebé de brazos se les enviaba a ambos a las cámaras de gas, inmediatamente. Embarazarse era una sentencia de muerte o, peor, si caían en manos de Josef Mengele o de Carl Clauberg, quienes realizaban experimentos de desnutrición y analizaban los fetos sin anestesia de ningún tipo.

La historia del genocidio se muerde la cola en Israel. No tiene caso, como pretende ahora la revista Nexos, considerar siquiera debatir un asunto que es real, material, y una verdad establecida por organismos de derechos humanos, intelectuales del mundo –entre ellos, muchos judíos– y una demanda de 60 países –entre ellos, México– en la Corte Internacional.

Con las imágenes en tiempo real en los teléfonos inteligentes, Gaza es un Auschwitz en directo. Ese genocidio es una verdad, no es una opinión. Como también es real que el genocidio es la parte actuante de todo supremacismo blanco. Incluso en el caso de Ruanda, se trata de una herencia rastreable al continente de los derechos humanos, sólo para algunos humanos: Europa Occidental. Como los hutus, los sionistas se cobijan en la justificación de las atrocidades que los judíos han pagado para cometer la misma atrocidad años después: hasta los embriones de una “raza” son una amenaza terrorista. Pero judíos como David Grossman, Judith Butler, Omer Bartov, Raz Segal, y Samuel Lederman, un experto en el Holocausto, han asegurado que es genocidio lo que Israel comete en Gaza. Pero se trata del supremacismo blanco que llamamos “racismo” y que es un sistema de poder. Represalias masivas e indiscriminadas contra poblaciones que deben de ser extinguidas por la fuerza y el terror porque no se concibe la propia existencia con ellos al lado. Y esa es su verdad.

La IA alucina, pero no imagina

Beñat Zaldua

Hace un año, el primer ministro sueco, Ulf Kristersson, recibió contundentes críticas tras reconocer que utilizaba “con bastante frecuencia” herramientas de inteligencia artificial (IA) a la hora de tomar decisiones. Las principales críticas, al margen de la publicidad gratuita ofrecida a algunas plataformas, fueron dos. La primera tenía que ver con la seguridad. ¿Qué clase de información estaba compartiendo el dirigente conservador con una empresa privada como ChatGPT? En la medida en que la IA aprende con nuestras propias preguntas, ¿incorporaría la información de Kristersson en respuestas futuras a otros usuarios? La segunda tenía que ver con los errores y los sesgos asociados a la inteligencia artificial. No es una máquina neutral ni infalible, hay aspectos en los que falla más que una escopeta de feria, por lo que supeditar decisiones gubernamentales a sus respuestas tiene sus peligros.

En agosto de 2025 ignoré consciente y activamente la polémica. En parte por una pereza innata hacia todo lo que tiene que ver con la IA, y en parte porque las críticas no me parecieron excesivamente trabajadas. Si EU tuvo pinchado durante años el teléfono de la canciller alemana Angela Merkel, y el rey de Marruecos tuvo acceso, como parece, al del presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, no creo que las consultas que un mandatario haga a la IA constituyan semejante peligro. Y sobre los errores de la inteligencia artificial, el trabajo del gobernante es, a menudo, decidir entre diferentes opciones presentadas por sus colaboradores. Con consulta a la IA o sin ella, la decisión seguía siendo humana, pensé.

Así, de entrada, no me gusta la inteligencia artificial. La uso en el trabajo, como si de un buscador avanzado se tratara, pero le sigo pidiendo las cosas “por favor”, lo cual a estas alturas creo que es más signo de estupidez que de educación. Se me cae el alma a los pies cada vez que me toca editar un artículo manifiestamente creado con IA; son textos-barbie, perfectos por fuera, huecos por dentro. Con lo bonito y útil que es el error. Sé que ha venido para quedarse y que va a cambiar muchas cosas, algunas de ellas para bien. Hacerle frente con las armas del ludismo me parece la mejor forma de comprar billetes para el fracaso, pero echo de menos críticas constructivas y comprensibles a la irrupción de la IA. Entre el optimismo ciego y la crítica a cualquier precio debería haber algún punto medio. Un poco de finura entre tanta brocha gorda.

La he encontrado, en el ámbito de las políticas públicas, en un artículo académico publicado este mes de julio en la Revista Española de Ciencia Política. Se llama ‘‘La irrupción de la inteligencia artificial en la decisión pública’’ y está firmado por el catedrático y ex ministro de Universidades Joan Subirats, por Marta Cruells y por Jaume Blasco.

En el texto, los autores consideran que la entrada de sistemas avanzados de IA en ámbitos gubernamentales y administrativos está empezando a reorganizar “la naturaleza misma de la decisión pública”, y no en la mejor de las direcciones, ya que puede comprometer la legitimidad democrática de un sistema y los derechos de la ciudadanía. ¿Cómo? Básicamente de dos maneras. Por un lado, afectando a la evidencia científica que sirve para tomar decisiones políticas, reforzando la engañosa idea tecnocrática de un gobierno de expertos –¿qué sería entonces de la política que tanto nos entretiene?–. Por otro, asumiendo el papel de decisor en una administración, por ejemplo a la hora de adjudicar ayudas o pensiones, un ámbito en el que el diseño –opaco y con sesgos– de la IA condiciona el resultado, sin que los afectados puedan acudir a alguna ventanilla a protestar. “La discrecionalidad no desaparece con la automatización, sino que migra, a menudo, fuera del alcance de los mecanismos de control democrático”, dicen en el artículo.

“La doble presencia de la IA, como productor de conocimiento y como apoyo o sustituto del decisor, multiplica las preguntas democráticas sobre legitimidad y responsabilidad”, añaden los autores, que no obstante reconocen que “la IA ofrece también oportunidades reales para mejorar la decisión pública”. Pero subrayan que su incorporación a una administración “requiere garantías sustantivamente más robustas que las disponibles hoy”.

El artículo es de acceso libre para todo aquel que quiera algo de finura en la crítica a la IA. A mí me ha servido para ordenar ideas y confirmar académicamente algunas prevenciones hacia estos algoritmos predictivos. El principal tiene que ver quizá con nuestra capacidad de innovar políticamente, de imaginar y disputar futuros mejores. Helga Nowotny ha estudiado esto. La IA aprende del pasado, por lo que a la hora de tomar decisiones, siempre parte de los patrones que han dado forma al presente, cayendo en una forma de determinismo políticamente nefasto. Nos interesa la política exactamente para lo contrario. La IA, por lo tanto, tiene respuestas viejas para preguntas nuevas, cuando a veces, lo que necesitamos son respuestas nuevas a preguntas viejas.

Verdad, opinión, creencia, propaganda

Fabrizio Mejía Madrid

"La idea es que se rebaje la verdad al nivel de propaganda, es decir, la construcción de la realidad a favor del miedo". 

En la consulta sobre el derecho de las audiencias a contar con defensorías y códigos de ética en tele y radio, verdad, opinión, creencia, y propaganda se confunden interesadamente para hacer pasar una por la otra y alegar censura. Dos debates anzuelo captaron la atención esta semana: que la revista Nexos publique que el genocidio en Gaza no es un genocidio, y que Reforma sostenga, a través de Sarmiento, que quien tiene que demostrar que no es

narcogobierno es la 4T o el INE y no "Alito" Moreno que es quien lo asegura. Ambos anzuelos se desbaratan fácilmente cuando sabemos que una verdad no es una opinión, ni esta es propaganda, no todas son creencias. Esta columna trata de eso. Bienvenidos de vuelta al mundo de la verdad.

Se puede empezar sólo definiendo las cosas: verdad son las evidencias y hechos que se sostienen en la realidad; la opinión es un juicio o un gusto o disgusto personal; la creencia es una fe que te da seguridad; la propaganda son anuncios que pretenden influir en tus acciones. Pongamos un ejemplo de la vida cotidiana. Una verdad es que el planeta Tierra es redondo, achatado en los polos. Una opinión es que yo veo que la Tierra se extiende en línea

recta. La creencia es que la Tierra es plana. La propaganda es que si crees que el planeta es redondo te han manipulado y creciste sin criterio propio. Veamos, ahora, un ejemplo del derecho a la salud. La verdad es que las vacunas producen inmunidad contra ciertas enfermedades. Una opinión es que no te gusta que se las pongan a tus hijos. La creencia es que producen autismo. La propaganda es que te inyectan un robot microscópico que te hará un zombie manipulable. Ahora pongamos un ejemplo político. Una verdad es que los programas sociales llegan a 42 millones de mexicanos. Una opinión es que quienes los reciben deberían de hacer algo para merecerlos. La creencia es que el mercado libre debería de regular todo y que el único papel del Estado debería servir de policía; propaganda es que si la 4T sigue en el gobierno, se va a acabar todo el dinero que pagamos de impuestos, se endeudará al país, y México será Venezuela. Está clara la diferencia entre lo que sucede en la realidad y los juicios y arrebatos que no cambian estas realidades: la Tierra sigue siendo redonda, las vacunas nos ayudan a producir los anti-cuerpos para defendernos mejor de ciertas enfermedades, y que los programas sociales benefician a 42 millones de mexicanos, independientemente de que te guste, no lo creas o te den miedo. El gusto o el asco determinan nuestras opiniones y sesgos para tomar ciertos datos y arreglarlos con respecto a ellos. Nuestras creencias dependen, más bien, de que nos hace sentido y nos da certidumbres. Y la propaganda siempre se basará en el miedo a lo que vaya a ocurrir. La opinión es personal. La creencia es interior. La propaganda es exterior. Sólo la verdad está compuesta de datos, eventos, dichos, y predicciones que todos podemos verificar. En ese sentido es universal y decimos que es colectiva.

En la disputa por las defensorías de las audiencias y los códigos de ética, a los medios de radio y televisión les conviene que no se haga la diferencia entre verdad, opinión, creencia y propaganda porque sólo así podrían hacer pasar todo su revoltijo de conceptos tergiversados, hechos y dichos sin validar, y predicciones fallidas como parte de una supuesta libertad de expresión. Por eso, como dijo célebremente Raymundo Rivapalacio: “La verdad ya es irrelevante”. Sólo así se puede afirmar, como hizo Enrique Krauze, que “a partir de 2024, México será una monarquía”. Se tergiversa el concepto: a pesar de que una monarquía se refiere a la existencia de un rey en el poder, cuya descendencia es la forma de sucesión, digo que México lo será porque me da mi gana. El dicho no se valida con ninguna semejanza entre la democracia en la que votan 36 millones de mexicanos por la izquierda y el dicho del ingeniero Krauze de la monarquía. Y la predicción es fallida porque, en realidad, es propaganda, es decir, se basa en el miedo a lo que va a ocurrir y no en algo que realmente está en marcha en el presente. Es curioso cómo a una conferencia de prensa como La Mañanera se le acuse de propaganda cuando, en realidad, está plagada de datos, hechos, testimonios y hasta denuncias de parte de los reporteros que asisten, los secretariuos de Estado que exponen, y lo que comenta la Presidenta de la República. Y es que decir que La Mañanera es propaganda es una opinión, una creencia, o propaganda, pero no es verdad. Quien así lo sostiene, como Héctor Aguilar Camín, también confesó por escrito jamás haber visto una de esas conferencias a las que calificó de propaganda. No haberla visto sería suficiente como para no poder asegurarlo. Pero no. Por eso quieren confundir opinión, creencia, y propaganda con verdad.

El ataque sobre la verdad ha venido desde muchos flancos. La academia, por ejemplo, tomó aquello de que a una partícula subatómica no se le puede medir, al mismo tiempo, su lugar y su velocidad, y acabó asegurando que nuestra mirada cambia el objeto que se mira. En el caso de los electrones en los átomos esto era tan cierto como falso llevarlo, extrapolarlo, al ámbito humano. Pero, una vez que el principio de incertidumbre de Heisenberg, que era sobre los electrones, se llevó a las ciencias sociales y a las humanidades, ya nuestra mirada era como la luz que se le echaba al electrón y que lo hacía cambiar de rumbo. Como si tuviéramos visión de superhéroe. Esto hacía que ya todo fuera un punto de vista y se perdió la ambición de abarcar la realidad. Esto también le pasó a la literatura que se aburrió de contar historias grandes y las sustituyó por el fragmentismo o la autoficción. Los posmodernos, que fueron los intelectuales del neoliberalismo, criticaron con fuerza lo que llamaban “grandes relatos” por grandes, y los quisieron sustituir por microficciones, que nadie criticó por ser micros. Lo que estuvo detrás de este ataque fue acabar con las explicaciones totales como el marxismo, el psicoanálisis, y la idea del bien y el mal en política. Así la verdad se convirtió en algo personal y sesgado, es decir, en pura opinión. La posmodernidad neoliberal dio origen a algo que llaman posverdad, es decir, el pensamiento débil e incierto, el terror al compromiso político, y a la confusión entre lo real y lo que yo percibo. Ver lo que quiero ver es hedoismo cognitivo. Eso es la posverdad. En breve, fue este tipo de academia muy mediática en Europa y muy apapachada por las universidades en Estados Unidos, la que cimentó una especie de superioridad al hecho de no buscar la verdad, sino a confesar su debilidad, pequeñez, e incertidumbres en favor de mis propios deseos. Buscar la verdad, narrar los hechos para sostener un sentido de lógica y sentido común sociales dejó de perseguirse. Lo que privó fue inventar la realidad para persuadir, sin importar si es real o no. De ahí a tomar como válidas las imágenes o textos de la IA hay sólo un paso. Políticamente, se dejó de tratar de transformar la realidad y todo se enfocó en sustituirla por tus aspiraciones y ascos. La posverdad no sirve para entender y cambiar el presente, sino para que se ajuste a las mentiras que nos contamos. Pero nada tiene que ver con lo real y lo verdadero que, a menos que uno se haya convertido en un electrón de un átomo, siguen existiendo.

Pero el ataque mayor vino de la propia renuncia a buscar la verdad que, como es colectiva, requiere de contar con perspectivas distintas, distintos puntos de vista desde los que también se le busca. Eso nada tiene que ver con confundir muchas opiniones con la búsqueda de la verdad. La verdad no es una suma de gustos y disgustos. Cuando Rivapalacio dice que “la verdad es irrelevante” lo que hace es eliminar las diferencias entre lo que me gusta y lo que existe, es decir, relativizar todo por medio de darle a la falsedad la misma estatura que la verdad. Una cosa es experimentar la razón impura, es decir, aceptar que la búsqueda de la verdad está llena de los puntos de vista que elegimos para construirla y del sentido que le damos a los hechos y eventos y otra muy distinta es renunciar a buscarla porque ya da lo mismo una mentira que una verdad. Al no regular a la tele y la radio con códigos de ética y defensorías de audiencias, obligamos a los ciudadanos a no comprender ya nada y así a renunciar a lo político.

Ahora vayamos a los dos escándalos de la semana. El de Nexos y el de Reforma. La revista de Aguilar Camín publicó un texto de Ezra Shabot donde se justifica el asesinato de niños y niñas en Gaza para evitar que se conviertan en futuros yihadistas que luchen contra el estado de Israel. La idea del texto, amplificado por personajes como Jorge Castañeda, Enrique Krauze, una integrante de Somos Mix, y el propio Aguilar Camín, tiene como propósito sustituir propaganda por una realidad. Su idea es convertir en realidad un acto de propaganda y así trasladar a la verdad hacia un terreno en el que ya sólo es un spot más, un comercial en los anaqueles de las creencias a modo. Pero no funciona así. El genocidio en Gaza ha sido decretado por la ONU, su relatora Francesca Albanese, por y los principales intelectuales del mundo, muchos de ellos judíos. Notablemente Omer Bartov, Raz Segal, Judith Butler, y David Grossman.

Equiparar a un grupo terrorista como Hamas con la totalidad de los palestinos, incluyendo a los niños que serán terroristas en el futuro, es la aceptación misma del genocidio. Es decir, asesinar a un pueblo por pertenecer a ese pueblo es la definición misma de genocidio. Lo son también el atacar hospitales con embriones, destruir los cultivos, la tierra arable y los sistemas de riego, el uso de bombas de fragmentación en zonas pobladas que no son objetivos militares, el asesinato de médicos y la aniquilación de todos los hospitales, y el evacuar a poblaciones enteras para, luego, bombardearlas en su camino. No se trata, pues, de la destrucción de “así son las cosas en una guerra”, sino de la idea de que hasta los propios embriones congelados de una palestina contienen la semilla de un terrorista. Pero la intención de Shabot y de Nexos es rebajar la verdad para que compita con la propaganda sionista, a tal grado, que el texto de la revista Nexos dice que fue genocidio el ataque de Hamas en octubre de 2023. El genocidio de Israel en Gaza es una verdad, no es una opinión.

Y esa es también el propósito del segundo evento, el de Reforma. Resulta que un empleado de TvAzteca, Sergio Sarmiento, reacciona a la prohibición que el INE le hizo a "Alito" Moreno de usar expresiones calumniosas sobre el narco-partido o los narco-políticos en relación a Morena. Frente a esto, Sarmiento en el periódico Reforma argumenta: “la Comisión de Quejas (del INE) no presentó pruebas ni argumentos”. Sabemos que quien tiene que probar un dicho es quien lo asegura, en este caso el PRI. Uno no puede probar que no asesinó a alguien. Lo tiene que hacer quien lo acusa. Imagínese si alguien acusara a Sarmiento de pedófilo, y que él fuera el que tuviera que probar que no tiene relaciones sexuales con niños. ¿Cómo podría probarlo? ¿Poniéndose en un cuarto durante meses con un niño sin ceder a sus inclinaciones delante de una cámara de circuito cerrado? Pues, no ¿verdad? Más bien quién lo acusa tendría que mostrar fotos, testimonios, integrados en una denuncia judicial. Es lo mismo con la etiqueta propagandística de “narco-partido”. 

No hay prueba alguna salvo la etiqueta. Dice Sarmiento que las pruebas están en la urgente orden de un Juez de Nueva York de detener a Rocha Moya después de que se descubrió que la CIA encabezaba operativos híbridos en Chihuahua. Estados Unidos jamás exhibió las pruebas contra Rocha Moya a pesar de que el Gobierno de México se las pidió. Así que una soilicitud de extradición gringa no es una prueba de nada. Se necesitan testimonios, transferencias, inmuebles, como lo fueron las que sentenciaron a Genaro García Luna que sí perteneció a un narco Estado, el de Felipe Calderón. La idea es, otra vez, que se rebaje la verdad al nivel de la propaganda, es decir, la construcción de la realidad y su sentido a favor del miedo al futuro. Eso es lo que está en juego en este momento y es una batalla que no permitiremos que se pierda.

El profundo rencor de la canalla por el paraíso perdido

 Pedro Mellado Rodríguez

"A esos intelectuales, académicos y presuntos periodistas nunca les han importado la libertad de expresión y el derecho a la información".

Su enojo ya va para ocho años. Y todavía no encuentran consuelo ni recuperan los apapachos que calmen su tremendo abandono y coraje. Y ante la ausencia y el vacío de los generosos estímulos que lubricaban su muy confortable y redituable relación y sometimiento al poder en turno, priista o panista, se han convertido en feroces detractores de los dos recientes gobiernos del proyecto de la Cuarta Transformación y de la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, a quien señalan, con dedo flamígero, de amenazar la libertad de expresión de los medios convencionales, que en los más recientes ocho años se han convertidos en trinchera privilegiada de la infamia y la canalla.

A esos intelectuales, académicos y presuntos periodistas, que ahora pretenden convertirse en un faro de luz en la oscuridad, nunca les han importado la libertad de expresión y el derecho a la información, excepto como instrumentos para mentir, difamar, distorsionar la realidad, y proteger los intereses de una clase política y empresarial privilegiada y corrupta, que durante décadas ha lucrado con el dinero y los bienes depositados en manos del Gobierno en turno. Y también, muchos han lucrado ventajosamente con su silencio cómplice.

Lo único que les ha interesado es el dinero, los privilegios, esa insana sensación de restregar sus cuerpos con los poderosos para darse calor, sentir el abrigo de quienes les soban la espalda y les disparan toda una retahíla de elogios sobre su inteligencia, sapiencia y patriotismo. Añoran el paraíso del que fueron expulsados, junto con sus generosos mecenas, por la fuerza de los votos y del hartazgo de generaciones que durante décadas fueron discriminadas, vilipendiadas, burladas exprimidas y defraudadas.

El pasado viernes 24 de julio del 2026 la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones del Gobierno federal puso a consideración de radioescuchas y televidentes su proyecto de “Lineamientos para la Protección de los Derechos de las Audiencias”, sobre el cual podrá opinar cualquier persona que tenga interés en el asunto en un periodo que concluirá el próximo viernes 21 de agosto del 2026.

El documento del Acuerdo para esta consulta, integrado por 30 páginas, que incluyen los Lineamientos para la Protección de los Derechos de las Audiencias, puede ser consultado libremente por todas las personas que lo deseen y quieran opinar, en la plataforma digital de la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones: https://portal.crt.gob.mx/consultapublica.

Y más allá de los ruidos que perturban el buen juicio de la gente en algunas redes sociales y medios convencionales, cualquier persona que lo revise, renglón por renglón y página por página, descubrirá que las disposiciones que obligan a los concesionarios de radio y televisión, que utilizan el espacio radioeléctrico propiedad de la Nación, en ninguna medida comprometen la libertad de expresión o el derecho a la información, al imponer como obligación que los medios deban elaborar y comprometerse con un código de ética, designar a un defensor de las audiencias y cumplir con los términos y plazos legales para responder a las dudas, comentarios, exigencias o reclamos de las audiencias.

Lo demás son sólo ruidos mal intencionados de quienes se sienten expulsados del paraíso y han perdido, dinero y privilegios, al reducir sensiblemente los gobiernos de Andrés Manuel López Obrador y Claudia Sheiunbaum Pardo los generosos estímulos publicitarios y de negocios, en medios de comunicación o a través de otras empresas amparadas en el tráfico de influencias de compañías privadas que administra periódicos, grupos radiofónicos o televisoras.

El martes 21 de mayo del 2024 la periodista Monserrat Antúnez, de nuestro diario digital SinEmbargo.mx, entrevistó al escritor Héctor Aguilar Camín, quien encabeza el llamado Grupo Nexos, donde conviven académicos e intelectuales, quien sin ningún rubor habló de las penas que agobian a los integrantes de lo que ellos denominan la comunidad cultural e intelectual, que en el actual Gobierno ha quedado marginada de los privilegios que durante décadas gozó.

Explicó Aguilar Camín lo que ese grupo veía en la candidata de PAN-PRI-PRD, Xóchitl Gálvez Ruiz, para quien pedían el voto en la elección presidencial del 2024: “[Vemos] la oportunidad de devolverle a la comunidad cultural la atención, el cuidado, a veces hasta el apapacho que tenía el Gobierno, pero nada más ni nada menos que lo que la propia Xóchitl promete a todo el país. Un Gobierno de unidad no de división, en donde los valores rectores sean la vida, la verdad y la libertad. Pienso en que había, por ejemplo, una política en materia de cultura profundamente generosa…”.

Señaló Aguilar Camín, atropellado por la nostalgia, que esa generosidad del Gobierno, de los gobiernos panistas y priistas, se expresaba en el financiamiento de sus proyectos, con fondos públicos, propiedad de los contribuyentes: “No había este condicionamiento que hay, por cierto, no sólo con la comunidad cultural, sino quizá mucho más gravemente, con los beneficiarios de los programas sociales, que es ‘te doy para que votes por mí y si no votas por mí te lo voy a quitar o te lo van a quitar’. Ese impudor -advertía el jefe del Grupo Nexos-, ese descaro, esa extorsión no existía en el mundo de los programas sociales de México, ni existía en el mundo de la cultura en sus relaciones con el Gobierno y con el Estado”.

Como dato de referencia, habría que recordar que Jesús Ramírez Cuevas, entonces vocero del Gobierno del Presidente López Obrador, informó en la conferencia "mañanera" del 8 de octubre del 2020 que la revista Nexos, de Aguilar Camín, recibió una inversión gubernamental de 140 millones de pesos, además de 87 millones más por publicidad entre el 2006 y el 2018, en los gobiernos del panista Felipe de Jesús Calderón Hinojosa y del priista Enrique Peña Nieto.

También explicó Ramírez Cuevas que el historiador Enrique Krauze habría recibido 90 millones de pesos para su revista Letras Libres, más de 74 millones de pesos en contratos de publicidad durante las administraciones de Calderón Hinojosa y Peña Nieto.

Las pérdidas para medios de comunicación y periodistas de medios convencionales en el tránsito entre el Gobierno de Enrique Peña Nieto y el de López Obrador fueron brutales, pues mientras que el priista gastó en publicidad oficial nueve mil 226 millones de pesos en 2018, la Administración de Andrés Manuel López Obrador bajó ese gasto a cuatro mil 243 millones de pesos en 2019. Una diferencia de cuatro mil 983 millones y una reducción presupuestal del 54 por ciento, según datos del Informe Publicidad Oficial 2024 elaborado por la organización Artículo 19 y publicado el 22 de octubre del 2025.

El 23 de mayo del 2019 el periódico Reforma, uno de los más sistemáticos críticos de los gobiernos de la Cuarta Transformación, publicó una nota firmada por el reportero Jorge Ricardo, en la cual se advierte que la Presidencia de la República divulgó una lista de 36 periodistas y sus empresas que recibieron contratos durante la Administración de Enrique Peña Nieto por un monto total de mil 81 millones 715 mil 991 pesos por publicidad y gastos de comunicación.

La lista a la que Reforma dijo haber tenido acceso advierte que quien más recursos recibió fue Joaquín López-Dóriga. A través de cuatro empresas recibió 251 millones 482 mil pesos. Las empresas contratadas fueron Ankla Comunicación, Astron Publicidad, Plataforma Digital Joaquín López Dóriga y Premium Digital Group.

En el documento atribuido a la Presidencia de la República por Grupo Reforma, se advierte que estaban incluidos el historiador Enrique Krauze, quien habría recibido 144 millones de pesos para la revista Letras Libres, 87 millones por publicidad para Editorial Clío y 56 millones por otros servicios. En la lista también aparece Beatriz Pagés, con 57 millones; Raymundo Riva Palacio con 31 millones; Ricardo Alemán con 25 millones y Adela Micha con 24 millones de pesos.

¿De qué dimensiones fue el descalabro para medios de comunicación convencionales y periodistas apapachados con recursos públicos? Según estimaciones de las organizaciones Fundar y Artículo 19, durante su sexenio, el panista Felipe de Jesús Calderón Hinojosa gastó en publicidad oficial 56 mil 365 millones de pesos; en el mismo periodo, el priista Enrique Peña Nieto lubricó su buena relación con medios de comunicación a través de 61 mil 614 millones de pesos. López Obrador destinó para ese fin, durante su sexenio, 18 mil 295 millones de pesos. Claro que tienen razones para estar enojados, pues el negocio publicitario con dinero de los contribuyentes prácticamente se derrumbó.

El dato que reveló Antonio Martínez Velázquez, vocero internacional de la organización Artículo 19, el sábado 26 de septiembre de 2015, en el cierre de la Semana de Innovación y Emprendimiento organizada por el Tecnológico de Monterrey, Campus Puebla, es terrible y demoledor: calculaba que en México, el 60 por ciento de los recursos económicos que obtenían los medios de comunicación provenían de publicidad oficial. Es decir, las cantidades descomunales que gastan los gobiernos para dar a conocer sus presuntos logros a la sociedad.

Sí, en las trincheras de la canalla hay mucho enojo. Por eso alimentan la mentira, las calumnia, la desinformación. Y pretenden asumirse como adalides de una libertad de expresión y un derecho a la información que han ejercido ajustado a sus malsanos, perversos y egoístas intereses, cuando han sido en general, mercaderes del silencio cómplice que durante décadas profundizó la corrupción.

El poder desnudo y la inestabilidad permanente

Raúl Zibechi

A lo largo de la historia los poderosos siempre legitimaron su dominación amarrándola a dioses, a invasores reales o imaginarios, al combate a enemigos que los presentan como terribles –desde otras religiones hasta el comunismo y el narcotráfico–; pero más recientemente se justifican apelando al desarrollo y el crecimiento de la economía, lo que permitiría superar la pobreza y el atraso. Los argumentos van cambiando según geografías y tiempos, adecuándolos a las creencias y los problemas reales que enfrentan las sociedades. Es el camino para estabilizar regímenes y minimizar las resistencias y rebeldías de los pueblos.

Según el economista y analista geopolítico José Luis Fiori, esto ha cambiado radicalmente en estos momentos de crisis global. Si bien la intervención de Estados Unidos en América Latina resulta evidente bajo el mandato de Trump, no es algo nuevo. Durante la guerra fría promovieron 72 internaciones directas y cambios de régimen en el mundo, y participaron en 18 golpes de Estado en nuestra región entre 1952 y 1973.

Lo realmente nuevo, analiza Fiori, es el apoyo a la extrema derecha “sin proponer u ofrecer ningún tipo de proyecto, estrategia o utopía de desarrollo nacional en caso de victoria de sus candidatos” (aterraeredonda.com.br, 16-07-2026). En contraste, durante el periodo del “combate al comunismo” los gobiernos militares promovieron el desarrollo, como lo atestiguan las obras y el impulso industrial bajo las dictaduras de Brasil y Argentina, entre otras.

Años después, en las décadas de 1980 y 1990, la propuesta de los centros de poder del Norte fue la globalización, las reformas neoliberales y la guerra contra el terrorismo. Ahora, sigue Fiori, “el único proyecto propuesto por la administración de Donald Trump a sus seguidores es el de la caza a los narcotraficantes y a los inmigrantes ilegales y, siempre que sea posible, su confinamiento en campos de concentración al estilo de Nayib Bukele en El Salvador”.

Sostiene que esa ausencia de proyecto, que sólo se sostiene por represión y desmontaje de los estados, sin siquiera contar con ayuda no militar ni policial de Washington, salvo para Argentina, estaría provocando rupturas internas y “convulsión social”. Más aún, los nuevos estados vasallos fueron también penalizados con aranceles y en el caso de Venezuela ni siquiera llegó ayuda humanitaria después del terremoto.

El objetivo parece ser crear pequeños estados irrelevantes en el escenario global y regional, aislados, con economías primario-exportadoras, incapaces de jugar un papel significativo fuera de sus fronteras.

El análisis de Fiori es enteramente cierto. La dominación se presenta ahora desnuda, afincada en el miedo a los fusiles, las desapariciones y torturas, pero sumando que el mal llamado narcotráfico es un mecanismo de control de las sociedades, ya de por sí paralizadas por los más diversos mecanismos de coerción. Sin embargo, creo que hay un punto que es necesario abordar de forma más profunda: ¿Por qué no existen levantamientos populares a la altura de la gravedad de la situación? Sólo vemos resistencias locales, valiosas pero insuficientes, para detener a Milei, Bukele, Noboa, De la Espriella, la camada de dictadores surgidos de las urnas.

Algo muy profundo está sucediendo en nuestras sociedades que va más allá del miedo paralizante. Las sociedades han sido destripadas, destruidas como tales, cuestión que impide reconocer al vecino, al amigo, al familiar incluso, como aliado en la resistencia al modelo que nos imponen. Los datos son tremendos. En un país donde predominaron las clases medias como Argentina, “la mitad de los jóvenes entre 18 y 29 años vive en una vulnerabilidad social que exhibe cabalmente que la educación y el trabajo dejaron de ser los instrumentos históricos de promoción y ascenso social en un país con divisiones dolorosas y tajantes” (Pelota de Trapo, 31-07-2026).

Esos jóvenes son los que acarician la idea del suicidio, además de que “no pudieron terminar el secundario, que no acceden a un empleo digno, que no saben ya cuál es el camino para esa búsqueda”. Son, también, atraídos por el narco, porque nadie les ofrece un futuro mejor.

Mi hipótesis es que sociedades desgarradas y desorientadas no pueden resistir las agresiones que sufren, lo cual pinta un panorama desolador, por lo menos en el corto plazo. Sería demasiado largo detallar cómo llegamos a esto, pero seguramente se trata de una larga lista que incluye desde el consumismo como “mutación antropológica” (Pasolini), hasta las guerras contra las drogas, las masacres y genocidios como modo de disciplinamiento, pasando por las políticas sociales estatales. Y más, mucho más, entre lo que destaca la crisis de la salud, la educación y el empleo.

Por eso se trata de levantar la mirada, otear el horizonte para comprender que estamos apenas en el comienzo de un ciclo tremendo para los pueblos. Nada importante vamos a conseguir si nos ceñimos a los plazos electorales.

 

Una superpotencia impotente

Pedro Miguel

En el ámbito estratégico, Rusia sigue siendo uno de los más poderosos rivales de Estados Unidos. El otro es China, que no sólo lo es en lo estratégico sino también en todo lo demás: en los terrenos de la economía, la tecnología, las finanzas, la organización social y la cultura, el país asiático está en curso de desbancar a la superpotencia americana. Y a pesar de las afinidades siempre mutables, India apunta a ser un tercer adversario potencial, aunque no en lo inmediato. Pero, tras la fracasada guerra arancelaria contra Pekín, la bravuconería entronizada en la Casa Blanca se ha cuidado de recurrir a sus proverbiales andanadas de insolencia verbal contra esos países. La prepotencia es la otra cara de la cobardía, y tanto Trump como sus empleados tienen claro que la correlación de fuerzas no les da como para una embestida frontal ante cualquiera de esos tres, ni contra otros, más pequeños pero igualmente dotados de arsenales nucleares, como Pakistán o Corea del Norte.

De esa manera queda en evidencia, de paso, el embuste de las proclamas de Marco Rubio y compañía en contra del “comunismo” o, más gracioso aún, en contra del “terrorismo narcoislámico marxista”, la bestia quimérica que pretende aglutinar todos los cocos con los que se ha venido intoxicando desde hace décadas a importantes (aunque menguantes) sectores de la opinión pública estadunidense.

En cambio, sosegados (por ahora) los disparatados reclamos territoriales sobre Canadá y Groenlandia, la hostilidad de Washington está siendo dirigida hacia cinco naciones sobre las cuales el trumpismo calculó que podría tener victorias fáciles como la que logró en Venezuela, vía una agresión militar sangrienta y delictiva, o en Honduras y Colombia, mediante escandalosas injerencias electorales: Cuba, Irán, Brasil, España y México. Se trata, claro, de historias muy diferentes entre sí, no sólo por las contrastadas posiciones de los cinco en el tablero geopolítico internacional, sino por los antecedentes de cada una de esas naciones en sus relaciones con Estados Unidos. Ya llegará el turno de hablar de los tres últimos. Cabe centrarse por ahora en los dos primeros.

Con sistemas y orientaciones muy distintas, Cuba e Irán tienen poco en común, salvo el haber desafiado durante décadas el designio de someterlos. Desde 1959, en un caso, y desde 1979, en el otro, tanto la isla caribeña como el Estado sucesor del antiguo imperio persa, se liberaron del poder neocolonial de Estados Unidos, reivindicaron su plena soberanía y han enfrentado por ello toda suerte de agresiones militares y económicas, así como una propaganda adversa masiva y sostenida que permea en el conjunto de los medios occidentales y que ha alineado en su contra a buena parte de los aliados históricos de Washington. Envalentonado por el éxito fácil que le significó el secuestro de Nicolás Maduro y de Cilia Flores en Caracas y el realineamiento forzado del gobierno que preside Delcy Rodríguez, Trump intentó repetirlo en Teherán, con mucha mayor bestialidad, y menos de dos meses después asesinó a buena parte de la plana mayor de la república islámica, incluido el máximo dirigente del país, el ayatola Alí Jamenei. Recurrió, además, a acciones inequívocamente terroristas, como la masacre de alumnas de una escuela que fue impactada por un misil Tomahawk. Los trumpistas calcularon que eso bastaría para provocar la caída del régimen o, cuando menos, la llegada al poder de gobernantes obsecuentes.

Fue una rotunda equivocación: el Estado iraní no sólo encajó el golpe sino que respondió cerrando el estrecho de Ormuz, destruyendo buena parte de las instalaciones militares de Washington en la península arábiga y arrastrando a su agresor a una guerra asimétrica de desgaste. Desde entonces, Trump ha estado buscando la manera de disfrazar su derrota y presentarla como victoria. Es posible que si Teherán hubiese sucumbido, el gobernante estadunidense habría lanzado a continuación una incursión militar sobre los cubanos. Pero hoy el país más poderoso del mundo –y eso lo tienen claro hasta los halcones del trumpismo que lo desgobiernan– no tiene la capacidad para sostener dos guerras en dos frentes, y menos si se trata de países con la determinación de independencia como Irán y Cuba.

En todo caso, sin guerra abierta de por medio, la capacidad cubana de resistir al bloqueo no ha resultado menos dañina para el poderío estadunidense que la iraní a los bombardeos. Porque para la autoestima de la Casa Blanca es casi inconcebible que tras décadas, años y meses de un cerco genocida y creciente contra la isla, el gobierno cubano siga empeñado en defender la soberanía y que las cubanas y los cubanos de a pie, aun viviendo las carencias más agudas, no se hayan alzado en contra de sus dirigentes. De alguna manera, a Rubio y sus secuaces la guerra económica de desgaste le salió al revés: día tras día, el que Cuba se crezca ante el castigo colectivo le avisa al mundo que la superpotencia es impotente.

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