TIEMPO DE MUJERES

Por Alexander Paéz. El otro país. Resumen Latinoamericano, 28 de junio de 2026

Alexander Páez es una firma conocida y celebrada por nuestros lectores. Fue el ganador de un reciente premio internacional con la historia de la periodista paraguaya asesinada Yamila Cantero, narrada con la excelencia de su estilo literario. Ahora nos ofrece un relato impresionante sobre una mujer hallada muerta y desmembrada en aguas del río Jejuí, en Kokueré, Departamento de San Pedro, en 2025, una mujer que había vivido su vida como un fantasma por carecer de documentos. “Es una narración extraña y muy sentida, nacida de un caso real, escrita desde un lugar poco habitual para mirar una vida”, nos dice el autor. Un relato de horror y de amor que nos convoca a reflexionar y a actuar ante la persistencia de los feminicidios.

La encontraron en marzo. El Jejuí la fue devolviendo por partes, con esa lentitud oscura de los ríos cuando el horror deja de sorprenderlos. Primero el torso. Después la cabeza, tres kilómetros más abajo. Un brazo no apareció nunca. Quizás quedó en el barro, entre raíces, botellas, ramas y esas cosas que el agua aprende a callar. El agua no devuelve de golpe. Dosifica. Administra.

Yo no me sorprendí. La esperaba.

No entre los camalotes. No en la orilla, donde los hombres se acercaron con esa mezcla de curiosidad y espanto con que se mira lo que nadie quiere nombrar. La esperaba en otro sitio, más seco y más antiguo: una oficina del Registro Civil de San Pedro del Ycuamandyyú; con un tomo de nacimientos, una página amarillenta donde la tinta había escrito a unos y había dejado intacto el lugar de ella.

Yo era ese lugar.

Un renglón en blanco.

Aún lamento no haber sabido nada de ella hasta el final. Todo lo que cuento me llegó tarde: cuando la familia empujó, cuando el pueblo gritó sobre el puente, cuando el expediente empezó a crecer alrededor de un cuerpo desmembrado y la Fiscalía tuvo que preguntar quién era, hasta terminar preguntándomelo a mí. Entonces me llenaron de golpe. Testimonios. Muestras de ADN. Resoluciones de urgencia. Lo que dijo la madre. Lo que dijo el hermano. Lo que dijeron los vecinos. Yo no era una conciencia. Era un papel obligado a enterarse. Volcaron sobre mí su versión de la vida, y me tocó ejercer ese oficio odioso: ordenar restos, administrar una existencia, ponerle burocracia a la piel.

Lo cuento desde esa vergüenza: la de haber permanecido vacío durante treinta y tres años y llenarme recién cuando ya no servía para nada.

María Enciso nació en Kokueré, donde el calor no cae sobre las cosas: entra en ellas. Se mete en la madera, en la ropa tendida, en el cuerpo de las mujeres, en los frascos donde la madre guardaba semillas. De aquella mañana no me llegó una firma ni un sello. Me llegaron, mucho después, restos de una escena: una madre doblada sobre sí misma, que se llamaba Rosa; una vecina que sabía de partos porque había visto demasiados; una palangana con agua tibia, un paño, un rancho de piso apisonado; olor a humo viejo bajo un cielo de azules intensos.

Todo eso existió.

Pero nadie la escribió.

Nadie hizo el viaje de polvo, barro y cansancio hasta la oficina donde yo aguardaba. No hubo dinero. No hubo tiempo. No hubo camino. Y, pensándolo ahora, yo tampoco fui hacia ellos: también estaba condenado a la inmovilidad, un pedazo de Estado con letra y polvo, incapaz de ir al encuentro de nadie, pero siempre listo para llegar tarde.

Hubo, como suele haber en el campo, esa costumbre de postergar lo imposible hasta que lo imposible termina pareciéndose al destino.

Así empezó todo.

No con el río.

Con la demora.

Los primeros años de María fueron los de tantas niñas del norte: tierra en los pies, humo en la ropa, guaraní en la boca, hambre a ciertas horas. Fue aprendiendo el mundo por señales pequeñas: el ruido de las ollas, la inclinación de la luz sobre el patio, la hora exacta en que el agua del arroyo todavía servía antes de que el sol la volviera amarga. Supo cuándo callar, cuándo apartarse, cuándo una casa está en paz y cuándo conviene no hacer preguntas. Y mientras barría, tarareaba bajito, como si en esa música mínima hubiera una forma de compañía.

Porque incluso allí, donde el Estado no llegaba o llegaba tarde, la vida encontraba cómo reunirse. Una mano alcanzaba mandioca, otra remedio, otra sombra. Las mujeres se llamaban de patio a patio. El tereré iba de boca en boca como una forma de confianza. Y en esa pobreza compartida, en esa intemperie que también sabía cobijar, se levantaba una belleza menor y verdadera: la de quienes, sin haber sido escritos por nadie, aprendían a sostenerse unos a otros.

No aprendió las letras.

Para entrar a la escuela hacía falta un certificado. El certificado exigía inscripción. Y para estar inscripta, alguien debía haber venido hasta mí. Nadie vino. Los años pasaron, y yo seguía en mi página, oyendo desde el estante el golpe seco del sello, el zumbido del ventilador, el llanto breve de los recién nacidos a quienes sí llevaban a inscribir. La tinta avanzaba sobre el papel. Los nombres caían uno tras otro, como si nacer fuera, para todos los demás, una costumbre sencilla.

Yo seguía vacío, guardándole a María un lugar al que no iba a llegar.

Creció. Se fue a San Pablo, que era pueblo si una venía de cualquier otra parte, y ciudad si una venía de Kokueré. Había calles cansadas, motocicletas que pasaban dejando un zumbido agrio, perros flacos echados contra la sombra mínima de los muros, y en los almacenes, ese olor dulzón del aceite recalentado que se pega a la ropa como una segunda intemperie. Allí vivió como viven los que no tienen archivo: enlazando trabajos sueltos, días medidos por la urgencia, una forma de presente tan frágil que casi no dejaba huella.

Hablaba guaraní con los vecinos, con esa naturalidad de las lenguas que no piden permiso. Compraba fiado en el almacén de don Alcides, que apuntaba las cuentas en un cuaderno de tapas vencidas y que nunca le pidió un papel. Volvía con bolsas de plástico que se le hundían en los dedos y le dejaban una marca roja, larga, como si también la compra quisiera recordar el peso de haber sido cargada. A veces llegaba con el pelo pegado a la nuca por el calor. Otras, se lo recogía con una cinta gastada, una de esas cintas que ya no sujetan del todo, pero insisten. Y cuando le tocaba esperar —en una fila, en una vereda, en el umbral de alguna oficina— buscaba con el pulgar la costura del vestido y la frotaba una y otra vez, como si en esa aspereza mínima hubiera algo firme, algo que no se movía.

Tenía un teléfono celular, pero no a su nombre: estaba a nombre de Gustavo. Hasta para que la llamaran hacía falta el nombre de otro.

Parió tres hijos. Los sostuvo contra el pecho cuando lloraban. Les bajó la fiebre con paños de agua. Les remendó la ropa bajo una luz pobre. Les reconoció el llanto desde otra pieza, aun dormida, aun rendida. Supo cuál tos era la del frío, cuál llanto venía del hambre, cuál silencio duraba demasiado. Pero no pudo inscribirlos. Lo hizo el padre, porque él sí tenía papeles, él sí estaba escrito. María podía poner el cuerpo, la leche, las noches partidas, el miedo, las manos. No podía, en cambio, dejar constancia legal de la vida que había sacado de sí misma.

Una mujer sin inscripción no puede inscribir a nadie.

La página en blanco también se hereda.

Hubo, casi seguro, una mañana de ventanilla. No sé el día. No sé el mes. Los días de María casi nunca quedaron en alguna parte. Pero la pobreza repite sus escenas con una exactitud cruel. Ella frente al vidrio. Un hijo tirándole de la mano. El ventilador de techo girando con esa desgana de las oficinas calientes. Del otro lado, una voz.

Documento.

Ella no tenía.

Acta de nacimiento.

Tampoco.

Entonces la voz empezó a enumerar: testigos, formularios, declaraciones, juicio, requisitos. Todo lo que hace falta para que una ficción con sellos y ventanillas acepte que una mujer de carne y hueso estuvo aquí antes que sus papeles.

María escuchó. No discutió. No lloró. Apretó la mano del hijo. Buscó con el pulgar la costura del vestido.

Después salió. Afuera el día seguía, y el día no se detiene porque una mujer no exista en los libros. Había que comprar algo. Volver. Cocinar. Lavar lo que se pudiera. Acostar a los hijos. Seguir.

Treinta y tres años caben en ese verbo.

La noche del viernes 7 de marzo, al teléfono de María —que en verdad estaba a nombre de Gustavo— entraron unas líneas firmadas por una voz conocida. Bastó eso para que María saliera de la casa y caminara hacia uno de sus últimos encuentros.

No hacían falta muchas palabras. Bastaban unas pocas, puestas en el sitio exacto de su confianza. Bastaba la impostura mínima de una voz conocida. Bastaba ese pequeño fraude de la lengua para empujar un cuerpo hacia la noche.

Después se supo lo que ya estaba escrito en la trampa: que ese mensaje no lo había mandado quien lo firmaba. Alguien había escrito desde otro teléfono, usando el nombre de otro como se usa una llave robada. Primero borraron a quien firmaba. Después borraron a María.

Antes del cuchillo hubo una frase. Antes del río, una suplantación.

Cuando no volvió, Rosa no esperó. Fue a la comisaría el sábado por la tarde y denunció la desaparición de una hija que, en los papeles, no era hija de nadie. La escena tuvo algo de humillación antigua: para denunciar a una persona hay que nombrarla, y Rosa tuvo que jurar por una María que ningún sello certificaba. Los policías anotaron lo que pudieron: María Enciso, treinta y tres años, domicilio en San Pablo, sin documentos.

Así empezó a formarse el expediente.

Gustavo no durmió esa noche. Llamó a todos los números que tenía. Recorrió las casas de los conocidos. Golpeó puertas. Preguntó en patios todavía cargados de calor. Dijo el nombre de su hermana una y otra vez, como si al repetirlo pudiera impedir que se la tragara la oscuridad. La buscaron como buscan los pobres: sin protocolo, sin descanso, con la terquedad desnuda del afecto. Una linterna. Una motocicleta. Un vecino que acompaña. Una madre que no se sienta. Una casa donde nadie se acuesta, porque acostarse sería admitir que la noche ya decidió algo.

Al amanecer del domingo, cuando ya no quedaba nadie a quien preguntar y la Policía seguía diciendo que había que esperar, Gustavo fue a ver a una mujer que la gente consulta cuando alguien se pierde. No me llegó su cara. Me llegó una sola frase, repetida después como si fuera una dirección arrancada al misterio:

Ella está en tránsito por acá cerca.

Gustavo fue al río. Llevó a dos vecinos. Llevaron una canoa.

A la altura del puente, entre los camalotes, el Jejuí empezó a devolverla.

Primero el torso.

Lo subieron a la canoa con una delicadeza inexplicable, casi tierna, como si el cuidado todavía sirviera para algo. Después llegaron más vecinos. Después la comisaría. Después la Fiscalía. Después las cámaras. Después el país entero, con sus preguntas. Pero antes que todos ellos estuvieron Gustavo, la canoa y esa frase dicha en una cocina sin documentos, en un guaraní que ningún acta registra.

Entre todo lo que el río devolvió esa tarde hubo una señal pequeña y feroz. La pericia la anotó en su idioma seco. Dicho de otro modo: el pulgar de María estaba fuera de lugar.

Había peleado.

La mano con la que sostuvo a sus hijos. La mano que buscaba la costura del vestido frente a las ventanillas. La mano que lavaba, pelaba mandioca, apartaba el pelo de una frente con fiebre. Esa mano peleó hasta el final por seguir perteneciendo al mundo.

Al día siguiente, la Municipalidad de San Pablo declaró asueto. Los estudiantes dejaron las aulas. Los comercios bajaron las persianas. La gente fue llegando al puente sobre el Jejuí con cartulinas, botellas de agua, hijos de la mano, esa pena que en los pueblos no necesita ser anunciada porque se reconoce sola. Gritaron. Lloraron. Exigieron justicia. Una mujer dijo una frase que después repitieron los medios: no están solos.

Y no lo estaban.

Antes que las oficinas y sus sellos, antes que los laboratorios y su idioma tardío, estuvo el pueblo. Estuvieron los que la habían visto pasar. Los que sabían su nombre sin pedirle prueba. Los que la reconocían por la voz, por el modo de andar, por la costumbre de volver con las bolsas marcándole los dedos. La rodearon como se rodea lo propio cuando el daño ya ocurrió y, sin embargo, todavía queda algo por hacer: nombrarla en voz alta, sostenerla entre muchos, impedir que el río terminara de llevársela al silencio.

Solo después apareció el Estado. No donde había hecho falta, sino al final, cuando ya no quedaba nada por cuidar y todavía faltaban, sin embargo, sus permisos.

Para sepultarla hubo que inscribirla.

La frase conviene dejarla así, sin adorno, para que se oiga sola. Para sepultarla hubo que inscribirla. Como si la tierra pidiera constancia. Como si un cuerpo roto no bastara. Como si esa máquina de sellos, escritorios y formularios pudiera permitirse llegar tarde a una vida y a tiempo a sus trámites.

No había huellas previas. No había odontograma. No había registros médicos. No había partida de nacimiento sobre la cual abrir un acta de defunción. María había quedado fuera del archivo, y ahora el archivo alegaba no reconocerla sin pruebas. La fiscala tuvo que ordenar extracción de ADN y cotejo con muestras de Rosa y de Gustavo. Lo que el pueblo ya sabía por dolor, por memoria y por simple cercanía, tuvo que ser confirmado en otro idioma.

Se promovió un juicio de urgencia para inscribir a una mujer ya muerta y autorizar su entierro. Lo que no se hizo por ella en la vida se hizo en la muerte: no por amor ni por justicia, sino para que el expediente pudiera cerrarse sin tropiezos.

El juicio salió en días.

Entonces abrieron mi página vieja. Unos dedos pasaron sobre mi blancura intacta, esa blancura miserable que había durado más que la infancia de María, más que la paciencia de Rosa, más que la obligación del país de salir a buscarla cuando todavía estaba viva. Y por fin, me escribieron.

Escribieron: María Enciso.

Me escribieron tarde. Eso es lo que no puedo decir sin vergüenza.

Tarde, a la fuerza, por orden judicial, cuando lo único que faltaba ya no era el nacimiento, sino el entierro. Me abrieron para eso. Para destrabar la entrada de un cuerpo a la tierra. Y todavía hubo quien dijo que en ese gesto se le devolvía la dignidad, como si la dignidad hubiera estado aquí, esperándome, dormida entre sellos, tomos viejos y escritorios de fórmica.

Pero no.

Yo no tuve nada que ver con lo mejor de María.

No estuve en Rosa cuando la parió. No estuve en Gustavo cuando le prestó su nombre para un teléfono. No estuve en don Alcides cuando le fiaba sin pedirle nada. No estuve en los vecinos que salieron a buscarla con linternas y calor en los patios. No estuve en la canoa que la alzó del agua con una delicadeza que yo no conocí. No estuve en la mujer que, sobre el puente, dijo: no están solos.

Yo no estuve ahí.

Llegué después, cuando todo eso ya había ocurrido y un país entero necesitaba fingir que todavía era posible corregir algo.

No soy un certificado de nacimiento.

Soy una lápida.

La trajeron hasta mí cuando ya no quedaba nada por hacer con su vida.

Para existir en el papel, María Enciso tuvo que entrar muerta.

(*) La imagen que ilustra este relato ha sido realizada con la inteligencia artificial de Gemini.

100 años de Alexina Crêspo: recordando a la guerrillera feminista que defendió la reforma agraria «por la fuerza».

Ana Rosa Carrara y Lucas Salum /Brasil de Fato /Resumen Latinoamericano, 01 de julio 2026.

El programa del centenario incluye una exposición, un libro y una película para homenajear a los activistas de las Ligas Campesinas y del MST (Movimiento de Trabajadores Sin Tierra).

Alexina Crêspo hablando en la Asamblea de los Pueblos en La Habana, Cuba | Crédito: Comunicado de prensa

El 30 de junio de 2026 se conmemora el centenario del nacimiento de Alexina Crêspo , guerrillera revolucionaria internacionalista y militante histórica del Movimiento de los Trabajadores Rurales Sin Tierra (MST).

Crêspo desempeñó un papel importante como líder de las Ligas Campesinas , una organización que luchó por la reforma agraria en la región noreste de Brasil desde 1945 hasta la dictadura militar. Su esposo, Francisco Julião, fue uno de los fundadores de la Liga, que trabajó en defensa de las comunidades rurales y por la integración de la clase trabajadora en todo el mundo.

En palabras de su hijo, Anacleto Julião, «era una persona que comprendía profundamente la cuestión agraria brasileña y, además, era feminista, una de las pioneras de las organizaciones de mujeres en Pernambuco y en todo Brasil. Era una internacionalista que representó la lucha de los campesinos brasileños en importantes encuentros internacionales de solidaridad».

Con Mao Tse Tung

El hijo del activista destacó las habilidades y cualidades políticas de su madre durante una entrevista en el programa Conversa Bem Viver , de Rádio Brasil de Fato . También participó Raúl Julião, nieto de Crêspo.

“Creo que Alexina era un personaje propio de su época. Tenía una inmensa capacidad para comprender cómo cambiaban las cosas; nunca tuvo rigidez ideológica ni nada por el estilo. Lo que sí tenía era coherencia ideológica”, dijo Raúl.

Guerrillera con entrenamiento militar.

Alexina Crêspo, fallecida en 2013, pasó un tiempo exiliada en Cuba debido al golpe cívico-militar en Brasil. En la isla, tuvo la oportunidad de entablar una estrecha relación con figuras emblemáticas como Che Guevara y Fidel Castro. También viajó a la Unión Soviética, China y Corea. Fue testigo de la Revolución China e incluso se reunió con Mao Zedong, el líder del proceso.

Sin embargo, Anacleto recalcó que su historia, lamentablemente, rara vez se recuerda. «Fue prácticamente olvidada, digamos, debido al liderazgo de su esposo, debido al machismo que existía y aún existe hoy. Sus acciones se centraban más en resultados prácticos que las de Julião. El arma fundamental de Julião eran sus discursos , la sensibilización a través de movilizaciones, mientras que Alexina era una guerrera y guardaespaldas de Francisco Julião».

Su nieto recuerda que recibió entrenamiento militar, necesario en el contexto de la resistencia contra la dictadura. «Fue a Cuba, se entrenó. Alexina, según me han contado, era una excelente tiradora. La llamamos guerrillera porque se entrenó en Cuba, pero al final recibió entrenamiento militar. Comunicación por radio encriptada, código Morse, manejo de armas pesadas».

Con Fidel Castro, en Cuba

Anacleto también señala que ella tenía una visión diferente a la de su esposo respecto a la lucha por la reforma agraria en el país en aquel entonces. “[Francisco] Julião solía decir: ‘Reforma agraria por ley o por la fuerza’. Y Alexina le respondía: ‘Reforma agraria, solo por la fuerza. No hay posibilidad de que sea legal’”, explicó el hijo de la pareja.

Al hablar de coherencia política e ideológica, su hijo recuerda una frase histórica de Alexina: «No soy una heroína; viví de acuerdo con lo que pensaba, quería e imaginaba». La frase está grabada en la Calçada da Memória (Paseo de la Memoria) en Recife, junto al Monumento «Nunca más la tortura».

Celebración

Para conmemorar el centenario de Alexina, la Fundación Joaquim Nabuco (Fundaj) en Recife organiza un programa especial en su honor.

Entre las actividades, se proyectarán dos documentales sobre su vida y la labor de las Ligas Campesinas: «Brasil: Tierra convulsa» (1964) y «Alexina: Memorias de un exilio» (2012). También se presentará el libro «Los poemas de Apolo y otros escritos» y la exposición «Brasil rojo: 100 años de Alexina Crêspo».

«La verdadera fortaleza de esta exposición reside en que reúne documentos originales. No hay copias ni facsímiles; son los documentos originales, las fotos que dejó, las cartas, los manuscritos», destacó Raul Julião.

Sueli Carneiro y la tarea de ennegrecer el feminismo

Por Ivanna Madeo. Página12_Resumen Latinoamericano 26 de junio 2026.

El feminismo hegemónico tiene una pregunta pendiente. La formuló Sueli Carneiro hace más de veinte años y todavía incomoda: ¿de qué mujeres estamos hablando?

El 24 de junio de 1950 nació en São Paulo la filósofa, escritora y activista que convirtió esa pregunta en programa político. Fundadora del Instituto Geledés de la Mujer Negra, participante del proceso de Durban (Conferencia Mundial contra el Racismo de 2001), interlocutora del movimiento negro latinoamericano durante décadas, Carneiro construyó una obra que no es archivo sino herramienta. En tiempos de ofensiva conservadora y crecimiento de los discursos de odio, volver a ella es una necesidad política.

Durante décadas, buena parte del feminismo construyó sus diagnósticos a partir de las experiencias de mujeres blancas, urbanas y de sectores medios, universalizando sus demandas como si representaran al conjunto. Carneiro mostró que la experiencia histórica de las mujeres negras en América Latina había sido radicalmente distinta. Mientras unas luchaban por romper con el mandato del hogar, otras llevaban siglos trabajando dentro y fuera de él. Mientras unas denunciaban el mito de la fragilidad femenina, otras jamás habían sido consideradas frágiles ni dignas de protección. Lo escribió sin rodeos: “Ayer, al servicio de frágiles señoritas y de nobles señores tarados. Hoy, empleadas domésticas de las mujeres liberadas”.

La potencia de esa afirmación es que nombra una contradicción que sigue viva. Ciertas formas de emancipación femenina conviven, sin escándalo, con relaciones raciales y de clase profundamente desiguales. La liberación de unas no implica la liberación de todas.

La pregunta por cuáles mujeres habla el feminismo tiene una larga genealogía. Mucho antes, la abolicionista afroestadounidense y activista por los derechos de la mujer, Sojourner Truth la había formulado de manera contundente en su discurso “¿Acaso no soy una mujer?”. Carneiro retoma esa tradición para construir una crítica situada en América Latina. Para ella, el sesgo eurocéntrico del feminismo latinoamericano no era un simple descuido teórico, sino una operación política: omitir la centralidad de la raza en las jerarquías de género equivalía a universalizar los valores de una cultura particular —la occidental— y presentarlos como experiencia común de todas las mujeres, sin considerar los procesos de dominación, violencia y explotación que han estructurado las relaciones entre blancos y no blancos desde la colonia hasta nuestros días.

Su propuesta de ennegrecer el feminismo nunca fue incorporar diversidad a una agenda ya existente. Fue una invitación a revisar las bases mismas del sujeto político feminista. Como escribió, la lucha de las mujeres negras contra la opresión de género y de raza propone “diseñar nuevos contornos para la acción política feminista y antirracista”. Reconocer que las opresiones de género no pueden comprenderse separadas de las jerarquías raciales y económicas que organizan la vida social. Que el racismo no es un problema secundario dentro de las relaciones de género, sino uno de los mecanismos que las estructuran.

Esa tradición sigue siendo urgente en América Latina. Los feminismos de la región ganaron presencia, pensamiento crítico y victorias legislativas en los últimos años, pero la pregunta de Carneiro persiste: ¿quiénes protagonizan esos avances y quiénes quedan afuera? ¿Qué pasa con las mujeres negras e indígenas que no aparecen en las estadísticas del movimiento, que enfrentan la violencia policial, la esterilización forzada o la feminización de la pobreza en sus formas más brutales? El racismo no desapareció del feminismo latinoamericano; se volvió más sofisticado, más difícil de nombrar y más cómodo de ignorar. Por eso, ennegrecer el feminismo es una tarea permanente. Y porque el antirracismo se construye en comunidad: reunirnos no basta si no hay una praxis crítica que denuncie las lógicas del poder blanco, patriarcal y capitalista.

Ultraderecha, violencias y reacción patriarcal en el Ecuador de Noboa

Fuente: https://jacobinlat.com/2026/06/ultraderecha-violencias-y-reaccion-patriarcal-en-el-ecuador-de-noboa/

Por Ailynn Torres. Rebelión. Resumen Latioamericano, 30 de junio de 2026

Bajo el Gobierno de Noboa, Ecuador registra niveles inéditos de violencia contra mujeres, niñas y disidencias. Ese proceso no es un efecto colateral del narco: es una dimensión constitutiva del régimen.

El Gobierno de Daniel Noboa, en Ecuador, es parte cabal de las ultraderechas contemporáneas latinoamericanas. Ubicarle ahí no es usual. Los procesos de radicalización y cambios cualitativos de las derechas regionales generalmente refieren a gobiernos y figuras como Javier Milei en Argentina, Jair Bolsonaro en Brasil, Nayib Bukele en El Salvador o, más recientemente, José Antonio Kast en Chile. Sin embargo, Noboa es parte no solo por la centralidad de la seguridad en su agenda o su énfasis en el militarismo, sino por el modo específico en que articula autoritarismo político, racionalidad empresarial del Estado y conservadurismo moral. Estos elementos de conjunto, han producido un nítido y acelerado giro brutalista (en términos de Achile Mbembe), que se trama en formas narcopolíticas de hondas consecuencias para el país y la región.

El Gobierno ecuatoriano de Daniel Noboa expresa una forma de reorganización del poder que combina excepcionalidad permanente, debilitamiento de las mediaciones democráticas, desplazamiento del conflicto social hacia abajo y despliegue necropolítico. En ese contexto, Ecuador es hoy un laboratorio de las ultraderechas regionales por la forma y la velocidad en que esa reorganización ha tenido lugar. Además, la política de ultraderechas ecuatoriana, que se ha amparado en la «guerra contra las drogas», debe entenderse en relación con la guerra contras las mujeres y de —contra el — género. Solo en esa nuda, considero que es posible comprender la racionalidad política y moral noboísta y avanzar hacia un entendimiento más integral de las ultraderechas.

La radicalización hacia la ultraderecha en Ecuador puede leerse como parte de la crisis del neoliberalismo como modo de dominación política basado históricamente en la coerción mercantil y en la despolitización del antagonismo social. En ese argumento, allí donde la disciplina del mercado deja de producir obediencia y consenso, el Estado reaparece como mediador directo del conflicto, pero no para integrar demandas ni recomponer hegemonía, sino para repolitizar autoritariamente la lucha de clases. En Ecuador esta repolitización se produce en un marco de «guerra contra las drogas» que, en su operativa, es una guerra contra determinados sectores sociales, territorios y cuerpos.

En general, el despliegue del Gobierno de Noboa combina dos registros que operan simultáneamente. Por un lado, el brutalismo estatal, entendido como el uso explícito, espectacular y ejemplarizante de la violencia — militarización del territorio, intervención de cárceles, normalización del uso letal de la fuerza. Por otro, la radicalización de la coacción muda del capital —en el sentido desarrollado por Søren Mau—, que opera a través de la precarización de la vida, la dependencia económica, el retiro del Estado social y la ausencia de alternativas reales, obligando a aceptar condiciones de existencia crecientemente violentas. Este doble registro —violencia abierta y coacción silenciosa— permite comprender cómo la ultraderecha autoritaria ecuatoriana ha vaciado de contenido las mediaciones democráticas sin suspender formalmente la democracia.

En lo que sigue propongo profundizar en ese panorama desde una perspectiva feminista que observa un proceso particular: la sincronización y anudamiento entre la política de guerra contra las drogas y las guerras contra las mujeres y contra el género.

Conectar a las ultraderechas con las «guerras de género» no es una novedad. Al menos desde 2013, los feminismos han advertido que las ultraderechas regionales y globales adelantan guerras de —contra el— género y que ello debe entenderse como un conflicto político estratégico mediante el cual reorganizan el sentido común, canalizan malestares sociales materiales hacia disputas morales y neutralizan el antagonismo social, reforzando jerarquías y produciendo adhesión afectiva a proyectos autoritarios. En ese proceso, se producen articulaciones entre actores políticos y neoconservadores religiosos e intelectuales orgánicos de esos campos. Cristina Vega sostiene que Ecuador fue un laboratorio temprano de las guerras de género en América Latina y que allí las ofensivas antigénero precedieron al auge de las ultraderechas, en procesos donde confluyeron neoliberalización del Estado, centralidad de la familia como amortiguador social, conservadurismo religioso (católico y evangélico), y una politización selectiva de la moral sexual y reproductiva. Con el giro a la derecha local desde 2017, y luego a la ultraderecha, ese proceso se agravó.

Por otro lado, los feminismos han reflexionado sobre cómo el capitalismo produce una guerra contra las mujeres —con sus cuerpos como escenario privilegiado para la reinscripción del poder patriarcal en contextos de guerra criminal y extractivismo armado— y contra la reproducción social. Con eso último se nombra un campo ampliado de lo bélico en el que se articulan la deuda, la violencia estatal, la precarización de las economías populares y la privatización del cuidado, todo lo cual ataca no solo a los cuerpos, sino también a los tiempos, espacios y afectos que permiten sostener la vida. También contamos con abundante literatura que informa la relación entre guerra contra las drogas y criminalización de las mujeres, y de la guerra contra las drogas como una política de clase, raza y género.

En Ecuador, la llegada de Noboa al Gobierno, y su instauración del lenguaje de la guerra y del ethos militar como política del gobierno sugirió un desplazamiento en el primer plano político de la «guerra de género» hacia la «guerra hacia las mujeres», que integra una guerra hacia abajo, hacia sectores empobrecidos y jóvenes racializados. Ese desplazamiento podría explicarse por cómo la crueldad gore del giro brutalista ha pasado a ocuparlo todo. El país se ha convertido en un inmenso cuartel, la violencia ha alcanzado niveles inusitados y el patrón de aniquilamiento de los cuerpos y los territorios no ha hecho sino agravarse.

Sin embargo, en este trabajo propongo una lectura distinta a la del desplazamiento: la crisis del modelo de dominación política y moral neoliberal y la radicalización autoritaria y brutalista de la ultraderecha no desplaza la «guerra de género» sino que la sincroniza con la guerra contra las mujeres. Así como la coacción muda no reemplaza al brutalismo, sino que lo acompaña y lo hace gobernable, la guerra contra las mujeres —material, cotidiana, estructural— convive con la guerra contra el género —cultural, moral y simbólica— como parte de un mismo ensamblaje. Desarrollar esta articulación permite caracterizar de forma más adecuada al Gobierno de Noboa como una experiencia radical de brutalismo capitalista y patriarcal de ultraderechas.

Ecuador: ultraderecha, guerra y aceleración de la violencia

En los últimos cinco años, en Ecuador se han intensificado dramáticamente las violencias. Desde 2020, el número de homicidios se ha incrementado exponencialmente, y aunque en 2024 se registró un leve descenso, 2025 cerró como el año más violento de la historia del país. En 2023 llegó a ser el país más violento de la región, puesto que conserva hasta hoy. Con el narcotráfico como eje, se han expandido delitos conexos como el tráfico de armas, hidrocarburos, lavado de activos y corrupción.

El proceso debe entenderse como parte de una mutación del capitalismo contemporáneo, que combina el vaciamiento o erosión profunda de las mediaciones democráticas con la exhibición descarnada de la crueldad. En Ecuador, esta dinámica se ha desplegado con una velocidad inusitada y de la mano de la derechización de la política local.

Cuando Noboa gana en 2023, tras la convocatoria anticipada a elecciones derivada de la «muerte cruzada» decretada por el entonces presidente Guillermo Lasso, quien enfrentaba un juicio político, ya se había producido un giro político a la derecha, que empezó en 2017. En 2025, fue reelecto para un mandato completo hasta 2029. Su inscripción en el mapa de las ultraderechas no estuvo clara desde el inicio. Noboa no construyó inicialmente una campaña explícitamente de ultraderecha ni se definió dentro de ese campo político (su coalición, Acción Democrática Nacional, se autodenominó de centroizquierda). Su proyección fue la de una figura joven, moderada y dialogante, que desbordaba la polarización correísmo/anticorreísmo que ha estructurado la política ecuatoriana durante casi dos décadas. La trayectoria política efectiva de su Gobierno ha sido otra.

En las elecciones de 2023, los principales partidos de derecha respaldaron a Noboa en la segunda vuelta. El presidente proviene de una de las familias más poderosas del país, con fuerte gravitación económica y política, que ha funcionado como soporte estructural de su gestión. Su entonces vicepresidenta, Verónica Abad —con quien luego mantendría un enfrentamiento abierto—, fue identificada como militante «provida» y miembro del Foro Liberal de América Latina. Asimismo, los primeros gabinetes y los cuadros que han ocupado cargos estratégicos exhiben un patrón consistente de vínculos empresariales y financieros, replicado en las sucesivas designaciones. A nivel internacional, Noboa ha buscado un alineamiento explícito con las ultraderechas globales, particularmente con el entorno de Donald Trump.

En el plano institucional, el Gobierno de Noboa ha mostrado límpidos rasgos autoritarios. Desde la irrupción de fuerzas policiales y militares en 2024 en la embajada de México en Quito para capturar a Jorge Glas, exvicepresidente de Rafael Correa que se encontraba asilado, hasta la presión del Ejecutivo a los organismos electorales para inhabilitar candidaturas consideradas amenazantes para su base política, la línea ha sido consistente. A ello se añade que se mantuvo en funciones durante la campaña, acumulando denuncias por uso de recursos públicos que fueron desestimadas por el Tribunal Contencioso Electoral. Ha tenido confrontaciones abiertas con la Corte Constitucional e intentos sistemáticos de hostigamiento y censura a la prensa y cooptación de medios. Todo ello ha asegurado concentración del Poder Ejecutivo y debilitamiento de los contrapesos democráticos, una característica de las ultraderechas contemporáneas.

El núcleo articulador del proyecto político de Noboa ha sido la agenda de seguridad. Frente a la escalada de la violencia, su apuesta ha sido por la «mano dura». El Gobierno ha recurrido de manera sistemática al estado de excepción, convirtiendo una medida extraordinaria en una condición permanente en varias provincias. Estas disposiciones habilitan allanamientos sin orden judicial, restringen la movilidad y limitan el derecho a la reunión. El punto de quiebre se produjo el 9 de enero de 2024, cuando, tras una serie de hechos espectaculares de violencia criminal — incluida la toma de un canal de televisión—, el Ejecutivo declaró la existencia de un «conflicto armado no internacional», catalogando a 22 grupos criminales como organizaciones terroristas, declaratoria que fue ratificada y extendida posteriormente.

Esta decisión consolidó un alineamiento creciente entre poder político y poder militar, relanzando la histórica política de «guerra contra las drogas» en la que Ecuador participa desde la década de 1990. Las consecuencias han sido devastadoras: masacres carcelarias recurrentes —cinco solo en 2025, con al menos 82 personas asesinadas—, desapariciones forzadas, torturas, ejecuciones extrajudiciales y violaciones sistemáticas de derechos humanos, entre ellas el caso emblemático de cuatro niños de Las Malvinas (Guayaquil) que fueron detenidos, desaparecidos, torturados y asesinados.

Desde el punto de vista de la seguridad, los resultados han sido exiguos, como lo confirman evaluaciones comparadas de esta política en la región. Desde el punto de vista político, en cambio, la estrategia ha sido eficaz: ha naturalizado el lenguaje de la guerra, militarizado la vida cotidiana y convertido al país en lo que Córdova-Alarcón describe como «un gigantesco cuartel». Así se ha configurado un Estado autoritario posdemocrático: transformando el modo de dominación política en una «guerra hacia abajo». En su marco, la violencia estatal y criminal se concentran territorial y socialmente sobre barrios populares, poblaciones empobrecidas, jóvenes racializados y personas privadas de libertad. En este proceso la guerra narcopolítica se ha anudado con una guerra contra mujeres, niñas y disidencias sexuales. La advertencia feminista de que los cuerpos de las mujeres se convierten en botín, se ha visto trágicamente confirmada.

La guerra contra las mujeres y personas racializadas: violencia estructural y reproducción social en crisis

La radicalización autoritaria del Gobierno de Daniel Noboa ha tenido efectos materiales claramente identificables sobre mujeres, niñas y personas racializadas. Se ha tratado, junto al aumento general de la violencia, de una reconfiguración específica de los patrones del daño, que permite hablar de una guerra contra la vida cotidiana y contra las formas y posibilidades de reproducción social. Esta guerra no opera solo a través de la represión directa, sino mediante una combinación de militarización, abandono institucional y normalización de la violencia, cuyos impactos recaen de manera diferencial sobre ciertos cuerpos y territorios.

Uno de los indicadores más alarmantes de este proceso es el incremento sostenido de las desapariciones de niñas y adolescentes, particularmente en provincias costeras y en zonas atravesadas por la expansión de economías criminales y por la intervención militar. Estas desapariciones se inscriben en un contexto estructural marcado por la desprotección estatal, la precarización de la vida y el debilitamiento de los sistemas de cuidado, que expone de manera desproporcionada a niñas y jóvenes de sectores empobrecidos y racializados. Cuando a alguien se le desaparece, se pone en juego una tecnología de poder, un castigo opaco (no dejan cuerpo), un mensaje difuso (cualquiera puede ser la siguiente) y una pedagogía del terror que reconfigura movilidad, horarios, trabajo y vida comunitaria.

En 2025, en Ecuador la CIDH adoptó medidas cautelares frente a la solicitud de proteger a 26 personas desaparecidas (incluidos seis niños) que habrían sido detenidas por miembros de las Fuerzas Armadas, a sus familiares y a seis mujeres buscadoras que estaban siendo hostigadas. Pero, además, el patrón de las desapariciones está generizado y privilegia a las infancias. Desde 2002, se registra un aumento drástico de las desapariciones de niños, niñas y adolescentes (NNA): 78 en 2022, 171 en 2023 y 322 en 2024. El 71% de los NNA que continúan desaparecidos son niñas, dado que los grupos criminales buscan explotarlas sexualmente. Esta cifra y proporción revelan que ellas han pasado a ser un foco privilegiado de la crueldad gore. Asimismo, las desapariciones de NNA, si bien suceden en todo el país, son más agudas en las «zonas de sacrificio» mencionadas antes.

Desde una perspectiva feminista, las desapariciones constituyen una forma extrema de violencia contra la reproducción de la vida. Interrumpen trayectorias vitales, y producen un daño extendido sobre madres, abuelas y redes familiares, que asumen en soledad la búsqueda, el acompañamiento del duelo y la supervivencia cotidiana. La ausencia de respuestas estatales eficaces —investigación oportuna, acompañamiento integral, reparación— refuerza un régimen de impunidad que vuelve a ciertos cuerpos socialmente prescindibles.

En paralelo, se observan transformaciones significativas en los patrones de los (trans)feminicidios. La violencia extrema contra las mujeres ya no se concentra prioritariamente en el ámbito doméstico ni responde únicamente a relaciones mediadas por vínculos afectivos. Cada vez con mayor frecuencia en el país, los feminicidios se articulan con dinámicas territoriales, economías criminales y contextos militarizados, lo que desborda las categorías tradicionales de análisis y dificulta su abordaje institucional.

Esta mutación afecta de manera particular a mujeres jóvenes, empobrecidas y racializadas, cuyas muertes tienden a diluirse en narrativas amplias de «inseguridad» o «criminalidad», contribuyendo a su despolitización.

En 2025, la Asociación Latinoamericana para el Desarrollo Alternativo (ALDEA) registró un aumento drástico de feminicidios (411), cifra que incluye 13 transfeminicidios. La Asociación Silueta X documentó 30 asesinatos de personas LGTBI, el 65% de los cuales se produjeron en situaciones relacionadas con los sistemas criminales. Los territorios con más feminicidios coinciden con las provincias con mayores índices de homicidios y presencia de economías ilegales: Guayas, El Oro, Los Ríos y Manabí. Así, los cuerpos feminizados, empobrecidos y racializados pasan a formar parte de las «zonas de sacrificio». Esta violencia no se produce «a pesar» del crimen organizado, sino en y mediante los entramados que sostienen la economía ilegal y el control territorial.

La militarización del territorio, presentada como respuesta a la crisis de seguridad, no ha operado como un factor de protección para las mujeres. Por el contrario, en barrios populares y zonas intervenidas se intensifican prácticas de control, hostigamiento y violencia institucional, que afectan de manera diferencial a jóvenes racializados y a mujeres responsables de cuidados. La presencia armada interrumpe dinámicas comunitarias, restringe la movilidad cotidiana y produce un clima de miedo permanente que limita las posibilidades de denuncia, organización y autoprotección colectiva.

Este escenario se agrava con el debilitamiento deliberado de la institucionalidad de género. La desinstitucionalización del Ministerio de la Mujer y Derechos Humanos —a través de recortes presupuestarios, pérdida de autonomía y su subordinación a la lógica de la seguridad— ha reducido de forma sustantiva la capacidad estatal para prevenir, atender y reparar esas violencias. En un contexto de intensificación del daño, el Estado retrae precisamente las políticas que podrían ofrecer algún grado de protección, desplazando la gestión de la violencia hacia los hogares y las redes informales de cuidado.

La combinación de ajuste, militarización y vaciamiento institucional produce una sobrecarga extrema: cuidado en contextos violentos, gestión del riesgo y el miedo, acompañamiento de procesos de desaparición y duelo, y supervivencia económica en condiciones cada vez más precarias. La guerra contra las mujeres y personas racializadas, entonces, es una condición estructural del funcionamiento autoritario. Al descargar sobre estos cuerpos los costos sociales de la crisis, el Estado puede sostener un orden basado en la fuerza sin garantizar las condiciones mínimas para la vida. La violencia se vuelve cotidiana, persistente y administrada, mientras se erosionan las capacidades colectivas para resistirla.

Pero la guerra contra las mujeres, para sostenerse políticamente, requiere marcos simbólicos que legitimen el abandono, desplacen responsabilidades y desactiven la indignación social. Es en ese registro donde la guerra contra el género adquiere pleno sentido. Esa articulación es la que se analiza a continuación.

La guerra contra el género: guerras culturales, metapolítica y dispositivos de control en Ecuador

Los análisis feministas del neoliberalismo han mostrado que la retirada del Estado de la reproducción social se apoya en un proyecto conservador de la familia, el género y la moral como dispositivos centrales de Gobierno. Como ha señalado Melinda Cooper, el neoliberalismo no desmantela la familia, sino que la reactiva como infraestructura clave para absorber los costos del ajuste, privatizar el cuidado y disciplinar subjetividades allí donde el Estado se retira. Por eso, se ha argumentado que la tradicionalización de las relaciones de género, y de la familia, ha funcionado como un modo de administrar el daño social, desplazando la responsabilidad de la crisis hacia los hogares y, dentro de ellos, hacia las mujeres.

Wendy Brown subraya que la moral arraigada en la familia heteropatriarcal es parte vital del buen orden y una unidad económica esencial: la familia tradicional funciona como estabilizadora y controladora social. Isabela Kalil hizo un análisis convergente para Brasil. Para Alabao, la centralidad de la familia tradicional trasciende a los diferentes sectores —más o menos radicales— de la derecha, que convergen en su insistencia en políticas centradas en la familia y hacen un uso moralizante de la institución familiar para sus programas políticos.

Sin embargo, el caso ecuatoriano permite observar también el itinerario inverso: cuando este modo de dominación moral entra en crisis —cuando la familia ya no puede absorber la violencia, cuando la precariedad desborda los marcos simbólicos que la legitiman—, el conflicto reaparece en clave de repolitización autoritaria, relanzando la violencia material contra mujeres y cuerpos feminizados. En este sentido, la guerra contra el género no solo acompaña la guerra contra las mujeres; también señala sus límites y prepara el terreno para su intensificación. Decir que la guerra contra las mujeres se articula con una guerra contra el género no es añadir un «ruido cultural» paralelo a la crisis de seguridad. La guerra contra el género sigue funcionando como tecnología política para reorganizar el sentido común, producir legitimidad conservadora y desplazar el conflicto social hacia terrenos morales. Se trata de una estrategia metapolítica orientada a disputar los marcos culturales desde los cuales se interpreta la desigualdad y la democracia. El Gobierno de Daniel Noboa ha continuado afirmando esa línea, como lo han hecho otras fuerzas políticas de ultraderechas.

En primer lugar, durante la campaña de la segunda vuelta electoral de 2025, el presidente asumió compromisos explícitos contra la llamada «ideología de género», cuando firmó un acuerdo público con la organización Sociedad y Familia, que reúne a representantes de la iglesias Católica, Ortodoxa y Evangélica y líderes indígenas evangélicos. El acuerdo, que también fue firmado por la candidata del partido de izquierda Revolución Ciudadana, prometió impedir la presencia de la «ideología de género» en textos educativos y en instituciones del Estado y garantizar el derecho de los padres de familia a que eduquen a sus hijos conforme a su fe y convicciones. También aseguró el compromiso por «defender la vida desde la concepción hasta la muerte natural» y, en ese sentido, no aprobar «ninguna reforma que legalice o amplíe el aborto o la eutanasia». Este compromiso fue reiterado en distintos momentos de coyuntura política y amplificado en medios nacionales. Este tipo de promesas da continuidad a la agenda de afirmar al Estado como garante de un orden moral y producen una idea de amenaza interna asociada a agendas feministas y de diversidades.

Asimismo, se observa una convergencia entre esta agenda y actores antiderechos con capacidad de movilización y de incidencia. La discusión pública sobre el «Compromiso por la Niñez y la Vida» y el señalamiento de redes organizadas detrás de estas iniciativas muestran que la guerra contra el género no se reduce a opinión presidencial, sino que se estructura mediante alianzas políticas y sociales que buscan fijar límites normativos a la igualdad de género y a los derechos sexuales y reproductivos.

En segundo lugar, la ofensiva antigénero se anuda a un repertorio religioso y tradicionalista cuidadosamente escenificado. La participación de Noboa en actos religiosos y celebraciones locales con mensajes de alto contenido moral —presentados como defensa de tradiciones y valores— funciona como una forma de identificación simbólica con sectores conservadores y como señal de alineamiento con un proyecto cultural más ampliO. Este repertorio no solo comunica pertenencia, construye autoridad moral en un contexto de crisis social y violencia extendida.

Finalmente, la guerra cultural se ha alimentado de controversias que operan como «eventos gatillo» para moralizar el espacio público. La polémica desatada en Quito por la puesta en escena de una obra drag en una capilla desacralizada del antiguo Hospital San Juan de Dios de Quito, hoy Museo de la Ciudad, es muestra de ello. El hecho generó una fuerte polémica entre defensores de los derechos LGTBIQ+, sectores conservadores de la Iglesia católica y la institucionalidad municipal, e ilustra cómo el género y las disidencias se convierten en un terreno privilegiado para la producción de indignación pública, para la construcción de «enemigos culturales» y para el llamado a respuestas punitivas o restrictivas. Este tipo de episodios forman parte de una dinámica más amplia de militancia comunicacional, polarización y teorías conspirativas que Alabao identifica como rasgos característicos de las guerras de género.

Lo decisivo, sin embargo, es cómo estos hechos funcionan políticamente. La ofensiva antigénero opera como dispositivo de traducción. Eso quiere decir que condensa malestares materiales (precariedad, inseguridad, desgaste institucional) en conflictos morales, y desplaza la responsabilidad del Estado hacia individuos y familias. Al instalar la idea de que el problema social es cultural —«valores», «ideología», «amenazas a la niñez»—, se desactiva la posibilidad de nombrar la precarización y el daño estructural como efectos de una forma de gobierno. En esa convergencia entre moralización (guerra cultural) y punitivismo (guerra hacia abajo) se configura la especificidad del ensamblaje autoritario de la ultraderecha patriarcal ecuatoriana.

Moralización en crisis y relanzamiento autoritario de la violencia

El análisis del Ecuador bajo el Gobierno de Daniel Noboa permite comprender cómo se ensamblan, en el presente, distintas dimensiones del autoritarismo contemporáneo de ultraderecha. Su carácter no se explica únicamente por su orientación económica, su perfil empresarial o su énfasis securitario, sino por la forma específica en que articula violencia material y restauración moral como estrategias complementarias de gobierno.

La guerra contra las mujeres —expresada en el aumento de desapariciones, la transformación de los patrones de feminicidio, la militarización de territorios populares y la desinstitucionalización de las políticas de igualdad— constituye una dimensión estructural del régimen en curso. Esta guerra es una forma de gestionar la crisis de la reproducción social descargando sus costos sobre cuerpos feminizados y racializados.

Al mismo tiempo, la guerra contra el género opera como una ofensiva metapolítica que reorganiza el sentido común, produce legitimidad conservadora y neutraliza el conflicto social. A través de narrativas sobre la familia, la infancia y la moral, esta guerra cultural busca despolitizar la violencia estructural y privatizar sus efectos, presentando el orden moral como solución allí donde el Estado se retira.

Sin embargo, el caso ecuatoriano muestra que este modo de dominación moral neoliberal no es ilimitado. Cuando la violencia desborda la capacidad de contención de la familia, cuando la precariedad ya no puede ser absorbida por el trabajo invisible de las mujeres y cuando la moralización deja de producir obediencia, el conflicto reaparece como relanzando la violencia directa, del control territorial y del abandono institucional.

Desde esta perspectiva, la guerra contra las mujeres y la guerra contra el género no deben pensarse como alternativas ni como etapas sucesivas, sino como dimensiones coexistentes y mutuamente condicionadas del mismo proyecto. Así como la radicalización de la violencia estatal convive con formas estructurales de daño silencioso, la ofensiva moral convive con la exposición diferencial de ciertos cuerpos al riesgo, la muerte y la crueldad. Cuando la primera ya no alcanza para gobernar la crisis, la segunda se intensifica.

Esta convivencia —inestable, contradictoria y violenta— permite comprender el carácter del autoritarismo contemporáneo en Ecuador. Se trata, en definitiva, de un régimen que combina mercado, moral y fuerza para sostener un orden social crecientemente inviable e invivible. Pensar esta articulación desde una perspectiva feminista resulta indispensable para imaginar formas de resistencia capaces de disputar, a la vez, la violencia material y el orden moral que la legitima.

prensa 📰 hoy en México 🇲🇽 sábado 4 de julio de 2026

🗞 LA JORNADA

Con diabetes, una quinta parte de los adultos en México

En México, la población con enfermedades crónico degenerativas es cada vez mayor. Datos de la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición (Ensanut) advierten que al menos 18 por ciento de los adultos padecen diabetes, aunque la tercera parte desconocen su diagnóstico; al menos 40 por ciento sufre obesidad, y 30 por ciento de los mayores de 18 años tienen hipertensión, aunque 43 por ciento no sabe que la padece.

Especialistas del Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Zubirán y del IMSS-Bienestar alertaron a la población de los riesgos de padecer estas enfermedades ante la inadecuada alimentación y una vida cada vez más sedentaria.

En el segundo Conversatorio de Ciencia, convocado por la Secretaría de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación (Secihti), Sergio Hernández, director del Centro de Atención Integral a Pacientes con Diabetes del mencionado instituto; Rubén Silva, titular de División Médica en la Unidad de Atención a la Salud en el IMSS-Bienestar, y Diana Castañares, especialista en nutrición clínica, señalaron que si bien hay predisposición genética de la población mexicana a estos males, también inciden otros factores.

Rosaura Ruiz Gutiérrez, titular de la Secihti, enfatizó lo importante de mantener hábitos sanos, en particular con la alimentación y el ejercicio, porque “inciden mucho los elementos externos, como el ambiente obesogénico que nos facilita tener acceso a bebidas azucaradas y alimentos ultraprocesados, pero también es una responsabilidad individual”.

Destacó que la genética de los mexicanos puede “tener relación directa con la incidencia de estas enfermedades, pero también es muy importante cómo decidimos sobre nuestra alimentación y actividad física”.

🗞 CONTRAPORTADA

Apoya la política fiscal reducción en brecha de ingresos

México redujo en seis años la brecha entre las personas que más ingresos perciben y las que menos, y en buena medida se explica por el aumento al salario mínimo; además, la reducción en esta desi-gualdad tuvo mayor alcance con la captación de impuestos y la distribución del gasto público, como las políticas con las que interviene el Estado para redistribuir, de acuerdo con información oficial.

Por sí misma, la brecha entre las personas que pertenecen al 10 por ciento de la población con los ingresos más altos y aquella del decil con menos ingresos se redujo en 5.3 puntos porcentuales entre 2018 y 2024, de acuerdo con los datos de la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares (ENIGH), que se levanta de manera bianual.

Sin contar el impacto de la política fiscal en la distribución, en 2018, de cada 100 pesos de ingreso nacional, las personas del decil X –el de más altos ingresos– concentraron 32.2 pesos, 14.6 veces más que los 2.2 pesos que captaron las personas del decil I, la población con las menores entradas monetarias.

Ese mismo comparativo mostró que en 2024 de cada 100 pesos de ingreso, 27.5 fueran para las personas del decil X y 2.8 pesos al decil opuesto.

Así, la brecha se redujo en seis años, pero aún con ello, lo que capta población de mayores ingresos es 9.8 veces más que lo ingresado por quienes se encuentran entre el 10 por ciento con menores percepciones económicas.

Diego Merla, coordinador de la estrategia de Justicia Fiscal de Oxfam México, explicó que este dato, el cual “es justo el ingreso antes de que el Estado intervenga, antes de que cobre impuestos o que transfiera dinero mediante programas sociales y otras políticas públicas”, da cuenta del impacto de los aumentos al salario mínimo, siendo la política que más impacto ha tenido en el hecho de que el ingreso se distribuya de manera más justa.

🗞 EL UNIVERSAL

CNDH presume aval ciudadano; oculta encuesta que lo dice

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) difunde en campañas institucionales que 71% de la ciudadanía considera que protege los derechos humanos. Sin embargo, hasta ahora no hace públicos los resultados completos de la Encuesta Nacional de Opinión Pública 2025 ni la metodología correspondiente, lo que impide conocer el sustento técnico de ese resultado y compararlo con ejercicios previos, entre ellos el de 2024, cuando cuatro de cada 10 personas evaluaron favorablemente su desempeño.

El porcentaje de 71% es utilizado por la CNDH en spots de radio, televisión y plataformas digitales. No obstante, el estudio completo y el documento metodológico no se encuentran disponibles para consulta pública.

En su Informe de Actividades 2025, la propia CNDH señala que el levantamiento de la Encuesta Nacional de Opinión Pública en vivienda se realiza durante el segundo semestre del año, sin que el documento íntegro haya sido publicado. La encuesta correspondiente a 2024 sí fue difundida por la institución junto con información metodológica.

Datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) muestran que la visibilidad y el contacto ciudadano con la CNDH permanecen limitados. La Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (Envipe) 2024 reporta que apenas una minoría de la población adulta ha tenido contacto o referencia reciente del organismo, pese a que se trata de la principal institución pública encargada de la defensa de los derechos humanos en el país.

El activista y exintegrante del Consejo Consultivo de la CNDH, Michael Chamberlin, señala que desde el inicio de la actual gestión surgen cuestionamientos sobre la autonomía del organismo por su cercanía con el gobierno federal y Morena.

Afirma, además, que se documentan casos de inconformidad en la atención a víctimas y en el funcionamiento interno de la institución. “Se acompañan algunos casos en donde ni siquiera les levantan la llamada a las víctimas, las dejan colgadas”, sostiene.

Chamberlin añade que la comisión es omisa frente a violaciones graves a derechos humanos y que en diversos posicionamientos coincide con posturas del gobierno federal. A su juicio, los niveles de confianza reflejados en la encuesta difundida en 2024 evidencian una legitimidad limitada.

“Una institución de derechos humanos necesita credibilidad pública para acompañar víctimas y señalar abusos de poder. Cuando la gente deja de confiar en ella, pierde capacidad de representación y de incidencia”, afirma.

También considera que la fortaleza de una institución pública no puede medirse únicamente a partir de indicadores de percepción. A su juicio, la evaluación de la CNDH debe considerar variables objetivas como la atención a las víctimas, el seguimiento de las recomendaciones emitidas y su capacidad para actuar frente a violaciones graves a derechos humanos.

“Las encuestas pueden reflejar niveles de conocimiento o de opinión, pero no sustituyen una evaluación de desempeño. Lo importante es saber si la institución está cumpliendo con su mandato constitucional y si las personas encuentran una respuesta efectiva cuando acuden a ella”, afirma.

🗞 MILENIO

México-Inglaterra: cien fiestas y solo entrarán 25 mil al Ángel

La jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, anunció que el acceso al Ángel de la Independencia y al Zócalo será gratuito, pero estará sujeto a un cupo limitado, por lo que una vez que se alcance la capacidad máxima, ya no se permitirá el ingreso de más personas durante los festejos por el próximo partido de la Selección Mexicana.

La mandataria explicó que la medida forma parte del reforzamiento del operativo de seguridad implementado tras la muerte de cuatro personas durante las celebraciones del martes 30 de junio en Paseo de la Reforma. Precisó que, al completarse el aforo en el Ángel de la Independencia, los asistentes serán canalizados a otros puntos habilitados sobre Paseo de la Reforma, Juárez, la Alameda Central y el Centro Histórico.

Brugada informó que el Gobierno capitalino ampliará la estrategia de descentralización de los festejos con la instalación de 62 pantallas, seis más que en el operativo anterior. La mayor expansión será sobre Paseo de la Reforma, desde la Estela de Luz hasta el cruce con avenida Hidalgo, con el objetivo de distribuir a la afición y evitar concentraciones masivas.

Además, señaló que habrá un sistema de monitoreo permanente apoyado con tecnología para detectar oportunamente cualquier situación de riesgo, así como un operativo de salud con 800 servidoras y servidores públicos desplegados en los distintos puntos de reunión.

La jefa de Gobierno recordó que la estrategia busca evitar que los aficionados se concentren únicamente en el Ángel de la Independencia y el Zócalo. En el operativo anterior se habilitaron decenas de puntos futboleros y pantallas en distintos espacios públicos para distribuir la afluencia de personas.

Brugada desplegará a 40 mil servidores públicos para operativo por festejos de la Selección

La Jefa de Gobierno informó que la administración capitalina desplegará un operativo especial integrado por 40 mil servidores públicos durante los festejos por el partido de la Selección Mexicana de este domingo, quienes tendrán "tareas específicas de seguridad, atención ciudadana, protección civil y respuesta ante cualquier emergencia".

Del total del personal, más de 17 mil serán elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, mientras que otros 24 mil servidores públicos pertenecerán a dependencias como Bomberos, Protección Civil, servicios de emergencia, Salud, Cultura, Bienestar y diversas áreas del Gobierno de la Ciudad de México.

Tan solo en Paseo de la Reforma estarán desplegados 14 mil servidores públicos, de los cuales 6 mil serán policías y 8 mil personal de distintas dependencias, con el objetivo de garantizar la seguridad y el orden durante las celebraciones.

🗞 EXCÉLSIOR

Limitan el aforo en el ángel y el Zócalo

El gobierno de la Ciudad de México impondrá mañana un límite de 25 mil personas en el Ángel de la Independencia y de 55 mil en el Zócalo durante la transmisión del partido de octavos de final entre México e Inglaterra.

La medida forma parte de un operativo extraordinario diseñado para impedir una nueva concentración masiva como la que, el pasado martes, dejó cuatro personas muertas tras los festejos por el triunfo de la Selección Mexicana.

La entrada al Ángel o al Zócalo es libre, pero con aforo limitado. El cupo será restringido por la seguridad de todas y todos”, recalcó la jefa de Gobierno Clara Brugada.

Además, reconoció que las calles aledañas al corredor económico y turístico donde se registró la tragedia —Hamburgo y Lancaster, en la colonia Juárez— no fueron consideradas dentro de los lineamientos de protección civil publicados el 28 de mayo.

Al respecto, se informó que se otorgó un apoyo económico y asistencial de 50 mil pesos a los deudos de cada una de las víctimas, tres de las cuales fallecieron por asfixia.

Para el dispositivo integral de mañana se desplegará un estado de fuerza de 17 mil policías —6 mil destinados exclusivamente a Paseo de la Reforma— y 24 mil funcionarios públicos. Asimismo, se implementará un perímetro de cero tolerancia entre Sevilla y Niza, restringiendo vehículos particulares, motocicletas de reparto y comercio ambulante.

Además del límite de aforo en el Zócalo, se endurecerán las revisiones aleatorias en sus cinco accesos para decomisar alcohol y pirotecnia, además de ampliarse la Ley Seca a siete colonias de la alcaldía Cuauhtémoc.

A fin de despresurizar el Ángel, la Secretaría de Cultura extenderá el corredor de pantallas desde la Estela de Luz hasta la Glorieta de Hidalgo y ofrecerá espectáculos musicales en el Monumento a la Revolución y distintas alcaldías. A la par, 11 municipios mexiquenses, como Ecatepec y Nezahualcóyotl, habilitarán sus propios espacios futboleros.

El plan preventivo sumará el operativo Mega Limpiatón de la Afición, que repartirá bolsas reutilizables para evitar la acumulación de basura tras los encuentros.

🗞 EL HERALDO

Nerviosismo invade vestidores del Tri

¿Qué sabemos sobre el posible cambio de horario del partido México vs Inglaterra?

El encuentro está previsto para disputarse el próximo domingo 5 de julio en el Estadio Ciudad de México

Los rumores del presunto cambio de horario del encuentro entre México e Inglaterra para la ronda octavos de final se han hecho cada vez más fuertes en los últimos minutos. Diversos periodistas especializados como Alberto Lati, Andrés Vaca y otros comunicadores han afirmado que la FIFA autorizó que el partido se dispute a las 12:00 p.m. en el Estadio Ciudad de México (Estadio Azteca) este próximo domingo 5 julio.

De acuerdo con los reportes, el partido habría cambiado de horario debido a la fuerte amenaza de tormenta eléctrica. En las recientes semanas, el centro del país y, especialmente, la Ciudad de México se han visto afectadas por intensas lluvias. El martes pasado, el encuentro ante Ecuador tuvo que retrasarse debido al mal clima, por lo que la transmisión del mismo comenzó una hora después de lo previsto.

Pese a los fuertes rumores, hasta el momento, ni la FIFA, ni las autoridades del estadio, ni las cuentas de la Selección Mexicana ni de Inglaterra han emitido algún comunicado que confirme el cambio de horario para los conjuntos nacionales que irán en búsqueda de su pase a los cuartos de final del Mundial 2026.

🗞 EL SOL DE MÉXICO

Limitan a 25 mil cupo para acceder al Ángel

El Gobierno de la CDMX indicó que no se permitirá el ingreso una vez iniciado el partido o cuando se alcance el aforo; se instalarán 62 pantallas desde la Estela de Luz hasta el Zócalo

La jefa de Gobierno, Clara Brugada, detalló en conferencia de prensa que el operativo de seguridad para el partido entre México e Inglaterra del Mundial 2026 contempla el control de aforo en el Ángel de la Independencia con el fin de evitar aglomeraciones.

El secretario de Seguridad Ciudadana de la CDMX, Pablo Vázquez, informó que solo 25 mil personas podrán estar en el Ángel de la Independencia este domingo 5 de julio.

Solo será permitido cuatro personas por metro cuadrado para salvaguardar la seguridad de los asistentes. Sin embargo, para quienes no logren entrar al perímetro del Ángel de la Independencia, habrá más de 62 pantallas desde la Estela de Luz hasta el Zócalo capitalino.

Brugada Molina añadió que habrá controles de ingreso sobre Paseo de la Reforma, así como un perímetro de seguridad alrededor del Ángel de la Independencia. Indicó que, una vez alcanzado el aforo permitido, no se permitirá el ingreso de más personas y que, al inicio del partido, el acceso al Ángel ya estará cerrado.

“Estamos descentralizando aún más la celebración”, dijo Clara Brugada

🗞 LA RAZÓN

Redoblan seguridad en Reforma; 25 mil de aforo en Ángel y resto a otras zonas

La Jefa de Gobierno, Clara Brugada, anunció un reforzamiento del operativo de seguridad, protección civil, salud y movilidad en la capital para el partido entre México e Inglaterra del próximo domingo, con el despliegue de 40 mil servidores públicos, luego de los hechos registrados durante los festejos por el triunfo de la Selección Nacional, en los que cuatro personas perdieron la vida el martes.

En conferencia, informó que el acceso al Ángel de la Independencia y al Zócalo capitalino será gratuito, pero con aforo limitado, por lo que una vez alcanzada la capacidad máxima se cerrarán los accesos para evitar riesgos y concentraciones excesivas de personas, y se les invitará a que pasen a la siguientes glorietas y zonas en Reforma que estarán disponibles.

El Dato: La secretaría de Movilidad adelantó que analizan cerrar las estaciones Chapultepec, Sevilla e Insurgentes del Metro, dependiendo del aforo que presenten.

El titular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), Pablo Vázquez, detalló que se instalará un doble cinturón de seguridad alrededor del Ángel de la Independencia. El primer perímetro abarcará desde la fuente de la Diana Cazadora hasta el Ahuehuete, y un segundo llegará hasta Avenida Chapultepec e Insurgentes.

Explicó que cuando el aforo alcance unos 25 mil asistentes, equivalente a una densidad cercana a cuatro personas por metro cuadrado, se restringirá el ingreso. Para facilitar esta redistribución se desplegarán equipos de “orientadores mundialistas”, quienes dirigirán a los aficionados hacia zonas con menor concentración.

Como parte de la estrategia, se incrementarán de 56 a más de 100 espacios para seguir el encuentro. Se instalarán 62 pantallas gigantes, seis más sobre Reforma, donde habrá proyecciones desde la Estela de Luz hasta Hidalgo. A estos espacios se sumarán el Monumento a la Revolución, avenida Juárez, las 16 alcaldías y municipios conurbados del Estado de México, que organizarán celebraciones simultáneas para distribuir la afluencia.

En el Zócalo, donde nuevamente se instalará el FIFA Fan Festival, el operativo contempla cinco accesos controlados ubicados en las calles de 5 de Febrero, 20 de Noviembre, Pino Suárez, Tacuba y Madero. En esos puntos se realizarán revisiones aleatorias para evitar el ingreso de bebidas alcohólicas y objetos que representen un riesgo. Cuando la Plaza de la Constitución alcance su capacidad máxima, los asistentes serán dirigidos hacia las 12 pantallas instaladas en calles aledañas.

Brugada señaló que después de cada partido se han evaluado exhaustivamente los resultados y tomado decisiones para fortalecer los protocolos, por lo que, de cara al próximo encuentro, que reunirá a millones de personas de la capital y de la zona conurbada del Estado de México, se desplegará un operativo integral para que la celebración transcurra en paz y con orden, de manera descentralizada.

“Celebremos con pasión, con entusiasmo y con orgullo, pero celebremos sobre todo cuidándonos unos a otros, porque ninguna victoria es más importante que la vida humana”, afirmó Brugada Molina.

🗞 REFORMA

Defraudan ex agente 1,230 mdp

Ex agentes federales promovieron indemnizaciones por más de mil 230 millones de pesos, a pesar de que no tenían derecho a pensión por jubilación.

La Fiscalía General de la República (FGR) investiga demandas laborales que condenan al ISSSTE a pagar indemnizaciones por más de mil 230 millones de pesos a ex agentes de las desaparecidas Policía Federal y Secretaría de Seguridad Pública Federal.

Tanto el ISSSTE como la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje (JFCA) denunciaron seis laudos presuntamente ilegales en los que se ordenó al instituto pagar la suma referida a un total de 880 ex servidores públicos, la mayoría ex agentes federales, por concepto de indemnización global.

Dicha prestación, equivalente a 45 días del último sueldo básico, estaba prevista para ex funcionarios que no tenían derecho a pensión por jubilación, sin embargo fue derogada y desapareció en la nueva Ley del ISSSTE que está vigente desde abril de 2007.

De acuerdo con la indagatoria, los ex agentes ya no tenían derecho a la indemnización global y además contaban con Afore.

A pesar de ello, los ex agentes presentaron sus demandas en el 2021 con base en la anterior Ley del ISSSTE -aunque estaban sujetos a la actual- ante la entonces Junta Especial 42 de la JFCA, en Torreón, Coahuila, la cual sentenció los pagos favorablemente.

"Las demandas son oscuras e irregulares, ya que no se detalla la fecha exacta de ingreso a la fuente de trabajo, y poder así determinar la antigüedad real del actor", dice una de las querellas.

Una de las primeras irregularidades señaladas es que, por cuestión de territorialidad, la Junta Especial de Torreón era incompetente para tramitar los juicios laborales, ya que las demandas procedían de diversos estados del País.

Otra es que la Junta Especial les dio entrada, sin que los demandantes precisaran su salario base, omitiendo un procedimiento que la obligaba a señalar este defecto y dar un plazo de 3 días para que fuera subsanado.

La indagatoria precisa que, a pesar de no corregirse ese error de origen, las demandas fueron radicadas por Aarón David Carrillo Ochoa y Edgar Ubaldo Ruiz Castillo, secretario de acuerdos y auxiliar, respectivamente, de la Junta Especial 42.

El laudo más importante que dictaron fue uno por 950 millones de pesos, en favor de 678 ex funcionarios.

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Programa Tiempo de Mujeres sábado 12 y domingo 13 octubre 2019

XXVI Encuentro de radios comunitarias universitarias en Canadá,

celebrando el X décimo aniversario de nuestro espacio

Tiempo De Mujeres

radio con perspectiva de género

CFRU

Programación completa del XXVI encuentro

1a hora

Bienvenida

- Entrevista de Sergio Pochón a Hilda Venegas sobre los diez años de "Tiempo de Mujeres"

2a hora

- Entrevista aTeresa Ulloa Ziaurriz catwlac directora de la Coalición Regional contra el Tráfico de Mujeres y Niñas de América Latina y el Caribe, abogada feminista pedagoga  

- Entrevista Carmen Ponce Melendez economista feminista

3a hora

- MadeleineSpeed y su programa dedicado a las EscritorasLatinoamericanas

4a hora

- Daniela Villegas trata el tema de El aborto derecho reproductivo a decidir, y 12 de octubre de 2019 dia de los pueblos originarios.

- Marcela Lagarde adentrandose al feminismo

5a hora

Radio Nueva Republica

- Hiram M. Trejo Ribéry "Leona Vicario" de su programa quiero Saber con

6a hora

Entrevista a dos importanes raperas

- Mare Advertencia Lírica y

- Rebeca Lane

7a hora

UNAM Cultura, Literatura en voz dye sus autoras;

Ángeles Mastretta, Elvira Lindo y Daniela Bojórquez

8a hora

UNAM Cultura, Literatura en voz de sus autoras;

Mayra Santos-Febres, Cristina Sánchez-Andrade y Claudia Piñeiro

9a hora

UNAM Cultura, Literatura en voz de sus autoras;

Laura Restrepo, Samanta Schweblin, Carla Guelfenbein

10 Hora

- Madeleine Speed cantantes latinoamericanas actuales.

11a hora

- Tadeco Talle de desarrollo comunitario

Las violencias contra las mujeres situación actual y

Acoso Laboral : historia de vida de una docente

12a hora

Tema Feminicidios

Hilda Venegas, Daniela Villegas, RCI radio canada internacional, Irantzu Varela, Ilka Oliva Corado

13a. hora

Miguel Lima y Magdalena Diaz

Recital inspirado en la larga lucha de las mujeres

14a hora

Ana Rugamas

activista feminista comunista

Derechos reproductivos de las mujeres en El Salvador

15a hora

Selma y Samuel Bonilla

de CFMU 93.3 la radio de Hamilton en su ya bien conocido

Canto a la poesia latinoamericana

Mujeres revolucionarias

16a hora

Jessica Bonilla de CFMU 93.3 la radio de Hamilton

Saludo con el sentir de género

17a hora

que sucede en nuestro pais hermano Ecuador

entrevista de Gabriel Gutierrez con Alina Duarte de Telesur

18a hora

Miguel Lima y la compañera Magdalena Diaz y en los controles Gabriel Gutierrez

La cocina tradicional como cultura milenaria desarrollada por nuestras mujeres latinoamericanas.Colectivo Alternativa Latinoamericana y Tiempo de Mujeres dedica este reconocimiento a una gran compañera Hilda Piedrasanta

19a hora

La Radio la Nueva Republica y los compañeros de Lluvia de cafe

del programa Un mundo diferente hoy Es Tiempo de Mujeres

20a hora

Sonia Gomez de radio CKCU 93.1 Ottawa

programa Punto de Encuentro

Homenaje a Berta Caceres

21a hora

Hilda Venegas tema el Patriarcado

Ilka Oliva Corado con Hablemos de Patriarcado y Núcleo Patriarcal

Irantzu Varela con Los cuerpos de las mujeres

Carolina Vazquez Araya con Los avatares de ser mujer

Radio Mundo Real con Luchar contra la violencias machistas es urgente

22a hora

Yulma Perez Arredondo

Mujeres en las letras Mexicanas actuales

23a hora

Desinformemonos

Flores en el desierto

Ellas son como cualquiera de nosotras. Y no. Han vivido el racismo en su escala más infame. Les han negado historia, lengua y vestimenta, al tiempo que les arrebatan territorios, centros sagrados, ceremonias y recursos naturales. Todas son integrantes del Concejo Indígena de Gobierno (CIG), estructura creada por el Congreso Nacional Indígena (CNI) para visibilizar sus luchas y llamar a la organización de los pueblos, indígenas y no

24 hora

Despedida, cierre del XXVI Encuentro de Radio Comunitarias Universitarias en Canada

en la cabina de radio de CFRU

Horacio Venegas, Gabriel Gutierrez, Hilda Venegas y Sergio Pochón

TIEMPO DE MUJERES

Desde cfru 93.3 fm la Radio de la Universidad de Guelph

en Ontario, Canadá

escúchalo cada sábado en www.cfru.ca

MUJERES POR LA DEMOCRACIA

Bienvenida al programa de hoy

con Hilda Venegas

Programas de Tiempo de Mujeres pasados

Tiempo de Mujeres 24 Octubre

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