Palantir y otro striptease del capitalismo

Fernando Buen Abad Domínguez*

Palantir, y su affaire tecno-fascista, muestra un nuevo striptease del capitalismo que prescinde de todo disimulo. Aprendió a exhibirse como solución y seducción técnica a problemas sociales complejos. Bajo la retórica de la eficiencia y la seguridad, despliega su erótica de la dictadura que convierte la vida social en flujo de datos explotables, reinscribiendo la dominación de clase en matrices algorítmicas que operan con apariencia de neutralidad. Y todo parece muy seductor. Ya el Informe MacBride advirtió que la concentración de los medios y la asimetría en los flujos informativos constituyen un obstáculo estructural para la democracia (MacBride, 1980); hoy, esa concentración se intensifica mediante plataformas capaces de integrar vigilancia, predicción y decisión automatizada, produciendo un campo de fuerzas donde la hegemonía se codifica en software. Palantir fue noticia mundial por un post publicado en X el 18 de abril. Su desfachatez también desviste nuestra desorganización para esta batalla.

Ahí se desnuda ese proceso que obliga a repensar la relación entre ética, humanismo y lucha de clases, evitando tanto el tecnopesimismo paralizante como el tecnoutopismo. El Informe MacBride, con su llamado a un orden comunicacional más justo, permanece como referencia para una crítica que no se limite a denunciar y aspire a transformar las condiciones materiales que hacen posible el tecnofascismo. La convergencia entre capital financiero, industria militar y desarrollo tecnológico configura un complejo que recuerda la noción de “complejo militar-industrial” ampliada hacia una dimensión informacional donde la materia prima es la conducta humana. Palantir encarna esa mutación: no vende únicamente herramientas, vende modelos de interpretación del mundo social que priorizan la sospecha, el riesgo y la anticipación de desviaciones. En esa operación, la lucha de clases se traduce en categorías técnicas que identifican poblaciones “problemáticas”, desplazando conflictos estructurales hacia el terreno de la gestión policial.

En el Informe MacBride se insistía en la necesidad de democratizar la producción de sentido y garantizar la pluralidad de voces (MacBride, 1980). Frente a ese horizonte, sistemas de análisis masivo de datos operan como dispositivos de silenciamiento estructural, filtrando la realidad a través de parámetros definidos por intereses corporativos. Bourdieu señaló que el poder simbólico actúa mediante la imposición de esquemas de percepción (Bourdieu, 1991); en la era algorítmica, tales esquemas se automatizan, naturalizando jerarquías y reproduciendo desigualdades bajo la apariencia de objetividad matemática. ¿Qué pasó entonces, desde 1980, con todas las advertencias del Informe MacBride?

Marx describió el fetichismo de la mercancía como un proceso en el que las relaciones sociales aparecen como relaciones entre cosas (Marx, 1867/2011). En la economía de datos, ese fetichismo se radicaliza: las decisiones políticas y económicas se presentan como resultados inevitables de cálculos computacionales, ocultando la intervención humana y las relaciones de poder que estructuran dichos cálculos. Palantir, al ofrecer “inteligencia”, “vigilancia” y “seguridad” basada en datos, refuerza esa ilusión, desplazando la deliberación democrática hacia el terreno de la experticia técnica.

En el Informe MacBride se proponía un nuevo orden mundial de la información y la comunicación basado en la equidad y la cooperación (MacBride, 1980). Sin embargo, la lógica dominante impulsa un orden caracterizado por la centralización extrema y la dependencia tecnológica. Zuboff ha conceptualizado este fenómeno como “capitalismo de la vigilancia”, en que la experiencia humana se convierte en materia prima para la acumulación (Zuboff, 2019). Tal proceso no ocurre en un vacío político; se articula con estrategias estatales de control que encuentran en plataformas como Palantir un aliado estratégico. En el contexto digital, el consenso se construye mediante narrativas de innovación y promesas de seguridad, mientras que la coerción se ejerce a través de sistemas de vigilancia que operan de manera invisible.

Y el Informe MacBride subrayaba la importancia de la participación ciudadana en la definición de políticas comunicacionales (MacBride, 1980). En contraste, el desarrollo de tecnologías de análisis de datos se realiza en entornos cerrados, sin control democrático ni transparencia significativa. Foucault analizó la transición hacia sociedades disciplinarias y biopolíticas (Foucault, 1976/2003); la fase actual introduce un componente algorítmico que permite intervenir en tiempo real sobre comportamientos individuales y colectivos, configurando un régimen de control que desborda categorías tradicionales.

En ese marco, esas tecnologías de vigilancia y análisis de datos funcionan como instrumentos para consolidar ese poder que facilita una explotación más eficiente de la fuerza de trabajo y una neutralización más rápida de la disidencia. Palantir, al integrarse en estructuras estatales y corporativas, contribuye a esa dinámica, reforzando la capacidad de control de las élites. Así, la dictadura del tecnofascismo encuentra en Palantir una de sus expresiones más depuradas: concentración obscena de poder informacional bajo la máscara de la eficiencia, en que algoritmos opacos sustituyen la deliberación política y convierten la conflictividad social en problema de gestión securitaria.

En el Informe MacBride se advirtió también que la asimetría en los flujos de información amenaza a las democracias y hoy tal asimetría alcanza una intensidad inédita al traducirse en monopolio de datos y capacidad predictiva privatizada, subordinando estados y poblaciones a lógicas de acumulación que naturalizan la vigilancia total. Un fetichismo algorítmico, en que decisiones históricamente situadas aparecen como verdades técnicas inevitables, legitimando una dominación que no necesita ya ocultarse porque se presenta como pornografía matemática; hegemonía encuerada que automatiza todo mediante interfaces seductoras con anuencia de gobiernos que, lejos de ampliar libertades, reducen la vida a series de datos explotables y clasificaciones disciplinarias. La lucha de clases se intensifica en esta fase en que el capital captura la semiosis social misma, imponiendo una racionalidad que convierte a la humanidad en objeto de cálculo, anulando su potencia crítica y clausurando horizontes de organización política bajo la coartada de la seguridad y la innovación. ¿Y encima hay que agradecerlo?

* Doctor en filosofía

https://www.jornada.com.mx/2026/05/10/opinion/011a2pol

La tragedia de los errores de Trump

Joseph E. Stiglitz*

▲ Un aficionado al surf con remo navega cerca de la terminal de carga del puerto de Los Ángeles, California. El jueves pasado la Corte Internacional de Comercio de Estados Unidos dio un nuevo revés al presidente Donald Trump con una resolución en contra de los aranceles globales de 10 por ciento que el republicano impuso después de que la Suprema Corte invalidó muchas de sus tarifas previas. El fallo, aprobado por dos votos contra uno, evita por ahora la aplicación de los gravámenes sólo a dos compañías y al estado de Washington, aunque podría abrir paso a veredictos similares.Foto Afp

Especial para La Jornada

Nueva York. Como dijo Alexander Pope, errar es humano. Pero si bien todos somos falibles, algunos humanos son más propensos que otros a cometer errores. Esto justifica la democracia: someter las decisiones que afectan a un gran número de personas a procesos deliberativos que incluyan controles y equilibrios. La historia de los regímenes políticos autoritarios y absolutistas está plagada de figuras cuyos errores resultaron calamitosos no sólo para ellos mismos, sino también para las sociedades que gobernaron.

Ninguna decisión es más importante que declarar la guerra a otro país. Sin embargo, Estados Unidos ha hecho precisamente eso sin siquiera considerar su propio sistema de controles y equilibrios ni la deliberación razonada. Como los reyes de antaño, el mentiroso e impulsivo presidente estadunidense, Donald Trump, sigue sin estar sujeto al control del Poder Legislativo y rodeado de aduladores que sólo le dicen lo que quiere oír. El desastroso resultado es ahora evidente: Estados Unidos se encuentra nuevamente inmerso en una guerra en Medio Oriente que ya ha costado miles de vidas –en su mayoría civiles– y en la que casi con toda seguridad ha cometido múltiples crímenes de guerra.

Nadie sabe cuánto durará la guerra con Irán, cuántos crímenes de guerra más se cometerán ni cuántos inocentes más morirán. Pero los estadunidenses parecen estar tan acostumbrados a las violaciones de derechos humanos y del estado de derecho por parte de Trump, y tan abrumados por el constante flujo de noticias de última hora, que apenas han organizado protestas. Incluso en nuestras universidades, generalmente centros de protesta y disidencia, reina el miedo. Como en todos los regímenes represivos, la amenaza de consecuencias económicas o peores –perder la visa, ser expulsado del país o enfrentarse a una investigación penal– está surtiendo el efecto deseado.

Como economista, me preguntan con frecuencia qué implicaciones tendrá la guerra que Trump ha decidido librar contra Irán para las economías de Estados Unidos y del mundo. En resumen, cuanto más dure, mayor será el daño. Pero incluso si la guerra termina pronto, sus efectos perdurarán. Al fin y al cabo, ya se han interrumpido cadenas de suministro vitales y se han destruido instalaciones de producción de petróleo y gas. La mayoría de las estimaciones sugieren que las reparaciones llevarán años.

Además, no sólo el suministro de petróleo y gas se ha visto amenazado. A diferencia de los embargos petroleros de la década de 1970, la producción de fertilizantes, de la que dependen los sistemas alimentarios mundiales, también se ha visto comprometida. Esta crisis se produce poco después de otras importantes perturbaciones económicas mundiales, desde la pandemia de covid-19 y la invasión rusa de Ucrania hasta la guerra arancelaria global de Trump y la destrucción del sistema de comercio internacional basado en normas, todo lo cual ha contribuido al aumento de la inflación y a una creciente crisis de asequibilidad.

Antes del regreso de Trump a la Casa Blanca, la inflación mostraba una tendencia a la baja, aunque se mantenía muy por encima del objetivo de 2 por ciento que tanto anhelaban los bancos centrales. Sin embargo, los aranceles frenaron notablemente esta tendencia, y la inflación se ha disparado de nuevo a nivel mundial. Con muchos países, incluido Estados Unidos, enfrentando ya una crisis de asequibilidad agravada por las políticas estadunidenses, el riesgo ahora es que los bancos centrales de todo el mundo suban los tipos de interés o, al menos, ralenticen el ritmo al que los estaban reduciendo.

Esto, a su vez, agravará la crisis de asequibilidad –ya que comprar una vivienda o pagar una tarjeta de crédito será más difícil– y ralentizará una economía estadunidense, ya sacudida por el trauma de las erráticas políticas comerciales, migratorias y fiscales de Trump. Si no fuera por el gasto desmedido en centros de datos de IA –que sustentan aproximadamente un tercio del crecimiento estadunidense (https://t.ly/8A2Ly)–, la economía de Estados Unidos estaría verdaderamente anémica. Y con los recortes fiscales regresivos de Trump para multimillonarios y corporaciones ya en vigor, Estados Unidos tiene menos margen fiscal para amortiguar las perturbaciones que él ha provocado y las que la IA pueda traer consigo, desde la pérdida de empleos hasta el estallido de la burbuja tecnológica.

La afirmación de Trump de que Estados Unidos se beneficiará como exportador neto de petróleo es un disparate. Sí, Exxon se beneficiará, pero los consumidores estadunidenses pagan precios fijados globalmente, que han aumentado considerablemente. En estas condiciones, Estados Unidos debería, obviamente, imponer un impuesto a las ganancias extraordinarias. Pero eso no sucederá bajo una administración tan completamente controlada por la industria de los combustibles fósiles.

Los antiguos aliados de Estados Unidos en Europa también se ven afectados por el aumento de los precios de la energía y la escasez de suministro provocados por Trump. Si los responsables políticos europeos vinculan los precios de la electricidad a los del gas (como hicieron al inicio de la guerra de Ucrania), podrían empeorar aún más la situación. Pero si Europa adopta una estrategia para recuperar su soberanía reduciendo su dependencia de la tecnología y la defensa estadunidenses podría fortalecer su posición tanto ahora como a largo plazo.

Independientemente de la duración de la guerra y de la actual estanflación, las consecuencias a largo plazo de este episodio serán profundas. Cabe esperar que el mundo reconozca que la variabilidad de la energía solar y eólica es mucho más manejable que la continua dependencia de los combustibles fósiles, que están sujetos a los caprichos de figuras autoritarias erráticas como Trump y el presidente ruso, Vladimir Putin. Si la guerra de Trump acelera la transición ecológica a nivel mundial, tendrá un importante aspecto positivo.

En cualquier caso, se ha añadido otro clavo al ataúd del mundo pacífico y sin fronteras que nuestros antepasados intentaron construir tras la Segunda Guerra Mundial. Bajo el mandato de Trump, el país que sentó las bases de ese mundo ahora lo está desmantelando. Entre la nueva guerra fría con China y la aparente falta de resiliencia de las cadenas de suministro globales, hay pocos motivos para el optimismo. Y con la democracia en Estados Unidos en un estado tan debilitado, los errores humanos y sus consecuencias se acumulan rápidamente.

* Joseph E. Stiglitz, premio Nobel de Economía, es ex economista jefe del Banco Mundial, ex presidente del Consejo de Asesores Económicos del Presidente de Estados Unidos, profesor en la Universidad de Columbia y autor, más recientemente, de El camino a la libertad: economía y la buena sociedad (WW Norton & Company , Allen Lane , 2024).

Trump y la torpeza de los magnicidios

Francisco Javier Guerrero*

No tiene nada de extraño o insólito que en Estados Unidos, muchas personas quisieran atentar contra el presidente Donald Trump. Debe comprenderse que Trump ha logrado hacer brotar el odio de multitud de gentes debido a su racismo, a sus afanes supremacistas, a su represión contra los migrantes y a su obsesión compulsiva de impulsar genocidios. Sin embargo, me parecen condenables los magnicidios no sólo por razones morales, sino por su esterilidad política.

Es un grave error considerar que una sola persona, por más importante y capaz que sea, encarna en sí todo el entramado social que se expresa en formaciones complejas, como sucede en el caso de muchas naciones. Cuando se proclamaba estentóreamente que Adolfo Hitler representaba a toda Alemania, se olvidaban las razones por las cuales la nación germana había llegado a producir a un sujeto como el famoso cabo austriaco.

En el año 2000, el sagaz político Porfirio Muñoz Ledo y un grupo de antiguos izquierdistas decidieron apoyar la candidatura presidencial del representante panista Vicente Fox. No parecía muy racional esa decisión, ya que Fox era claramente derechista, había sido un mediocre gobernador de Guanajuato y su nivel cultural era precario; él mismo declaró que en lo que a textos se refería, sólo había leído El libro vaquero y casi no leía la prensa.

Pero eso no era lo más importante. Lo que no entendían esos nuevos partidarios de Fox era que el capitalismo financiero de carácter oligopólico ya se había colocado en la cúspide del PAN y también en la del partido oficial; tal capitalismo se expresaba en la ideología neoliberal y se lanzó a cometer todo tipo de privatizaciones de empresas y bienes públicos, a desregular leyes y decretos, a incrementar la explotación y opresión de sus trabajadores y a depender cada vez más de los designios imperialistas de Estados Unidos. Por ende, nació el Prian y la victoria de Fox no significó ninguna apertura a la democracia. Es como si en una nación se hubiera dejado de votar por Mussolini para entonces votar por Hitler, con el pretexto de que ello impulsaría la transición democrática.

Miles y quizá millones de personas no ocultaron su alegría cuando falleció el dictador Francisco Franco en España el 20 de noviembre de 1975. No pocas personas en tiempos anteriores habían urdido acabar con la vida del matarife gallego y supusieron que su muerte habría sido la clave para que en el país ibérico volviera la democracia. En realidad, la lucha clandestina contra el franquismo nunca dejó de estar presente de 1939 a 1975 y yo mismo lo pude comprobar cuando visité la patria de Cervantes un poco antes de la muerte del dictador. Al principio, la gente guardaba silencio y tenía temor de hablar ante los forasteros, pero poco tiempo después, con mis compañeros mexicanos, pude conectar con miembros de diversos grupos políticos entre los cuales había comunistas sovietófilos, anarquistas y trotskistas, pero incluso también anticomunistas y liberales, que abogaban por el establecimiento de una democracia representativa al estilo británico o a la manera francesa. Me llamó la atención que un gran conjunto de intelectuales y artistas estaban hartos del franquismo y militaban en grupos o partidos prohibidos. Por ejemplo, Paco Rabal era del Partido Comunista, Marisol militaba en una escisión del Partido Comunista, Fernando Fernán- Gómez adoptó la senda progresista, Sarita Montiel llevaba mensajes del gran poeta León Felipe, exiliado en México, a militantes izquierdistas. No fue la muerte de Franco la que permitió que se estableciera una democracia que es todavía frágil, pero que resulta maravillosa en comparación con lo que se vivió en la tiranía franquista; ello fue la consecuencia de las luchas sociales de varios sectores del pueblo español.

El vil asesinato del presidente de Estados Unidos Abraham Lincoln el 14 de abril de 1865 ya no suscitó ningún cambio fundamental en lo que atañe a la victoria del norte industrial sobre el sur esclavista después de la guerra civil en Estados Unidos. Por otra parte, el crimen cometido en la persona de John F. Kennedy el 22 de noviembre de 1963 satisfizo a muchos ultraderechistas que consideraban a ese estadista como demasiado tibio frente al peligro comunista e incluso lo consideraban traidor porque no había apoyado con la aviación el ataque de un grupo de mercenarios a la isla de Cuba el 17 de abril de 1961. Pese a todo, las libertades civiles y la lucha contra la segregación racial pudieron afincarse notablemente y no se debieron a la generosidad del presidente bostoniano, sino a las lides comandadas por líderes populares como Malcolm X o Martin Luther King, ambos vilmente asesinados.

Posteriormente continuaré con este texto contra los magnicidios.

* DEAS-INAH

La venganza de Landau

Código Magenta

“She’s not to be trusted”. No es confiable. Con esta frase, un operador político estadounidense, cercano al presidente Donald Trump, resume el sentimiento general de la comunidad de inteligencia sobre el momento de la relación de Washington con México.

Se refiere, por supuesto, a la presidenta Claudia Sheinbaum. El comentario fue recuperado apenas días después de que un Gran Jurado de la Corte del Distrito Sur de Nueva York presentó una acusación de narcotráfico contra Rubén Rocha Moya.

En palabras de otro alto funcionario norteamericano con acceso al Cuarto de Situación de la Casa Blanca, Sheinbaum podría tener “una Presidencia muy efímera” si no coopera con la ofensiva judicial de la administración de Donald Trump contra la narcopolítica mexicana. Rocha Moya es apenas el primero de muchos en la lista.

El arquitecto de esta revolución silenciosa es el vicecanciller de Estados Unidos, Christopher Landau. El ex embajador de Washington en México ha supervisado personalmente la cancelación de más de 200 visas de políticos y funcionarios mexicanos que están bajo investigación por presuntos nexos con el crimen organizado.

El caso más reciente es el del gobernador de Durango, Esteban Villegas. Su gobierno está parcialmente capturado por el Cártel de los Cabrera Sarabia, según explica a Código Magenta una fuente con conocimiento del asunto.

El expediente de Durango pone de relieve una faceta poco conocida sobre el vicecanciller: durante su paso como embajador de Washington en México en la primera administración de Donald Trump, Landau construyó una impresionante red de inteligencia en el país. Periodistas, empresarios, políticos y funcionarios de seguridad nacional siguen enviando información al norte del Río Bravo. El apellido Landau logró trascender en el imaginario mexicano: Internet lo bautizó como “el quita visas”.

https://codigomagenta.com.mx/la-venganza-de-landau/

La acusación federal en contra de Rubén Rocha Moya es la culminación de un proyecto de política exterior que incluye a la Casa Blanca, al Departamento de Estado, a la CIA, a la DEA, a Homeland Security Investigations, al Comando Norte y al Comando Sur del Ejército de Estados Unidos. El comandante civil a cargo de la operación política en México es precisamente Christopher Landau, mano derecha del secretario de Estado, director del Consejo de Seguridad Nacional y precandidato presidencial republicano, Marco Rubio.

Por primera vez en la historia de la relación bilateral, un gobernador mexicano en funciones es señalado abiertamente de tener vínculos con el crimen organizado.

En este caso, con la facción de ‘Los Chapitos’ del Cártel de Sinaloa, una empresa clandestina catalogada por el Departamento de Estado norteamericano como una organización terrorista internacional. En Washington señalan a ‘Los Chapitos’ como los operadores que introdujeron toneladas de fentanilo al mercado estadounidense, una sustancia que ha sido designada por la Casa Blanca como “arma de destrucción masiva” y que es la causa raíz de alrededor de 100 mil muertes por sobredosis al año en la Unión Americana.

El expediente contra el gobernador con licencia de Sinaloa representa la señal más evidente de que la administración de Donald Trump ha decidido que es momento de una reorganización completa del sistema político mexicano. El gobierno de Estados Unidos se ha reservado el derecho a vetar candidatos a la elección intermedia mexicana.

La acusación contra Rocha Moya incluye también a quienes eran sus dos prospectos más importantes en la sucesión a la gubernatura: el senador Enrique Inzunza y el alcalde de Culiacán, Juan de Dios Gámez Mendívil. Incluso, la nueva dirigente nacional de Morena, la bejaranista Ariadna Montiel, declaró en el Consejo Nacional que el partido no aceptará candidaturas de perfiles asociados a la delincuencia organizada. Está por verse.

Sin embargo, es evidente que, en el mejor de los casos, la administración de Donald Trump tendrá injerencia indirecta en la selección de los candidatos a las gubernaturas en 2027. En el peor de los casos, Morena podría ser catalogado como un instituto político que asiste y protege sistemáticamente a organizaciones terroristas internacionales.

El gobierno de Donald Trump entiende la reorganización política de México como un asunto de seguridad nacional. La decisión de nombrar como embajador a Ronald Johnson fue tomada por Landau.

Johnson es un ex boina verde del Ejército norteamericano, un antiguo agregado de inteligencia de la CIA al Comando Sur durante los conflictos militares de finales de siglo en Centroamérica y el embajador de Washington en El Salvador que avaló la estrategia draconiana de seguridad del presidente Nayib Bukele.

La nueva misión de Johnson en México se ha traducido en un escalamiento de las capacidades militares y de inteligencia en territorio nacional. Bajo su gestión, con la supervisión de Landau, la CIA ha desplazado a la DEA como la principal agencia de inteligencia encargada de la ofensiva contra los cárteles.

Además, se ha desplegado un ambicioso programa de vigilancia clandestina que incluye la presencia de agentes en los centros de comando de las Fuerzas Armadas de México y el uso de drones de espionaje MQ-9 Reaper para interceptar comunicaciones. Tanto el abatimiento de Nemesio ‘El Mencho’ Oseguera Cervantes como la captura de Audias ‘El Jardinero’ Flores Silva, los dos principales capos del Cártel Jalisco Nueva Generación, fueron producto de inteligencia generada por la CIA.

Para la Casa Blanca, las acusaciones del Departamento de Justicia en contra de la clase política mexicana son una herramienta efectiva para conseguir concesiones en la negociación del T-MEC, en el acceso a minerales críticos en México y en la responsabilidad compartida para frenar la migración de América Central. No obstante, también existe un elemento personal en la agenda de Washington que tiene que ver con Christopher Landau.

En 2020, como embajador de Estados Unidos en México, Landau intercedió a favor del presidente Andrés Manuel López Obrador cuando se solicitó la repatriación del General Salvador Cienfuegos. El general había sido detenido en Los Ángeles bajo cargos de narcotráfico.

Con base en el testimonio de Édgar Veytia, ex fiscal de Nayarit, y de comunicaciones interceptadas a la Secretaría de la Defensa Nacional, el  Departamento de Justicia señaló a Cienfuegos como un protector del Cártel H-2, una facción del Cártel de los Beltrán Leyva cuyo remanente hoy exporta drogas sintéticas bajo las órdenes de Fausto Isidro Meza Flores, ‘El Chapo Isidro’.

Bajo el consejo de Landau, el fiscal norteamericano, William Barr, negoció con el entonces canciller mexicano, Marcelo Ebrard, la extradición de Cienfuegos. La condición era que el general sería procesado por la Fiscalía General de la República y juzgado por tribunales mexicanos. Washington entregó las pruebas.

Sin embargo, en una decisión extrajudicial, el presidente López Obrador ordenó que Cienfuegos fuera exonerado. Nunca se llevó a cabo el juicio. Landau fue traicionado, pagó el costo político y los platos rotos de una relación bilateral quebrada. “La DEA le fabricó delitos al secretario. Fue una venganza”, declaró AMLO. “Fue un plan para perjudicar a México”, diría tres años después el propio Cienfuegos.

La detención del general dio origen a la promulgación de una Ley de Seguridad Nacional que vetó de facto las operaciones de la DEA en México y que colocó candados rigurosos a las actividades de agentes de inteligencia extranjeros en el país. Esta ley está hoy al centro del conflicto por la participación de dos agentes de la CIA en un operativo en el que la Fiscalía de Chihuahua desmanteló un laboratorio clandestino de drogas sintéticas. Para el gobierno de Trump y para Landau, la lección fue clara: nos vieron la cara; el gobierno de la Cuarta Transformación no es confiable.

Landau no es parte de la nueva derecha americana, del ala radical del Partido Republicano que promovió “la declaración de guerra contra los cárteles mexicanos” desde think tanks como Center for Renewing America.

Es decir, no es parte del grupo político de Stephen Miller o de Ken Cuccinelli, dos ultras de la administración de Donald Trump. Landau es un miembro del establishment en su definición más amplia: hijo de un diplomático de carrera, educado en la Universidad de Harvard, asistente del juez Clarence Thomas en la Corte de Apelaciones para el Circuito del Distrito de Columbia y antiguo socio del prominente despacho Quinn Emanuel Urquhart and Sullivan, una oficina conocida por su relación con la firma de espionaje israelí Black Cube y por representar casos de alto perfil en México, como el affaire de Oro Negro contra Pemex.

¿Qué quiere decir esto? La ofensiva contra México trasciende a Donald Trump y a su grupo político. Ahora, también, es una guerra asumida por el Estado Profundo norteamericano.  

Desde la comunidad de inteligencia, presionan que Sheinbaum podría tener “una Presidencia muy efímera”. El viaje a Palenque, el blindaje de la FGR a Rubén Rocha Moya, la cruzada contra la CIA en Chihuahua y la filtración de expedientes delicados sugieren que el balance de poder en el país podría cambiar en cuestión de semanas. Sheinbaum tomó partido.

Morena: Como perros acosados…

 

Historia de lo inmediato

Álvaro Delgado Gómez

                             "¿Por qué tienen que cargar los miembros y simpatizantes de Morena con los corruptos y estar como perros acosados por unos cuantos?".

Es grotesco que quien mata niñas, viola mujeres, invade naciones, secuestra presidentes y usa el cargo para enriquecerse, Donald Trump, le exija cuentas a México y es más grotesco aún que los presidentes de los partidos más corruptos de la historia del país y ellos mismos con larga cola, Alejandro Moreno Cárdenas y Jorge Romero Herrera, tengan como perros acosados a Morena y a sus gobiernos. Pero ese es el costo de la impunidad a la que la Presidenta Claudia Sheinbaum debe ya poner fin en definitiva para no ser vulnerable a la ultraderecha nacional y trasnacional, que incluye a los muy corruptos medios de comunicación, intelectuales y empresarios como Ricardo Salinas Pliego y Claudio X. González.

Es sabido desde 2018 que la ola del movimiento fundado por Andrés Manuel López Obrador fue tan gigantesca que arrastró mucha basura política y empresarial, cuyos excesos han venido comprometiendo el proyecto que se propuso la regeneración de la vida pública de México para arrancar de raíz los que, sin embargo, siguen siendo dos problemas estructurales de la nación: La corrupción y la impunidad.

Es sabido también que desde 2018 se comenzó a desmontar la red de complicidades que vienen desde Carlos Salinas de Gortari, el fundador del PRIAN —cuando se hicieron las grandes fortunas del país con los recursos de la nación, se asesinó a opositores de izquierda y se establecieron vínculos con los grupos del narcotráfico— y se instauró un nuevo modelo de desarrollo que ha sacado de la pobreza a 13.5 millones de mexicanos y puso fin a los privilegios de las élites, como lo ilustra el caso del propio Salinas Pliego y el pago de los impuestos que está pagando.

López Obrador públicamente dijo que prefería ver para adelante y no emprender ninguna acción jurídica contra saqueadores, incluyendo los expresidentes de México. Pero las condiciones internas y externas han cambiado y exigen a la Presidenta Sheinbaum una limpia radical de políticos y empresarios corruptos, de dentro y de fuera de su gobierno y de su partido, y de los de antes —incluyendo a Enrique Peña Nieto y Felipe Calderón—, con todos los instrumentos jurídicos, institucionales, políticos, legislativos y judiciales que tiene. Sólo falta que tome la decisión, si es que no la ha tomado ya, a partir de que Ernestina Godoy llegó a la Fiscalía General de la República (FGR) en sustitución de la nulidad que fue Alejandro Gertz Manero.

¿Por qué tienen que cargar los miembros y simpatizantes de Morena con los corruptos y estar como perros acosados, arrinconados y con la cola entre las patas, por unos cuantos? Carlos Castillo Peraza tomó el título del libro de Anna F. Krakowsky, Como perros acosados, para describir que desde el gobierno había una narrativa “para que el panista se sienta apenado de ser panista”. Y hoy, los del PRIAN tienen el mismo objetivo: Que los de Morena sientan vergüenza, porque son tan corruptos como los prianistas. En una batalla de narrativas que está en curso hacia la elección de 2027 y que Estados Unidos se entrometió indebidamente con su acción contra los ´10 de Sinaloa.

“En Morena los corruptos no tienen cabida”, dijo la nueva dirigente nacional del partido de la Presidenta Sheinbaum, Ariadna Montiel, lo que representa una señal para no sumar a candidaturas a quienes no tienen “una trayectoria impecable”, sino para apartar a quienes están en posiciones de poder y que tienen reputación de corruptos. Pero siendo correcto que discursivamente se inicie una nueva etapa en Morena, lo sustantivo está en el terreno del Gobierno federal para que haya una reafirmación de principios y una depuración de hombres y de mujeres, como decía Daniel Cosío Villegas en La crisis de México.

A diferencia de López Obrador, también, la Presidenta Sheinbaum tiene todos los instrumentos legales, institucionales y humanos para ir por los corruptos, como el propio “Alito” Moreno Cárdenas, dueño de una fortuna hecha sólo desde la política y cuyo desafuero fue un cuento, y Romero Herrera, el jefe máximo del cártel inmobiliario extendido a todo el país. Si hay pruebas, que vayan a la cárcel. Si no las hay, también debe decirse. Lo indebido es no hacer nada, porque los corruptos seguirán haciendo escarnio de la corrupción, aunque no tengan razón.

Para atacar la corrupción pública y privada, tan repugnante una como la otra, el Gobierno federal que encabeza Sheinbaum tiene a la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno, encabezada por Raquel Buenrostro, pero también dispone de la Unidad de Inteligencia Financiera, la Procuraduría Fiscal y el Sistema de Administración Tributaria (SAT) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP). Estas instancias son las que presentan las denuncias ante la FGR, cuyo equipo pertenece al mismo proyecto político, aunque siga como fiscal anticorrupción María de la Luz Mijangos, herencia de Gertz.

Tampoco existen obstáculos en el Poder Judicial de la Federación, cuya Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) está completamente renovada con ministros afines —capturada, dice la derecha que por décadas capturó todo este poder del Estado—y la mitad de los magistrados y jueces federales fueron electos por voto popular.

El nuevo titular de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), un órgano de la Cámara de Diputados para prevenir y sancionar la corrupción con el dinero público federal, es Aureliano Hernández Palacios Cardel, identificado con Sheinbaum desde que fue Jefa de Gobierno. Y en la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJA), donde los corruptos suelen hacer enjuagues multimillonarios con despachos a menudo asociados con magistrados y magistradas, también la Presidenta de México propuso a su presidente, José Ramón Amieva.

Otra cosa: Si las leyes vigentes son laxas con los corruptos, porque efectivamente durante décadas se construyó un andamiaje para la impunidad, entonces la Presidenta de México tiene la mayoría en el Congreso para reformar la Constitución y las leyes que hagan falta para tener instrumentos jurídicos más eficaces. Ni siquiera necesita de la oposición. Todo está en sus manos y en su voluntad.

Ir contra los corruptos es una definición histórica que consolidará la autoridad moral y política de la Presidenta y de su Gobierno, que además le dará mayor dignidad y fortaleza a la nación ante los embates de Estados Unidos y de los vendepatrias que repugnan la soberanía nacional y, aunque de dientes para afuera lo nieguen, se le han arrodillado a Trump.

Los mexicanos estamos hasta el gorro de los corruptos e impunes, políticos y empresarios, de antes y de ahora. Muchos, por la prescripción de los delitos, ya no recibirán castigo, pero ahí están Peña Nieto por transferencias documentadas, Calderón por el regalo que hizo en obras, como los penales, y el criminal Rápido y Furioso, así como personajes como Francisco Javier García Cabeza de Vaca, Diego Sinhué Rodríguez, Enrique Alfaro, Adán Augusto López Hernández, Américo Villarreal, Roberto Gil Zuarth, Ricardo Monreal, Pedro Haces…

Ni modo que la panista María Eugenia Campos resulte impune por la relación de su gobierno con la CIA, sólo porque Estados Unidos la protegió con el escándalo de Rubén Rocha Moya. O que el Gobernador de San Luis Potosí, Ricardo Gallardo, y su operador, Héctor Serrano, sigan tan campantes con sus 20 mil operadores electorales y el reparto de un millón 200 mil despensas al mes, para garantizar la gobernatura quitando de en medio, de todas las maneras posibles, a quien se les oponga. Así no hay cambio verdadero ni segundo piso de la transformación…

       

La decadente gira

 

Ana Lilia Pérez

La decadente gira

                             "No es nuevo el entreguismo de políticos de infame trayectoria, para con gobiernos extranjeros, es más, lo rastrero es su esencia".

Suena a parodia de televisión, pero ocurre que, ante su incapacidad de generar una propuesta de proyecto político, a la derecha prianista apadrinada por empresarios evasores de impuestos, encabezados por Salinas Pliego, se les ocurrió organizarle una gira a la ultraderechista Isabel Díaz Ayuso, que se lleva a cabo desde el pasado domingo, y durante 10 días en los que, en ciudades con alcaldes y gobiernos prianistas le hacen homenajes y pleitesía a la española que, con aires y desplantes vulgares y de un colonialismo trasnochado, lanza insultos y ofensas contra nuestro país, contra la Presidenta Sheinbaum, contra los pueblos originarios, contra los programas sociales, contra todo lo que signifique progresismo.

Con esa gira en la que prianistas y asociados abren foros y micrófonos a la ultraderecha internacional para que repita groseros discursos de odio elitistas y clasistas, nuevamente los prianistas y patrocinadores reafirman su miopía política y su incapacidad de una propuesta propia, y que, ante el descrédito que arrastran, su estrategia con que buscan regresar al poder va de clamarle al gobierno de Trump su injerencia en nuestro país, o traer a la ultraderecha internacional que se ha ido reposicionando en varios países también con la intromisión abierta del gobierno estadounidense.

Apenas en abril, en los mismos días en que en Barcelona tenía lugar la convención de gobiernos progresistas, desde Madrid, Díaz Ayuso lanzaba insultos, vociferaba vulgaridades contra nuestro país y contra la Presidenta Sheinbaum, y organizaba actos para condecorar a María Corina Machado y para ofender a los presidentes progresistas que estaban reunidos en Barcelona convocados por Pedro Sánchez.

Ahora los prianistas en su tremenda decadencia trajeron a Díaz Ayuso para que repita los mismos mensajes de odio que, de tan predecibles, suenan a reproducciones en magnetófono en tono lilitellizado sólo que más aderezados con vocablos y expresiones anacrónicas de rancio origen como el de escribir el nombre de nuestra Nación con "J", como hacían los españoles en el siglo XVI, incapaces de hacer el esfuerzo en pronunciar la "X".

Escribir el nombre correcto de un país es respetar su identidad, y el de nuestro país se escribe con "X". Explica la Academia Mexicana de la Lengua que mantener la "X" en el nombre de México es un acto de respeto al origen náhuatl y a la identidad nacional. No se trata de cuestiones ortográficas, sino de respeto a la identidad.

Escribió el abogado, periodista y diplomático Manuel Revilla en el año 1911 en su texto titulado Por qué no escribo México con J, que la "X" en el nombre del país es una letra consagrada por larga tradición, que “tiene algo de hierático y sagrado”. Alterar el nombre, dice, “parece una especie de profanación contra lo que protesta el sentimiento”. Que, “quitarle a México la 'X' es como si al águila de nuestro escudo se le suprimiese el índico nopal o la ondulada culebra; o como si a nuestra Bandera se le cambiara alguno de sus tres emblemáticos colores”.

El planteamiento de Revilla se cita en varios libros, incluido el titulado Minucias del lenguaje, de José Moreno de Alba, publicado por el Fondo de Cultura Económica (1992), que en un amplio capítulo “Sobre la ‘X’ de México”, cita también a autores como el diplomático y escritor Alfonso de Rosenzweig Díaz, quien en su texto Mexicanidad de México, (1956) escribió que más allá de lo fonético está la grafía para los nombres, y así, dice, “México se escribirá siempre con 'X', por tradición, por costumbre e, incluso, por política".

Así que no son minucias del lenguaje, sino que, por parte de Díaz Ayuso al usar la "J" en el nombre de nuestro país, es el signo de un pensamiento rancio que espera que sus vasallos mejicanos, con "J", le rindan pleitesía, aquellos que le aplauden sus anacrónicos discursos, los mismos que la trajeron para homenajear a Hernán Cortés en el mismo recinto donde en 1939 se anunció la fundación del Partido Acción Nacional.

Para los prianistas, recurrir a narrativas de odio se convirtió en su único activo: discursos como los que enuncian desde el Congreso, que vociferan desde las redes sociales, que diseminan también en foros del extranjero.

Hacen mal los prianistas y la derecha de nuestro país en aliarse con políticos extranjeros que ni siquiera respetan el nombre del país, como la política española de ultraderecha a la que trajeron a hacer política precisamente por los mismos días en que en México conmemoramos una de las más relevantes batallas por nuestra soberanía.

La larga gira que los prianistas le organizaron a Díaz Ayuso le ha generado toda clase de críticas en su país por ausentarse tantos días de su cargo como Presidenta de la Comunidad de Madrid, pero también por la opacidad de sus gastos y por los recursos públicos destinados a esa gira. La prensa en España publicó los costos que la presencia de Díaz Ayuso en eventos como la Feria de San Marcos, en Aguascalientes, tuvo para los españoles. A ello habría que sumar lo que los gobiernos prianistas están gastando.

No es nuevo el entreguismo de políticos de infame trayectoria, para con gobiernos extranjeros, es más, lo rastrero es su esencia. Esos decadentes “homenajes” con que los prianistas encubren que trajeron a Díaz Ayuso a hacer política me recuerdan a los años del panismo en el Gobierno federal cuando en tiempos de Fox y de Calderón ilegalmente desmantelaban el sector eléctrico para entregárselo a empresas españolas principalmente.

Calderón tenía una obsesión con que Juan Camilo Mouriño le sucediera en la Presidencia promoviéndolo en España como una especie de virrey –dado su origen español- y con los panistas de aquellos años, como pajecitos, entregados a la monarquía española y las empresas bajo su cabildeo.

Fue en esos años que, a costa de desmantelar la CFE y extinguir Luz y Fuerza, México fue usado como principal veta de negocios para empresas españolas vinculadas algunas directamente con la monarquía que tenía a sus integrantes como consejeros, cabilderos y gestores.

De aquellos años, en Campeche se recuerdan anécdotas de cómo cuando varios integrantes de la realeza, infantas y otros acompañantes visitaron México, para agasajarles y hacerles reverencias políticos panistas de Campeche y sus esposas ridículamente se mandaron hacer trajes estilo corte virreinal, con terciopelos bordados, casacas y corsés. Empresarios del sector contaban los detalles de esas reuniones porque para sufragar los “gastos”, esos políticos les pasaban la charola.

En esos años publiqué amplios reportajes en los que revelé el tráfico de influencias que en los gobiernos de Fox y Calderón se hacía para favorecer a esos corporativos españoles en los que también integrantes de la Corona española tenían negocios.

Los ilegales beneficios de Calderón a los consorcios españoles, primero como Secretario de Energía, le granjearon que José María Aznar le diera su apoyo y en actos injerencistas hiciera proselitismo a su favor para la elección de 2006.

Tiempo después, aunque la barroca idea calderonista de un futuro neovirreinato que proyectaba con los Mouriño, acabó por desplomarse debido al fallecimiento de Juan Camilo, a las compañías españolas (y las de los Mouriño) el Gobierno de Calderón les entregó cada vez más negocio del sector eléctrico, para eso ordenó la extinción de Luz y Fuerza, que entonces tenía toda la cartera de clientes de la zona centro del país, que a partir de su extinción fueron negocio de los privados.

Su desnacionalización de una amplia fracción del sector eléctrico bajo figuras eufemísticas, le ganó que en España a él y a su esposa les colgaran medallas, les hacían distinciones, honores y pomposas cenas en el Palacio Real. No se trataba sólo de cuestiones ideológicas, sino de lucrativo negocio para los miembros de esa “realeza” que eran “consejeros” o gestores de esas empresas.

No fue coincidencia que a Calderón lo contratara como “consejero” uno de los consorcios españoles favorecidos de su Gobierno. Tampoco que se mudara a España apenas iniciado en Estados Unidos el juicio contra su Secretario de Seguridad, Genaro García Luna, por narcotráfico.

Ni fue casual que en 2022, con apoyo de Aznar, le dieran permiso de residencia y trabajo en ese país, porque es uno de los bastiones desde donde la ultraderecha internacional organiza estrategias para torpedear a gobiernos progresistas, mediante narrativas de odio y mentiras que diseminan voceros como la madrileña que hoy sigue en gira homenajeada por los prianistas. Aunque, ni esta nueva ocurrencia los sacará del basurero de la historia en el que se encuentran.

Atenco: justicia irrenunciable

Editorial La Jornada 

En los primeros días de mayo de 2006, fuerzas federales, estatales y municipales fueron lanzadas en un violento operativo de represión en contra de los comuneros de San Salvador Atenco y otras localidades mexiquenses, quienes años antes habían constituido el Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra (FPDT) para oponerse al proyecto del entonces presidente Vicente Fox de construir un aeropuerto en terrenos agrícolas de Texcoco. Un incidente menor en el que policías estatales y municipales intentaron retirar a vendedores de flores en el mercado de Texcoco derivó en un bloqueo carretero, una batalla campal, decenas de detenciones y la retención de varios funcionarios por parte de los pobladores. En respuesta, los gobiernos federal y estatal –encabezado entonces este último por Enrique Peña Nieto– lanzaron una brutal incursión sobre San Salvador Atenco en la que murieron los jóvenes Ollin Alexis Benhumea y Francisco Javier Cortés, cientos de personas fueron salvajemente golpeadas, decenas de mujeres fueron violadas por elementos policiales, otros centenares fueron detenidos, incluidos menores de edad, y resultó incendiado el auditorio de la localidad.

Años más tarde, las comisiones Nacional e Interamericana de Derechos Humanos establecieron la comisión de delitos graves por parte de ambas instancias de gobierno, y la Federación fue acusada por su responsabilidad en detenciones ilegales y arbitrarias, torturas físicas, sicológicas y sexuales, carencia de acceso a la justicia y discriminación por razones de género.

Ayer, a 20 años de aquellos injustificables abusos de poder, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo visitó San Salvador Atenco, donde firmó el Plan de Justicia para Atenco y la Montaña, reivindicó la lucha del FPDT y de otros movimientos sociales y prometió que “nunca más un policía, un guardia nacional, reprimirá al pueblo de México”. La mandataria reconoció que aún hay camino por recorrer hacia el acceso a la justicia para muchas de las luchas sociales del país y señaló la diferencia de actitudes gubernamentales antes y después de 2018 hacia los movimientos sociales y populares.

Por su parte, Hortencia Ramos, integrante del FPDT, reprochó que hasta la fecha “ningún violador o asesino ha sido juzgado, desde el asesino confeso Enrique Peña Nieto o los panistas de mano dura Vicente Fox y Felipe Calderón, pasando por los señores de Texcoco, hasta los altos mandos policiacos”, y señaló que en Atenco “la justicia es una cuenta pendiente hasta no ver tras las rejas, juzgados, sentenciados y condenados, a quienes, desde el Estado, cometieron un crimen de lesa humanidad contra las comunidades”.

Asiste la razón a la Presidenta en su señalamiento de que su administración y la de su predecesor han dado un trato digno y respetuoso a los movimientos sociales y que en siete años y medio éstos no han sido reprimidos por el gobierno federal. Pero también es cierto que los altos responsables por la atrocidad perpetrada hace dos décadas –Vicente Fox, su secretario de Seguridad Pública, Eduardo Medina Mora, y Enrique Peña Nieto– nunca han comparecido ante un tribunal para explicar su responsabilidad en los crímenes cometidos. Por su parte, Wilfrido Robledo Madrid, quien se desempeñaba como responsable de la mexiquense Agencia de Seguridad Estatal, murió en 2022 sin que sus responsabilidades por esos hechos fueran sancionadas.

Por lo que hace a los ex gobernantes del ciclo neoliberal, la justicia pendiente rebasa el ámbito de Atenco. Una inmensa cantidad de delitos de toda clase –políticos, económicos, sociales, ambientales y comunes– fueron perpetrados entre 1988 y 2018 al amparo del poder público, sin que hasta la fecha, y a pesar de los innegables cambios positivos experimentados en el país, haya sido posible impartir justicia. Hoy, tras la reforma al Poder Judicial, existen al menos condiciones menos desfavorables para pugnar por ella. Para el FPDT y para todas las personas agraviadas, es una reivindicación vigente y un derecho irrenunciable.

Indultor de narcos amenaza a México

Utopía

Eduardo Ibarra Aguirre

El convicto que despacha y hace fabulosos negocios privados desde la Casa Blanca, Donald John Trump amenazó al gobierno mexicano por enésima ocasión y más vale que nos acostumbremos porque conforme se acerque la fecha de lo que se avizora como una derrota en las elecciones de medio tiempo, subirán notablemente los decibles de la campaña antimexicana del supremacista, paidófilo y mitómano impar del orbe, junto con sus aliados de Argentina, Israel y Honduras, además de sus fieles seguidores, aunque él tiene clara conciencia de que los mexicanos “no me quieren”.

Fue en estos términos la amenaza del señor que lo mismo se disfraza de Jesucristo, ayatola y todo lo que su incontenible megalomanía le permite: “El ingreso de drogas a nuestro país por mar, por océano, por agua, ya está muy bajo”, dijo DJT ante reporteros en un acto con su esposa para celebrar el Día de las Madres. “Ahora hemos iniciado la fase terrestre, la cual es mucho más fácil. 

Escucharán algunas quejas de algunas gentes, como los representantes de México y otros lugares. Si ellos no van hacer la tarea, nosotros haremos la tarea, y ellos entienden eso”.Difícilmente las autoridades mexicanas, encabezadas por Claudia Sheinbaum, entenderán “eso”, que las dirigencias de las oposiciones del denominado PRIAN –también Macprian– demandan a gritos, cuando Donald John es ni más ni menos que el indultor de Juan Orlando Hernández, expresidente de Honduras, por introducir a Estados Unidos más de 40 toneladas de cocaína y sentenciado durante el gobierno de Joseph Biden a más de 40 años de prisión. O bien, que el excriminal Hernández por la gracia del monarca yanqui, estableció una alianza para emprender una ofensiva propagandística contra los gobiernos de

Colombia y México, financiada por el extraordinario demagogo y embaucador Javier Miler, junto a Benjamin Netayahu, prófugo de la justicia internacional por genocidio en Gaza (y ahora Líbano), y como director de orquesta el orate que presume que acabó con siete guerras. Y hace la propia en Medio Oriente. 

Pero inició y dirige pésimamente la más costosa de todas las guerras, en Irán, aliado (¿o subordinado a Tel Aviv?) y no logra salir del atolladero en que metió a USA, Asia Occidental y la economía mundial. También cosecha la virtual pérdida del tejido de alianzas que durante décadas forjó EUA en la región, además de pérdidas militares que se cuantifican en 4 billones de dólares y un notable alejamiento de la Unión Europea, en particular de España, Francia, Holanda, Irlanda…

Justo en el contexto de las preguntas reporteriles sobre por qué no avanzan las negociaciones con Irán, dado que Donald John repite que proceden “muy bien”, declaró: “los enemigos tienen un gran orgullo”. Y enseguida maniobró con sus amenazas a México y Sheinbaum Pardo reviró con la “serenidad y paciencia” que la distingue en el planeta:

“Sabemos muchas veces esto, lo ha dicho varias veces el presidente Trump, no es la primera vez, pero nosotros estamos actuando, hay una reducción casi del 50% en homicidios dolosos, 2 500 laboratorios deshabilitados, destruidos, personas detenidas… hay reducción del paso de fentanilo de México a Estados Unidos… Lo que nosotros les pedimos desde el principio, reconozcan que tienen un problema grave de consumo y reconozcan también que el mismo nivel en que está la disminución del tráfico de drogas de México a Estados Unidos, a ese mismo nivel tienen que reconocer que tiene que parar el tráfico de armas de Estados Unidos a México”. ¡Sopas Juan!

Finalmente, estaré ausente entre una y tres semanas por indicaciones del cirujano Rubén Ventura, del IMSS.

Acuse de recibo

Habla el juez que, sin el debido proceso, se sobrepone a Julio Hernández López, el periodista: “Rubén Rocha Moya, indefendible en absoluto” y “Ha de reiterarse que Rocha Moya es indefendible…”; 30-IV-26 (…) Elba Pérez V. recomienda la Revista Relatos e Historias en México, número 205: “Una Nobel de Literatura en México. Gabriela Mistral en 1948: de maestra (rural) a diplomática, Ricardo Lugo Viñas; De revolucionario a dictador: El cubano Fulgencio Batista y su proyecto de gobierno emanado de la Revolución mexicana, Jesús Hernández Jaimes; Un gran triunfo sobre el ejército estadunidense. La batalla del 21 de septiembre de 1846 en Monterrey, Gerardo Díaz; Aretha Franklin: El prodigioso ‘recurso natural’ de la música afroamericana, Marco A. Villa; entre otros textos”. (…) Apunte de Enriqueta Cisneros, “… llegó con su misma armadura de cuando convivía cotidianamente con la desesperanza del cautivo, que sin embargo realmente busca desesperadamente la salida. Luego, en las siguientes horas entre dos, que se observaban como fósiles extintos, le vio, no sólo el inexorable eslabón roto pendiente de su collar de esclavo fugitivo, sino la nostalgia de los días de gloria en que fue el gladiador, que peleó y ganó batallas, que no le tocaba ganar, ni como descendiente de Catarino Ibarra (Torres), ni menos como niño”. (…) Enlace a 3 109 utopías, https://forumenlinea.com/

X: @forumenlinea forum@forumenlínea.com

Quéjanse los que pagan por pecar

 

Quéjanse los que pagan por pecar

Agenda Ciudadana

Lorenzo Meyer

"Sin la existencia de esos consumidores y proveedores del norte, los cárteles mexicanos no tendrían razón ni recursos para existir"....

En un país como el nuestro y en una situación tan asimétrica como la que tenemos desde buen tiempo frente a la gran potencia vecina del norte, el supuesto de que la mejor política externa es una buena política interna es muy válido. Las debilidades domésticas de nuestro Estado y gobiernos son otros tantos flancos abiertos a las presiones norteamericanas.

En la siempre complicada y asimétrica relación con los muy poderosos e imperiales como Estados Unidos hay coyunturas de mayor complicación. En la circunstancia actual domina una de esas embrollos generados por una acusación norteamericana de corrupción grave contra un Gobernador y un Senador mexicanos de Sinaloa y por eso viene a cuento el parafrasear a sor Juana Inés de la Cruz, nuestra gran poetisa del siglo XVII, en sus famosas Redondillas “Hombres necios” y el verso podría ser este: “¿O cuál es más de culpar, aunque cualquiera mal haga: el país de los que pecan por la paga (México) o el de los que pagan por pecar (Estados Unidos?).” Igual tiene sentido parafrasear el inicio mismo del verso y decir: “Vecino necio del norte, que acusáis a México [casi] sin razón, sin ver que sois la ocasión de lo mismo que culpáis”. Y es que de no existir la notable demanda de drogas ilegales en la sociedad norteamericana y de no existir el contrabando masivo de armas procedentes del norte del Río Bravo, los llamados carteles de la droga mexicanos no serían las formidables organizaciones criminales que hoy son y que tanto malestar causan en las buenas conciencias norteamericanas. Sin la existencia de esos consumidores y proveedores del norte los cárteles mexicanos no tendrían razón ni recursos para existir, al menos no en su modalidad de actores criminales internacionales dignos de Netflix.

Como ya quedó claro fue sólo por accidente que el gobierno mexicano descubrió que al menos cuatro agentes de la Agencia Central de Inteligencia norteamericana (CIA) estaban operando ilegalmente en Chihuahua y con el consentimiento de la autoridad local. Inmediatamente después de darnos por enterados del “caso Chihuahua” y del reclamo del Gobierno federal a Washington, unos fiscales de Nueva York se fueron a la ofensiva y armaron “el caso Sinaloa”: hicieron pública una petición para la captura y extradición de diez funcionarios del gobierno de ese estado y que incluía al Gobernador y a un Senador -ambos del partido de la Presidenta Claudia Sheinbaum- acusándolos de estar o haber estado en la nómina de los narcotraficantes del Cártel de Sinaloa.

Desde la óptica de la prensa norteamericana la acusación de los fiscales neoyorquinos opacaba en importancia la ilegalidad de la presencia de la CIA en Chihuahua y supuestamente habrá de sumir al Gobierno de la 4T en México en una crisis justo cuando, según esa misma prensa, el apoyo ciudadano a la Presidenta Sheinbaum está declinando (The New York Times, 30/04/26).

Vista desde México, la situación no pareciera ser realmente la propia de una crisis interna y en cualquier caso conviene tener en cuenta que según los sondeos de opinión al finalizar abril la Presidenta mexicana mantiene la aprobación del 68 por ciento de la ciudadanía (encuesta de El Financiero). En contraste, el ocupante de la Casa Blanca apenas cuenta con la aprobación del 37 por ciento de los ciudadanos (encuesta del Washington Post-ABC News e Ipsos) y el embrollo en que, por decisión propia, ese personaje se ha metido en el Oriente Medio y afecta a toda la economía mundial, sí tiene visos de ser una crisis real aunque hay que reconocer que la posición dura del mandatario norteamericano en relación al control de la frontera de su país con México sí le ha redituado pues de entre todas sus políticas esa que implica una posición dura frente a los mexicanos tiene el mayor reconocimiento positivo entre la ciudadanía del país del norte -45 por ciento- aunque la desaprueba ¡el 56 por ciento!, (The Guardian, 03/05/26).

La reacción de la Presidenta mexicana ante las acciones norteamericanas ha sido la de exigir una vez más el respeto para la soberanía mexicana (caso Chihuahua) y luego demandar las pruebas realmente sustantivas con que se sustenta la petición de arresto y extradición de los funcionarios (caso Sinaloa).

Las dos soberanías. Es natural e inevitable que en un entorno como el descrito, la soberanía esté en el centro del discurso presidencial mexicano, pero ¿qué significa exactamente ese concepto y que implica su defensa? Partamos de que no hay una definición de soberanía única, universalmente aceptada, pero sí puede afirmarse que la teoría se refiere al ejercicio efectivo de la autoridad legal suprema de un Estado dentro de su territorio. Y ese ejercicio tiene al menos dos dimensiones: una interna y otra externa.

Como lo señalara un reconocido teórico del tema, Stephen D. Krasner en Sovereignty: Organized Hypocrisy, (1999), si bien fueron los acuerdos de paz de Westfalia de 1648 los que no sólo pusieron fin a dos guerras europeas que parecían interminables, sino que por primera vez propusieron crear un orden europeo que bajo el principio de reconocer a todos los estados involucrados como entes plenamente soberanos e iguales aceptara inequívocamente el derecho irrestricto de todos y cada uno de ellos a gobernarse sin interferencias externas. Desafortunadamente, la norma fue sistemáticamente negada por la realidad y la desigualdad en poder sigue rigiendo hasta hoy la relación entre los estados y el respeto a la soberanía de los débiles fue y es, en la práctica, letra casi muerta, pues el grado de soberanía de cada Estado depende no de los tratados e instrumentos jurídicos similares sino de su poder y de su habilidad para usarlo.

En el caso mexicano y desde la restauración de la república en 1867 el comportamiento del “factor norteamericano” ha sido el elemento determinante del grado en que la sociedad y el Estado de nuestro país han podido ejercer de manera efectiva la soberanía. En el caso de la externa, la gran asimetría de poder militar y económico frente a nuestro vecino del norte ha sido la determinante y es un hecho tan obvio que no tiene sentido ahondar más en él. En contrataste, el caso de la soberanía interna es relativamente diferente. En el plano interno México debe emplear a fondo su poder gubernamental y el de la movilización social para hacer efectivo y dar sentido al reclamo a la no intervención externa y al respeto a nuestra autonomía. La coyuntura actual demanda echar mano de la soberanía doméstica.

La soberanía interna se basa en la capacidad del gobierno de efectivamente ejercer su derecho y obligación de hacer respetar su autoridad suprema dentro de nuestras fronteras. Y aquí viene muy a cuento la definición de Max Weber sobre la esencia del Estado: su monopolio en el uso de la violencia legítima. Si la autoridad que debe mantener como un instrumento insustituible su monopolio de la violencia legítima no puede imponerse claramente sobre aquellos que le retan abierta, sistemática y organizadamente ejerciendo una violencia criminal y que en determinadas regiones y momentos incluso la superan en mando, entonces hay que admitir que existe una falla grave e inaceptable en la esencia del Estado. Y algo casi equivalente ocurre si la corrupción, la ausencia de profesionalismo y de sentido de responsabilidad de los funcionarios afecta al aparato administrativo estatal.

Y resulta que, en nuestro caso, de tarde en tarde, el gobierno de Estados Unidos aprovecha estas fallas del Estado mexicano para deslegitimarlo y presionarlo lo que afecta tanto al gobierno como al régimen y por ende a la soberanía y al buen gobierno y razón de ser del Estado mexicano.

El cambio de régimen que tuvo lugar a raíz de la elección de 2018 se logró porque el partido ganador enarboló las banderas de la anticorrupción, del buen gobierno y de la seguridad. Sin embargo, dada la fuerza y hondura de la corrupción -sus raíces datan al menos de la época colonial- no es posible esperar que males seculares se puedan superar en unos cuantos años. Sin embargo, es claro que debemos esforzarnos por acelerar el paso en esta materia y, sobre todo, mostrar que las puertas para el ingreso a los puestos de poder están cerradas y bien cerradas a las biografías sospechosas de corrupción, especialmente de las ligadas con la violencia ilegítima del crimen organizado. La seguridad nacional lo exige.

La interferencia o injerencia desde el exterior puede afectar el campo de la soberanía interna. En nuestro caso el peso de la presión norteamericana, la de organismos internacionales o la proveniente de grandes concentraciones de recursos económicos externos, debe y puede ser confrontada con y por la legitimidad de la autoridad y de su respaldo social. Sólo así tiene sentido y es efectivo el poner a la defensa de la soberanía en el centro del discurso nacional.

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Morena, Sinaloa y la soberanía

Héctor Alejandro Quintanar

Morena, Sinaloa y la soberanía

"Con el trabajo que ha hecho la 4T en desarrollo social, el reto de Montiel será mantener al partido como vanguardia de esa arista".

Como resultaba previsible, el fin de semana pasado en su Congreso Nacional Morena formalizó a Ariadna Montiel como dirigente del partido. Luego de participar con dos presidentes distintos en la Secretaría de Bienestar, su llegada supone una vivificación de una tesis fundacional morenista, labrada el 20 de noviembre de 2012, cuando se creó la cartera de Bienestar como una de las instancias operativas del movimiento, con el objetivo no sólo de darle identidad progresista, sino también de arrebatarle esa causa al entrante Gobierno de Peña Nieto, que en ese momento ya presumía a Rosario Robles como Secretaria de Desarrollo Social, en una decisión que el priista asumía como un giro progresista de su Gobierno y terminó en la Estafa Maestra.

Con ese antecedente, y con el trabajo sin precedentes que han hecho los gobiernos de la llamada Cuarta Transformación en el rubro del desarrollo social, el reto de Montiel será mantener al partido como vanguardia de esa arista. Luego de ocho años de notables éxitos electorales de parte del partido, que no necesariamente han devenido en consolidación del proyecto a nivel local, la sustancia identitaria de Morena tendría que ser la prioridad, más allá de lo electoral.

El discurso de Montiel, sin embargo, se acotó a la coyuntura política, dominada por el caso de Rubén Rocha Moya como Gobernador con licencia, ante acusaciones de Estados Unidos, que en México encabezó el Embajador Ronald Johnson, de que se trata de un aliado del Cártel de Sinaloa, señalamiento contra él y contra otras nueve personas, donde destaca el Senador por la misma entidad Enrique Insunza, más el Alcalde de Culiacán y jefes policiacos en el estado.

La acusación contra Rocha no tiene precedentes, porque nunca se había anunciado un señalamiento así a un Gobernador en funciones y protegido por el fuero constitucional. Más allá de eso, tendría que acreditarse una imputación tan delicada. Nadie duda hoy que Rubén Rocha ha sido un Gobernador ineficiente en todo aspecto. Pero entre la ineptitud y la colusión con el crimen organizado hay una grieta que hoy tendría que solventar con pruebas el gobierno de Estados Unidos, que hasta el momento no ha expuesto más que banalidades. No se trata de exonerar o condenar a priori a Rocha Moya, pero sí de resaltar que una acusación como la expuesta necesita acreditarse con prontitud.

Dadas las escasas pruebas que ha presentado Estados Unidos -con el Embajador Johnson como punta de lanza-, es de suponer, como recordaba Mike Vigil recientemente en una entrevista en SinEmbargo, que detrás de la decisión no haya ningún intento de justicia ni ninguna ética antinarco, puesto que históricamente eso no le ha importado al gobierno de los Estados Unidos, cuyos paramilitares entrenados, por ejemplo, no tuvieron empacho en unirse a cárteles al fin de la Guerra Fría. Ni tampoco eso le ha importado a Donald Trump, personaje siniestro que incluso ha indultado a narcos comprobados, como el expresidente hondureño Orlando Hernández, con tal de vivificar a la derecha de ese país.

Pareciera, según plantea Vigil, un contragolpe político luego de la exhibición de que la CIA trabaja abiertamente con una Gobernadora panista, como la chihuahuense María Eugenia Campos, en un acto violatorio de la Constitución, como aceptó tácitamente el exfiscal de la entidad César Jáuregui en su demagógica carta de renuncia. Aquí, más allá de resaltar lo absurdo que sería una operación así para desmantelar un único laboratorio de narcóticos, que ni siquiera se ha acreditado como el gigantesco aparato de producción criminal que Ricardo Anaya presumía que era, vale recordar que esa operación no es sólo una violación a la soberanía.

Y es que parece que el panismo olvida qué es la CIA y cómo ha operado en el llamado Tercer Mundo en general y en América Latina en particular, donde ha sido gestora o acompañante de las peores realidades latinoamericanas de los últimos ochenta años. Desde la importación de estrategias terroristas de presunta contrainsurgencia, como fue la Operación Fénix en Vietnam, que en Sudamérica dio pie a la Operación Cóndor, hasta la manufactura o apoyo a los golpes de Estado de la región, no hay nada que los latinoamericanos le deban a la CIA en términos de democracia o de seguridad.

Con esos antecedentes, y un largo historial de adicción por desestabilizar lo que no les gusta a los gobiernos estadunidenses, ¿qué proyecto democrático y saludable podrían tener en común una instancia como la CIA y una Gobernadora como la señora Eugenia Campos? Sobre todo en el entendido de que su entidad destaca como una de las peores en términos de seguridad y de combate a los delitos más lacerantes contra la sociedad, como secuestro, extorsión y feminicidio, como ha expuesto con cifras contundentes el Senador y exgobernador chihuahuense Javier Corral en numerosos foros.

Más que una ayuda desesperada o una coordinación institucional, el vínculo del Gobierno chihuahuense con la CIA resalta por su tufo injerencista y por sus actividades sospechosas, todavía agravadas por el hecho de que la Gobernadora y el exfiscal Jáuregui señalan la responsabilidad de toda la operación a un funcionario que también falleció en el accidente, Oseguera Cervantes, como si se le tomara como chivo expiatorio de algo que es indebido.

La reacción del PAN, sin embargo, es muy reveladora en ese sentido, pues en vez de cuestionar a una compañera que cometió una arbitrariedad, como lo mandata el sentido común, y como, en los hechos, lo hace Morena al declarar que no meterá manos al fuego por nadie y exaltar los filtros anti-corrupción con miras a 2027 como señaló Ariadna Montiel en su primer discurso como dirigente morenista, hoy el PAN no sólo victimiza a Campos, sino que la glorifica, y hasta como posible candidata presidencial la expone.

Esa inercia destructiva de una derecha no leal es dañina no sólo para el país, sino para la oposición misma, que no detecta que el berrinche eterno y la ciega impugnación de todo ante su adversario puede implicar no sólo exhibir su alma entreguista ante los Estados Unidos, sino también un tiro en el pie, donde buscan santificar a quien tiene notables adeudos políticos con su propia entidad. Pero eso es la oposición partidista en México desde 2018, un cuerpo político que no ve problemático darle la espalda a sus electores, mientras le da la lengua, mediante lamidas de suela, a un país que históricamente ha sido abusivo con México, como Estados Unidos, y que particularmente con Trump, ha sido un reto brutal que pone en vilo no sólo al país, sino a América Latina. Esa apuesta del PAN, o de cualquiera, no puede ser sino fallida.

Crímenes locales en el limbo de la impunidad

Magdalena Gómez

La dimensión y relativa sobrexposición de casos, llamémoslos de trascendencia política y jurídica, generan una suerte de imán obligado. Las amenazas del presidente Trump contra Cuba y la necesidad de fortalecer su defensa desde México como lo hemos hecho históricamente. Y sin embargo, resulta indispensable colocar la mirada en nuestro espejo nacional. Como no abordar la presencia e intervención de la CIA en la sierra tarahumara y con un final trágico que destapó tal operativo no informado por las autoridades del Estado de Chihuahua a las de nivel federal. Y el comunicado del gobierno de Estados Unidos solicitando la extradición de nueve políticos sinaloenses, destacando al que era hasta hace unas horas gobernador del estado, ya con licencia. Sólo por citar dos ejemplos que acaparan la atención gubernamental, partidista y mediática.

No sucede lo mismo con crímenes de líderes sociales que lucharon “desde abajo”, basta recordar el del padre Marcelo Pérez, en San Cristóbal de las Casas, Chiapas, y el de Marco Antonio Suástegui, en Acapulco, Guerrero. Tal vez respondan las autoridades responsables de procurar y administrar justicia que hay carpetas de investigación, denominación homóloga al limbo y la impunidad. En estos y muchísimos casos se dirá que corresponden a las entidades respectivas.

Pero tenemos otro crimen del viernes pasado en el estado de Veracruz, con un modus operandi similar. Efraín Blanco Villagomez: entraron dos pistoleros a su casa y lo acribillaron delante de familiares. Era el comisariado ejidal de Mata Tenatito, municipio de Omealca, Veracruz. Ex candidato de Morena a presidir dicho municipio. Un luchador cañero, miembro fundador de la Coordinadora de Comisariados de Veracruz y de la Coordinadora Nacional de Ejidos y Comunidades. Durante su gestión, relataron sus compañeros cercanos, afectó intereses de autoridades municipales vinculados con la delincuencia organizada. Su reciente gestión que, señalaron, colmó el vaso de sus opositores, es que logró que el fertilizante se entregara en un punto cercano a 127 núcleos agrarios que beneficiarían a más de 5 mil campesinos. “Los grupos de poder no aceptan que alguien tenga la capacidad de hacer gestiones a favor de los campesinos. Los desalmados, lo asesinaron llegando a su casa frente a su nieta cuando regresaba del corte de caña. El compañero Efraín es firmante de una carta que este domingo entregaremos a la Presidenta de la República sobre la problemática agraria. Exigimos a las autoridades, una investigación inmediata y exhaustiva, así como el castigo a los responsables directos y a los autores intelectuales.

En los tiempos de la Cuarta Transformación, no se puede concebir que este tipo de actos se sigan dando. Descanse en paz nuestro compañero de lucha y nosotros no descansaremos hasta que no se castigue a los asesinos”. Las notas de prensa veracruzanas reportaron, casi como explicación, que la zona está rodeada por la violencia. Los medios nacionales simplemente no dieron cuenta del crimen.

La situación que planteo entraña la urgente necesidad de revisar el modelo de reforma judicial aprobado y puesto en operación recientemente, con todo y acordeones para la selección de jueces, magistrados y hasta ministros de la Suprema Corte de Justicia. Nunca quedó clara la razón por la que se excluyó a la procuración de justicia. Los agentes de Ministerios Públicos, en los hechos, viven rodeados de cientos o miles de carpetas de investigación que no avanzan y en ocasiones señalan que se encuentran rebasados para atenderlas. Sin embargo no es sólo un problema operativo, ellos son el primer filtro para recibir presiones o ser objeto de corrupción, por parte de los involucrados en la comisión de delitos. Los jueces, por su parte, dependen de que les lleguen los asuntos bien integrados y respaldados. Sería la hora de abordar el problema a nivel federal en coordinación con las entidades. Es tan lamentable escuchar declaraciones de alto nivel que reiteran “se está investigando” los que deben hacerlo.

Hay un telón de fondo complejo, que entreteje las violencias y redes locales a las que se enfrentan quienes organizan en las entidades las luchas sociales y mediante ellas amenazan intereses creados. Ese telón es el que requiere una estrategia más integral. En estas horas el centro está colocado en la ruta electoral, de manera destacada los movimientos de dirigencias en el partido Morena, hoy hegemónico. La agenda se nutre con el impacto de los programas sociales en curso, pero ya está visto que sí pueden cosechar votos, pero no el estado de derecho que la nación toda demanda.

Hay muchas personas y colectivos que tienen reflexiones que aportar, pero no a nivel de encuesta rápida de porcentajes. Por lo pronto, atender en serio los crímenes en las entidades, colocar la justicia en lógica de resultados. En síntesis, valdría la pena depurar la retórica oficial y dar muestra de que en nuestro país se asumen los derechos en serio.