10/19/2026

Programa Tiempo de Mujeres CFRU sábado 17 de octubre de 2026

Desde los estudios Frank Ryan de CFRU
en la Universidad de Guelph en Ontario Canadá


cfru 93.3 fm
Radio universitaria/comunitaria
de la Ciudad de Guelph
📻🔘💭
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TIEMPO DE MUJERES
Bienvenida al programa de hoy
Abogada penalista, perito criminalista, periodista,
defensora de los DH y activista
Hoy escuchamos a
María Luz Casal Paz, más conocida como Luz Casal, es una cantante de pop-rock española. Luz Casal, i marquesa de Luz y Paz, es una de las solistas más valoradas de la música popular de su país
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Colaboración de
Psicóloga, escritora y activista afrodescendiente
Tema de hoy
 "Qué es la manipulación emocional" 
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Colaboración de
Venus Xcaret García Tellez
Licenciada en Desarrollo Humano
Programadora Neurolinguista
Cuentos para pensar
 "La semilla y el árbol"
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Colaboración de
Daniela Villegas
Periodista, feminista y acádemica
Género en la Mira
entrevista a
 matemática, escritora, venezolana que vive en Madrid España
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Durante horas, de la noche del 19 de octubre de 2024, hasta la madrugada del 20 de octubre de 2024, Jane Do fue víctima de actos sexuales delictivos a manos de siete compañeros estudiantes de Chi Phi, en el campus de la Universidad de Cornell. “La demandante fue drogada y violada por varios miembros de la organización fraternal CHI PHI NATIONAL. La demandante asistía a CORNELL como estudiante de pregrado de tiempo completo y residía en el campus de CORNELL”, dice la demanda de Jane Do, quien en ese entonces tenía 20 años de edad.Nueva York es uno de los 19 estados cuyas leyes sobre la violación sexual tienen un vacío legal respecto a la intoxicación voluntaria, lo cual no se ajusta a los estándares de derechos humanos en materia de consentimiento. Esto complica las denuncias de sobrevivientes que fueron violadas tras haber consumido alcohol o drogas de forma voluntaria y, posteriormente, hayan perdido la capacidad de consentir.

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Tiempo de Mujeres

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Todos los Sábados de 8 a 9 de la noche
(tiempo del Este)


FAO: México, a punto de salir del mapa del hambre


Utopía


Eduardo Ibarra Aguirre

Mientras en muchos países se anteponen los intereses de las grandes corporaciones al bien común, aquí “se está haciendo todo lo contrario: más de 8 millones de personas salieron de la pobreza, es decir, salieron del hambre. Y México está a punto de salir del mapa del hambre que construye la FAO, le falta muy poco. Dejémonos de mezquindades y unámonos. Hay que dejar a un lado cualquier ideología, lo estamos haciendo bien”.

Por supuesto, sin ninguna dedicatoria específica, pero el saco muy bien se lo pueden colocar la dictadura mediática mexicana y global, la comentocracia y sus plutócratas patrones que apenas el pasado fin de semana fueron rebautizada como chismestocracia por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo. Inventan tanto y lo repiten tan obsesivamente que, como jura Raymundo Riva Palacio, lo que menos importa es la realidad.

El juicio del primer párrafo fue el planteamiento central de Lina Pohl Alfaro, representante en México de la Organización de Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, durante su participación en el Día Mundial de la Alimentación.

En un contexto mundial con múltiples desafíos para la producción de alimentos, México “lo está haciendo bien”, redondeó Pohl Alfaro, mientras en el orbe más de 700 millones de personas padecen hambre. Y no es un problema de producción de alimentos, sino de cómo, cuánto, qué y quiénes están incluidos en la producción”, pues del costo total que pagan los consumidores por sus alimentos, solamente el 25% llega a las manos de quienes lo sembraron, cuidaron y cultivaron.

Y lo dijo justo en la Montaña Alta de Guerrero, donde el hambre los acompaña desde hace siglos, pero están en marcha acciones de apoyo a las 19 comunidades de los municipios de Chilapa de Álvarez y Olinalá, donde los campesinos sufrieron desplazamientos.

Entre las acciones que realizará el gobierno federal, se incluye la entrega de 250 semillas de maíz, con lo que iniciará la producción de granos para su distribución y siembra en la zona. Además, se les garantizará la entrega de maíz y frijol durante 19 meses, a fin de que “cuenten con alimento, en lo que se levanta nuevamente la producción agrícola”.

Se trata de campesinos de la Montaña Alta de Guerrero, quienes participan en los programas Sembrando Vida y Jóvenes Construyendo el Futuro, sin la parafernalia de la llamada “Cruzada Nacional contra el Hambre” del corruptísimo presidente Enrique Peña Nieto (2012-18), que básicamente sirvió para emprender la Estafa Maestra a cargo de Rosario Robles Berlanga, para desviar recursos formalmente destinados a los hambrientos y destinarlos a campañas electorales y en beneficio de políticos rapaces, forjados y deformados en el Revolucionario Institucional, ahora administrado por Alejandro Moreno Cárdenas, ícono de la corrupción política.

Especialistas que acompañaron a la representante de la FAO coincidieron en que para fortalecer las acciones de transformación en el campo mexicano no sólo se requiere reconocer y reforzar el liderazgo de las mujeres campesinas y productoras, también el acceso a maquinaria que “ellas puedan usar y que esté adaptada para trabajar en superficies agrícolas más pequeñas”. También en que el mundo enfrenta diversos desafíos en materia alimentaria, desde el cambio climático hasta los efectos de las guerras que se extienden por diversas regiones del planeta y la constante presión de los grandes corporativos que buscan imponer sus intereses, incluso a costa de encarecer los precios de los alimentos básicos.

Acuse de recibo

“Estimado amigo. Saludos cordiales y felicitaciones por tan buenas ideas en sus escritos. Quiero mandarle unos documentos para su información. Estando a sus órdenes le deseo lo mejor y éxitos en sus labores. Atte., Embajador Ahamed Mulay Ali, Representante de Frente Polisario en Brasil”. (…) De la historiadora Elba Pérez Villalba: “Estimado Eduardo: Gracias, estoy mejor; camino lento, con pausas de descanso. Pero lo que más me cuesta es subir escaleras. Recibo fisioterapia, aplicación de ungüentos, medicamentos. Trato de estar atenta por donde camino, y espero no se repitan las caídas. Afortunadamente no me fracturé. Sigo trabajando. Saludos. ¡Qué sigas mejorando!”. (…) Utopía en Caracas, Venezuela https://www.aporrea.org/autores/Ibarra-Aguirre/ (…) Ya puede usted consultar 3,176 textos de Utopía y el reporte completo de “Forum en Línea sigue gracias a ustedes”, en https://forumenlinea.com/?page_id=53 y https://forumenlinea.com/ (…) El asesor Andrés Vicente Ruiz Furlong recomienda la lectura de https://www.jornada.com.mx/noticia/2026/10/16/opinion/capitalismo-antidrogas-una-guerra-contra-el-pueblo

prensa 📰 hoy en México 🇲🇽 lunes 19 de octubre de 2026

🗞  LA JORNADA 
Quitar burocracia, parte de la solución en sistema de salud

La “realidad” que cada lunes escucha la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo de su equipo de salud se topó este fin de semana con la crudeza del día a día de los pacientes y del personal de los servicios sanitarios.

Ayer, decenas de personas recibieron a la mandataria a su llegada al Hospital General del IMSS-Bienestar Dra. María del Socorro Quiroga Aguilar, en esta ciudad, con quejas y reclamos por las deficiencias en los servicios públicos de salud. Escuchó casos tan trágicos como el de una pequeña que murió por presuntas negligencias médicas.

Ante la realidad que encontró en territorio, en su discurso pronunciado minutos después, recurrió al lema de su antecesor: “como decía el presidente López Obrador: ¡me canso ganso que vamos a modernizar todo el sistema de salud!”

La jefa del Ejecutivo cerró su segundo fin de semana de visitas a hospitales del IMSS-Bienestar, donde, dijo, ha podido constatar algunos avances, pero también carencias.

Acompañada por su equipo del sector, salvo el titular del IMSS, Zoé Robledo –inmerso en la problemática derivada de una movilización de trabajadores sin precedente en los gobiernos de la llamada Cuarta Transformación–, la Presidenta señaló que, durante sus visitas a los nosocomios, ha identificado la burocracia como una de las principales causas de las deficiencias. Tanto es así que, describió, unos zapatos llegan más rápido desde China que un medicamento del almacén a un hospital.

Sheinbaum Pardo encabezó la entrega de las obras de rehabilitación del Hospital General del IMSS-Bienestar, adonde llegó con casi dos horas de retraso. La larga espera y el sofocante calor que se sentía en esta zona del sureste del país no mermaron la paciencia de la gente. Exponer sus testimonios bien lo valía.

Durante el intercambio, conoció de viva voz las duras experiencias de los asistentes. “Hace ocho días dejaron morir a mi hija en el hospital materno-infantil. Justicia por mi niña…”, le dijo una mujer entre lágrimas. “Te van a tomar los datos”, respondió la mandataria desde la ventanilla del asiento del copiloto de la camioneta en la que viajaba.
 
🗞  CONTRAPORTADA
Empresa china, presente en la remodelación de la L-3 del Metro de CDMX

Detrás de la alta velocidad, la seguridad y estabilidad de los viajes a través de la red de trenes de China hay una industria pujante dedicada a la fabricación de insumos como las vías y sistemas de cambio de rieles que utiliza cada vez más tecnología innovadora, incluida la robótica para incrementar su eficiencia.

El sector nació en esta ciudad, con la que ha tenido un crecimiento en paralelo, pues aquí se construyó una de las primeras líneas ferroviarias que llegaron a Pekín, de este mismo sitio salieron los primeros puentes de acero que conectan poblaciones y las estructuras metálicas necesarias para la circulación de trenes.

A su vez, Qinhuangdao de la provincia de Hebei, a unos 300 kilómetros al este de la capital del país, se convirtió desde finales del siglo XIX en un puerto comercial y, más recientemente, en una zona turística de relevancia nacional.

Aquí se localiza el extremo oriental de la Gran Muralla China, con la Cabeza de Dragón que se adentra en el Mar Bohai. Es, además, la única ciudad cuyo nombre tiene origen en un emperador, Qin Shihuang, el primero en la nación asiática.

También destaca por ser sede de una zona de desarrollo tecnológico, donde se localizan empresas como Citic Dicastal, el mayor proveedor de rines y piezas de chasis de aluminio para vehículos automotores.

Durante una visita a la empresa de periodistas de América Latina que participan en el programa del Centro Internacional de Comunicación de Prensa China, Feng Liang, gerente general de Operaciones Extranjeras, aseguró que uno de cada tres automóviles que circulan en el mundo utilizan sus productos, incluida la Fórmula Uno.

La empresa concentrada en innovación tecnológica cuenta con más de ocho mil patentes.

Citic Dicastal tiene una historia iniciada en 1988 y sólo una década después ya estaba en el mercado internacional a través de un convenio con la automotriz alemana Audi. A México llegó en 2022 con dos plantas que al año producen alrededor de 3 millones de rines de aluminio, comentó el ejecutivo.

En tanto, en el distrito de Shanhaiguan se encuentra la empresa China Railway Shanqiao, a la que se identifica como la “ cuna” de los componentes de acero, indispensables para la operación de los trenes.

🗞  CONTRALÍNEA 
Fraude de Carrera Panizzo en Pemex por 760 MDD en riesgo de prescribir por dilación de la FGR

En riesgo de prescripción, los delitos relacionados con la compra irregular de Agro Nitrogenados, cuyo fraude a la nación se estima en más de 760 millones de dólares. Lo anterior, por la dilación de la Fiscalía Anticorrupción de la FGR: a la fecha, no ha judicializado este grave caso de corrupción en Pemex a pesar de contar con evidencias sólidas. De prescribir, José Manuel Carrera Panizzo –exdirector de PMI Comercio Internacional y quien fue multado por este caso en 2019, por 4 mil 206 millones de pesos– podría evadir la acción de la justicia. Otros beneficiados de este asunto serían Emilio Lozoya Austin y su hermana, así como Alonso Ancira (exdueño de Altos Hornos de México, actualmente prófugo de la justicia). Entre las pruebas con las que cuenta la FGR destacan el contrato de compra-venta de esa planta chatarra, que en 2013 firmó directamente Carrera Panizzo, así como diversas actas de sesión del Consejo de Administración de Pemex y de los consejos de otras filiales del Grupo PMI

En diciembre próximo, uno de los casos más graves de corrupción en Petróleos Mexicanos (Pemex) habrá prescrito por la inacción de la Fiscalía General de la República (FGR) –a través de su Fiscalía Especializada en materia de Combate a la Corrupción, que encabeza María de la Luz Mijangos–, alertan fuentes consultadas por Contralínea. Se trata de la causa penal contra el exdirector general de la filial PMI Comercio Internacional, José Manuel Carrera Panizzo, por el fraude en la compra irregular de la planta chatarra Agro Nitrogenados, cuyo daño al erario nacional superaría los 760 millones de dólares (poco más de 13 mil 800 millones de pesos).

Las fuentes consultadas explican que no sólo hay dilación en este caso –lo que podría configurar un acto de negligencia–, sino que hay resistencia para imputarle al exfuncionario petrolero la responsabilidad económica real: la Fiscalía Anticorrupción estaría buscando únicamente la reparación del daño por apenas 300 millones de dólares, y no por los 760 millones de dólares en los que Pemex estima el fraude.

Contralínea solicitó a la oficina de la fiscal general Ernestina Godoy conocer las razones por las cuáles se está dilatando este asunto, a grado tal que ya se corre el riesgo de prescripción de los delitos. En la respuesta que dio la Fiscalía, se confirma que el caso aún no se consigna ante el juez, y que sólo se están reclamando 309 millones de dólares, y no los 760 millones defraudados:

“En la FGR se integra una carpeta de investigación iniciada con motivo de sendas denuncias presentadas por la ASF [Auditoría Superior de la Federación] y Pemex en la que existe información de la que se desprende la intervención de José Manuel ‘N’ en conductas penalmente relevantes en el marco de los procesos de compraventa de Agronitrogenados y de autorización de pagos con motivo de dicha operación, por un monto de $309 millones de dólares de los Estados Unidos de América; esto durante el periodo de 2013 a 2016  y en conjunto con el finado Edgar ‘N’ [Edgar Torres Garrido] y diversas personas, que por el sigilo de la investigación no pueden revelarse.

🗞  EL UNIVERSAL
Agentes de la CIA "operaron armados en Chihuahua"

Las entrevistas ministeriales integradas en el expediente de la causa penal 408/2026 de la Fiscalía General de la República (FGR), radicado en el Centro de Justicia Penal Federal de Almoloya de Juárez, Estado de México, permitieron librar orden de aprehensión por el delito de traición a la patria en contra del exfiscal general de Chihuahua, César Gustavo Jáuregui Moreno, y del exfiscal de Operaciones Estratégicas, Guillermo Arturo Zuany Portillo.

De acuerdo con las constancias ministeriales e informes periciales forenses contenidas en el documento, y a las que tuvo acceso EL UNIVERSAL, la estructura de justicia de Chihuahua sí operó un campamento táctico con agentes de la Agencia Central de Inteligencia (CIA) de Estados Unidos al margen de la ley federal.

Bajo juramento, elementos que operaron en el rancho El Pinal confirmaron la participación de agentes extranjeros.

Los testimonios de los agentes que operaron en el rancho El Pinal confirman que los agentes extranjeros Richard Leiter Johnston III y John Dudley Black no fungieron como observadores pasivos, sino como partícipes de la célula táctica armada.

El agente Ricardo Faustino Campos Ocón testificó bajo juramento que, al ser instruido para guiar dos unidades de escoltas para documentar la escena del narcolaboratorio, observó a las personas que acompañaban al jefe Oseguera y que “hablaban en un idioma extranjero, el cual identificó como inglés”.

Señaló, además, que los extranjeros salieron integrados en el convoy desde la cochera de la fiscalía en Chihuahua capital. No pidieron un ride en la sierra, como lo señaló la fiscalía local inicialmente.

Por su parte, el policía adscrito al Grupo de Operaciones Tácticas (GOT), Martín Abad Leal Tapia, sostuvo que los agentes norteamericanos participaron activamente en las caminatas tácticas, portaban armas largas, usaban pasamontañas, consultaban coordenadas en tabletas electrónicas y coordinaban directamente con el director de la AEI.

“Había dos personas que siempre estaban encapuchadas y no hablaban para nada, ninguna palabra decían y estaban en un lugar apartado del campamento de los demás. Nosotros no teníamos acercamiento con Oseguera y su equipo, ni nos permitían acercarnos...”

Respecto del operativo, el dictamen de la Policía Federal Ministerial en materia de Criminalística de Campo, signado por la licenciada Araceli Bravo González, el 11 de septiembre de 2026, concluye de forma tajante que el operativo carecía de cualquier formalidad legal.

Textualmente asentó que el despliegue de las fuerzas estatales y los agentes de la CIA “no contaban con fundamento alguno que justificara su actuación, ya que no hay dato que refiera que existía carpeta de investigación iniciada, y/o alguna diligencia que facultara o explicara la necesidad de la actuación del personal para el citado operativo”. El Centro Nacional de Inteligencia (CNI) encuadró estas acciones formalmente en el delito de abuso de autoridad y uso ilegal de la fuerza pública.

El documento señala que la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) se deslindó de la planeación táctica a través del oficio R.J.I-11529/2. En dicho oficio, el coronel de Infantería Agustín Velasco Sánchez informó por escrito que su participación se limitó estrictamente a proveer “seguridad periférica” o “seguridad externa” a petición expresa de la fiscalía local realizada en la Mesa de Seguridad Estatal.

El expediente incluye información con respecto de la extracción forense de datos de geolocalización satelital y el análisis de circuitos cerrados de videovigilancia.

🗞  MILENIO
Abogada promigrantes amenaza el dominio republicano en Texas

Texas ha sido una fortaleza inexpugnable del Partido Republicano, un símbolo del poder conservador y laboratorio de las políticas más duras contra la inmigración y el aborto, pero a días de las elecciones, con la impopularidad de Donald Trump como lastre, expertos se preguntan si el estado puede convertirse en un estado “azul” bajo control demócrata.

En el epicentro de la batalla por Texas se encuentra la disputa por la gubernatura. La demócrata Gina Hinojosa, una abogada mexicoamericana de 52 años, redujo en los últimos días la ventaja del gobernador MAGA Greg Abbott, un estrecho aliado del presidente Donald Trump, en busca de conquistar un cuarto mandato consecutivo.

    “Las elecciones de 2026 se reducen a una sola batalla: ¿Vamos a tener un Texas y un Estados Unidos del pueblo y para el pueblo, o será el mundo de los multimillonarios y nosotros simplemente viviremos en él?”, declaró este fin de semana.

Greg Abbott, aliado de Donald Trump, enfrenta el desafío de la demócrata
Greg Abbott, aliado de Donald Trump, enfrenta el desafío de la demócrata Gina Hinojosa. | Reuters

Las opciones para gobernar Texas

Hinojosa —hija de una familia de origen mexicano y quien trabajó como abogada especializada en derechos laborales y civiles, incluyendo organizaciones dedicadas a la asistencia legal de trabajadores, inmigrantes y familias de bajos ingresos— aspira a convertirse en la primera mujer latina en gobernar Texas, desde su incorporación a Estados Unidos en 1845.

La ventaja que inicialmente tenía Abbott se encogió en los últimos días. 

La encuesta más reciente de ActiVote entre 400 probables votantes coloca a Abbott con 50.9% de intención de voto frente a 49.1% de Hinojosa, una diferencia de apenas 1.8 puntos porcentuales, dentro del margen de error, por lo cual es un empate estadístico.

Pero Abbott confía en ganar pese a lo cerrado de la contienda.

    “Las encuestas no ganan elecciones y con frecuencia se equivocan. Tengo plena confianza en mi campaña y en el resultado. Voy a ganar esta elección”, declaró.

🗞  EXCÉLSIOR 
Senado a comerciantes: fin del cash será gradual

Ante la creciente inconformidad que diversos grupos de comerciantes en pequeño muestran en contra de la nueva ley que obligará al pago electrónico, el Senado asegura que todavía se podrá usar el efectivo, pues el criterio electrónico como única forma de pago será de aplicación gradual, con el objetivo de “impulsar la formalización de la economía”.

Este martes, el pleno del Senado tiene previsto aprobar la nueva ley para el pago digital, a fin de enviarla al Ejecutivo Federal y su entrada en vigor empiece a operar.
Eliminación de efectivo

En el dictamen, las comisiones unidas de Hacienda y Estudios Legislativos Primera del Senado aseguran que “la finalidad de la Ley de Economía Digital no debe interpretarse como la eliminación inmediata, absoluta y generalizada del dinero en efectivo en el territorio nacional, sino como el establecimiento de un marco jurídico que permita ampliar progresivamente la adopción de medios digitales y electrónicos de pago, conforme a las condiciones y particularidades de las actividades económicas en las que se pretenda implementar.

La distinción anterior resulta fundamental para comprender el alcance del proyecto, toda vez que el dinero en efectivo continúa desempeñando una función relevante en las operaciones cotidianas de la población, particularmente entre personas que no cuentan con acceso suficiente a servicios financieros, dispositivos tecnológicos o conectividad”, dice el documento.

El jueves de la semana pasada, los carniceros del Mercado de San Juan, en Iztapalapa, bloquearon la avenida Zaragoza en protesta por esta nueva ley. Además, en redes sociales como Facebook comenzaron a surgir cuentas en las que se insta a formar una resistencia en contra de la desaparición del efectivo y la obligación de los pagos electrónicos.

🗞  EL HERALDO 
"Me caso ganso que vamos a modernizar el sistema de salud"

 Durante la inauguración de la rehabilitación del Hospital General María del Socorro Quiroga, en Ciudad del Carmen, Campeche, la mandataria reconoció que todavía existen problemas en la atención médica, por lo que anunció que visitará hospitales

La presidenta Claudia Sheinbaum aseguró que su gobierno modernizará el sistema de salud público y atenderá las deficiencias del IMSS-Bienestar, mediante la rehabilitación de hospitales, la adquisición de equipo médico y la digitalización de los procesos de distribución de medicamentos e insumos.

“Como decía el presidente López Obrador: ‘Me canso ganso’. Vamos a modernizar todo el sistema de salud”, expresó Sheinbaum, quien adelantó que convocará a jóvenes especialistas en ciencia de datos y logística para desarrollar una plataforma que permita automatizar los almacenes y agilizar la entrega de medicamentos a las unidades médicas.

La presidenta explicó que, después de recorrer hospitales del IMSS-Bienestar en distintas entidades, identificó deficiencias relacionadas con el funcionamiento de quirófanos, la falta de insumos y los mecanismos para solicitar materiales médicos.

Dijo que en un hospital le informaron que no había guantes de un tipo específico, pese a que ya habían sido adquiridos y se encontraban en un almacén de Quintana Roo, sin llegar a la unidad médica que los necesitaba.

“¿Cómo es posible que estén en el almacén y no lleguen al hospital?”, expresó la presidenta.

Sheinbaum señaló que los procedimientos administrativos para solicitar insumos también dificultan la operación hospitalaria, pues en algunos casos el personal debe trasladarse durante varias horas para entregar oficios, tiempo que podría destinarse a la atención de pacientes.

🗞  REPORTE ÍNDIGO 
Delitos no terminan en la celda

La cárcel mexicana no solo falla en devolver a alguien a la calle. En una parte del sistema, la calle sigue operando desde adentro. De las cerca de 330 prisiones del país, alrededor del 35 por ciento funciona como autogobierno, bajo control de grupos delictivos, según el penalista Virgilio Tanús. Desde ahí se produce droga y se planean extorsiones y secuestros.

La reincidencia oficial, del 35 por ciento, solo cuenta a quien sale y vuelve a ser detenido. Deja fuera a quien nunca interrumpió el delito: lo siguió cometiendo desde la celda, con teléfono, con mando y con impunidad. A quien ya carga 30 o 40 años no se le disuade con otros 40. La pena, pensada como amenaza, pierde valor cuando ya no hay nada que quitarle.

Los penales federales de máxima seguridad, dice Tanús, sí están bajo control del Estado. Muchos de mínima y mediana, no. Intentar poner orden puede costar, a las dos horas, una fotografía de los hijos del director.

Esa lectura coincide con la radiografía de la CNDH. En el Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria 2025, las calificaciones no aprobatorias oscilaron entre 4.37 y 5.94, con tendencia a la baja. En el 98.9 por ciento de los centros visitados la clasificación de las personas presas es inadecuada.
En México falla la reinserción social

La vida en la cárcel transcurre diferente para cada persona. Mientras para algunos es la oportunidad de ponerse al corriente con sus estudios, para otros representa el inicio de una nueva etapa delictiva. Si bien existen actividades deportivas y laborales que permiten a la población penitenciaria ocuparse y aprovechar el tiempo, la criminalidad forma parte del día a día en los centros de reinserción.

La Constitución establece en su artículo 18 que la prisión no es castigo, sino un medio para lograr la reinserción a través del trabajo, la educación, la salud y el deporte. En la práctica, el sistema produce exactamente lo contrario, es decir, personas que salen peores de como entraron y, en muchos casos, organizaciones criminales que operan con total impunidad desde el interior de los reclusorios.

    Portada | En los últimos seis meses, en México, decenas de miles de personas ingresaron a prisión, lo que contribuyó a que la sobrepoblación carcelaria alcanzara cifras históricas. https://t.co/prNV0DvxvU https://t.co/sSp7CejdHP— Reporte Índigo (@Reporte_Indigo) August 5, 2026 

Así lo plantea el doctor Virgilio Tanús, socio y director del bufete Tanús, Salazar, Azaola y experto en materia penal:

    “En nuestro país actualmente tenemos una estadística oficial del 35 por ciento de reincidencia (…) Significa que de cada 100 personas que han recuperado su libertad, 35 han vuelto a ser detenidas, pero eso no significa que los otros 65 no estén cometiendo hechos delictivos”.

El delito más frecuente es el robo, que concentra cerca del 30 por ciento de la población penitenciaria. El 40 por ciento de los internos tiene escolaridad máxima de segundo de secundaria y la pena promedio por robo es de siete años. En ese lapso, explica Tanús, se podría completar la secundaria, la preparatoria y hasta una carrera técnica. Sin embargo, no ocurre.

Tampoco se genera una industria seria al interior de los centros. El resultado es que quien entra con bajo nivel educativo y sin oficio sale con resentimiento, sin herramientas y, con frecuencia, más conectado al crimen.

Endurecer las penas no es la solución

Los penales federales de máxima seguridad están bajo control del Estado, considera el penalista. No así muchas cárceles de mediana y mínima seguridad. El control criminal de los centros es, en varios estados, tan sólido como el que ejercen sobre municipios enteros.

🗞  LA RAZÓN 
Violentos vandalizar en nueva marcha en Jalisco; contingente pacífico se aparta

Miles de ciudadanos realizaron, por segunda vez, una megamarcha pacífica contra la privatización y la contaminación del agua en Guadalajara, aunque, ante la presencia de encapuchados, el contingente decidió replegarse, tras señalar que en la zona no existían condiciones de seguridad para avanzar.

La violencia volvió a presentarse, al igual que el domingo pasado, con presuntos grupos de choque. Las personas encapuchadas incendiaron una de las puertas del Congreso del Estado de Jalisco, ubicado en el Centro Histórico de la ciudad. Además, se reportó que un grupo también quemó una de las puertas de Palacio de Gobierno y realizó pintas.

En videos difundidos sobre los hechos se observan llamas en el acceso de un inmueble, mientras varias personas permanecen en las inmediaciones. También se reportaron detonaciones de artefactos explosivos y daños materiales durante la jornada. Estos actos fueron rechazados por los participantes de la marcha.
Cientos de ciudadanos jaliscienses se manifestaron por segundo domingo consecutivo, ayer
Cientos de ciudadanos jaliscienses se manifestaron por segundo domingo consecutivo, ayer ı Foto: Cuartoscuro

    El Dato: En redes circularon imágenes de encapuchados con la playera del equipo de Leones Negros de la Universidad de Guadalajara; la institución se desmarcó y rechazó la violencia.

“¡Fuera, fuera!”, gritabaron los participantes, cuando un grupo de personas con el rostro cubierto intentó colocarse frente al contingente.

La protesta comenzó a las 11:00 horas en el Parque Rojo. Desde este punto, los manifestantes avanzaron hacia Palacio de Gobierno, edificio ubicado en el corazón del Centro Histórico. Sin embargo, frente a la presencia de las personas embozadas, integrantes del comité de seguridad y logística decidieron no avanzar, ante la falta de elementos de seguridad que garantizaran el desarrollo de la manifestación.

Los manifestantes también señalaron la presencia de personas con piedras, tubos y bombas molotov que, afirmaron, intentaban sumarse al contingente. Aseguraron que la prioridad era no avanzar en la marcha, para evitar que se repitiera un episodio violencia como de la manifestación del domingo pasado.

Un grupo de alrededor de 20 encapuchados atacó a personas que observaban la manifestación y a representantes de los medios de comunicación. No obstante, tras los múltiples ataques, no se reportaron personas lesionadas.

Sin embargo, las personas embozadas provocaron daños en comercios y realizaron pintas. Los incidentes ocurrieron mientras el resto de los asistentes a la protesta exigía que quienes llevaban el rostro cubierto se apartaran de los contingentes y evitaran actos de violencia. 

🗞  REFORMA 
Brotan en transas del INE hasta chofer de Taddei !

Jonathan Navarrete Torres, adscrito oficialmente como chofer de la presidenta del INE, Guadalupe Taddei, aparece desde 2023 como "apoderado" de Corporativo Zeg, una empresa proveedora del organismo e indagada por irregularidades en sus contratos.

Corporativo Zeg junto con Cajas Graf, dominan el mercado de materiales electorales, y casualmente también tuvieron como representante legal en el 2023 a Jesús Octavio García González, quien bajo la presidencia de Taddei se desempeñó, hasta abril pasado, como director de Administración del INE, a pesar del obvio conflicto de interés.

Navarrete Torres posee desde el 28 de junio de 2023 un poder general para pleitos y cobranzas de parte de Corporativo Zeg, empresa que fue investigada por la UIF por presuntos vínculos con el crimen organizado y a la que junto con otra empresa asociada, Cajas Graf, se le congelaron sus cuentas. También la Auditoría Superior de la Federación (ASF) las ha indagado por prácticas ilícitas. Y la Cofece les abrió en mayo de 2024 un expediente por prácticas monopólicas.

Zeg y Cajas Graf, tienen a los mismos dueños los hermanos Alfredo y Raymundo Hernández, y han obtenido contratos con Taddei desde 2021 cuando ella era titular del Instituto electoral en Sonora. En Oaxaca, Iliana Araceli Hernández Gómez, en su calidad de secretaria ejecutiva del instituto electoral local dio un contrato por 32 millones de pesos a Zeg. Hernández Gómez fue nombrada por Taddei como titular de la Unidad de Género del INE.

En Chihuahua, Claudia Arlett Espino, entonces presidenta del Instituto Electoral local, asignó en 2021 un contrato por 33.9 millones de pesos a Cajas Graf. Tres años después Espino se convirtió en Secretaria Ejecutiva del INE impulsada por Taddei.

Ambas firmas, Zeg y Cajas Graf, aparecieron en el Registro Único de Proveedores del INE el 1 de junio del 2023, dos meses después de que Taddei asumió como presidenta.

De acuerdo con el Registro Público de Comercio de la Secretaría de Economía, el 28 de junio del 2023, en el acta 64225000P0, uno de los representantes de Zeg, Rodolfo Higareda Coen, entregó a Jonathan Navarrete Torres "un poder general para pleitos y cobranzas".

🗞  EL ECONOMISTA
Subsidio al diésel y estímulo fiscal ya suman 9.71 pesos por litro en el país 

El gobierno federal aumentó el subsidio al diésel para llevarlo a su mayor nivel en lo que va del año, esto luego de que los precios internacionales del petróleo alcanzaron el viernes máximos no vistos desde mayo.

Para la semana que va del sábado 17 de octubre al viernes 23, el gobierno federal otorgará un subsidio complementario de 2.35 pesos por litro, 1.26 pesos más que la semana anterior.

Junto con el estímulo fiscal de 100% sobre la cuota de Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) de 7.36 pesos por litro, los apoyos fiscales al diésel suman 9.71 pesos por litro.

Actualmente, el diésel se vende en México a un precio promedio a nivel nacional de 27.01 pesos por litro, según PETROIntelligence. Sin los apoyos fiscales, estaría a 36.72 pesos.

Por otro lado, la Secretaría de Hacienda redujo los estímulos fiscales a las gasolinas Magna y Premium para la siguiente semana.

El apoyo de la Magna lo recortó 33 centavos, a 3.98 pesos por litro, mientras que el de la Premium lo recortaron 29 centavos, a 3.74 pesos.

Así, los automovilistas deberán pagar hasta el próximo viernes 23 de octubre 2.71 pesos de IEPS por cada litro de gasolina Magna y 1.91 pesos por cada litro de Premium.

La semana pasada pagaron de IEPS 2.39 pesos por cada litro de Magna y 1.62 por cada litro de Premium.

La gasolina Magna se vende a un precio promedio de 23.70 pesos por litro, sin cambios respecto a la semana pasada, mientras que la Premium o roja se vende a 28.60 pesos por litro, un centavo menos que hace una semana.

10/18/2026

Capitalismo antidrogas: una guerra contra el pueblo

Gilberto López Y Rivas

Extraordinario libro de Dawn Marie Paley. Capitalismo antidrogas: una guerra contra el pueblo (Libertad Bajo Palabra, México 2020), que con toda pertinencia su traductor, Jorge Comensal, logró que se publicara en nuestro país para ayudar a comprender “la violencia que estaba (y sigue) devastando México y Centroamérica (…), y para desmentir la idea de que la guerra contra el narco es un esfuerzo legitimo por controlar el tráfico de drogas y el crimen organizado, cuando en realidad se trata de una campaña bélica que sólo sirve para incrementar el control socioeconómico de las élites ( narcos, políticos y capitalistas) sobre la población”. Con toda razón sustenta que “los acontecimientos de los últimos años confirman la tesis de “que el Plan Colombia, la Iniciativa Mérida y otros programas trasnacionales, lejos de disminuir la producción y exportación de drogas hacia Estados Unidos, multiplican la violencia contra la sociedad civil, contribuyen al despojo territorial de los pueblos originarios y modifican las leyes y dinámicas económicas en favor de los grandes capitales, mineras y agroindustrias que expolian los territorios desocupados, y maquiladoras que explotan a los trabajadores reprimidos por el clima de violencia”.

En la obra, nuestra colega Dawn Marie Paley da cuenta en ocho esplendidos capítulos de lo que significa el capitalismo antidrogas, su expansión hacia territorios y espacios sociales nuevos o previamente inaccesibles, que además de enriquecer a los bancos estadunidenses, financiar campañas políticas y alimentar un redituable comercio de armas, beneficia a empresas petroleras, gaseras y mineras trasnacionales, así como a otras grandes corporaciones, industrias maquiladoras, redes de trasporte, y un segmento del sector comercial y de venta al menudeo representado por empresas como Walmart, e intereses en bienes y raíces en México y Estados Unidos.

La autora plantea su posición sin equívocos. Para ella, la guerra antidrogas es un remedio a largo plazo para los achaques del capitalismo, que combina legislación y terror en una experimentada mezcla neoliberal para infiltrarse en sociedades y territorios antes no disponibles para el capitalismo globalizado. Su propuesta es repensar la llamada guerra antidrogas no como prohibición ni política de narcóticos; sino, en cambio, como imposición del terrorismo contra la población de la ciudad y el campo y, al lado de esta política, facilitar la inversión extranjera directa y el crecimiento económico. Esto es el capitalismo antidrogas: pillaje, ganancia y saqueo.

El objetivo de la autora, logrado con creces, es crear un marco teórico más útil para entender la guerra antidrogas al sur de la frontera México-Estados Unidos, donde la violencia se deriva de la militarización estatal y de los cárteles del narcotráfico, a los que también se refiere como grupos paramilitares. Tal como lo documenta en su libro: “existen factores estructurales que permiten que ciertos grupos armados clandestinos extorsionen e infundan terror con total impunidad cuando esos actos benefician al capitalismo trasnacional o a la política exterior de Estados Unidos.” En su recorrido por Colombia, Honduras, Guatemala y la frontera México Estados Unidos, recopilando historias, la autora identifica tres características de la llamada guerra contra el narco:

1. El dolor, miedo y sufrimiento, producidos por la militarización y paramilitarización afectan en mayor medida a los pobres, la población trabajadora y los migrantes.

2. Uno de los más tempranos, duraderos y tangibles impactos de la violencia es la restricción de la movilidad, ya sea el movimiento por el propio barrio, viajar de una ciudad a otra, cruzar la frontera estadunidense (en ambas direcciones) o migrar.

3. La libertad de expresión –individual y colectiva, a través de actos públicos, medios de comunicación comunitaria o masiva, entre otros–ha sido atacada.

“Mientras que estos tres factores en conjunto constituyen las más accesibles y consistentes narrativas de la guerra en contra el narco, para cualquier reportero familiarizado personalmente con la situación, estas narrativas no son las que dominan los reportes del narcotráfico y la guerra auspiciada por Estados Unidos. En lugar de contar las experiencias de los afectados por la narcoguerra, los periódicos, grupos de reflexión y gobiernos suelen producir reportes dominados por historias de los cártles (criminales o grupos criminales) en guerra unos contra otros por el control de las rutas del trasiego y territorios. (…) Las victimas generalmente son retratadas como parte de alguna actividad criminal, o al menos relacionadas con alguien relacionado con una actividad criminal, una formulación que prácticamente criminaliza comunidades enteras. (…) Contar historias que difieren del guion oficial puede ser mortal”.

Es necesario que esta obra sea leída y analizada con el sustento, la profundidad y el profesionalismo con el que se escribió.

Frívolos, represores y corruptos, el sello MC

Ana Lilia Pérez

"La labor fundamental de cualquier Gobierno es trabajar para solventar las necesidades de la ciudadanía y garantizar sus derechos".

Frívolos, represores y corruptos, el sello MC. Por Ana Lilia Pérez

Hartos de recibir agua contaminada, fétida e insalubre, los habitantes de Guadalajara y su zona metropolitana llevan meses denunciando la pésima calidad del suministro hídrico. La manifestación del 11 de octubre –la de mayor convocatoria hasta la fecha– recibió como respuesta por parte del Gobierno de Pablo Lemus una dura represión: golpes, gases lacrimógenos, chorros de agua y la detención arbitraria de 39 personas.

Esta reacción ante un reclamo ciudadano legítimo evidencia, una vez más, el talante autoritario y la negligencia de los gobiernos emanados del partido Movimiento Ciudadano (MC), los cuales, ante su flagrante incapacidad para resolver los problemas estructurales que afectan a la población, optan por el uso de la fuerza.

Los rastros de este esquema represivo evocan las viejas tácticas priistas, replicadas por el partido naranja, así ocurrió desde la gestión de Enrique Alfaro, el primer Gobernador de ese partido y antecesor de Lemus. Como parte de su infame legado destaca el caso de Giovanni López, un hombre de 30 años de edad, de oficio albañil, quien fue brutalmente asesinado por la Policía bajo el pretexto de no llevar cubrebocas. Posteriormente, Alfaro mandó reprimir a los manifestantes que salieron a exigir justicia por el crimen, escudándose en una política de “cero tolerancia” respecto a las medidas sanitarias.

Aquel brutal asesinato quedó como el vivo reflejo de su Gobierno: una Administración que llevó a Jalisco a convertirse en la entidad con la mayor incidencia de desapariciones forzadas, crisis forense, y negligente para garantizar los derechos de los ciudadanos, tal como ocurre ahora con el Gobierno de Lemus, rebasado e incapaz de solucionar la crisis del agua en esa entidad.

La labor fundamental de cualquier Gobierno es trabajar para solventar las necesidades de la ciudadanía y garantizar sus derechos. Si una Administración es incapaz de cumplir con este mandato básico, simplemente es inútil.

Nuestra Constitución establece como derecho el acceso, disposición y saneamiento de agua para consumo personal y doméstico de forma suficiente, salubre, aceptable y asequible. Mandata que el Estado tiene la obligación de garantizarlo, a través de leyes que definen las modalidades para el acceso y uso equitativo y sustentable de los recursos hídricos, coordinando la participación de la Federación, las entidades federativas, los municipios y la ciudadanía.

En el ámbito local, la Constitución de Jalisco respalda este mandato en su Artículo 15, señalando que las autoridades estatales y municipales deben velar por la utilización sustentable y la preservación de los elementos naturales, con el fin de conservar y restaurar el medio ambiente, así como fincar responsabilidades a quienes provoquen daños ambientales. Asimismo, reitera el derecho de toda persona a un suministro de agua digno. Sin embargo, este derecho no se está garantizando en la entidad; el Gobierno estatal incumple flagrantemente sus obligaciones y, además, con su violenta y represiva respuesta, vulnera otros derechos de la ciudadanía.

Durante el sexenio de Alfaro (2018-2024), la Federación transfirió recursos millonarios a Jalisco para contribuir a solucionar la problemática del agua, pero el Gobierno estatal no hizo lo que le correspondía, dejando a la entidad sumida en una crisis hídrica cada vez más grave.

En Jalisco la problemática del agua se ha intensificado debido a múltiples omisiones y actos de corrupción, tales como la autorización irregular de desarrollos habitacionales, descargas clandestinas que contaminan los acuíferos y la proliferación de vertederos de residuos sólidos que carecen de tratamientos para mitigar el impacto del suelo. A esto se suma la inoperancia o insuficientes plantas de tratamiento de aguas residuales, el deterioro de la infraestructura de alcantarillado, las inundaciones recurrentes, la insuficiente inspección a sectores con deficiente manejo de desechos; también el monitoreo inoperante de la calidad del líquido; además del negligente actuar de las autoridades.

Las consecuencias de esa negligencia van más allá de la escasez: el suministro de agua contaminada ha provocado graves enfermedades crónico-degenerativas en diversas comunidades urbanas y rurales, causando una alta incidencia de problemas renales entre la población.

Esta problemática ha sido ampliamente documentada en investigaciones de organizaciones medioambientales y en informes especiales emitidos por la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco (CEDHJ), en los que detalla la crisis histórica a la que los gobiernos estatal y municipales han sido omisos.

Una prueba contundente de este colapso es el flujo constante de quejas y denuncias contra los organismos cuya obligación es planear, gestionar y supervisar los servicios hídricos, específicamente, la Comisión Estatal del Agua de Jalisco (CEA) y el Sistema Intermunicipal de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado (SIAPA).

Contra esos organismos los ciudadanos han acudido reiteradamente a presentar quejas ante la CEDHJ. En respuesta, durante años la Comisión Estatal de Derechos Humanos ha emitido Recomendaciones, pronunciamientos e informes especiales que comprueban la violación sistemática al derecho humano al agua y al saneamiento, pero son señalamientos y exhortos que las autoridades han ignorado.

Lejos de solucionarse, la problemática se recrudece. El SIAPA se volvió una de las dependencias más denunciadas ante la Comisión por violaciones a los derechos humanos. Tan sólo de enero a septiembre de este año, la CEDHJ recibió 727 quejas contra ese organismo, la mayoría por la negativa o la pésima prestación de servicios en materia de agua. El agravamiento de la situación quedó evidenciado desde septiembre, cuando el 33 por ciento de todas las quejas ciudadanas recibidas por la Comisión –por violaciones a los Derechos Humanos– correspondieron a fallas y omisiones del SIAPA, según los datos que consulté en los informes de la CEDHJ.

Ese es el contexto en el cual el hartazgo por la falta de soluciones y la indiferencia del Gobierno de Lemus llevaron a la ciudadanía a las calles en una manifestación histórica. Miles de jaliscienses expresaron su rechazo al suministro de agua pestilente que reciben en sus hogares desde hace meses, un servicio deficiente que el SIAPA les cobra puntualmente; la violenta respuesta del Gobernador fue la represión.

Conversé con vecinos de la colonia Alcalde Barranquitas, del municipio de Guadalajara –quienes participan activamente en las movilizaciones–, relatan el calvario de denunciar la problemática de instancia tras instancia gubernamental sin que se les dé una resolución. “Ya sólo nos falta denunciar ante la iglesia”, comentó con ironía uno de los colonos al compartir su testimonio.

Me dicen que el agua pestilente comenzó a brotar de sus llaves desde el año pasado. Al principio era intermitente, pero la situación se recrudeció críticamente a partir de mayo. Las consecuencias en la salud pública son alarmantes: “Nunca había visitado tantas veces el hospital como ha ocurrido estos meses”, relata consternado otro vecino, quien detalla cómo él y su esposa han padecido infecciones recurrentes a causa del agua contaminada.

A pesar de que acudieron instancia tras instancia para presentar quejas formales, lo único que encontraron fue una barrera de indiferencia por parte de las autoridades, lo que les llevó a manifestaciones públicas desde el mes de junio, se fueron sumando más y más afectados, congregando el mayor número en la manifestación del domingo.

“Lo que más indigna es la indiferencia de las autoridades. Hemos hecho muchas manifestaciones, ¿y sabe cuántas veces he visto a la Alcaldesa, a algún Diputado o al Gobernador pararse y decir: ‘Estoy aquí, los escucho?’. Ninguna. Es una prepotencia absoluta, actúan como si se sintieran tocados por Dios, pero olvidan que son servidores públicos. Tienen que hacer su trabajo; la gente tenemos derechos y nuestras peticiones son legítimas. Ni siquiera la gente por la que votamos tiene la decencia de pararse a escucharnos”, agrega.

Al preguntarles qué camino tomarán ahora, luego de que en la última movilización hubo represión, detenciones arbitrarias, chorros de agua a presión… su respuesta es firme:

“Nos seguiremos manifestando porque no vemos otra manera. No encontramos una solución a corto plazo; nos preocupa e indigna la indiferencia gubernamental y esta total apatía hacia el ciudadano. Desde la manifestación que hicimos en julio afuera de Casa Jalisco, donde nos reunimos 400 personas, solicitamos formalmente en nuestro pliego petitorio una mesa de trabajo para vigilar de manera permanente la calidad del agua, así como la gestión del SIAPA. Desgraciadamente, el organismo parece la caja chica del Gobierno, donde se ha designado a directivos sin preparación, simplemente por ser amigos del Gobernador”.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) señala que cada persona requiere entre 50 y 100 litros de agua al día para cubrir sus necesidades básicas de consumo e higiene, y evitar problemas de salud. La OMS enfatiza que el agua debe ser segura, estar libre de contaminantes y ser garantizada por los gobiernos como un derecho fundamental, no como una mercancía económica. En contraste, lo que proyecta el Gobierno “fosfo fosfo” apunta hacia la privatización del servicio, una intención que pretenden ocultar detrás de eufemismos.

La violenta respuesta del Gobierno de Lemus ante los reclamos ciudadanos no es un caso aislado. Se trata de un modelo represivo que ya había puesto en práctica Enrique Alfaro.

Tras una ola de indignación pública por la violencia de su Gobierno contra manifestante, el martes Lemus publicó un video en sus redes sociales en que reconoció el uso excesivo de la fuerza y las detenciones injustas por parte de su Policía, prometiendo que estos actos no se repetirían. El mensaje de Lemus parece el mismo guion que usara Alfaro para aparentemente “disculparse” tras ordenar la represión de quienes protestaban por el asesinato de Giovanni López, comprometiéndose entonces a realizar reformas estructurales para evitar la repetición, según él, de los abusos. Hoy su amigo y correligionario de partido repite la misma acción de represión y luego prometer que no se repetirá. El mismo patrón y discurso de gobiernos represivos.

Tanto Alfaro como Lemus en Jalisco, y Samuel García en Nuevo León, llegaron al poder abanderados por el partido que el expriista Dante Delgado fundó en 1999 bajo el nombre de Convergencia por la Democracia, que en 2002 acortó su nombre a Convergencia, y en el año 2011 se le cambió a Movimiento Ciudadano.

Con el nombre de Movimiento Ciudadano, el partido de Dante Delgado usa la idea de que su base ideológica es la participación democrática. Sin embargo, en la práctica, los gobernadores que han alcanzado el cargo bajo su bandera han demostrado lo contrario: un profundo desdén por la ciudadanía. La estrategia de ese partido se reduce al marketing digital, viralizando en redes sociales videos, canciones pegajosas y frases huecas que carecen de verdadera sustancia política.

Su popularidad se basa en la mercadotecnia, y en postular a influencers y perfiles de la élite; juniors desconectados de la realidad que viven en una burbuja de privilegio y frivolidad, resultando incapaces de resolver las problemáticas estructurales que afectan a la población.

Otra clara muestra de esa desconexión es el influencer Samuel García, quien, de cara al Mundial de Futbol, ordenó tapiar y ocultar visualmente las zonas de alta marginación y pobreza en su estado, un acto profundamente clasista y discriminatorio, que también fue denunciando ante la Comisión de Derechos Humanos de Nuevo León.

La derecha usa a las Madres Buscadoras

 Fabrizio Mejía Madrid

"Personajes que son directores de colectivos de desaparecidos entran en conflicto de interés al ser empleados del gobierno que desapareció a los 43 de Ayotzinapa".

La derecha usa a las Madres Buscadoras. Por Fabrizio Mejía

El tema de las familias que buscan desaparecidos tiene una carga sentimental por sí mismo y sus voceras tienen un peso moral como víctimas que nos hace considerar como verdad todas sus palabras. La creencia colectiva es, ¿quién va a saber sobre desapariciones si no es quien las ha experimentado? Y eso puede ser cierto.

Pero esta columna no trata de ellas, de las Madres Buscadoras sino de su uso vilmente electoral. Lo que les voy a contar en seguida es producto de varias entrevistas con activistas de derechos humanos que están preocupados por el giro que ha tomado este tema contra la 4T y a favor del PRIAN y del Partido de Lorenzo Córdoba y Claudio X. González, Somos. También están desconfiadas de la llegada a abrazarlas del EZLN en diciembre próximo. Sirvo, pues, de correa para transmitir sus preocupaciones.

Esa historia comienza incluso antes de que se conformaran las organizaciones que hoy conocemos como Madres Buscadoras, que son muy diversas. Tendemos a imaginar que son madres que perdieron a sus hijos en la guerra contra el narco de Calderón y que buscan por sí mismas, sin financiamiento, con las uñas en la tierra. La realidad es diversa. Hay de todo. Hay mujeres cuyos hijos eran militares o marinos. Hay mujeres que sabían que sus hijos estaban en el crimen organizado y algunas más que participaron en él. Hay otras cuyos hijos fueron quizás levantados, secuestrados, e incorporados como desechables en las filas del sicariato. Los buscan. Están los padres y madres de los normalistas de Ayotzinapa.

Pero en estos 16 años de búsquedas ha habido una utilización ruin de sus causas y hasta falsas alarmas un día antes de algunas elecciones. Me refiero, por ejemplo, al escándalo mediático que causó la señora Ceci Flores de las madres de Sonora, en mayo de 2024 cuando anunció el hallazgo de una fosa clandestina en Xaltepec, Tláhuac. Cuando se analizaron los restos, los huesos eran de perro y de borregos. No obstante, la idea de esa madre buscadora era influir en la elección de la CdMx a favor del PAN, partido a cuyo relanzamiento acudió. También fue invitada a la formación del partido Somos, de Álvarez

Icaza y Lorenzo Córdoba.

Todo empieza en el Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad que encabezó en el 2011 Javier Sicilia, el poeta a quien le mataron a un hijo en Temixco, Morelos, junto a otras seis jóvenes cuyos nombres no alcanzaron los titulares mediáticos. Se planteó como un movimiento tipo caravana cívica hacia la frontera norte del país para ir recogiendo los casos de los familiares de las víctimas de la guerra contra el narco de Felipe Calderón y Genaro García Luna. Desde el inicio, un personaje, Emilio Álvarez Icaza se convierte en el principal asesor del poeta. Para cuando llegan a Ciudad Juárez, el Movimiento por la Paz tiene una primera utilización partidista. Ahí, tanto Sicilia como Álvarez Icaza se niegan a firmar los acuerdos de las madres de desaparecidos que exigen el regreso inmediato del ejército a los cuarteles y la disculpa pública de Felipe Calderón por haber declarado esa guerra. Ellos dicen que no porque tienen acordada una reunión con el Presidente espurio y su Secretario de Seguridad, Genaro García Luna, el 23 de julio de 2011 en el Castillo de Chapultepec. Hasta ahí llegó Nepomuceno Moreno Núñez, a quien la policía estatal de Sonora le había secuestrado a su hijo para extorsionarlo. Nepomuceno se convirtió en el símbolo del Movimiento por la Paz porque fue a solicitarle protección a Felipe Calderón a Chapultepec. 

Éste, al lado de Margarita Zavala, le entregó el expediente a Genaro García Luna. Los medios de comunicación tomaron fotos del momento. Y Nepomuceno Moreno Núñez fue asesinado a balazos en el centro de Hermosillo cuatro meses después, el 28 de noviembre. A plena luz del día. Por eso fue el símbolo de la inutilidad del Movimiento por la Paz. Nueve meses después, Emilio Álvarez Icaza fue propuesto para la Secretaría de la Comisión de Derechos Humanos de la OEA. La Canciller de Calderón expresó su beneplácito. En un último estertor, Felipe Calderón vetó la Ley General de Víctimas que había redactado, entre otros, el Movimiento por la Paz y que se había aprobado en la Cámara de Diputados. Secuestró dicha Ley durante veinte días, esperando que pasaran las elecciones donde se eligió el regreso del PRI y, pasadas las elecciones, la vetó. Fue su última traición a los supuestos acuerdos con las madres buscadoras.

El 4 de diciembre de 2012 entró Jesús Murillo Karam a la Procuraduría General de la República propuesto por Peña Nieto. Le encargó a Eliana García Laguna, del movimiento de Sicilia y Álvarez Icaza, construir un “bloque de víctimas” que legitimara las acciones del gobierno priista. Eliana García había sido Diputada pluri por el PRD entre 2003 y 2006, se convirtió en la encargada del despacho de la Subprocuraduría de Derechos Humanos, Prevención del Delito y Servicios a la Comunidad del la PGR de Murillo Karam ---encargada porque no tenía las calificaciones académicas para ocupar el puesto. Más de 20 plazas de la Procuraduría fueron administradas por ella para atraer madres buscadoras y familiares de desaparecidos al entorno de Murillo Karam. Entran a la PGR buscadoras que ya habían encontrado a sus hijos, como Margarita López Pérez que, luego, sería Diputada pluri en Michoacán por el Verde, Movimiento Ciudadano, y el PRD. A ambos personajes, Álvarez Icaza desde la Comisión de la OEA y Eliana, la encargada de despacho en la PGR, les toca administrar las primeras investigaciones de la desaparición de los normalistas de Ayotzinapa. Administran juntos la llegada del GIEI a México. Álvarez Icaza termina su periodo en agosto de 2016. Ella renuncia en 2015, cuando entra Arely Gómez en sustitución del ya muy cansado Murillo Karam.

En el mismo gobierno de Peña, nada más que en la Secretaría de Gobernación de Miguel Ángel Osorio Chong, sirvieron otros miembros de las caravanas, como por ejemplo, Juan Carlos Gutiérrez Contreras director de una AC llamada Idheas, Litigio Estratégico, entre varios otros. Es decir, una parte de estos personajes que son directores de colectivos de desaparecidos entran en un diáfano conflicto de interés al ser empleados del gobierno que desapareció a los 43 de Ayotzinapa.

Lo que hay que entender de este tipo de organizaciones es que recibieron, también, montos muy altos de dinero por parte de fundaciones internacionales, la USAID, o la Unión Europea, que, en un caso, fue de un millón de euros, es decir, 20 millones de pesos. Otros, como Fundar reciben financiamiento de la Fundación Mac Arthur, la Ford, y Hewlett Packard; o el Centro de Colaboración Cívica, forma parte de Partners for Democratic Change que es financiada por el Departamento de Estado de los Estados Unidos. Así que hay divisas de por medio en la retórica de la sangre y la desaparición.

En esta coyuntura electoral, todo parece concentrarse en el partido de Claudio X. González y Lorenzo Córdoba, Somos. Desde ahí, tanto TvAzteca como sus influencers han empujado una campaña que asegura que en México hay la exorbitante cifra de 132 mil desaparecidos. Lo que no dicen es que la cifra es desde 1952 porque la Guerra Sucia empezó con esa práctica desde el Estado. Pero vayamos a los datos presentes. De estos exorbitantes, 47 mil no tienen datos completos en los registros y 32 mil mostraron actividad bancaria o tuvieron altas en el INE, el SAT, Bienestar o el IMSS, después a la denuncia de desaparición. Así que realmente son unos 43 mil desaparecidos con un registro totalmente validado. Pero se sigue repitiendo que son 130 mil y el dueño de TvAzteca mandó a sus influencers a que mostraran esa cifra en sus camisetas cuando se fotografiaron en sus palcos para la inauguración del Mundial de Futbol pasado. La campaña va acompañada del supuesto de que las madres han ido a tocar la puerta de Palacio Nacional ---como Xóchitl Gálvez le hizo y que le valió la candidatura del PRIAN--- y que ni Andrés Manuel ni Claudia les abren.

Además de ridícula, esa imagen invisibiliza a todos los colectivos atendidos y a los casos particulares que han sido resueltos, el cambio para homologar lo que es y no es un desaparecido, y que una Subsecretaría entera de Gobernación con una Comisión Nacional de Búsqueda están dedicadas a ello Con esa campaña se invisibiliza también el cruce masivo y las 100 mil visitas domiciliarias que el gobierno de López Obrador realizó en 2023, encontrando con vida a 34 mil 524 personas, cuyas desapariciones eran, no por crimen organizado, sino por problemas familiares, de salud, o salidas voluntarias. Con Claudia Sheinbaun fueron localizadas 47 mil 949 personas también con vida con otras 100 mil visitas domiciliarias.

Así que el drama real del crimen organizado y las fosas clandestinas no es el común denominador del fenómenos de la desaparición. Para ponerlo en perspectiva, cada año, la Unión Europea registra 250 mil niños desaparecidos sólo en el año pasado en Alerta Amber y 20 mil muertes o desapariciones de migrantes en el Mediterráneo. En Estados Unidos, el año pasado solamente se registraron 498 mil desapariciones. De estos, 305 mil eran menores de edad. Estos datos ponen en perspectiva las 132 mil sucedidas en México desde 1952.

Pero la campaña de los cientos de miles de desapariciones, de las autoridades que no les abren la puerta a las madres, de las fosas clandestinas que se convierten en campos de exterminio sigue. Sólo dos ejemplos breves. Uno, el del Rancho Izaguirre en Teuchitlán, en Jalisco. Ustedes lo recuerdan: la Guardia Nacional lo aseguró en septiembre de 2024, lo dejó en manos de la Fiscalía de Jalisco y, luego, el colectivo Guerreros Buscadores, lo reportó como novedad y se hizo un circo mediático en el que el rancho ya era como Auschwitz y habían incinerado a cientos de personas. Resultó que sí había efectos personales pero hasta ahí quedó. Luego, vinieron los dientitos de leche. Ustedes también lo recuerdan: en septiembre, una columna de opinión de Óscar Balderas se hizo tan famosa que llegó hasta las orejas de TvAzteca. Según el reportero, la misma Margarita López Pérez, la Diputada michoacana por el Verde, MC, y PRD, la misma que había trabajado con la PGR de Murillo Karam, había encontrado mil 600 dientitos de leche en una fosa clandestina en Zacapu, Michoacán. No hubo más evidencia que el escándalo mediático y ni siquiera el reportero fue a buscarla en aquella fosa de Zacapu.

En el mismo mes de septiembre 55 madres buscadoras encabezadas por la mismísima Margarita López Pérez, la Diputada del Verde, MC, y PRD que trabajó con Murillo Karam, sostuvieron un plantón de un tres semanas frente a la Fiscalía General. Ahí la exempleadade la Procuraduría de Peña Nieto dijo sin miedo al autobaloneo: “Ya nos cansamos de hacer su chamba sin sueldo. Estoy cansada. Yo antes era una empresaria, ahora soy una carretonera que anda recuperando cuerpos en las barrancas porque estos hijos de la chingada no lo quieren hacer”. Parece que, además de ser Diputada, Margarita López se
dedicó en algún momento a la minería.

Además de que la Alcadesa de la Cuauhtémoc, Rojo de la Vega, que desapareció al Che y a Fidel, nombró a un salón de cabildo “Madre buscadora”, las activistas de derechos humanos me cuentan que se les han ofrecido candidaturas plurinominales por parte del partido de Claudio X. González, Somos. Están desconfiadas del Subcomandante Marcos que viene a “abrazarlas” ya mero, en diciembre. Una de ellas me dice: “No sé que más vienen a ofrecer porque abrazos nos dimos en Los Caracoles hace 16 años”.

Jalisco: Agua puerca, represión y cárcel

 Historia de lo inmediato

Álvaro Delgado Gómez

"En Jalisco, la crisis del agua forma parte de un conjunto de catástrofes sociales que precariza la vida de las y los jaliscienses".

Jalisco: Agua puerca, represión y cárcel. Por Álvaro Delgado

Seis años después del "halconazo" de Enrique Alfaro, quien ordenó a agentes vestidos de civil cometer detenciones arbitrarias y desapariciones forzadas de jóvenes que protestaban en Guadalajara por el asesinato a manos de policías del albañil Giovanni López por no usar cubrebocas, Pablo Lemus, también del partido político Movimiento Ciudadano, reprodujo este domingo 11 de octubre las mismas prácticas de brutalidad policiaca contra ciudadanos que por miles se movilizaron en la misma ciudad con la legítima demanda de recibir en sus hogares agua limpia y no la sustancia negra, fétida y con residuos que desde hace meses se distribuye en los municipios del Área Metropolitana, en una clara violación al derecho constitucional de recibir líquido salubre.

La coartada para justificar la represión de los cuerpos policiacos estatales de Jalisco con detenciones arbitrarias, toletazos, gases lacrimógenos y chorros de agua contra jóvenes, mujeres, adultos mayores y niños que participaron en la movilización es la misma: Alfaro afirmó sin pruebas que las protestas de junio de 2020 se organizaron “desde los sótanos del poder” en la Ciudad de México —lo que inspiró a Enrique Krauze a compararlo con Mariano Otero—, y ahora Lemus afirma que un “grupo de choque” de 400 personas provocó la violencia, una narrativa que, en ambos casos, ha sido retomada por sus medios de propaganda que criminalizan las protestas y culpan directamente al partido Morena.

Hay que recordarlo siempre: manifestarse es un derecho, reprimir es un delito. Pero esta conducta despótica e ilegal es ya un patrón de los gobiernos de Movimiento Ciudadano —que no es movimiento ni ciudadano, sino un partido político conservador— y parece inspirada en Fernando Gutiérrez Barrios, el asesino policía político de la Dirección Federal de Seguridad (DFS) del régimen priista que fue el mentor de Dante Delgado Rannauro, el cacique del PRIAN naranja que, al igual que la dirigencia, guarda silencio sobre el caso.

La fiereza de los cuerpos policiacos y decenas también vestidos de civil contra ciudadanos que se manifestaban en favor del derecho al agua limpia contrasta con la cobardía permanente ante el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), como en los numerosos narcobloqueos que siguieron a la captura y muerte de Nemesio Oceguera Cervantes, alias “El Mencho”, el 22 de febrero. Mientras eran asesinados 27 agentes de la Guardia Nacional, los estatales se resguardaron y mantuvieron la misma pasividad ante la crisis de desapariciones que sufre la entidad, que es primer lugar nacional.

Pablo Lemus, expresidente en Jalisco de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), no sólo traicionó su palabra de respetar la manifestación pacífica del domingo, como se comprometió el jueves en el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Occidente (ITESO) y que reiteró el sábado en un video, sino que reprodujo la práctica de Alfaro de habilitar a agentes vestidos de civil para agredir con palos y piedras a ciudadanos y detenerlos de manera arbitraria, pero además superó a su antecesor al habilitar la Casa Jalisco como cárcel: ahí fueron encerrados y golpeados quienes fueron detenidos de manera arbitraria. El mensaje es ominoso.

Si efectivamente hubo agresores de agentes policiacos en la manifestación del domingo, el mentado “bloque negro”, se supone que los agentes habían sido capacitados para aplicar la fuerza de manera proporcional después de la represión de junio de 2020, cuando el "halconazo" de Alfaro, que quedó impune. Ahora las fuerzas policiacas actuaron peor.

Un caso ilustra la brutalidad: la detención del joven Iván Becerra, quien fue detenido sin motivo cuando se manifestaba frente a la fila de policías antimotines que resguardaba la Casa Jalisco. “¡Ey, quieren atacar! —alertó Iván en medio de periodistas y señaló a un agente—: ¡No vas a atacar a nadie!”. Es lo último que dijo. El agente se abrió paso entre sus compañeros y lo alcanzó para luego someterlo y llevárselo cautivo.

Oficialmente fueron detenidas 39 personas que, por la noche del domingo, fueron llevadas a las instalaciones de la Fiscalía de Jalisco, parte de las cuales han sido liberadas sólo a condición de firmar un documento para no proceder legalmente contra los represores, lo que es otra ilegalidad del Gobierno de Lemus.   

Este nuevo caso de represión en Jalisco evoca no sólo a Alfaro en 2020, sino al exgobernador panista Francisco Ramírez Acuña, actual Senador, quien den 2004 ordenó a policías estatales perseguir, detener, torturar y encarcelar a decenas de manifestantes contra la Cumbre de Jefes de Estado y de Gobierno de América Latina, el Caribe y la Unión Europea que se realizó en Guadalajara.

El antecedente no es fortuito: el partido Movimiento Ciudadano en Jalisco es, en realidad, la refundación del PAN, cuyos dirigentes, militantes y base social se ha vestido de naranja, como en todo el país, y que actúan con la misma lógica represiva contra los movimientos sociales.

En Jalisco, tal como lo advierten en un pronunciamiento más de 280 profesores del ITESO y de la Universidad de Guadalajara, la crisis del agua forma parte de un conjunto de catástrofes sociales que precariza la vida de las y los jaliscienses, y la posibilidad de un futuro digno, sobre todo para las personas más jóvenes.

“Vivimos en un estado azotado por la desaparición forzada, la especulación inmobiliaria que hace inaccesible la vivienda digna, y en donde los monocultivos arrasan con los territorios. La protesta social es un derecho y no debe criminalizarse, mucho menos cuando lo que se defiende es el acceso al agua potable. Las autoridades tienen la obligación de atender el problema y escuchar a la ciudadanía. La represión jamás es la respuesta en un Estado democrático”.

Tal cual.