Capitalismo antidrogas: una guerra contra el pueblo

Gilberto López Y Rivas

Extraordinario libro de Dawn Marie Paley. Capitalismo antidrogas: una guerra contra el pueblo (Libertad Bajo Palabra, México 2020), que con toda pertinencia su traductor, Jorge Comensal, logró que se publicara en nuestro país para ayudar a comprender “la violencia que estaba (y sigue) devastando México y Centroamérica (…), y para desmentir la idea de que la guerra contra el narco es un esfuerzo legitimo por controlar el tráfico de drogas y el crimen organizado, cuando en realidad se trata de una campaña bélica que sólo sirve para incrementar el control socioeconómico de las élites ( narcos, políticos y capitalistas) sobre la población”. Con toda razón sustenta que “los acontecimientos de los últimos años confirman la tesis de “que el Plan Colombia, la Iniciativa Mérida y otros programas trasnacionales, lejos de disminuir la producción y exportación de drogas hacia Estados Unidos, multiplican la violencia contra la sociedad civil, contribuyen al despojo territorial de los pueblos originarios y modifican las leyes y dinámicas económicas en favor de los grandes capitales, mineras y agroindustrias que expolian los territorios desocupados, y maquiladoras que explotan a los trabajadores reprimidos por el clima de violencia”.

En la obra, nuestra colega Dawn Marie Paley da cuenta en ocho esplendidos capítulos de lo que significa el capitalismo antidrogas, su expansión hacia territorios y espacios sociales nuevos o previamente inaccesibles, que además de enriquecer a los bancos estadunidenses, financiar campañas políticas y alimentar un redituable comercio de armas, beneficia a empresas petroleras, gaseras y mineras trasnacionales, así como a otras grandes corporaciones, industrias maquiladoras, redes de trasporte, y un segmento del sector comercial y de venta al menudeo representado por empresas como Walmart, e intereses en bienes y raíces en México y Estados Unidos.

La autora plantea su posición sin equívocos. Para ella, la guerra antidrogas es un remedio a largo plazo para los achaques del capitalismo, que combina legislación y terror en una experimentada mezcla neoliberal para infiltrarse en sociedades y territorios antes no disponibles para el capitalismo globalizado. Su propuesta es repensar la llamada guerra antidrogas no como prohibición ni política de narcóticos; sino, en cambio, como imposición del terrorismo contra la población de la ciudad y el campo y, al lado de esta política, facilitar la inversión extranjera directa y el crecimiento económico. Esto es el capitalismo antidrogas: pillaje, ganancia y saqueo.

El objetivo de la autora, logrado con creces, es crear un marco teórico más útil para entender la guerra antidrogas al sur de la frontera México-Estados Unidos, donde la violencia se deriva de la militarización estatal y de los cárteles del narcotráfico, a los que también se refiere como grupos paramilitares. Tal como lo documenta en su libro: “existen factores estructurales que permiten que ciertos grupos armados clandestinos extorsionen e infundan terror con total impunidad cuando esos actos benefician al capitalismo trasnacional o a la política exterior de Estados Unidos.” En su recorrido por Colombia, Honduras, Guatemala y la frontera México Estados Unidos, recopilando historias, la autora identifica tres características de la llamada guerra contra el narco:

1. El dolor, miedo y sufrimiento, producidos por la militarización y paramilitarización afectan en mayor medida a los pobres, la población trabajadora y los migrantes.

2. Uno de los más tempranos, duraderos y tangibles impactos de la violencia es la restricción de la movilidad, ya sea el movimiento por el propio barrio, viajar de una ciudad a otra, cruzar la frontera estadunidense (en ambas direcciones) o migrar.

3. La libertad de expresión –individual y colectiva, a través de actos públicos, medios de comunicación comunitaria o masiva, entre otros–ha sido atacada.

“Mientras que estos tres factores en conjunto constituyen las más accesibles y consistentes narrativas de la guerra en contra el narco, para cualquier reportero familiarizado personalmente con la situación, estas narrativas no son las que dominan los reportes del narcotráfico y la guerra auspiciada por Estados Unidos. En lugar de contar las experiencias de los afectados por la narcoguerra, los periódicos, grupos de reflexión y gobiernos suelen producir reportes dominados por historias de los cártles (criminales o grupos criminales) en guerra unos contra otros por el control de las rutas del trasiego y territorios. (…) Las victimas generalmente son retratadas como parte de alguna actividad criminal, o al menos relacionadas con alguien relacionado con una actividad criminal, una formulación que prácticamente criminaliza comunidades enteras. (…) Contar historias que difieren del guion oficial puede ser mortal”.

Es necesario que esta obra sea leída y analizada con el sustento, la profundidad y el profesionalismo con el que se escribió.

Frívolos, represores y corruptos, el sello MC

Ana Lilia Pérez

"La labor fundamental de cualquier Gobierno es trabajar para solventar las necesidades de la ciudadanía y garantizar sus derechos".

Hartos de recibir agua contaminada, fétida e insalubre, los habitantes de Guadalajara y su zona metropolitana llevan meses denunciando la pésima calidad del suministro hídrico. La manifestación del 11 de octubre –la de mayor convocatoria hasta la fecha– recibió como respuesta por parte del Gobierno de Pablo Lemus una dura represión: golpes, gases lacrimógenos, chorros de agua y la detención arbitraria de 39 personas.

Esta reacción ante un reclamo ciudadano legítimo evidencia, una vez más, el talante autoritario y la negligencia de los gobiernos emanados del partido Movimiento Ciudadano (MC), los cuales, ante su flagrante incapacidad para resolver los problemas estructurales que afectan a la población, optan por el uso de la fuerza.

Los rastros de este esquema represivo evocan las viejas tácticas priistas, replicadas por el partido naranja, así ocurrió desde la gestión de Enrique Alfaro, el primer Gobernador de ese partido y antecesor de Lemus. Como parte de su infame legado destaca el caso de Giovanni López, un hombre de 30 años de edad, de oficio albañil, quien fue brutalmente asesinado por la Policía bajo el pretexto de no llevar cubrebocas. Posteriormente, Alfaro mandó reprimir a los manifestantes que salieron a exigir justicia por el crimen, escudándose en una política de “cero tolerancia” respecto a las medidas sanitarias.

Aquel brutal asesinato quedó como el vivo reflejo de su Gobierno: una Administración que llevó a Jalisco a convertirse en la entidad con la mayor incidencia de desapariciones forzadas, crisis forense, y negligente para garantizar los derechos de los ciudadanos, tal como ocurre ahora con el Gobierno de Lemus, rebasado e incapaz de solucionar la crisis del agua en esa entidad.

La labor fundamental de cualquier Gobierno es trabajar para solventar las necesidades de la ciudadanía y garantizar sus derechos. Si una Administración es incapaz de cumplir con este mandato básico, simplemente es inútil.

Nuestra Constitución establece como derecho el acceso, disposición y saneamiento de agua para consumo personal y doméstico de forma suficiente, salubre, aceptable y asequible. Mandata que el Estado tiene la obligación de garantizarlo, a través de leyes que definen las modalidades para el acceso y uso equitativo y sustentable de los recursos hídricos, coordinando la participación de la Federación, las entidades federativas, los municipios y la ciudadanía.

En el ámbito local, la Constitución de Jalisco respalda este mandato en su Artículo 15, señalando que las autoridades estatales y municipales deben velar por la utilización sustentable y la preservación de los elementos naturales, con el fin de conservar y restaurar el medio ambiente, así como fincar responsabilidades a quienes provoquen daños ambientales. Asimismo, reitera el derecho de toda persona a un suministro de agua digno. Sin embargo, este derecho no se está garantizando en la entidad; el Gobierno estatal incumple flagrantemente sus obligaciones y, además, con su violenta y represiva respuesta, vulnera otros derechos de la ciudadanía.

Durante el sexenio de Alfaro (2018-2024), la Federación transfirió recursos millonarios a Jalisco para contribuir a solucionar la problemática del agua, pero el Gobierno estatal no hizo lo que le correspondía, dejando a la entidad sumida en una crisis hídrica cada vez más grave.

En Jalisco la problemática del agua se ha intensificado debido a múltiples omisiones y actos de corrupción, tales como la autorización irregular de desarrollos habitacionales, descargas clandestinas que contaminan los acuíferos y la proliferación de vertederos de residuos sólidos que carecen de tratamientos para mitigar el impacto del suelo. A esto se suma la inoperancia o insuficientes plantas de tratamiento de aguas residuales, el deterioro de la infraestructura de alcantarillado, las inundaciones recurrentes, la insuficiente inspección a sectores con deficiente manejo de desechos; también el monitoreo inoperante de la calidad del líquido; además del negligente actuar de las autoridades.

Las consecuencias de esa negligencia van más allá de la escasez: el suministro de agua contaminada ha provocado graves enfermedades crónico-degenerativas en diversas comunidades urbanas y rurales, causando una alta incidencia de problemas renales entre la población.

Esta problemática ha sido ampliamente documentada en investigaciones de organizaciones medioambientales y en informes especiales emitidos por la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco (CEDHJ), en los que detalla la crisis histórica a la que los gobiernos estatal y municipales han sido omisos.

Una prueba contundente de este colapso es el flujo constante de quejas y denuncias contra los organismos cuya obligación es planear, gestionar y supervisar los servicios hídricos, específicamente, la Comisión Estatal del Agua de Jalisco (CEA) y el Sistema Intermunicipal de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado (SIAPA).

Contra esos organismos los ciudadanos han acudido reiteradamente a presentar quejas ante la CEDHJ. En respuesta, durante años la Comisión Estatal de Derechos Humanos ha emitido Recomendaciones, pronunciamientos e informes especiales que comprueban la violación sistemática al derecho humano al agua y al saneamiento, pero son señalamientos y exhortos que las autoridades han ignorado.

Lejos de solucionarse, la problemática se recrudece. El SIAPA se volvió una de las dependencias más denunciadas ante la Comisión por violaciones a los derechos humanos. Tan sólo de enero a septiembre de este año, la CEDHJ recibió 727 quejas contra ese organismo, la mayoría por la negativa o la pésima prestación de servicios en materia de agua. El agravamiento de la situación quedó evidenciado desde septiembre, cuando el 33 por ciento de todas las quejas ciudadanas recibidas por la Comisión –por violaciones a los Derechos Humanos– correspondieron a fallas y omisiones del SIAPA, según los datos que consulté en los informes de la CEDHJ.

Ese es el contexto en el cual el hartazgo por la falta de soluciones y la indiferencia del Gobierno de Lemus llevaron a la ciudadanía a las calles en una manifestación histórica. Miles de jaliscienses expresaron su rechazo al suministro de agua pestilente que reciben en sus hogares desde hace meses, un servicio deficiente que el SIAPA les cobra puntualmente; la violenta respuesta del Gobernador fue la represión.

Conversé con vecinos de la colonia Alcalde Barranquitas, del municipio de Guadalajara –quienes participan activamente en las movilizaciones–, relatan el calvario de denunciar la problemática de instancia tras instancia gubernamental sin que se les dé una resolución. “Ya sólo nos falta denunciar ante la iglesia”, comentó con ironía uno de los colonos al compartir su testimonio.

Me dicen que el agua pestilente comenzó a brotar de sus llaves desde el año pasado. Al principio era intermitente, pero la situación se recrudeció críticamente a partir de mayo. Las consecuencias en la salud pública son alarmantes: “Nunca había visitado tantas veces el hospital como ha ocurrido estos meses”, relata consternado otro vecino, quien detalla cómo él y su esposa han padecido infecciones recurrentes a causa del agua contaminada.

A pesar de que acudieron instancia tras instancia para presentar quejas formales, lo único que encontraron fue una barrera de indiferencia por parte de las autoridades, lo que les llevó a manifestaciones públicas desde el mes de junio, se fueron sumando más y más afectados, congregando el mayor número en la manifestación del domingo.

“Lo que más indigna es la indiferencia de las autoridades. Hemos hecho muchas manifestaciones, ¿y sabe cuántas veces he visto a la Alcaldesa, a algún Diputado o al Gobernador pararse y decir: ‘Estoy aquí, los escucho?’. Ninguna. Es una prepotencia absoluta, actúan como si se sintieran tocados por Dios, pero olvidan que son servidores públicos. Tienen que hacer su trabajo; la gente tenemos derechos y nuestras peticiones son legítimas. Ni siquiera la gente por la que votamos tiene la decencia de pararse a escucharnos”, agrega.

Al preguntarles qué camino tomarán ahora, luego de que en la última movilización hubo represión, detenciones arbitrarias, chorros de agua a presión… su respuesta es firme:

“Nos seguiremos manifestando porque no vemos otra manera. No encontramos una solución a corto plazo; nos preocupa e indigna la indiferencia gubernamental y esta total apatía hacia el ciudadano. Desde la manifestación que hicimos en julio afuera de Casa Jalisco, donde nos reunimos 400 personas, solicitamos formalmente en nuestro pliego petitorio una mesa de trabajo para vigilar de manera permanente la calidad del agua, así como la gestión del SIAPA. Desgraciadamente, el organismo parece la caja chica del Gobierno, donde se ha designado a directivos sin preparación, simplemente por ser amigos del Gobernador”.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) señala que cada persona requiere entre 50 y 100 litros de agua al día para cubrir sus necesidades básicas de consumo e higiene, y evitar problemas de salud. La OMS enfatiza que el agua debe ser segura, estar libre de contaminantes y ser garantizada por los gobiernos como un derecho fundamental, no como una mercancía económica. En contraste, lo que proyecta el Gobierno “fosfo fosfo” apunta hacia la privatización del servicio, una intención que pretenden ocultar detrás de eufemismos.

La violenta respuesta del Gobierno de Lemus ante los reclamos ciudadanos no es un caso aislado. Se trata de un modelo represivo que ya había puesto en práctica Enrique Alfaro.

Tras una ola de indignación pública por la violencia de su Gobierno contra manifestante, el martes Lemus publicó un video en sus redes sociales en que reconoció el uso excesivo de la fuerza y las detenciones injustas por parte de su Policía, prometiendo que estos actos no se repetirían. El mensaje de Lemus parece el mismo guion que usara Alfaro para aparentemente “disculparse” tras ordenar la represión de quienes protestaban por el asesinato de Giovanni López, comprometiéndose entonces a realizar reformas estructurales para evitar la repetición, según él, de los abusos. Hoy su amigo y correligionario de partido repite la misma acción de represión y luego prometer que no se repetirá. El mismo patrón y discurso de gobiernos represivos.

Tanto Alfaro como Lemus en Jalisco, y Samuel García en Nuevo León, llegaron al poder abanderados por el partido que el expriista Dante Delgado fundó en 1999 bajo el nombre de Convergencia por la Democracia, que en 2002 acortó su nombre a Convergencia, y en el año 2011 se le cambió a Movimiento Ciudadano.

Con el nombre de Movimiento Ciudadano, el partido de Dante Delgado usa la idea de que su base ideológica es la participación democrática. Sin embargo, en la práctica, los gobernadores que han alcanzado el cargo bajo su bandera han demostrado lo contrario: un profundo desdén por la ciudadanía. La estrategia de ese partido se reduce al marketing digital, viralizando en redes sociales videos, canciones pegajosas y frases huecas que carecen de verdadera sustancia política.

Su popularidad se basa en la mercadotecnia, y en postular a influencers y perfiles de la élite; juniors desconectados de la realidad que viven en una burbuja de privilegio y frivolidad, resultando incapaces de resolver las problemáticas estructurales que afectan a la población.

Otra clara muestra de esa desconexión es el influencer Samuel García, quien, de cara al Mundial de Futbol, ordenó tapiar y ocultar visualmente las zonas de alta marginación y pobreza en su estado, un acto profundamente clasista y discriminatorio, que también fue denunciando ante la Comisión de Derechos Humanos de Nuevo León.

La derecha usa a las Madres Buscadoras

 Fabrizio Mejía Madrid

"Personajes que son directores de colectivos de desaparecidos entran en conflicto de interés al ser empleados del gobierno que desapareció a los 43 de Ayotzinapa".

El tema de las familias que buscan desaparecidos tiene una carga sentimental por sí mismo y sus voceras tienen un peso moral como víctimas que nos hace considerar como verdad todas sus palabras. La creencia colectiva es, ¿quién va a saber sobre desapariciones si no es quien las ha experimentado? Y eso puede ser cierto.

Pero esta columna no trata de ellas, de las Madres Buscadoras sino de su uso vilmente electoral. Lo que les voy a contar en seguida es producto de varias entrevistas con activistas de derechos humanos que están preocupados por el giro que ha tomado este tema contra la 4T y a favor del PRIAN y del Partido de Lorenzo Córdoba y Claudio X. González, Somos. También están desconfiadas de la llegada a abrazarlas del EZLN en diciembre próximo. Sirvo, pues, de correa para transmitir sus preocupaciones.

Esa historia comienza incluso antes de que se conformaran las organizaciones que hoy conocemos como Madres Buscadoras, que son muy diversas. Tendemos a imaginar que son madres que perdieron a sus hijos en la guerra contra el narco de Calderón y que buscan por sí mismas, sin financiamiento, con las uñas en la tierra. La realidad es diversa. Hay de todo. Hay mujeres cuyos hijos eran militares o marinos. Hay mujeres que sabían que sus hijos estaban en el crimen organizado y algunas más que participaron en él. Hay otras cuyos hijos fueron quizás levantados, secuestrados, e incorporados como desechables en las filas del sicariato. Los buscan. Están los padres y madres de los normalistas de Ayotzinapa.

Pero en estos 16 años de búsquedas ha habido una utilización ruin de sus causas y hasta falsas alarmas un día antes de algunas elecciones. Me refiero, por ejemplo, al escándalo mediático que causó la señora Ceci Flores de las madres de Sonora, en mayo de 2024 cuando anunció el hallazgo de una fosa clandestina en Xaltepec, Tláhuac. Cuando se analizaron los restos, los huesos eran de perro y de borregos. No obstante, la idea de esa madre buscadora era influir en la elección de la CdMx a favor del PAN, partido a cuyo relanzamiento acudió. También fue invitada a la formación del partido Somos, de Álvarez

Icaza y Lorenzo Córdoba.

Todo empieza en el Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad que encabezó en el 2011 Javier Sicilia, el poeta a quien le mataron a un hijo en Temixco, Morelos, junto a otras seis jóvenes cuyos nombres no alcanzaron los titulares mediáticos. Se planteó como un movimiento tipo caravana cívica hacia la frontera norte del país para ir recogiendo los casos de los familiares de las víctimas de la guerra contra el narco de Felipe Calderón y Genaro García Luna. Desde el inicio, un personaje, Emilio Álvarez Icaza se convierte en el principal asesor del poeta. Para cuando llegan a Ciudad Juárez, el Movimiento por la Paz tiene una primera utilización partidista. Ahí, tanto Sicilia como Álvarez Icaza se niegan a firmar los acuerdos de las madres de desaparecidos que exigen el regreso inmediato del ejército a los cuarteles y la disculpa pública de Felipe Calderón por haber declarado esa guerra. Ellos dicen que no porque tienen acordada una reunión con el Presidente espurio y su Secretario de Seguridad, Genaro García Luna, el 23 de julio de 2011 en el Castillo de Chapultepec. Hasta ahí llegó Nepomuceno Moreno Núñez, a quien la policía estatal de Sonora le había secuestrado a su hijo para extorsionarlo. Nepomuceno se convirtió en el símbolo del Movimiento por la Paz porque fue a solicitarle protección a Felipe Calderón a Chapultepec. 

Éste, al lado de Margarita Zavala, le entregó el expediente a Genaro García Luna. Los medios de comunicación tomaron fotos del momento. Y Nepomuceno Moreno Núñez fue asesinado a balazos en el centro de Hermosillo cuatro meses después, el 28 de noviembre. A plena luz del día. Por eso fue el símbolo de la inutilidad del Movimiento por la Paz. Nueve meses después, Emilio Álvarez Icaza fue propuesto para la Secretaría de la Comisión de Derechos Humanos de la OEA. La Canciller de Calderón expresó su beneplácito. En un último estertor, Felipe Calderón vetó la Ley General de Víctimas que había redactado, entre otros, el Movimiento por la Paz y que se había aprobado en la Cámara de Diputados. Secuestró dicha Ley durante veinte días, esperando que pasaran las elecciones donde se eligió el regreso del PRI y, pasadas las elecciones, la vetó. Fue su última traición a los supuestos acuerdos con las madres buscadoras.

El 4 de diciembre de 2012 entró Jesús Murillo Karam a la Procuraduría General de la República propuesto por Peña Nieto. Le encargó a Eliana García Laguna, del movimiento de Sicilia y Álvarez Icaza, construir un “bloque de víctimas” que legitimara las acciones del gobierno priista. Eliana García había sido Diputada pluri por el PRD entre 2003 y 2006, se convirtió en la encargada del despacho de la Subprocuraduría de Derechos Humanos, Prevención del Delito y Servicios a la Comunidad del la PGR de Murillo Karam ---encargada porque no tenía las calificaciones académicas para ocupar el puesto. Más de 20 plazas de la Procuraduría fueron administradas por ella para atraer madres buscadoras y familiares de desaparecidos al entorno de Murillo Karam. Entran a la PGR buscadoras que ya habían encontrado a sus hijos, como Margarita López Pérez que, luego, sería Diputada pluri en Michoacán por el Verde, Movimiento Ciudadano, y el PRD. A ambos personajes, Álvarez Icaza desde la Comisión de la OEA y Eliana, la encargada de despacho en la PGR, les toca administrar las primeras investigaciones de la desaparición de los normalistas de Ayotzinapa. Administran juntos la llegada del GIEI a México. Álvarez Icaza termina su periodo en agosto de 2016. Ella renuncia en 2015, cuando entra Arely Gómez en sustitución del ya muy cansado Murillo Karam.

En el mismo gobierno de Peña, nada más que en la Secretaría de Gobernación de Miguel Ángel Osorio Chong, sirvieron otros miembros de las caravanas, como por ejemplo, Juan Carlos Gutiérrez Contreras director de una AC llamada Idheas, Litigio Estratégico, entre varios otros. Es decir, una parte de estos personajes que son directores de colectivos de desaparecidos entran en un diáfano conflicto de interés al ser empleados del gobierno que desapareció a los 43 de Ayotzinapa.

Lo que hay que entender de este tipo de organizaciones es que recibieron, también, montos muy altos de dinero por parte de fundaciones internacionales, la USAID, o la Unión Europea, que, en un caso, fue de un millón de euros, es decir, 20 millones de pesos. Otros, como Fundar reciben financiamiento de la Fundación Mac Arthur, la Ford, y Hewlett Packard; o el Centro de Colaboración Cívica, forma parte de Partners for Democratic Change que es financiada por el Departamento de Estado de los Estados Unidos. Así que hay divisas de por medio en la retórica de la sangre y la desaparición.

En esta coyuntura electoral, todo parece concentrarse en el partido de Claudio X. González y Lorenzo Córdoba, Somos. Desde ahí, tanto TvAzteca como sus influencers han empujado una campaña que asegura que en México hay la exorbitante cifra de 132 mil desaparecidos. Lo que no dicen es que la cifra es desde 1952 porque la Guerra Sucia empezó con esa práctica desde el Estado. Pero vayamos a los datos presentes. De estos exorbitantes, 47 mil no tienen datos completos en los registros y 32 mil mostraron actividad bancaria o tuvieron altas en el INE, el SAT, Bienestar o el IMSS, después a la denuncia de desaparición. Así que realmente son unos 43 mil desaparecidos con un registro totalmente validado. Pero se sigue repitiendo que son 130 mil y el dueño de TvAzteca mandó a sus influencers a que mostraran esa cifra en sus camisetas cuando se fotografiaron en sus palcos para la inauguración del Mundial de Futbol pasado. La campaña va acompañada del supuesto de que las madres han ido a tocar la puerta de Palacio Nacional ---como Xóchitl Gálvez le hizo y que le valió la candidatura del PRIAN--- y que ni Andrés Manuel ni Claudia les abren.

Además de ridícula, esa imagen invisibiliza a todos los colectivos atendidos y a los casos particulares que han sido resueltos, el cambio para homologar lo que es y no es un desaparecido, y que una Subsecretaría entera de Gobernación con una Comisión Nacional de Búsqueda están dedicadas a ello Con esa campaña se invisibiliza también el cruce masivo y las 100 mil visitas domiciliarias que el gobierno de López Obrador realizó en 2023, encontrando con vida a 34 mil 524 personas, cuyas desapariciones eran, no por crimen organizado, sino por problemas familiares, de salud, o salidas voluntarias. Con Claudia Sheinbaun fueron localizadas 47 mil 949 personas también con vida con otras 100 mil visitas domiciliarias.

Así que el drama real del crimen organizado y las fosas clandestinas no es el común denominador del fenómenos de la desaparición. Para ponerlo en perspectiva, cada año, la Unión Europea registra 250 mil niños desaparecidos sólo en el año pasado en Alerta Amber y 20 mil muertes o desapariciones de migrantes en el Mediterráneo. En Estados Unidos, el año pasado solamente se registraron 498 mil desapariciones. De estos, 305 mil eran menores de edad. Estos datos ponen en perspectiva las 132 mil sucedidas en México desde 1952.

Pero la campaña de los cientos de miles de desapariciones, de las autoridades que no les abren la puerta a las madres, de las fosas clandestinas que se convierten en campos de exterminio sigue. Sólo dos ejemplos breves. Uno, el del Rancho Izaguirre en Teuchitlán, en Jalisco. Ustedes lo recuerdan: la Guardia Nacional lo aseguró en septiembre de 2024, lo dejó en manos de la Fiscalía de Jalisco y, luego, el colectivo Guerreros Buscadores, lo reportó como novedad y se hizo un circo mediático en el que el rancho ya era como Auschwitz y habían incinerado a cientos de personas. Resultó que sí había efectos personales pero hasta ahí quedó. Luego, vinieron los dientitos de leche. Ustedes también lo recuerdan: en septiembre, una columna de opinión de Óscar Balderas se hizo tan famosa que llegó hasta las orejas de TvAzteca. Según el reportero, la misma Margarita López Pérez, la Diputada michoacana por el Verde, MC, y PRD, la misma que había trabajado con la PGR de Murillo Karam, había encontrado mil 600 dientitos de leche en una fosa clandestina en Zacapu, Michoacán. No hubo más evidencia que el escándalo mediático y ni siquiera el reportero fue a buscarla en aquella fosa de Zacapu.

En el mismo mes de septiembre 55 madres buscadoras encabezadas por la mismísima Margarita López Pérez, la Diputada del Verde, MC, y PRD que trabajó con Murillo Karam, sostuvieron un plantón de un tres semanas frente a la Fiscalía General. Ahí la exempleadade la Procuraduría de Peña Nieto dijo sin miedo al autobaloneo: “Ya nos cansamos de hacer su chamba sin sueldo. Estoy cansada. Yo antes era una empresaria, ahora soy una carretonera que anda recuperando cuerpos en las barrancas porque estos hijos de la chingada no lo quieren hacer”. Parece que, además de ser Diputada, Margarita López se

dedicó en algún momento a la minería.

Además de que la Alcadesa de la Cuauhtémoc, Rojo de la Vega, que desapareció al Che y a Fidel, nombró a un salón de cabildo “Madre buscadora”, las activistas de derechos humanos me cuentan que se les han ofrecido candidaturas plurinominales por parte del partido de Claudio X. González, Somos. Están desconfiadas del Subcomandante Marcos que viene a “abrazarlas” ya mero, en diciembre. Una de ellas me dice: “No sé que más vienen a ofrecer porque abrazos nos dimos en Los Caracoles hace 16 años”.

Jalisco: Agua puerca, represión y cárcel

 Historia de lo inmediato

Álvaro Delgado Gómez

"En Jalisco, la crisis del agua forma parte de un conjunto de catástrofes sociales que precariza la vida de las y los jaliscienses".

Seis años después del "halconazo" de Enrique Alfaro, quien ordenó a agentes vestidos de civil cometer detenciones arbitrarias y desapariciones forzadas de jóvenes que protestaban en Guadalajara por el asesinato a manos de policías del albañil Giovanni López por no usar cubrebocas, Pablo Lemus, también del partido político Movimiento Ciudadano, reprodujo este domingo 11 de octubre las mismas prácticas de brutalidad policiaca contra ciudadanos que por miles se movilizaron en la misma ciudad con la legítima demanda de recibir en sus hogares agua limpia y no la sustancia negra, fétida y con residuos que desde hace meses se distribuye en los municipios del Área Metropolitana, en una clara violación al derecho constitucional de recibir líquido salubre.

La coartada para justificar la represión de los cuerpos policiacos estatales de Jalisco con detenciones arbitrarias, toletazos, gases lacrimógenos y chorros de agua contra jóvenes, mujeres, adultos mayores y niños que participaron en la movilización es la misma: Alfaro afirmó sin pruebas que las protestas de junio de 2020 se organizaron “desde los sótanos del poder” en la Ciudad de México —lo que inspiró a Enrique Krauze a compararlo con Mariano Otero—, y ahora Lemus afirma que un “grupo de choque” de 400 personas provocó la violencia, una narrativa que, en ambos casos, ha sido retomada por sus medios de propaganda que criminalizan las protestas y culpan directamente al partido Morena.

Hay que recordarlo siempre: manifestarse es un derecho, reprimir es un delito. Pero esta conducta despótica e ilegal es ya un patrón de los gobiernos de Movimiento Ciudadano —que no es movimiento ni ciudadano, sino un partido político conservador— y parece inspirada en Fernando Gutiérrez Barrios, el asesino policía político de la Dirección Federal de Seguridad (DFS) del régimen priista que fue el mentor de Dante Delgado Rannauro, el cacique del PRIAN naranja que, al igual que la dirigencia, guarda silencio sobre el caso.

La fiereza de los cuerpos policiacos y decenas también vestidos de civil contra ciudadanos que se manifestaban en favor del derecho al agua limpia contrasta con la cobardía permanente ante el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), como en los numerosos narcobloqueos que siguieron a la captura y muerte de Nemesio Oceguera Cervantes, alias “El Mencho”, el 22 de febrero. Mientras eran asesinados 27 agentes de la Guardia Nacional, los estatales se resguardaron y mantuvieron la misma pasividad ante la crisis de desapariciones que sufre la entidad, que es primer lugar nacional.

Pablo Lemus, expresidente en Jalisco de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), no sólo traicionó su palabra de respetar la manifestación pacífica del domingo, como se comprometió el jueves en el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Occidente (ITESO) y que reiteró el sábado en un video, sino que reprodujo la práctica de Alfaro de habilitar a agentes vestidos de civil para agredir con palos y piedras a ciudadanos y detenerlos de manera arbitraria, pero además superó a su antecesor al habilitar la Casa Jalisco como cárcel: ahí fueron encerrados y golpeados quienes fueron detenidos de manera arbitraria. El mensaje es ominoso.

Si efectivamente hubo agresores de agentes policiacos en la manifestación del domingo, el mentado “bloque negro”, se supone que los agentes habían sido capacitados para aplicar la fuerza de manera proporcional después de la represión de junio de 2020, cuando el "halconazo" de Alfaro, que quedó impune. Ahora las fuerzas policiacas actuaron peor.

Un caso ilustra la brutalidad: la detención del joven Iván Becerra, quien fue detenido sin motivo cuando se manifestaba frente a la fila de policías antimotines que resguardaba la Casa Jalisco. “¡Ey, quieren atacar! —alertó Iván en medio de periodistas y señaló a un agente—: ¡No vas a atacar a nadie!”. Es lo último que dijo. El agente se abrió paso entre sus compañeros y lo alcanzó para luego someterlo y llevárselo cautivo.

Oficialmente fueron detenidas 39 personas que, por la noche del domingo, fueron llevadas a las instalaciones de la Fiscalía de Jalisco, parte de las cuales han sido liberadas sólo a condición de firmar un documento para no proceder legalmente contra los represores, lo que es otra ilegalidad del Gobierno de Lemus.   

Este nuevo caso de represión en Jalisco evoca no sólo a Alfaro en 2020, sino al exgobernador panista Francisco Ramírez Acuña, actual Senador, quien den 2004 ordenó a policías estatales perseguir, detener, torturar y encarcelar a decenas de manifestantes contra la Cumbre de Jefes de Estado y de Gobierno de América Latina, el Caribe y la Unión Europea que se realizó en Guadalajara.

El antecedente no es fortuito: el partido Movimiento Ciudadano en Jalisco es, en realidad, la refundación del PAN, cuyos dirigentes, militantes y base social se ha vestido de naranja, como en todo el país, y que actúan con la misma lógica represiva contra los movimientos sociales.

En Jalisco, tal como lo advierten en un pronunciamiento más de 280 profesores del ITESO y de la Universidad de Guadalajara, la crisis del agua forma parte de un conjunto de catástrofes sociales que precariza la vida de las y los jaliscienses, y la posibilidad de un futuro digno, sobre todo para las personas más jóvenes.

“Vivimos en un estado azotado por la desaparición forzada, la especulación inmobiliaria que hace inaccesible la vivienda digna, y en donde los monocultivos arrasan con los territorios. La protesta social es un derecho y no debe criminalizarse, mucho menos cuando lo que se defiende es el acceso al agua potable. Las autoridades tienen la obligación de atender el problema y escuchar a la ciudadanía. La represión jamás es la respuesta en un Estado democrático”.

Tal cual.

¿Realmente Pablo Lemus gobierna Jalisco?

 Puntos y Contrapuntos

Pedro Mellado Rodríguez

"¿Quién manda en Jalisco? ¿Por qué nadie puso freno a la violencia contra los manifestantes que reclamaron por el agua infecta en Guadalajara?".

¿Quién gobierna realmente en Jalisco? Esta pregunta es muy pertinente cuando observamos que frente a la más grave crisis que ha enfrentado su Gobierno, el mandatario jalisciense Jesús Pablo Lemus Navarro dio la cara prácticamente hasta 24 horas después de que los cuerpos de seguridad estatal realizaron un salvaje acto de represión contra ciudadanos que manifestaron su disgusto por el agua infecta que se suministra en la zona metropolitana de Guadalajara, en la cual viven más de cinco millones de personas.

Los policías actuaron impunemente, sin ningún control, sin ningún mando visible que atemperara su furia, amenazaron, insultaron, golpearon, detuvieron en muchos casos sin causa justificada, agredieron salvajemente a las personas, y muchos de los detenidos y sus familiares denuncian que inclusive fueron torturados.

Pero un detalle más que agrava la situación: algunos de los detenidos violentamente por los policías, fueron prácticamente arrastrados y secuestrados en el interior de Casa Jalisco, la residencia en la que vive el Gobernador de la entidad, que hasta el momento no se ha aclarado si estaba presente o se encontraba en otro lugar.

¿Dónde estuvo Jesús Pablo Lemus Navarro el domingo 11 de octubre del 2026, en los momentos más delicados de la represión? ¿Quién autorizó que los detenidos fueran encerrados en Casa Jalisco? Ante su muy evidente ausencia ¿a qué funcionario le encomendó Lemus Navarro, si así lo hizo, que atendiera y estuviera al pendiente de los acontecimientos para evitar abusos?

Dónde estaban Roberto Alarcón Estrada, el Coordinador General de estratégia de seguridad del Gobierno de Pablo Lemus; Juan Pablo Hernández González, Secretario de Seguridad Pública de la entidad; Juan González Castañeda, Comisario General de la Secretaría de Seguridad; y Sergio Ramírez López, director general de Protección Civil en Jalisco, quien tendría que explicar las razones por las cuales se involucró al Heroico Cuerpo de Bomberos en la represión del pasado domingo 11 de octubre del 2026.

¿Por qué nadie les puso freno a los violentos embates de los policías contra gente indefensa? Porque los agentes, como está documentado en cientos de videos, golpearon indistintamente a jóvenes, adultos mayores y mujeres.

Los hechos ocurrieron en Guadalajara, más de un millón de personas de la capital del estado son afectadas por el suministro de agua sucia y pestilente, muchos tapatíos estuvieron en la protesta y fueron reprimidos, y frente a estos acontecimientos resalta el silencio ominoso de la Presidenta Municipal Verónica Delgadillo García, que no ha expresado alguna palabra de apoyo para los agredidos, tampoco algún justificado reproche en contra de la represión, o alguna exigencia firme para que el Gobierno estatal resuelva la crisis sanitaria que agobia a la zona metropolitana más importante de Jalisco.

Frívolo, superficial

Los reclamos al Gobernador de Jalisco se acumulan día con día. Se le reprocha su ligera proclividad a invertir en eventos faranduleros superfluos y privilegiar las obras de ornato, mientras castiga los presupuestos para la búsqueda de personas desaparecidas, cuando Jalisco es primer lugar nacional con 16 mil 246 casos al cierre de agosto. Guadalajara, Zapopan y Tlajomulco, municipios gobernados por Movimiento Ciudadano desde hace más de una década, concentran más del 40 por ciento de los desaparecidos en la entidad. Mientras que el número de jóvenes menores de edad secuestrados por el crimen organizado crece durante la actual Administración.

Se le reprochan sus gastos frívolos y superfluos cuando tampoco hay dinero suficiente para equipar a los servicios forenses para la identificación de cuerpos exhumados de fosas clandestinas, de restos humanos, que entre cuerpos completos y fragmentos suman más de 11 mil casos.

También es creciente el rechazo a su propuesta de entregar a una empresa privada el jugoso negocio del financiamiento, la construcción y operación de un nuevo acueducto Chapala-Guadalajara, lo que representaría un costo desmesurado para el estado, pues la contraprestación que se entregaría al inversionista involucrado durante 20 o 25 años aumentaría sensiblemente los compromisos financieros de la Administración estatal. Negocio, que muy probablemente ya esté amarrado desde antes de que se apruebe el endeudamiento en el Congreso de Jalisco y se lleve a cabo la licitación.

El Gobernador Jesús Pablo Lemus Navarro tiene muchas preguntas qué responder y muchas cuentas qué pagar. La brutal represión contra manifestantes que protestaron por el agua infecta que se suministra en Guadalajara debe ser investigada y sancionada con energía, pues se cometieron graves violaciones a los derechos humanos de las personas que fueron secuestradas por policías estatales de Jalisco.

De ninguna manera se puede justificar que los detenidos hubieran estado incomunicados, como denunciaron los familiares de la mayoría de las personas secuestradas por las fuerzas del orden, tanto en Casa Jalisco como en la Fiscalía de Justicia del estado, sin que se les permitiera comunicarse con sus parientes o amigos para notificarles de su situación y ubicación, ni tampoco que tuvieran la asesoría y la protección legal de un abogado proporcionado por sus familias o por organizaciones defensoras de derechos humanos.

Las detenciones durante la protesta por el agua sucia que llega a los hogares de Guadalajara, implicaron golpizas en la residencia del Gobernador Pablo Lemus Navarro y trabas para la defensa legal, denunció el abogado Ángel Abraham sobre el caso de los manifestantes que, aunque siete ya salieron libres, siguen bajo investigación.

En entrevista con Daniela Barragán y José Manuel Fuentes en el programa "Café y Noticias", del diario digital SinEmbargo, el abogado cuestionó el uso de la sede oficial del mandatario estatal de Movimiento Ciudadano (MC) como lugar de concentración de los ciudadanos arrestados antes de que los manifestantes fueran trasladados a las instalaciones de la Fiscalía General del Estado (FGE) de Jalisco. Además, advirtió que las carpetas de investigación podrían utilizarse para intimidar a quienes participan en movilizaciones.

Ecos siniestros

¿Quién manda en Jalisco? Nos preguntamos, mientras resuenan las palabras que en dos diferentes ocasiones pronunció el exgobernador Enrique Alfaro Ramírez sobre la siniestra presencia del crimen organizado en la entidad. ¿Quién manda en Jalisco? ¿Por qué nadie puso freno a la violencia contra los manifestantes que reclamaron por el agua infecta en Guadalajara?

“Nuestro estado fue entregado, hace muchos años; no quiero ni señalar culpables ni hablar de momentos específicos, pero distintos gobiernos, en distintos momentos, decidieron entregar el estado donde vivimos, donde viven nuestras familias, al crimen organizado, así de claro y así de sencillo”, señala el Gobernador constitucional de Jalisco, Enrique Alfaro Ramírez, en un video que subió a su muro en la red Facebook, el lunes 24 de junio del 2019.

“Yo he tenido dos responsabilidades de Gobierno en mi vida, esta es la tercera; fui Alcalde de Tlajomulco y fui Alcalde de Guadalajara; en ninguna de las dos responsabilidades jamás, y lo digo de frente y con claridad, acepté dialogar con delincuentes, jamás aceptaremos doblegarnos, ni jamás permití que desde el trabajo que nos tocaba encabezar se favoreciera a un grupo o a una expresión de delincuentes”, explicó el mandatario en el video de la reunión que sostuvo ese día con personal de la Fiscalía General de Jalisco, teniendo como testigo al titular de esa dependencia, Gerardo Octavio Solís Gómez.

El 4 de mayo del 2020 fue asesinado el joven Giovanni López, por policías municipales de Ixtlahuacán de los Membrillos que lo detuvieron por no usar cubrebocas en esos aciagos días de la pandemia por la COVID-19, lo que generó indignación y protestas.

Derivado de este abuso, el 5 de junio del 2020 manifestantes protestaron frente a Palacio de Gobierno de Jalisco y por lo menos 28 muchachos fueron reprimidos, detenidos y secuestrados por agentes investigadores de la Fiscalía de Justicia de Jalisco.

Debido a la fuerte presión social, los muchachos fueron liberados horas después. Al final la Fiscalía de Jalisco responsabilizó por estos abusos sólo a dos servidores públicos. Tras el escándalo, el Gobernador Enrique Alfaro dijo que sospechaba de la infiltración del crimen organizado en la dependencia. Que de esa expresión delictiva habría surgido la orden de detener a los muchachos. Hasta la fecha, nada se ha investigado o aclarado sobre esa presunta infiltración del crimen organizado en la Fiscalía de Jalisco, ni el Gobierno de Alfaro ni en el Gobierno de Lemus.

La irritación contra el Gobernador de Jalisco, Jesús Pablo Lemus Navarro, es creciente ante su incapacidad manifiesta, real o simulada, para resolver el problema del agua infecta y pestilente que se suministra en la Zona Metropolitana de Guadalajara; por la evidente incapacidad y frivolidad con la que gobierna el estado; por la flagrante violación de derechos humanos de los manifestantes violentamente reprimidos, que el pasado domingo 11 de octubre del 2026 protestaron contra el liquido infeccioso que suministra el Sistema Intermunicipal de Agua Potable de la Zona Metropolitana de Guadalajara.

El mal Gobierno de Lemus Navarro justifica el reclamo creciente en Jalisco de que existen razones suficientes para promover en su contra la Revocación de Mandato, es decir, que sea destituido del cargo. Aunque el procedimiento es largo, enredado, complejo y casi imposible, la Ley del Sistema de Participación Ciudadana y Popular para la Gobernanza del Estado de Jalisco señala en su Artículo 83 que la Revocación de Mandato es procedente cuando el funcionario viole sistemáticamente los derechos humanos; incumpla en la ejecución de los programas, proyectos, o acciones de Gobierno que le corresponda aplicar o ejecutar, sin causa justificada; por su manifiesta incapacidad administrativa en el desempeño de su encargo y por la pérdida de confianza, debidamente argumentada.

La Constitución de Jalisco establece que la Revocación de Mandato contra el Gobernador puede promoverse una vez que cumpla la mitad de su mandato, en diciembre del 2027, con el respaldo de las firmas del tres por ciento de los ciudadanos de la entidad inscritos en la Lista Nominal de Electores, que supera actualmente seis millones 897 mil 59 ciudadanos. Se necesitarían por lo tanto más de 206 mil firmas para respaldar la Revocación de Mandato a Pablo Lemus Navarro que tendría que resolverse en las urnas en 2028.

Un tumor para León XIV, vitaminas para Trump y Putin

Un Quijote en Tenochtitlán

Juan Carlos Monedero

"Ahora llega Trump, negocia con Putin y pretende repartirse el futuro de Ucrania, después de años mandando a miles de muchachos al matadero".

Mientras dios manda al papa León XIV un tumor maligno, los tres grandes líderes imperiales mundiales, Trump, Putin y Xi Jinping parecen gozar de una buena salud. Es verdad que el líder chino no tiene ningún frente territorial abierto como el de Putin en Ucrania o el de Trump con su doctrina Donroe, que va desde Venezuela a Yemen pasando por Groenlandia, pero como ocurrió en la Segunda Guerra Mundial, que fue la última vez que un imperio en decadencia -Gran Bretaña- dejaba paso al imperio emergente -EU- lo que no quitó para que China también tuviera sus planes expansionistas igual que la Unión Soviética. Cuando se dice que regresa la geopolítica en realidad se habla de que regresa el imperialismo.

Son tiempos de incertidumbre y los pueblos, a los que no se les quita ni el miedo ni al hambre ni la incertidumbre con más incertidumbre, se echan a las calles para decir que aunque no tienen claro lo que quieren, saben perfectamente lo que no quieren. Y están en la calle siendo maltratados por los antidisturbios en Francia, en España, en Colombia, en Argentina, en Chile, en Honduras, es decir, en todos esos sitios donde ha ganado la derecha con malas artes o gobierna una izquierda -como en España- que no siempre parece tener el control de su policía.

Sin embargo, crecen las voces que no aceptan lo que está pasando, también en la política. En España, la división de la izquierda es incapaz de meter en una turbina el vapor social que está creciendo en las calles, con lo que cada vez es más difícil evitar que gobierne la derecha y la extrema derecha, cada vez más indistinguibles. Todo lo contrario de lo que pasa en México, donde la conciencia política del pueblo sabe perfectamente quiénes son los que gobernaban antes y no les da muchas oportunidades. Ese pueblo despierto empuja al Gobierno de la 4T, que es lo mejor que le puede pasar al Gobierno de Claudia Sheinbaum, que el pueblo esté despierto y empujando, como está pasando con las discusiones en torno a los candidatos a gobernadores. Claro que molesta que el pueblo cuestione las decisiones gubernamentales, pero el precio de que el pueblo esté dormido siempre es mucho más caro.

Siempre que un país está en guerra, y EU lo está, está también en guerra comunicativa. En un gesto de sinceridad narcisista, Trump ha dicho en Tenesse: “Es sorprendente. Puedo decir la cosa más estúpida y ustedes me aplaudirán”. Le habla a los que se creen sus mentiras, a los que les da igual la verdad y la realidad y que, no nos engañemos, son los que llenan las urnas de votos por decenas de millones en las elecciones norteamericanas.

Lo que diga Trump no es relevante por lo que dice -me explico, por la verdad de los datos y de lo que enuncia- sino por la intención por la que lo dice, esto es, sus trucos de vendedor tramposo que repite porque le han demostrado eficacia en su vida, sea para vender inmuebles, engañar al fisco, ganar dos elecciones presidenciales, forzar al poder judicial o poner el planeta a sus pies. El problema es que ahora ya no tiene sólo un programa de televisión sino el botón nuclear, acompañado del 50 por ciento de todo el armamento que circula por el planeta. De ahí que cualquier cosa que dice son las palabras de un bravucón que miente para posicionarse de cara a su enfadado electorado, pero que está afectando a la política mundial por su capacidad económica, su fuerza militar, su control financiero, su tecnología, su influencia diplomática y su influjo cultural sobre buena parte del mundo, por supuesto con mayor fuerza en América Latina, aunque también en Europa, a la que siempre se le ha supuesto una mayor capacidad soberana, entre otras cosas porque también son poseedoras de armas nucleares.

Como a Trump no le salen bien las cosas, improvisa y exige a los países que le sigan en sus giros acrobáticos. Su cambio respecto de Ucrania es un cambio de rumbo que deja precisamente a Europa con las vergüenzas al aire. "Sugiero que Ucrania tenga un nuevo líder que pueda llegar a un acuerdo. Zelenski por algún motivo nunca llega a acuerdos". Luego añadió. "Zelenski pudo haber resuelto esta guerra muchas, muchas veces, pero elige no hacerlo", a lo que añadió: “Zelenski quiere generar problemas al mundo y a nuestros agricultores con sus ataques contra las refinerías rusas (…) Le hemos dicho a Zelenski, 'puedes hacer lo que quieras a Rusia, pero no ataques las refinerías porque eso supone un problema para el mundo'. ¿Y qué hace? Va y ataca el combustible diésel. Debería parar de una puñetera vez".

Todo esto después de que Trump haya pactado con Putin que libere 300 mil millones de barriles de diesel para ponerlos en el mercado y baje el precio de combustible que está estrangulando las opciones electorales del Partido Republicano en las elecciones del próximo noviembre.

Dominique de Villepin es un respetado político y escritor francés, que fue Primer Ministro entre 2005 y 2007. Villepin ha estallado en las redes sociales por lo que entiende que es una sumisión europea gratuita a Trump que conduce al desastre. Recuerda Villepin que Trump le ha dado las gracias a Putin sobre el acuerdo del diésel con Rusia: “Es una cantidad masiva de petróleo masivo llegando a nuestro país. Y dice Villepin: Otro ridículo de la UE y especialmente Alemania. Intentaron aislar a Putin durante años, para depender exclusivamente del gas licuado norteamericano, y ahora EU hace tratos que benefician a Putin. No hay diésel porque por la guerra de Irán se ha cargado todas las refinerías. Esto ocurrió justo cuando Europa cambió su proveedor de diésel a EU… y ahora no le queda otra que comprar diésel ruso a través de EU. Todos los esfuerzos diarios de Von der Leyen y sus lamebotas para condenar a Putin se fueron por el desagüe. Los líderes europeos son payasos vasallos una vez más… Y Trump está jugando al Monopoly donde todas las casillas energéticas van hacia él. Es su forma de entender un juego que dejó de tener sentido hace 40 años.”

El balance del político francés contrasta con las posiciones de Emmanuel Macron, Presidente de una Francia que es pilar nuclear de la OTAN en la Unión Europea. Una vez más, que alguien relevante e influyente de la política francesa afirme esto no es gratuito: Dice Villepin: “Años de guerra, cientos de miles de muertos, Ucrania devastada, el Nord Stream destruido, Europa pagando una factura económica descomunal y la industria armamentística forrándose. Y ahora llega Trump, negocia con Putin y pretende repartirse el futuro de Ucrania, después de años mandando a miles de muchachos al matadero en una guerra que ha destrozado generaciones enteras. ¿Y Von der Leyen y toda esa panda de vasallos de Washington? De rodillas. Se llenan la boca hablando de soberanía, libertad y sacrificios necesarios mientras subordinaban la política exterior europea a los intereses estratégicos estadounidenses. Ahora Washington cambia de planes y los deja haciendo el ridículo, después de haber sacrificado buena parte de los intereses económicos de Europa. Los ucranianos ponen los muertos. Los trabajadores europeos pagan la factura. Los fabricantes de armas se llenan los bolsillos. Y quienes llevan años dando lecciones de democracia ni siquiera saben qué hacer cuando su amo cambia de opinión”. Se le ha olvidado citar también a los muchachos muertos en Rusia y que fue la OTAN quien, desde la guerra en Yugoslavia, fue acorralando a Rusia hasta que pretendió colocarle misiles en Ucrania después de tumbar a un Presidente que era cercano en su política exterior a Rusia y colocaron al comediante Zelenski apoyado de las peores compañías pensables (hablemos claro: de gente de ideología nazi).

Pensemos, además, que en los manuales de defensa alemanes y franceses se está pidiendo reclutar a los jóvenes para ir a la guerra contra Rusia. La Francia y Alemania que está en la OTAN con EU. Que acaba de pactar con la Rusia de Putin. El talento diplomático europeo no es fácilmente explicable a la opinión pública europea: se dejan arrastrar a una guerra desgastante, aplauden a, como le llama Rutte, “Daddy” Trump (no hay nadie tan servil con Donald Trump como Mark Rutte, el exprimer ministro de Países Bajos y actual Secretario General de la OTAN), financian a EU las armas y llaman al diablo a Putin… sólo para ver cómo ambos negocian petróleo a las espaldas de Europa mientras la torpe Europa se queda sin energía barata. Un aplauso sincero a la diplomacia de Bruselas y a los bálticos por asegurar un brillante futuro de rearme y ruina. Luego alguien se pregunta por qué Europa ya no está en los planes de la futura arquitectura mundial.

Mientras, Washington completa el cuadro: vende armas como nunca en la historia, ocupa los huecos que deja Europa en Rusia, África y Oriente Medio (en lucha con China), y por si el colonialismo y los bloqueos fueran poco, ahora pretende rebautizar la Inteligencia Artificial a fuerza de chantajes. Un legado impecable de refinamiento e ignorancia.

Xi Jinping, con tranquilidad milenaria, sigue su rumbo implacable. Putin dialoga con todos y no tiene ninguna prisa, Oriente Medio replantea sus alianzas económicas y militares y América Latina tiene gobiernos frágiles y la ciudadanía en las calles (algo que también puede pasar si el hijo del golpista Bolsonaro gana las elecciones en Brasil). Europa camina con bastones y algunos kamikazes que han ayudado a llevar al mundo hasta aquí dicen que lo tienen todo bajo control.

La noche del domingo 11 de octubre, unos piratas informáticos subieron, aprovechando la noche, la temperatura de muchos refrigeradores de supermercados franceses. Cámaras que resguardaban alimentos congelados cambiaron la temperatura subiendo hasta los 50 grados centígrados. ¿Quién defiende al pueblo de las nuevas y las viejas amenazas? La ONU es incapaz de ocupar el lugar que le corresponde. La Inteligencia Artificial está en manos de cinco personas que no creen en la democracia. Y la democracia representativa, que no es la que sirve para arreglar el mundo, es pisoteada todos los días por la derecha, ayudada por piratas informáticos, consultores tramposos, manipuladores y, según los audios que hemos escuchado, también asesinos y traficantes de droga como Fernando Cerimedo (el socio de Javier Negre en La derecha diario), y de Brad Parscale, el asesor electoral de Donald Trump.

Los tiempos son otros pero los análisis y las respuestas desde la izquierda siguen siendo muy parecidos. Y eso explica por qué la ciudadanía se echa a la calle al margen con demasiada frecuencia de los partidos que dicen que les representan.

El fascismo de ayer y de hoy

Néstor Kohan*

Los fascismos no fueron “pecados de juventud” del capitalismo, allá lejos y hace tiempo. Están de moda. Contrariamente a la propaganda de Hollywood, ministerio de guerra sicológica disfrazado de entretenimiento, el fascismo nunca fue exclusivamente europeo o japonés, algo “exótico” ajeno a la sociedad estadunidense. El caso emblemático de Henry Ford (arquetipo del american way of life; confeso antisemita) y sus vínculos con Hitler resulta ilustrativo.

Desde Reagan a Trump, las vertientes fascistas y neofascistas han reverdecido. Allí hay lúmpenes y extravagantes. Pintorescos, bufonescos, marginales. Otros, en cambio, ocupan el centro de la escena. Trump y Marco Rubio son la cara pública de un Estado profundo, lo que Eisenhower denominó “el complejo militar-industrial”, hoy convertido en “complejo militar-industrial-tecnológico”.

La categoría de “fascismo” no se reduce a una copia fotográfica color sepia de la toma de Roma en 1922 por las tropas de Mussolini ni al ascenso de los nazis de Hitler en Alemania en 1933. El “fascismo” constituye una categoría política y cultural mucho más flexible y amplia. Se va reciclando de modo diferente ante cada sociedad y cultura. Estados Unidos no es la excepción. Según el filósofo argentino León Rozitchner, hoy Estados Unidos es la prolongación del Tercer Reich alemán.

Por eso la persecución judicial contra el movimiento antifascista se intensifica en Estados Unidos. Y abarca desde movimientos sociales políticos, culturales y callejeros (como los “Antifa” en Estados Unidos), hasta colectivos informáticos (como los Autistici/Inventati [A/I] en Italia) o páginas webs de libre información (como La Haine en España).

Eso explica la asimetría escandalosa entre las condenas judiciales débiles y condescendientes a los asaltantes del Capitolio estadunidense y la rudeza “ejemplificante” contra los críticos del ICE.

Los sujetos que la extrema derecha de Trump y sus asesores identifican como “terrorismo” son en realidad cualquier tipo de disidentes que no acepten la supremacía blanca o la delirante Doctrina Monroe. Trump ve comunistas y “terroristas” (¡comillas, por favor!) debajo de la cama e incluso en la ventana de su vecino. Demasiado sobreactuado. Bizarro, de circo. Expresa un pánico irracional a la disidencia. Detrás del fortachón, hay un anciano débil e impotente, condenado varias veces por delitos de perversión por los propios tribunales estadunidenses.

Karl Popper (y Soros) nos aburrieron con su “sociedad abierta”. George Orwell, escritor que recibió dinero de la contrainteligencia anglosajona, también. Estaban obsesionados con el “totalitarismo”. Trump, heredero del Ku Klux Klan, Henry Ford, McCarthy y Reagan, condensa la pesadilla que quitó el sueño a Popper y Orwell, pero a un nivel superior: le agregó la tecnología. El apolillado y rancio fascismo estadunidense renació 2.0 acompañado de los ideólogos “neorreaccionarios” de la IA (partidarios de una supuesta “ilustración oscura”) y de los programas de vigilancia masiva denunciados por Edward Snowden. Todo mezclado por este licuado de mayonesa y mermelada llamado “economía libertaria”, lo más extremista y vulgar del neoliberalismo. Hasta Milton Friedman pasó de moda.

Estados Unidos se hundió en semejante pesadilla distópica por razones múltiples: la crisis mundial del capitalismo, el desafío geopolítico de los BRICS, la sobreproducción de capitales, el subconsumo popular, el auge del capital ficticio, la crisis demográfica y sanitaria, la emergencia climática… ¡Demasiadas crisis simultáneas!

Trump, presuntamente vinculado a un depravado como Epstein (muy probablemente agente extorsionador de la inteligencia israelí), tiene ribetes de lumpen. Pero si el complejo militar-industrial-tecnológico lo remplazara por un profesor prolijo, “razonable” y educado, esa crisis permanecería inalterada. Lo mismo sucede con las guerras genocidas y neocoloniales, como las del Estado sionista en Asia occidental.

No quiero ser pesimista, pero el imperialismo contemporáneo no posee salidas “amables”. La tercera guerra mundial en su dimensión técnica-militar está a la vuelta de la esquina. No depende de los modales de quienes dirijan Estados Unidos, Israel, la OTAN o Ucrania. Sólo podrá detenerse si se logra una muy difícil y compleja alianza/articulación entre las disidencias internas a esas potencias del imperialismo occidental, los pueblos sometidos del Sur global y los nuevos desafíos que lideran los BRICS. Estos tres vértices no tienen la misma ideología, cultura ni banderas. Por eso es muy difícil lograr dicha articulación.

La tercera guerra mundial ya comenzó, en un territorio previo: el de la comunicación, la ideología y la cultura. Lo que los ideólogos del Pentágono denominan “batalla cultural”, malinterpretando y tergiversando a Antonio Gramsci, en realidad es una guerra sicológica-ideológica. Lograr el desarme moral y alcanzar la persuasión de que toda resistencia es imposible son objetivos político-militares.

Tanto Gramsci como su maestro Lenin advirtieron que los movimientos populares deben resistir en todos los terrenos, sin atarse a un exclusivo método de lucha. Las confrontaciones de nueva generación son híbridas. Pero el final, pienso, creo, espero, permanece abierto. Nada está decidido para siempre. Hay esperanza.

* Investigador del Conicet, profesor de la UBA. Autor de varias decenas de libros de ciencias sociales (traducidos a muchos idiomas). Jurado en Casa de las Américas, Flacso, Clacso, UBA, etcétera. Su último libro es: Nuevas derechas: escuela austríaca y neofascismo (2026)

“Agua sucia, política turbia”

Juan Becerra Acosta

Hay crisis que se miden en litros y otras que terminan por medirse en votos. En Guadalajara, el agua contaminada se convierte en ambas cosas: un problema de salud pública que lleva meses sin resolverse, y una factura política que Movimiento Ciudadano parece empeñado en encarecer.

Jorge Álvarez Máynez llegó a la dirigencia de MC con la promesa de representar una política distinta.

La renovación generacional, el lenguaje fresco y la distancia frente a los partidos tradicionales fueron parte del discurso que pregonó durante su candidatura presidencial de 2024 y que mantiene al día de hoy. Pero en política, más que una identidad gráfica atractiva y un discurso diseñado para las redes sociales, se requiere congruencia entre lo que se promete y lo que se da.

La crisis de agua en Guadalajara pone esa promesa a prueba. Desde hace meses, habitantes de la zona metropolitana denuncian que de sus llaves sale agua turbia, con malos olores y sedimentos. El problema escaló hasta una movilización en la que quienes protestaron por agua fueron recibidos a manguerazos –así de perversa la ironía–, y terminó con enfrentamientos, personas detenidas y uso excesivo de la fuerza policial.

La exigencia ciudadana era elemental: recibir agua limpia, un derecho humano que no debería depender de la capacidad de protesta de nadie. ¿Y dónde estaba Álvarez Máynez mientras el malestar crecía? Presentó una denuncia por presuntas descargas contaminantes, sí, pero el pronunciamiento público en respaldo de los manifestantes llegó después de las críticas por su silencio. Entonces reconoció que la ciudadanía tenía razón en exigir agua limpia y pidió resolver el problema de fondo. La declaración es correcta. El problema es la oportunidad y, sobre todo, la responsabilidad que entraña su cargo.

Álvarez Máynez no es un observador externo que descubre una crisis en otro partido: encabeza la organización política que gobierna Jalisco y Guadalajara. Su obligación no se agota en presentar denuncias ni en reconocer –cuando la indignación ya estalló– que la gente tiene derecho a protestar.

La pregunta es por qué la dirigencia de MC no convirtió antes la emergencia en una exigencia pública, sistemática y verificable de resultados.

¿Qué mecanismos de rendición de cuentas impulsa Álvarez Máynez cuando las decisiones cuestionadas corresponden a un gobierno de su propio partido? ¿Qué consecuencias políticas está dispuesto a asumir si las respuestas no llegan?

El asunto se vuelve todavía más delicado con el debate sobre el nuevo acueducto Chapala-Guadalajara. El gobernador Pablo Lemus propuso un esquema de financiamiento con participación privada y ha negado que pretenda privatizar el servicio del suministro de agua. Pero las dudas sobre el alcance de ese modelo son legítimas: cuando se trata de infraestructura estratégica, deben conocerse los contratos, los plazos, las obligaciones y las garantías para los usuarios.

El agua no es una mercancía, es un derecho humano, ninguna solución puede subordinar su acceso a la rentabilidad de un negocio.

Álvarez Máynez debería explicar qué controles considera indispensables para impedir que una fórmula financiera termine trasladando riesgos y costos a la población. No basta con repetir que el agua es un derecho, hay que garantizarlo en los hechos. La crisis también exhibe una contradicción para la narrativa de MC. El partido se presenta como una alternativa a las viejas prácticas, pero esa diferencia no puede medirse por la edad de sus dirigentes, sus campañas publicitarias o la eficacia de sus mensajes digitales. Se mide por la transparencia, la respuesta ante los errores y la capacidad de escuchar a quienes reclaman servicios públicos dignos.

Álvarez Máynez tiene ante sí una disyuntiva política: ejercer la dirigencia como una oficina de comunicación para contener daños, o utilizarla para exigir cuentas, incluso dentro de casa.

La primera opción protege temporalmente la imagen partidista; la segunda implica aceptar que la rendición de cuentas no puede tener excepciones por afinidad política.

Existe un segmento del electorado que rechaza categóricamente al PRI y al PAN, que no comulga con el proyecto de Morena, y podría ver en MC una opción que termina por diluirse.

Aunque cuenta con cuadros valiosos y liderazgos locales atractivos, su dirigencia nacional se ha quedado corta frente al eslogan de la “nueva política”, algo que no se demuestra nada más pronunciando palabras correctas frente a una cámara, sino cuando esas palabras se convierten en obligaciones, plazos, resultados y responsabilidades.

En Guadalajara, miles de personas tuvieron que salir a la calle para recordar que el agua limpia no es un favor del gobierno. Álvarez Máynez reconoció su derecho, ahora falta saber qué está dispuesto a exigirle al partido que dirige para que así sea.

Autonomía y Estado

Raúl Zibechi

Las corrientes que defienden la autonomía de los pueblos originarios, pero vinculadas a los Estados “plurinacionales” con la esperanza de que integren esa demanda en su repertorio de “derechos”, están siendo seriamente cuestionadas ya que no cumplen las promesas que lanzaron. Incluso partidarios de esa tendencia autonómica estatista, empiezan a reconocer los límites de la opción que han defendido.

El último número de la revista digital Debates Indígenas No. 78, del mes de octubre, aparece dedicada a las autonomías indígenas. Uno de los artículos firmado por Gam Shimray, experto de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, revisa los casos de Bolivia y Ecuador se pregunta “¿quién constituye a quién?”, o sea quién tiene el poder de reconocer y hacer efectivas las autonomías de los pueblos*. La revista es publicada por la ONG danesa Grupo Internacional de Trabajo sobre Asuntos Indígenas (Igwia por sus siglas en inglés).

En el caso de Bolivia, la Constitución de 2009 que fundó el Estado Plurinacional reconoció la existencia de 35 lenguas indígenas, la jurisdicción y la autonomía “como expresión de una autoridad preexistente”. Sin embargo, reconoce que esas autonomías digamos estadocéntricas, “quedaron sujetas a procedimientos legales (y extensos) y, en términos generales, dependen de transferencias estatales y tienen escasa capacidad sobre su base económica”. Asegura que el reconocimiento constitucional está condicionado “por instituciones que los pueblos no controlan”.

En Ecuador, la Constitución de 2008 estableció la plurinacionalidad y la interculturalidad, y hasta definió circunscripciones territoriales indígenas que nunca llegaron a constituirse. La conclusión de Debates Indígenas es que en ambos casos se tropezó con la misma dificultad: “Si la autoridad indígena depende de la legislación nacional, de la interpretación judicial ordinaria, de las transferencias fiscales y de la voluntad política del gobierno, la autonomía conserva su forma jurídica, pero pierde capacidad efectiva”.

Más interesante aún es que el mismo artículo elogia al movimiento zapatista, porque muestra que “la autonomía indígena puede sostenerse durante décadas sin reconocimiento estatal ni transferencias fiscales, cuando existe, de hecho, el control territorial y la capacidad organizativa”. Defiende, en particular, el control de la base material por los pueblos originarios (que no puede limitarse a la propiedad de la tierra) y la creación de instituciones propias, no las del Estado, para la toma de decisiones.

Estos análisis me parecen muy importante, por varias razones.

La primera es que enseña que los dos Estados Plurinacionales no han sido capaces de cumplir con sus promesas autonomistas hacia los pueblos, pero además quedan en evidencia dos asuntos más. Uno, que no se trata sólo de falta de voluntad, sino que el camino institucional tiene más limitaciones que posibilidades. Otro, es que muestra la crisis de la corriente plurinacional que, en su momento, se promovió como más interesante que las autonomías de abajo como la zapatista, mapuche, garífuna y otras similares.

La segunda, que no se menciona, es que la plurinacionalidad busca lo mismo que los programas sociales: desmontar la organización autónoma de los pueblos. Por lo tanto, es parte de las políticas contrainsurgentes de los organismos internacionales (por algo Naciones Unidas defiende ese camino), ambición que también comparten los Estados y el progresismo que dice defender a los pueblos originarios. Legislar desde el Estado “a favor” de los pueblos, es tanto como someterlos a su control.

La tercera es que resulta muy importante que una ONG como Igwia, que asesora y colabora con los gobiernos territoriales autónomos de la Amazonía peruana, reconozca los límites de la vía estatal plurinacional. En momentos en que se están conformando estados búnker, nada se puede esperar del camino institucional, lo cual justifica estos debates y reflexiones. En la misma edición, Roberto Espinosa plantea cuatro desafíos que pueden acabar con las autonomías: la educación estatal, los programas asistenciales del Estado, la presencia de partidos políticos, y el crimen organizado, la minería y el extractivismo en general.

Por último, los vientos corren a favor de las autonomías construidas desde abajo, por fuera de los marcos estatales y sin su permiso. Ante la escalada global de la guerra contra los pueblos y la inacción estatal ante al caos climático, resulta evidente que sólo la organización y la firmeza pueden garantizar la continuidad de las autonomías. Poco a poco, se va comprendiendo que los Estados han entrado en un proceso de descomposición estructural, que va más allá de los gobiernos en turno. Desprenderse de la vieja cultura política, estadocéntrica y partidista, es ineludible para sobrevivir como pueblos.

*https://debatesindigenas.org/20 26/10/01/quien-constituye-a-quien- aprendizajes-del-pueblo-naga-sobre- las-autonomias-en-latinoamerica/

EU: el nuevo lenguaje de los demócratas

Katrina Vanden Heuvel*

En 2026, los candidatos demócratas están respondiendo a un electorado que está listo para abolir al ICE, gravar a los multimillonarios y liberar a Palestina.

La campaña electoral de 2026 ha dado un nuevo lenguaje a la política estadunidense: candidatos demócratas en las contiendas más reñidas para el Senado han rechazado la precaución basada en encuestas, en favor de una franqueza que cambia por completo las narrativas de los consultores de campaña y los analistas del status quo. En Texas, el candidato James Talarico ha estado diciendo a los electores: “la única minoría que está destruyendo al país son los multimillonarios. Las personas trans son el uno por ciento de la población. Nos estamos equivocando al enfocar a ese uno por ciento”. Y, cuando el texano Elon Musk alcanzó el siguiente peldaño en el escalón de la riqueza, Talarico declaró: “la razón de que exista la pobreza en el país más rico de la Tierra no es porque no podamos alimentar a los pobres: es porque no podemos saciar a los ricos. Debemos gravar a los multimillonarios hasta el punto de que desaparezcan”.

Cuando a Angie Nixon, de Florida, se le preguntó sobre la escalada israelí que ha dado muerte a 75 mil palestinos, contestó: “basada en mi entendimiento de la definición, lo que ocurre allá, es de hecho un genocidio”. En Michigan, Abdul El-Sayed dijo a los desarrolladores de centros de datos para la inteligencia artificial: “no pueden tocar el agua de ninguna manera, modo o forma”.

Cada círculo de acción tiene su propia dinámica. La contienda de este año está influida, desde luego, por la clara necesidad de elegir un Congreso que equilibre y acote al desastroso equipo presidencial de Donald Trump. Pero la dinámica de 2026 implica más que sólo hacer campaña contra una ilegalidad de tan gran escala que haría sonrojar a Richard Nixon.

Esta temporada electoral ha visto un cambio sísmico, con el surgimiento de nuevos temas y nuevas formas de hablar de los temas viejos. Una nueva generación de candidatos progresistas (y los electores jóvenes que responden a ellos) se enfoca en acabar con las políticas del statu quo que han baldado a este país porque están diseñadas, de manera literal, para quitarles a los pobres para darles a los ricos; con un “consenso” en política exterior que financia el genocidio, y con élites bipartidistas tan endeudadas con el poder corporativo que se sorprendieron cuando los estadunidenses demandaron moratorias a los centros de datos y una estricta reglamentación de las compañías de IA que nos amenazan con enorme desempleo, vigilancia generalizada y extinción en masa.

Estamos en un momento prelectoral. Reconocemos el inmenso gasto que los multimillonarios alineados con Trump, los oligarcas de la IA y los capitalistas de las criptomonedas pueden destinar a republicanos que merecen perder, lo cual crearía una resaca roja ante la oleada azul que los demócratas anticipan. Pero 2026 ha mostrado ya algunos resultados prometedores.

Pese a las fanáticas maniobras de Trump para distraer al electorado y sus serias amenazas de levantar barreras a elecciones libres y justas –sin mencionar una campaña que supuestamente sería más fácil para los republicanos gracias a manipulaciones, supresión de votos y ventajas en el financiamiento de campañas–, todo parece ir mal para el Partido Republicano, incluso en estados alguna vez confiablemente rojos, como Iowa y Ohio. Los electores desean desesperadamente liberarse del dolor económico creado por el desdén de Trump hacia la inflación y por sus caóticas políticas arancelarias; poner fin a la desastrosa guerra con Irán, y detener los ataques mortales a comunidades que llegaron a su punto más alto con los tiroteos del ICE en Mineápolis, pero que no han cesado.

Si los demócratas recuperan la Cámara de Representantes, y posiblemente el Senado, pueden utilizar las facultades que la Constitución estadunidense concede al Poder Legislativo –en especial en lo referente a supervisión, investigaciones y rendición de cuentas– para presionar a este gobierno a cambiar de curso.

Pero los mismos demócratas necesitan cambiar. La temporada electoral ha dado un llamado de alerta al partido. Los electores en las primarias echaron de sus cargos a políticos que no escuchaban los llamados a poner fin a la ayuda estadunidense a Israel en el extranjero y a instaurar Medicare para Todos en el país. Durante la campaña de otoño, candidatos insurgentes al Senado, como El-Sayed, Nixon y Peggy Flanagan en Minesota, junto con contendientes para la Cámara de Representantes como Will Lawrence, de Michigan, y candidatos en los estados como la aspirante a comisionada de aseguramiento de California Jane Kim, han atraído a nuevos votantes –jóvenes, independientes, incluso algunos decepcionados partidarios de Trump–, al derribar las fronteras de la política estadunidense.

Los líderes y estrategas del Partido Demócrata deben hacer lo mismo. Deben aprender la lección de 2026: reconocer que lo que alguna vez se descartó por radical –reglamentar el poder de la IA y las corporaciones, abolir el ICE, establecer Medicare para Todos, poner fin a la ayuda militar a Israel y detener las guerras eternas, así como gravar sin excusas a los multimillonarios– está surgiendo con rapidez como la política sensata de nuestro tiempo.

* Katrina Vanden Heuvel es redactora y editora en The Nation, la principal fuente de política y cultura progresista en Estados Unidos. Experta en asuntos internacionales y política estadunidense, es una columnista galardonada y contribuyente frecuente en The Guardian. Es autora de varios libros, entre ellos The change I believe in: fighting for progress in the age of Obama, y coautora (con Stephen F. Cohen) de Voices of glasnost: interviews with Gorbachev’s feformers.

Publicado originalmente en The Nation: https://www.thenation.com/ar ticle/politics/2026-election-talarico-el- sayed-nixon/

Traducción: Jorge Anaya