La inteligencia artificial en el campo de batalla

Implicaciones éticas, estratégicas y operativas en Gaza y Ucrania

Por José Sobrevilla

Para nadie es secreto que las guerras modernas experimentan una transformación impulsada por la Inteligencia Artificial (IA); los conflictos actuales que se desarrollan en Gaza y Ucrania, por ejemplo, han funcionado como ‘laboratorios’ donde las grandes potencias y empresas tecnológicas entrenan y refinan sistemas de combate autónomos, así como algorítmicos de fijación de objetivos; al grado que, especialistas estiman que en diez años la IA será el vector militar dominante, otorgando una ventaja decisiva a la nación que logre dominarla de manera más eficiente. Pero existe una contradicción crítica entre las promesas de ‘precisión’ y la realidad observada en el terreno. En Gaza, el uso de sistemas como Habsora (sistema militar de inteligencia artificial, conocido como “El Evangelio” en hebreo) ha aumentado exponencialmente la capacidad de generar objetivos, pero se asocia con cifras masivas de víctimas civiles (más de 45,000 muertes reportadas hasta finales de 2024).

Paralelamente, en Ucrania, la IA ha permitido que una fuerza militar inferior desafíe a una potencia superior, mientras que entre Estados Unidos y China se intensifica la rivalidad tecnológica por la supremacía militar global. Las fuentes consultadas identifican una erosión potencial de los derechos humanos y un profundo dilema ético en la transición del ‘control humano significativo’ a un simple ‘aporte humano nominal’ en las decisiones de vida o muerte.

La IA ha pasado de ser un componente de apoyo a un multiplicador de poder crítico en las operaciones militares israelíes, particularmente desde la operación ‘Guardián de las murallas’, la campaña militar lanzada por las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) contra grupos armados en la Franja de Gaza, escalada bélica ocurrida del 10 al 21 de mayo de 2021, que duró once días de intensos bombardeos aéreos israelíes en Gaza y el lanzamiento masivo de cohetes hacia territorio israelí.

El proceso de selección de objetivos se ha revolucionado mediante la automatización, permitiendo una escala de bombardeos sin precedentes (VER INFOGRAFÍA). A pesar de las declaraciones ficiales que afirman que la IA permite ‘daños mínimos a no combatientes’, los datos sugieren lo contrario: en los primeros 35 días del conflicto tras el 7 de octubre de 2023, fueron reportados más de 15.000 objetivos alcanzados. Las autoridades de Gaza informaron de más de 45,000 muertes hasta el 16 de diciembre de 2024. Expertos de la ONU y organizaciones no gubernamentales han señalado que la velocidad de la IA ha superado la capacidad de supervisión humana, convirtiendo la ética en un proceso nominal.

El conflicto en Ucrania es el campo de pruebas más importante para la forma futura de hacer la guerra. Ha demostrado que la IA puede nivelar el campo de juego entre fuerzas asimétricas: ayudó a los analistas de Estados Unidos a predecir la invasión rusa con meses de antelación, eliminando el factor sorpresa. Antes de la guerra, Rusia gastaba $65 mil millones de dólares en defensa frente a los $6 mil millones de Ucrania 1 . La IA (en drones, designación de objetivos e inteligencia de imágenes) permitió a Ucrania detener el avance inicial. El uso de drones de ubicación y de municiones merodeadoras (drones kamikaze) ofrece capacidades de vuelo y ataque autónomas, mejoradas por IA.

En este frente, son las empresas estadounidenses las que dominan el avance de la IA, actuando a menudo en función de sus propios intereses: Palantir Technologies, por ejemplo, es una empresa de software de Estados Unidos especializada en el análisis de datos masivos y fue responsable de gran parte de la fijación de objetivos (tanques y artillería) mediante el análisis de datos satelitales y redes sociales.

La multinacional conocida como Microsoft ha sido clave en la defensa cibernética de Ucrania mediante inteligencia de amenazas mejorada por IA, mientras que Clearview AI ha sido utilizada para el reconocimiento facial de soldados rusos fallecidos y de los que están en combate. La lucha por la innovación tecnológica en IA es el eje central de la rivalidad entre China y Estados Unidos.

China busca superar a Estados Unidos mediante la fusión cívico-militar y la eliminación de barreras entre sectores para que el Ejército Popular de Liberación aproveche todo el talento nacional. Se proyecta que para 2025 China otorgará casi el doble de doctorados que Estados Unidos en STEM (programa de posgrado de alta especialización enfocado en la investigación en ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas).

Así, el control de datos será la supremacía en su volumen, considerado ya como la “nueva munición” del futuro. Tampoco es secreto la cooperación Rusia-China que se ha consolidado mediante una asociación estratégica de alta tecnología, en la que Rusia proporciona a China información operativa de primera mano sobre el desempeño de la IA en combate real contra sistemas occidentales. Y China colabora en el desarrollo de capacidades militares de alta tecnología para Moscú, que incluyen 5G, economía digital e IA aplicada.

La integración de la IA en la defensa plantea dilemas que los marcos legales actuales no logran cubrir satisfactoriamente; por ejemplo, existe una distinción crítica entre dos conceptos: Control Humano Significativo, donde el humano entiende y supervisa activamente la lógica del ataque; y Aporte Humano Nominal, en el que la velocidad del sistema de IA reduce al humano a un simple “validador” que apenas tiene tiempo para revisar la sugerencia de la máquina antes de actuar.

La IA también ha potenciado la batalla por la narrativa; por ejemplo, mediante Deepfakes se han registrado intentos fallidos de videos falsos del presidente Volodímir Zelenski instando a la rendición. También los algoritmos de redes sociales se han utilizado para amplificar propaganda y determinar qué contenido se prioriza, influyendo en la percepción global de los conflictos.

La inteligencia artificial se utiliza no solo para matar, sino para vigilancia masiva, lo que señala una erosión de los derechos humanos y plantea la pregunta sobre quién controla los algoritmos que determinan la “verdad” en el campo de batalla.

Así, el desarrollo de la IA para la guerra ha creado una paradoja trágica: mientras los conflictos actuales causan sufrimientos masivos, los sistemas de IA se alimentan de esos datos reales para ser más efectivos en el próximo enfrentamiento; por tanto, el estado que domine la IA más rápidamente tendrá una ventaja estratégica casi insuperable; y —en crisis futuras— la velocidad de su utilización, podría superar la capacidad de negociación política, similar a la situación previa a la Primera Guerra Mundial pero con capacidades de destrucción masiva; por lo que el futuro de la guerra no será solo sobre quién tiene más armas, sino sobre quién tiene mejores datos y algoritmos para procesarlos a la velocidad de la luz.

1 https://www.sipri.org/media/press-release/2026/global-military-spending-rise-continues-european-and-asian-expenditures-surge

Fuentes de consulta:

 Algorithmic targeting: the role of artificial intelligence in Israeli strikes in Gaza and its

ethical implications - Grip.org

 Artificial intelligence and the war in Ukraine - Ministerio de Defensa

 ARTIFICIAL INTELLIGENCE'S GROWING ROLE IN MODERN WARFARE - War Room Defence

and artificial intelligence - European Parliament

 How does Israel's AI-assisted targeting system in the Gaza Strip violate the principles of

IHL? - Global Human Rights Defence

 How Russia Is Reshaping Command and Control for AI-Enabled Warfare - CSIS

 Israel's AI-powered Genocide Raises New Moral Perils - TRT World Research Centre

 Questions and Answers: Israeli Military's Use of Digital Tools in Gaza | Human Rights

Watch

 Ukraine's defense AI chief predicts 'new paradigm' of warfare

 Ukraine's Future Vision and Current Capabilities for Waging AI-Enabled Autonomous

Warfare - CSIS

Ronald Johnson y la frontera “más segura de la historia”

Utopía

Eduardo Ibarra Aguirre

La frontera entre Estados Unidos y México es la “más segura de la historia”, con “resultados concretos en temas prioritarios” bajo los presidentes Donald John Trump, en su segundo mandato, y Claudia Sheinbaum Pardo, si nos atenemos al último discurso del embajador Ronald Johnson, pronunciado con motivo de los 250 años de la independencia de Estados Unidos en la nueva y más grande sede después de los edificios del Departamento de Estado en Washinton.

Desglosó el otrora embajador en El Salvador, con los siguientes datos, ejemplos, que involuntariamente ponen en su lugar a sus socios y/o subordinados de la llamada ultraderecha mexicana, como el plutócrata del Ajusco: las muertes por sobredosis en territorio de la Unión Americana disminuyeron 35% y las autoridades estadunidenses incautaron más de 50 000 armas de fuego, mientras México “ha realizado decomisos históricos de narcóticos y desmantelado miles de laboratorios de drogas”.

Los datos son más categóricos y abundantes de los que destacó el excoronel que antes de despachar en la Ciudad de México, “dirigió operaciones de combate en El Salvador como uno de los 55 asesores militares autorizados durante la guerra civil de la década de 1980”. Y en los 90 se dirigió a los Balcanes para fungir como oficial militar superior de un equipo integrado por personal de la CIA, la Agencia de Seguridad Nacional y la Unidad de Misiones Especiales para detener a personas acusadas de crímenes de guerra, explica la John F. Kennedy Special Warfare Center and School.

En 19 meses, por ejemplo, la cifra de homicidios dolosos tuvo una reducción de 48%, y en junio pasado tocó su nivel más bajo desde 2015, con Enrique Peña Nieto en Los Pinos. La caída de la violencia mortal fue superior a 60% en varios estados. Se puso a disposición de la justicia a 56 000 personas relacionadas con delitos de alto impacto, entre ellas jefes de todas las facciones criminales. También se destruyeron más de 2 000 laboratorios clandestinos, mientras que María Eugenia Campos y la dirigencia del Partido Acción Nacional presumen el desmantelamiento de un triste “narcolaboratorio” que, además, estaba fuera de servicio y todavía niegan la participación de agentes de la CIA. 420 toneladas de diversas drogas son las decomisadas y 30 000 armas de fuego que provienen en su mayoría de USA. Para mayo de 2026, el flujo de fentanilo hacia Estados Unidos se redujo 76%, dato que validó la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de USA. Ésta reconoció que en abril registró la cifra mensual más baja de incautaciones de dicho opioide en su frontera sur durante los últimos cuatro años, por la acción directa de la contención realizada en y por México.

El reconocimiento, los datos y juicios de valor del embajador Johnson sobre los avances bilaterales en materia de seguridad pública y nacional entre México y EU sería de esperarse que sean del conocimiento oportuno y veraz de la Casa Blancas y su inquilino principal para que no se la pase dando bandazos en la materia, emitiendo juicios que atienden más a las necesidades internas del grupo dominante, a la coyuntura electoral. Y las múltiples y poco coordinadas agencias gringas, donde los burócratas que las encabezan pareciera que se guían por la máxima de que la verdad es lo menos relevante y que hacerle segunda a DJT en sus erráticos y con frecuencia hilarante juicios contra el gobierno mexicano, es la obligación principal.

También es indispensable que no omitan el recordatorio que hizo en la misma ceremonia el joven canciller Roberto Velasco: Nuestra cooperación descansa en cuatro principios: soberanía e integridad territorial, responsabilidad compartida y diferenciada, respeto y confianza mutua, y cooperación sin subordinación.

Acuse de recibo

“Mousa in Gaza @masry_mous37658. Hola, amigos. Soy Mousa, de Gaza. Agradezco a todos los que se toman el tiempo de leer mis publicaciones y mantenerse en contacto. Si desean apoyarme, valoraría mucho que siguieran mi cuenta. Su apoyo y ánimo significan mucho para mí. Gracias por estar aquí. ” (…) “A pregunta expresa de la médica Leslie Ham Gálvez (cedula profesional 13268878), de Farmacias Similares de Membrillo 180-4, en Azcapotzalco, el paciente respondió ser alérgico a la penicilina y dos medicamentos más, pero la receta incluyó una variante de aquella que lo llevó tres días después a Urgencias mayores de la clínica 27 del IMSS y le indicaron trasladarse a Urgencias menores donde recibió del médico Noé Martínez Aparicio (13445196) una descripción correspondiente a un trabajador de Bimbo, una receta con tres componentes que en la ‘farmacia’, una mesita en el área de hospitalizados, le entregaron cinco pastillas Loratadina y la indicación de presentarse el lunes 29 a la Unidad de Medicina Familiar No. 2 a recoger el resto. Pero la naturaleza ya no le dio permiso y el doctor Alexis decidió llevarlo al hospital Español con la cara desfigurada y pérdida de la vista…” (Utopía, 6- VIII-24).

http://www.forumenlinea.com/ X: @forumenlinea forum@forumenlínea.com

Los mercaderes del miedo

Fernando Buen Abad

Una cumbre imperialista inventa el «terrorismo de izquierda» para vendernos la guerra cognitiva

En una época en la que la producción del miedo y la invención de nuevas amenazas se han industrializado, no resulta sorprendente la proliferación de encuentros, congresos y cumbres imperiales donde el producto real no es la seguridad, sino la construcción meticulosamente gestionada de enemigos. Bajo el pretexto de la preocupación estratégica, la inteligencia preventiva o las innovaciones tecnológicas aplicadas al mantenimiento del orden público, se reúnen los mercaderes de la guerra cognitiva, cuyo principal producto consiste en moldear la percepción, colonizar el imaginario colectivo y convertir la incertidumbre en un recurso político extremadamente rentable. La lógica es sencilla: primero, mediante operaciones ideológicas continuas, se construye una amenaza; luego se ofrece un antídoto, respaldado por consultoras, corporaciones del complejo militar-industrial, plataformas digitales, laboratorios de vigilancia y comentaristas especializados que dramatizan sucesos cuya veracidad suele ser inversamente proporcional a la intensidad de su difusión en los medios. Donde los hechos son insuficientes para justificar la expansión de los mecanismos de control, la retórica del peligro suplanta a la evidencia ausente.

En este contexto, la referencia a un «terrorismo de izquierda» inexistente adquiere la categoría de una noción elástica, cuya utilidad política reside precisamente en su vaguedad. No se trata de describir un fenómeno verificable mediante criterios coherentes, sino de fabricar una etiqueta capaz de agrupar en una sola categoría las protestas sociales, los movimientos sindicales, las organizaciones civiles, las iniciativas culturales críticas, las demandas estudiantiles y cualquier otra forma de disidencia que cuestione los privilegios consolidados. Esta táctica no es nueva. A lo largo de la historia, las fuerzas imperialistas han recurrido en repetidas ocasiones a la creación de enemigos indefinidos para justificar medidas excepcionales, aumentar los presupuestos militares, reforzar los sistemas de vigilancia y desviar la atención pública de las causas estructurales de la desigualdad. Cambian los nombres de las amenazas, pero la arquitectura del relato permanece invariable: a cambio de aquello que supuestamente corre peligro, se proponen restricciones cada vez más severas en nombre de la protección, cuya eficacia rara vez se somete a verificación democrática, a diferencia de lo que solía ocurrir con figuras como Douglas MacArthur. La guerra cognitiva representa una fase particularmente sofisticada de esta tradición.

La guerra cognitiva constituye una etapa aún más refinada de dicha tradición. Ya no basta con controlar territorios, recursos o infraestructura estratégica; también es necesario disputar el control sobre las emociones colectivas, la memoria común y los horizontes de lo posible. El campo de batalla pasa a ser la conciencia social: los algoritmos, las campañas de desinformación, la segmentación psicológica, la propaganda emocional y la agitación sistemática de la incertidumbre generan un ecosistema diseñado para erosionar el pensamiento crítico. El ciudadano deja de ser titular de derechos para convertirse en un objeto de manipulación conductual que puede ser dirigido, fragmentado o entrenado mediante estímulos meticulosamente calculados.

En este escenario, la seguridad deja de significar la protección de la dignidad humana para empezar a simbolizar la preservación de los cimientos capitalistas, los cuales emplean el miedo y la amenaza como un instrumento de dictadura sumamente eficaz. Las cumbres impulsadas por esta industria del miedo suelen presentarse como espacios neutrales de cooperación internacional, pero en la práctica funcionan como ferias comerciales donde convergen intereses económicos, doctrinas geopolíticas y tecnologías de control social. Las empresas espía, los fabricantes de sistemas biométricos, los desarrolladores de inteligencia artificial para vigilancia, los consultores en gestión de riesgos y los operadores políticos encuentran aquí la oportunidad perfecta para expandir sus mercados mediante la inflación constante de las amenazas. Cuanto más vago es el enemigo, mayor es la demanda de soluciones tecnológicas; cuanto más abstracta resulta la amenaza, más ilimitadas parecen las necesidades de inversión en medios de control.

Este negocio depende menos de la resolución de los conflictos que de su reproducción simbólica.

Desde una perspectiva humanista, esta construcción discursiva exige una evaluación ética estricta. La verdadera seguridad no nace en los espacios donde se multiplican los mecanismos de desconfianza, sino en aquellos donde se refuerzan la justicia social, la igualdad de oportunidades y el acceso universal a la educación, la salud, la cultura y un trabajo digno. Ninguna sociedad logra una paz sostenible estigmatizando sistemáticamente a quienes exigen el cumplimiento de los derechos elementales. La criminalización irreflexiva del pensamiento crítico empobrece a la democracia, destruye el tejido social y socava la confianza, sin la cual resulta imposible una convivencia pluralista.

Cuando el desacuerdo político comienza a describirse con el lenguaje de la guerra, el lenguaje deja de ser un medio de entendimiento mutuo y se convierte en un instrumento de exclusión. Los falsos presupuestos imperialistas encuentran un suelo particularmente fértil donde el miedo desplaza a la razón. Se nos intenta inculcar que la concentración del poder garantiza supuestamente la libertad; que la vigilancia y el espionaje constantes se presentan como cuidado; que la supresión del disenso fortalece la democracia; que la expansión infinita de los órganos represivos constituye una inversión en paz. Sin embargo, la historia demuestra una y otra vez que no son más libres las sociedades donde la obediencia sustituye al pensamiento, sino aquellas capaces de proteger simultáneamente la seguridad, los derechos, el consenso social, la crítica, el orden jurídico y la dignidad innata de cada persona. Ningún proyecto civilizatorio digno de tal nombre puede edificarse sobre la producción industrial de enemigos imaginarios o la explotación comercial del miedo colectivo.

Ante los mercaderes de la guerra cognitiva, la respuesta más productiva no es reproducir la lógica de la confrontación infinita, sino afianzar una cultura política fundamentada en el pensamiento crítico, el diálogo intercultural, la solidaridad y el respeto incondicional a los derechos humanos. Se requiere una autoorganización popular sustentada en programas de lucha emancipadora. Defender la verdad de las manipulaciones, la memoria del olvido intencional, la justicia de la ilegalidad y la esperanza del negocio del miedo constituye una tarea profundamente liberadora. Donde algunos pretenden convertir la conciencia en mercado y la incertidumbre en un flujo inagotable de ganancias, el humanismo de nueva especie recuerda: ninguna tecnología, ninguna doctrina geopolítica y ninguna estrategia de comunicación pueden reemplazar la fuerza moral de los ciudadanos capaces de pensar por sí mismos, participar responsablemente en los debates públicos y reconocer la dignidad ajena como base inalienable de toda comunidad verdaderamente democrática.

https://sovintern.org/es/news/merchants-of-fear

prensa 📰 hoy en México 🇲🇽 lunes 3 de agosto de 2026

🗞  LA JORNADA 

La popularidad de Trump en EU cae a mínimos históricos 

Apenas entre 32 y 34 por ciento de los estadunidenses aprueban al presidente Donald Trump un nuevo mínimo histórico para un mandatario de Estados Unidos en su segundo gobierno, afectado por el estancamiento de la guerra con Irán y el alza en los precios de la gasolina, y que podría tener repercusiones en las elecciones legislativas de noviembre, informó ayer el diario The New York Times.

En la última encuesta de CNN, efectuada hace pocos días, la aprobación de Trump fue de 34 por ciento, de 33 por ciento en otra encuesta reciente de AP-NORC y de 32 por ciento en nuevos datos difundidos por la Universidad de Quinnipiac.

Además, sólo 39 por ciento de los estadunidenses aprueba su política migratoria y la mitad considera que ha ido demasiado lejos con las deportaciones, según otro sondeo actual del Centro de Investigación de Asuntos Públicos AP-NORC. Trump negó su desempeño y escribió en redes sociales: “Mis Cifras Reales En Las Encuestas Son Las Más Altas Que He Tenido Nunca”.

🗞  CONTRAPORTADA

Afirma EU que hoy reanudará las negociaciones con Irán 

El presidente Donald Trump aseguró ayer que hoy se reanudarán negociaciones con Irán, probablemente por conducto de intermediarios. Aseveró que conversaciones con Arabia Saudita, Emiratos Árabes Unidos, Qatar y la república islámica lo impulsaron a cancelar lo que habría sido el ataque, “con mucho, el más grande desde la Segunda Guerra Mundial”.

Al cierre de esta edición, Irán no se había pronunciado sobre estas declaraciones, pero horas antes rechazó el anuncio formulado por Trump la noche del sábado y aseveró que no se había alcanzado acuerdo alguno sobre el estrecho de Ormuz, aunque indicó que había gestiones para reactivar el protocolo de negociación alcanzado a mediados de junio que puso una pausa a los bombardeos mutuos.

A bordo del Air Force One, Trump señaló ayer a la prensa: “obviamente, (los iraníes) no quieren ser atacados. Sabían la magnitud del ataque porque lo vieron formarse.

“Ahora lo que estamos haciendo es hablarles en forma de negociación. Comienza mañana (hoy) en la tarde”, indicó sin proveer detalles del lugar del encuentro o de los actores participantes.

El sábado, el magnate republicano retiró sus amenazas de un ataque masivo contra Irán, del que dijo que habría sido el más grande “desde la Segunda Guerra Mundial”. Resaltó que el marco de un acuerdo estaba allí.

Ayer, Trump refirió que tanto Irán como Arabia Saudita, Emiratos Árabes Unidos y Qatar –los tres últimos, socios de Estados Unidos– le solicitaron aplazar los golpes.

“Cuando los aliados pidieron que se cancelara, tienes que decir algo así como: 'Bueno, ya veremos'. Y la razón por la que lo piden es que creen que hay un acuerdo”, señaló.

“Hay un acuerdo sobre (el estrecho de Ormuz) y habrá un acuerdo en lo nuclear, o la desnuclearización de Irán”, añadió.

“Habría tomado muchos, muchos años para construir de nuevo si era posible, y no creo que hubiera sido posible reconstruirlo”, manifestó sobre la eventual escala de los ataques.

Sobre el posible traslado de tropas estadunidenses de las bases en Kuwait y Bahréin hacia ubicaciones más alejadas, respondió: “no quiero hacer comentarios al respecto”.

El Pentágono, “listo para la acción”: Hegseth

El secretario de Guerra de Estados Unidos, Pete Hegseth, publicó en X que el Pentágono sigue “listo para la acción”.

El presidente iraní, Masoud Pezeshkian, dijo ayer en X antes de las más recientes declaraciones de Trump que su país debe “obligar” a Estados Unidos a mantenerse comprometido con el memorándum de entendimiento firmado entre ambos países y afirmó que éste “será el eje central” de las “relaciones exteriores de Irán en el futuro”.

Irán desmintió en las últimas horas de ayer el mensaje de Trump de la noche del sábado sobre la reapertura del estrecho de Ormuz, al asegurar que no se ha llegado a ningún acuerdo sobre el estratégico paso marítimo.

“Simplemente es falso”, dijeron fuentes del equipo negociador iraní a la agencia Fars, que también recibió el desmentido bajo anonimato por parte de responsables militares.

🗞  CONTRALÍNEA 

Daño ambiental de Calica en QRoo ascendería a 7 mil millones de dólares

El dictamen de impactos ambientales –hecho por el gobierno de López Obrador– revela que Calica, filial de la estadunidense Vulcan Materials, es responsable de daños irreversibles a la biodiversidad en los municipios de Solidaridad y Cozumel, Quintana Roo, dentro y fuera de la extensión concesionada para explotación de roca caliza (1 mil 251.43 hectáreas), por lo que el impacto medioambiental superaría las 2 mil hectáreas. Ello causó afectaciones a 883 especies de flora y fauna –194 de ellas, en peligro de extinción–, así como al sistema hidrológico subterráneo del área –al destruir tres cenotes, y contaminar parcial o totalmente el agua en otros 14–; y contaminación de los suelos con 14 metales pesados causantes de cáncer. El diagnóstico estimó que la restauración de la zona, localizada en un corredor biológico que se extiende hasta Campeche, superaría los 7 mil millones de dólares, monto que tendría que cubrir la empresa. Esta semana, luego de que el CIADI adelantó que su fallo no reconocía la mayoría de las exigencias de Vulcan Materials tras el cierre de operaciones ordenado en el sexenio pasado, la presidenta Sheinbaum subrayó que la trasnacional debe resarcir a México por el daño ambiental causado

Afectaciones a 883 especies de flora y fauna, de las cuales 128 se encuentran en riesgo y 66 en categoría CITES (como la tortuga caguama, el tucán pico canoa y el mangle rojo); pérdida de selva con grado medio de madurez, de germoplasma típico de selvas, y de hábitat de especies en riesgo (como mono aullador, mono araña, hocofaisán, ahan-ché, amapa y palma nakás); fragmentación del corredor biológico de especies bandera (entre ellas, el jaguar, actualmente en peligro de extinción); y disminución de zonas de captura de carbono, son algunos de los peores impactos medioambientales que la estadunidense Vulcan Materials causó en más de 2 mil hectáreas localizadas en los municipios de Solidaridad y Cozumel, Quintana Roo.

La extensión de 1 mil 251.43 hectáreas se divide en cuatro predios localizados en esa entidad federativa, considerada como una de las más ricas en biodiversidad en el mundo. Dicha propiedad de la filial Calica (Calizas Industriales del Carmen, SA de CV, hoy denominada Sac-Tun) presenta 80 por ciento de deforestación en el predio Corchalito; 82 por ciento de área deforestada en el predio La Rosita; modificación del perfil costero en la zona portuaria (predio 3); y área ciento por ciento conservada en el predio La Adelita, de acuerdo con una investigación interinstitucional elaborada durante el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador.

El diagnóstico estima que los daños causados a la biodiversidad, a los cuerpos de agua y al suelo de la región –que se han extendido más allá de los terrenos de Vulcan Materials, pues afectarían más de 2 mil hectáreas– ascienden a unos 7 mil millones de dólares que tendría que pagar la trasnacional al Estado mexicano.

Y es que ese diagnóstico reporta que Calica (o Sac-Tun) también es responsable de impactos irreversibles en el sistema hidrológico subterráneo dentro y fuera de la extensión (de 1 mil 251.43 hectáreas) que le fue concesionada en 1986, por el gobierno de Miguel de la Madrid, para explotación de roca caliza. Dichos impactos incluyen la destrucción de al menos tres cenotes y, en otros 14, la contaminación parcial o total del agua por polvos, exposición de manto freático a cielo abierto, mezcla de aguas salinas y dulces, fracturas de roca caliza en zonas aledañas, elevada presencia de nitrógeno de nitritos y otros compuestos, así como cambio de flujos subterráneos por diferencias de presión.

Los informes científicos apuntan que en el área existe una interrupción del flujo regional subterráneo por los grandes almacenamientos de agua al interior de Calica; lo cual fue verificado por la caída del nivel freático del acuífero en cenotes costeros. En estos últimos, se reporta un deterioro en la calidad del agua atribuible directamente a la actividad minera.

🗞  EL UNIVERSAL

Preparan auditoría a empresa de exámen de la UNAM 

 La Auditoría Superior de la Federación (ASF) auditará, por oficio, el contrato que la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) otorgó por adjudicación directa a la empresa Territorium Life, la cual instaló un software de inteligencia artificial (IA) que presentó fallas durante la prueba en línea para el ingreso a la Máxima Casa de Estudios al ciclo escolar 2026-2027.

Dicha fiscalización responde a las auditorías que el máximo órgano fiscalizador realiza de forma obligatoria año con año a las instituciones educativas que disponen de recursos federales.

Si bien a la ASF no le corresponde evaluar el “éxito educativo” de la prueba, sí verificará los recursos invertidos en dicha tecnología, es decir, revisar si el software cumplía con las especificaciones técnicas prometidas y si la falla del sistema informático amerita sanciones económicas o recuperación de fondos públicos por incumplimiento de contrato.

Las fallas en el primer examen de admisión en línea de la UNAM incluyeron la cancelación de pruebas porque el sistema presuntamente confundió reflejos en lentes o pantallas con dispositivos prohibidos, resultados atípicos con puntajes extrañamente altos, la posible filtración previa de reactivos y fallas técnicas del sistema de supervisión remota. Esto obligó a la institución a frenar las inscripciones y crear una comisión técnica para revisar el proceso.

La fiscalización al software de inteligencia artificial de la UNAM entrará en la revisión a la Cuenta Pública 2026, por lo que los resultados se revelarán hasta el año 2027.

De acuerdo con el programa anual de auditorías, presentado por la administración pasada de David Colmenares, para este año sólo se tiene programada una revisión al programa de becas universitarias, lo que representa la auditoría a cerca de 2% del total de presupuesto de la UNAM.

En la revisión que se hará a la Cuenta Pública 2026, a cargo de Aureliano Hernández Palacios Cardel, se prevé revisar 100% del gasto de la Universidad, con énfasis en las contrataciones más llamativas y las que tengan un factor de riesgo de desvío de recursos, incluida la adjudicación directa a Territorium Life.

Autoridades de la ASF informaron a EL UNIVERSAL que actualmente se encuentran en la etapa de recolección de datos, es decir, que la UNAM debe informar al órgano fiscalizador el total de contratos firmados, desagregados por nombre, objeto de contrato, monto y proveedor, entre otras cosas.

Dicha base de datos será cruzada y analizada para revisar la totalidad del gasto, y una vez determinados los contratos con más riesgo de generar daños al erario, se solicitará información pormenorizada. Hasta ahora, se conoce que la adjudicación a Territorium Life fue otorgada en el mes de marzo del año en curso; sin embargo, la Auditoría verificará si se cuenta con algún antecedente de contratos con dicha empresa que daten de 2025 y, de ser así, podrían intervenir con una investigación directa en la materia.

Tras el congelamiento en el proceso de inscripciones, derivado de la sospecha de fraude en el examen de admisión, EL UNIVERSAL dio a conocer que a pesar de que Territorium Life cobró un máximo de 101 millones de pesos por aplicar la prueba en línea, sólo colocó a un supervisor por cada 150 aspirantes.

En el contrato firmado entre la Dirección General de Administración Escolar de la UNAM y la empresa se acordó que la plataforma debería garantizar una “vigilancia efectiva y en tiempo real” de los exámenes, y que el equipo de supervisores tenía la obligación de alertar cualquier irregularidad que se pudiera presentar.

El contrato millonario también establecía que la plataforma debería contar con algoritmos específicos de inteligencia artificial para realizar un monitoreo automatizado, continuo y preciso de cada aspirante para la detección oportuna de posibles “comportamientos no permitidos” durante la duración del examen, como el uso de celulares o de terceras personas.

🗞  MILENIO

"México es amigo de todo mundo" , aclara Sheinbaum a Trump

La estrategia binacional contra el narcotráfico llevó a Donald Trump, mandatario de EU, a compartir en su red social un artículo de opinión publicado en marzo pasado en el que se asevera que “México no es amigo de EU” y se exhorta a la presidenta Claudia Sheinbaum a que “tenga valor... y haga lo correcto. Por una vez” y permita la ayuda de Washington para erradicar a los cárteles.

    En respuesta, la Presidenta respondió: “Somos amigos de todo el mundo y la valentía es la defensa de la soberanía”.

Ayer, alrededor de la 1 de la tarde, Trump posteó en su red Truth Social el link de una columna del comentarista Bill O’Reilly titulada “El problema de México”, fechada el 11 de marzo.

En esta, el conductor del programa The O’Reilly Factor, que hasta 2017 fue transmitido por la cadena Fox News —quien se define a sí mismo como un periodista “tradicionalista”— asevera: 

    “México no es amigo de Estados Unidos. Su gobierno ha sido corrupto durante décadas, lo que ha provocado un aumento de los asesinatos y del narcotráfico internacional. Esto no es una opinión, es un hecho”.

O’Reilly, quien fue despedido luego de que una investigación del New York Times reveló que durante años él y Fox News habían pagado 13 millones de dólares en acuerdos extrajudiciales por acoso sexual, agrega:

    “La señora Sheinbaum ha iniciado algunos arrestos, pero no permite la entrada de las autoridades estadunidenses a su país, a pesar de que podría hacerlo”.

    El presentador de televisión, que ha trabajado para empresas como CBS y ABC, insiste en que “el principal problema es la propia Sheinbaum” y exige: “Deje de poner excusas. Tenga valor, señora presidenta. Haga lo correcto. Por una vez”.

Horas después de la publicación de Trump en redes sociales, reporteros que cubrieron la gira de la presidenta Sheinbaum en San Lorenzo Cacaopetepc, Oaxaca, pidieron a la mandataria su opinión sobre el post del estadunidense y afirmó: 

    “Somos amigos de todo el mundo y la valentía es la defensa de la soberanía”.

Al inicio del acto, la mandataria aseguró que en su gobierno se defiende la democracia “y también la independencia de México, que los mexicanos y mexicanas decidamos qué ocurre en nuestro país. Nadie viene desde el extranjero a decirnos cómo va a funcionar nuestro país”.

La bancada de Morena en el Senado apoyó a la mandataria y en una carta reprochó a O’Reilly:

“Usted confunde frecuentemente la provocación con el periodismo riguroso. Al descalificar la estrategia mexicana en materia de seguridad y calumniar el liderazgo de la presidenta Claudia Sheinbaum, usted incurre en una lectura simplista y arrogante, quizá por falta de información y de análisis estructural”.

🗞  EXCÉLSIOR 

UNAM superó 21 veces tope para adjudicación 

En la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), la licitación pública es la regla general para contratar servicios de alto monto. Sin embargo, el contrato adjudicado de manera directa a Territorium Life S.A.P.I. de C.V. para la aplicación de exámenes en línea alcanzó un monto máximo de 101 millones 757 mil 810 pesos, más de 21 veces el importe a partir del cual la propia normatividad establece que el procedimiento ordinario es la licitación pública, salvo que exista una causa de excepción debidamente justificada.

De acuerdo con la Circular SADM/1/2026 y el tabulador emitido por el Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios, la Dirección General de Proveeduría debe convocar a una licitación pública cuando una contratación de servicios supera los 4 millones 770 mil pesos, sin IVA. La propia normativa prevé, no obstante, que ese procedimiento puede exceptuarse cuando se actualicen las hipótesis previstas en la Normatividad de Adquisiciones y exista un dictamen favorable del Comité.

En el caso de Territorium, la Universidad recurrió precisamente a esa figura. El contrato establece que la adjudicación se realizó mediante una solicitud de excepción a la licitación pública, dictaminada procedente por el Comité de Adquisiciones en su Tercera Sesión Ordinaria del 6 de marzo de 2026, con fundamento en diversos apartados de la Normatividad de Adquisiciones y en la propia Circular SADM/1/2026.

La carga de justificar la excepción

La misma circular firmada por el secretario administrativo de la UNAM, Tomás Rubio, establece que cuando una dependencia solicita una excepción a la licitación pública, corresponde a la entidad promovente justificar documentalmente la procedencia de esa decisión. Además, señala que será responsabilidad de la dependencia acreditar que la contratación se sustenta en criterios de economía, eficacia, eficiencia, transparencia, imparcialidad y honradez, y exige que la hipótesis legal invocada se motive “contundentemente”.

No solo exige justificar la excepción; también establece que las razones para prescindir de una licitación pública deben quedar claras y suficientemente acreditadas de manera documental por el titular de la dependencia solicitante.

En este caso, fue la Dirección General de Administración Escolar (DGAE) la que elaboró el expediente técnico con el que solicitó la excepción. En esa documentación sostuvo que la plataforma de Territorium incorporaba inteligencia artificial y aprendizaje automático capaces de detectar patrones anómalos, prevenir fraudes, reforzar la supervisión humana y garantizar la transparencia durante la aplicación de los exámenes.

Con base en esa justificación, el Comité de Adquisiciones autorizó la excepción y la Universidad celebró un contrato con un monto máximo de 101.7 millones de pesos para la aplicación de exámenes en línea de bachillerato, licenciatura y SUAyED durante 2026.

🗞  EL HERALDO 

 Prisión preventiva oficiosa para el R1

También contra Jesús "N", por su probable participación en los delitos de posesión de clorhidrato de metanfetamina con fines de comercio

Esta mañana se informó que una jueza de control del Estado de México, impuso la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa contra Ramón Ángel "N", mejor conocido como "R1" y también contra Jesús "N", por su probable participación en los delitos de posesión de clorhidrato de metanfetamina con fines de comercio. 

El "R1" es también señalado como presunto autor del crimen de Carlos Manzo, quien fuera alcalde en Uruapan. Durante la audiencia, según se informa, la defensa de ambos imputados solicitó la duplicidad del término constitucional de 144 horas para que se resuelva su situación jurídica respecto a estos delitos. 

¿Qué se sabe en el caso de Carlos Manzo a 9 meses de ocurrido?

En los primeros dos meses lograron 15 detenciones, y hasta el 1 de agosto de este año, se han detenido a 31 personas que están implicadas en el homicidio cometido la tarde del 1 de noviembre del año pasado. 

Ramón Ángel "R1", líder de uno de los brazos armados del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), es señalado por actividades criminales atribuidas desde el 2012, cuando dirigió ataques en los alrededores de Guadalajara y Colima, que incluyen varios vehículos de transporte público incendiados, además de carga por la detención de Érick Valencia Salazar, alias "el 85", cofundador del CJNG y quien actualmente está encarcelado en Estados Unidos.

🗞  REPORTE ÍNDIGO 

Calica: la herida sin cura

La Secretaría de Medio ambiente y Recursos Naturales dictaminó en 2022 que el daño de parte de la vegatación por la extracción de piedra caliza que realizó la empresa durante cuatro décadas era irreversible

Más allá del fallo del Tribunal Arbitral del Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI) para que México indemnice a Vulcan Legacy LLC, filial de Vulcan Materials Company, tras la clausura de sus operaciones, queda un daño ambiental cuya magnitud fue documentada por la propia Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) desde 2022: la regeneración total de la cobertura vegetal en los terrenos donde operó Calizas Industriales del Carmen, S.A. de C.V. (Calica), en Quintana Roo, es “técnicamente imposible”.

Hace cuatro años, un grupo de 50 especialistas de la Semarnat estudió los predios El Corchalito, La Adelita, La Rosita y La Dársena, donde la compañía de Estados Unidos realizó actividades para extraer piedra caliza. El dictamen estableció que todavía era posible emprender trabajos para recuperar de manera parcial las condiciones del suelo y alcanzar “algún nivel de recuperación” de determinadas funciones y servicios ambientales de la zona. La restauración, de acuerdo con el análisis, no significaría devolverle al territorio las condiciones que tenía antes de la explotación.

El documento de la Semarnat dimensionó así las consecuencias de cuatro décadas de extracción minera en una zona de la Riviera Maya donde confluyen selva, agua, biodiversidad y actividad turística. El daño no se limita a la superficie removida para obtener piedra caliza: la explotación modificó las condiciones del suelo y afectó componentes ambientales cuya recuperación enfrenta límites técnicos.

Con todo, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, expresó en su conferencia mañanera del miércoles 29 de julio que la empresa debe resarcir el daño ambiental ocasionado. Respecto al fallo del tribunal arbitral, la primera mandataria expresó que aun cuando “da razón en ciertos temas a Vulcan, la multa es mucho menor de lo que estaba pidiendo la empresa”. 

Antes de la resolución del CIADI, en México había una orden judicial para que la compañía restableciera el terreno. En octubre del año pasado, el Vigésimo Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, con sede en la Ciudad de México, determinó que Calica podría entrar a los predios en los que antes operaba solo para remediar, compensar y restaurar la zona explotada bajo supervisión de la autoridad ambiental.

🗞  LA RAZÓN 

Presunta omisión médica tras muerte de 7 paisanos bajo custodia del ICE

La muerte del mexicano Prisciliano Trejo, un migrante de 29 años que padecía leucemia y permaneció bajo custodia del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE, por sus siglas en inglés), volvió a centrar el debate en las condiciones de atención médica que dominan en los centros de detención migratoria y las denuncias de discriminación contra ciudadanos mexicanos.

Los registros establecen que, de los 19 mexicanos fallecidos bajo custodia o durante operativos de arresto del ICE, siete murieron por complicaciones médicas que, de acuerdo con familiares y activistas, no fueron atendidas adecuadamente: problemas respiratorios, paros cardiacos, Alzheimer, cáncer, hepatitis y alcoholismo sin tratar, entre otros padecimientos que aparecen en los reportes de las propias autoridades migratorias.

    El Dato: El embajador de México en EU, Roberto Lazzeri, interpuso formalmente 20 denuncias penales ante las autoridades locales de 8 estados, el 13 de julio de 2026.

Lo anterior significa que las situaciones de presunta negligencia médica son la principal causa de muerte de los mexicanos que han estado bajo custodia del ICE.

Otras causas son presunto suicido (cinco casos) o heridas infligidas en operativos de detención (cuatro). En tres de los decesos, las causas no han sido determinadas y permanecen bajo investigación.

Especialistas y organizaciones civiles han advertido que muchas de estas muertes pudieron evitarse y que han sido consecuencia de retrasos en la atención médica, falta de diagnósticos oportunos y barreras de acceso a tratamientos.

    El Tip: El gobierno de México anunció su intervención como amicus curiae en demandas civiles contra el ICE para exigir una investigación independiente internacional.

El médico Jhonthan Mcnamara, representante de la organización Migrant Heroes, dijo a La Razón que existen deficiencias estructurales en el sistema de atención sanitaria del ICE, “entre las que destacan la demora en la valoración clínica, la escasez de personal especializado, la falta de seguimiento a enfermedades crónicas y la ausencia de protocolos adecuados para atender emergencias”.

🗞  REFORMA 

Arman autogobierno en penal de Jalisco

Caguamas de cerveza en 200 pesos, visitas conyugales de 2 mil pesos y rentas de celulares en 15 mil pesos mensuales son los costos de algunos productos y servicios que, de acuerdo con testimonios, hay en la Comisaría de Sentenciados de Puente Grande, penal a cargo del Gobierno de Jalisco.

El titular de la Dirección General de Prevención y Reinserción Social (Digpres) es José Antonio López Zaragoza, que depende del gobierno estatal que encabeza el Gobernador de MC, Pablo Lemus.

Una visitante del penal relató a REFORMA, que las "caguamas" de cerveza se venden en 200 pesos. Además, hay un presunto cobro de 2 mil pesos por visita conyugal.

Algunos internos, incluso, pueden acceder a teléfonos celulares mediante el pago de 15 mil pesos, un servicio de renta sin periodo definido que no está disponible para toda la población penitenciaria.

"Las personas del autogobierno traían celulares. De armas no me fijé bien porque evitaba voltear hacia allá; me sentía incómoda, pero por lo poco que pude ver, son personas que entran desde la calle para proteger a quienes están adentro o realizar ciertos trabajos.

"El interno que visitamos comentó que hacía pocos días ellos mismos habían matado a una persona dentro del penal", detalló.

Durante sus visitas ha observado que el autogobierno coloca a internos para escuchar qué hablan los otros reclusos con sus familiares.

Ahí no manda la autoridad; mandan los de "la plaza", añadió.

La entrevistada también describió la existencia de vendedores ligados a esa organización.

A ello se suman otros cobros menores, como 5 pesos por utilizar las regaderas, según le comentaron personas privadas de la libertad.

"Los de 'la plaza' son quienes ponen a personas a vender productos dentro del penal, como tejuino, chocolates, hielitos y algodones de azúcar", comentó.

Puente Grande es un ejemplo del descontrol que se vive en los penales estatales.

El experto y penitenciarista José Luis Mussi consideró que en el 90 por ciento de los 261 centros penitenciarios estatales, existe un cogobierno de los internos que les permite cobrar cuotas, controlar la venta de mercancías lícitas e ilícitas e imponer sus condiciones al margen de las autoridades.

🗞  EL ECONOMISTA

En el II trimestre del año Pemex volvió a reportar números negros

Gracias al incremento en sus ingresos, a una utilidad cambiaria favorable y menores gastos de administración y distribución, Petróleos Mexicanos (Pemex) obtuvo un rendimiento neto de 18,024 millones de pesos en el segundo trimestre del año, según sus indicadores al cierre de junio pasado.

En el periodo, las ventas totales ascendieron a 510,443 millones de pesos, monto que es el segundo mayor para la empresa durante un periodo similar en su historia -sólo después del 2022- además de que mostró un aumento de 30.3% anual y logró su mejor nivel en los últimos 14 trimestres.

En este segundo cuarto del año, las operaciones de la empresa la redituaron en una utilidad cambiaria del peso frente al dólar estadounidense por 49,267 millones de pesos, lo que también le dio un respiro a sus finanzas, aunque inferior a los 134,685 millones de pesos que obtuvo por este concepto el año pasado.

En tanto, los gastos de administración y distribución de abril a junio de este año sumaron 51,411 millones de pesos, con una reducción de 17.7% en un año.

Los impuestos erogados que principalmente se conforman por el derecho petrolero para el bienestar a una tasa de 30% sobre el valor de la comercialización del petróleo y 11.6% para el gas natural, sumaron 70,290 millones de pesos, lo que significó un aumento de 48.6% en comparación con la aportación realizada hace un año, por un mayor precio del petróleo utilizado para la determinación de los derechos de extracción de hidrocarburos, afirmó Pemex.

Democracias amputadas, del voto selectivo a la guerra cognitiva

 Por Fernando Buen Abad Domínguez 

Fuentes: Rebelión

Entre el voto selectivo y la guerra cognitiva existe una continuidad histórica que trasciende la diferencia de sus instrumentos. El primero restringe jurídicamente el universo de quienes tienen derecho a participar en las decisiones públicas; la segunda procura condicionar simbólicamente el universo de aquello que los ciudadanos pueden pensar, creer o considerar legítimo al ejercer ese mismo derecho. Si el primero opera mediante la exclusión institucional de sujetos políticos, la segunda actúa mediante la administración diferencial de la información, la producción industrial de emociones y la colonización de los marcos interpretativos desde los cuales se organiza la experiencia social.

Allí donde las campañas por imponer el “voto selectivo” anhelan arrebatar a las personas sus derechos electorales, la guerra cognitiva sueña con extirpar la historia de las luchas que lograron condiciones intelectuales y afectivas para orientar y organizar decisiones en la gramática de la voluntad democrática. La historia de las restricciones al sufragio y la evolución contemporánea de las operaciones de influencia sobre la conciencia colectiva constituyen dos momentos diferentes de un mismo problema político: la disputa por el control de la soberanía democrática.

Cambian los instrumentos y las modalidades de intervención, pero permanece inalterada la cuestión decisiva: quién posee la capacidad de definir las condiciones efectivas bajo las cuales una sociedad ejerce su derecho a decidir. El voto selectivo constituye una de las manifestaciones más antiguas del liberalismo oligárquico. Durante buena parte del siglo XIX y aún entrado el XX, el sufragio fue condicionado por requisitos de censura, patrimoniales, educativos, raciales o de género, bajo el supuesto de que sólo sectores privilegiados reunían las condiciones intelectuales o morales necesarias para participar en el gobierno de la comunidad. Así la propiedad se presenta como garantía de responsabilidad; la riqueza como prueba de virtud cívica; la instrucción formal como certificado exclusivo de racionalidad política.

Tales argumentos jamás respondieron únicamente a preocupaciones filosóficas acerca de la calidad de las decisiones colectivas. Constituyeron, sobre todo, dispositivos destinados a preservar correlaciones específicas de poder mediante la exclusión sistemática de trabajadores, campesinos, mujeres, pueblos colonizados y minorías sometidas a diversas formas de subordinación institucional. La universalización del sufragio alteró profundamente ese escenario.

Cuando la ciudadanía dejó de depender de la fortuna o del nacimiento para convertirse en un derecho político general, la legitimidad democrático-burguesa ya no podía sostenerse sobre mecanismos explícitos de exclusión. Sin embargo, la desaparición progresiva de las barreras jurídicas no eliminó las desigualdades que condicionan la producción de la voluntad política. La disputa se desplazó entonces desde la administración del acceso al voto hacia la administración del sentido del voto. Allí donde antes se preguntaba quién podía votar, comenzó a preguntarse, de manera menos visible pero no menos decisiva, cómo orientar aquello que millones de ciudadanos habrían de considerar razonable al ejercer ese derecho. La guerra cognitiva representa una etapa particularmente sofisticada de esa transformación.

No busca necesariamente impedir que los individuos participen en los procesos electorales, sino intervenir sobre las condiciones intelectuales y afectivas mediante las cuales interpretan la realidad. Su campo de operaciones ya no se limita a la propaganda convencional ni a la persuasión política mercantilizada. Comprende la explotación sistemática de sesgos cognitivos, la amplificación algorítmica de determinados contenidos, la fragmentación extrema de las audiencias, la saturación informativa, la circulación industrial de rumores, la manipulación emocional y la erosión deliberada de los consensos mínimos que hacen posible la deliberación democrática. Su eficacia no depende únicamente de convencer, sino de reorganizar los criterios mismos mediante los cuales los ciudadanos distinguen entre evidencia y apariencia, entre información y espectáculo, entre conocimiento y simple estímulo afectivo.

Desde una perspectiva semiótica, esta mutación reviste enorme importancia. El voto nunca ha sido un signo aislado; constituye el punto documental que objetiva una larga cadena de producción de significaciones. Antes de depositar su voto, el elector ha transitado (o carecido) por innumerables procesos de interpretación organizados por instituciones educativas, medios de comunicación, tradiciones culturales, experiencias laborales, vínculos comunitarios y plataformas tecnológicas. La guerra cognitiva interviene precisamente sobre esa cadena de mediaciones o privaciones. Su propósito no consiste únicamente en alterar una decisión puntual, sino en modificar las condiciones generales de inteligibilidad dentro de las cuales esa decisión adquiere sentido. El sufragio continúa siendo condicionadamente “libre”, pero la arquitectura simbólica que precede a su ejercicio se convierte en objeto permanente de disputa. Democracia burguesa al desnudo.

Esta circunstancia obliga a revisar críticamente las formas contemporáneas del voto selectivo. Ya no se trata solamente de excluir ciudadanos mediante leyes de censura o requisitos patrimoniales. Puede producirse una selección funcional mucho más sutil cuando determinadas poblaciones quedan sistemáticamente privadas de condiciones equivalentes para acceder a información verificable, educación crítica, pluralidad comunicacional y deliberación pública de calidad. La desigualdad cognitiva puede convertirse, en los hechos, en una modalidad indirecta de restricción democrática. No porque alguien prohíba votar, sino porque las posibilidades efectivas de construir un juicio autónomo aparecen distribuidas de manera profundamente desigual. Como la realidad económica, por ejemplo. La defensa de la democracia “realmente existente” exige, por ello, superar una comprensión puramente procedimental del sufragio. La existencia de elecciones periódicas constituye una condición necesaria, pero insuficiente, para garantizar la soberanía popular.

Una ciudadanía sometida a procesos permanentes de manipulación simbólica puede conservar intactos sus derechos formales mientras pierde progresivamente las condiciones materiales e intelectuales para ejercerlos con autonomía. Del mismo modo que las luchas históricas por el sufragio universal ampliaron el universo jurídico de quienes podían participar en la vida pública, las democracias contemporáneas enfrentan el desafío de ampliar las condiciones culturales, educativas y comunicacionales que permitan a esa participación realizarse sobre bases genuinamente deliberativas. La relación entre voto selectivo y guerra cognitiva revela, en definitiva, una continuidad histórica en las formas de administrar el poder.

Si el voto selectivo restringe el número de quienes pueden y deben decidir, la guerra cognitiva procura restringir la autonomía con la que esos mismos ciudadanos deciden. El primero amputa la soberanía popular mediante la exclusión jurídica; la segunda puede vaciarla desde dentro mediante la captura de los procesos de producción del sentido. La democracia no puede reducirse a la preservación ritual del acto electoral si las condiciones de producción de la conciencia permanecen sometidas a relaciones estructurales de concentración y asimetría. La soberanía popular sólo alcanza su plena significación cuando la universalidad del sufragio encuentra su correlato en la universalización de las capacidades críticas, de la educación cívica, del pluralismo comunicacional y del acceso social al conocimiento. La democracia no sólo representativa, sino, fundamentalmente, participativa. De otro modo, el voto en la democracia burguesa corre el riesgo de conservar toda su validez jurídica mientras su potencia histórica queda progresivamente subordinada a quienes ya no necesitan excluir ciudadanos de las urnas porque han aprendido a disputar, con mayor eficacia y menor visibilidad, el territorio mucho más decisivo de la conciencia colectiva.

Rebelión ha publicado este artículo con el permiso del autor mediante una licencia de Creative Commons, respetando su libertad para publicarlo en otras fuentes

Hijos de narcos y academias de élite

 Ana Lilia Pérez

"Para cuando Wendy Amaral matriculó a su hijo en esa academia 'de élite' llevaba tres años enlistada en Los Cuinis y el CJNG".

Con un campus ubicado en Bradenton, Florida, Estados Unidos, la IMG Academy se promueve como “el mejor campus del mundo”, para “formación deportiva y académica” de “élite” con modalidades educativas que tienen como opción el programa de clases durante el día o como internado, para grados de secundaria y preparatoria cuya matricula tiene un costo anual de 79 mil 400 a 99 mil 900 dólares.

El nombre de esa escuela, que dice tener una admisión “selectiva”, vuelve a colocarse en las páginas de la prensa no porque esté a punto de iniciar el ciclo escolar, sino porque la jalisciense Wendy Dalaithy Amaral Arévalo, pareja de Gerardo González Valencia, uno de los líderes de Los Cuinis, se declaró culpable de violar las leyes estadounidenses, en específico la Ley Kingpin (Foreign Narcotics Kingpin Designation Act) que le impedía realizar operaciones en el sistema financiero estadounidense, al realizar transacciones por 504 mil 497 dólares para el pago de la matrícula de su hijo en esa academia “de élite”.

La Ley Kingpin está vigente en Estados Unidos desde 1999 y mediante esta se prohíbe a cualquier persona física o moral realizar transferencias, negocios, o cualquier tipo de transacción con individuos y organizaciones extrajeras que operan en actividades de narcotráfico identificadas y enlistadas por la Oficina de Control de Activos (OFAC) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos.

Desde por lo menos el año 2015 el nombre y la fotografía de Wendy Dalaithy Amaral Arévalo aparece en los listados elaborados por la OFAC, como parte de la red de operadores y lavadores de dinero de Los Cuinis y el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

Wendy Amaral nació en Guadalajara, Jalisco, en 1980 y en 2002, a sus 22 años de edad, se casó con Gerardo González Valencia con quien tiene tres hijos.

Gerardo, alias "el Flaco", es uno de los hermanos González Valencia que conforman la organización criminal Los Cuinis, dirigidos por su hermano Abigael, también fundadores y operadores del extinto Cártel del Milenio y luego convertidos en el principal brazo operativo, financiero y de lavado de dinero del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) desde que ese cártel lo fundara y dirigiera su cuñado Nemesio Oseguera Cervantes "El Mencho" esposo de su hermana Rosalinda González Valencia.

Gerardo, su esposa Wendy Amaral y sus hijos llevaban una vida de lujos, viajando por países de Europa, Sudamérica, acudiendo a safaris en África y partidos del Mundial como el de Brasil en 2014. Desde 2009 vivieron en Argentina donde habitaban lujosas propiedades y operaban negocios fachada. Allí también matricularon a sus hijos en un costoso y exclusivo colegio privado en el que estudian hijos de diplomáticos.

En 2011 se trasladaron a vivir a Uruguay y comenzaron también a adquirir propiedades en Montevideo y Punta del Este. De igual manera en ese país matricularon a sus hijos en colegios costosos.

Incluso, apenas en marzo, el gobierno de Uruguay subastó cuatro propiedades decomisadas a Gerardo González Valencia, entre esas un lujoso y enorme inmueble de 15 mil metros llamado “Quincho Grande” que tiene una mansión de mil metros de construcción y jardines, piscina y canchas deportivas, en el parque de Golf de Punta del Este. González Valencia lo había adquirido en 2011 por dos millones de dólares.

Gerardo y Wendy decían que eran empresarios y que vivían de arrendar inmuebles y estacionamientos en México.

Desde Uruguay y países de la región Gerardo coordinaba trasiegos de droga hacia Estados Unidos mandándolos por semisumergibles y otras embarcaciones, y se encargaba también de las operaciones de lavado de dinero para el CJNG, hasta que fue detenido en 2016, en un operativo en que lo atraparon justo cuando había acudido a recoger a dos de sus hijos en el exclusivo colegio de Montevideo en el que los había matriculado, la Escuela Italiana, otra de las costosas escuelas de élite por las que pasaron sus hijos.

Cuando lo detuvieron, el gobierno de Uruguay le abrió proceso por lavado de dinero. Estuvo allí cuatro años preso intentando frenar –mediante estrategias jurídicas– el proceso de extradición que las autoridades estadounidenses habían solicitado. Finalmente fue extraditado en el año 2020.

En Estados Unidos, la OFAC identificó que entre 2018 y 2022, la exclusiva academia ubicada en Florida recibió los pagos de la matrícula de uno de sus hijos. Para cuando Wendy Amaral matriculó a su hijo en esa academia “de élite” llevaba por lo menos tres años enlistada en el grupo de Los Cuinis y el CJNG.

Al aparecer en la lista de personas identificadas como operadores o vínculos con grupos criminales, las personas físicas o morales que realizan o reciben esas transacciones incurren también en violaciones a la Ley Kingpin, de allí que la investigación se hizo extensiva a esa escuela privada derivó en que en febrero pasado esa escuela llegó a un acuerdo con las autoridades estadounidenses para pagar 1.72 millones de dólares por aparentes violaciones de sanciones antinarcóticos relacionadas con la admisión de hijos de personas ligadas a un cártel de drogas, y por recibir y procesar pagos por esas matrículas.

El martes 28 de julio el Departamento de Justicia de Estados Unidos hizo público que Wendy Dalaithy Amaral Arévalo se declaró culpable de violar deliberadamente la ley al realizar transacciones y operaciones inmobiliarias con IMG Academy, en la que su hijo asistía a cursar la preparatoria.

En palabras del Fiscal General Adjunto A. Tysen Duva, “Wendy Dalaithy Amaral Arévalo violó deliberadamente las sanciones estadounidenses contra el narcotráfico al canalizar más de medio millón de dólares provenientes del narcotráfico como pagos de matrícula a través de la Academia IMG en Bradenton, Florida, a pesar de tener prohibido realizar transacciones dentro del sistema financiero estadounidense”.

Se imputa a Wendy Amaral utilizar el pago de matrícula a la escuela como vía para canalizar millones de dólares provenientes del narcotráfico para el CJNG. Para las autoridades estadounidenses su declaración de culpabilidad “expone la audacia calculada y el alcance sofisticado de las redes financieras de los cárteles que operan dentro de Estados Unidos”.

Desde julio de 2023, su exmarido Gerardo González Valencia, fue sentenciado a cadena perpetua por cargos de conspiración para distribuir cargamentos de cocaína a Estados Unidos.

De los cargamentos que Gerardo González Valencia enviaba vía marítima, algunos le fueron interceptados: uno de 280 kilos de cocaína que se trasegaban en un semisumergible; otro de 750 kilos de cocaína que mandó ocultos en tiburones congelados. También Gerardo se encargaba de traficar las armas de Estados Unidos para México para el CJNG y Los Cuinis.

Por muchos años, los González Valencia han operado el entramado financiero para el lavado de dinero del CJNG. En los Panama Papers se expuso cómo contrataron los servicios del polémico despacho panameño Mossack Fonseca para adquirir bienes mediante empresas offshore.

A Los Cuinis se les ha identificado toda clase de negocios para lavado de dinero operados por las parejas de los González Valencia o sus testaferros o socios: negocios de inversión, gasolineras, restaurantes, edificios, inmuebles, renta de cabañas, y muchos otros giros comerciales en varios países.

El tipo de transacciones que Gerardo González Valencia y Wendy Amaral Arévalo hacían de país en país con dinero del narcotráfico evidencia cómo el dinero con origen criminal se inyecta y circula en ámbitos de todo tipo, incluso los que se promueven como academias “de élite”.

Tras admitir su culpabilidad de violaciones a la ley, Wendy Amaral enfrenta cargos por los cuales podría recibir una sentencia de hasta 10 años de prisión y una multa de 10 millones de dólares. Será el próximo 2 de diciembre cuando se le dicte sentencia.

¿Por qué renace el anticomunismo hoy?

Magdiel Sánchez Quiroz*

En los tiempos tan convulsos que vive hoy la humanidad, con conflagraciones bélicas ocurriendo en simultáneo bajo la amenaza de alcanzar dimensiones catastróficas irreversibles, el Departamento de Estado de Estados Unidos ha creado una nueva categoría criminal para eliminar a las expresiones políticas de izquierda acusándolas de “extremismo terrorista de izquierda”.

Junto a representantes de 66 gobiernos supeditados a los dictados de Washington, el evento encabezado por Marco Rubio –activo impulsor del genocidio en curso contra Cuba, el país de procedencia de su familia– redita la persecución política que lanzó en su momento el senador Joseph McCarthy contra el comunismo (1950), sumando la construcción ideológica que ha significado la palabra terrorismo después del 11 de septiembre de 2001 y la más reciente logorrea de políticos de ultraderecha como Trump, Milei, De la Espriella, Bukele, Zelensky y Netanyahu.

¿Por qué poner en el centro de esta nueva ofensiva a las fuerzas de izquierda? ¿Por qué la nueva campaña político-militar se lanza contra el comunismo cuando, en los pasados 35 años, se ha repetido hasta la saciedad que había muerto?

El discurso y el documento “Cuba, la capital del comunismo en el siglo XXI”, presentado por Rubio y sus consortes en el evento, evidencia los móviles inmediatos de esta nueva construcción criminal: justificar un ataque militar contra Cuba; acabar con cualquier expresión que esté a la izquierda del Partido Demócrata dentro de Estados Unidos; criminalizar en todo el mundo las expresiones antifascistas, antisionistas, socialistas, comunistas y antimperialistas.

Está claro que no se trata de una confrontación ideológica, menos aún de una disputa en términos de la teoría política. Es una campaña político-militar que apela a la revitalización de la imagen monstruosa que, a lo largo del siglo XX, construyeron las fuerzas políticas dominantes de Occidente. Ese monstruo, más que fantasma, encasilló al comunismo como una de las dos versiones extremas de totalitarismo (la otra fue el fascismo) que pulularon en el siglo. Incluso se llegó a decir que, en tanto extremos y aplicando burdamente una noción de la geometría, el fascismo y el comunismo tendían a juntarse por una serie de rasgos compartidos como la intolerancia, el autoritarismo, etcétera.

La nueva campaña intenta ser más eficaz porque no sólo se alimenta de la figura monstruosa del comunismo que construyó Occidente, sino que también se nutre de las dos figuras simbólicas que dan sentido a la idea hollywoodense de “terrorismo”: el islamismo y el narcotráfico. Esto ayuda también a alimentar a las huestes políticas neofascistas.

Resulta que esta campaña coincide con un momento en que están en aumento los grupos neofascistas y sionistas. Los operadores político-militares de Washington están seguros de que en esta nueva cruzada no serán catalogadas de terroristas sus huestes neofascistas, porque la forma predominante de memoria que llena las nociones de tolerancia, respeto, democracia y derechos humanos, en el mundo occidental, no se construyó para alertar sobre las posibles mutaciones del nazismo, sino para decretarlo como fenómeno político del pasado al tiempo que encubría sus nuevas formas, necesarias para oxigenar los procesos de acumulación de capital.

Además de lo ya señalado, hay un elemento más profundo que nutre la campaña anticomunista. Las élites saben bien que, ante el escenario actual tan injusto a través del cual se han enriquecido exponencialmente y ante la intensificación de sus guerras, existe otra posibilidad, que no es la contemplación pasiva de la autodestrucción humana. Esa situación abre también la posibilidad de que las grandes mayorías se planteen, como desafío histórico, la superación del capitalismo en todas sus formas. Y eso necesariamente llevará a los oprimidos, dominados y explotados a reconocer la potencia que tienen el comunismo, el socialismo, el cristianismo popular y otras expresiones de cambio emancipador.

¿De dónde puede emerger una propuesta alternativa, sino del encuentro de los sujetos políticos emergentes con las experiencias políticas más osadas que ha gestado la humanidad? Entonces, la acusación “extremismo terrorista de izquierda” funcionará también para otro propósito: hacer creer a los potenciales revolucionarios que, si pasa por sus mentes acercarse al encuentro de las experiencias emancipadoras, deben renunciar de inmediato a ello y seguir siendo partícipes de la autodestrucción.

Por eso también el odio contra Cuba es tan fuerte. Rubio, Trump y los demás genocidas necesitan acabar con la experiencia concreta más radical y longeva –imperfecta y llena de contradicciones– que han creado los pobres de la Tierra. Es tan peligrosa, ergo terrorista, la inmensa dignidad con que se mantiene firme una nación, a pesar de los diarios sufrimientos que significa el bloqueo para la vida de todas los cubanos.

* Filósofo, coordinador de las Obras escogidas de Fernando Martínez Heredia.

Derechos de las audiencias: entre la tutela y la polémica

José Sobrevilla

Entrevista con el maestro Gabriel Sosa Plata, autor de libros como “Días de Radio” (Secretaría de Cultura y Tintable, 2016 y 2021), “Innovaciones tecnológicas de la radio en México” (Fundación Manuel Buendía, 2004), coautor de los libros “Las mil y una radios” (McGraw-Hill, 1997) y “Medios Digitales: México” (Open Society, 2011).

Por José Sobrevilla

El día de ayer, en la Conferencia del Pueblo, se dieron a conocer los lineamientos para garantizar los derechos de las audiencias e inmediatamente las voces opositoras empezaron a denunciar “censura” y, para conocer lo que realmente hay detrás de ello, platicamos con el profesor e investigador de tiempo completo en la Universidad Autónoma Metropolitana-Unidad Xochimilco. 

Defensor de las Audiencias de Canal 44 y de Radio Universidad de Guadalajara. Licenciado y maestro en Ciencias de la Comunicación por la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, titulado con mención honorífica en ambos grados, Gabriel Sosa Plata.

El conductor del programa Media 20.1 de TV UNAM ha sido ganador de dos premios nacionales de investigación: en 1995 obtuvo el primer lugar en el Concurso Nacional de Trabajos Recepcionales en Comunicación, organizado por el Consejo Nacional para la Enseñanza y la Investigación de las Ciencias de la Comunicación, CONEICC, y en 2004 obtuvo el segundo lugar del mismo concurso en la categoría de maestría.

Ha sido mediador del Instituto Mexicano de la Radio (2011-2013), seleccionado, por primera vez, mediante un proceso democrático, a partir de una votación del Consejo de Programación de Radio Ciudadana del IMER, y Ombudsman de Noticias MVS (2013-2015). Subdirector de Información de Radio Educación (2005-2006), miembro del Consejo de Programación de Radio Ciudadana del Instituto Mexicano de la Radio (IMER) y asesor en materia de medios de comunicación y telecomunicaciones en la Comisión de Gobernación de la Cámara de Diputados (2009-2011).

—¿Qué opinión te merecen los nuevos lineamientos sobre los derechos de las audiencias, presentados la mañana de este martes 28 de julio (2026)?

Han abierto un intenso debate en el ecosistema mediático. Mientras especialistas celebran el avance hacia una comunicación más ética y democrática, sectores empresariales y voces opositoras advierten sobre un supuesto riesgo de censura. Los lineamientos responden a la Ley de Telecomunicaciones y Radiodifusión aprobada en 2025. Entre sus puntos centrales destacan:

diferenciar información de opinión; separar publicidad de contenido periodístico; garantizar accesibilidad, pluralidad y diversidad; y exigir códigos de ética efectivos en medios de radio y televisión.

Según expertos, estas medidas fortalecen la libertad de expresión y el derecho a la información,evitando que las audiencias reciban “gato por liebre” al consumir contenidos disfrazados de noticias. La narrativa crítica sostiene que el Estado podría usar estos lineamientos como herramienta de intimidación contra medios incómodos. Sin embargo, quienes han encabezado defensorías de audiencias aseguran que se trata de un mecanismo de autorregulación interna.

“Las defensorías no actúan a priori ni imponen censura previa. Solo intervienen cuando una queja es presentada por la audiencia”, se subraya en el documento. Ejemplos comunes de quejas incluyen cambios de horarios sin aviso, sesgos informativos o falta de contraste de fuentes en investigaciones periodísticas.

—¿Quién gana y quién pierde?

Ganan las audiencias, el periodismo ético, la pluralidad y la diversidad; pierden concesionarios que deberán asumir mayor responsabilidad y transparencia en sus contenidos. La Comisión Reguladora de Telecomunicaciones revisará los códigos de ética registrados para verificar que incluyan mecanismos claros de protección a las audiencias.

Históricamente, los códigos de ética nacieron como instrumentos voluntarios de autorregulación. En México, la falta de cumplimiento obligó a que la ley exigiera su elaboración y aplicación, y ahora, los lineamientos buscan que estos documentos dejen de ser “de adorno” y se conviertan en compromisos reales con la sociedad.

Uno de los puntos más discutidos es la exigencia de “veracidad respaldada por un ejercicio razonable de investigación”. La definición de qué es “razonable” recaerá en los propios medios y en los defensores de audiencias, quienes deberán evaluar si una investigación cumple con estándares básicos como el contraste de fuentes y la transparencia editorial.

—¿Autoritarismo o protección?

El temor de que estas medidas sean el inicio de un autoritarismo gubernamental es considerado una exageración por diversos especialistas. “Estos lineamientos son en pro de la libertad de expresión, del derecho a la información y de la protección integral de las audiencias”, afirmó el especialista. La experiencia muestra que la mayoría de las quejas son sencillas y se resuelven con recomendaciones internas, sin llegar a sanciones estatales.

“Finalmente te podría decir que los nuevos lineamientos representan un parteaguas en la relación entre medios y audiencias. Más que censura, buscan garantizar transparencia y responsabilidad en la comunicación. El reto será que los concesionarios cumplan con sus códigos de ética y que las defensorías actúen con independencia y rigor”.

En un entorno mediático marcado por la desinformación y la polarización, la implementación efectiva de estos derechos podría convertirse en un pilar de confianza ciudadana y en un paso ecisivo hacia una comunicación democrática.

Pero, ¿qué es lo que plantean estos lineamientos?

Según lo establecido en la conferencia de Palacio Nacional, se fija la ruta para hacer efectivos los derechos de las audiencias; se definen con precisión los conceptos establecidos en la ley para que no haya laxitud, subjetividad o discrecionalidad a la hora de interpretar dicha ley. Estos lineamientos aplican a la radio y la televisión y son obligatorios para las concesionarias de televisión abierta y radio, las concesionarias de televisión y audio de paga, así como las programadoras, tanto de uso comercial como de uso público, como también de uso social.

Se definen las responsabilidades de los medios para protegerlos. Se les obliga a contar con un código de ética y designar personas defensoras de las audiencias. Y, finalmente, se contemplan mecanismos de protección para las audiencias a través de las quejas.

¿Cuáles son?

Uno: recibir información veraz y oportuna. La obligación o responsabilidad de los medios es no difundir información falsa, descontextualizada o información histórica como si fuera actual.

Dos: distinguir entre información noticiosa y opinión. No es lo mismo emitir una opinión que dar una noticia. El medio debe garantizar la distinción entre noticia y opinión por medio de menciones, mensajes en pantalla, cortinillas o plecas. No tratar de engañar a la audiencia: decir esto es una opinión o esto es una noticia, ambas cosas se valen, pero hay que aclarar de qué se trata.

Tres, distinguir entre publicidad y contenido. Ese es el derecho que tenemos en las audiencias y la responsabilidad del medio es asegurar la diferencia entre lo que es publicidad y contenido a través de menciones, mensajes en pantalla o plecas. Esto es publicidad, esto es contenido.

Cuatro, derecho de réplica: permitir que las personas soliciten al medio que corrija información falsa o inexacta que afecte su imagen.

Y, finalmente, se innova también en esta ley, en estos lineamientos, sobre las audiencias con

discapacidad, sobre contar con servicios de accesibilidad para personas con debilidad auditiva y contar con representaciones visuales respetuosas e inclusivas.

Respecto al Código de Ética, todas las estaciones de radio y televisión deben emitir un Código de Ética que incluya mención expresa de los derechos de las audiencias, procedimientos para presentar quejas ante las personas defensoras de las audiencias, criterios editoriales y valores que aseguren que, al difundir información noticiosa, se cuenta con elementos para concluir que la información es veraz y mecanismos para la designación de las personas defensoras.

A su vez, todas las radiodifusoras y televisoras deben contar con personas defensoras. Para radios y televisoras comunitarias, indígenas y afromexicanas, la persona deberá provenir de la misma comunidad y deberá regirse por los principios de imparcialidad, independencia, objetividad y transparencia.

Las personas defensoras no deben tener conflicto de interés. Se designará al menos una persona defensora por concesionaria y finalmente tendrá a su cargo la atención de las quejas presentadas por las audiencias. Finalmente, y como último punto, la queja.

¿En qué consiste? La persona que forma parte de la audiencia presenta una queja. El defensor de las audiencias la recibe y pide un informe al medio. Si se vulneraron los derechos, emite una recomendación a dicho medio. Si el medio no atiende la recomendación, se acude a la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones para que pueda intervenir.

Y en casos extremos en los que no se sigan ni se respeten los derechos de las audiencias, puede haber multas y sanciones, como última instancia, a través de la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones. La defensoría tiene un plazo de 20 días para resolver las quejas. Estos son los lineamientos que se someten a 20 días de consulta.

Con respetuoso saludo 

José Sobrevilla

Móvil (04455) 69718305

@PPsobrevilla

www.pepesobrevilla.com