12/12/2018

“Ejércitos privados”, la amenaza a la “Cuarta Transformación”


Autor: José Reyez

Cárteles del narcotráfico y empresarios crean verdaderos “ejércitos privados”. Utilizan compañías extranjeras para armar grupos paramilitares con capacidades de Fuerzas Especiales. Las mismas compañías también trabajan legalmente con instituciones de gobierno.

Empresas como la tequilera José Cuervo y también cárteles del narcotráfico y grupos antiinmigrantes han contratado a empresas especializadas en proveer “ejércitos privados”, para administrar servicios de vigilancia, inteligencia, defensa y adiestramiento en prácticas de tortura, documenta Paloma Mendoza Cortés maestra en gobierno y asuntos públicos por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).
Hoy, estos grupos entrenados tienen capacidad de retar a las autoridades y bloquear la serie de cambios impulsados por el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, e incluso, su propio proyecto de Estado, al que ha llamado la “Cuarta Transformación”.
La académica demuestra que desde 2009, el Grupo de Trabajo especializado en mercenarios de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) informó sobre “el adiestramiento privado de policías federales relacionados a prácticas de tortura”.
Asimismo, refiere que Pemex y la CFE “contrataron en julio de 2007 los servicios de la empresa estadounidense SY Coleman Corporation, con sede en Virginia, especializada en vigilancia del espacio aéreo y defensa antimisiles, para la creación y operación de un centro de vigilancia aérea y monitoreo de instalaciones energéticas y eléctricas de carácter estratégico en Veracruz”.
En su tesis El proceso de toma de decisiones: La función de la inteligencia estratégica, para obtener el doctorado en estudios organizacionales por la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM), Mendoza Cortés señala que en México la iniciativa privada ha recurrido al uso de empresas militares privadas y de seguridad (MPF’s, por su acrónimo en inglés), “como la tequilera José Cuervo que posee su propio ‘ejército privado’ para la seguridad de sus campos de agave”.
Refiere que el propio Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen, el órgano de inteligencia civil del Estado mexicano hasta antes del inicio del gobierno de Andrés Manuel López Obrador) reconoció la presencia de actividad de grupos de mercenarios en la frontera sur del país, conformados por exkaibiles de Guatemala y egurkhas de Nepal.
“También existen reportes de la contratación de paramilitares y ejércitos privados para asesorar a grupos antiinmigrantes en la frontera México-Estados Unidos” muy activos en estos momentos de crisis migratoria.
Mendoza Cortés, egresada del Centro de Estudios Hemisféricos de Defensa de la Universidad de la Defensa Nacional (Washington, DC, Estados Unidos), considera que la interminable crisis de seguridad en México, la incapacidad de las policías, la débil regulación en seguridad privada y el desgaste de las Fuerzas Armadas ha posicionado al país como un mercado de negocio para las MPF’s en materia de seguridad en todos sus niveles y dimensiones, al servicio del narcotráfico, delincuencia organizada, instituciones públicas y empresas privadas, grupos antinmigrantes, y policías federales.
Las empresas Black Mamba (TPS Armoring), el SandCat y SandCat MX (Blindajes Epel e IBN Industrias Militares IBN Military Industries, INBRA USA Inc, Plasan), han dado servicios a la propia Sedena para su industria de blindaje del vehículo Karnaf, actualmente en fase de pruebas para operaciones especiales y de alto impacto; así como para los vehículos WBA Miura y WBA Hurricane.
En ese sentido, afirma que “como consecuencia de la asimetría de las amenazas a la seguridad y la privatización de la violencia, las Empresas Militares Privadas y de Seguridad representan la ruptura del paradigma del monopolio de la violencia legítima del Estado y plantea la coexistencia de militares de Estado con milicias privados como tendencia global”.
Refiere que empresas como Lockheed Martin (aeroespacial), General Dynamics-NASSCO (TIMSA), DynCorp, Kroll, ArmorGroup, MPRI, Constellis, Raytheon han desarrollado diversas actividades en México, principalmente atraídas por los fondos de asistencia del gobierno de Estados Unidos en materia de seguridad (Iniciativa Mérida), pero limitadas por la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos.
Sin embargo, señala que en ocasiones se ha hecho público el empleo y asesoría de MPF’s por parte de los traficantes de drogas en México, tal es el caso de los cárteles Arellano Félix, Los Zetas, Caballeros Templarios, Golfo, Jalisco Nueva Generación, entre otros.
“De acuerdo a información de la DEA [la estadunidense agencia para el control del trasiego de drogas], el cártel de los Arellano Félix fue adiestrado en el manejo de lanzagranadas y ametralladoras pesadas, encriptación de dispositivos, sistemas de visión nocturna e intercepción de señales de radio, adquisición de armas en Estados Unidos, incluso se ha señalado que organizaciones criminales han contratado los servicios de exmilitares estadounidenses con cursos de fuerzas especiales como los Green Berets”, destaca la académica.
Mendoza Cortés, a la sazón profesora en el Heroico Colegio Militar y en el Centro de Estudios del Ejército y Fuerza Aérea, indica que el cártel de Los Zetas ha sido considerado como el primer ejército privado contemporáneo en México, al ser exmilitares (suboficiales desertores) y no civiles con conocimientos y organización militar en aras de un fin político o ideológico (paramilitares).
Los Zetas “utilizaron para el beneficio privado de una empresa criminal constituida por el Cártel del Golfo de Osiel Cárdenas, conocimientos y técnicas adquiridas durante el adiestramiento que recibieron del Estado como parte de su formación profesional militar en México, el curso de Fuerzas Especiales en Israel, y en Estados Unidos el curso de Rangers; inclusive, entablaron relación con policías y militares colombianos vinculados en el adiestramiento de su organización criminal”, asienta.
La Procuraduría General de la República (PGR) reconoce la existencia de campamentos de adiestramiento de Los Zetas por exkaibiles de Guatemala, en la frontera de Brownsville, Texas, y Nuevo Laredo, Tamaulipas. “Precisamente, en 2009 la empresa estadunidense Jax Desmond Worldwide JDW ofreció al gobierno mexicano sus servicios de consultoría para organizar los operativos contra el narcotráfico, especialmente en contra de Los Zetas”, acota.

Ejércitos privados al servicio de los cárteles del narcotráfico

Guadalupe Correa-Cabrera, profesora asociada de la Universidad George Mason de Virginia, Estados Unidos, compara al cártel de Los Zetas con tres grandes empresas transnacionales: Exxon-Móbil, corporativo del sector energético con múltiples subsidiarias; Halliburton, especializada en inversiones en hidrocarburos, y Blackwater, de servicios de seguridad y experta en captación de cuadros militares de alto nivel de capacitación.
En entrevista con Contralínea, la especialista considera el riesgo de que exmiembros del Estado Mayor Presidencial puedan contratarse con empresas privadas de seguridad, consultorías y no descarta que muchos de ellos engrosen las filas de la delincuencia organizada.
“Por supuesto, la desaparición de este ente militar altamente capacitado y adiestrado, y el anuncio de la Guardia Nacional del nuevo gobierno genera la expectativa de que muchos deserten y se incorporen a la delincuencia organizada”, considera.
Correa-Cabrera considera que Los Zetas ya no son propiamente una organización de narcotráfico y se comportan más como una corporación trasnacional, merced al proceso gradual de militarización y paramilitarización en algunas regiones del país afectadas para responder a Los Zetas y otros grupos similares, que configura en México un nuevo tipo de guerra civil (incluyendo el dominio cibernético), conocida como “guerras híbridas”.
Autora del libro Zetas Inc., Cabrera-Correa destaca que el tráfico ilícito de drogas es sólo una de las actividades de este grupo criminal y representa apenas una porción cada vez menor de sus ganancias, que ahora se han trasladado a las ventas y robo de hidrocarburos y minerales, en donde actúan como una corporación trasnacional que abarca una red de negocios, sin dejar huella de control centralizado, lo cual protege otras unidades de negocio cuando una sola unidad en conflicto con la ley o es atacado por un grupo rival.
La investigadora sostiene que el gobierno de López Obrador no podrá contener la violencia sólo con la incipiente creación de la Guardia Nacional, debido al variopinto de organizaciones criminales que poseen sus propios “ejércitos privados” de alta especialización y capacitación en el arte de la guerra.
“Nunca como ahora la violencia asociada a estos grupos ha tenido repercusiones para la seguridad y el desarrollo del país, donde uno de los efectos perversos de las políticas adoptadas fue haber confundido las agendas de la seguridad pública y de seguridad interior”, asegura por su parte el coronel de infantería Diplomado del Estado Mayor, Jesús de Miguel Sebastián, del Instituto de Investigaciones Estratégicas de la Armada de México (IIEAM).
Enfatiza que el ataque frontal del Estado a los cárteles, unido a la contención del tráfico de drogas del sur hacia el norte, dio lugar a “una balcanización de estos grupos criminales, de manera que  calcula que actualmente hay más de 45 grupos armados relacionados con el narcotráfico”.
El catedrático explica que los cárteles de Sinaloa, Los Zetas, Caballeros Templarios, el Golfo, Familia Michoacana, y Jalisco Nueva Generación adquirieron mayor capacidad al modificar sus estructuras, su forma de operar, y formar a sus propios ejércitos paramilitares, orientando su lucha al control de territorios, enfrentar a grupos rivales y a las fuerzas de seguridad.
Señala que los enfrentamientos entre grupos paramilitares constituyen el principal generador de violencia en la mayoría de las regiones del país, como ponen de manifiesto las disputas entre los cárteles del Pacífico y Beltrán Leyva en Sinaloa; las del Golfo y Los Zetas en Tamaulipas y Nuevo León; Jalisco Nueva Generación y los Templarios en Michoacán; o la confluencia de varios grupos en Guerrero.
Alerta que a esta preocupante afectación de la seguridad interior, que pone en riesgo la seguridad nacional, se ve agravada por la posibilidad que estos grupos adopten comportamientos mucho más violentos, llegando al enfrentamiento directo con las fuerzas policiales y militares, y que podrían en último extremo ataques terroristas a la sociedad civil.
“No estamos hablando de meros grupos delincuenciales, sino grupos armados con un elevado grado de organización, inteligencia y capacidades operativas y logísticas, lo que les permite realizar acciones de amplio alcance en espacio y tiempo”, subraya Miguel de Jesús Sebastián, maestro en seguridad nacional en el IIEAM.
En ese contexto, advierte que “no se deben olvidar las condiciones de crisis social en localidades en las que las organizaciones del narcotráfico tienen un notable arraigo, y cuya acción se ve favorecida por el lento desarrollo de las políticas de prevención o desvío de recursos para los programas sociales de apoyo a la disminución de la violencia, como consecuencia de la corrupción institucional”.

El ejército privado de la Familia Michoacana

Los Caballeros Templarios, el ejército privado de La Familia Michoacana que surgió en mayo de 2006, fueron capacitados por los gobiernos de Estados Unidos, Israel y Egipto en el arte de la guerra e inteligencia que usaron como estrategia para trasiego de drogas, lavado de dinero, infiltración de estructuras militares y del gobierno en los sexenios de Vicente Fox, Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto.
La formación de líderes, sicarios y operadores de los Caballeros Templarios fue similar a la que obtuvieron los miembros del Grupo Aeromóvil de Fuerzas Especiales (Gafes) del Ejército Mexicano, quienes pasaron a formar parte del Cártel del Golfo y después se independizaron como el cartel de Los Zetas.
Al respecto, el análisis de la agente ministerial Rubí Esbeidit Anduaga Goicochea, contenido en el proceso penal 121/2011 –instaurado en contra de Martín Rosales Magaña, brazo derecho de Jesús Méndez Vargas, el Chango, cofundador de la Familia Michoacana–, describe a los Caballeros Templarios como el “prototipo de individuos capaces de despliegues rápidos por tierra, mar y aire; de operaciones de emboscada e incursiones, francotiradores, especializados en asaltar edificios y operaciones aeromóviles de búsqueda y rescate de rehenes”.
Afirma que los cabecillas, sicarios, operadores financieros, halcones y escoltas del cártel poseen ametralladoras M-16, fusiles MGL, ametralladoras 5-A, calibre 5.56, las cuales fueron usadas por primera vez por elementos del Grupo Aeromóvil de Fuerza Especiales en 1994 en Chiapas en contra del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN).

PMF’s, organizaciones al servicio de la guerra

Las empresas militares privadas, sostiene Paloma Mendoza Cortés, egresada del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey (ITESM), son organizaciones de negocios y comercio en servicios profesionales intrínsecamente relacionados a la guerra,  cuerpos corporativos especializados en proveer habilidades militares, incluyendo operaciones de combate, planeación estratégica, inteligencia, evaluación de riesgos, apoyo operacional, entrenamiento y habilidades técnicas, logística, apoyo operativo, sistemas de armamento, adiestramiento.
Agrega que como empresas internacionales y marcas registradas, las MPF’s llevan a cabo intensivas campañas de lobby (cabildeo) y mercadotecnia para promover sus servicios, como son las ferias internacionales especializadas en servicios de seguridad, especialmente a través de sus páginas de internet y redes sociales, por lo que usualmente son confundidas con compañías de seguridad privada.
Precisa que su catálogo de servicios va desde el entrenamiento, logística, construcción, mantenimiento y administración de bases militares en operaciones, apoyo operativo, traductores, intérpretes, interrogadores, hasta resolución postconflictos, que refleja en la variedad de clientes que contratan sus servicios desde la Organización de las Naciones Unidas (ONU), empresas multinacionales (especialmente compañías petroleras), gobiernos débiles o en situación de crisis, dictadores, guerrilleros, grupos del crimen organizado.
En términos generales –prosigue la catedrática Mendoza Cortés–, las MPF’s ofrecen todo tipo de servicios relacionados con la seguridad externa (funciones tradicionales de las Fuerzas Armadas, contraespionaje, contrainteligencia) y seguridad interna (que son funciones de la policía y aduanas) que se concentran en ámbitos de seguridad, información, inteligencia y logística (incluido el suministro de armamento.
Por ejemplo, dice, para el caso de políticos, empresarios o “personas VIP [very important people]”, las empresas investigan el área, diagraman estrategias de seguridad y análisis de riesgos, y disponen de agentes de seguridad especialmente entrenados para la custodia de personas. Realizan acciones en seguridad de transporte internacional de mercancías, contra el crimen organizado, lavado de dinero, etcétera.
Paloma Mendoza, egresada del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE), afirma que los ejércitos privados con sede extranjera tienen actividad en México, coexisten con filiales y oficinas locales de empresas multinacionales y nacionales especialistas en logística militar, policial y de seguridad privada, industria aeroespacial, blindaje, ciberseguridad, en sistemas de seguridad, negociación en secuestros, equipamiento, geolocalización y capacitación.
“Una buena parte de ellas cuentan con reconocimiento legal como empresas de seguridad privada y ofrecen su catálogo de servicios a los órganos de gobierno e iniciativa privada en eventos internacionales como la Expo Seguridad México, en cuya última edición 2017 la Asociación Mexicana de Blindadores Automotores (AMBA) lanzó al mercado vehículos tácticos utilizados por fuerzas de seguridad”. Así como Blindajes Epel, en 2000 socio fundador de la Asociación Mexicana del Blindaje Automotriz AMBA, en 2010 estableció una alianza con la empresa estadunidense con base en Wisconsin (establecida en 1913), Oshkosh Defense, y se convirtió en el distribuidor exclusivo del vehículo SandCat TPV de Oshkosh en 2011.
Para 2014, Blindajes Epel había logrado la venta de 300 vehículos de este tipo, principalmente a la Sedena. En 2015 estableció una planta de blindajes para producir vehículos tácticos en México. Actualmente produce el vehículo SandCat MX en versiones corta, larga y para transporte de reos. Incluso impartió cursos a personal de Sedena en agosto de 2016.
Por su parte –anota Paloma Cortés, egresada del Instituto Nacional de Ciencias Penales (Inacipe)–, Industrias Militares (IBN Military Industries INBRA USA Inc), fundada en 2002 por un empresario mexicano, reconocida en materia de blindajes y tiene una alianza con la empresa israelí Plasan para la comercialización y mantenimiento de vehículos tácticos Guarder, Stormer y Sandcat, de los cuales los dos últimos ya son ensamblados en México en el complejo militar industrial de IBN en la ciudad de Aguascalientes.
“Su catálogo de servicios incluye: blindaje nivel urbano, gobierno, diplomático y aeroespacial; drones, ‘productos de inteligencia’ (detectores, interceptores y encriptadores), renta de vehículos blindados; fabrica chalecos blindados, un laboratorio de balística, un centro de tecnología, investigación y desarrollo y un centro de inteligencia y geolocalización. De igual forma ofrece cursos de capacitación en técnicas de defensa israelí”, apunta la especialista.
Destaca que Wendler Blindajes Alemanes WBA ha sido utilizado por la División de Gendarmería de la Policía Federal desde la celebración del centenario de la industria militar de México, marco en el cual se hizo la presentación de los prototipos de los vehículos blindados DN-11, Titán y Cimarrón con el propósito de disminuir costos y proyectar a la industria militar de México a nivel internacional.

Las tres dimensiones de la guerra de cárteles

Xavier Servitja Roca, licenciado en Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales por la Universidad Autónoma de Barcelona, considera que la amenaza del crimen organizado a la seguridad nacional, no se podría entender sin analizar la aparición de los ejércitos privados dentro de las estructuras de las organizaciones criminales.
En entrevista con Contralínea, dice que la formación de estos brazos armados al servicio de los cárteles del narcotráfico tiene especial incidencia sobre lo que el experto define como las tres dimensiones de la “guerra de los cárteles”: la guerra entre las diferentes organizaciones por el dominio de plazas (intercárteles); la guerra por el control de las mismas (intracárteles); y, finalmente, la guerra contra la autoridad pública.
En concreto, dice, la aparición de ejércitos privados tiene su origen en la guerra intercárteles, intracárteles y la guerra contra las instituciones del Estado. “La hegemonía que ejercen los cárteles mexicanos sobre las rutas de los tráficos ilícitos aumenta la competición entre ellos para arrebatar las plazas a los grupos rivales”, apunta Servitja Roca.
Este choque deriva en un enfrentamiento abierto intercárteles y la creación de “ejércitos privados” formados por exmilitares o policías con experiencia en combate y manejo de armas, defensa de plazas y ataque a sus enemigos con mayor efectividad, y está protagonizada por lo que se denomina como el cártel de tercera generación.
Finalmente, Paloma Mendoza Cortés considera que es necesario replantear los paradigmas en seguridad y defensa para incorporar a la praxis y estudio la manera que influyen las actividades de las empresas militares privadas y de seguridad en las Fuerzas Armadas del Estado, así como los puntos a favor y en contra dentro del marco constitucional, derechos humanos y rendición de cuentas.
En ese contexto, no descarta que las Fuerzas Armadas mexicanas responderán a la tendencia global de uso de contratistas privados “tal vez para incrementar la capacidad de su fuerza de cara a la ausencia de fuerzas de seguridad capaces de reemplazarlas en sus actuales actividades de seguridad pública y seguridad interior”.
José Réyez
[INVESTIGACIÓN][SEGURIDAD][SEMANA][D]

Diferendo de poderes

Utopía

Eduardo Ibarra Aguirre

Si algo sintetiza los propósitos de la cuarta transformación es la austeridad republicana y la lucha contra la corrupción como la vía para disponer de más recursos para afrontar con éxito los 100 compromisos que el presidente Andrés Manuel presentó en el Zócalo capitalino la tarde del día primero, y que recogió en el libro 2018. La salida. Decadencia y renacimiento de México.

Acaso por ello, aparte del estilo personal de gobernar de López Obrador –al que es pertinente acostumbrarse para no dar de topes con la pared–, la reacción de los legisladores de Morena y de AMLO no repara en las formas tan criticadas por analistas y conductores. Ahora resulta que están de acuerdo con la austeridad, pero no con las formas con que pretende aplicarse, que fue legislar en el Congreso para aplicar la Constitución.

La austeridad tiene tanto apoyo ciudadano que nadie se atreve a defender el derroche del erario característico de los antecesores de AMLO, en particular el impopular Enrique Peña Nieto que dejó endeudado a México para multiplicar a la burocracia dorada.

Es un error comprar el discurso de los voceros de los órganos autónomos que aún no demuestran que realmente lo son, como Luis Raúl González Pérez quien debutó como híper crítico en Palacio Nacional, sólo que esperó a que concluyera el gobierno de Peña para presentar las conclusiones de fondo de la CNDH sobre Ayotzinapa.

El supuesto ombudsman (¡defensor del pueblo!) criticó a “la autoridad que pretenda vulnerar la independencia de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, vulnera principios democráticos y siembra las semillas de un autoritarismo despótico”. Y tiró línea: “La cuarta transformación se debe sustentar en el respeto a la Constitución, las leyes y los derechos (…) sus pautas o características no pueden ser las de las tres previas, la Independencia, la Reforma y la Revolución: división interna, violencia y confrontación fratricida” (10-XII-18).

Puntual fue la respuesta presidencial, se cumplirán las recomendaciones de la CNDH y refrendó el compromiso, por convicción, de que el Ejecutivo no va a proteger a quienes violen las garantías individuales. Los cambios ya comenzaron a ponerse en práctica. “Desde luego, hay diferencias, hay discrepancias, pero vamos a garantizar siempre el derecho a disentir”. González Pérez quedó exhibido, mientras administra un presupuesto superior al de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que cubre todo el continente.

Dicen que duele más una patada al bolsillo que a los testículos. Esto lo reconfirma la actitud de Luis González, también la movilización de la Asociación de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito, envuelta en la división de poderes y los pesos (de 20.20 por dólar) y contrapesos al Ejecutivo. Y se atrevieron a desmentir que el presidente de la Suprema Corte, Luis María Aguilar Morales, no gana 600 mil pesos mensuales; cierto, sólo 578 mil con todo y prestaciones.

Tiene razón la secretaria de Gobernación Olga Sánchez Cordero, es “un poco complicado, porque tenemos una norma constitucional que protege a ministros y jueces. No es fácil que se les bajen los salarios, pero hay que dialogar con ellos”.

La concepción de AMLO de que “es fantástico, extraordinario, el diferendo de poderes”, y que el Ejecutivo no será más “el poder de poderes”, podría ser una base del diálogo entre el Ejecutivo y el Judicial sin que nadie se rasgue las vestiduras por lo que constituye un signo de los nuevos tiempos que vive México con la cuarta transformación.

Acuse de recibo

Dos reacciones a https://www.sdpnoticias.com/nacional/2018/12/09/utopia-la-scjn-en-la-contienda-contra-amlo. “Heriberto Lugo. AMLO, que en los hechos se duplicó el sueldo (¿no que antes vivía con sólo 50 mil pesitos?), ha decidido que nadie que sea honesto en el servicio público debe ganar más que él. La verdad es que le encabrona que el Poder Judicial no esté de rodillas ante él, como ya tiene al Legislativo. Nicolás Maduro, muérete de envidia”. “Fco Díaz. En la SCJN son unos sátrapas sinvergüenzas. Tasan su ‘honradez’ en pesos, no en valores y ética. México sumido en la corrupción institucional. Veremos cómo violan los preceptos constitucionales del 127. Ninguna ley o reglamento secundario, está por encima de la Constitución”… Más sobre “Beatriz Gutiérrez Müller ya es primera dama” de Sara Lovera: “La esposa de AMLO lo ha señalado, no hay mujeres de segunda en México y aunque al parecer otras lo dijeron –Amalia Solórzano entre ellas–, ella lo recalca para rescatar la dignidad de las demás mujeres. A ella le tocó ser la esposa de un presidente, pero si las convenciones de quienes hacen libros o asumieron un tema en su vida para vivir de él pretenden imponer un esquema, se enfrentarán como lo están haciendo otros sectores, a los cambios que no quieren aceptar para las mujeres”: Teresa Gil… En Forum, “Palinuro en el país de las buenas noticias, estadísticas y promedios (Jesús Delgado Guerrero). Enlace:




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Una solución para el “choque de poderes”

La lucha no es por cambiar las políticas públicas para enfrentar la pobreza en la que vive la mayor parte de la población, tampoco para buscar solucionar la grave inseguridad que vivimos, acabar con la corrupción o la impunidad, ni para darle la vuelta al orden económico que tenemos. No, el choque es por un tema de remuneraciones.
Existe una forma más elegante de describirlo, contraria a una percepción social de que el detonante de este choque es un tema de dinero y privilegios: la batalla que atestiguamos es por una cuestión de independencia y autonomía de las instancias que sirven de contrapeso al gobierno electo, las cuales se enfrentan a los Poderes controlados por las mayorías triunfantes en las pasadas elecciones. Como sea, la forma más sencilla de presentarlo es que estamos ante un choque del Poder Judicial federal, encabezado por la Corte, contra los otros dos Poderes federales.
Podemos por supuesto ser un público inerte ante este enfrentamiento, podemos alentar a uno de los bandos o podemos contribuir a ponerle un alto a este choque que al país no le conviene. Opto por lo último porque pienso que una de las grandes transformaciones sociales que necesitamos pasa por recordarle a toda la clase gobernante, incluida la de los Poderes Judiciales, que los recursos públicos no son de su propiedad y que los puestos públicos que les confiamos no son su patrimonio personal. En una idea, la Patria es primero y quien manda es el pueblo.
Cabe aclarar que los treinta millones de votos para el Presidente y su partido, no le dan a él ni a las mayorías legislativas la capacidad de decidir cualquier cosa. Al menos no para pactar impunidad, ni para militarizar la seguridad pública, ni para acordar finiquitos con recursos públicos para los malos negocios de las grandes empresas, mientras que las personas comunes sufrimos y pagamos las consecuencias. Dicho eso, obvio que comparto la idea de austeridad republicana.
Cambio de lado y me enfoco en la defensa de la que se tiene noticia por parte del Poder Judicial federal. Cientos de titulares y personal de los juzgados y tribunales han iniciado juicios de amparo contra la Ley Federal de Remuneraciones. Y lo más reciente, se ha ordenado suspender su aplicación para que no condicione el Presupuesto de Egresos de 2019, por la sola determinación del Ministro Alberto Pérez Dayán –que es uno de los cuatro contendientes para presidir la Corte por los siguientes cuatro años–. A las personas que les gusta adular a este bando no les faltarán elogios para destacar la “audacia” de la defensa de su independencia, mucho más si la Cámara de Diputados cumple sin mayor debate esta suspensión.
Opino distinto. Ambas acciones, los amparos iniciados y la suspensión otorgada, me parecen insensatas porque comprometen su imparcialidad. Aunque en el discurso reiteren que todo lo que hacen lo hacen por necesidad y para defender la independencia judicial –que en última instancia requieren para defendernos a las personas y nuestros derechos–, me queda la impresión de que sus intereses personales desplazaron el interés público. Por supuesto que es comprensible: por mucho que gane alguien, de un semestre para otro es muy complicado que pueda ajustarse para ganar mucho menos. Pero les faltó estrategia y conciencia política.
De entrada, cada persona de este Poder Judicial que juzgue uno de esos amparos o las acciones de inconstitucionalidad presentadas por la minoría del Senado y la  Comisión Nacional de los Derechos Humanos –cuya cúpula también está afectada por el ajuste a la baja de las remuneraciones–, tiene impedimentos legales que debieron sopesarse, pero sobre todo, cada persona que ya presentó esa demanda de amparo se ha colocado en posición de impedimento para juzgar otros casos en los que participen los Poderes a los que combaten, según su propia Ley Orgánica.
Y por lo que se refiere a la medida cautelar ordenada por el Ministro Pérez que busca frenar la aplicación de la Ley Federal de Remuneraciones en la confección del Presupuesto, la crítica que puede hacerse es que es expresamente contraria a la ley que rige las acciones de inconstitucionalidad y no tiene precedente. Aunque para ser preciso, en realidad tiene un precedente de su propia autoría, solamente que en otro tipo de juicio constitucional. Un precedente que también da que pensar, porque la otra suspensión de una norma general de que se tiene noticia se dictó en una controversia constitucional –contrario a lo indicado por la ley que las rige–, en la que se buscaba que el personal de los tribunales de la capital no tuvieran que hacer públicas sus declaraciones patrimoniales, de intereses y fiscal.
No es que todas las leyes tengan que seguirse al pie de la letra, porque de hecho los Poderes Judiciales están para defendernos de ellas si contravienen las normas de la Constitución y los tratados internacionales que resulten más favorables. No es que sea equivocada la postura de ordenar la mayor protección de las personas y tener en mente que todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, deben salvaguardar los derechos humanos. Lo que resulta inconsecuente es que en veinticuatro años de controversias y acciones de inconstitucionalidad, sea hasta los casos que benefician a los Poderes Judiciales que se apele a la primacía de los derechos para darle la vuelta a una prohibición expresa de suspender leyes.
Aparte de la inconsistencia, la insensatez de colocarse en una posición en la que desde una sede política, el Congreso federal, se puede acusar de parcialidad a la Corte y colocarla en un escenario de descrédito. Aquí los dos bandos pueden llegar a extremos de pesadilla. Desacatar una orden judicial puede costarles el puesto a las mayorías legislativas, pero éstas pueden emprender juicios políticos. Un escenario que nadie debiera buscar. Menos drástico, el Presupuesto se puede armar sin necesidad de la Ley Federal de Remuneraciones porque el mandato de ajustar a la baja las remuneraciones está en dos disposiciones constitucionales transitorias de la reforma de 2009 del artículo 127 constitucional –lo entienden bien las personas que hicieron la demanda modelo para el Poder Judicial federal–.
¿Quién entonces, en su sano juicio, querría presenciar un choque de trenes? Por eso es mejor buscar soluciones. Así que cierro esta opinión con una propuesta y anuncio una acción. Quienes usamos el sistema de justicia podemos presentar una demanda de amparo para equilibrar esta situación. Si pensamos que la Ley Federal de Remuneraciones no necesita de otro acto para aplicarse, tenemos hasta el 18 de este mes. Como personas que usamos las instancias judiciales federales nuestro interés para demandar es diferente del interés del resto de la población que atestigua muda esta batalla. Y como es notorio, las remuneraciones a la baja han comprometido el accionar de los juzgados y tribunales desde ahora.
En este contexto, aquella Ley menoscaba, entre otros, nuestro derecho al acceso a la justicia. Si más adelante otras leyes la sustituyen u otros actos se suman para comprometer la independencia e imparcialidad del Poder Judicial federal, entonces podremos ampliar las demandas. Somos las personas que defendemos derechos humanos las que debemos ir más allá de simples declaraciones y entrar en acción. Nuestros juicios no pueden ser desatendidos y ellos sí justifican un principio de necesidad para que los tribunales los resuelvan. Es nuestra acción la que debe poner fin a los choques entre los Poderes que nos sirven. La austeridad republicana debe llegar porque es nuestro dinero público el que se disputan, pero debe llegar gradualmente sin afectar el funcionamiento de los aparatos judiciales.
A 70 años de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, además de poner sobre todas sus diferencias nuestro derecho a la protección judicial, nos conviene recordar su otra cara: abrazar las cosas que nos unen, no las que nos dividen. Sería el colmo que mientras se propone “punto final” frente a quienes sistemáticamente han lastimado al pueblo de México, se camine sin sentido a un pántano en el que el Poder Judicial federal se enfrente al resto del gobierno. Si el pueblo manda y la Patria es primero, entonces debemos encontrar un justo medio.

El Poder Judicial bajo la lupa

En su conferencia matutina de este 11 de diciembre, López Obrador volvió a tocar el tema de los altos salarios de los ministros de la Sala Superior del Poder Judicial de la Federación, señalando que “sólo Donald Trump gana más que ellos”.
“Seiscientos mil pesos mensuales los ministros, tengo la información. Son 7 millones de pesos al año en sueldo bruto, más otras prestaciones que no están ahí indicadas. Pero si no son 600 mil, son 500 mil y no tengo la menor duda de que son los servidores públicos mejor pagados del mundo”, afirmó López Obrador.
El Ejecutivo federal también admitió que esta polémica es “algo fantástico, extraordinario, estamos en el terreno de lo inédito” porque antes no se ventilaban estas diferencias de manera pública.
La confrontación escaló desde que el 10 de diciembre los presidentes de la Mesa Directiva del Senado, Martí Batres, y de la Junta de Coordinación Política, Ricardo Monreal, interpusieron un recurso de reconsideración a la orden de suspensión que decretó el ministro Alberto Pérez Dayán, el pasado 7 de diciembre, ante la acción de inconstitucionalidad interpuesta por el 33 por ciento de los senadores (del PRI, PAN, PRD y MC) en contra de la Ley Federal de Remuneraciones Salariales.
En paralelo, jueces y magistrados se expresaron públicamente en 25 entidades en una protesta inédita por la disminución de los salarios y por lo que ellos interpretan como un “atentado a la autonomía” y por la “intromisión indebida” de parte del Poder Ejecutivo y del Poder Legislativo frente al Judicial.
El magistrado Luis Vega Ramírez, presidente de la Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito del Poder Judicial, salió a declarar que “estos intentos por condicionar a los juzgadores federales han sido presentados a la opinión pública como ejercicios modernizadores que supuestamente harán más eficiente la impartición de la justicia y permitirán ahorros a los ciudadanos”.
“Sin embargo, esconden su verdadera intención: debilitar el sistema de frenos y contrapesos de nuestra democracia y vulnerar el Estado de Derecho”, sentenció Vega Ramírez, en una protesta pública encabezada en San Lázaro, el lunes 10 de diciembre.
A la polémica se ha sumado también el presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), Luis Raúl González Pérez, y el consejero electoral Benito Nacif, quienes también cuestionaron el intento de entrometerse en otros poderes y organismos autónomos, bajo lo que ellos consideran un pretexto: los altos salarios.
González Pérez, incluso, advirtió que esta polémica y otros temas vulneran “los principios democráticos y siembra las semillas de un autoritarismo despótico”.
El tema de los altos salarios y los excesos en el Poder Judicial siempre quedaron en reportajes, críticas y cuestionamientos aislados, pero nunca se había generado una polémica tan abierta y clara, donde la misma Suprema Corte de Justicia se ha visto obligada a ventilar los sueldos anuales, las primas vacacionales, los aguinaldos, los estímulos de antigüedad y otras prestaciones que no tienen ningún otro servidor público.
Si la percepción pública del Poder Judicial en sus distintos niveles y tribunales fuera favorable entre la sociedad mexicana, habría una movilización de la opinión pública a favor de jueces, magistrados y ministros. Sin embargo, lo que se observa en estos momentos es una profunda indignación de los ciudadanos por los altos salarios que no corresponden con la eficiencia de los impartidores de justicia.
Se vuelven a ventilar excesos que hablan de corrupción al interior del Poder Judicial. Por ejemplo, ha revivido el tema del nepotismo. En julio de 2017 un informe interno entregado al Consejo de la Judicatura Federal y difundido por el portal Animal Político reveló que existen 112 jueces y magistrados que habrían utilizado sus facultades para conseguir empelo a su esposa o pareja, 180 a sus hijos, 136 a sus hermanos y 27 a sus papás.
El estudio reveló que 7 mil 148 servidores públicos del Poder Judicial comparten espacio laboral con sus parientes y que “muchos secretarios, actuarios, oficiales y administrativos poseen familiares en el mismo circuito y en otros. Claramente influyen en la designación y lo hacen sin que sea posible incoarles (iniciar el proceso o expediente) ningún tipo de responsabilidad”.
Lo más sorprendente es que los propios integrantes del Poder Judicial han sido objeto de coyotes o de abogados que pretenden ganar fuertes honorarios por presentar la serie de amparos, alentados por las versiones de que perderán sus empleos o les bajarán sus salarios hasta los niveles medios, y no sólo los máximos, como plantea la Ley Federal de Remuneraciones Salariales.
La polémica se ha generado en medio del proceso de sucesión al interior de la Suprema Corte de Justicia. De los 4 aspirantes a sustituir al ministro Luis María Aguilar como presidente de la Suprema Corte, sólo el ministro Alejandro Zaldívar Lelo de Larrea ha expresado abiertamente su posición favorable a la austeridad. El ministro Jorge Mario Pardo Rebolledo hoy hizo un llamado a “no caer en provocaciones” al tomar protesta de 30 magistrados de circuito y un juez de distrito. El ministro Alberto Pérez Dayán fue el que dictó la suspensión de la Ley Federal de Remuneraciones Salariales. Y el ministro Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena ha mantenido un perfil muy bajo y en silencio, quizá pensando que es mejor la cautela frente a los vientos huracanados de la cuarta transformación en el Poder Judicial.

Claves de la justicia en México: Burocracia excesiva, prestaciones dudosas, dinero mal repartido

En México, contrario a otros países, se destina mucho más dinero al Poder Judicial federal que al local, pese a que más del 80% de asuntos competen a los jueces en los estados.

En julio de 2017, una investigación realizada por CCI reveló que familiares de al menos 500 jueces y magistrados ocupaban plazas en tribunales y juzgados.
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Licitaciones petroleras: cancelación histórica

La Jornada 

En respuesta a solicitudes de la Secretaría de Energía (Sener), la Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH) canceló ayer dos rondas de licitaciones para asignar a empresas privadas diversas áreas terrestres de Veracruz, Tabasco y Chiapas, equivalentes a 4 mil 681 kilómetros cuadrados. Asimismo, el órgano regulador acordó diferir hasta agosto una convocatoria a corporaciones particulares para asociaciones estratégicas con Petróleos Mexicanos (Pemex) en áreas terrestres de 300 kilómetros cuadrados en Tamaulipas y 37 áreas terrestres de dimensiones no especificadas en Burgos, Tampico-Misantla-Veracruz y cuencas del sureste.
Luego de la victoria de Andrés Manuel López Obrador en los comicios presidenciales del primero de julio, la CNH reiteró que las licitaciones programadas en la administración anterior se llevarían a cabo a pesar del cambio de gobierno. Sin embargo, tras el exhorto de la Sener, hecho el lunes anterior para que revisara los alcances del proceso de licitaciones y evaluara los resultados y avances de los contratos vigentes de exploración y extracción de hidrocarburos, el órgano regulador terminó por dar marcha atrás.
Los hechos comentados representan un viraje histórico en la política petrolera implantada tras la aprobación de la reforma energética, en 2014, que consistió en entregar a manos llenas concesiones a corporaciones privadas extranjeras y nacionales, en condiciones de mínimo control y verificación del cumplimiento de los términos contractuales, y en restringir al máximo posible las actividades de Pemex.
En consecuencia, la producción nacional de hidrocarburos se desplomó, los concesionarios se quedaron muy por debajo de los volúmenes de extracción que el gobierno de Enrique Peña Nieto había prometido alcanzar y, lo peor, la renta petrolera del país, que llegó a representar 40 centavos de cada peso del presupuesto público, se redujo en 50 por ciento, lo que explica la concatenación de la reforma energética con una reforma fiscal que habría de compensar por la vía impositiva los recursos que el Estado iba a dejar de percibir por ventas de petróleo.
Si bien el actual mandatario no prometió abrogar la reforma energética, sí se refirió a la necesidad de reorientar, incluso con el marco legal aún vigente, las políticas energéticas, a fin de recuperar los niveles de producción de hidrocarburos y de reconstruir Pemex a partir del ruinoso estado en que los gobiernos neoliberales dejaron a la antigua paraestatal. Una condición fundamental para conseguir esos objetivos era lograr que la CNH colaborara con los nuevos lineamientos gubernamentales, algo que parecía difícil, habida cuenta que tanto ese organismo como la Comisión Reguladora de Energía (CRE) y otros del mismo corte fueron establecidos justo para asegurar la persistencia de las orientaciones neoliberales, entreguistas y antinacionales que caracterizaron a la reforma energética. Pero, pese a todo, a la vista de las decisiones referidas, parece que el nuevo gobierno está logrando alinear a tales instancias.
No es un asunto menor. A la rotunda falta de resultados de la política energética privatizadora y de su fracaso en términos económicos, debe agregarse el hecho de que la concesión de grandes extensiones a las corporaciones energéticas transnacionales y nacionales debilita objetivamente la soberanía nacional y reduce las posibilidades del Estado mexicano de ejercer el pleno control en el territorio nacional. Por ello, la cancelación de las licitaciones por parte de la CNH es un hecho histórico positivo que produce alivio y optimismo.

Las oportunidades que abre la cancelación del aeropuerto



Estoy en contra de las llamadas consultas populares promovidas por Andrés Manuel López Obrador (AMLO). Además, me pareció imprudente la decisión de cancelar el aeropuerto en Texcoco, que sin duda afectará la economía mexicana, y reducirá los márgenes de acción del gobierno durante este sexenio. La cancelación de Texcoco aumentará el precio del crédito y reducirá inversiones. Pondrá a cada una de las decisiones del gobierno bajo el microscopio de los inversionistas. Por estas razones, la decisión del presidente López Obrador me preocupó y me preocupa. Sin embargo, y sin disminuir la gravedad de estas consideraciones, sí hay dos grandes oportunidades que abre esa la decisión. Importaría mucho que se aprovecharan, ya que se trata de una decisión ya tomada.
Más allá de haber dejado en claro que el Presidente no es un florero (un triunfo pingüe), la cancelación de Texcoco abre espacios de acción que antes parecían cancelados, aunque lo positivo de la decisión sólo existirá si el cierre del aeropuerto abre la puerta a una serie de políticas que ya nada tienen que ver ni con aeropuertos, ni con Santa Lucía.
¿Cuáles son las oportunidades que podríamos aprovechar por la cancelación del aeropuerto? La primera es que una cancelación así de cara nos permitiría tomarnos en serio la gravedad del problema ambiental del valle de México. Lo caro del cierre nos tendría que obligar a comprometernos a recargar el acuífero, comenzando por preservar lo que queda del lago. Así, cuando hablamos de preservación, no debemos pensar tanto en escenas de patos silvestres (como insisten quienes descartan la seriedad del problema), sino en la obra pública que nos haga falta para conseguir una lenta recarga del acuífero que subyace la ciudad, y que está casi agotado.
La zona metropolitana de Ciudad de México está en el umbral del colapso hídrico y la cancelación del aeropuerto podría servir para armar una política estricta y coherente de recarga de los acuíferos. El problema ecológico, no es tanto cuestión de patos y de áreas verdes, por deseables que sean, sino de la conformación de una política del agua real y seria, porque el agua se le está acabando a Ciudad de México. Así. De ese tamaño.
Por otra parte, la cancelación del aeropuerto podría también ser el comienzo de una política seria (y urgente) de reubicación poblacional. De hecho, visto desde el ángulo de la política de poblamiento, la idea de construir un hub en el valle de México siempre fue una irresponsabilidad, porque un gran centro de tráfico aéreo en la ciudad abriría la puerta a una mayor concentración de negocios en Ciudad de México, y por tanto a una mayor concentración de gente en un valle que está ya poblado mucho más allá de los límites de la sustentabilidad. El agua en Ciudad de México se está acabando. Esto lo afirman todos los expertos serios sobre el tema, y ha sido reportado como problema real y gravísimo por fuentes como CNN y el New York Times. Cancelar un hub –con todos los negocios que traería– podría llegar a ser algo bueno, si la acción fuera de la mano de otras –bien pensadas y bien financiadas– que se orienten a reducir seriamente la construcción en el valle de México. Así de dramática está la cosa. Y como está así de fuerte, el costo exorbitante de la decisión tomada por López Obrador bien podría justificarse al fin, si diera inicio a una discusión seria de este tema. Ojo, de este tema, y no del que si el Presidente de la República es o no florero.
La segunda oportunidad que abre la cancelación de Texcoco es la de realizar un cuestionamiento serio cada vez que se quiera aprobar un megaproyecto, porque esa clase de obra es siempre un gran compromiso a futuro. México tiene una historia de megaproyectos que han tenido una vida social complicada, dudosa, o de plano nula: la planta nuclear de Laguna Verde es un ejemplo, como lo es también la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales de Atotonilco –la más grande de América Latina–, que sigue sin haber funcionado nunca. Si se hubiera construido el aeropuerto en Texcoco, y junto a él la nueva Santa Fe llamada Aerópolis, sólo para luego enfrentar, al par de años, una crisis de agua mayúscula, el aeropuerto se hubiera sumado a esta lista de megadesastres.
La cancelación de la obra del aeropuerto se hizo de mala manera y tendrá consecuencias severas para la economía mexicana, pero podría todavía resultar ser positiva si el gobierno ve en ella un primer paso hacia la construcción de la sustentabilidad del valle de México, y hacia la inspección detallada de cada uno de los megaproyectos que se vayan a proponer a futuro, incluido, desde luego, el del Tren Maya y la refinería en Dos Bocas. Si no se aprovechan estas opurtunidades, la decisión de la cancelación del aeropuerto de Texcoco quedará como el desplante político más caro de la historia.

Astillero : Julio Hernández López


AMLO y su necesidad de fiscal propio
Batallas judiciales
Presidente que no se cuida 
Remuneraciones y bonos

Ala tentación original se ha sumado el desenvolvimiento de una cantada reyerta con el Poder Judicial. No es solamente un asunto de criterios judiciales en conflicto o de esquemas administrativos que quisieran contar con un propio en la Fiscalía General de la Nación: el obradorismo considera necesario, indispensable, conjurar las posibilidades de golpes judiciales similares a los que han sido armados (el ejemplo inmediato, en Sudamérica) para entrampar o deponer a políticos de izquierda o progresistas llegados a la presidencia de su país.
Bajo esas consideraciones de proteccionismo imprescindible, puede decirse que el obradorismo jamás pensó en ceder la plaza de la nueva fiscalía a un personaje eventual, azaroso, emergido, propuesto o avalado por la discutible textura de las agrupaciones de siglas y activistas que suelen asumirse como representantes de la sociedad civil.
El presidente Andrés Manuel López Obrador requiere a un personaje de su cercanía política y afectiva en el máximo cargo de procuración nacional de justicia, lo cual es una expresión de premodernidad y aumenta la concentración de poder en una persona, pero las primeras batallas, y la previsión de una guerra mayor, en términos políticos y judiciales, lleva al tabasqueño a atrincherarse y a acentuar el factor de la lealtad entre sus filas.
De por sí, López Obrador vive cotidianamente expuesto a un riesgo inaceptable para quien valorase no sólo su vida personal, sino la importancia de preservarla para cumplir con un proyecto superior, el de gobernar a un país en crisis y tratar de conducirlo a mejorías sustanciales. De manera irresponsable, casi con fanfarronería adolescente, López Obrador presume diariamente la carencia de un equipo de seguridad profesional a su alrededor y crea escenarios de riesgo en los lugares públicos a los que acude y, en especial, en los vuelos comerciales que aborda.
Con aire místico dijo en días pasados que él ya no se pertenece, pero esa vida, que se supone está consagrada a magnos propósitos, no es cuidada conforme a la importancia de la misión autodefinida en términos de desposeimiento de decisiones individuales. La propia Beatriz Gutiérrez Müller, en un proceso que hace suponer que tendrá respuesta conyugal, ha abogado en favor de que su esposo cuente con vigilancia de primer orden.
El acecho de lo judicial y lo económico está a la vista. Jueces, magistrados y ministros, además de personal de niveles burocráticos medios del Poder Judicial Federal, han encabezado una rebelión jurídica a la que se están sumando miembros de otros organismos autónomos y, de manera menos abierta, las directivas de los partidos que se oponen al imperio de Morena.
El tema de la remuneración de esos servidores públicos será el primero de una serie de litigios que podrán entablarse respecto de puntos clave del proyecto general obradorista. Juzgados extranjeros podrían terminar, incluso, resolviendo los diferendos con los tenedores de bonos del proyecto de construcción en Texcoco de un nuevo aeropuerto, inversionistas que están rechazando en primera instancia la propuesta de recompra del nuevo gobierno federal, seguramente con un propósito especulativo que termine por darles mayores ganancias (y mayores pérdidas al erario mexicano) e incluso con un objetivo que va más allá de los dólares en juego: confirmar a López Obrador el poder de los mercados al encarecer y obstruir la continuidad del proyecto de Santa Lucía y los aeropuertos ya existentes. En ese contexto, López Obrador impulsa que la Fiscalía General de la Nación no se convierta en un instrumento de desestabilización de su gobierno.
Por otra parte, se informa que esta columna se declarará en modo vacacional a partir del próximo lunes 17, cuando suspenderá su publicación para ser reanudada el lunes 7 de enero del siguiente año, en una necesaria tregua de tecleo que permitirá recargar baterías para un 2019 de intenso trabajo periodístico.
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China y el secuestro judicial de la princesa tecnológica de Huawei

Bajo la lupa

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▲ En Canadá, partidarios de China con banderas frente a la Corte Suprema durante el tercer día de una audiencia de fianza para Meng Wanzhou.Foto Ap
La batalla por la hegemonía prosigue en el planeta con su nuevo binomio confrontativo entre globalistas y nacionalistas, en el que concurre la añeja dicotomía de izquierda contra derecha, donde convergen las medievales bifurcaciones de cristianos contra musulmanes –a las que se agregan subfracturas de evangelistas contra católicos y/o cristianos ortodoxos, además de sunitas contra chiítas.
Estas añejas y nuevas dicotomías serán superadas por la nueva guerra tecnológica de la inteligencia artificial que ya empezó entre EU y China, como reflejo de la Cuarta Revolución Industrial y la “Guerra High-Tech de EU vs China” mediante el secuestro judicial de la hija del dueño de Huawei” (http://bit.ly/2E6LhPA).
Réseau Voltaire considera que la verdadera causa es que Huawei utiliza un sistema de encriptación que impide a la NSA de EU interceptar los teléfonos móviles de esa marca china. Fuera del mundo occidental, los gobiernos y servicios secretos de numerosos países han comenzado a equiparse con material de telecomunicaciones de la marca china Huawei para garantizar la confidencialidad de sus comunicaciones (http://bit.ly/2zRihZi).
Existen señales encontradas en la supuesta tregua de la guerra comercial entre EU y China. The Washington Post –propiedad de Jeff Bezos, dueño de Amazon– alega que “Trump está por condenar a China sobre hackeo y espionaje económico”, como disuasión de los intentos de China para desplazar a EU como el principal líder en tecnología (https://wapo.st/2zVslQT), mientras The Wall Street Journal, muy cercano a Trump, anuncia el reinicio de una nueva ronda de negociaciones comerciales del vice-primer chino Liu He con el secretario del Tesoro Steven Mnuchin y el representante comercial Robert Lighthizer para reanudar la compra de productos agrícolas por China (https://on.wsj.com/2zRhyHy).
Asombra que China no haya suspendido las negociaciones pese al secuestro judicial, mientras el juez canadiense a cargo de la detención de la princesa tecnológica Meng Wanzhou, con falacias pueriles –sus negocios con Irán que supuestamente hubieron violado las sanciones de EU.
Según Bloomberg, China está a punto de recortar las tarifas a los carros estadunidenses de 40 por ciento a 15 por ciento, lo cual es una sonada concesión de Pekín (https://bloom.bg/2zSMiYH), y quizá constituya un quid pro quo para la liberación de la princesa china.
Ha quedado claro que lo que está en juego es el liderazgo azorante de Huawei en el mercado 5G donde casi mil 200 millones de personas en el mundo operarán sus redes en 2025, con 30 por ciento proveniente de China que se posicionará como el mayor mercado 5G del mundo, en la nueva era de la economía digital.Ya en 2017 se calcula(ba) su valor en casi 4 billones de dólares, equivalente a la tercera parte del PIB de China (http://bit.ly/2zSlebU).
El portal chino Global Times considera que la persecución de la anglósfera y sus 5 ojos espías –EU/Canadá/Gran Bretaña/Australia/Nueva Zelanda–, a quienes se ha sumado Japón, tendrá efectos negativos sobre Qualcomm, Microsoft e Intel debido a que Huawei es el mayor proveedor del equipo 5G en el mundo.
Nada veladamente Global Times amenaza de que también China puede restringir a las trasnacionales de EU de entrar al mercado chino.
A mi juicio, la verdadera batalla del 5G será librada en Europa (500millones de habitantes), hoy fracturada, e India (más de mil 300 millones de habitantes). Es curioso que la guerra digital por el alma del 5G se haya vuelto también demográfica.
Un editorial del Global Times fustiga que EU y Canadá corren el riesgo de abrir una caja de Pandora y aduce que la detención de Meng es susceptible de provocar un impacto fatal (sic) en el orden global comercial (http://bit.ly/2zRi0Wg).
A mi juicio, China en forma prudente no ha tomado aún represalias deteniendo en forma absurda a los empresarios de las trasnacionales de EU que obtienen la mayor parte de sus ganancias en Pekín (http://bit.ly/2zU5yVv) y quienes no están de acuerdo con la guerra comercial de Trump ni en su forma tan rupestre de negociar.
Facebook: AlfredoJalife

México SA ; Carlos Fernández-Vega

Impuestos y corporativos: ¡al abordaje!
Privilegios fiscales a grandes consorcios 

De lo bien que ha funcionado la reforma fiscal presentada por la dupla Peña Nieto-Videgaray, y lo mejor que resultó el apotegma que le dio sustento: pagarán más quienes ganen más, da cuenta la siguiente información, publicada el lunes anterior en La Jornada (Israel Rodríguez):
Sólo nueve grandes corporativos que cotizan en la Bolsa Mexicana de Valores (BMV) concentraron el año pasado 81 mil 70 millones 700 mil pesos en impuestos diferidos, facilidad que otorga la ley para postergar el pago de contribuciones, pese a que en conjunto reportaron ventas por 2 billones 958 mil millones de pesos, cifra equivalente a 52 por ciento del Presupuesto de Egresos de la Federación para 2019, que se estima alcanzará 5.6 billones de pesos. El monto de contribuciones diferidas el año pasado es ligeramente inferior a los recursos destinados a salud hasta el tercer trimestre de este año, cuando alcanzaron 89 mil 471. 5 millones de pesos.
Queda claro que quienes ganan más cada vez pagan menos impuestos, amparados en los compadrazgos políticos, el intercambio de favores y las aportaciones empresariales a las campañas políticas, círculo que no sólo ha dañado en particular al erario y a la economía mexicana en su conjunto, sino al sano desarrollo de la democracia en México. ¿Qué grupos empresariales se beneficiaron con la generosa política de impuestos diferidos? No hay que rascar mucho: son los mismos de siempre, que han gozado de todos los apoyos y canonjías otorgadas por, cuando menos, los seis gobiernos neoliberales (cuatro priístas, dos panistas).
En la relación de consorcios están Grupo México, propiedad del tóxico empresario Germán Larrea; América Móvil y Grupo Carso, propiedad del hombre más rico de México, Carlos Slim; Fomento Económico Mexicano (Femsa), que preside José Antonio Fernández, El Diablo; Walmart, subsidiaria de la trasnacional estadunidense del mismo nombre, que acapara el mercado de las tiendas de autoservicio; Bimbo, de la siempre pía familia Servitge, defensora a ultranza del pederasta Marcial Maciel, así como Kimberly Clark, con el chile de todos los moles empresariales a la cabeza, es decir, el cínico Claudio X. González. En el reporte referido no aparece la banca, pero durante largos años la que opera en el país gozó del privilegio de los impuestos diferidos, a pesar de las voluminosas cuan crecientes utilidades netas que obtiene en el mercado mexicano, mientras el gobierno y los barones del dinero tuvieron la cortesía de cargar a los mexicanos la factura del rescate bancario de 1995 (Fobaproa), el cual, dicho sea de paso, desde entonces no han dejado de pagar y de todas formas a estas alturas registra un saldo cercano a un billón de pesos.
Espeluznante información de lo que sucede en el ámbito tributario, aunque no es la excepción sino la regla. Por ejemplo, en noviembre de 2009 (año de anorexia fiscal, según calificativo del entonces secretario de Hacienda, Agustín Carstens) en este espacio se denunció que al cierre del tercer trimestre 60 corporativos que cotizan en la Bolsa Mexicana de Valores reportaron impuestos diferidos (causados, pero no enterados) por 232 mil millones de pesos.En aquel entonces los nombres de empresas y empresarios beneficiados con dichas prácticas fiscales resultaron ser los mismos que hoy se denuncian, todos ellos pertenecientes al selecto grupo que a lo largo de 36 años hicieron de México su negocio particular. Y, sí, antes como ahora el cínico de Claudio X. González Laporte dice: ¡presente!
Las rebanadas del pastel:
De la lectoría y el siempre eficiente Poder Judicial del país: estoy involucrada en un juicio que lleva más de nueve años y ha costado sólo en abogados más de un millón de pesos. Los jueces no revisan los expedientes, siempre tienen permisos por diversas causas y en ocasiones se venden a quien paga por una resolución favorable. Para acabar pronto: en México no hay justicia (María Elena Castro, marielcastro2000@yahoo.com)
Twitter: @cafevega

El peligro de la laicidad sumisa



Todo principio jurídico y político con el paso de los años puede cambiar o ajustarse a los nuevos signos de los tiempos. Tal parece que la concepción de la laicidad que ha caracterizado la identidad del Estado moderno mexicano desde Benito Juárez sufre en los hechos cambios y ajustes. Los sectores católicos conservadores demandan mayores espacios en la irrupción de la Iglesia en la vida pública del país. Apela a una laicidad positiva y mayor libertad religiosa. En Francia esa misma derecha demanda políticamente que el Estado haga valer el laicismo histórico para inhibir los signos musulmanes de vestimenta, porque son religiosos, como la burka o el nicab propio de los migrantes en las escuelas y espacios públicos. La laicidad se vuelve de conveniencia, sujeta a los intereses de los actores sean religiosos o seculares. En México, hasta hace unos años, la laicidad sufría la presión de los grupos católicos que demandaban mayor capacidad de incidencia en la esfera pública. Sin embargo, el pragmatismo de la clase política mexicana se convirtió en un nuevo factor de amenaza. Con el fin de legitimarse políticos y candidatos se imbrican con lo religioso para otorgarse plausibilidad ante la ciudadanía o ante el elector. Tal impostura es observada en los casos de Emilio González, ex gobernador de Jalisco, con arrebatos etílicos se enmascaraba de cristero ante el cardenal Juan Sandoval Íñiguez. O Javier Duarte y César Duarte, gobernadores en su momento de Veracruz y Chihuahua, respectivamente, encomendaron su gestión, persona y la propia entidad al Sagrado Corazón de Jesús y a la Inmaculada Virgen María. En magnas ceremonias litúrgicas, ambos gobernantes corruptos se llenaron de misticismo y piedad ante la mirada atónita de la feligresía y complacencia de los obispos locales.
Hay muchos otros ejemplos; sin embargo, destaca que en las campañas presidenciales de 2018 se mostró un fenómeno intempestivo: la notable irrupción de lo religioso en los discursos y actitudes políticas de los candidatos. Como nunca, los contendientes presidenciales hicieron propia la agenda moral y religiosa de la Iglesia católica y de algunas iglesias evangélicas. Los candidatos mostraron apegos conservadores a los valores religiosos y fueron conciliadores con la derecha religiosa e incluso la pentecostal.
Ello nos lleva a una primera constatación. La amenaza al carácter laico del Estado no proviene sólo de los actores políticos, sino también de una clase política ávida de probidad social. Dicho fenómeno no debe sorprendernos del todo, si se tiene en cuenta la irrupción política en América Latina de un tipo de evangelismo político de corte neofundamentalista. Dicha irrupción ha sido política electoral de gran impacto en casi todos los países de América Central, pero igual en Colombia, Chile y, por supuesto, Brasil. Jair Bolsonaro ganó bajo la consigna: Primero Brasil, pero ante todo Dios. El intento del Partido Encuentro Social (PES) en México fue paradójico, pues los evangélicos votaron por Andrés Manuel López Obrador (AMLO), pero no por el partido evangélico. El PES tiene una nutrida representación legislativa en las dos cámaras, pero no alcanzó su registro.
AMLO como candidato, tuvo las mayores alusiones y metáforas religiosas en su campaña.
Ésta empezó justo el 12 de diciembre, el día de la Morena, para registrar su candidatura. Sus alegorías religiosas se convierten en prédicas acerca de la moral de la política. El político tabasqueño lamentaba la ruptura entre los principios y el ejercicio del poder en la política. Sus malquerientes lo califican de redentor o mesías tropical, término acuñado por el historiador Enrique Krauze. Pese a las críticas, AMLO proclama llevar la imagen de la Virgen en su cartera para que lo cuide; sin embargo, ante el acuerdo electoral con el PES, AMLO ofreció organizar encuentros ecuménicos e interreligiosos, así como reuniones con creyentes y no creyentes. Ante la militancia pesista, prometió la elaboración de una constitución moral para auspiciar una nueva corriente de pensamiento político, que promueva un paradigma moral de amor a la familia, al prójimo, a la naturaleza ­y a la patria.
En este trance hay un peligro, como admitir que la sociedad deba construirse sobre los valores religiosos de las iglesias. ¿Se reconfesionaliza la clase política?, ¿habrá que redefinir la laicidad mexicana? Se entiende la preocupación de AMLO por el alejamiento entre moral y política, por el divorcio entre la ética y el ejercicio del poder. Pero, los riesgos son evidentes, la normativización moral del Estado y de sus leyes, acordes con determinada concepción de la religión sobre la moral y el derecho. Esto constituye una modalidad de fundamentalismo ético-religioso con implicaciones políticas heredada de los integrismos tradicionales. Mientras se pensaba que el secularismo de las sociedades modernas reubicaría a la religión en un lugar menos central de la cultura, las iglesias, en especial las pentecostales en América Latina, irrumpen contundentemente en la plaza pública con la fuerza de un voto obediente y disciplinado. La laicidad se vuelve sumisa ante los intereses pragmáticos de los actores políticos y religiosos.