11/21/2026

‘Nosotros, los pueblos’: la ONU necesita una líder para la gente, no para las superpotencias

 Este es un artículo de opinión de Mandeep S. Tiwana, secretario general de Civicus, la alianza mundial de la sociedad civil, y su representante ante la ONU en Nueva York.

La costarricense Rebeca Grynspan lidera hasta ahora la carrera para suceder al portugués António Guterres, como la primera mujer secretaria general de la ONU. En la imagen, ambos juntos. Imagen: ONU

Mandeep S.Tiwana

NUEVA YORK – Por primera vez en la historia, una mujer latinoamericana encabeza la carrera para ocupar la Secretaría General de las Naciones Unidas. Tras más de ocho décadas de liderazgo exclusivamente masculino, cobra fuerza el impulso para romper el techo de cristal en el organismo internacional creado para librar a las generaciones venideras del flagelo de la guerra.

Sin embargo, salir del festejo superficial de la representación obliga a afrontar una paradoja evidente: llegar al cargo más alto de la diplomacia global corre el riesgo de heredar un cascarón vacío, atrapado en un multilateralismo en caída libre y sin margen real frente al veto de las grandes potencias.

La próxima persona al frente de la secretaría general presidirá una ONU fragmentada y sumida en una de sus pruebas más difíciles. Rusia y Estados Unidos, que como miembros permanentes del Consejo de Seguridad deberían velar por el mantenimiento de la paz y la seguridad internacionales, vulneran de forma abierta la prohibición de agresión recogida en la Carta fundacional y torpedean la labor de la justicia penal internacional.

El autor, Mandeep S. Tiwana

Mientras tanto, las grandes potencias continúan utilizando su derecho de veto como escudo para la impunidad en conflictos devastadores. Y, al mismo tiempo, la organización arrastra una asfixia presupuestaria sin precedentes ante un retroceso global de libertades civiles, derechos humanos y compromisos climáticos que no admite más dilaciones.

En este contexto de parálisis, la ONU no necesita una burócrata plegada a los designios de los Estados, sino una figura capaz de romper moldes. Quien asuma la secretaría general debe buscar su legitimidad en la representación de las necesidades y anhelos de más de 8000 millones de personas en todo el mundo, aplicando los principios del liderazgo feminista: escucha activa, valentía, búsqueda de consensos y empatía con las víctimas de los abusos.

Como recordó en 1960 el entonces secretario general de la ONU, Dag Hammarskjöld, ante la Asamblea General – cuando el líder de la Unión Soviética, Nikita Jrushchov, exigió su renuncia –, no son las grandes potencias las que necesitan la protección de la ONU, “sino todos los demás”. Décadas después, en 2004, Kofi Annan demostró esa misma independencia al calificar de ilegal la invasión estadounidense de Irak en una abierta desautorización a Washington.

Para blindar esa valentía frente al chantaje de los países más poderosos, resulta imprescindible plantear dos reformas operativas inmediatas que nuestra alianza global recoge directamente del debate con miles de organizaciones de base.

En primer lugar, la próxima secretaria general debe comprometerse formalmente a ejercer un único mandato voluntario. Esta decisión permitiría liquidar de entrada la cautela excesiva ante las potencias durante el primer periodo de gestión y disipar la tentación de moderar posturas con el afán de asegurarse la reelección.

Los miembros permanentes del Consejo de Seguridad ya han demostrado que utilizan su derecho de veto para bloquear las renovaciones de quienes no se someten a sus intereses: en 1996, Butros Butros-Ghali se quedó sin un segundo mandato por el veto explícito de Estados Unidos. Renunciar a la reelección es la única garantía para actuar sin miedo a represalias diplomáticas.

En segundo lugar, la nueva dirección debe reconectar el organismo con la realidad de las calles nombrando, en sus primeros 100 días, a una persona como enviada especial para la sociedad civil.

Hoy el espacio cívico está cercado: solo 75 de los 193 Estados miembros, que representan apenas 7 % de la población mundial, respetan las libertades de asociación, expresión y manifestación pacífica.

Esta enviada especial no puede ser un gesto decorativo; debe tener el mandato expreso de meter en las salas de decisión a los movimientos que hoy enfrentan la represión en el Sur global, visibilizar las represalias contra los activistas que colaboran con la organización y denunciar el veto injustificado de ciertos gobiernos a las oenegés que intentan participar en los trabajos del organismo.

Desde su fundación en 1945 sobre las ruinas de la guerra, los pueblos oprimidos han visto en la ONU la conciencia moral del mundo.

En la segunda mitad del siglo XX, a través de líderes como U Thant, la organización abanderó las aspiraciones de autodeterminación y dignidad de las poblaciones discriminadas y colonizadas.

Durante la crisis de los misiles de Cuba, a comienzos de los años 60, el propio U Thant mantuvo abiertos los canales diplomáticos con Estados Unidos y la Unión Soviética, propuso una tregua que alejó al mundo del abismo nuclear y convenció al líder cubano Fidel Castro para frenar la escalada.

Del mismo modo, Hammarskjöld ideó las operaciones de mantenimiento de la paz (los cascos azules) durante la crisis del canal de Suez en 1956, yendo más allá de lo previsto en la Carta, y Annan transformó las dolorosas lecciones de Ruanda y Srebrenica en el principio de la responsabilidad de proteger.

Quien aspire a ser la primera mujer al frente de las Naciones Unidas no puede limitarse a administrar una diplomacia de contención. Su liderazgo debe ser audaz, imaginativo y sin miedo al fracaso, dando voz prioritaria a la juventud y a los sectores históricamente excluidos.

Para recuperar la legitimidad perdida y situar de nuevo a “Nosotros, los pueblos” en el centro del sistema internacional, la próxima secretaría general necesitará determinación ética y la audacia necesaria para desafiar las ataduras del Consejo de Seguridad.

25N: la historia detrás del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres

 

Su origen está ligado a la historia de tres mujeres dominicanas que fueron asesinadas por oponerse a una dictadura: Patria, Minerva y María Teresa Mirabal. Su muerte no solo marcó la historia política de República Dominicana, también se convirtió en un símbolo de resistencia frente a la violencia ejercida contra las mujeres.

Aunque la Organización de las Naciones Unidas (ONU) reconoció oficialmente esta conmemoración en 1999, las mujeres activistas ya utilizaban el 25 de noviembre como una fecha de denuncia desde 1981.

¿Por qué se conmemora el 25 de noviembre?

El 25 de noviembre de 1960, las hermanas Patria, Minerva y María Teresa Mirabal fueron asesinadas en República Dominicana por órdenes del dictador Rafael Leónidas Trujillo, quien gobernó el país entre 1930 y 1961.

Las tres mujeres participaban en movimientos de oposición al régimen y eran conocidas por su activismo político. También fueron identificadas con el nombre de «Las Mariposas», seudónimo utilizado en sus actividades de resistencia.

Su asesinato ocurrió cuando regresaban de visitar a sus esposos, quienes estaban encarcelados por motivos políticos. Fueron interceptadas por agentes del régimen, golpeadas y asesinadas. Posteriormente, sus cuerpos fueron colocados en el vehículo en el que viajaban para simular un accidente.

La violencia ejercida contra ellas no logró silenciar su lucha. Por el contrario, sus asesinatos se convirtieron en un símbolo de resistencia frente a la dictadura y contribuyeron a fortalecer el rechazo social al régimen de Trujillo.

En memoria de las tres hermanas, el movimiento feminista retomó el 25 de noviembre como una fecha para denunciar la violencia contra las mujeres y exigir su eliminación.

El origen feminista del 25N en América Latina

Aunque actualmente es una conmemoración internacional, el 25N nació como una iniciativa impulsada por mujeres feministas de América Latina y el Caribe.

En 1981, durante el Primer Encuentro Feminista Latinoamericano y del Caribe, realizado en Bogotá, Colombia, activistas de distintos países acordaron reconocer el 25 de noviembre como el Día de la No Violencia contra las Mujeres, en homenaje a las hermanas Mirabal.

La decisión permitió construir una fecha común para visibilizar las distintas expresiones de violencia que enfrentaban las mujeres, así como fortalecer las demandas de los movimientos feministas de la región.

A partir de entonces, cada año organizaciones y colectivas comenzaron a realizar actividades, movilizaciones y acciones de denuncia para exigir el reconocimiento de la violencia contra las mujeres como una violación a sus derechos humanos.

¿Cuándo reconoció la ONU el 25N?

El reconocimiento internacional llegó el 17 de diciembre de 1999, cuando la Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó la resolución 54/134, mediante la cual designó el 25 de noviembre como el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer.

La resolución invitó a los gobiernos, organismos internacionales y organizaciones de la sociedad civil a organizar actividades para sensibilizar a la población sobre la violencia contra las mujeres.

Este reconocimiento estuvo precedido por otros avances internacionales. En 1979, la ONU adoptó la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW), mientras que en 1993 aprobó la Declaración sobre la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, que reconoció la violencia basada en el género como una problemática que vulnera los derechos humanos.

Con estos instrumentos, la violencia contra las mujeres dejó de entenderse únicamente como un asunto privado y se reconoció la responsabilidad de los Estados de prevenirla, atenderla y erradicarla.

¿Qué significa el 25N y por qué sigue siendo importante?

El Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres no es únicamente una fecha conmemorativa. También representa una oportunidad para visibilizar las violencias que persisten en los espacios públicos y privados, exigir justicia para las víctimas y recordar las obligaciones de los Estados.

La violencia contra las mujeres puede manifestarse de distintas maneras: física, psicológica, sexual, económica, patrimonial y digital, entre otras. También puede presentarse en el ámbito familiar, comunitario, laboral, político e institucional.

Por ello, cada 25 de noviembre, las movilizaciones feministas colocan en el espacio público las demandas de justicia, acceso a una vida libre de violencia, prevención de las agresiones y garantías para que mujeres y niñas puedan ejercer sus derechos.

La fecha también marca el inicio de los 16 Días de Activismo contra la Violencia de Género, una campaña internacional que concluye el 10 de diciembre, Día de los Derechos Humanos.

A más de seis décadas del asesinato de las hermanas Mirabal y más de cuatro décadas de que el movimiento feminista latinoamericano eligiera esta fecha, el 25N mantiene su sentido original: recordar a quienes fueron víctimas de la violencia, denunciar las desigualdades que la sostienen y exigir acciones para erradicarla.

Marcha del 25N en CDMX: esta es la ruta y el horario de la movilización feminista

 

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El próximo miércoles 25 de noviembre, mujeres y colectivas feministas tomarán las calles de la Ciudad de México para conmemorar el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres. La movilización busca visibilizar las distintas formas de violencia machista y exigir justicia frente a los feminicidios, las desapariciones y la impunidad.

La convocatoria fue difundida por la Coordinación 8M, que llamó a participar bajo la consigna «¡Paramos, marchamos y nos organizamos!». La concentración tendrá lugar en la Glorieta de las Mujeres que Luchan, sobre Paseo de la Reforma.

De acuerdo con la información de la convocatoria, las participantes comenzarán a reunirse a las 15:30 horas y los contingentes saldrán a las 16:00 horas con dirección al Zócalo capitalino.

¿Cuál será la ruta de la marcha del 25N en CDMX?

La movilización recorrerá algunas de las principales avenidas de la capital. El trayecto contempla los siguientes puntos:

  • Punto de reunión: Glorieta de las Mujeres que Luchan.
  • Concentración: 15:30 horas.
  • Salida de los contingentes: 16:00 horas.
  • Ruta: Paseo de la Reforma, avenida Juárez y 5 de Mayo.
  • Destino: Zócalo de la Ciudad de México.

¿Qué exigirán las mujeres durante la movilización?

La Coordinación 8M planteó una agenda de demandas que coloca en el centro la violencia feminicida, el acceso a la justicia y el derecho de las mujeres a manifestarse sin sufrir criminalización.

Entre las principales exigencias se encuentra tipificar el feminicidio en grado de tentativa, así como detener la criminalización de las colectivas y de quienes participan en movilizaciones sociales.

También se contempla la defensa de los derechos reproductivos, el respaldo a madres buscadoras y familiares de personas desaparecidas, además de un posicionamiento contra las distintas expresiones de violencia de género.

25N: una fecha para exigir una vida libre de violencia

El Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres se conmemora cada 25 de noviembre. La fecha fue establecida oficialmente por la Asamblea General de las Naciones Unidas en 1999, en memoria de Patria, Minerva y María Teresa Mirabal, tres hermanas dominicanas asesinadas el 25 de noviembre de 1960 por órdenes del dictador Rafael Leónidas Trujillo.

Las hermanas Mirabal, conocidas como «Las Mariposas», fueron perseguidas por su oposición a la dictadura y su participación política. Su asesinato se convirtió en un símbolo de la resistencia de las mujeres frente a la violencia y la represión.

En México, la necesidad de erradicar estas agresiones continúa siendo urgente. La Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares (ENDIREH) 2021, del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), reportó que 70.1 por ciento de las mujeres de 15 años y más había experimentado al menos un incidente de violencia a lo largo de su vida.

El 25N también marca el inicio de los 16 Días de Activismo contra la Violencia de Género, una campaña internacional que concluye el 10 de diciembre, Día de los Derechos Humanos.

Cómo me voy y cómo regreso

 Escrito por Cirenia Celestino Ortega 

El pasado jueves la Universidad Autónoma de la Ciudad de México reconoció y rindió un homenaje a la Dra. Marcela Lagarde y de los Ríos, ella por la que cientos de feministas contemporáneas nos definimos “lagardianas” como una manera de reafirmar nuestra ética “por la vida y la libertad de las mujeres”.

Marcela ha sido clave para comprender aquello que sustenta la violencia contra las mujeres. Su investigación de vida sobre las opresiones y las características de la violencia contra las mujeres permitieron conceptualizar y tipificar la violencia contra las mujeres y las niñas y concretar una Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. 

La violencia contra las mujeres no solo está naturalizada, a través de distintas estrategias se promueven ideologías que pretenden instaurar la desigualdad como un argumento valido para la toma decisiones en las que impera la violencia. 

En redes sociales, particularmente en Tik Tok, se han hecho populares contenidos de mujeres jóvenes, algunas de ellas muy jóvenes, que comparten cómo transcurre su día dedicándose a la prostitución “cómo me voy y cómo vuelvo”.

En una pequeña habitación, muchas de ellas en obra negra o poco amueblada, las creadoras de contenido muestran en videos breves y virales cómo salen de sus casas con su cartera vacía, además de mostrar la ropa que usarán durante esa noche, chicles y labiales que las acompañarán.

El video concluye grabando su regreso por las mañanas y muestran los billetes en su cartera. Sus rostros despintados y cuerpos cansados. Los videos no muestran más. 

Disfrazada de una decisión autónoma, las mujeres no profundizan sobre sus razones para dedicarse a esa actividad. 

Lo claro es que cuando las mujeres no tenemos propiedades, solo nos queda ser dueñas de nuestro propio cuerpo y mercantilizar con él. Así que, frente a la precarización y falta de oportunidades sumada a una falsa libertad sexual, nos venden la idea de poder vender nuestro cuerpo para el gozo y consumo masculino, dando legitimidad a formas de explotación como la prostitución, la pornografía, o los vientres de alquiler.

Para Lagarde, a las mujeres se les impide el acceso a bienes y recursos sólo se permite su actuación funcional como objetos sexuales “en la pornografía, la prostitución y el trabajo forzado, que implican el tráfico de mujeres y su esclavitud, desvirtuados por la falsa ideología que valora la condición de objeto, la cosificación, como la realización de la libertad”.

La Dra. Rosa Cobo Bedia, es clara al describir los sistemas de dominación, que buscan individualizar las decisiones de las mujeres para que parezca decisiones libres, aunque estén limitadas por el contexto 

Para Cobo, las mujeres no somos libres: “El punto de partida es la igualdad, el punto de llegada es la libertad”.

Mientras no vivamos en condiciones de igualdad nuestras elecciones están enmarcadas en los pocos recursos que tenemos para elegir. “No existe libertad si la gente no tiene los recursos para poder comer, donde vivir, para tener la sexualidad con quien desea”.

Cobo concluye: “El cuerpo es sagrado y el cuerpo soy yo”. Las decisiones deben darse en un margen de voluntad, de deseo y en un contexto favorable en el que las mujeres tengan opciones, información, herramientas y capacidad para decidir.

Marcela es firme:

«Es indispensable nuestro rechazo frontal a todas las formas de cosificación humana: la trata y el tráfico de personas, en particular de niñas y mujeres; el trabajo esclavo y servil; la prostitución y la pornografía, así como todas las formas de dominación y violencia”.

La construcción de la erotización de las mujeres debe humanizarse, ser para las humanas como Marcela nos reconoce.

“La humanización femenina implica la redefinición de la experiencia erótica de las mujeres y con ello de los cuerpos femeninos, como sujetas en completud, cuyo potencial erótico requiere la igualdad con las otras y los otros, y la integridad de sus personas para realizarse, así como del placer y el goce sin peligro.”

Por eso, el consentimiento no puede ser la forma de acreditar si se comete o no violencia contra las mujeres, porque las relaciones de opresión, así como la naturalización de la violencia, aunadas a los recursos con los que cuentan las mujeres, determinan sus decisiones. Estas no se toman en libertad, sino que están marcadas por las carencias y el aprendizaje de la propia violencia.

Aspiramos a que «el cómo me voy y cómo vuelvo» esté acompañado de opciones reales para que todas las mujeres puedan elegir y ejercer el proyecto de vida que desean construir. 

La perspectiva de género comienza en casa

 

Esta fecha también debería invitarnos a hacernos una pregunta incómoda pero necesaria: ¿qué tan preparadas estamos las organizaciones y los equipos de trabajo para defender los derechos de las mujeres desde una perspectiva de género?

Hablar de mujeres migrantes es hablar de experiencias diversas. No todas migran por las mismas razones, ni enfrentan las mismas dificultades. La nacionalidad, la edad, el origen étnico, la situación económica, la maternidad, la orientación sexual, la identidad de género y la situación migratoria pueden influir profundamente en las oportunidades, los riesgos y las formas de violencia que enfrentan durante sus procesos migratorios.

Por eso, no basta con reconocer que las mujeres migran o que necesitan protección. Es necesario comprender cómo las desigualdades de género se cruzan con otras formas de discriminación y cómo estas condiciones pueden limitar su acceso a la salud, a la vivienda, al trabajo, a la justicia y, sobre todo, a una vida libre de violencia.

En este escenario, la perspectiva de género no puede ser un concepto que solamente aparezca en los proyectos, los informes o los discursos institucionales. Tiene que estar presente en la manera en que trabajamos, tomamos decisiones, construimos estrategias y nos relacionamos con las personas que acompañamos.

Y esto comienza en casa, por reconocer que los equipos de defensa de derechos tampoco están fuera de las estructuras sociales que reproducen las desigualdades. Quienes trabajamos en organizaciones de la sociedad civil, instituciones, colectivas y espacios de acompañamiento podemos tener las mejores intenciones, pero eso no significa que estemos libres de prejuicios, prácticas paternalistas o relaciones de poder. 

No podemos promover espacios libres de violencia mientras normalizamos el desgaste, la sobrecarga de trabajo, las desigualdades en la distribución de responsabilidades o la falta de reconocimiento de quienes sostienen cotidianamente las tareas de cuidado y acompañamiento.

Defender los derechos de las mujeres migrantes requiere equipos que sepan escuchar, que comprendan las diferencias culturales, que eviten la revictimización y que tengan herramientas para identificar las distintas expresiones de violencia y discriminación. Pero también requiere organizaciones que cuiden a quienes realizan esta labor, que reconozcan sus límites y que construyan mecanismos colectivos para prevenir el agotamiento y atender los riesgos que implica defender derechos humanos.

Muchas mujeres que acompañamos a otras en sus procesos de búsqueda de justicia también enfrentamos racismo, xenofobia, precariedad laboral, y amenazas. Es decir, quienes defendemos derechos podemos estar expuestas a las mismas vulneraciones que buscamos combatir. Por eso, no podemos pensar en la protección de las migrantes sin pensar también en la seguridad, la autonomía y el bienestar de las defensoras que trabajamos con ellas.

El desafío es pasar de una perspectiva de género entendida como un discurso a una perspectiva de género que transforme nuestras prácticas. Esto supone construir equipos diversos, promover liderazgos de mujeres migrantes, generar espacios de formación permanente, establecer protocolos de atención y protección, distribuir de manera más justa las responsabilidades y reconocer que ninguna intervención será verdaderamente integral si no considera las distintas realidades de las personas.

En este Día Internacional de las Defensoras de Derechos Humanos cuestionemos las condiciones en las que realizamos nuestro trabajo.

No basta con aplaudir nuestro compromiso, valentía o capacidad de resistencia, es necesario generar condiciones para que podamos ejercer nuestra labor con dignidad, seguridad y autonomía, y para lograrlo, también necesitamos revisar nuestras propias prácticas.

No podemos aspirar a transformar las desigualdades que viven las mujeres migrantes si no estamos dispuestas a transformar nuestra prácticas como equipos y organizaciones defensoras de derechos humanos.

Ley Tereza lleva al Congreso federal la violencia vicaria detrás de los pasaportes

 

La negativa de un padre a firmar un documento puede convertirse en una herramienta de control sobre la vida de una mujer y sus hijas e hijos. Esta es una de las problemáticas que busca atender la llamada Ley Tereza, una iniciativa surgida en Guerrero a partir de la historia de Tereza Nava Alfaro, maestra y activista que ha enfrentado obstáculos para obtener el pasaporte de su hija.

La propuesta legislativa busca impedir que la patria potestad y los procedimientos administrativos sean utilizados para prolongar situaciones de violencia vicaria, particularmente cuando un progenitor obstaculiza injustificadamente la expedición de documentos oficiales y limita las oportunidades de desarrollo de sus hijas e hijos.

El 11 de noviembre de 2026, el Pleno del Congreso de Guerrero aprobó remitir al Congreso de la Unión una iniciativa de reforma a la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, presentada por la diputada Marisol Bazán Fernández, de Morena.

Con esta decisión, la propuesta pasó del ámbito estatal al federal, donde deberá ser recibida, turnada a comisiones, analizada y, en su caso, aprobada para que pueda convertirse en una modificación legal.

La historia de Tereza Nava dio origen a la iniciativa

La Ley Tereza toma su nombre de Tereza Nava Alfaro, originaria de Ahuacuotzingo, Guerrero, quien ha denunciado los obstáculos que ha enfrentado para obtener el pasaporte de su hija debido a la negativa del padre a autorizar el trámite.

De acuerdo con los testimonios difundidos durante la presentación de la iniciativa, esta situación se ha prolongado durante años y le ha impedido aceptar oportunidades de formación académica en el extranjero. La activista relató que, pese a contar con la custodia de su hija, la falta de autorización paterna ha limitado sus posibilidades de viajar con ella.

Su experiencia permitió visibilizar cómo la negativa de un progenitor a cumplir con un trámite puede trascender el ámbito administrativo y convertirse en un mecanismo de violencia que afecta tanto a las mujeres como a las infancias.

A partir de este caso, la diputada Marisol Bazán impulsó una propuesta para modificar distintas disposiciones federales y evitar que la falta de consentimiento de un progenitor sea utilizada para restringir derechos cuando existan condiciones de violencia o incumplimiento de obligaciones parentales.

La iniciativa fue presentada ante el Congreso de Guerrero en abril de 2026 y turnada a comisiones para su análisis.

¿Qué propone la Ley Tereza contra la violencia vicaria?

Uno de los objetivos centrales es incorporar a la legislación sobre acceso de las mujeres a una vida libre de violencia la obstaculización injustificada de trámites para obtener pasaportes de hijas e hijos cuando esta conducta se utilice como mecanismo de control o afectación hacia las mujeres.

Al fundamentar el dictamen aprobado en noviembre, la diputada Leticia Mosso Hernández, presidenta de la Comisión para la Igualdad de Género, señaló que existen mecanismos legales y administrativos basados en hechos falsos o inexistentes que pueden obstaculizar derechos relacionados con la guarda y custodia, la convivencia familiar y la expedición de documentos oficiales.

También advirtió que estas prácticas pueden generar afectaciones emocionales y psicológicas, además de prolongar situaciones de control sobre las mujeres.

La propuesta busca que la protección frente a la violencia vicaria se armonice con el interés superior de niñas, niños y adolescentes, particularmente en el ejercicio de sus derechos a la identidad, movilidad, educación, convivencia familiar y desarrollo integral.

Esto implica que las autoridades puedan analizar las circunstancias particulares de cada caso, sin que la autorización de ambos progenitores se convierta automáticamente en una barrera para el ejercicio de los derechos de las infancias.

De Guerrero al Congreso de la Unión

El 22 de abril de 2026, el Congreso de Guerrero registró la iniciativa de Marisol Bazán, que contemplaba reformas a la Ley de Migración, la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes y el Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares.

La propuesta fue turnada a las comisiones correspondientes para su revisión. Meses después, el 11 de noviembre, el Pleno aprobó remitir al Congreso de la Unión una iniciativa de reforma a la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, con el propósito de incorporar la obstaculización del trámite y emisión de pasaportes como supuesto de violencia vicaria.

La decisión abre una nueva etapa para la propuesta, pues corresponderá al Poder Legislativo federal analizar su contenido y determinar si procede la modificación legal.

La historia de Tereza Nava y su hija coloca sobre la mesa una discusión que va más allá de un documento de identidad: el uso de los derechos parentales y de los procedimientos administrativos como mecanismos de control sobre las mujeres, así como la necesidad de que las autoridades garanticen que las infancias no vean limitado su desarrollo por estas prácticas.

Nuevo León cumple 10 años con Alerta de Género y sin rendición de cuentas

 

A una década de la declaratoria de Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres (AVGM) en cinco municipios de Nuevo León, organizaciones feministas denuncian la falta de evaluaciones, transparencia y seguimiento institucional de las medidas para prevenir y atender la violencia contra las mujeres.

Arthemisas por la Equidad, A.C. y el Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio (OCNF) señalaron que, pese a los avances legales e institucionales impulsados desde su implementación, las autoridades mantienen pendientes en la evaluación de resultados y la rendición de cuentas.

La declaratoria, emitida el 18 de noviembre de 2016, comprende los municipios de Apodaca, Cadereyta Jiménez, Guadalupe, Juárez y Monterrey. Sin embargo, las organizaciones advirtieron que el último informe del gobierno estatal sobre el cumplimiento de las medidas tiene fecha del 29 de septiembre de 2021.

Además, el dictamen semestral correspondiente fue aprobado por el Grupo Interinstitucional y Multidisciplinario (GIM), coordinado por la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (CONAVIM), el 9 de junio de 2022. Desde entonces, no existe una actualización pública sobre los avances y resultados de las acciones implementadas.

Alerta de Género en Nuevo León acumula evaluaciones pendientes

En un pronunciamiento difundido el 17 de noviembre de 2026, Arthemisas por la Equidad y el OCNF señalaron que la falta de información impide conocer el estado actual de las medidas y evaluar si han contribuido a garantizar la seguridad y el acceso a la justicia para las mujeres.

Las organizaciones detallaron que, ante el incremento de la violencia de género y las preocupaciones sobre el cumplimiento de la declaratoria, el GIM solicitó analizar el contexto mediante visitas in situ a las instituciones responsables de prevenir, atender, investigar y sancionar la desaparición de mujeres.

El objetivo era actualizar y fortalecer las medidas de la Alerta, conforme al artículo 24 Quáter de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia.

No obstante, el informe sobre desaparición de mujeres, trabajado desde 2022, permanece sin publicarse. Tampoco se ha emitido el Sexto Dictamen del GIM, correspondiente al periodo de julio de 2021 a diciembre de 2024, pese a que existe un borrador.

A esto se suma que la última reunión del grupo se realizó en marzo de 2026, sin que se hayan difundido resultados sobre la situación actual de la Alerta.

Las organizaciones también señalaron la falta de continuidad del Gobierno Federal, a través de la Secretaría de las Mujeres, en el seguimiento de las evaluaciones realizadas a las autoridades estatales. Advirtieron que la ausencia de supervisión federal y de transparencia local debilita los mecanismos de rendición de cuentas y pone en riesgo la protección de las mujeres.

Organizaciones exigen resultados a diez años de la declaratoria

La Alerta de Violencia de Género en Nuevo León fue resultado de años de documentación y exigencia ciudadana. El 13 de enero de 2012, Arthemisas por la Equidad solicitó investigar el contexto de violencia feminicida en la entidad.

Sin embargo, después de recurrir al juicio de amparo, la declaratoria se emitió el 18 de noviembre de 2016, casi cinco años después de haber sido solicitada.

Durante esta década se impulsaron reformas legales, instituciones especializadas, protocolos de investigación y búsqueda, acciones de prevención y recursos etiquetados. Sin embargo, las organizaciones advirtieron que estos avances deben traducirse en protección efectiva, atención oportuna, órdenes de protección eficaces, investigaciones diligentes y reparación integral para las víctimas y sus familias.

Ante este escenario, Arthemisas por la Equidad y el OCNF plantearon seis exigencias a la Secretaría de las Mujeres, autoridades estatales y municipales, el Congreso de Nuevo León, el Poder Judicial y la Fiscalía General de Justicia:

  • Reactivar el seguimiento y la evaluación de la Alerta: emitir y publicar el Sexto Dictamen del GIM y garantizar evaluaciones continuas con resultados públicos y verificables.
  • Publicar el informe sobre desaparición de mujeres: divulgar el documento elaborado desde 2022 y realizar la evaluación correspondiente a 2025 y al primer semestre de 2026.
  • Garantizar el seguimiento federal: reanudar el acompañamiento y la supervisión de las evaluaciones al gobierno estatal.
  • Presentar un balance público: informar sobre el cumplimiento de cada medida, las evidencias, las autoridades responsables, el presupuesto ejercido y los plazos para atender los pendientes.
  • Fortalecer la protección y el acceso a la justicia: garantizar respuestas coordinadas, investigaciones diligentes y atención especializada, además de eliminar la revictimización y las omisiones institucionales.
  • Fortalecer la prevención y transformar las condiciones de desigualdad: impulsar acciones educativas y comunitarias permanentes, mejorar la seguridad de los espacios públicos y garantizar la participación de las mujeres y organizaciones en el seguimiento de la Alerta.

A diez años, persiste la exigencia de justicia para las mujeres

Las organizaciones recordaron a las mujeres, adolescentes y niñas víctimas de feminicidio y otras muertes violentas, así como a quienes permanecen desaparecidas, sus familias y las personas sobrevivientes.

También reconocieron la labor de las defensoras y organizaciones que acompañan las exigencias de justicia y protección.

Arthemisas por la Equidad y el OCNF sostuvieron que honrar la memoria de las víctimas implica exigir que ninguna omisión institucional quede sin respuesta y que las medidas de protección no se reduzcan a compromisos en el papel.

A diez años de la declaratoria, ambas organizaciones reiteraron que mantendrán sus labores de documentación, acompañamiento y vigilancia ciudadana hasta que las medidas y los recursos se traduzcan en garantías efectivas de protección, justicia y no repetición.

¿Quién es Clarice Phelps, la científica que hizo historia en la tabla periódica?

 

Clarice Phelps es una científica estadounidense que abrió camino para las mujeres afroamericanas en la investigación nuclear. Su participación en el proceso que permitió confirmar el descubrimiento del tenesino, un elemento químico identificado con el número 117 en la tabla periódica, la convirtió en la primera mujer afroamericana involucrada en el descubrimiento de un elemento químico.

Originaria de Estados Unidos, Phelps creció en Nashville, Tennessee, donde desde pequeña desarrolló interés por la ciencia. Durante su adolescencia encontró inspiración en la trayectoria de Mae Jemison, la primera mujer afroamericana en viajar al espacio, quien le permitió imaginar un futuro dentro de un campo en el que las mujeres negras tenían poca representación.

Su trayectoria profesional no estuvo exenta de obstáculos relacionados con el racismo, la desigualdad de género y las condiciones económicas. Sin embargo, continuó su formación académica y encontró en la química una oportunidad para desarrollar su carrera.

The groundbreaking research behind tennessine took place through a major international partnership between the United States and Russia. Nuclear scientist Clarice Phelps, a U.S. Navy nuclear power veteran, conducted her work at the Oak Ridge National Laboratory (ORNL) in… pic.twitter.com/TGdaTR7hn3— Dailyscienceinfo (@NatureScienceA1) November 16, 2026

¿Cuál fue la aportación de Clarice Phelps a la tabla periódica?

Phelps se incorporó en 2009 al Laboratorio Nacional de Oak Ridge (ORNL, por sus siglas en inglés), en Tennessee, donde comenzó a trabajar como técnica en operaciones nucleares.

Un año después se integró a un equipo de investigación que participó en la purificación del berkelio-249, un isótopo radiactivo que posteriormente fue utilizado en los experimentos que permitieron confirmar la existencia del elemento 117, conocido como tenesino.

Este trabajo formó parte de una colaboración científica internacional. El proceso de purificación del material fue fundamental para realizar los experimentos de fusión nuclear que dieron lugar a la identificación del nuevo elemento.

El tenesino es un elemento sintético y altamente radiactivo. Su incorporación a la tabla periódica representó un avance en la investigación sobre los elementos químicos superpesados.

La participación de Phelps fue reconocida por la comunidad científica debido a que se convirtió en la primera mujer afroamericana involucrada en el descubrimiento de un elemento químico. Su trabajo también permitió visibilizar las contribuciones de las mujeres afrodescendientes en áreas científicas donde históricamente han tenido menor representación.

De la Marina estadounidense a la investigación nuclear

Antes de consolidar su trayectoria en Oak Ridge, Phelps formó parte del Programa de Energía Nuclear de la Marina de Estados Unidos, donde trabajó durante cuatro años y medio a bordo del portaaviones USS Ronald Reagan.

Es egresada de la Universidad Estatal de Tennessee, donde estudió Química. Posteriormente obtuvo una maestría en Ingeniería Mecánica, con especialización en Ingeniería Nuclear y de Radiación, por la Universidad de Texas en Austin, y un doctorado en Ingeniería Nuclear por la Universidad de Tennessee.

A lo largo de su carrera también ha participado en investigaciones relacionadas con la separación y el procesamiento de elementos radiactivos utilizados en aplicaciones médicas, industriales y científicas.

En 2019, la Unión Internacional de Química Pura y Aplicada (IUPAC) la seleccionó para formar parte de la Tabla Periódica de Químicos Jóvenes, iniciativa que reconoció a 118 científicas y científicos por sus aportaciones a la química y su compromiso con la divulgación científica.

Además de su trabajo en investigación, Phelps ha impulsado actividades de divulgación y educación para acercar la ciencia a niñas, niños y jóvenes, particularmente a quienes pertenecen a comunidades con menor representación en las disciplinas STEM (ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas).

Su historia muestra que los descubrimientos científicos también son resultado del trabajo de personas cuyas contribuciones no siempre reciben la misma visibilidad. Al ocupar un lugar en la historia de la tabla periódica, Clarice Phelps también abrió una conversación sobre quiénes participan en la construcción del conocimiento científico y por qué es importante reconocer sus aportaciones.

#HagamosRed, la campaña que busca sostener las redes detrás del aborto seguro y la anticoncepción

 

El acceso al aborto seguro y a los métodos anticonceptivos no depende únicamente de los cambios en las leyes. Detrás de cada servicio de salud, de la información que reciben las personas y de los procesos de acompañamiento existe una red de profesionales, organizaciones y activistas que hace posible el ejercicio de los derechos sexuales y reproductivos. Para visibilizar y fortalecer ese trabajo, Ipas Latinoamérica y el Caribe (Ipas LAC) lanzó la campaña #HagamosRed.

La iniciativa busca recaudar fondos mediante la venta de un calendario feminista 2027, integrado por 12 ilustraciones originales de tres artistas latinoamericanas. Su costo es de 500 pesos y los recursos obtenidos se destinarán al trabajo conjunto con organizaciones e instituciones para garantizar el acceso a la anticoncepción y al aborto seguro en 10 países de América Latina y el Caribe, incluido México.

La campaña surge en un contexto en el que persisten desigualdades para ejercer la autonomía reproductiva. De acuerdo con datos de la Encuesta Nacional de la Dinámica Demográfica (ENADID), retomados por Ipas LAC, en 2024 el 55 por ciento de las personas no utilizó un método anticonceptivo durante su primera relación sexual. Aunque la cifra representa una reducción respecto a 2018, cuando alcanzó 62 por ciento, todavía más de la mitad inició su vida sexual sin protección anticonceptiva.

Las diferencias entre entidades también evidencian las brechas territoriales. En Chiapas, 74 por ciento de las personas no utilizó un método anticonceptivo en su primera relación sexual, mientras que en la Ciudad de México el porcentaje fue de 35 por ciento.

A estas desigualdades se suman las barreras que enfrentan adolescentes y jóvenes para obtener información suficiente y oportuna. Entre adolescentes hablantes de una lengua indígena que habían iniciado su vida sexual, únicamente 26.6 por ciento utilizó algún método anticonceptivo, de acuerdo con la ENADID 2023.

El panorama también incluye los embarazos y nacimientos en niñas y adolescentes. En 2023 se registraron 8 mil 429 nacimientos en niñas de entre 10 y 14 años. Para 2024, el promedio fue de 22 nacimientos diarios en menores de 15 años, una realidad vinculada con la violencia sexual, las desigualdades y las fallas en la protección de sus derechos.

Ilustración calendario Ipas LAC

Las redes que hacen posible el acceso

En 2025, más de 151 mil personas accedieron a servicios de interrupción del embarazo en unidades de salud acompañadas por Ipas LAC, mientras que 8.5 millones recibieron información segura sobre anticoncepción y aborto en América Latina y el Caribe. Además, alrededor de 20 mil personas fueron acompañadas directamente por redes comunitarias en contextos donde el acceso enfrenta barreras legales, geográficas o institucionales.

Para Diana Moreno Pabón, directora ejecutiva de Ipas LAC, estos resultados muestran que los cambios legislativos no son suficientes para garantizar el ejercicio de los derechos reproductivos.

“Se habla mucho de lo que dicen las leyes y poco de quiénes hacen que el acceso sea una realidad”, señaló. También destacó que los servicios requieren equipos de salud capacitados, acompañantes y organizaciones que necesitan recursos para continuar su labor.

En México, aunque la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) determinó que la criminalización absoluta del aborto es inconstitucional, el acceso continúa condicionado por el lugar de residencia y las condiciones económicas de quienes necesitan estos servicios.

Las personas que viven en entidades con marcos legales restrictivos pueden verse obligadas a trasladarse a otros estados para acceder a una interrupción del embarazo, lo que representa mayores dificultades para quienes tienen menos recursos económicos, responsabilidades de cuidado o limitaciones de movilidad.

Por ello, uno de los desafíos es avanzar de la despenalización hacia el reconocimiento del aborto como un servicio de salud que debe garantizarse de manera oportuna, segura y sin discriminación.

Ilustración calendario Ipas LAC

Doce ilustraciones para hacer red

El calendario de #HagamosRed reúne el trabajo de Mariana Lorenzo (@marmarmaremoto), Leslie Rivas (@architeuthis.mx) y Sara Sarmiento (@saratommate), quienes, desde sus distintas perspectivas artísticas, representan las conexiones, los cuidados y las acciones colectivas que sostienen el acceso a los derechos reproductivos.

La campaña busca colocar en primer plano a quienes acompañan, investigan, comparten información confiable, brindan atención médica y defienden los derechos de las mujeres y personas con posibilidad de gestar.

#HagamosRed estará activa hasta el 31 de enero de 2027. El calendario puede adquirirse por 500 pesos en el sitio https://ipaslac.org/hagamos-red/ y también estará disponible en puntos de venta de la Ciudad de México, en las sucursales de Incendiarias y la Librería U-Tópicas.

Selección Mexicana Femenil: fecha y hora del partido por el pase al Mundial 2027

 

La Selección Mexicana Femenil está ante una oportunidad importante para regresar a una Copa Mundial. El próximo sábado 28 de noviembre enfrentará a Haití en los cuartos de final del Campeonato Concacaf W 2026, encuentro en el que buscará asegurar su clasificación a Brasil 2027.

El partido se disputará a las 15:30 horas, tiempo del centro de México, en el Texas Health Mansfield Stadium, en Mansfield, Texas. El encuentro será a eliminación directa en esta fase: el equipo que consiga la victoria avanzará a las semifinales y obtendrá uno de los cuatro boletos directos que la Confederación de Norteamérica, Centroamérica y el Caribe de Futbol (Concacaf) tiene para la Copa Mundial Femenina de 2027.

Para el equipo dirigido por Pedro López, la clasificación representaría el regreso a la máxima competencia internacional después de 12 años. La última participación de México ocurrió en Canadá 2015; posteriormente quedó fuera de las ediciones de Francia 2019 y Australia-Nueva Zelanda 2023.

México tiene una oportunidad para volver a la Copa Mundial

El Campeonato Concacaf W 2026 se realizará del 27 de noviembre al 5 de diciembre y reunirá a ocho selecciones: México, Estados Unidos, Canadá, Haití, Jamaica, Costa Rica, Panamá y El Salvador.

La competencia no solamente definirá a la selección campeona de la región, sino también a las representantes de Concacaf para la Copa Mundial Femenina de Brasil 2027 y los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028.

El camino para conseguir el boleto mundialista comenzará en los cuartos de final. Las cuatro selecciones que ganen sus respectivos encuentros avanzarán a las semifinales y asegurarán automáticamente su participación en Brasil.

En caso de perder, México todavía tendría una oportunidad. Los equipos derrotados en los cuartos de final disputarán una ronda de Play-In el 2 de diciembre. Las dos selecciones ganadoras de esta instancia avanzarán al Torneo Clasificatorio para la Copa Mundial Femenina, donde buscarán uno de los últimos lugares disponibles.

Por ello, el encuentro ante Haití representa la posibilidad de conseguir el pase directo, aunque una derrota no significaría quedar completamente fuera de la ruta mundialista.

Pedro López convoca a 23 futbolistas para el torneo

De acuerdo con el anuncio de la Selección Nacional Femenil del 16 de noviembre, Pedro López convocó a 23 futbolistas para disputar el Campeonato Concacaf W.

Entre las jugadoras consideradas se encuentran Charlyn Corral, Kenti Robles, Rebeca Bernal, Jacqueline Ovalle, Scarlett Camberos y Kiana Palacios, quienes forman parte del grupo que buscará llevar nuevamente a México a una Copa Mundial.

La preparación del equipo incluyó dos encuentros amistosos frente a Jamaica en octubre. En el primero, disputado en Aguascalientes, México perdió 4-3; posteriormente, en Querétaro, consiguió una victoria de 3-1.

Estos encuentros representaron parte de la preparación de las futbolistas antes de enfrentar el compromiso regional.

El torneo también definirá los boletos olímpicos

Además de la clasificación mundialista, el Campeonato Concacaf W otorgará tres lugares para el torneo de futbol femenil de los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028.

Las dos selecciones finalistas y el equipo que consiga el tercer lugar obtendrán su clasificación olímpica. Sin embargo, debido a que Estados Unidos ya tiene asegurada su participación como país anfitrión, si termina entre los tres primeros lugares, el cuarto sitio del campeonato regional recibirá el último boleto.

La competencia representa así una oportunidad para que México vuelva a posicionarse entre las selecciones protagonistas de la región y busque recuperar su presencia en dos de los escenarios más importantes del futbol internacional.

Mujeres lideran 44% de las MiPymes en México, pero solo 4% llega a direcciones generales

 

En México, las mujeres encabezan 44 por ciento de las micro, pequeñas y medianas empresas (MiPymes); sin embargo, su presencia disminuye conforme aumenta el tamaño de los negocios y prácticamente desaparece de los puestos de mayor decisión en las grandes compañías.

El Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO), en alianza con Kiik Consultores, presentó la sexta edición del estudio Mujeres en las Empresas 2026, que documenta las brechas de género en el liderazgo empresarial y las condiciones laborales de los negocios encabezados por mujeres.

Por primera vez, la investigación incorporó información de más de 5.2 millones de MiPymes, además de analizar la participación femenina en los consejos de administración y la alta dirección de 185 empresas que cotizan en las bolsas mexicanas de valores.

Los resultados muestran que, aunque las mujeres tienen una presencia importante en los negocios de menor tamaño, enfrentan mayores dificultades para hacerlos crecer y generar empleos remunerados.

Las mujeres representan 39% de la fuerza laboral en las empresas, pero su presencia disminuye en los puestos de mayor liderazgo.

 Las mujeres ocupan 15% de los asientos en los consejos de administración de las empresas que cotizan en bolsa.

 De las 185 empresas… pic.twitter.com/tis9aWiBUk— IMCO (@imcomx) November 9, 2026

Mujeres ocupan solo 4% de las direcciones generales

La desigualdad también se refleja en las grandes empresas. Durante 2026, las mujeres ocuparon 14.8 por ciento de los asientos en los consejos de administración de las compañías analizadas, una proporción que se mantiene prácticamente estancada y se encuentra lejos del promedio de 34 por ciento registrado por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE).

La brecha es todavía mayor en los puestos ejecutivos. Aunque las mujeres representan 39 por ciento de la plantilla laboral de estas empresas, apenas ocupan 4 por ciento de las direcciones generales.

De las 185 compañías estudiadas, únicamente seis tienen a una mujer al frente de su dirección general. Además, 119 no cuentan con mujeres en sus direcciones relevantes y 20 carecen de representación femenina tanto en sus consejos de administración como en la alta dirección.

El IMCO también identificó que 30 empresas mantienen consejos de administración integrados exclusivamente por hombres, mientras que solo 10 cuentan con una mujer en la presidencia de este órgano.

Autoempleo y cuidados limitan el crecimiento de las MiPymes

En los negocios de menor tamaño, las mujeres encuentran mayores oportunidades para emprender, pero esto no necesariamente se traduce en mejores condiciones económicas.

El estudio señala que las MiPymes encabezadas por mujeres emplean a 3.5 millones de personas, frente a los 4.5 millones que trabajan en negocios liderados por hombres. Asimismo, las primeras contratan en promedio a 1.9 personas, mientras que las segundas emplean a 2.7.

La diferencia también se observa en el acceso a un ingreso fijo: únicamente 25 por ciento del personal ocupado en negocios encabezados por mujeres recibe un sueldo fijo, frente a 43 por ciento en aquellos dirigidos por hombres.

Para el IMCO, esta situación está relacionada, entre otros factores, con las responsabilidades de cuidados, que pueden llevar a las mujeres a optar por el autoempleo y esquemas de trabajo más flexibles, pero con menores posibilidades de expansión.

La distribución territorial también evidencia desigualdades. Oaxaca y Guerrero son las únicas entidades donde las mujeres encabezan la mayoría de las MiPymes. No obstante, el instituto advierte que esta mayor participación coincide con contextos de elevada informalidad laboral, donde los pequeños negocios representan una alternativa para generar ingresos.

Por sectores, el comercio concentra 48.5 por ciento de los negocios encabezados por mujeres, frente a 32.1 por ciento de los liderados por hombres.

Ante este panorama, el IMCO plantea fortalecer la participación femenina en los consejos de administración y puestos directivos, así como facilitar herramientas de gestión, digitalización y oportunidades de crecimiento para las MiPymes lideradas por mujeres.

Los resultados muestran que incrementar la presencia femenina en el emprendimiento no es suficiente si persisten las barreras para consolidar empresas, generar empleos remunerados y acceder a los espacios donde se toman las decisiones económicas.

«Pamela no ha tenido búsqueda»: su madre denuncia omisiones a nueve años de su desaparición

 

El 5 de noviembre de 2017, Pamela Gallardo Volante, de 23 años, acudió al festival de música electrónica Soultech, realizado en la zona del Ajusco, al sur de la Ciudad de México. Después de ese día, su familia perdió todo contacto con ella. Desde entonces, su madre, María del Carmen Volante, mantiene una búsqueda que, a nueve años, continúa sin respuestas.

En este tiempo, la familia ha denunciado omisiones de las autoridades encargadas de investigar su desaparición y ha exigido que se realicen las diligencias necesarias para conocer qué ocurrió con Pamela y dar con su paradero.

En entrevista para CIMACnoticias, María del Carmen Volante aseguró que las investigaciones permanecen pendientes y que, con el cambio de administración, nuevamente recibió el planteamiento de iniciar una línea de investigación, pese a los años transcurridos desde la desaparición de su hija.

«Bueno, de diligencias pues todas están pendientes, de la investigación pues sigue pendiente, ¿no? En este nuevo gobierno lo que han manifestado es decir ‘que vamos a iniciar con la carpeta en una línea de investigación’. Eso es lo que te tenemos hasta ahorita».

La madre cuestionó que, mientras las autoridades anuncian nuevos protocolos y mecanismos de coordinación, las familias continúan enfrentando obstáculos para localizar a sus seres queridos. Afirmó que los procesos internos de las instituciones han retrasado las acciones de búsqueda.

«Pues hemos tenido varios tropiezos porque en lo que ellos hacen sus protocolos internos, Pamela no ha tenido búsqueda. Y cuando digo de Pamela, pues muchas familias también no han tenido búsqueda».

Difusión no es búsqueda: madres denuncian fallas en los protocolos

María del Carmen Volante, quien se reconoce como madre iniciadora de la búsqueda en el Ajusco, señaló que uno de los principales problemas es que las autoridades presentan la difusión de fichas como si fuera una búsqueda efectiva.

Desde su experiencia, colocar fotografías y distribuir información sobre una persona desaparecida no sustituye las diligencias en campo ni las investigaciones necesarias para localizarla.

«Para ellos hacer una difusión creen que es una búsqueda. No, no es una búsqueda, es difusión, la palabra lo dice, ¿no?».

También cuestionó la metodología utilizada por las autoridades para realizar búsquedas en campo, pues señaló que las familias han adquirido conocimientos durante años de trabajo que no siempre son considerados por las instituciones.

Explicó que estos procesos requieren identificar polígonos, establecer recorridos y organizar las intervenciones en territorio, en lugar de realizar acciones sin una planeación adecuada.

La madre también denunció que las familias deben atravesar distintos filtros institucionales para acceder a los mecanismos de atención y búsqueda, lo que representa nuevas formas de revictimización.

Para María del Carmen, las primeras horas son fundamentales para realizar acciones que permitan encontrar a las personas desaparecidas y evitar que se pierdan líneas de investigación.

En ese sentido, cuestionó que los procedimientos institucionales no respondan a las necesidades de las familias y que los casos terminen clasificados como desapariciones de larga data cuando no se logra localizar a las personas.

Ajusco, una zona con más de 250 casos de desaparición

La búsqueda de Pamela también llevó a su familia a identificar otros casos de desaparición en la zona del Ajusco. María del Carmen Volante afirmó que, durante estos años, han conocido más de 250 casos de personas desaparecidas en ese territorio.

«De ahí a los años que llevamos, sabemos de más de 250 casos de desaparecidos en la Ajusco. Unos ya encontrados, no como quisiéramos, entregados a las familias».

La madre señaló que las experiencias de quienes llevan años buscando a sus familiares no siempre son tomadas en cuenta por las autoridades. Consideró que los cambios institucionales no han significado necesariamente una mejora para las familias que continúan exigiendo verdad y justicia.

Asimismo, afirmó que las madres buscadoras enfrentan una doble responsabilidad: sostener la búsqueda de sus seres queridos y exigir que las instituciones cumplan con su obligación de investigar.

«A estas alturas nosotros ya no buscamos a un culpable, buscamos a Pamela»

La desaparición de Pamela transformó la vida de su familia. María del Carmen Volante describió estos nueve años como un periodo de dolor y angustia, marcado por la incertidumbre y la falta de respuestas.

Recordó que, después de la desaparición, las autoridades llegaron a sostener que Pamela se había ausentado por voluntad propia, mientras su familia insistía en que debía ser buscada.

«El cambio ha sido radical para nosotros desde el primer día de la desaparición de Pamela. En primera, aceptar que Pamela, pues no regresó como ellos decían, que se había ido de farra. ¿Cómo ha cambiado? Pues doloroso, angustioso, vienen días, años y nosotros seguimos en la misma tortura que nos tiene el estado por no ser buscada Pamela».

En la entrevista, la madre hizo énfasis en que su principal exigencia es encontrar a su hija y no limitar la investigación a la identificación de posibles responsables.

«A estas alturas nosotros ya no buscamos a un a un culpable, buscamos a Pamela y como que todo se refiere a buscar un culpable y no a Pamela».

También señaló que, además de la responsabilidad de quienes desaparecieron a su hija, las omisiones institucionales han profundizado el sufrimiento de la familia.

«Y no nada más fue la delincuencia organizada, sino a hoy entendemos que también es un estado omiso».

A nueve años de la desaparición, María del Carmen Volante pidió a la sociedad solidarizarse con las familias buscadoras y a las autoridades reconocerlas como madres que buscan a sus seres queridos, no solamente como víctimas.

«Para los servidores públicos que gobiernan nuestro país es importante que volteen a vernos. No como víctimas, sino como madres que buscamos algo que nos falta en en nuestra casa, en nuestros corazones y que vamos a seguir en la lucha de la verdad, de la justicia y de la memoria».

Finalmente, reiteró que su exigencia es conocer el paradero de Pamela y mantener viva su memoria mientras continúa la búsqueda.

«Y de la memoria porque la amamos, de la memoria porque nos faltan en la mesa un ser que no tendría por qué haber desaparecido en la forma como ha sido desaparecida hasta por el estado».