6/19/2019

Relatoría de LE de la CIDH condena asesinato de periodista Norma Sarabia


 Exhorta al Estado mexicano a investigar asesinatos contra gremio
   



La Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) condenó el asesinato de la periodista mexicana Norma Sarabia, ocurrido el 11 de junio en el estado de Tabasco, y alertó sobre la persistencia de asesinatos de periodistas, comunicadores y personas ligadas a la prensa en México.
En un comunicado la CIDH dijo que ha contabilizado siete asesinatos de periodistas en lo que va del 2019 en México, muchos de ellos podrían estar vinculados al ejercicio de su trabajo, lo que es un grave indicador sobre la permanencia de la violencia en diversas regiones del país.
La Relatoría Especial instó al Estado mexicano a investigar de forma completa, efectiva e imparcial estos crímenes, esclarecer sus móviles y determinar la relación que pudieran tener con la actividad periodística. Asimismo, recordó al Estado la urgencia de seguimiento a la implementación de medidas decisivas para fortalecer el Mecanismo de Protección de Periodistas.
De acuerdo con información pública, la periodista del “Diario Presente”, “El Sol del Sureste” y el “Diario Avance” fue asesinada la noche del martes 11 de junio en la puerta de su domicilio ubicado en la zona de colonia Club Liberal en Huimanguillo, Tabasco. La reportera también era maestra de educación básica en Villa Chontalpa y, según medios de comunicación locales, en sus más de 15 años de carrera se caracterizó por hacer coberturas policiales y denunciar actos de corrupción.
El editor del periódico “Tabasco Hoy”, Héctor Tapia, informó qué Sarabia se sentía insegura e incluso habría dejado de firmar algunas notas relacionadas con delincuencia organizada y otros temas delicados en Chontalpa, una región donde se desarrollan muchas actividades delictivas relacionadas con el tráfico ilegal de drogas y combustible.
Este es el segundo asesinato de un comunicador ocurrido en Tabasco en lo que va del 2019. El pasado 9 de febrero fue asesinado el locutor radial, Jesús Eugenio Ramos.
La Fiscalía General de Tabasco, a través de un comunicado, indicó que ya se encuentran haciendo las diligencias para el esclarecimiento del hecho, abrieron la carpeta de investigación en el Centro de Procuración de Justicia de Huimanguillo, ordenaron medidas de protección a familiares e iniciaron los trámites ante la Fiscalía General de la Republica para dar cumplimiento al protocolo aplicable para la protección de periodistas.
En la misma línea, el gobernador de Tabasco, Adán Augusto López Hernández, lamentó el asesinato explicando que ya se pidió a las autoridades correspondientes, “que se esclarezcan totalmente los hechos y se dé con los responsables”.
Información que se dio a conocer de manera pública señala que en 2014, Sarabia denunció posibles actos de corrupción de parte de la Policía de su región y acudió a la Fiscalía para Delitos contra Periodistas señalando amenazas que habría recibido. Esta denuncia quedó registrada en la averiguación previa PGR/TAB/CAR-II/121/201.
Sumado al de Sarabia, la oficina de la CIDH reportó otros seis asesinatos a periodistas, comunicadores y personas ligadas a la prensa en México en lo que va del año, lo que presenta un panorama de grave violencia y silenciamiento que sucede en el país desde hace 20 años.
“Siguen sucediendo los casos alarmantes de periodistas asesinados en México, tal como venía ocurriendo en años anteriores, esto es un llamado urgente para que el Estado adopte medidas decididas para fortalecer el mecanismo de protección de periodistas y reforzar la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos cometidos contra la Libertad de Expresión (FEADLE)", explicó el Relator Especial de la CIDH, Edison Lanza.
Una señal positiva, dijo la CIDH, es que recibió la respuesta de parte del Estado mexicano a una carta en la cual el organismo solicitaba información sobre el estado de investigación de los casos de asesinatos a comunicadores en el último par de años en el país.
La misiva contiene información sobre los avances en el esclarecimiento de los asesinatos de Javier Valdés, Rubén Espinosa y Miroslava Breach.
En este sentido la Relatoría Especial recomendó al Estado mexicano dotar de más recursos a la FEADLE por la magnitud del problema de violencia que enfrentan y recordó que todos los casos deben ser investigados.

CIMACFoto: Gabriela Mendoza Vázquez
Por: la Redacción
Cimacnoticias | Ciudad de México.

Convocan a artistas y colectivas a participar en propuesta de Memorial para Lesvy Berlín


 Se instalará en vestíbulo de la PGJDF   



Para dignificar la memoria de Lesvy Berlín Rivera Osorio, asesinada el 3 de mayo de 2017 en Ciudad Universitaria, se convocó a artistas y colectivas de mujeres que habitan o transitan en la Ciudad de México, a proponer un memorial que se instalará en la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México (PGJDF).
El memorial para Lesvy no sólo tiene la intención de recordar su feminicidio o el de otras víctimas, con la creación de este espacio se pretende ayudar a la ciudadanía, a las organizaciones de la sociedad civil y al gobierno de la Ciudad de México, a entender mejor las causas de fondo del feminicidio y proponer vías de acción en miras de resolver el problema.
Las propuestas del memorial se recibirán entre el 1 y el 5 de julio a fin de que sea construido en el vestíbulo del edificio de la PGJDF, con la idea que sea visto a diario por personas funcionarias cuya obligación es procurar justicia, así como por mujeres que acuden al lugar a denunciar violencia de género o familias que exigen justicia por el feminicidio de alguna mujer.
La PGJDF aceptó la creación de este espacio como parte de los 18 puntos recomendatorios que le hizo la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México (CDHDF) –recomendación 01/2018-, al encontrar a la institución responsable en la falta de debida diligencia en la investigación del feminicidio de Lesvy y por haber publicado información que dañó la imagen y memoria de la joven de 22 años de edad.
La convocatoria sobre el memorial se hizo el pasado 2 de mayo de este año cuando la titular de la PGJDF, Ernestina Godoy Ramos, se disculpó públicamente con la familia de Lesvy por el actuar del personal de la procuraduría. El acto lo atestiguaron en la Universidad Nacional Autónoma de México, activistas, organizaciones civiles y estudiantes.
Quienes deseen participar en la construcción del memorial deben ser artistas mujeres o colectivas integradas mayoritariamente por mujeres que habiten o transiten por la urbe, ser mayores de 15 años de edad y haber producido obras de calidad en esta disciplina.
En la convocatoria del Memorial se describe que la familia de Lesvy Berlín solicita a las mujeres que quieren proponer un proyecto, logren plasmar un recordatorio a las personas servidoras públicas del compromiso adquirido con las víctimas que acuden a ellas en búsqueda de una escucha atenta, empatía, verdad y justicia.
También que inspire ánimo y fuerza a las víctimas en su exigencia de justicia y represente la esperanza de una vida libre de violencias para las capitalinas.
En la Ciudad de México ya existe un antimonumento que demanda justicia para las víctimas de feminicidio, fue colocado el pasado 8 de marzo durante la jornada de protestas en el Día Internacional de la Mujer.
En este sentido, explicaron que a diferencia de un monumento, se pensó en un memorial para Lesvy porque es un espacio colectivo que “genera reunión, diálogo y participación ciudadana”. El objetivo será no sólo recordar crímenes de feminicidio pasados, “sino permitir el registro del feminicidio del presente y estimular acciones cotidianas entre instituciones gubernamentales y ciudadanas”.
Para el memorial también se recuerda que Lesvy era una joven de 22 años de edad oriunda de la Ciudad de México. Hablaba cinco idiomas, era alegre, estudiosa, le gustaba la música, las artes plásticas, cocinar y conocer nuevos lugares y personas.
El proyecto de vida de Lesvy incluía estudiar la licenciatura en Lenguas Francesas en la UNAM. Ella creció como parte de la comunidad universitaria pues su madre, Araceli Osorio, siempre ha trabajado en la Universidad.
Sin embargo, la vida de Lesvy se truncó el 3 de mayo de 2017, cuando se presume, fue asesinada con el cable de un teléfono público en la UNAM por su entonces pareja Jorge Luis González, quien actualmente está en prisión preventiva en el reclusorio Oriente esperando que inicie el juicio en su contra.
En el inicio la PGJDF aseveró que Lesvy había cometido suicidio y difundió información que atentó contra su dignidad. Tras una serie de apelaciones y pruebas obtenidas por la familia, su representación legal y activistas, se logró reclasificar el caso a feminicidio.
La convocatoria completa se puede consultar en: https://pgj.cdmx.gob.mx/memorialalesvy

CIMACFoto: César Martínez López
Por: la Redacción
Cimacnoticias | Ciudad de México.

Responsables, gobierno y FGEO por ataques a lonas de “Justicia para Sol”


Hechos se suman a campaña de denostación en redes sociales
   


La tarde de ayer, la madre de la fotoperiodista asesinada María del Sol Cruz Jarquín, la también periodista y defensora de Derechos Humanos, Soledad Jarquín Edgar, protagonizó junto a la organización civil “Consorcio Oaxaca” un pronunciamiento en favor al movimiento “Justicia para Sol” por los hechos vandálicos que sufrieron dos de los espectaculares que evidenciaban el incumplimiento de justicia de las autoridades judiciales y ejecutivas del estado.
“Responsabilizamos al gobierno del estado y FGEO por la vida e integridad de Soledad Jarquín, por la obstaculización en la investigación así como por los ataques a la campaña de #Justicia para Sol”, señalaron en el pronunciamiento.
Es gracias a la cooperación de diversas organizaciones dedicadas a la defensa de los Derechos Humanos y penales de las mujeres, que se instalaron el 1 de junio tres espectaculares en distintas zonas del estado de Oaxaca.
En ellos, hicieron visible el incumplimiento de justicia que han mantenido las autoridades oaxaqueñas respecto al caso de María del Sol Cruz Jarquín. Se acusan, bajo la imagen de la víctima y encerrados en el subencabezado “La Red de Complicidades”, al gobernador Alejandro Murat; al Fiscal General Rubén Vasconcelos; a la Fiscal contra Delitos Electorales, Araceli Pineda; y a los hermanos Hageo y Francisco Montero, políticos locales.
Hace unos días, las imágenes de protesta fueron mutiladas. En un espectacular, cortaron toda la sección de “Red de Complicidades” que muestra los rostros de las figuras públicas aunque, en un primer momento, hubieran arrancado únicamente las caras de Vasconcelos y Alejandro Murat. En otro de los anuncios, la lona fue removida completamente:
Ante tales actos vandálicos, “Consorcio Oaxaca”, dando aliento a Soledad Jarquín quien ha cumplido un año sin su hija, aseguró que estos hechos complementan una campaña de atentados contra el movimiento “Justicia para Sol”.
“Estos actos de vandalismo se suman a la campaña de denostación e intimidación en redes sociales contra quienes exigen #JusticiaParaSol y al recién retiro unilateral de guardia de seguridad a Soledad Jarquín por parte de la Fiscalía General del Estado“, escribió la organización en su página de Facebook.

Imagen retomada del portal página3.mx
Por: la Redacción
Cimacnoticias/pagina3.mx | Oaxaca, Oax 

Se incrementan asesinatos de periodistas en administración de AMLO


 Condenan silencio de gobierno   


La senadora Nestora Salgado García y el senador Emilio Álvarez Icaza, junto con organizaciones del Espacio OSC alertaron sobre la situación de riesgo que actualmente viven personas defensoras de Derechos Humanos y periodistas del país y condenaron los asesinatos cometidos en lo que va de esta administración de Andrés Manuel López Obrador.
En conferencia de prensa en el senado, Salgado García condenó los asesinatos y expresó sus condolencias a las y los familiares de la periodista Norma Sarabia Garduza, asesinada la semana pasada en Tabasco, y del defensor ecologista, José Luis Álvarez Flores, del mismo estado.
Agregó que de acuerdo con información de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), en lo que va de este año han sido asesinados ocho periodistas, mientras que la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos en México señala que  son 11 las personas defensoras asesinadas en 2019. “Las cifras muestran la crítica situación que nuestro país enfrenta en materia de libertad de expresión”, dijo.
Alertó que los ataques a las personas defensoras no sólo afectan a individuos, “sino que atentan contra el papel fundamental que juegan en la sociedad”. En el caso de defensoras y defensores indígenas, sufren graves consecuencias adicionales, por su cohesión cultural y social.
“Es el momento que todos debemos decir, ¡basta! Ya no podemos recibir ataques a todos los defensores, y aparte de los asesinatos también encarcelamientos”, señaló la senadora.
El senador Álvarez Icaza agregó que nueve de las personas defensoras asesinadas este año, fueron indígenas. La situación ha empeorado mucho desde el año pasado, con las cifras de personas asesinadas en los primeros cuatro meses del año casi alcanzando la cifra de asesinatos en todo el 2018, dijo. “Esperábamos que el cambio de gobierno detuviera esta situación de crisis de violación a Derechos Humanos, y lo que estamos viendo es que se agrava”, denunció Álvarez.
“Si las y los defensores no están bien, no está bien la democracia de ese país”, continuó y dijo que “no estamos viendo las señales de emergencia de este gobierno, no estamos viendo que el Mecanismo de Protección actúe bien, y a todo esto se suma el ataque y el acoso a los defensores de migrantes.” El senador consideró que existe una campaña de persecución, ataques y acoso contra personas defensoras de migrantes, incluyendo la detención y criminalización de dos defensores, el pasado 5 de junio.
Para visibilizar la situación de las personas defensoras y periodistas y solicitar diversas acciones, la senadora Salgado García, conjuntamente con la sociedad civil presentó un punto de Acuerdo ante la Comisión Permanente del Senado en el que pide crear una mesa de diálogo con organizaciones de la sociedad civil y la Comisión de Derechos Humanos, invitar al titular del Mecanismo de Protección, a la Comisión de Derechos Humanos y conocer las estrategias tomadas para garantizar la protección de periodistas y personas defensoras.
También exhortó a los gobiernos federales y estatales a “generar un entorno favorable” para la defensa de los Derechos Humanos y prevenir agresiones de cualquier tipo. La defensora Obtilia Eugenio Manuel, secuestrada en su natal Guerrero durante cuatro días en febrero de este año, estuvo presente para compartir su experiencia.
Pidió que la fiscalía haga su trabajo, y que la traten “como víctima, no como delincuente. Deben investigar a la persona que denunciamos, no a nosotros”. Precisó que se necesita más protección por parte del Estado ya que ella fue secuestrada aún cuando contaba con medidas de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
Por su parte, el integrante de la organización civil “Propuesta Cívica”, Mario Hurtado Cardozo, en representación del Espacio OSC, dijo que la violencia agravada en contra de personas defensoras y periodistas se da “ante un ambiente hostil propiciado por las autoridades de alto nivel, como titulares de la Secretaría de Gobernación, la Fiscalía de la República, y por el actual titular del Poder Ejecutivo.”
Agregó que las agresiones y ataques “nos enemistan con lo que se denomina el pueblo, cuando todos somos pueblo” y que ello se suma a la aprobación de leyes restrictivas para el ejercicio de la defensa y promoción de los Derechos Humanos. Al mismo tiempo denunció que los recursos para la protección son insuficientes, tanto los humanos como los económicos.
Por lo tanto, el Espacio OSC demandó a las autoridades reconocer explicita y públicamente la importante labor que realizan las personas defensoras de Derechos Humanos y periodistas en el fortalecimiento de la democracia, condenar enérgicamente toda narrativa que difame y criminalice a estas personas, investigar de manera imparcial y expedita los asesinatos, y por último crear un diálogo amplio con personas defensoras para el diseño de una política pública integral que garantice el derecho a defender Derechos Humanos.

CIMACFoto: Sonia Gerth
Por: Sonia Gerth
Cimacnoticias | Ciudad de México

Prensa México miércoles 19 junio 2019.

REFORMA
Pagó Lozoya otra chatarra

FGR indaga a Pedro Joaquín Coldwell y Emilio Lozoya por la compra de planta de Fertinal por la que se pagaron 209 mdd, aunque valía 15 mdd.

EL UNIVERSAL
Fiscalía también indaga la compra de Fertinal

La Fiscalía General de la República (FGR) investiga a todos los integrantes del Consejo de Administración de Petróleos Mexicanos (Pemex) durante la gestión de Enrique Peña Nieto, luego de haber aprobado la compra de la planta de Fertinal por 635 millones de dólares en 2015.

EXCELSIOR
México fué una coladera de migrantes.

En los cinco primeros meses del actual gobierno se permitió una “permeabilidad” en la frontera sur de México que impulsó a los polleros a traer más gente que busca llegar a Estados Unidos. Para Francisco Garduño, comisionado del Instituto Nacional de Migración (INM), esta falta de controles provocó que en tres meses llegaran a México 472 mil personas, cantidad que equivale a la migración de todo un año.

MILENIO
Puede resolverse en 15 minutos el problema de la frontera : Trump.

En medio de la crisis migratoria y al dar comienzo a su campaña por la reelección, el presidente Donald Trump aseguró que los problemas en la frontera con México y de solicitudes de asilo que existen actualmente, debido al creciente número de centroamericanos que llega o intenta llegar a Estados Unidos, pueden resolverse en 15 minutos si se contara con la ayuda de los demócratas.

LA JORNADA
El proyecto de Dos Bocas, en una zona de muy alto riesgo.

La Manifestación de Impacto Ambiental (MIA) del proyecto de la refinería Dos Bocas, promovida por Pemex Transformación Industrial, omite en su versión pública la información sobre el monto de inversión requerido y el número de empleos que se generarán.

EL FINANCIERO
Producción de gas natural cae a mínimos de 14 años

La producción nacional de gas natural en México en los primeros cuatro meses de este año cayó a su menor nivel desde 2005. La producción promedio fue de 4 mil 796 millones de pies cúbicos diarios entre enero y abril de este año, apenas 0.5 por ciento menos que en el mismo periodo del año anterior, pero con esta baja se acumularon cinco años consecutivos con tendencia negativa, de acuerdo con los registros de Pemex.

EL HERALDO
Se diluye pensión de 500 mil trabajadores

Los 500 mil trabajadores de las primeras cinco generaciones afore que estarán en edad de retirarse entre 2022 y 2026 lo harán sin una pensión, ya que no tendrán las mil 250 semanas cotizadas que exige la ley del IMSS al momento de jubilarse, según la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro (Consar).

LA CRÓNICA
Por 400 puntos cruzan la frontera sur; 97%, ilegales.

EL ECONOMISTA
Al T- MEC sólo le falta el voto de 30 demócratas

REPORTE ÍNDIGO

EL SOL DE MÉXICO
Ahorradores ya pagaron la pérdida de Oro Negro.

6/18/2019

Arman bloque vs. reforma electoral


Salvador García Soto

La oposición en el Congreso inició contactos y reuniones al más alto nivel para formar un bloque opositor que frene, al menos, las reformas constitucionales que en materia política y electoral propone la mayoría de Morena y sus aliados. Opositores y consejeros electorales de INE, advierten un intento de “contrarreforma democrática” en estas iniciativas que, con el argumento popular de disminuir el costo de las elecciones, buscan dar control absoluto al presidente y a su partido al cambiar la autonomía actual por “un sistema electoral progobierno”, modificar las consultas populares para que el presidente aparezca en las boletas en 2021, y debilitar la presencia de la oposición para favorecer a las mayorías del partido gobernante.

En encuentros y pláticas privadas entre dirigentes y líderes parlamentarios de PAN, PRI, PRD y MC, se trabaja en “propuestas alternativas” para disminuir  el costo presupuestal y financiero de las elecciones y del sistema electoral, con recortes y cambios a los comicios, pero no a costa de “permitir que Morena y AMLO diseñen un sistema electoral con leyes y autoridades a su medida”.

Un documento elaborado por consejeros del INE y que circula en las reuniones de la oposición, titulado La Democracia en Riesgo: 7 Peligros Inminentes, señala las amenazas en la propuesta de Morena para apropiarse del sistema electoral y debilitar a la oposición. Como primer peligro, menciona la presencia del “presidente en la boleta electoral en 2021” y alerta que la revocación de mandato, como la plantea el gobierno, “serviría para que el titular del Ejecutivo haga campaña en  2021” y convierta la elección intermedia para renovar la Cámara de Diputados y 16 gubernaturas en un “refrendo presidencial”. La revocación no debe coincidir con las elecciones y debe convocarse “por derecho de los ciudadanos y la oposición, no del gobernante”.

El segundo peligro de la reforma morenista es sustituir la democracia representativa por la “democracia plebiscitaria”. Consultas cada año para decidir temas sustantivos harían intrascendente el papel del legislador, además de que no puede ser el Ejecutivo el que defina temas, fechas y preguntas de las consultas. “Las consultas populares ya están en la Constitución; requieren la validación de la pregunta por la Suprema Corte y deben coincidir con la elección federal”, dice el análisis del INE.

Eliminar o reducir la Representación Proporcional (RP) en el Congreso, es el tercer peligro. Este mecanismo, dicen, garantiza los derechos políticos de las minorías. “En la elección de 2018 Morena ganó 220 distritos electorales; sin RP Morena tendría el 73% de la Cámara de Diputados. Un Congreso con menos legisladores de RP “facilita al partido mayoritario la sobrerrepresentación y el control”, advierte. El peligro 4 se refiere a reducir el financiamiento a partidos de oposición. Cambiar el mecanismo de financiamiento aprobado en 1996 y que permitió en 1997 que el presidente perdiera el control de la Cámara de Diputados y en  2000 se diera la primera alternancia en la Presidencia “debilita a la oposición”, dice el análisis de los consejeros electorales.
Los “peligros” 5 y 6 son aumentar el centralismo en la vida política y desaparecer la autonomía de la autoridad electoral. Desaparecer los OPLs significa trasladar atribuciones y estructuras al INE, algo inoperante que debilitaría a los organismos estatales. “En lugar de amputar instituciones locales, deben fortalecerse”, señala. Sobre la amenaza a la autonomía de los órganos electorales, se comenta la pretensión de modificar el número de consejeros para construir una mayoría afín al gobierno y la propuesta para que la Cámara de Diputados designe a los 32 consejos locales del INE. Ellos a su vez designan a los 300 consejos distritales. “Toda la estructura de organización electoral hoy autónoma sería progobierno. El consejo General del INE no responde al presidente, como tampoco lo hizo en el pasado”, advierte el documento.

Y finalmente, el peligro 7 es “que el padrón electoral quede en manos del gobierno”. Los datos sensibles de 90 millones de ciudadanos (nombre, domicilio, edad, género) pasarían a la Secretaría de Gobernación y eso significa un riesgo de uso político electoral y clientelar. “Sería más fácil que el INE hiciera la cédula de identidad, incluso para menores de edad”, se propone. Como conclusión, los consejeros electorales, señalan 1. Que las reformas electorales (1977-2014) siempre atendieron a reclamos de las oposiciones. 2. Las reformas electorales han sido fruto de amplios consensos políticos. Y 3. Esta reforma es por iniciativa del gobierno. Ello implica un contrasentido histórico y por ello “puede ser una contrareforma a los avances democráticos”.

NOTAS INDISCRETAS…Si las últimas dos semanas, creímos que el activismo político y electoral de Donald Trump nos puso contra la pared, la semana que comienza nos esperan varios mensajes y tuits directos contra México y su gobierno. En la agenda de Trump esta semana, además de reuniones con Mike Pence y Mike Pompeo para repasar los “avances de México” en materia migratoria, también está el lanzamiento de su campaña por la reeleción el martes desde Miami. Seguro en su discurso de arranque por el 2020, México estará más que presente y no precisamente para bien. Al elegir Miami para iniciar su campaña, Trump sabe que no sólo lo hace en un estado republicano, sino desde una ciudad donde le habla a México y a toda América Latina. Miami es punto de migración y desde ahí se puede viajar lo mismo a Guatemala, que a San Pedro Sula, Tegucigalpa o San Salvador. Desde ahí se manda un mensaje a los migrantes y a los gobiernos que lo mismo resuena en Michigan, Ohio, Texas y Arizona, estados clave para que la migración sea un tema electoral. Así que preparémonos para otra semana de garrotazos, amenazas y tuits a la piñata electoral de Donald Trump, llamada México…Los dados mandan Serpiente. Mal augurio para la semana.

Salvador García Soto

La antiprioridad


Leonardo Curzio

Perdón que los moleste señores legisladores, pero ¿no sería conveniente iniciar la reforma del Estado por donde está dañado y no dañar lo que funciona?

La democracia mexicana padece de autismo. Repite de manera insistente los mismos temas y los vuelve a abordar desde diferentes ópticas con una cansina reiteración. Es como si hubiese llegado a la edad de las obsesiones, en la cual un asunto recurrente vuelve a la memoria del anciano. Volver al tema de la reforma electoral me parece un síntoma de desapego con la realidad y de sorprendente desatención de las principales responsabilidades del Estado.

Si algo demostraron las elecciones de julio del 2018 es que el sistema electoral funciona. El principal impugnador de dicho sistema hoy es gobierno mayoritario y además con una creciente presencia en las instituciones. Con AMLO en Palacio Nacional el discurso del robo electoral debería, a mi juicio, jubilarse, lo cual no quiere decir que no pueda haber anomalías electorales, pero pretender que no hemos logrado la transición completa al tener el ciclo de alternancias satisfecho, es verdaderamente  rizar el rizo.

El país tiene, en cambio, un gravísimo problema de operación en su sistema de seguridad y en sus fiscalías. La debilidad institucional hoy se traga, cual pavorosa vorágine, la legitimidad de los gobiernos. El gobierno federal tiene en su haber todavía varios meses para demostrar que sí quiere edificar una institución funcional a partir de las ruinas que dejó el gobierno anterior de la PGR. En los gobiernos locales de Morena hay argumentos diferenciados. El de Cuitláhuac García, en Veracruz, tiene la coartada de tener un fiscal impuesto por Yunes, pero en la capital, echar las culpas para atrás pone a la coalición gobernante en un predicamento. Desde 1997, la izquierda gobierna esta ciudad. Hemos tenido jefes de gobierno muy poderosos y todos ellos han nombrado a procuradores de gran relieve, desde Samuel del Villar hasta Miguel Ángel Mancera y Bernardo Bátiz, y de esta constelación de políticos no se desprendió una prioridad por construir una institucionalidad en materia de procuración de justicia, similar en calidad y eficiencia a la de nuestro sistema electoral. Me parece que el gran cuello de botella de este país está en la debilidad del gobierno federal para dotarse de un cuerpo civil que provea seguridad y una Procuraduría que no esté supeditada a las prioridades políticas del gobierno.

La capital de la República que ha sido gobernada por políticos exitosos, una ciudad que tiene un presupuesto importante y muchas capacidades de influir en la agenda pública y en el legislativo, se encuentra con que, después de casi 20 años de democracia, carece de una Procuraduría confiable y eficaz, que pueda cooperar con un mínimo de eficiencia y por supuesto, un sistema de reclusorios sin corrupción.

Regreso al inicio: ¿qué necesidad tenemos de abrir un debate sobre el sistema electoral cuando tenemos a Estados Unidos con la amenaza de certificarnos precisamente porque carecemos de un cuerpo que controle la entrada y salida de migrantes al país?  Yo espero que, en vez de pensar en sobrecargar al INE  de misiones, se den cuenta de que, en materia de impunidad, este país ya no aguanta más y que los gobiernos democráticos que son incapaces de entregar resultados por la ineficiencia de los aparatos de procuración de justicia, son el principal problema de la gobernabilidad democrática. Somos, según el World Economic Forum, uno de los países más deteriorados en materia institucional y en cambio nuestro sistema electoral tiene bastante confiabilidad y credibilidad internacional. Perdón que los moleste señores legisladores, pero ¿no sería más conveniente empezar la reforma del Estado por donde está dañado y no dañar lo que ya funciona?

Analista político. @leonardocurzio

“Estamos aquí, porque ustedes estuvieron allá”


Ricardo Monreal

En lo que va de este año, las autoridades de Estados Unidos de América han realizado 572,782 detenciones de migrantes irregulares. Al mismo tiempo, nuestro país está experimentando un incremento en el flujo de migración irregular, originado especialmente en Centroamérica.

Cada una de las personas detenidas en la Unión Americana y en México, así como los miles de migrantes que logran cruzar la frontera estuvieron dispuestos a poner su vida en riesgo para lograrlo. Esta travesía no solamente es cada vez más cara, económicamente hablando, sino que las probabilidades de que quienes buscan cruzar la frontera sufran son extremadamente altas.

Bajo estas condiciones, es muy difícil pensar que las y los migrantes irregulares deciden abandonar sus hogares por gusto. De hecho, la mayoría, que proviene de Centroamérica, declara que la necesidad de escapar de la violencia y la pobreza es infinitamente mayor que el costo de oportunidad que enfrenta al emprender la marcha hacia Estados Unidos.

Esto es cierto, la región de Centroamérica es una de las más peligrosas. En 2015, por ejemplo, El Salvador fue el país más violento del mundo en donde no había un conflicto armado. Ese año, su tasa de homicidios por cada 100 mil habitantes ascendió a 103. Sólo para ponerlo en perspectiva: la tasa de homicidios de nuestro país en ese mismo año fue de 15 por cada 100 mil habitantes.

Aunado a la violencia, la brecha entre el tamaño de la economía estadounidense y la de los países de Centroamérica es gigante, haciendo que la migración irregular sea aún más atractiva. Por ejemplo, el ingreso medio mensual que perciben los estadounidenses es 10 veces mayor que el de los habitantes de Honduras, El Salvador, Guatemala, Belice y México.

La violencia y la pobreza son dos de las causas que han obligado a millones de personas a migrar hacia el norte, incluso cuando no lo pueden hacer de manera legal. Se trata de dos razones suficientes que han provocado los niveles actuales de detenciones y el incremento en los flujos migratorios.

La pregunta central, la que deberíamos de estar tratando de responder, coordinada y conjuntamente, es cómo podemos lograr que la región de Centroamérica experimente un desarrollo económico equitativo que, al mismo tiempo, favorezca una disminución de la violencia.

Esto no es tarea sencilla para cualquier país emergente, pero es aún más complicada cuando hablamos de una región que se ha visto constantemente agraviada por presiones extranjeras, especialmente provenientes del país que hoy quiere evitar a toda costa la migración de personas centroamericanas.

Durante muchos años, EU ha tratado de ejercer un control político, económico y hasta social de los países centro y sudamericanos: basta repasar la declaración emitida en 1904 por el entonces presidente estadounidense, en la cual se afirmaba que esa nación tenía un poder policial internacional en América Latina. Ese tipo de ideas justificaría una serie de intervenciones, entre las que se encuentran aquellas llevadas a cabo en Centroamérica.

Durante la década de los 70 del siglo pasado, EU apoyó fuertemente al gobierno militar de El Salvador, entregó 4 mil millones de dólares y suministró entrenamiento y armas a sus fuerzas para combatir al Frente Farabundo Martí de Liberación Nacional. Después de una operación orquestada por la CIA, en 1954, para derrocar al presidente de Guatemala, Jacobo Árbenz, se gestó la guerra civil entre 1962 y 1996. Honduras se convirtió en la base de operaciones estadounidense durante la administración del presidente Reagan, desde donde se entrenaba a los contras nicaragüenses y a los militares salvadoreños.

Este tipo de intervenciones, que atacan el Estado de derecho y desestabilizan la economía de una nación, dificultan el desarrollo necesario para generar condiciones de vida aceptables para su población. Los países de Centroamérica han intentado hacer madurar sus instituciones y generar un mayor crecimiento económico, pero, como es de esperarse debido al contexto mencionado, no han tenido éxito.

Los inmigrantes británicos tienen un refrán: “Estamos aquí, porque ustedes estuvieron allá”. Esta frase resuena fuerte aquí y ahora. Es momento de insistir en que colaborar con el desarrollo de Centroamérica no es sólo una cuestión de moralidad o de benevolencia estadounidense. De hecho, se podría describir mejor como una cuestión de reparaciones.

La mayoría de los mexicanos estamos conscientes del reto de compartir responsabilidades y preocupaciones. Los Estados Unidos deben fomentar la cooperación bilateral con los países centroamericanos para lograr el ordenamiento de los flujos migratorios, y estimular el desarrollo económico de la región, sin condicionar estos apoyos a negociaciones comerciales. Y, entre otros aspectos, deben crear una plataforma en la que, junto con México, se desarrolle e intercambie conocimiento para prevenir y rehabilitar a las pandillas en la frontera sur de nuestro país y los barrios vulnerables de todas las naciones.

Si el problema, sus causas y efectos son comunes a todos, la solución también debe serlo.

Narcotráfico, Guerra, Seguridad y Guardia Nacional (III)

AMLO Presidente
La Jornada de Veracruz

Guerra
¿México está en guerra? Llama la atención que muchos connacionales, cuando son interpelados con esta pregunta, acostumbren responder que “no”. Esto significa admitir que el baño de sangre en nuestro país, las desapariciones forzadas (cerca de 40 mil) y las fosas clandestinas (alrededor de mil 300 documentadas) son apenas un conjunto de indicadores inconexos que configuran un mero problema de inseguridad. Y acaso allí radica la singularidad de México: se trata de una sociedad que aspira a resolver sus conflictos internos sin reconocer la raíz de sus conflictos internos. Lo que es peor aún, no pocos analistas arguyen que en México no hay guerra, bajo el insulso argumento de que no existen dos bandos reconocibles o identificables en disputa, y que ni siquiera está claro qué pudieran disputar. Bien. El problema en nuestro país es tan grave que la impotencia para explicar la realidad es el eje en torno al cual hilvanamos el diagnóstico de nuestra realidad. Tras haber expuesto los rasgos distintivos del narcotráfico, y a fin de anclar hondamente en el análisis que atañe al Plan Nacional de Paz y Seguridad y la Guardia Nacional del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, en esta tercera entrega perfilo una aproximación sin ambages al tema de la guerra en México, y expongo algunas pautas para abordar esta inexorable realidad nacional. Para efectos ilustrativos, dispuse desagregar en tres partes el análisis: uno, la caracterización de la guerra –qué tipo de escenario bélico transita el país–; dos, los efectos de la guerra –cómo impactó la declaratoria de guerra en las estructuras del narcotráfico, que es el presunto enemigo–; y tres, los actores o señores de la guerra –qué bandos guerrean entre sí–. (Glosa marginal: no puedo dejar de destacar la invaluable aportación del Dr. Norberto Emmerich a las consideraciones aquí vertidas).
La narcoguerra . En diciembre de 2006, apenas unos días después de la toma de protesta oficial, el presidente Felipe Calderón Hinojosa decretó una guerra contra el narcotráfico. Los aspectos electorales, jurídicos e institucionales de este episodio han sido exhaustivamente examinados por académicos, comentócratas y periodistas. Y ciertamente, tales variables de análisis siguen siendo más o menos intrascendentes para la comprensión del acontecimiento. Lo políticamente relevante de la declaratoria de guerra contra el narcotráfico es la guerra en sí. Es importante aclarar que la administración de Calderón inauguró una época en la política nacional: a saber, la oligocracia bélica; es decir, oligarquías competitivas que disputan los recursos de poder por medio de la guerra, bajo un disfraz de normalidad democrática. El narcotráfico no es tan sólo una excusa para justificar un teatro de guerra: es la unidad política alrededor de la cual se organizan las oligarquías competitivas para disputar tales recursos de poder: instituciones, poblaciones, territorios, dineros etc. Por oposición a lo que aduce unívocamente la bibliografía sobre el tema, el narcotráfico no coopta, captura o corrompe al Estado, sino que es al revés: el Estado coopta al narcotráfico para corromperse. Corrompe con ello el llamado “pacto social”, neutraliza la contestación, y altera las reglas de la política apoyado en el estribillo del “enemigo-común-narcotráfico”.
La guerra contra el narcotráfico no es una guerra contra el narcotráfico: es una disputa bélica entre las élites nacionales, en vinculación con los cárteles del narcotráfico, por el control de los recursos de poder y en contra del derecho a la vida y el patrimonio de la población. Por tal motivo, es más exacto llamarla narcoguerra .
Desde el punto de vista de las víctimas, la narcoguerra es una violencia de Estado: es decir, la incidencia sistemática de crímenes tales como la desaparición forzada, las ejecuciones sumarias extrajudiciales, la tortura a gran escala, el silenciamiento de opositores políticos, el exterminio de periodistas etc.
El anuncio del fin de la “guerra contra el narcotráfico” del Presidente AMLO, es un anuncio acerca del fin de la guerra como mecanismo de disputa del poder. Esta declaración oficial es significativa, no sólo por la intención que encierra de desactivar la violencia en el país, sino también porque le arranca al narcotráfico uno de sus principios nutricios: la guerra. “No obligues a tu enemigo a que luche por su vida”, sugirió Sun Tzu.
La politización-militarización del narcotráfico . Dentro de las unidades que disputan militarmente los recursos de poder, el eslabón más débil es el capo. Esto explica que la estrategia de seguridad de los gobiernos conservadores contemplara resueltamente la persecución de los capi di tutti capi . Los jefes de los cárteles han sido empujados a desempeñar el rol de CEO’s (gerentes ejecutivos) removibles o desechables. Las insubordinaciones o desafíos al Estado que algunos capos han protagonizado responden fundamentalmente a esta “vulnerabilidad” a la que fueron condenados en el organigrama de las estructuras de poder, y no a la presunta disposición “higiénica” del Estado de barrer con ellos. De hecho, la guerra fue un aliciente o revulsivo para los narcos: los involucró decididamente en la política nacional, y propicio la militarización de sus estructuras y rutinas. Tanto un efecto como el otro contribuyeron a multiplicar el poder y la presencia del narcotráfico en la vida pública de México. La guerra convirtió a los cárteles en controladores de territorios y poblaciones.
La cartelización de la política. Difiero con los analistas que sostienen que los cárteles no existen, o bien, que éstos representan apenas un eslabón más en la cadena de poder estatal y/o delincuencial. Asistimos al fenómeno exactamente opuesto: la cartelización de la política y del crimen.
Respecto al crimen, cabe hacer notar que el narcotráfico es una modalidad de delincuencia de tipo comando: es decir, consigue reunir en su órbita a las Pymes del crimen común y a todos los otros ilegalismos diseminados. En cualquier centro urbano del país, los comerciantes de piratería, los deshuesaderos irregulares, las bandas de robo de vehículos, los asaltantes etc., pagan una cuota por concepto de “operatividad” al jefe narco de la plaza. El narcotráfico regula la totalidad de las actividades delictivas de una entidad.
En la política, el narcotráfico es un actor estratégico que controla recursos políticos tales como las instituciones de seguridad e impartición de justicia, algunas fracciones del ejército nacional, el presupuesto público, ciertos factores de producción económica, el aprovisionamiento de armamento proveniente del extranjero (e.g. la operación “Rápido y Furioso”), la información asociada a los medios de comunicación, los cargos públicos asociados al gobierno etc. En suma, el conjunto de recursos que dispone cualquier Estado para reforzar la capacidad de gobernabilidad. El cártel es un administrador de los intereses heterogéneos que se alojan en esta ensalada.
Tras el desmoronamiento del partido único-hegemónico, y de sus ritos y fórmulas (e.g. el “dedazo” fallido de Luis Donaldo Colosio), la política autoritaria mutó hacia nuevas-viejas formas de organización. Acaso la criatura más conspicua de esa innoble metamorfosis es el cártel-camarilla.
La guerra aceleró el tránsito concluyente de la camarilla –la otrora unidad básica de las redes políticas nacionales– al cártel. A ello se debe que la política de nuestro país se rija por las dinámicas del narcotráfico, y que los cárteles del narcotráfico emulen el comportamiento del Estado nacional.
La guerra en México es una guerra entre los dueños de México.
Sin duda que un primer paso para la desactivación de la guerra, consistía en desterrar de las estructuras gubernativas a los señores de la guerra (i.e. los conservadores) y a sus barones aliados.
Si conquistamos tal primer objetivo, aún está por verse.

Si Trump gana en lo electoral, “ya valimos”: Muñoz Ledo



Al tiempo que la clase política, el sector obrero, el empresariado y hasta líderes religiosos se refocilaban en Tijuana, alrededor de Andrés Manuel López Obrador, ante un aparente triunfo de la diplomacia mexicana frente al gobierno de Donald Trump, el presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, Porfirio Muñoz Ledo, se alzó como la voz disidente. Dijo que “es inmoral e inaceptable” el doble rasero entre la frontera norte y la sur. Ahora, en entrevista con Proceso, reafirma sus dichos y se queja de que la administración lopezobradorista reaccionó a un tuit y ahora le apuesta a un improbable desarrollo de Centroamérica que, sostiene, no le importa a Estados Unidos.
CIUDAD DE MÉXICO (Proceso).- Reedición de formas y ambientación, el acto en Tijuana del sábado 8 fue una concentración masiva que convocó a la “unidad nacional” en torno al presidente en turno… pero esta vez la discrepancia surgió desde dentro del partido convocante, cuando el líder camaral, Porfirio Muñoz Ledo, señaló lo que nadie se atrevía a decir desde las filas de la Cuarta Transformación: se le está haciendo un favor a Estados Unidos a costa de los migrantes.
Una semana después Muñoz Ledo se dice satisfecho de la información dada a conocer sobre las negociaciones en Washington que realizó una “misión diplomática” a cargo del canciller Marcelo Ebrard.
Aunque su crítica tiene matices se mantiene en lo dicho –en entrevista la tarde del viernes 14–, entre otros motivos por haberse iniciado el proceso respondiendo a un tuit; por apostar al desarrollo de Centroamérica cuando, en los hechos, las experiencias han sido largas y fallidas, y porque hay que ser más duros y hacer valer instrumentos jurídicos internacionales, acudir a foros de relevancia global, diversificar las negociaciones comerciales con otros países y preparar el terreno para aguantar.
El sábado 8 en Tijuana, el presidente de la mesa directiva de la Cámara de Diputados expuso: “En mi criterio es inmoral e inaceptable; es el doble rasero entre la frontera norte y la del sur. Por una parte exigimos que nos abran las puertas, y por el otro lado, sellamos el paso de los centroamericanos para hacerle un favor a los Estados Unidos”.
Con el compromiso de frenar el flujo migratorio en 45 días, a cambio de que Estados Unidos no impusiera aranceles a partir del lunes 10, la serie de acuerdos alcanzados por la misión diplomática en Washington el viernes 7 se perfiló desde su anuncio como un triunfo diplomático para el gobierno de Andrés Manuel López Obrador.
El acto en Tijuana, originalmente planteado para llamar la atención estadunidense, se convirtió en convocatoria a la unidad y una expresión de fraternidad con un talante festivo. Con el respaldado de la CTM y la CROC, los dirigentes empresariales y líderes religiosos, legisladores, gobernadores y representantes de los Poderes, entre ellos el veterano opositor que preside hoy la Cámara de Diputados, fue éste quien confrontó la narrativa oficial:
“No podemos aceptar que la migración sea una palabra maldita. La migración es un derecho humano que debe ser respetado. Así lo consagran todas nuestras Constituciones, desde la de Morelos, y todos los tratados internacionales sobre la materia.”
Durante una semana las declaraciones de Muñoz Ledo abundaron al respecto, reclamaron invasión de competencias de Relaciones Exteriores sobre Gobernación y la falta de cuidado respecto del papel que debe jugar el Senado en la aprobación de acuerdos internacionales cuya naturaleza jurídica no es clara.
Ya para el viernes 14, durante la comparecencia del canciller Marcelo Ebrard y la secretaria de Economía, Graciela Márquez Colín, ante la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, los cuestionamientos se refirieron a los acuerdos asumidos durante la misión diplomática, luego de que el presidente estadunidense Donald Trump informara sobre negociaciones distintas a lo planteado por Ebrard el lunes 10 y el martes 11 en las conferencias de prensa matutinas en Palacio Nacional.
Al finalizar el encuentro Muñoz Ledo se dijo satisfecho, pues consideró que todo lo acordado fue transparente; aunque reconoce aciertos, esfuerzo y las presiones estadunidenses, es más realista que en la narrativa presidencial que confía en poder concretar el desarrollo de Centroamérica para frenar el flujo migratorio en 45 días.
Para Muñoz Ledo esas seis semanas son sólo la oportunidad de “ajustar los tonos del acuerdo”.
La propuesta del diputado es un cambio de política exterior y, en definitiva, expresa: “No hago buenos augurios todavía. Con ese señor (Trump) no se sabe qué puede pasar. Y lo que más me preocupa es la obsesión de este tipo de sólo meterse con México. Se metió contra Corea del Norte por la cosa nuclear, con Irán por lo mismo y ya se le olvidó. No la trae sino con un solo país en el mundo –esto es increíble: con su país vecino. Hay algo ahí insano, de insania mental; algo le pasó en su juventud o es un abusivo, pero México tiene un problema que no ha resuelto”.
Del tuit a los hechos
La tarde del viernes 14 Muñoz Ledo salía del salón de sesiones del Senado. Momentos antes fue celebrado al finalizar su intervención durante la comparecencia de Ebrard y Márquez. Un enjambre de personas lo rodea por los pasillos. Por estos días, opositor dentro de la oficialidad de la Cuarta Transformación, parece una celebridad.
En días previos mantuvo como exigencia que se transparentaran todos los acuerdos y se aclarara aquello que pudiera invadir competencias del Senado. Ahora se dice satisfecho con la explicación del canciller.
–¿Cómo evalúa la misión que encabezó Ebrard? –se le pregunta.
–De una sola visita no sé. Ni sé exactamente qué hizo esa vez ni otras veces. En algunas le habrá ido mejor, en otras menos bien. Creo que nuestra embajadora (Martha Bárcena) está muy bien, pero la presión es brutal. Ahora es un chantaje. Yo les decía: “Vayan al G20 y ahí suelten el tema”. Tenemos que ser un poquito más agresivos ahora, porque si no… Ahora sí, no habría qué hacer”.
Una posición de “viejo diplomático” lo orienta hacia el origen del diferendo, que fueron los mensajes en Twitter de Trump anunciando la imposición de aranceles a productos mexicanos:
“Yo nunca hubiera contestado un tuit. Le hubiera mandado una nota diplomática al Departamento de Estado diciéndole: ‘Por favor, dígame por la vía diplomática qué es lo que quiere decir su jefe’. Cuando menos se podría haber logrado otro tono. Pero yo hablo como antiguo diplomático y manteníamos otras maneras de hacer las cosas.”
Para Muñoz Ledo la migración es un asunto histórico en el que México se ha destacado en la dinámica internacional. Lo ha repetido desde el discurso de Tijuana: es un tema fundacional que se consignó desde la Constitución de Apatzingán, y a partir de ahí hace un balance sobre el principio constitucional y consignado en tratados internacionales.
La cuestión es obligada: el legislador ha puesto sobre la mesa aspectos de soberanía, competencias, facultades y principios republicanos en aspectos concretos desde el discurso de Tijuana.
“El tema de la soberanía es de tipo más general. Es el marco general, capacidad de un pueblo para elegir a sus gobernantes o tomar decisiones nacionales… pero se ejerce la soberanía si se puede ejercer. Entonces todo son condicionantes para que se ejerza. El objetivo último, el techo alto, es la soberanía, claro. Si no podemos hacer nada de lo que podemos, estamos contra la pared, es muy difícil hablar de soberanía.”
Para el entrevistado, el diferendo con Estados Unidos puede tardar mucho en resolverse. Y en específico se refiere –cuidadoso de no mencionar directamente en toda la entrevista al presidente López Obrador– a la creación de programas de desarrollo para Centroamérica con el objetivo de frenar la migración atendiendo la pobreza.
“Claro que la tesis mexicana es que haya desarrollo en el triángulo centroamericano (Guatemala, El Salvador y Honduras), pero eso tarda mucho tiempo. Los tres, Estados Unidos y México, haciendo inversiones. Pero eso no les interesa.
“Los americanos no han probado que le interese y es un plan de largo plazo: ahí está el Plan Puebla Panamá, que era eso mismo; la Comunidad Centroamericana y del Caribe; la Alianza para la Seguridad y la Prosperidad de América del Norte… el problema es que todas esas cosas no han funcionado en la práctica y que cada día la extorsión (de Trump) es más delicada.”
El plazo establecido por la administración de Trump para que México frene los flujos migratorios es de 45 días, según se dio a conocer desde el sábado 8, y el presidente López Obrador ha dicho que en ese tiempo mostrará que es posible lograr algo.
–¿No serán suficientes los 45 días? –se le plantea a Muñoz Ledo.
–Estos 45 días son para cambiar los tonos del acuerdo, para ajustar los tonos del acuerdo.
Para el legislador el debate no ha concluido, el debate comenzó apenas el viernes 14, cuando al fin la Cancillería transparentó la información sobre lo acordado en Washington.
El desafío
Muñoz Ledo ha transitado seis décadas en el sistema político mexicano. Lo hizo como secretario de Estado en los setenta, como diplomático con tres presidentes y como opositor en el proceso de apertura democrática a partir de 1988. Sus discrepancias con Miguel de la Madrid y luego con Vicente Fox fueron ampliamente documentadas.
Hoy discrepa del discurso presidencial: “Tengo mi opinión. Yo traté de dar mis ideas, dije cosas muy fuertes y sí he sido escuchado. Desde el día que hablé en Tijuana han pasado muchas cosas y pienso que sirvió para agilizar la apertura de los acuerdos (de Washington)”.
–¿Tiene consecuencias?
–Nadie me ha molestado, nadie me ha llamado para decirme algo.
Añade: “La relación es buena con Marcelo Ebrard. Él pidió venir a verme antes de entrar a la sesión (del viernes 14 en el Senado). Platicamos un buen rato y aclaramos”.
El diputado es persistente. Era necesario transparentar la información sobre la negociación en Washington y, a partir de eso, iniciar un debate que se nutra con total apertura sobre lo que el gobierno negocie.
“Hoy ya tenemos los pelos en la mano. Faltará un papelito u otro. Hay documentos que yo no conocía y ya aclaramos qué es acuerdo, qué no es acuerdo, qué son documentos entre abogados y ya… era necesario porque hemos tenido noticias muy dispares.”
–¿Ya es clara la competencia?
–Sí. Es un primer paso, pero es muy importante para nosotros.
Agrega: “El fast track es el sistema según el cual, cuando se inicia una negociación por el Ejecutivo, se incorpora al Senado para que, cuando termine, los senadores aprueben automáticamente. Eso es un poco lo que propuso Marcelo: incorporar desde ahora a los senadores.
“Eso no se podía antes en México porque no había pluralismo. Yo lo propuse cuando el Tratado de Libre Comercio con América del Norte y recuerdo un chiste que me hicieron: aquí no hay fast track, hay finger track: Dedazo. Hay una evolución de las instituciones en el país.”
Afirma que su idea es contribuir sin enfrentarse, con preguntas pertinentes: el papel de la Guardia Nacional tapando la frontera sur y tomar como guía el Tratado de Marrakech sobre migración segura, regular y ordenada que, sin ser vinculante, es un camino.
El peor diferendo
Muñoz Ledo comenta que México tuvo un papel protagónico en el tema migratorio durante décadas en el ámbito internacional y quizás fue el país más activo al respecto en las Naciones Unidas.
“México es un país con un expertise y un conocimiento del tema migratorio desde hace mucho tiempo. Era absurdo que nos echáramos para atrás (con la presión de Trump)”, dice.
Y ante lo que califica como un “chantaje”, plantea: “¿Qué podemos hacer? ¿Vamos a estar contra la pared toda la vida? ¿Vamos a ser esclavos por generaciones? Yo creo que esto debe orillar al gobierno de México a una nueva política; puede ser costosísimo, pero ¡no vamos a ser esclavos!”.
Se trata, en su perspectiva, de ver qué se está hablando con otras naciones como Rusia o China, país éste que ha propuesto acuerdos a México. Además recuerda que hay convenios comerciales con 42 naciones –aunque algunos sin estrategia, como en el caso de la Unión Europea–, así como cláusulas expresas de la OEA que prohíben presiones como las ejercidas por Trump.
“Lo que no podemos hacer es agacharnos. Es lo único que yo dije. Y tenemos que pelear con todo. Nosotros podemos argumentar que no puede frenarse el flujo migratorio porque sería inconstitucional. México tiene que estar en una posición de combate, no de pleito.
“Es jugársela más fuerte. Si este cuate gana la elección después de volvernos a asustar, pues ya valimos, como dicen los muchachos. Entonces tenemos que tratar de cambiar, si no la correlación de fuerzas, sí los apoyos internacionales. Hay que iniciar una defensa sistemática del país, sin temores, con sobriedad, ganándose a la opinión pública.”
El entrevistado se dice menos pesimista en materia económica y ante la amenaza de los aranceles:
“Ciertamente los aranceles los suben allá. Pero eso encarece el producto para los americanos, sobre todo lo automotriz y autopartes. Entonces encarecemos el producto allá; va contra el consumidor. Y bueno, llegará un momento en el que al ir subiendo, entonces sí perdemos competitividad. Yo creo que hay un tramo más o menos largo para esto y no me avengo a pensar que no hay una solución económica para México.
“Hemos hablado 40 años de diversificación. ¿Dónde está la relación estratégica con Europa? Tenemos a China, que nos ha ofrecido acuerdos. Podrá ser muy difícil pero no creo que estemos tan mancos; y, sobre todo si no paramos a este cuate, no sabemos a dónde vamos a parar nosotros.”
Esta entrevista se publicó el 16 de junio de 2019 en la edición 2224 de la revista Proceso.


La Agenda 2030 y la Cuarta Transformación

La Jornada:
Víctor M. Toledo

El día de ayer se presentó ante el nuevo gobierno la llamada Agenda 2030, un acuerdo aprobado en 2015 por 193 países en el seno de la Organización de las Naciones Unidas que pretendetransformar nuestro mundopromoviendo “… el crecimiento económico sostenido e inclusivo, el desarrollo social y la protección del medio ambiente”. La Agenda 2030 que, se dice, tiene una visión universal, integral e indivisible, está conformada por 17 objetivos centrales, 169 metas y 232 indicadores a los que los gobiernos que firmaron deben adscribirse y diseñar políticas. A la nueva iniciativa global se le debe desear el mejor de los éxitos tras 25 años de acuerdos similares que terminaron en el estancamiento o en el fracaso. Tras más de dos décadas de convenios, proyectos e iniciativas encabezados por Naciones Unidas y sus agencias el mundo está peor, no mejor, en lo social y lo ambiental, lo cual ha quedado revelado por innumerables reportes, estudios científicos y libros. Ahí está la obra del economista francés Thomas Piketty (El capital en el siglo XXI), o el reporte del Banco Credit Suisse (2018) sobre riqueza y desigualdad, que reveló que menos del 1% posee 45 por ciento de la riqueza del mundo, y junto con el estrato más rico siguiente (9 por ciento) alcanzan 85 por ciento de la riqueza, mientras el estrato más pobre (64 por ciento de la población mundial) sobrevive con solamente 2 por ciento de la riqueza mundial. La inequidad social ha aumentado, no disminuido. Hacia 2010, los 388 humanos más ricos del orbe poseían una riqueza equivalente a la de la mitad más pobre de la especie, según un informe de Oxfam Internacional de 2018. Para lo ambiental existen decenas de reportes, entre los que destacan el Global Environmental Outlook 2019 y la carta que hicieron pública 15 mil científicos sobre la gravedad de la crisis ecológica. Concluyendo, la humanidad se encuentra en una situación de alta emergencia para la cual los gobiernos del mundo deberían estar reaccionando y sobre todo comenzando a llamar a las cosas por su nombre.
Y es que el cuerpo del discurso de esta nueva iniciativa reproduce una vez más conceptos fuertemente cuestionados, como el del mismo título (desarrollo sostenible) y del que amplios sectores académicos, especialmente de Europa, India y América Latina, han mostrado su inocuidad. Lo mismo sucede con el concepto de crecimiento económico que una cada vez más poderosa corriente de pensamiento, bajo el nombre de descrecimiento, gana adeptos en Europa (especialmente en Francia y España) y apuntala a los partidos verdes en el Parlamento Europeo. Al desgastado término de desarrollo los movimientos sociales de la América Latina le oponen el del buen vivir, surgido de los hornos andino y mesoamericano, que se ha extendido como pólvora por toda la región.
Es en este contexto que la llegada de la iniciativa a un gobierno que invoca también una transformación, esta vez de escala nacional y de carácter anti-neoliberal, podría generar acciones de avanzada y por delante de los límites de la 2030.
Alcanzo a visualizar lo anterior en al menos 10 de los 17 objetivos de la agenda. El conjunto de acciones que el gobierno mexicano ha puesto en marcha para abatir la pobreza y dotar a los marginados de vías de salvación, la re-orientación de la política agropecuaria que ahora sí apoyará a los pequeños productores campesinos, abandonados a su suerte por las políticas neoliberales, el vuelco hacia la agroecología con apoyo de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), la soberanía alimentaria y la prohibición de los cultivos transgénicos. También está el proyecto para reforestar un millón de hectáreas.
En el campo de la educación destacan las 100 nuevas universidades dirigidas a atender a los jóvenes de regiones remotas y marginadas y el apoyo a las universidades interculturales indígenas. También destaca el compromiso presidencial para evitar la privatización del agua y promulgar una nueva Ley de carácter social.
En el área de la energía, resalta la aceptación del nuevo gobierno de utilizar el petróleo sólo para superar la vulnerabilidad por las gasolinas, e iniciar en paralelo la transición hacia la energía solar. Finalmente destaca la política para mitigar el cambio climático y para apuntalar las 90 millones de hectáreas (60 millones marinas y 30 millones terrestres) bajo conservación, que han hecho del país un ejemplo mundial. Sin duda, con la Cuarta Transformación, la Agenda 2030 saldrá ganando.

México SA de Carlos Fernández-Vega


Emilio Lozoya: se va, se va, se fue 
Conciliábulo en Madrid


Resultó obvio desde el principio: Emilio Lozoya incumplió al ciento por ciento sucompromisocon el juzgado que lo amparó y a partir de ya se suma, oficial y legalmente, al ejército denuevos priístasprófugos de la justicia, lo que no quiere decir que sea el último con orden de aprehensión. Al contrario, faltan varios ex funcionarios, entre ellos, de forma destacada, la mayoría de los ex integrantes del consejo de administración de Petróleos Mexicanos en tiempos de Enrique Peña Nieto.
Hay luz verde para su detención, pero alguienconvenció(ley de omertá) a Lozoya de que resultaba más productivo fugarse que abrir la boca y llevarse a la misma celda a sus ex compañeros (de Pemex a Los Pinos), de tal suerte que hizo maletas y se fue a Alemania, donde goza de protección legal. Queda claro, por si hubiera dudas, que la chamba del abogánster Javier Coello Trejo consistió en conseguir tiempo para que su cliente huyera, no sólo de forma segura, sino cómoda, para lo cual debió untar las manosindicadasy en las cantidadesadecuadas.
A menos de que cruzara el Atlántico a nado, Lozoya debió tomar un avión que lo llevara a Berlín u otra ciudad de la tierra natal de su esposa (o un periplo similar), donde la legislación germana impide la extradición de sus ciudadanos (y el ex director de Pemex lo es). Por ello, la investigación de la Fiscalía General de la República debe ubicar la ruta de escape y detectar quiénes fueron lasmanos amigasque permitieron huir al hoy prófugo de la justicia mexicana.
Cierto es que, indirectamente, Lozoya recibió el primer pitazo del eficiente, pero muy protagónico, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda, Santiago Nieto, al adelantarse y hacer pública la decisión de congelar las cuentas bancarias del ex director de Pemex, su esposa y su hermana. El hoy prófugo no necesitó más: hizo maletas y puso pies en polvorosa, mientras Coello aplicaba la técnica de Javier Duarte (me quedó en México para enfrentar las mentiras en mi contray lo agarraron en Guatemala). Lo mismo pasó con el hampón disfrazado de empresario, Alonso Ancira Elizondo, sólo que éste se confió demasiado (acumulaba seis sexenios de impunidad) o de plano no jugó bien las cartas. Se sabe que la cabeza visible de Altos Hornos de México viajó a Estados Unidos –país del que es ciudadano– y para el despiste compró cinco boletos de avión con diferentes destinos en la geografía estadunidense, para finalmente salir del país en aeronave privada rumbo a Palma de Mallorca, España, donde fue arrestado y enchiquerado.
Pero la chamba de Coello también permitió que otros implicados en los enjuagues de Lozoya ganaran tiempo y, sobre todo, buscaran asesoría legal para evitar ver las rejas desde el otro lado. Se sabe que, desesperados, varios ex consejeros de Pemex –en los tiempos de Agro Nitrogenados– andan tras renombrados leguleyos para que les saquen las castañas del fuego. Uno de los más nerviositos es un regiomontano, pero lo cierto es que a estas alturas es más fácil encontrar a los ex funcionarios peñanietistas en los bufetes de abogados que en sus domicilios particulares (sea casa grande o chica), si es que aún no agarran el avión para intentar evitar que los enchiqueren. ¿Localizarán a Luis Videgaray en su casita de Malinalco?
En fin, Lozoya, prófugo, y los que faltan. ¿Quién sigue?
Las rebanadas del pastel
Madrid se ha convertido en el nuevo centro de reunión/ operación deviejosynuevospriístas, en el conciliábulo de políticos y empresarios mexicanos, de tal suerte que es fácil localizar en la capital española a Peña Nieto, Carlos Salinas,Claudia Ruiz Massieu y demás fauna del régimen pasado. Por allí anda Guillermo Ortiz, operador de la reprivatización bancaria y delrescate, vía Fobaproa, de los amigos, y ex gobernador del Banco de México, quien se dedica a despotricar contra el nuevo gobierno e intentaconvenceral empresariado ibérico para que no invierta en México. Una joya.
Twitter: @cafevega

¿Agronomía vs. agroecología?

La Jornada:
Antonio Turrent Fernández


El exitoso y concurrido primer Congreso Mexicano de Agroecología celebrado en San Cristóbal de las Casas, entre el 13 y el 17 de mayo, despertó esperanzas bien fundadas en un futuro y sustentable manejo del campo, compatible con la Cuarta Transformación. Víctor M. Toledo (La Jornada, 21/5, p. 14) nos describe de manera magistral, aunque con cierta dosis de reduccionismo, ese futuro prometedor para el manejo sustentable del campo, basado en los principios de la agroecología.
Con todo respeto a la creciente comunidad de jóvenes y profesionistas del campo convencidos del futuro promisorio ineludible de la agroecología, quiero argumentar en favor de la agronomía clásica (AC), que ella es diferente a la revolución verde (RV) y al modelo de agricultura industrial (MAI), si bien ambas fueron desarrolladas a partir de aquélla y que, como se explica, la agroecología surge como alternativa a estos dos desarrollos. La AC difiere o comparte principios con los tres, si bien puede seguir metodologías diferentes. Dis­creparía de la aseveración de Victor M. Toledo de que la agroecología ha de ser base única de la 4T, si es que ello implicara la sustitución de la investigación institucional en agrícola clásica, por una investigación institucional en agroecología. Más bien las veo mutuamente compatibles.
La génesis de la agronomía clásica es la aplicación del método científico al cotejo de hipótesis sobre los saberes campesinos acumulados hasta los siglos XVII y XVIII en el viejo continente. La esencialidad de 12 elementos minerales para las plantas, la ley del mínimo, las leyes de Mendel, el concepto de suelo y de su protección contra la erosión, la conservación de la materia orgánica, la superioridad de la rotación de cultivos sobre el monocultivo, el combate biológico de plagas y enfermedades, el descubrimiento del proceso de síntesis de gas amonio a partir del nitrógeno, componente mayoritario de la atmósfera. Un cotejo muy singular es el que se ha conducido durante más de 140 años en Rothamsted, Inglaterra, en la misma parcela con el cultivo del trigo. Se han repetido tratamientos de fertilización con dosis agronómicas de NPK todos los años, con y sin corrección de acidez del suelo, con y sin rotación de cultivos, con y sin incorporación de estiércol. Veinte años después, la Universidad de Illinois, EU, inició y ha mantenido el mismo tipo de cotejo conocido como The Morrow Plots. Estos resultados han sido resumidos y publicados en años recientes. De ninguno se deriva que el uso de dosis agronómicas de fertilizantes actúe como degradante del suelo en el largo plazo; más bien, que es necesario e insuficiente.
La RV y el MAI son versiones reduccionistas de la agronomía clásica. Para incrementar la producción de alimentos en tierras productivas y/o bajo riego en países del tercer mundo, que no habían descubierto la AC y que carecían de cuadros agronómicos profesionales suficientes, la RV fue la respuesta y escaló exponencialmente. Derivado de su éxito fue también aplicada aun en tierras marginales en las que una versión reduccionista de la AC no funcionaría. A posteriori, se notó la escandalosa disminución de la agrobiodiversidad asociada con la RV y otros males. El MAI es una segunda versión reduccionista de la AC que sólo aplica en países y/o regiones que cuentan con abundancia de tierras de labor y de capital, y persiguen el escalamiento de la operación agrícola, la sustitución en extremo de la mano de obra por los combustibles fósiles y el gigantismo de la maquinaria agrícola y al final, pero no menos importante, en la geopolítica. Las dosis de fertilizantes y agroquímicos han dejado de ser agronómicas para volverse industriales. Ya se tiene clara conciencia de las escandalosas externalidades económicas y ecológicas asociadas con el MAI.
El innegable mérito de la agricultura en pequeño como proveedora de alimentos es propio, y no de la agroecología o de la agronomía clásica. En la agronomía clásica también se trabaja con la producción campesina de México. Ejemplo: el caso de MIAF (milpa intercalada en árboles frutales) desarrollada en colaboración entre el Inifap y el Colegio de Postgraduados en los últimos 30 años. Esta es una tecnología multiobjetivo compatible con la agricultura campesina, con la orgánica y con la convencional y que ha sido adoptada como programa de gobierno en el proyecto Sembrando Vida.
*Investigador Nacional Emérito del SNI. Inifap, Colpos, UCCS.

Trump: falta de palabra

La Jornada
Editorial

De acuerdo con asesores del Congreso de Estados Unidos, el gobierno de ese país anunció lareprogramaciónpermanente de 370 millones de dólares de ayuda a El Salvador, Guatemala y Honduras, luego de la más reciente andanada del presidente Donald Trump contra esos países,porque no han impedido que miles de sus ciudadanos busquen asilo en territorio estadunidense desde el lado mexicano de la frontera común.
Los fondos en cuestión corresponden a partidas del presupuesto del año fiscal 2018, más otros 190 millones adicionales que habían sido ya aprobados para el año fiscal siguiente. Para la superpotencia representan sumas insignificantes, pero su reasignación es un golpe a las economías de las naciones afectadas por la medida.
Desde la perspectiva del asunto migratorio, salta a la vista la total falta de lógica de este más reciente exabrupto del magnate neoyorquino: el castigo económico a países que son origen de flujos migratorios se traducirá obligadamente en desempeño económico más insatisfactorio, menos empleos y, por ende, más migración.
Se reafirma de esta manera la certeza de que la hostilidad manifiesta de Trump hacia las naciones situadas al sur del río Bravo –empezando por la nuestra– no tiene como propósito central frenar la llegada de migrantes a la suya, sino realizar exhibiciones de fuerza y alardes de prepotencia de cara a su electorado y ante un escenario político interior que se le ha ido complicando en los dos años y medio de su mandato, hasta el punto de que el término impeachment (equivalente a juicio político) se ha vuelto de uso frecuente en Washington, por más que la dirigencia de la oposición demócrata no tenga intenciones de llegar hasta ese punto.
Lo más preocupante del gesto comentado es que reafirma la tendencia del presidente estadunidense de romper la letra y el espíritu de los acuerdos cuando aún no se ha secado la tinta de su propia firma.
En efecto, el pasado 7 de junio se firmó un convenio entre Estados Unidos y México en el que se estableció la necesidad de impulsar medidas de desarrollo y bienestar en las zonas expulsoras de mano de obra como una estrategia para disminuir el flujo migratorio y en apenas 10 días, Trump se deslinda de ese propósito con su determinación de quitar la ayuda a los tres países centroamericanos referidos.
De paso, esta nueva embestida introduce la ominosa exigencia a los gobiernos afectados de que se conviertan en carceleros de su propia población y le impidan la salida de los respectivos territorios, lo que plantea una presión inequívoca para la adopción de políticas autoritarias y contrarias a los derechos humanos.
Para México, la advertencia es clara: Trump puede firmar cualquier cosa y negarse a cumplirla al día siguiente.
Dicho en otros términos, el presidente del país vecino no va a detenerse con la firma de acuerdos; los romperá cada vez que necesite hacerlo en beneficio de sus propios intereses políticos y electorales, y ello coloca a nuestro país ante la necesidad de imaginar una estrategia sumamente compleja para hacer frente a un interlocutor en el que no se puede tener ninguna confianza.

Astillero de Julio Hernández López


El desacuerdo de un secretario
Jiménez Espriú y loscorruptos
Amparos, para entrampar
Sánchez Cordero demanda lealtad


Doce palabras pronunció el secretario de Comunicaciones y Transportes, Javier Jiménez Espriú:Dijo el Presidente por la mañana eso, yo no estoy de acuerdo. Se refería el afamado ingeniero y universitario a la postulación andresina de que soncorruptosquienes promueven amparos del Poder Judicial federal contra las obras aeroportuarias que se pretenden realizar en la base militar de Santa Lucía. No es un asunto menor que el titular de la SCT disienta de quien lo puso en el cargo, pues en ese punto, el de loscorruptosque aspiraban a ser beneficiarios del proyecto original en Texcoco, ha descansado buena parte del discurso defensivo y ofensivo del político tabasqueño.
No es la primera ocasión en que un miembro del gabinete de Andrés Manuel López Obrador se manifiesta contra la posición de su jefe: la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, dijo en su momento que estaba en contra de la reducción de salarios y prestaciones a los miembros del Poder Judicial de la Federación (al que pertenece, como ministra en retiro), reducción que categóricamente demandaba el Presidente de México.
Sin embargo, la dimensión del diferendo es mayor en el caso aéreo que en el judicial. La profusión de solicitudes de amparo respecto a los casos Santa Lucía (para que no se inicien los trabajos de construcción) y Texcoco (para que no se ahogue en agua lo estructuralmente avanzado en cuanto a un nuevo aeropuerto) entraña una calculada pretensión de entrampar el curso del gobierno obradorista y someterlo a un multiplicable freno jurídico en cuanto tema les parezca impugnable a las fuerzas políticas y económicas que no han encontrado una vía política y electoral para enfrentar ese obradorismo aún sumamente fuerte en términos de aceptación popular.
En términos formales es indiscutible que asiste a cualquier ciudadano el legítimo derecho de inconformarse frente a actos de poder que le parezcan lesivos a su interés particular o al social. Ese derecho puede ejercerse hasta la saciedad e incluso en términos que puedan parecer excesivos. La ley indica y reconoce ese derecho y lo regula para que se cumpla a través de las vías judiciales establecidas, que pueden aceptar o rechazar las pretensiones de los demandantes. Aunque fueran mal intencionadas o políticamente sesgadas o tendenciosas las recurrencias de, por ejemplo, los ciudadanos Claudio X. González (directivo y mecenas de Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad) y Gustavo de Hoyos (presidente de Coparmex y flagrante 3P: presunto precandidato presidencial 2024), tienen pleno derecho a solicitar amparos y a generar cuantas incidencias judiciales crean adecuadas a su parecer.
Sin embargo, y ya instalados en el terreno ideológico, político e incluso electoral, los alegatos y promociones judiciales contra Santa Lucía y virtualmente a favor de Texcoco tienen una clara significación contraria al proceso que se autodenomina Cuarta Transformación. Grupos, membretes, personajes e intereses que fueron silenciosos validadores de anteriores actos discutibles o abiertamente repudiables de gobiernos priístas y panistas ahora se han convertido en feroces defensores de una legalidad a la que anteriormente no protegieron y cuyas continuas violaciones no les merecieron fervores cívicos y jurídicos.
El desacuerdo de Jiménez Espriú tiene como referencia ese contexto. Y, en tal escenario, debilita el discurso de su jefe, centrado en la denuncia de los corruptos que pretenden frenarlo a él y sus obras estelares. Después de Jiménez Espriú entró en escena Olga Sánchez Cordero, la secretaria de Gobernación rudamente desplazada de algunas funciones por el vicepresidente provisional, Marcelo Ebrard. Dijo que la lealtad al presidente López Obrador debe ser norma cotidiana para garantizar la unidad de propósitos de la 4T. ¿Pleito en las alturas? ¿Quién será el siguiente secretario en dejar el gabinete obradorista?
Twitter: @julioastillero

Preocupa a intelectuales la creciente actividad militar en comunidades zapatistas

Estrategia de guerra

Personalidades del ámbito internacional y nacional, como el lingüista Noam Chomsky y los sociólogos Boaventura de Sousa y Michael Löwy, manifestaron su preocupación ante la creciente actividad militar en los territorios zapatistas, lo que consideraron, más que una estrategia de seguridad, parece una estrategia de guerra.

En una carta pública de apoyo a los zapatistas y contra la militarización, firmada por 65 personajes, académicos e intelectuales del mundo y por 92 mexicanos, como la defensora de derechos humanos Magdalena Gómez, el antropólogo Gilberto López y Rivas, el escritor Juan Villoro y el arqueólogo Eduardo Matos Moctezuma, alertaron sobre la posibilidad de que la administración de Andrés Manuel López Obrador, como sus antecesores, liberales y conservadores, orille a los pueblos indígenas al borde del exterminio.

La Carta contra la militarización y en solidaridad con las comunidades zapatistas y los pueblos indígenas de México, se difundió ayer por diversos medios, y los signatarios expresaron su temor por lo que nuevamente está pasando en aquel rincón olvidado del sureste mexicano que se convirtió en el corazón de la esperanza y la rebeldía: Chiapas.
“Nos preocupa enterarnos de la creciente actividad militar en los territorios de las comunidades zapatistas. Vemos que en medio de la compleja situación de seguridad que vive México, el camino de la militarización del país esté tomando más fuerza. Es una señal de alerta que bajo la muy cuestionada estrategia en torno a la Guardia Nacional, ésta sea, como ha ocurrido tantas veces, una fuerza de ‘seguridad’ que no distinga entre crimen y resistencia, entre crueldad y digna rebeldía.
Es contradictorio que cuando los datos del propio gobierno de México indican que la zona zapatista es de las de más bajo índice delictivo, la estrategia de seguridad se dirija de manera amenazante ante esas zonas que son de los pocos santuarios de libertad y seguridad para el México de abajo. Eso más que una estrategia de seguridad parece una estrategia de guerra.
En el documento, que se promovió desde la semana pasada y logró juntar además la adhesión de varias organizaciones civiles y sociales, los firmantes alertan ante lo que consideraron un proceso creciente de hostilidad hacia resistencias auténticas, históricas y legítimas que se oponen a proyectos (impulsados por el gobierno federal) como el Tren Maya, el Corredor Transístmico y el Plan Integral Morelos, entre otros.
Preocupa enterarnos de recientes homicidios de integrantes del Congreso Nacional Indígena y del Consejo Indígena de Gobierno.
Subrayaron que la misiva no es un manifiesto ideológico ni una declaratoria de postura frente a los cambios políticos que están ocurriendo en México, sino que se trata de un mensaje de genuina preocupación por lo que se siente que se avecina en ese abajo que después de 25 años, de 500 años, sigue resistiéndose al exterminio y al olvido. Nos preocupan aquellos que durante un cuarto de siglo han luchado por su autonomía, que han puesto la dignidad por encima del pragmatismo político, que han sido un ejemplo de libertad en un mundo encadenado por el miedo, nos preocupan los zapatistas.
Entre los firmantes, destacaron, hay personas que ven la administración de López Obrador con esperanza y otros con escepticismo, pero todos somos personas que soñamos con un mundo distinto, mejor.
Aseguraron que un cambio en México no puede ocurrir bajo una sombra de pragmatismo político, cediendo ante presiones que llevan al autoritarismo, al despojo y a la violencia en beneficio del uno por ciento, ni con la descalificación de voces críticas que con su autenticidad y consistencia se han ganado el respeto del mundo.
El mundo está mirando con ojos y corazón lo que pasa en México y en Chiapas. ¡Alto a la guerra contra los zapatistas y los pueblos indígenas.
Emir Olivares Alonso
Periódico La Jornada
Martes 18 de junio de 2019, p. 5