Foto: Amnistía Internacional España / También destaca que mil 695 niñas y niños están bajo protección policial ante el riesgo de sufrir violencia vicaria.
El sistema VioGén contabilizó 106 mil 972 casos activos de mujeres víctimas de violencia machista al cierre de septiembre de 2026.
España registró 111 mil 463 casos activos y supervisados de mujeres víctimas de violencia de género al 30 de septiembre de 2026, de acuerdo con datos del Ministerio del Interior difundidos por la agencia de noticias EFE a través de Efeminista. La cifra representa una disminución de 0.1 por ciento respecto al mismo periodo del año anterior; sin embargo, los registros también muestran la persistencia de situaciones de riesgo para mujeres, adolescentes y menores de edad.
Del total, 106 mil 972 corresponden a casos activos con evaluación de riesgo policial, mientras que los restantes se encuentran en una fase de seguimiento especial antes de su posible inactivación definitiva. Este último procedimiento se aplica a situaciones de alta complejidad o riesgo cualificado.
Los datos evidencian que la violencia de género continúa siendo un problema que requiere atención institucional sostenida, particularmente para las mujeres que enfrentan amenazas de sus parejas o exparejas y para quienes tienen hijas e hijos expuestos a posibles agresiones.
Más de mil mujeres enfrentan riesgo alto o extremo
De acuerdo con las estadísticas de septiembre del sistema VioGén, encargado de dar seguimiento y coordinar la protección policial de las víctimas de violencia de género en España, 21 mujeres se encontraban en riesgo extremo de sufrir nuevas agresiones y mil 132 estaban clasificadas en riesgo alto.
A estas cifras se suman 16 mil 470 mujeres en riesgo medio y 89 mil 349 en riesgo bajo. La clasificación identifica la probabilidad de que las víctimas vuelvan a sufrir agresiones por parte de sus parejas o exparejas y permite orientar las medidas de protección.
Entre los grupos que requieren atención específica se encuentran las adolescentes y las mujeres mayores de 65 años. Al cierre de septiembre, el sistema contabilizó mil 404 víctimas menores de edad y 2 mil 684 mujeres mayores de 65 años entre los casos activos y supervisados.
Aunque el número total de casos registró una ligera reducción anual, las cifras muestran que miles de mujeres continúan expuestas a distintos niveles de riesgo y requieren seguimiento institucional.
Mil 695 niñas y niños están bajo protección policial
La violencia de género también afecta a las hijas e hijos de las mujeres que viven situaciones de maltrato. Según los datos del Ministerio del Interior, 54 mil 968 mujeres con casos activos tenían menores a su cargo, un incremento de 1.5 por ciento respecto al mismo periodo de 2025.
Asimismo, mil 695 niñas y niños se encontraban bajo protección policial ante el riesgo de sufrir agresiones por parte de las parejas o exparejas de sus madres. La cifra representa un aumento de 18.1 por ciento en comparación con el año anterior.
De este grupo, dos menores estaban clasificados en riesgo extremo, 148 en riesgo alto y mil 545 en riesgo medio.
La situación se relaciona con la violencia vicaria, una forma de violencia machista en la que el agresor utiliza a las hijas e hijos para dañar a la madre. Las agresiones contra menores pueden convertirse en un mecanismo de amenaza, control y sufrimiento para las mujeres que intentan salir de una relación violenta.
Desde marzo de 2019, cuando el Ministerio del Interior comenzó a evaluar específicamente el riesgo que enfrentan las hijas e hijos de mujeres víctimas de violencia de género, el sistema ha identificado 6 mil 81 casos de menores expuestos a una posible situación de violencia vicaria.
Las estadísticas muestran la necesidad de mantener una respuesta institucional que considere tanto la seguridad de las mujeres como la de sus hijas e hijos, con mecanismos de evaluación del riesgo y medidas de protección adecuadas a cada situación.
Foto: Premio Nobel / La jurista sudafricana Navi Pillay recibió el Premio Nobel de la Paz 2026 y bromeó con compartirlo con Trump.
La jurista sudafricana fue reconocida por su trayectoria en la persecución de crímenes de guerra, lesa humanidad y genocidio.
La jurista sudafricana Navanethem “Navi” Pillay recibió el Premio Nobel de la Paz 2026 por su trabajo en favor de la paz y el derecho internacional, así como por su contribución al fortalecimiento de los mecanismos de justicia para procesar crímenes de guerra, crímenes de lesa humanidad y genocidio.
El Comité Noruego del Nobel anunció este viernes 9 de octubre la distinción y destacó la trayectoria de Pillay en la defensa de los principios jurídicos internacionales y su participación en procesos judiciales que han contribuido a combatir la impunidad.
La noticia sorprendió a la jurista mientras se encontraba en Núremberg, Alemania, donde participaba en actividades de la Academia Internacional de los Principios de Núremberg. Al recibir una ovación de colegas y periodistas, respondió con humor a la noticia y a las reiteradas declaraciones del presidente estadounidense Donald Trump sobre su aspiración de obtener el reconocimiento.
“Muchas gracias, si aplaudís un poco más, puede que comparta este premio con Trump”, expresó durante una rueda de prensa, en un comentario difundido en redes sociales por Agnès Callamard, secretaria general de Amnistía Internacional.
La broma aludió también a la polémica generada el año pasado, cuando la dirigente opositora venezolana María Corina Machado, ganadora del Nobel de la Paz 2025, entregó a Trump el objeto físico del galardón. El Instituto Noruego del Nobel aclaró entonces que el premio es personal e intransferible.
Navi Pillay, una trayectoria en defensa de los derechos humanos
Pillay es una jurista de origen tamil nacida en Sudáfrica, cuya carrera profesional ha estado marcada por la defensa de los derechos humanos y el desarrollo del derecho internacional.
Durante el apartheid, ejerció como abogada y defendió a personas perseguidas por el régimen segregacionista. Posteriormente, ocupó cargos en instituciones judiciales internacionales, entre ellos el de jueza del Tribunal Penal Internacional para Ruanda, del Tribunal Superior de Sudáfrica y de la Corte Penal Internacional (CPI).
También fue alta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, desde donde contribuyó a impulsar la protección internacional de las garantías fundamentales.
Uno de los aspectos destacados de su trayectoria fue su participación en el Tribunal Penal Internacional para Ruanda, donde contribuyó al desarrollo de criterios jurídicos que reconocieron que la violencia sexual puede constituir un crimen de lesa humanidad y, bajo determinadas condiciones, un acto de genocidio.
El Comité Noruego del Nobel subrayó que su trabajo ha sido relevante para fortalecer las instituciones que permiten investigar y sancionar a responsables de violaciones graves de derechos humanos, independientemente de su posición política o del poder de los Estados involucrados.
Premio Nobel de la Paz 2026 para la jurista sudafricana, Navi Pillay. Luchadora incansable contra los genocidios y portadora de un gran sentido del humor, como puedes ver en el vídeo Por más "Navis" en este mundo!! pic.twitter.com/T18KMfDvSx— Amnistía Internacional España (@amnistiaespana) October 9, 2026
El derecho internacional frente a los conflictos actuales
El reconocimiento a Pillay también pone en el centro del debate la importancia de las instituciones internacionales de justicia ante los conflictos armados y las denuncias de violaciones graves de derechos humanos.
La jurista encabezó la Comisión Internacional Independiente de Investigación de las Naciones Unidas sobre el Territorio Palestino Ocupado, incluido Jerusalén Oriental, e Israel. En septiembre de 2025, dicha comisión concluyó que Israel había cometido genocidio contra la población palestina en Gaza. Israel ha rechazado las acusaciones.
La comisión es un órgano de investigación de la ONU, y sus conclusiones deben distinguirse de las resoluciones judiciales definitivas sobre responsabilidad penal internacional.
El Comité Noruego del Nobel señaló que la paz duradera requiere instituciones capaces de hacer cumplir el derecho y mecanismos para exigir responsabilidades por los crímenes internacionales.
La distinción a Pillay reconoce así una trayectoria vinculada con la defensa de la dignidad humana, la rendición de cuentas y la búsqueda de justicia para las víctimas de violencia y conflictos armados.
Foto: César Martínez / La relatora especial de la ONU pide leyes, servicios y mecanismos de protección que reconozcan la violencia que enfrentan.
En 2025 había 664 millones de mujeres de 60 años o más en el mundo.
Las mujeres no pierden sus derechos humanos al envejecer. Sin embargo, millones enfrentan violencia física, sexual, psicológica y económica, así como abandono, discriminación y obstáculos para acceder a servicios de protección, mientras las leyes y políticas públicas siguen sin reconocer plenamente sus necesidades.
La relatora especial de Naciones Unidas sobre la violencia contra las mujeres y las niñas, Reem Alsalem, advirtió que las mujeres mayores permanecen en gran medida invisibilizadas en las leyes, los datos y los servicios destinados a prevenir y atender las agresiones en su contra.
“Las mujeres no deberían perder su derecho a vivir libres de violencia porque envejezcan”, afirmó Alsalem al presentar su informe ante la Asamblea General de la ONU el pasado 8 de octubre de 2026.
La experta señaló que el edadismo y el sexismo se combinan para ocultar la violencia contra las mujeres mayores, normalizarla o considerarla una consecuencia inevitable del envejecimiento.
Desde una perspectiva interseccional, el informe examina cómo la discriminación por sexo y edad se suma a las desigualdades acumuladas a lo largo de la vida, lo que puede limitar la autonomía de las mujeres y su acceso a la justicia, la salud y la protección social.
De acuerdo con las estimaciones citadas en el documento, en 2025 había 664 millones de mujeres de 60 años o más en el mundo. Se prevé que esta población alcance los mil 130 millones en 2050.
Ante este escenario, Alsalem subrayó que la edad no debe utilizarse para reducir la dignidad, la autonomía ni la protección de las mujeres.
Violencia económica, sexual y digital contra las mujeres mayores
El informe identifica distintas manifestaciones de violencia contra las mujeres mayores, entre ellas las agresiones físicas, psicológicas, sexuales y económicas, el control coercitivo, la negligencia, el abandono y la violencia facilitada por la tecnología.
Entre los riesgos documentados se encuentran la explotación de sus pensiones y propiedades, la exclusión digital, la negación de atención sanitaria y la falta de acceso a dispositivos de asistencia. A estas condiciones se suman las barreras para denunciar a sus agresores y obtener justicia.
La violencia puede ocurrir en los hogares, las comunidades y las instituciones de cuidado, así como en prisiones, contextos de conflicto y emergencias humanitarias. El informe también advierte que la violencia sexual contra las mujeres mayores continúa siendo insuficientemente reconocida.
Alsalem identificó riesgos particulares para las viudas, las mujeres migrantes y apátridas, las habitantes de zonas rurales, las mujeres con discapacidad y quienes viven en instituciones de cuidado o atraviesan situaciones de conflicto y crisis humanitaria.
Estas condiciones pueden agravar la dependencia económica, el aislamiento y las dificultades para acceder a mecanismos de denuncia y protección. Además, cuando las mujeres mayores quedan fuera de los registros y estadísticas oficiales, la violencia que enfrentan puede permanecer sin respuesta institucional.
Autonomía y decisiones sobre el final de la vida
La relatora especial también llamó la atención sobre las decisiones relacionadas con los tratamientos médicos y el final de la vida, particularmente cuando las mujeres mayores viven en condiciones de pobreza, discapacidad, aislamiento o dependencia de otras personas para recibir cuidados.
Alsalem advirtió que estas circunstancias pueden generar presiones que condicionen las opciones disponibles para ellas y reiteró que ninguna mujer debe sentirse una carga por su edad o por necesitar apoyo.
Por ello, la protección de sus derechos requiere garantizar que las decisiones sobre su salud y sus cuidados respeten su autonomía y dignidad, sin que la edad o las condiciones de dependencia se conviertan en motivos para limitar sus opciones.
ONU pide fortalecer las leyes y los servicios de protección
Ante estas problemáticas, Alsalem instó a los Estados a reconocer explícitamente la violencia contra las mujeres mayores en sus leyes, estrategias nacionales y programas de prevención y atención.
También pidió recopilar datos desagregados por edad y sexo, fortalecer los mecanismos accesibles de denuncia, garantizar el acceso a la justicia y la reparación, y capacitar al personal de las fuerzas del orden, los sistemas judiciales, los servicios de salud y las instituciones de asistencia social.
Entre las medidas necesarias, destacó el fortalecimiento de la protección social, las pensiones, la vivienda, la atención sanitaria y los servicios paliativos y de cuidado, además de acciones para prevenir la explotación económica y el aislamiento.
El informe plantea que atender la violencia contra las mujeres mayores exige reconocerlas como titulares de derechos y garantizar que las políticas públicas respondan a las distintas formas de discriminación que enfrentan.
La edad, insistió la relatora, no puede ser una justificación para tolerar las agresiones, negar servicios ni reducir la autonomía de las mujeres.
Foto: Especial / Las agresiones digitales contra personas defensoras indígenas pueden extenderse a sus familias y comunidades.
Una investigación documentó ataques como campañas de desprestigio, amenazas y exposición de datos personales contra personas defensoras indígenas.
La violencia contra quienes defienden el territorio también ocurre en los espacios digitales. Campañas de desprestigio, amenazas, difusión de información personal y mensajes que criminalizan su labor forman parte de las agresiones que enfrentan personas defensoras indígenas en México y otros países, de acuerdo con una investigación internacional presentada por la organización Voces del Territorio.
El estudioResistencia y Resiliencia: Respuestas colectivas a ataques digitales en contra de personas defensoras, desarrollado junto con la Asociación para el Progreso de las Comunicaciones (APC) y la Iniciativa de Derechos de los Pueblos Indígenas (IPRI), documentó durante tres años las distintas formas de violencia digital contra personas defensoras de Brasil, Filipinas, Kenia y México.
Entre sus hallazgos, la investigación advierte que las agresiones tienen impactos diferenciados para las mujeres defensoras, quienes enfrentan campañas dirigidas contra su reputación y sus liderazgos. Además, señala que estos ataques no afectan únicamente a las víctimas directas, sino también a sus familias, organizaciones y comunidades.
Ante este escenario, las organizaciones llamaron al Estado mexicano a reconocer la violencia digital como una dimensión de las agresiones contra personas defensoras ambientales, prevenirla, investigarla y sancionarla, así como desarrollar políticas de protección que incorporen las perspectivas de género e interculturalidad.
Agresiones digitales buscan debilitar la defensa del territorio
En México, las agresiones digitales se suman a los riesgos que enfrentan quienes defienden el medio ambiente y sus territorios. Voces del Territorio recuerda que, en 2022, Global Witness ubicó al país en el tercer lugar mundial por agresiones letales contra personas defensoras ambientales y del territorio. De acuerdo con el documento, al menos la mitad de las víctimas eran personas indígenas.
La investigación contó con la participación de tres pueblos indígenas en México: el zapoteco de Puente Madera, Oaxaca; el purépecha de Cherán K’eri, Michoacán, y el yaqui de Loma de Bácum, Sonora.
Entre las agresiones identificadas se encuentran la desinformación, las campañas de desprestigio, la creación de perfiles falsos, las amenazas, la exposición de información personal y la difusión de narrativas que estigmatizan y criminalizan a quienes defienden sus territorios.
El estudio advierte que estos ataques no deben entenderse como incidentes aislados ni como simples conflictos en redes sociales. Forman parte de estrategias de presión que pueden buscar intimidar a las personas defensoras y debilitar los procesos colectivos de organización.
La violencia digital también tiene consecuencias fuera de internet: puede generar miedo, afectar las relaciones familiares, deteriorar la confianza dentro de las comunidades y dejar secuelas físicas y emocionales tanto en las víctimas directas como en su entorno.
Esto ocurre porque la defensa del territorio no es una actividad individual, sino una labor vinculada con la vida comunitaria, la cultura y los medios de subsistencia. Por ello, cuando una persona defensora es atacada, las consecuencias pueden extenderse al conjunto de la comunidad.
Mujeres defensoras enfrentan ataques contra su reputación y liderazgo
Uno de los hallazgos de la investigación es que las agresiones digitales no afectan de la misma manera a todas las personas defensoras. Las mujeres enfrentan formas específicas de violencia y campañas que buscan dañar su reputación y debilitar sus liderazgos.
Esta dimensión de género resulta relevante porque los ataques no se limitan a cuestionar la labor de defensa ambiental, sino que también pueden dirigirse contra el reconocimiento y la legitimidad de las mujeres dentro de sus comunidades y organizaciones.
Sin embargo, la investigación no detalla casos individuales ni desglosa cifras sobre la cantidad de mujeres afectadas. Su principal señalamiento es que las políticas de protección deben reconocer estos impactos diferenciados e incorporar una perspectiva de género.
La organización también subraya que las comunidades indígenas no son únicamente víctimas de estas agresiones. A lo largo del proceso han desarrollado estrategias propias de resistencia y resiliencia, entre ellas acuerdos comunitarios sobre el uso de redes sociales, mecanismos para contrarrestar la desinformación, medios de comunicación propios y participación de jóvenes.
Estas respuestas, sostiene la investigación, deben ser tomadas en cuenta al diseñar medidas de seguridad digital, en lugar de imponer soluciones que desconozcan las formas de organización y las decisiones colectivas de los pueblos.
Brecha digital también limita la protección de los pueblos indígenas
La posibilidad de utilizar tecnologías de manera segura está condicionada por las desigualdades en el acceso a internet, dispositivos, infraestructura y conocimientos digitales.
De acuerdo con los datos de la Encuesta Nacional sobre Disponibilidad y Uso de Tecnologías de la Información en los Hogares (ENDUTIH) 2025 citados en el boletín, 86.1 por ciento de la población de seis años y más en México utilizó internet durante ese año, frente a 57.4 por ciento en 2015.
Entre las personas usuarias de internet, 26.6 por ciento se autoadscribió como indígena y 4.7 por ciento declaró hablar alguna lengua indígena.
Voces del Territorio advierte que las limitaciones de conectividad, electricidad, infraestructura, dispositivos y habilidades digitales afectan especialmente a las poblaciones de zonas marginadas. Estas desigualdades restringen el ejercicio de derechos y dificultan que las comunidades accedan a herramientas para prevenir y responder a las agresiones.
En este contexto, la tecnología puede utilizarse tanto para hostigar y exponer a las personas defensoras como para fortalecer sus procesos de organización, comunicación y resistencia. El desafío consiste en garantizar que las comunidades cuenten con condiciones para aprovechar estas herramientas sin quedar desprotegidas frente a los riesgos.
Exigen políticas de protección con perspectiva de género
Ante los hallazgos, Voces del Territorio y las organizaciones participantes plantearon una serie de responsabilidades para el Estado, las plataformas digitales y las organizaciones que acompañan a las comunidades.
Al Estado mexicano le corresponde reconocer los ataques digitales contra personas defensoras ambientales como una forma de violencia que debe prevenirse, investigarse y sancionarse. También debe desarrollar políticas de protección que contemplen la seguridad de las comunicaciones, la información y la identidad de quienes defienden el territorio, con enfoque intercultural y de género.
Las organizaciones llamaron además a reducir la brecha digital y garantizar a las comunidades indígenas acceso seguro a tecnologías, capacitación y herramientas de protección.
Por su parte, las plataformas digitales deben fortalecer sus mecanismos de respuesta ante campañas coordinadas de hostigamiento, amenazas y exposición de datos personales, tomando en cuenta los contextos específicos de las personas defensoras.
Finalmente, las organizaciones acompañantes deben escuchar a las comunidades y fortalecer sus propias estrategias de seguridad, sin imponer medidas que ignoren sus formas de organización o sus decisiones colectivas.
En el marco del Día de la Resistencia Indígena, conmemorado el 12 de octubre, y del Día Internacional de las Mujeres Rurales, el 15 de octubre, los resultados de la investigación colocan en el centro la necesidad de reconocer que la protección de quienes defienden el territorio también debe abarcar los espacios digitales.
Foto: Georgina Monroy / Legisladoras y autoridades electorales participaron en el Senado en un encuentro sobre los retos para garantizar la paridad sustantiva.
En el Senado, legisladoras y autoridades electorales señalaron que garantizar la representación de las mujeres requiere atender la violencia política de género y avanzar hacia una distribución equitativa del poder.
La representación política de las mujeres en México enfrenta desafíos que van más allá de alcanzar la paridad numérica. La violencia política por razón de género, las dificultades para acceder a candidaturas y los rezagos en el ámbito municipal evidencian los obstáculos que persisten para garantizar su participación en condiciones de igualdad.
Durante el conversatorio Nosotras en la paridad vertical y horizontal rumbo a 2027, realizado en el Senado de la República, mujeres que ocupan cargos públicos y espacios vinculados con la participación política coincidieron en la necesidad de fortalecer los mecanismos para prevenir y denunciar la violencia, así como impulsar una distribución equitativa del poder.
La presidenta de la Comisión para la Igualdad de Género del Senado, Martha Lucía Mícher Camarena, advirtió que la violencia política comienza en los partidos y puede presentarse antes, durante y después de que una mujer busca una candidatura.
Ante este panorama, propuso crear una red de mujeres de todas las entidades del país y elaborar una cartilla sobre sus derechos políticos. También adelantó que impulsará un exhorto para precisar ante qué instancias debe denunciarse la violencia política y un punto de acuerdo para aclarar qué autoridad emite, en cada entidad federativa, la constancia de no ser deudor alimentario.
Durante el conversatorio “Nosotras en la paridad vertical y horizontal rumbo al 2027”, senadoras y especialistas dialogaron sobre retos y estrategias para garantizar la igualdad de representación. https://t.co/YHIskcdM8Wpic.twitter.com/3e0RG9UAsF— Senado de México (@senadomexicano) October 14, 2026
Paridad sustantiva, más allá de los números
La consejera del Instituto Nacional Electoral (INE), Carla Humphrey Jordan, destacó que actualmente las mujeres representan casi 54 por ciento de las legislaturas locales y que México cuenta con 13 gobernadoras. Sin embargo, identificó el ámbito municipal como uno de los principales pendientes para alcanzar la paridad,donde también se registra mayor violencia por razón de género.
La titular de la Unidad Técnica para la Igualdad de Género del Senado, Flor Dessiré León Hernández, explicó que el conversatorio busca intercambiar experiencias, identificar buenas prácticas y reconocer los desafíos que enfrentan las mujeres que aspiran a ocupar cargos públicos y espacios de toma de decisiones.
En tanto, la integrante del Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer (CEDAW), Martha Clara Ferreyra Beltrán, subrayó la importancia de las recomendaciones internacionales que pueden traducirse en obligaciones para los Estados y contribuir al avance de la paridad.
La presidenta de la Comisión de Pueblos Indígenas y Afromexicanos, Edith López Hernández, llamó a visibilizar las luchas de las mujeres de comunidades originarias, quienes durante años han sido reducidas al folclor.
Por su parte, la senadora de Movimiento Ciudadano, Amalia García Medina, consideró que estos encuentros permiten identificar avances, dificultades e incluso retrocesos en las distintas regiones del país. Gabriela Pinedo Morales, de Morena, señaló que las mujeres que participan en la vida pública enfrentan un doble escrutinio y llamó a reconocer sus trayectorias e identidades.
Pese a los avances alcanzados, existen signos alarmantes de retroceso que pretenden bloquear la participación política de las #mujeres en los espacios de toma de decisión, en condiciones de igualdad y libres de violencia. Es momento de unirnos para alertar sobre ellos
A 73 años del reconocimiento del voto de las mujeres, persisten desafíos
En el marco del 73 aniversario del reconocimiento constitucional del derecho de las mujeres al voto, que se conmemora el 17 de octubre, el Senado también recordó la lucha histórica que permitió su incorporación formal a la ciudadanía política en México.
En 1953 se reconoció constitucionalmente el derecho de las mexicanas a votar y ser electas, resultado de décadas de organización y exigencias de las mujeres por participar en las decisiones públicas.
La senadora Martha Lucía Mícher Camarena afirmó que este reconocimiento no fue una concesión, sino el ejercicio de derechos ciudadanos. A su vez, la senadora Juanita Guerra Mena, del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), destacó que la conquista del voto y el derecho a ser candidatas representó un momento trascendental para la lucha feminista mexicana.
No obstante, las legisladoras advirtieron que el reconocimiento formal de los derechos políticos no elimina las desigualdades ni garantiza condiciones seguras para ejercerlos.
La senadora Laura Esquivel Torres, del Partido Acción Nacional (PAN), cuestionó el alcance de las conmemoraciones cuando persiste el temor a la violencia, las desapariciones y la incertidumbre de las familias que buscan a sus hijas.
Mely Romero Celis, del Partido Revolucionario Institucional (PRI), sostuvo que la paridad en los cargos no siempre se traduce en igualdad en el ejercicio del poder. También señaló que las mujeres en espacios públicos continúan enfrentando hostigamiento y descalificación.
Por su parte, Amalia García Medina recordó que el derecho a votar y ser elegidas constituye una garantía política fundamental, conquistada frente a una cultura patriarcal que históricamente ha intentado marginar a las mujeres.
A más de siete décadas del reconocimiento del sufragio femenino, los desafíos señalados en el Senado muestran que la participación política no puede medirse únicamente por el número de mujeres que llegan a los cargos públicos. Garantizar su permanencia, seguridad y capacidad de decisión también forma parte de la construcción de una democracia en condiciones de igualdad.
Foto: Especial / Michelle Bachelet y Evelyn Matthei, figuras políticas chilenas de distintas corrientes ideológicas, rechazaron las descalificaciones relacionadas con su género y edad.
Las dos figuras políticas chilenas, históricas rivales ideológicas, rechazaron los comentarios que cuestionan su edad y las remiten a las tareas domésticas.
Las expresidentas y dirigentes políticas chilenas Michelle Bachelet y Evelyn Matthei enfrentaron una serie de descalificaciones machistas y edadistas luego de expresar su disposición a continuar en la vida política y no descartar una nueva candidatura presidencial en 2029. Los ataques, provenientes de representantes de sectores de ultraderecha, cuestionaron su edad, sus capacidades y el lugar que deberían ocupar las mujeres en la sociedad.
Las declaraciones de ambas políticas provocaron comentarios que las remitieron a las tareas del hogar y pusieron en duda su capacidad para ejercer responsabilidades públicas. Las agresiones evidenciaron cómo los estereotipos de género y la discriminación por edad se utilizan para deslegitimar a las mujeres que buscan permanecer en espacios de poder.
Descalificaciones machistas contra mujeres en la política chilena
Uno de los episodios que desató la polémica fue protagonizado por el diputado del Partido de la Gente, Javier Olivares, quien cuestionó la posibilidad de que Michelle Bachelet compita por una tercera presidencia de Chile.
El legislador sugirió que la expresidenta debía retirarse de la política y dedicarse a disfrutar de sus nietos. También hizo referencia a Evelyn Matthei al plantear que Bachelet podía seguir sus pasos y dedicarse a cocinar cazuelas para enseñarle a la gente.
Los comentarios utilizaron las responsabilidades familiares y las tareas domésticas como argumentos para cuestionar la participación política de dos mujeres con trayectorias públicas de varias décadas.
Las declaraciones también se produjeron después de que Matthei denunciara durante la campaña presidencial de 2025 una supuesta estrategia en redes sociales para presentarla como si padeciera Alzheimer, mediante videos editados. La economista perdió aquella elección frente a José Antonio Kast.
La controversia no se limitó al diputado Olivares. El senador Rodolfo Carter calificó a Matthei como una política llena de rencor y expresó que esperaba no terminar como ella cuando llegara a su edad, mientras que Johannes Kaiser, dirigente del Partido Nacional Libertario, cuestionó la capacidad de Bachelet para afrontar una nueva campaña presidencial debido a su edad y a un supuesto deterioro de su salud.
Estas expresiones trasladaron la discusión desde las propuestas y trayectorias políticas hacia características personales, la edad y la condición física de las mujeres.
Evelyn Matthei defiende el derecho de las mujeres a decidir su futuro
Ante las declaraciones de Olivares, Evelyn Matthei respondió que las mujeres que participan en política deben ser evaluadas por sus capacidades, ideas y resultados, y no por las tareas domésticas que realizan.
La exalcaldesa de Providencia también reconoció que, pese a sus diferencias ideológicas con Michelle Bachelet, ambas han construido sus trayectorias mediante el trabajo y tienen derecho a decidir sobre su futuro político.
“En Chile, el tiempo donde mandaban a las mujeres a la cocina ya pasó”, afirmó Matthei.
Por su parte, Bachelet retomó el caso de su antigua rival política para referirse a las agresiones y la discriminación contra las mujeres en la vida pública. La expresidenta señaló que durante la campaña de 2025 se intentó presentar a Matthei como una persona con deterioro cognitivo.
La respuesta conjunta de ambas figuras resulta significativa en un contexto de diferencias políticas históricas. Bachelet, integrante de la izquierda socialista, y Matthei, representante de la derecha tradicional, compitieron por la presidencia en 2013 y mantienen posiciones distintas sobre diversos asuntos públicos.
Sin embargo, ambas coinciden en rechazar las descalificaciones que pretenden condicionar su participación política por razones de género y edad.
Bachelet y Matthei, trayectorias distintas y una misma disputa
Michelle Bachelet fue presidenta de Chile en dos periodos, de 2006 a 2010 y de 2014 a 2018. También encabezó ONU Mujeres y ocupó el cargo de alta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos.
En septiembre de 2026, la expresidenta retiró su candidatura a la Secretaría General de la ONU, después de que el Gobierno de José Antonio Kast retirara el respaldo de Chile a su postulación. México y Brasil continuaron apoyándola.
Por su parte, Evelyn Matthei desarrolló una trayectoria de décadas en la política chilena. Fue diputada, senadora, ministra del Trabajo y alcaldesa de Providencia entre 2016 y 2024. En 2025 compitió por la presidencia, aunque no logró llegar a la segunda vuelta.
Ambas han dejado abierta la posibilidad de volver a competir por La Moneda en 2029. La sola mención de esa posibilidad generó cuestionamientos sobre su edad, su estado de salud y su lugar en la vida pública.
Los ataques contra las dos políticas también serán examinados por la Comisión de Ética de la Cámara de Diputadas y Diputados, luego de que un grupo de legisladores socialistas solicitara investigar los dichos de Olivares. La ministra de la Mujer y Equidad de Género, Judith Marín, también pidió al parlamentario que ofreciera una disculpa, pero este se negó.
Foto: Canva / La aprobación del Senado representa un avance en el reconocimiento público de la salud durante la menopausia.
La salud de las mujeres durante lamenopausia comienza a ganar espacio en la agenda pública mexicana. El 14 de septiembre de 2026, el Senado aprobó por unanimidad declarar el 18 de octubre de cada año como el Día Nacional de la Salud en la Menopausia, una medida que busca visibilizar esta etapa de la vida y promover una atención médica integral.
Sin embargo, la aprobación legislativa también abre preguntas sobre el acceso efectivo a servicios de salud, la capacitación del personal médico y la persistencia de prejuicios que llevan a normalizar síntomas físicos y emocionales de las mujeres como consecuencias inevitables del envejecimiento.
La propuesta fue aprobada con 102 votos y turnada a la Cámara de Diputados para continuar su proceso legislativo. Por ello, la declaratoria todavía debe completar los trámites correspondientes antes de entrar en vigor.
Menopausia e hipotiroidismo, síntomas que pueden confundirse
Uno de los retos para la atención de la salud durante el climaterio es distinguir los cambios hormonales propios de esta etapa de otras afecciones que pueden presentar síntomas similares, entre ellas el hipotiroidismo, un trastorno en el que la glándula tiroides no produce suficientes hormonas.
De acuerdo con la endocrinóloga Lourdes Basurto, ambas condiciones pueden manifestarse mediante fatiga, aumento de peso, cambios en el estado de ánimo, caída del cabello, resequedad de la piel y dificultades para concentrarse.
La especialista advierte que algunas mujeres atribuyen el cansancio, las alteraciones del sueño u otras molestias a la menopausia sin recibir una evaluación que permita identificar si existe también un trastorno tiroideo.
Esta confusión puede retrasar el diagnóstico y prolongar las afectaciones a la calidad de vida, el bienestar emocional y el desempeño laboral. Por ello, la valoración médica debe considerar los síntomas, los antecedentes clínicos y, cuando esté indicado, estudios de función tiroidea.
La menopausia no es una enfermedad, sino una etapa natural de la vida. No obstante, eso no significa que las molestias que aparecen durante la transición deban ignorarse o asumirse como inevitables.
Atención hormonal y prevención de enfermedades cardiovasculares
La atención durante la menopausia también requiere considerar los cambios asociados con la salud cardiovascular y ósea.
La cardióloga clínica María Alejandra Madrid señala que la transición menopáusica representa una oportunidad para evaluar factores de riesgo como la hipertensión, la diabetes, el colesterol elevado y la obesidad.
Los antecedentes de complicaciones durante el embarazo, como diabetes gestacional o hipertensión, también pueden aportar información relevante para la evaluación del riesgo cardiovascular a largo plazo.
En este contexto, la atención médica debe contemplar las necesidades particulares de cada mujer y no limitarse al tratamiento aislado de los síntomas.
La terapia hormonal para la menopausia puede ayudar a aliviar molestias como los bochornos y los sudores nocturnos, pero su indicación requiere una valoración individual de beneficios, riesgos, antecedentes médicos y tiempo transcurrido desde el inicio de la menopausia. No es un tratamiento adecuado para todas las mujeres ni debe presentarse como una medida universal para prevenir enfermedades cardiovasculares.
De igual forma, cuando se sospecha hipotiroidismo, el diagnóstico y el tratamiento deben establecerse mediante una evaluación clínica y pruebas pertinentes.
De la declaratoria legislativa a la atención integral
El reconocimiento del 18 de octubre como una fecha nacional busca contribuir a que la menopausia deje de ser un tema rodeado de silencio y desinformación. Sin embargo, la visibilización debe acompañarse de acciones que garanticen el derecho de las mujeres a recibir información y atención médica oportuna.
Entre las necesidades señaladas por especialistas se encuentran fortalecer la capacitación del personal de salud para identificar padecimientos con síntomas similares, ampliar el acceso a evaluaciones ginecológicas y tiroideas cuando estén indicadas y ofrecer información clara sobre las opciones de tratamiento.
También es necesario combatir los prejuicios que afectan la manera en que se escucha y atiende a las mujeres, especialmente cuando sus molestias se minimizan por su edad o se atribuyen automáticamente a los cambios hormonales.
La aprobación del Senado representa un avance en el reconocimiento público de la salud durante la menopausia. El siguiente desafío será traducir esa decisión legislativa en medidas concretas de prevención, diagnóstico y atención que permitan a las mujeres transitar esta etapa con información, acompañamiento médico y mejores condiciones de bienestar.
Foto: ONU / Garantizar el derecho a la alimentación exige, por tanto, respuestas humanitarias oportunas y rendición de cuentas ante el uso del hambre como arma de guerra.
En 2024, el 26.1 por ciento de las mujeres adultas experimentó inseguridad alimentaria moderada o grave, frente al 24.2 por ciento de los hombres.
El hambre no afecta a todas las personas de la misma manera. Las desigualdades económicas y de género limitan el acceso de millones de mujeres a los alimentos, una situación que se agrava en contextos de guerra, desplazamiento y crisis humanitarias. Mientras la relatora especial de Naciones Unidas sobre el derecho a la alimentación, Sofía Monsalve, advierte sobre la normalización de las hambrunas, datos de organismos internacionales muestran que las mujeres enfrentan mayores niveles de inseguridad alimentaria que los hombres.
De acuerdo con el informeThe Gender Snapshot 2025, elaborado por ONU Mujeres y el Departamento de Asuntos Económicos y Sociales de Naciones Unidas, durante 2024 el 26.1 por ciento de las mujeres adultas experimentó inseguridad alimentaria moderada o grave, frente al 24.2 por ciento de los hombres.
Esto significa que alrededor de 822.3 millones de mujeres adultas enfrentaron dificultades para acceder regularmente a alimentos suficientes y adecuados, frente a 758.8 millones de hombres.
La diferencia no es únicamente económica. Las mujeres enfrentan barreras para acceder a ingresos, tierras, créditos y otros recursos productivos. A ello se suman las responsabilidades de trabajo doméstico y de cuidados no remunerados, que pueden limitar su autonomía económica y su capacidad para responder a las crisis.
En situaciones de emergencia, estas desigualdades pueden profundizarse: las mujeres deben conseguir alimentos para sus familias, cuidar a niñas, niños y personas mayores y, al mismo tiempo, afrontar la pérdida de ingresos, el desplazamiento y las dificultades para acceder a ayuda humanitaria.
Las mujeres enfrentan mayores riesgos en contextos de guerra
La desigualdad alimentaria se vuelve especialmente visible en países afectados por conflictos armados. La destrucción de infraestructura, el abandono forzado de tierras, el cierre de mercados y las restricciones a la asistencia humanitaria dificultan el acceso a alimentos y medios de subsistencia.
En Sudán, por ejemplo, un análisis de ONU Mujeres publicado en 2025 advirtió que los hogares encabezados por mujeres tenían alrededor de tres veces más probabilidades de experimentar hambre extrema que los encabezados por hombres. El conflicto ha provocado desplazamientos masivos y daños en las zonas agrícolas, los mercados y los servicios básicos.
La situación muestra que la crisis alimentaria no puede entenderse únicamente a partir de la disponibilidad de comida. También importa quién controla los recursos, quién tiene ingresos propios y quién puede acceder a los alimentos y a la asistencia humanitaria.
En Gaza, ONU Mujeres ha documentado obstáculos específicos para que las mujeres y los hogares encabezados por ellas reciban ayuda. En enero de 2025, el organismo explicó que, cuando la distribución de alimentos dependía de hacer filas en condiciones de inseguridad, la asistencia podía llegar principalmente a hombres que tenían mayores posibilidades de acudir a esos puntos.
Estas barreras evidencian la necesidad de diseñar respuestas humanitarias que consideren las condiciones particulares de mujeres, niñas y otros grupos expuestos a mayores riesgos, en lugar de asumir que todas las personas pueden acceder a la ayuda de la misma manera.
La alimentación también está atravesada por el trabajo de cuidados
Las desigualdades de género no terminan en la distribución de la ayuda. También se manifiestan dentro de los hogares, donde las mujeres suelen asumir una parte desproporcionada de las tareas para conseguir, preparar y distribuir los alimentos.
Ante la escasez, algunas mujeres reducen su propio consumo para priorizar la alimentación de sus hijas e hijos u otras personas de la familia. Aunque esta respuesta puede ayudar a sostener temporalmente a los hogares, también pone en riesgo su propia nutrición y salud.
La inseguridad alimentaria puede tener consecuencias particulares durante el embarazo y la lactancia, cuando las necesidades nutricionales aumentan. Asimismo, la falta de alimentos variados y suficientes puede agravar las deficiencias de nutrientes y afectar la salud de las mujeres a largo plazo.
Por ello, garantizar el derecho a la alimentación requiere políticas que no se limiten a entregar comida. También implica atender las desigualdades en el acceso a ingresos, servicios de salud, protección social y recursos productivos, así como reconocer y redistribuir el trabajo de cuidados.
Sofía Monsalve cuestiona un sistema alimentario desigual
La especialista señaló que el hambre puede utilizarse como instrumento de guerra y dominación, como ocurre en contextos donde las restricciones a la asistencia humanitaria impiden que las poblaciones accedan a bienes indispensables para sobrevivir.
Su análisis también cuestiona la concentración de poder en las grandes empresas agroalimentarias y defiende una transformación de los sistemas de producción y distribución de alimentos.
Entre sus propuestas se encuentran una distribución más equitativa de la tierra, el impulso de la agroecología, el fortalecimiento de los sistemas alimentarios locales y una mayor participación de las comunidades en las decisiones sobre la producción y el acceso a los alimentos.
Desde una perspectiva de género, estas transformaciones también deben considerar las barreras que enfrentan las mujeres campesinas e indígenas para acceder a la tierra, el crédito, la tecnología y los espacios de decisión.
La advertencia de Monsalve permite ampliar la discusión sobre las hambrunas: además de atender las emergencias, es necesario cuestionar las estructuras económicas y políticas que hacen que millones de personas carezcan de alimentos suficientes, mientras las mujeres enfrentan desigualdades adicionales para acceder a ellos.
Foto: Canva / Del 18 al 23 de octubre, el Megacentro de Salud Mamaria brindará mastografías, ultrasonidos y revisiones clínicas gratuitas en Ciudad Universitaria.
La atención estará dirigida principalmente a mujeres de 40 a 69 años y personas con signos de alarma.
La Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) realizará una jornada gratuita de detección y prevención del cáncer de mama del 18 al 23 de octubre de 2026, con servicios de mastografía, ultrasonido y exploración clínica en Ciudad Universitaria, al sur de la Ciudad de México.
A través del Megacentro de Salud Mamaria, la Facultad de Medicina y la Dirección General de Atención a la Salud de la UNAM ofrecerán estos servicios de 9:00 a 15:00 horas, en el marco de Octubre Rosa, una iniciativa internacional para sensibilizar sobre el cáncer de mama y promover su detección oportuna.
La jornada se llevará a cabo en el Estacionamiento 3 del Estadio Olímpico Universitario, en Ciudad Universitaria, alcaldía Coyoacán. La atención será gratuita y requerirá un registro previo, debido a que el cupo es limitado.
¿Qué servicios gratuitos ofrecerá la UNAM?
El Megacentro de Salud Mamaria contará con cuatro servicios enfocados en la detección oportuna y el conocimiento de la salud mamaria:
Mastografías: estudios de imagen que permiten identificar anomalías en el tejido mamario y detectar posibles signos de cáncer.
Ultrasonidos mamarios: estudios complementarios que utilizan ondas sonoras para evaluar el tejido mamario.
Exploración clínica: revisión física realizada por personal de salud capacitado.
Orientación para la autoexploración: información sobre cómo revisar las mamas e identificar cambios que requieran valoración médica.
Estas acciones buscan facilitar el acceso a revisiones preventivas y contribuir a que las personas reciban atención ante posibles señales de alerta.
¡Tu salud importa! Del 18 al 23 de octubre, el Megacentro de Salud Mamaria ofrece mastografías, ultrasonidos y orientación para autoexploración.
¿Quiénes pueden acudir a las mastografías gratuitas?
De acuerdo con la convocatoria de la UNAM, la jornada está dirigida principalmente a mujeres de entre 40 y 69 años, así como a personas que presenten signos de alarma, tengan un hallazgo sospechoso en un ultrasonido previo o cuenten con un riesgo elevado de desarrollar cáncer de mama.
La detección oportuna es fundamental para identificar alteraciones y, cuando corresponde, iniciar el proceso de diagnóstico y atención médica. Por ello, las revisiones deben complementarse con una valoración profesional y seguimiento de acuerdo con las características y necesidades de cada persona.
¿Cómo registrarse para recibir atención gratuita?
Para acceder a los servicios del Megacentro de Salud Mamaria es necesario realizar un registro previo en línea y seleccionar un horario disponible.
Antes de acudir, se recomienda verificar la disponibilidad de citas y las indicaciones publicadas por la universidad, ya que el acceso dependerá de los espacios disponibles.
Fechas: del 18 al 23 de octubre de 2026.
Horario: de 9:00 a 15:00 horas.
Sede: Estacionamiento 3 del Estadio Olímpico Universitario, Ciudad Universitaria, alcaldía Coyoacán, Ciudad de México.
Costo: gratuito.
El acceso a la detección oportuna también es un tema de salud pública
Las jornadas gratuitas de salud mamaria representan una alternativa para acercar los servicios de detección a la población y reducir las barreras económicas que pueden dificultar el acceso a estudios preventivos.
Sin embargo, la prevención y la atención del cáncer de mama requieren más que campañas temporales: también implican garantizar información accesible, estudios diagnósticos, seguimiento médico y tratamiento oportuno.
En este contexto, el Megacentro de Salud Mamaria de la UNAM ofrece seis días de atención gratuita para realizar estudios y revisiones, así como orientación para reconocer posibles cambios en las mamas y buscar atención profesional.
Foto: Canva / El SIPINNA estableció como una de sus prioridades avanzar hacia la erradicación del embarazo en menores de 15 años para 2030.
SIPINNA lanza la estrategia nacional “Niñas Sí, Madres No”.
En México, 7 mil 887 niñas de entre 10 y 14 años fueron madres durante 2025, un promedio de 22 cada día, de acuerdo con datos del Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes (SIPINNA).
Ante esta realidad, considerada una emergencia, el organismo puso en marcha la estrategia nacional “Niñas Sí, Madres No. Por una vida libre de violencia y un futuro pleno”, con el objetivo de fortalecer la prevención y atención de la violencia sexual contra niñas, así como avanzar hacia la erradicación del embarazo infantil.
La estrategia fue presentada en Iztapalapa, Ciudad de México, donde la titular del SIPINNA, Lorena Villavicencio Ayala, llamó a dejar de normalizar los embarazos en niñas menores de 15 años.
“No podemos normalizar este tipo de situaciones”, señaló, al advertir que cuando una niña de entre 10 y 14 años queda embarazada, esto no debe entenderse como resultado de una relación amorosa, sino como una situación vinculada con violencia, desigualdad o falta de protección por parte de las personas adultas y las instituciones.
Embarazo infantil, una forma de fecundidad forzada
El SIPINNA considera que los embarazos en niñas menores de 15 años deben abordarse como fecundidad forzada, debido a las condiciones de violencia y desigualdad que pueden estar detrás de estos casos.
Aunque entre 2018 y 2025 los nacimientos registrados en niñas de 10 a 14 años disminuyeron 24.9 por ciento, las autoridades consideran que el número continúa siendo una emergencia y que alcanzar la meta de erradicarlos requiere reforzar las acciones de prevención, detección y atención.
El problema tampoco se limita a las comunidades rurales. Datos presentados por el organismo muestran que en 2024, 53.8 por ciento de las niñas que tuvieron un nacimiento vivía en zonas urbanas, mientras que casi la mitad contaba únicamente con estudios de primaria.
La situación también revela profundas desigualdades entre entidades. La razón de fecundidad forzada se ubicó entre 0.66 y 3.19 por cada mil niñas, dependiendo del estado donde vivían.
La escuela como espacio de protección
La maternidad durante la infancia tiene consecuencias que van más allá de la salud. Puede interrumpir las trayectorias educativas, reducir las oportunidades laborales y profundizar condiciones de dependencia económica y desigualdad.
Durante la presentación de la estrategia, Villavicencio señaló que 80 por ciento de las niñas de 10 a 14 años que fueron madres no estaba estudiando, por lo que mantenerlas en la escuela constituye una medida fundamental de protección.
“Queremos niñas estudiando y decidiendo con libertad sus vidas”, planteó la titular del SIPINNA.
Para Liliana Chopitea, jefa de Política Económica y Social de UNICEF, el embarazo adolescente no es únicamente un asunto de salud, sino también un desafío de desarrollo y justicia social, debido a su impacto en las oportunidades educativas, laborales y en la autonomía económica de niñas y adolescentes.
Una estrategia que busca llegar a los municipios
“Niñas Sí, Madres No” plantea llevar las acciones de prevención y atención a los municipios del país mediante la coordinación de autoridades federales, estatales y municipales.
Entre sus objetivos se encuentra fortalecer la detección de casos de violencia sexual, garantizar atención integral y evitar que la maternidad o el embarazo oculten posibles delitos cometidos contra las niñas.
La estrategia también contempla la implementación de la Ruta NAME, mecanismo diseñado para coordinar la atención de niñas y adolescentes menores de 15 años embarazadas o madres entre instituciones de salud, educación, fiscalías y sistemas DIF.
El SIPINNA ha planteado que la respuesta institucional debe incluir no sólo la prevención de nuevos embarazos, sino también la identificación de las violencias que los originaron, la investigación de los posibles agresores, la atención sin revictimización y la restitución integral de derechos.
El Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) ha realizado varias visitas a la Ciudad de México desde el levantamiento armado de 1994. Ahora regresan a la Ciudad de México en diciembre: vienen a encontrarse con madres y familiares que buscan a sus seres queridos desaparecidos. Indudablemente, esta visita tiene un significado político y humano muy especial porque es un encuentro entre dos formas de resistencias, dos dolores, dos luchas contra la invisibilización; aunque nacen de historias distintas, tienen en común la dignidad y la lucha contra el olvido y por la vida.
Porque quienes buscan a un ser querido desaparecido padecen la ausencia, la incertidumbre, la angustia y el dolor, además de la criminalización de un Estado que no los escucha. Los zapatistas conocen, desde hace décadas, lo que significa resistir frente al olvido, el desdén, el despojo y la violencia institucional física y verbal, y a pesar de todo, mantienen la resistencia, la lucha y la organización.
La delegación zapatista viene a decir que la búsqueda de los desaparecidos no es un asunto personal de las familias: es una causa justa y digna que concierne a todo el pueblo. Porque esas familias se niegan a aceptar que los nombres, las historias, los momentos y la vida que compartieron con sus seres queridos se conviertan en un frío número de estadísticas o caigan simplemente en olvido.
Esta lucha es fundamental y es ejemplar, porque su esfuerzo evidencia la inacción del gobierno, su desdén y su intención de silenciarla y criminalizarla. El trato indiferente, la burocracia y hasta las dudas y sospechas totalmente injustificadas del gobierno hacia ellas, todo esto las revictimiza y provoca un sentimiento de indefensión e impotencia. Y no sólo eso, también corren el riesgo de convertirse en víctimas del mismo delito que combaten.
Las madres buscan justicia y verdad, quieren rescatar la dignidad de las víctimas y combatir la impunidad sistemática que prevalece en estos casos. Porque en lugar de investigar el paradero, el gobierno los responsabiliza de su propia desaparición diciendo que estaban involucrados con la delincuencia.
Esta lucha persistente ha obligado al gobierno a crear leyes, protocolos y fiscalías especializadas, pero sólo quedan en el papel y en actos declarativos. La lucha de las personas buscadoras es también una lucha para que la ley deje de ser una promesa de papel y se convierta en una realidad palpable.
Su caminar evidencia que la existencia de ministerios, comisiones y presupuestos no basta si no van acompañados de voluntad política, empatía institucional y la seguridad de que quienes buscan a sus seres queridos no tengan que perder la vida en el intento.
Y esta es la relevancia de este viaje de la delegación zapatista, venir a encontrarse con esta lucha contra la impunidad, contra el olvido, para que nadie esté solo en esta búsqueda, en la resistencia y en la esperanza de encontrar con vida a quienes faltan.
Los zapatistas cubrieron sus rostros para hacerse visibles; las familias de desaparecidos buscan rostros que el Estado ha dejado de mostrar. En ambos casos, hay una lucha contra una forma de desaparición: los zapatistas fueron históricamente invisibilizados; las madres y familiares buscadores enfrentan la invisibilidad de sus seres queridos, sostienen una lucha incansable contra esa ausencia física.
Aquellos rostros ocultos hicieron visible a quienes durante siglos habían sido condenados a la invisibilidad y al olvido. Se cubrieron el rostro para ser vistos, para decir aquí estamos, para hacer escuchar su palabra; tuvieron que realizar un acto extremo como levantarse en armas.
Desde entonces, su lucha ha sido constante, resistiendo la violencia institucional en todas sus formas. También una lucha contra el olvido de los pueblos indígenas que han sido despojados y discriminados, de quienes han sido excluidos, de quienes el poder preferiría que no existieran más que en los museos.
Las familias de los desaparecidos libran hoy su propia batalla contra el olvido. Buscan un rostro, un nombre, una voz, una presencia. Se niegan a aceptar la desaparición de sus seres queridos como si nunca hubiesen existido. Caminan, caminan, preguntan, investigan, excavan, muestran fotografías y repiten sus nombres para mantenerlos presentes. Llevan fotografías de rostros que buscan volver a ver.
Luchar contra el olvido es también una forma de luchar contra la injusticia. Porque el olvido no siempre llega de manera natural: muchas veces se construye. Se borran nombres, se silencian voces, se destruyen historias, se niega la existencia de quienes estuvieron antes, con la intención de aparentar que nunca ocurrió.
Este encuentro de las personas buscadoras y los zapatistas, que sucederá en diciembre en la Ciudad de México, será también para que estas luchas se acompañen, dejen de caminar solas y se vuelvan una sola voz.
Y esa voz viene a decir que mientras exista un pueblo dispuesto a recordar, a resistir y a luchar por la vida, contra el despojo de la memoria y contra el olvido, hay esperanza de impedir que la injusticia y la impunidad prevalezcan, para no permitir el despojo de la memoria y de la voz, para que estas voces hagan presente el relato y la posibilidad de que alguien lo escuche.
Este encuentro también va a romper el aislamiento y la absoluta falta de empatía del gobierno en contra de las personas buscadoras.
Para el zapatismo, la labor de las madres y padres buscadores es un ejemplo de dignidad y resistencia. Por medio de la iniciativa Gira por la Vida, capítulo México, el EZLN coloca la crisis de miles de desaparecidos en el centro de la agenda social y política nacional, legitimando una labor civil que es estigmatizada o minimizada por las esferas gubernamentales.
También será una oportunidad única para hacer visible de forma masiva en el corazón político del país estas luchas y apropiarse del espacio público para evidenciar la magnitud de esta tragedia humanitaria que el gobierno siempre ha negado.
Por ello, el encuentro de la delegación zapatista con las madres y personas buscadoras representa una fuerza muy poderosa en la resistencia y en la lucha contra el olvido, por la memoria y por la vida.
