3/14/2026

¿Qué luchas de mujeres decide ver Occidente?

 Orientalismo, feminismo e invisibilización en Palestina, Irán y el Sáhara Occidental

Fuentes: Alkarama

En los últimos años algunas luchas de mujeres en el Sur Global han sido ampliamente celebradas en medios de comunicación, redes sociales y espacios feministas internacionales, donde se presentan como símbolos de emancipación y resistencia. Sin embargo, otras luchas igualmente profundas, prolongadas y decisivas permanecen en gran medida invisibles o son reducidas a relatos humanitarios que borran su dimensión política.

Este contraste no tiene que ver con el valor de unas luchas frente a otras. Lo que revela es algo distinto: la existencia de una mirada selectiva en la forma en que Occidente reconoce —o decide no reconocer— las luchas de las mujeres fuera de su propio contexto cultural y político.

Cuando se observa con atención, aparece un patrón bastante claro. Algunas experiencias son convertidas en símbolos globales del feminismo contemporáneo, mientras que otras —especialmente las que emergen del mundo árabe o musulmán— permanecen ignoradas, simplificadas o despolitizadas.

Este fenómeno puede observarse al analizar cómo se representan internacionalmente las luchas de mujeres en contextos tan distintos como Palestina, Kurdistán, Irán o el Sáhara Occidental.

Orientalismo y construcción selectiva de las luchas de mujeres

Este patrón no es casual. Forma parte de una tradición más amplia que el intelectual palestino Edward Said definió como orientalismo: una forma de mirar y representar a las sociedades del llamado “Oriente” a través de categorías construidas desde Occidente, donde la complejidad de esas sociedades queda reducida a estereotipos culturales, políticos o religiosos.

Dentro de esta lógica, las mujeres del mundo árabe y musulmán han sido históricamente representadas de dos maneras opuestas pero complementarias: o como víctimas pasivas que necesitan ser salvadas, o como excepciones admirables que parecen confirmar los valores occidentales.

En ambos casos, lo que desaparece es su condición de sujetas políticas autónomas, capaces de definir por sí mismas los términos de su lucha.

La fascinación mediática por algunas luchas

En los últimos años, la experiencia de las mujeres kurdas en el norte de Siria ha recibido una atención extraordinaria en los medios occidentales. Las combatientes kurdas fueron presentadas en numerosos reportajes como símbolo de emancipación femenina y resistencia revolucionaria.

Su imagen —mujeres jóvenes armadas, uniformadas y combatiendo al fundamentalismo— se convirtió rápidamente en un icono global. Diversos análisis sobre la cobertura mediática de este fenómeno han señalado cómo esa fascinación estuvo marcada por una mezcla de admiración, exotización y simplificación política.

Reconocer esta dinámica no implica negar la importancia de la experiencia política de las mujeres kurdas ni el valor de su organización. Su papel en procesos de autogobierno y transformación social merece ser estudiado con seriedad.

La cuestión es por qué esa visibilidad extraordinaria convive con la invisibilización de otras luchas igualmente profundas.

Las mujeres iraníes y la instrumentalización mediática

Un caso particularmente claro de esta dinámica es el de las mujeres iraníes. Sus movilizaciones y protestas reciben una enorme cobertura mediática internacional cuando encajan en relatos geopolíticos que confrontan al Estado iraní con Occidente.

Sin embargo, esa visibilidad suele estar profundamente mediada por intereses políticos. La complejidad de las luchas de las mujeres iraníes —sus debates internos, su diversidad ideológica, su historia política y su participación en movimientos sociales— tiende a simplificarse en relatos que las presentan exclusivamente como víctimas que necesitan ser salvadas.

La antropóloga Lila Abu-Lughod ha señalado cómo el discurso de “salvar a las mujeres musulmanas” ha sido utilizado históricamente para justificar agendas políticas e intervenciones externas en el mundo musulmán.

En ese proceso, las mujeres dejan de aparecer como sujetas políticas complejas y pasan a convertirse en símbolos dentro de un relato más amplio sobre civilización, modernidad y libertad.

Las mujeres palestinas frente al colonialismo de asentamiento

La invisibilización de las mujeres palestinas resulta aún más significativa si se tiene en cuenta el contexto en el que desarrollan su lucha.

Las mujeres palestinas viven y organizan su resistencia bajo un sistema de colonialismo de asentamiento, ocupación militar y apartheid que condiciona todos los aspectos de la vida cotidiana. La fragmentación territorial entre Gaza, Cisjordania, Jerusalén, los territorios ocupados en 1948 y la diáspora impone enormes obstáculos a la organización social y política.

En muchas zonas enfrentan simultáneamente múltiples formas de violencia estructural: puestos de control militares, confiscación de tierras, demolición de viviendas, arrestos masivos, desplazamiento forzado y severas restricciones a la movilidad.

A pesar de estas condiciones extremas, las mujeres palestinas han desempeñado un papel central en la organización comunitaria, la educación, la resistencia popular y la defensa de la vida social bajo ocupación.

La historia de su participación política forma parte también de una tradición más amplia de feminismo anticolonial. Desde las primeras organizaciones de mujeres durante el Mandato británico hasta su papel en las distintas fases de la resistencia palestina, la lucha por los derechos de las mujeres ha estado profundamente vinculada a la autodeterminación y a la liberación nacional del pueblo palestino.

Para muchas activistas palestinas, la emancipación de las mujeres no puede separarse del fin del colonialismo, del retorno de las personas refugiadas y del derecho del pueblo palestino a vivir libre de ocupación.

Las mujeres palestinas y la invisibilización política

Este contexto colonial explica también por qué la dimensión política de la participación de las mujeres palestinas ha sido tan frecuentemente invisibilizada en los relatos dominantes sobre Palestina.

La historia de las mujeres palestinas en la lucha anticolonial se remonta al menos a comienzos del siglo XX. Ya en 1929 se celebró en Jerusalén el Congreso de Mujeres Árabes Palestinas, una expresión temprana de organización política femenina vinculada al movimiento nacional.

Desde entonces, las mujeres palestinas han desempeñado un papel central en la resistencia contra el colonialismo, la ocupación y el desplazamiento. Han sido organizadoras comunitarias, militantes políticas, educadoras, presas políticas, combatientes, defensoras de la tierra y pilares de la vida social bajo ocupación.

Durante la Primera Intifada de 1987 su participación fue masiva y decisiva en la organización popular, la educación clandestina, la movilización social y el sostenimiento de la vida cotidiana bajo la represión militar.

A pesar de esta larga trayectoria, durante décadas el relato dominante en Occidente redujo a las mujeres palestinas a dos imágenes aceptables: la víctima humanitaria o la madre doliente. Su papel político y su agencia revolucionaria fueron sistemáticamente minimizados o directamente ignorados.

La jerarquía implícita del reconocimiento feminista

Este contraste revela la existencia de una jerarquía implícita en la forma en que el feminismo liberal occidental reconoce las luchas de mujeres fuera de Europa y Estados Unidos.

Las experiencias que resultan culturalmente legibles para Occidente —seculares, visualmente espectaculares o alineadas con narrativas geopolíticas occidentales— tienden a recibir mayor reconocimiento.

En cambio, las luchas de mujeres que emergen del mundo árabe o musulmán, o que confrontan directamente estructuras de poder sostenidas o respaldadas por Occidente, suelen ser ignoradas, simplificadas o reducidas a discursos humanitarios.

Este patrón no se limita al caso palestino.

Las mujeres saharauis: resistencia invisibilizada

Una situación similar puede observarse en el caso de las mujeres saharauis. Durante décadas han desempeñado un papel fundamental en la organización social y política del pueblo saharaui, especialmente en los campamentos de refugiados donde han sostenido estructuras educativas, sanitarias y administrativas en condiciones extremadamente difíciles.

A pesar de este papel central, la lucha de las mujeres saharauis rara vez ocupa un lugar destacado en el imaginario feminista internacional.

Su experiencia demuestra hasta qué punto algunas luchas permanecen fuera del radar mediático global, no por falta de relevancia, sino por su posición dentro de los equilibrios geopolíticos internacionales.

Cuando la causa de las mujeres se convierte en instrumento geopolítico

Existe además otra dimensión incómoda que rara vez se aborda en los debates internacionales sobre los derechos de las mujeres en el Sur Global: la instrumentalización política de algunas luchas por parte de las potencias occidentales.

A lo largo de la historia contemporánea, los derechos de las mujeres han sido utilizados en numerosas ocasiones como argumento moral para legitimar agendas geopolíticas, sanciones económicas o intervenciones políticas en países considerados adversarios de Occidente.

En ese contexto, ciertos discursos feministas pueden ser incorporados —de manera consciente o inconsciente— dentro de narrativas que responden a intereses estratégicos más amplios.

En muchos contextos del Sur Global, diversas activistas han desarrollado lo que algunas teóricas denominan feminismo de liberación nacional, una perspectiva que entiende que la emancipación de las mujeres no puede separarse de las condiciones políticas, económicas y coloniales en las que viven sus pueblos.

Desde esta perspectiva, la lucha contra el patriarcado se articula con la lucha contra el colonialismo, el racismo estructural, la ocupación militar o la dominación imperial.

Separar artificialmente ambas dimensiones no solo distorsiona la realidad histórica de esos movimientos. También puede contribuir —de manera involuntaria— a debilitar luchas colectivas por la liberación de los pueblos.

Islam, secularismo y reconocimiento selectivo

Existe además otro elemento que atraviesa estas dinámicas: la relación entre feminismo occidental, secularismo e islamofobia.

Incluso cuando las mujeres palestinas o árabes logran visibilidad internacional, se observa una tendencia clara: las figuras más aceptadas suelen ser aquellas percibidas como seculares o culturalmente cercanas a los códigos occidentales.

Las mujeres musulmanas visibles —especialmente aquellas que llevan hiyab— continúan enfrentando sospecha, paternalismo o invisibilización.

Esto revela hasta qué punto el reconocimiento internacional de las luchas de las mujeres sigue condicionado por criterios culturales profundamente marcados por el orientalismo.

La pregunta que queda abierta

Quizá la cuestión no sea cuál lucha de mujeres merece mayor admiración.

La cuestión es otra: ¿por qué algunas son celebradas mientras otras permanecen invisibles?

Responder a esa pregunta exige reconocer que el reconocimiento internacional de las luchas de las mujeres sigue profundamente condicionado por el orientalismo, el colonialismo y la islamofobia.

Mientras esa mirada no cambie, muchas mujeres que luchan por la liberación de sus pueblos seguirán siendo ignoradas incluso dentro de espacios que se presentan como feministas.

Más allá de los símbolos mediáticos

Las luchas de las mujeres en Palestina, Kurdistán, Irán o el Sáhara Occidental no pueden comprenderse fuera de los procesos políticos y coloniales que atraviesan a sus pueblos.

Analizarlas únicamente desde categorías culturales o identitarias, ignorando esas condiciones históricas, reproduce precisamente la mirada orientalista que dice querer superar.

La cuestión no es qué mujeres luchan más o mejor.

La cuestión es quién decide qué luchas merecen ser visibles y cuáles deben permanecer en silencio.

Responder a esa pregunta implica mirar de frente a la estructura de poder que produce esos relato: una estructura marcada por el orientalismo, el colonialismo, la islamofobia y la hegemonía mediática occidental.

Y también implica reconocer algo fundamental: las mujeres que luchan por la liberación de sus pueblos no necesitan el reconocimiento de Occidente para que su lucha sea legítima ni para definir por sí mismas los términos de su emancipación.

Jaldía Abubakra es integrante del Movimiento de Mujeres Palestinas Alkarama y activista por los derechos del pueblo palestino.

Fuente: https://alkarama.eu/que-luchas-de-mujeres-decide-ver-occidente-orientalismo-feminismo-e-invisibilizacion-en-palestina-iran-y-el-sahara-occidental/

De cómo se utiliza el feminismo israelí para justificar guerras genocidas

 Por Lubna Masarwa, Maha Nazih al-Hussaini

Fuentes: Voces del Mundo [Foto: mujeres pilotos de combate israelíes. Imagen compartida en redes sociales esta semana por el político israelí Yair Golan (X)]

Cuatro pilotos israelíes de pie, con las viseras bajadas y los brazos cruzados, delante de un avión de combate en una pose clásica de destreza militar al estilo Top Gun, pero con un toque diferente. Las cuatro pilotos son mujeres, con el pelo largo cayéndoles sobre los hombros por debajo de los cascos. Es una imagen que lleva años circulando y que resurgió en los primeros días del ataque estadounidense-israelí contra Irán.

La participación de mujeres pilotos de combate en la operación en curso ha sido motivo de autocomplacencia para el ejército israelí y un motivo de orgullo y reivindicación para muchos israelíes. «Aproximadamente 30 mujeres miembros de la tripulación, incluidas pilotos y navegantes, participan en ataques aéreos sobre Irán como parte de la Operación ‘León rugiente’», publicó el ejército israelí en redes sociales el lunes.

El mensaje también fue retomado por Yair Golan, líder del partido izquierdista Demócratas, quien compartió la imagen de las pilotos de combate en una publicación en redes sociales. “La participación de decenas de mujeres tripulantes en los complejos ataques en Irán como parte de la Operación ‘Rugido del León’ es una prueba irrefutable de que la audacia, la profesionalidad y el patriotismo no tienen género”, escribió Golan.

Para muchos israelíes que se encuentran una vez más en guerra, estos sentimientos transmiten un mensaje claro sobre los valores —liberales y feministas— que creen representar, así como aquellos contra los que afirman luchar.

Encuadre engañoso

Más del 90% de los judíos israelíes, que abarcan todo el espectro político, desde la izquierda y los liberales hasta la base de extrema derecha del Gobierno de coalición, apoyan el ataque militar contra Irán, según una encuesta reciente del Instituto para la Democracia de Israel, un centro de investigación independiente.

En entrevistas callejeras, publicaciones en redes sociales y debates televisivos, las mujeres israelíes reiteran el mismo argumento: están dispuestas a vivir bajo los bombardeos si eso significa ayudar a los iraníes —y en particular a las mujeres iraníes— a alcanzar la libertad. «Les escribo desde los refugios, mientras los ecos de las explosiones en el exterior me recuerdan a cada momento la crucial conexión entre nuestra libertad aquí y la libertad del pueblo de Irán», escribió Yasmine Sayeh, una israelí de ascendencia iraní, en una publicación compartida en un grupo feminista israelí de Facebook.

El domingo 8, Día Internacional de la Mujer, ofreció otra oportunidad a los líderes militares y políticos israelíes para transmitir el mensaje. “En este Día Internacional de la Mujer, reconocemos a las mujeres que hacen posible cada misión”, decía una publicación en la página de Facebook del ejército israelí, acompañada de un vídeo en el que se homenajeaba a las pilotos y navegantes “que llevan a cabo misiones en los cielos de Irán con precisión, concentración y valentía”.

El ejército israelí también publicó cifras que revelan que más del 21% de los combatientes son mujeres, lo que supone un fuerte aumento con respecto al 7% registrado en 2015. El ejército declaró: “Las mujeres han servido en las Fuerzas de Defensa de Israel desde su creación, y su servicio constituye una contribución significativa al logro de sus objetivos. Incluso hoy, en la Operación ‘León Rugiente’, son una parte integral de la actividad operativa de las Fuerzas de Defensa de Israel, tanto en las líneas del frente como en el frente interno”.

El domingo el líder de la oposición israelí, Benny Gantz, compartió una imagen estilizada de una piloto de combate sobrevolando un horizonte en llamas mientras unas mujeres protestaban en primer plano, una de ellas quitándose el pañuelo y levantándolo en el aire, y otra sosteniendo una pancarta en la que se leía ‘WOMAN LIFE FREEDOM’ (Mujer, vida, libertad). «En el Día Internacional de la Mujer, honramos a las mujeres de todo el mundo que defienden y luchan por la libertad», escribió Gantz.

Los líderes israelíes suelen enmarcar su conflicto con Teherán como una lucha contra el régimen y no contra el pueblo iraní y vinculan este relato con la idea de liberar a los iraníes, especialmente a las mujeres, de la opresión.

En un discurso público dirigido a los iraníes hace más de un año, el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, invocó el grito de guerra del movimiento de protesta liderado por mujeres que surgió tras la muerte de Mahsa Amini, declarando que ‘Mujer, Vida, Libertad es el futuro de Irán’ e instando a los iraníes, en particular a las mujeres, a levantarse contra sus gobernantes. En consonancia con esto, ha resurgido una corriente familiar del feminismo militarizado israelí que promueve la participación de las mujeres en la maquinaria de la guerra y celebra su implicación como un indicador de igualdad.

El ejército israelí lleva mucho tiempo haciendo gala de sus credenciales feministas. El servicio militar es obligatorio tanto para las mujeres como para los hombres en Israel, y se calcula que las mujeres constituyen aproximadamente una quinta parte de los soldados de combate.

Las publicaciones del ejército israelí en las redes sociales suelen destacar el papel desempeñado por las mujeres soldado en las guerras de Gaza y otros lugares. Los medios de comunicación israelíes se hicieron eco de las hazañas de una tripulación de tanques formada íntegramente por mujeres que “atropelló a decenas de terroristas de Hamás” durante los ataques del 7 de octubre de 2023. Y el mes pasado, el ejército anunció la formación de una nueva compañía de combate integrada exclusivamente por mujeres y estacionada en la frontera con el Líbano.

“Hombro con hombro”

Tras las críticas a una comandante de infantería en un reportaje del Canal 14, un portavoz del ejército israelí publicó recientemente en las redes sociales una foto de sí mismo con su hija, oficial de la Armada israelí. “La contribución de las mujeres al combate no es un eslogan… Es un hecho operativo demostrado”, escribió el general de brigada Effie Defrin. “A lo largo de los años, y especialmente desde el 7 de octubre, las combatientes femeninas han soportado el peso de los combates codo con codo”, afirmó Defrin. “Operan en las líneas de contacto, cruzan las líneas enemigas, lideran operaciones ofensivas, luchan en Gaza, Siria, Cisjordania y el Líbano, y también operan lejos de las fronteras del país, corriendo riesgos personales y salvando vidas”.

Sin embargo, estas declaraciones suenan especialmente huecas cuando se comparan con el creciente número de víctimas mortales y la violencia diaria infligida a mujeres y niñas en todo Oriente Medio por la maquinaria bélica israelí. En Gaza 33.000 mujeres y niñas han sido asesinadas y más de 75.000 han resultado heridas desde octubre de 2023, lo que llevó a la relatora especial de las Naciones Unidas sobre la violencia contra las mujeres y las niñas, Reem Alsalem, a acusar a Israel en julio de 2025 de llevar a cabo un “femigenocidio” contra las palestinas. “Lo que les está sucediendo a las mujeres y niñas palestinas no es un daño colateral de la guerra”, afirmó Alsalem. “Es la destrucción intencionada de sus vidas y sus cuerpos, por ser palestinas y por ser mujeres”.

Más de un millón de mujeres y niñas viven en tiendas de campaña o en ruinas, privadas de alimentos y medicinas. Las mujeres que antes compartían las responsabilidades domésticas pasan horas al día haciendo largas colas en comedores sociales, cargando pesados contenedores de agua por barrios devastados, recogiendo leña o restos para cocinar y buscando los escasos suministros disponibles, y todo ello mientras cuidan de niños y familiares ancianos traumatizados.

Patrón de violencia

Muchas mujeres palestinas recluidas en prisiones israelíes han descrito patrones de violencia y abusos por motivos de género en los centros de detención israelíes. Algunas mujeres denunciaron haber sido torturadas o haber sufrido abusos sexuales debido a presuntos vínculos familiares con personas acusadas de afiliación a grupos armados. Otras describieron actos de violencia sexual o amenazas explícitas de violación como herramientas de intimidación y coerción contra ellas y sus familias.

De igual manera, hombres palestinos detenidos han denunciado haber sido amenazados con la violación de sus esposas o hijas como medio de tortura psicológica durante los interrogatorios, utilizando los cuerpos de las mujeres como instrumentos de presión y humillación.

Otro patrón inquietante documentado durante la guerra fue la entrada de soldados israelíes en hogares palestinos en Gaza y la exhibición pública de ropa interior femenina de forma humillante, con imágenes y vídeos que circularon por Internet. Estos actos no solo tienen por objeto la burla, sino también despojar a las mujeres de su dignidad y violar deliberadamente barreras sociales y culturales profundamente arraigadas, convirtiendo los espacios privados en escenarios de degradación pública. Quienes afirman estar “liberando a las mujeres” no las convierten en instrumentos de chantaje, coerción o tortura psicológica.

Sin embargo, mientras las mujeres palestinas soportaban estas privaciones, los legisladores israelíes se centraban en garantizar la comodidad de sus propias mujeres soldado. En julio de 2025, durante la guerra en Gaza, miembros del Comité de Asuntos Exteriores y Defensa del parlamento israelí insistieron en que se proporcionara a las mujeres soldados uniformes y equipos de protección diseñados para su cuerpo, de modo que pudieran servir con comodidad y eficacia en combate.

Mientras tanto, las mujeres en Gaza se enfrentaban a ataques directos contra todos los aspectos de su feminidad. Durante meses, las autoridades israelíes impidieron por completo o restringieron severamente la entrada de compresas higiénicas para las mujeres que soportaban los ataques de las mismas mujeres soldados que se encontraban tan cómodas en el campo de batalla. Muchas mujeres y niñas palestinas tuvieron que recurrir a paños o incluso a trozos de pañales de bebé para gestionar su menstruación, al tener que enfrentar una agresión directa sobre sus necesidades corporales más básicas.

Mujeres y niñas palestinas extienden sus ollas vacías para recibir arroz cocido de un comedor social en la ciudad de Gaza el 23 de agosto de 2025 (AFP).

Para las mujeres embarazadas y los recién nacidos, las consecuencias han sido particularmente catastróficas. El ataque israelí ha devastado el sistema sanitario de Gaza, con hospitales y maternidades destruidos, trabajadores sanitarios asesinados y el bloqueo de la entrada de suministros humanitarios y médicos al territorio. Como resultado de los ataques y la hambruna sistemática impuesta por Israel, 2.600 mujeres embarazadas sufrieron abortos espontáneos. Tras dar a luz, muchas lucharon por mantener con vida a sus recién nacidos, ya que la desnutrición severa provocó que se secara la leche en sus pechos.

Ahora, en otros países también se repite el patrón. En el Líbano, la organización humanitaria ActionAid ha advertido de que mujeres embarazadas, niñas y bebés recién nacidos se encuentran entre las decenas de miles de personas obligadas a huir debido a la escalada de la guerra de Israel contra Hizbolá en el sur del país.

“Las mujeres y las niñas tienen necesidades especiales”, declaró Marianne Samaha, representante de la organización de ayuda Basmeh y Zeitooneh. “Obviamente, muchas mujeres están embarazadas, muchas mujeres están amamantando y han tenido que huir con sus recién nacidos, con bebés, con niños. Necesitan espacios seguros donde poder quedarse. Y, específicamente, las mujeres y las niñas tienen una gran necesidad de kits de higiene, kits de dignidad y compresas sanitarias”.

Otra Gaza

En Irán, donde las pilotos de combate israelíes participaron con orgullo esta semana, el número de muertos supera ya los 1.000. Esto incluye a 165 personas, casi todas niñas de entre siete y 12 años, que murieron en el bombardeo de una escuela en la ciudad sureña de Minab. Ni Estados Unidos ni Israel han admitido su responsabilidad, aunque The New York Times informó que el ataque tuvo lugar en una zona donde operaban fuerzas estadounidenses.

Pero ¿cómo pueden los israelíes hablar de liberar a las mujeres iraníes cuando la guerra se ha cobrado la vida de tantas niñas? Sus vidas ya se han visto truncadas en la misma operación que ahora se presenta como un acto de liberación.

Cuando las mujeres israelíes celebran su inclusión en roles de combate, la conversación se detiene en el punto de igualdad. Las implicaciones políticas de esa igualdad —los objetivos, la destrucción, los civiles bajo las bombas— desaparecen de la vista.

El feminismo israelí se ha arraigado en la normalización de la guerra genocida contra los palestinos y la devastación infligida al Líbano e Irán, donde mujeres y niñas son a la vez liberadas y asesinadas por las bombas que caen.

Dadas las similitudes en la formulación de los objetivos de las guerras en Gaza e Irán, y el uso de técnicas casi idénticas para devastar ambas regiones, cabría imaginar que el resultado de esta guerra podría dejar a Irán como otra Gaza. Si eso ocurriera, las mujeres de Gaza está viviendo ya el futuro que las mujeres iraníes podrían tener que afrontar, una realidad que una mujer palestina resumió sucintamente: “Nos han hecho retroceder otros cien años”.

Lubna Masarwa es periodista y directora de la oficina de Middle East Eye en Palestina e Israel, con sede en Jerusalén. Maha Nazih al-Hussaini es una periodista palestina, activista por los derechos humanos, directora de estrategias del Monitor Euromediterráneo de Derechos Humanos en Ginebra​ y miembro de la Red Marie Colvin de Mujeres Periodistas. Comenzó su carrera periodística cubriendo la campaña militar de Israel en la Franja de Gaza en julio de 2014.

Texto en inglés: Middle East Eye, traducido por Sinfo Fernández.

Fuente: https://vocesdelmundoes.com/2026/03/09/de-como-se-utiliza-el-feminismo-israeli-para-justificar-guerras-genocidas/

Brecha digital de género en América Latina refleja discriminaciones a mujeres

 Este artículo es parte de la cobertura de IPS del Día Internacional de la Mujer, cuyo lema este año es: “Por un mundo digital inclusivo: Innovación y tecnología para la igualdad de género”.

El acceso de las mujeres a las tecnologías digitales y el desarrollo de sus habilidades para el uso y aprovechamiento de sus beneficios en favor de su empoderamiento y ejercicio de derechos, es una vía para evitar la profundización de la brecha digital de género en América Latina. En la imagen una de las actividades de capacitación que con ese objetivo realiza la Asociación para el Progreso de las Comunicaciones con mujeres de la región. Foto: APC  Mariela Jara

LIMA – La brecha digital de género es multifactorial en América Latina y mientras los países no enfrenten la discriminación a las mujeres, la desigualdad se va a reflejar en el ecosistema digital dejándolas fuera del acceso a oportunidades y disfrute de sus derechos.

Así se pronunció a IPS Karla Velazco, coordinadora de incidencia política del programa de derechos de las mujeres de la Asociación para el Progreso de las Comunicaciones (APC), una red internacional de organizaciones de sociedad civil que promueve el uso estratégico de las tecnologías de información y comunicación en países de América Latina, Asia y África.

La pobreza en la región afecta al 32 % de la población, pero con un claro sesgo de género y etnia, al registrar tasas más altas las mujeres y las personas de pueblos indígenas y afrodescendiente, según un estudio de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal).

Esta desventaja, se subraya, impacta en su menor acceso, uso, manejo y control de las nuevas tecnologías en perjuicio de su desarrollo.

Velazco es parte también de Comité Consultivo Permanente de la Comisión Interamericana de Telecomunicaciones, desde el que trata de promover el derecho de las mujeres en el acceso a internet y en general a las nuevas tecnologías, explicó por videoconferencia desde su oficina en Ciudad de México.

Con ocasión de la conmemoración del Día Internacional de la Mujer que este año tiene como lema “Por un mundo digital inclusivo: Innovación y tecnología para la igualdad de género”, la especialista llamó la atención sobre la falta de datos centralizados y actualizados sobre este tema que permita a los Estados avanzar con políticas claras.

El estudio de la Cepal, titulado “Digitalización de las Mujeres en América Latina y el Caribe: Acción urgente para una recuperación transformadora y con igualdad” y publicado en 2022, refiere que cuatro de cada 10 mujeres en la región no acceden a internet, con base a 11 países que acreditan información al respecto.

Pero Velazco sostiene que la cifra no aporta aspectos cualitativos ni tampoco aborda la brecha en entornos urbanos y rurales.

“No hay una medición sobre cómo las mujeres están usando las tecnologías y tampoco sobre cómo afectan sus vidas. Vemos por ejemplo mucha violencia digital de género y casi no tenemos reportes”, dijo.

Karla Velazco, de la de la Asociación para el Progreso de las Comunicaciones, una red internacional de organizaciones de sociedad civil, considera que es importante contar con data actualizada sobre los diferentes factores en torno a la brecha digital de género en América Latina, para que los países puedan actuar con políticas públicas. Foto: Cortesía Karla Velazco

La cifra en todo caso sirvió de referencia para asumir un compromiso de reducir la brecha digital de género, durante la consulta regional  realizada en febrero, para fijar la posición al respecto en la  67° reunión de la Comisión de la Condición Jurídica y Social de la Mujer (CSW, en inglés) que va a coger la sede de las Naciones Unidas de Nueva York desde este lunes 6 y hasta 17 de este mes de marzo.

Los 11 países cuyos datos hicieron posible el cálculo fueron Bolivia, Brasil, Colombia, Chile, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, México, Paraguay, Perú y Uruguay.

Velazco sostuvo que las mujeres no adoptan a 100 % las tecnologías porque mientras persistan las desigualdades estructurales de género en lo laboral, educativo, económico y social, entrecruzadas además con discriminaciones por la etnia, la posición económica, la orientación sexual o la edad, estas se van a replicar en el espacio digital.

“Como tiene diferentes factores, la brecha digital de género es muy difícil de medir, pero es una responsabilidad que toca asumir a los Estados para que las mujeres no queden excluidas de los avances e innovaciones tecnológicas y por el contrario se beneficien de ello para su empoderamiento y ejercicio de derechos”, remarcó.

La abogada peruana Elizabeth Mendoza, de la no gubernamental Hiperderecho, 
 sostiene que en Perú es muy complicado denunciar la violencia de género 
 en línea. En entrevista con IPS en las oficinas con sede en la capital Lima, 
mostró el espacio digital Tecnoresistencias generado para promover la 
navegación segura de niñas y mujeres y prevenir la vulneración de sus derechos. 
Foto: Mariela Jara / IPS

Es complicado denunciar la violencia de género en línea

Elizabeth Mendoza es abogada y coordinadora legal de la no gubernamental Hiperderecho, institución peruana con 10 años de trabajo en los derechos y libertades en contextos tecnológicos.

“Existen desventajas en el uso y disfrute de internet. Al navegar nos encontramos con situaciones o personas que intentan vulnerar nuestros derechos aprovechándose de la tecnología y es lo que conocemos como la violencia digital de género”, dijo a IPS en una entrevista en la sede de la oenegé en Lima. 

Perú cuenta desde el 2018 con el Decreto Legislativo 1410, que reconoce cuatro delitos de violencia de género en línea: acoso, acoso sexual, chantaje sexual y difusión de contenidos e imágenes audiovisuales a través de medios tecnológicos.

Hiperderecho analizó la eficiencia de la norma y encontró que la ruta de denuncia y atención no se conoce y que la acción del Estado es muy deficiente.

“Muchas personas experimentan violencia de género en línea y no saben que se trata de un delito denunciable; en los casos en que sí se ha hecho la denuncia no es recibida por los efectivos policiales y la fiscalía tampoco tiene la competencia para investigar adecuadamente y llevar a juicio el caso”, refirió la abogada.

Esta situación es así por falta de capacitación a operadores del Estado en el conocimiento y comprensión del delito, en el manejo del enfoque de género para entender la experiencia de vivir la violencia digital y en el enfoque de tecnología para poder investigar y armar el caso.

“Lo que prevalece es que te digan: si te molesta bloquéalo, si tienes un problema cierra tu cuenta. En este tipo de delitos lo que se busca es actuar de forma diligente y rápida porque los agresores eliminan el contenido, el mensaje, la cuenta y nos podemos quedar sin pruebas”, describió.

De los casos que han acompañado el común denominador es la revictimización a la denunciante. “En plena audiencia nos encontramos con un abogado defensor que decía: por qué haces tanto problema si mi defendido tiene un futuro por delante, esto es solo un caso de acoso y está arrepentido. Es complicado denunciar la violencia de género en línea en Perú”, comentó.

Para contribuir a proteger los derechos de las niñas y mujeres en el uso del espacio digital, han creado el centro de autocuidado Tecnoresistencias donde brindan información orientadora para identificar la violencia de género en internet, resistir y saber cómo proceder, y poder denunciar.

Se puede encontrar guías de autocuidado, los modos de la violencia de género en línea y las vías disponibles para la denuncia. También se responde a las consultas.

«Al principio solo usaban el celular para hablar, ahora es un 
medio para enfrentar la pobreza que se agudizó en la pandemia», 
cuenta Rosy Santiz, una mujer maya de la localidad de San Cristóbal 
de las Casas en el estado mexicano de Chiapas, en relación a las 
mujeres bordadoras y tejedoras que usando la tecnología han podido
 capear la crisis económica y social que enfrentan.
 Foto: Cortesía de Rosy Santiz

Usar aplicaciones del celular para capear la crisis

En el otro lado de la moneda, el positivo, el uso del internet y el acceso a las nuevas tecnologías significó la posibilidad de capear la grave crisis económica y social que el covid-19 acentuó entre un colectivo de mujeres maya de la ciudad de San Cristóbal de las Casas, en el estado de Chiapas, al sur de México.

“La pandemia nos dificultó mucho, no teníamos avances en el acceso a la comunicación porque hay poco internet aquí en San Cristóbal de las Casas y nos vimos en la necesidad de aprender”, afirma desde esa localidad Rosy Santiz, mujer maya promotora de derechos y capacitadora.

Ella integra el Centro de Formación y Capacitación para Mujeres K´inal Antsetik, que en lengua tzeltal significa tierra de mujeres. Surgido en 2014, acompañan a colectivos y una red de cooperativas de mujeres bordadoras y tejedoras.

“Sabíamos manejar el celular, pero para mantener nuestro trabajo teníamos que aprender otros programas como el Zoom. Era difícil, pero la única forma de poder comunicarnos y trabajar desde casa. Aprendimos cómo seguir nuestras reuniones y coordinaciones para continuar difundiendo, porque en la pandemia también seguíamos intercambiando experiencias”, recordó.

En las comunidades donde viven las mujeres que integran los colectivos y la cooperativa es escasa la señal de internet por lo que decidieron capacitarlas en el uso del aplicativo WhatsApp. La directiva que reside en San Cristóbal de las Casas recibe los pedidos de la clientela y los canaliza a las mujeres bordadoras y tejedoras enviando las especificaciones y fotografías por esa vía.

“Al principio solo usaban el celular para hablar, ahora es un medio para enfrentar la pobreza que se agudizó en la pandemia, es una de las ventajas que aprovechamos de la tecnología” expresó.

ED: EG

Sheinbaum firma acuerdo con Google, Meta y TikTok para combatir violencia digital contra mujeres

 

Ciudad de México.- En el marco de las acciones por el 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, el Gobierno de México, dio a conocer el acuerdo de colaboración para prevenir, atender, la violencia digital en el espacio virtual que incluyo a las principales plataformas y redes sociales: Google, Meta y TikTok.

Este acuerdo llega en un contexto del incremento de violencia digital contra mujeres en México, ya que el pasado 25 de noviembre en el Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, ONU Mujeres informó que más de 10 millones de mexicanas han enfrentado agresiones en entornos digitales, esto lo señaló durante el lanzamiento de la campaña “Es Real #EsViolenciaDigital”.

De las personas usuarias 18.1 millones manifiestan haber tenido algún tipo de violencia o ciberacoso en el espacio digital: 10 millones de ellas mujeres y 8 millones hombres.

Resaltó que en el caso de las mujeres, el 57.7 por ciento son menores de 29 años quienes vivieron ciberacoso. Dicha violencia incremente en edades más tempranas y se manifiestan con: insinuaciones y propuestas sexuales; recibir contenido sexual, suplantación de identidad; rastreo de cuentas o sitios web; críticas por la apariencia o por la clase social; publicación o envío de información personal como fotos o videos; publicación o venta de imágenes o videos de contenido sexual.

También mencionó que en los últimos 4 años ha ido aumentando la violencia en el espacio digital.

La Secretaria de las Mujeres, Citlalli Hernández, reconoció el activismo de mujeres en México que ponen este tema como pioneras en varios mecanismos regionales como lo fue la Ley Olimpia, ejemplo para combatir la violencia digital, impulsada por la defensora Olimpia Coral Melo y las Defensoras Digitales.

El acuerdo

Citlalli Hernández recalcó que el acuerdo entre el Gobierno de México y las plataformas y redes sociales de Google, Meta y TikTok se basa en nueve acciones en materia de prevención y siete acciones en materia de atención que se detallan de la siguiente manera:

Para prevenir:

1.- Las y los firmantes de acuerdo tendrán una mesa para poder seguir revisando estas normas que ya existen para fortalecerlas.

2.- Difundirán conjuntamente la Cartilla de Seguridad Digital para difundir las normas de convivencia que deben normalizarse cada vez más, lejos del odio y de la violencia.

3.- Las plataformas realizarán campañas para posicionar más mensajes educativos y formativos dirigidos a la buena convivencia. Y cada 25 de mes, todas las plataformas van a generar difusión de estos contenidos que abonen a una cultura digital mucho más pacífica y armónica.

4.- Las plataformas incentivarán la denuncia ante hechos de violencia y que ocupen las herramientas de reporte.

5.- Campañas informativas en el espacio digital, para generar la convivencia libre de violencia, para fomentar mayor denuncia, para proteger a las mujeres contra contenido y contactos no deseados. Para notificar a las personas usuarias que, si incurren en alguna violación de estas normas, puede haber consecuencias no solo como usuarios en las plataformas, sino incluso vinculada a alguna autoridad.

Campañas también que provean fuentes de información confiables, es decir, contra las fake news.

6.-El fortalecimiento de todas estas herramientas derivado de la revisión para prevenir mejor y atender estas violencias.

7.- Educar el ecosistema de personas creadoras, este es un compromiso de las plataformas. Tienen vínculo con varios creadores de contenido, y lo que han planteado es, justamente, fomentar que estos generadores de contenido ligado a varias plataformas generen contenidos que fomenten un entorno digital seguro.

8.- Generar información accesible para hablar del uso responsable de la tecnología.

9.- Fortalecer las estrategias de prevención en una mesa de diálogo constante con las autoridades del Gobierno de México.

Acciones de atención:

1.- Se activarán medidas inmediatas para atender casos de violencia a través de la definición conjunta. Fortalecerán política y restricciones con la prohibición de publicaciones con material de abuso y explotación sexual para que exista una actuación inmediata por parte de las plataformas, sobre todo cuando se trata de menores de edad con información que alerte a usuarios sobre las consecuencias por el delito.

Implementarán y difundirán herramientas, controles de seguridad y privacidad que permitan a una víctima bloquear la cuenta de la persona agresora y restringir comentarios, como parte de una medida cautelar.

Implementar políticas y procedimientos internos para dar respuesta a las medidas de protección y otras solicitudes de cumplimiento de la ley. A veces todavía hay una distancia entre lo que se decide en el espacio jurídico cuando una mujer denuncia y lo que pasa en el espacio virtual, y lo que pretenden es que se actúe de manera rápida coordinada.

2.- Crearán una guía para que las y los usuarios sepan cómo reportar contenidos, cómo usar las herramientas que ya existen y las fortalecerán para combatir las violencias.

3.- Generarán mejores mecanismos de reporte y de denuncia a perfiles que a veces ya son muy conocidos, que difunden contenidos sexuales o que han sido constantemente reportados por violar estas normas en las redes sociales.

4.- Vincularán todos estos mecanismos de reporte de la violencia habilitados, a la línea 079 opción 1, para que haya un primer auxilio emocional y canalizar a alguna autoridad de inmediato.

5.- Cooperación permanente con las autoridades para la investigación y atención a víctimas a través de enlaces y contactos directos entre las empresas de plataformas digitales, las Fiscalías, Ministerios Públicos o las Policías Cibernéticas.

6.- Colaboración estratégica para retirar contenidos violentos o íntimos, con nuevas herramientas y políticas accesibles que permitan atender de manera mucho más efectiva el acoso y otras conductas de abuso y odio que afectan a las mujeres.

7.- Iniciarán mesas de trabajo para establecer una ruta de cooperación entre autoridades, instituciones académicas expertas en derechos digitales y organizaciones sociales, que fomentan los derechos digitales y combatan la violencia digital.

Por su parte, la Presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, señaló que el acuerdo tiene como objetivo prevenir y atender la violencia digital en contra de mujeres y niñas a través de una colaboración voluntaria con las plataformas.

“Es un primer acuerdo, es voluntario, pero nos permite que la Secretaría de la Mujer o de las Mujeres esté en contacto permanente con las plataformas. Ustedes saben que hay distintas formas de violencia en las plataformas digitales contra las mujeres y el objetivo es ir atendiendo, y que las plataformas, a través de estos protocolos, vayan bajando imágenes o publicaciones que tengan que ver con violentar a una mujer. Entonces, es un primer acuerdo; es muy bueno para el país y es muy bueno para las mujeres mexicanas”, resaltó Sheinbaum Pardo.

La Jefa del Ejecutivo Federal indicó que, para erradicar la violencia contra las mujeres, la estrategia se enfoca en atender las causas a través de la educación en igualdad y campañas, así como el indispensable reconocimiento del papel de las mujeres en la historia de México y en todos los ámbitos de la vida pública, aunado a la cero impunidad para sancionar delitos penales como el abuso sexual, el acoso y el feminicidio.

Las normales actuales

Citlalli Hernández, Secretaria de las Mujeres, dijo que Google, Meta y TikTok ya realizan algunas acciones como: normas comunitarias que manifiestan estar en contra de algún tipo de violencia o intimidación; han desarrollado guías especializadas para prevenir las violencias y el uso de algunas herramientas; ofrecen herramientas y recursos para apoyar a víctimas de violencias, ofreciendo líneas de ayuda o algunas otras acciones que nos han mostrado en las plataformas; las usuarias pueden reportar fácilmente conductas o contenidos que violen las normas. Acciones que pidió fueran fortalecidas.

Las Defensoras Digitales señalaron que durante años las plataformas ya cuentan con herramientas de seguridad, pero estas siguen siendo poco conocidas por las personas usuarias lo que limitan su efectividad por lo que instaron a la difusión y accesibilidad de estos mecanismos como una demanda central.

También advirtieron que actualmente existen barreras institucionales que impiden a las víctimas acceder a la justicia como sistemas probatorios insuficientes, falta de capacidades de peritaje forense digital y obstáculos para obtener información de las propias plataformas. Sobre este último, apuntaron que la investigación y la reparación integral dependen, en gran medida, de la cooperación de estas empresas quienes por años asumieron un papel neutro, pero permitiendo la automatización, amplificación y monetización de la violencia sexual en internet.

«Reconocemos este acuerdo como un primer paso importante, especialmente porque desde Defensoras Digitales fuimos de las primeras en exigir que las plataformas asumieran responsabilidad frente a la violencia digital. Sin embargo, también lo decimos con claridad: si todo se queda en acuerdos voluntarios, la justicia para las víctimas nunca llegará plenamente. El debate que viene es más profundo.» -Defensoras Digitales.

«Refugios no son temas asistencialistas». Frente a la CSW70, exigen garantizar presupuesto

 

Informaron que en estos momentos, una delegación mexicana de la organización se encuentra frente a la sede de las Naciones Unidas (ONU) ubicada en Nueva York donde se está llevando a cabo la CSW70, cuyos temas este año son garantizar el acceso a la justicia para todas las mujeres y niñas; promover sistemas jurídicos inclusivos y equitativos; eliminar leyes, políticas y prácticas discriminatorias; y abordar barreras estructurales.

De acuerdo con Wendy Figueroa, defensora y directora de la RNR, hablar de justicia conlleva a incluir los derechos humanos y el presupuesto para garantizarlos, entre ellos reconocer la importancia que tienen los refugios como espacios de protección de la vida y la seguridad de las mujeres:

«Sin justicia no hay realmente garantía de derechos humanos y sin presupuesto tampoco existe», advirtió la defensora.

Cortesía de la Red Nacional de Refugios

Cabe recordar que en 2025 la asignación presupuestaria para los refugios del país experimentó cambios significativos. Durante la publicación del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación 2026 (PPEF 2026) en septiembre del año pasado, la RNR alertó que se eliminó el Programa de Apoyos para Refugios Especializados para Mujeres Víctimas de Violencia de Género, sus hijas e hijos como programa específico del PPEF 2026.

Dicho programa fue fusionado dentro del rubro Programa para la prevención y detección de las violencias feminicidas y atención de las causas y con ello se eliminó su nombre e identidad propia. La organización calificó esta acción como «un retroceso político y simbólico».

«Borrar a los Refugios, invisibiliza una política pública feminista que salva vidas y que está contemplada en instrumentos nacionales e internacionales; dilata la rendición de cuentas al diluir los recursos en un programa genérico; precariza el derecho a la protección inmediata, dejando en incertidumbre a miles de mujeres, niñas y adolescentes; e invisibiliza los recursos porque en los documentos del PPEF 2026 no se especifica cuántos recursos se destinarán a Refugios, lo que incrementa la incertidumbre y abre la puerta a la discrecionalidad». -Red Nacional de Refugios (RNR)

En enero de 2026 se publicó el nuevo lineamiento para el Ejercicio Fiscal 2026 del Programa Apoyo para Espacios de Refugio Especializados para Mujeres Víctimas de Violencia de Género, sus Hijas e Hijos, la RNR denunció que la política propuesta prioriza procesos administrativos sin mejorar los servicios de atención destinados para las mujeres, niñas y niños que viven situaciones de violencia, lo que advirtieron supone un retroceso en la garantía de derechos.

CIMAC Foto: Wendy Rayón

Para 2026, al Programa para la Prevención y Detección de las Violencias Feminicidas y la Atención de las Causas se le destinó más de 856 millones de pesos, de los cuales 515 millones 33 mil 86 pesos fueron asignados para el programa de refugios, mientras que en 2025 se le repartieron 483 millones 740 mil 910. Esto supone un incremento de más de 31 millones; sin embargo, la RNR señaló que, descontando el costo de la inflación, el crecimiento real es de 2%.

Además, los refugios y Centros de Atención Externa no serán los únicos que podrán acceder al recurso, sino también las Casas de Emergencia y Casas de Transición. La inclusión de estos dos últimos fue calificado por la organización como un avance, pero debido a esto el presupuesto asignado al programa de refugios se repartirá entre estos conceptos, por lo tanto, habría una disminución de recursos lo que se traduce en la reducción de atención integral.

A esto se suma que, de acuerdo con la guía operativa, los entes públicos y organizaciones de la sociedad civil deben demostrar contar con recursos propios para garantizar la operación del espacio, los servicios y la plantilla mínima, así como reconocer que los recursos federales son un subsidio para fortalecer la operación del espacio. Wendy Figueroa señaló que la única instancia de responsable de garantizar este presupuesto es el Estado mexicano.

Por ello exigieron, desde Nueva York y Ciudad de México, claridad en el presupuesto, que sea garante, suficiente y entregado a todos los refugios del país sin disminución y con autonomía institucional y presupuestaria para los refugios y sus centros de atención externa visualizados en el presupuesto de gastos de la Federación.

«Hoy hacemos eco de estas voces de ciudadanos de mujeres que están en los refugios para dejar claro que los refugios no son temas asistencialistas, son temas de derechos humanos y que México no puede estar hablando en la CSW70 o en otros espacios que promueven la igualdad y el acceso a la justicia si no toma en cuenta a las organizaciones de la sociedad civil que estamos dentro del territorio para que se haga una agenda fortalecida en temas de derechos humanos y protección y bueno, pues seguir exigiendo que el recurso sea garante, progresivo y entregado en tiempo y forma.» -Wendy Figueroa, directora de la Red Nacional de Refugios (RNR).

Más que cifras, mujeres que buscan vivir sin violencia

Con prendas de ropa como pantalones, faldas, playeras y blusas que fueron colocadas en el suelo junto a citas de sobrevivientes de violencia familiar, la RNR realizó un performance desde el Museo de Memoria y Tolerancia. Wendy Figueroa explicó que el acto hace alusión a la representación de los refugios como un espacio físico que cobija, escucha, reconoce y pone en el centro las voces de las mujeres, niñas y niños.

«Tenemos frases como de Sofía de 9 años que nos dice que aquí aprendió a vivir sin miedo, a no tener que esconderse, o Valeria quien también nos dice: «en el refugio entendí que nadie debe hacerle daño a mi mamá», tiene 10 años y mujeres que nos refieren que precisamente el refugio fue la diferencia entre la vida y la muerte.» -Wendy Figueroa, directora de la Red Nacional de Refugios (RNR).


CIMAC Foto: Wendy Rayón

CIMAC Foto: Wendy Rayón

Wendy Figueroa detalló que los refugios son un derecho humano para las mujeres y parte del acceso a la justicia debido a que nacieron como espacios para evitar el feminicidio y que las mujeres puedan vivir libres de violencia junto a sus hijas e hijos. Datos de la RNR indican que en 2025 la organización atendió a 8 mil 307 mujeres, niñas y niños, 814 personas por medio de redes sociales y línea telefónica y7 mil 889 mujeres en Refugios y sus Centros de Atención Externa.

Además, la defensora mencionó que el 80% de los refugios están habitados por población infantil, ya que las mujeres llegan en su mayoría con dos o tres niñas y niños quienes también son víctimas directas de su agresor cuando se trata de casos de violencia familiar.

La violencia contra las mujeres persiste en México, datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) indican que durante 2025 ocurrieron 672 casos de feminicidios, mil 917 casos de homicidio doloso contra una mujer y 247 mil 311 delitos de violencia familiar. Durante 2026 ya suman 54 casos de feminicidio, la mayoría ocurrieron en Sinaloa, Ciudad de México y Estado de México.


Gráfico del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP).

Ante este panorama, los refugios ofrecen autonomía física, económica, política y se promueve el acceso a las justicias, principalmente que no sean revictimizadas y accedan a sus derechos, según describió Wendy Figueroa. Todos los servicios proporcionados son gratuitos y especializados. No obstante, el presupuesto destinado al programa de refugios no es progresivo lo que debilita la respuesta ante la prevención de casos de feminicidio y algunos espacios terminan cerrando sus puertas.

La defensora también remarcó que, desde el sexenio pasado se ha debilitado la política pública de los refugios con propuestas como «El agresor sale de casa» donde la persona que ejerce violencia debe abandonar el espacio compartido con la víctima, una propuesta aplicada en la Ciudad de México cuando la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo fungía como jefa de gobierno en el sexenio de López Obrador y la cual se quiere aplicar a nivel federal.

Wendy Figueroa explicó que dicha propuesta sería celebrada si en México la justicia fuera garante y no hubiera una impunidad del 90% en el país. Además de que no protege a la víctima, como afirman varias mujeres que han abandonado sus hogares buscando vivir sin violencia, ellas comparten esos espacios con las familias de sus agresores.

«Los refugios para las mujeres no son programas asistenciales. Son una obligación del Estado y un mecanismo indispensable para garantizar el derecho de todas las mujeres a una vida libre de violencia, a la protección y al acceso a la justicia. Para miles de mujeres, un refugio es la diferencia entre la vida y la muerte. Es la única alternativa para poder dormir, vivir, transitar libremente» – Red Nacional de Refugios (RNR).

Reconocer el derecho al cuidado, una aportación de América Latina al mundo. CSW70

 

Ciudad de Nueva York.- En el marco del 70 periodo de sesiones de la Comisión de la Condición Jurídica y Social de la Mujer (CSW, por sus siglas en inglés, (CSW70) que se lleva a cabo en Nueva York, la Misión Permanente de México ante la Organización de Naciones Unidas (ONU) convocó al foro paralelo El compromiso de Tlatelolco: igualdad sustantiva, cuidado y acceso a la justicia en América Latina y el Caribe, en el que se reconoció el derecho al cuidado como una aportación para la defensa de los derechos de las mujeres en el mundo.

Hay que señalar que este año, la CSW celebra su 70 edición del 9 al 19 de marzo con el tema prioritario: “garantizar y reforzar el acceso a la justicia para todas las mujeres y niñas, entre otras cosas promoviendo sistemas jurídicos inclusivos y equitativos, eliminando las leyes, políticas y prácticas discriminatorias y abordando las barreras estructurales.”

Durante el foro El compromiso de Tlatelolco: igualdad sustantiva, cuidado y acceso a la justicia en América Latina y el Caribe, la subsecretaria del Derecho a una Vida Libre de Violencias de las Mujeres, Ingrid Gómez, recordó que la XVI Conferencia Regional sobre las Mujeres, realizada en la ciudad de México en agosto de 2025, tuvo como resultado la firma del Consenso de Tlatelolco, el cual estableció el inicio de una década de acción (2025-2035) para acelerar las acciones para avanzar en la igualdad y la sociedad del cuidado en América Latina y el Caribe.

El Consenso de Tlatelolco, reconoció:

“Que la actual organización social de los cuidados en América Latina y el Caribe es injusta y desigual y ha afectado históricamente a las mujeres, adolescentes y niñas, en particular a las indígenas y afrodescendientes, y su considerable contribución al desarrollo de las sociedades y la importancia de lograr que participen de forma plena, igualitaria y significativa en todos los aspectos de la sociedad”.

Por ello, señaló Gómez, es necesario “prevenir, sancionar y erradicar el feminicidio, el matrimonio infantil y otras formas de violencia contra las mujeres”.

Cabe señalar que la región llega a la CSW70 con los acuerdos alcanzados en Santiago de 2025 por los Estados de la región durante la 67ª Reunión de la Mesa Directiva de la Conferencia Regional sobre las Mujeres de América Latina y el Caribe. Los acuerdos alcanzados reafirman el acceso a la justicia como un derecho central, sin el cual los demás derechos no pueden hacerse efectivos.

Consulta los acuerdos alcanzados

En el foro, las ponentes de la región alertaron sobre el avance de una amenaza constante con retrocesos para los derechos de las mujeres y el establecimiento de discursos antifeministas. En ese contexto, la cooperación multilateral de la región debe fortalecerse. Por eso, “el acuerdo de Tlatelolco es la respuesta de que no vamos a ceder terreno”, afirmaron.

“Con el Acuerdo de Tlatelolco, América Latina y el Caribe envían un mensaje al mundo: la igualdad sustantiva no es agenda sectorial es una condición para la paz y el desarrollo sostenible”, puntualizó la vocera de la Secretaría de las Mujeres.

En su intervención Ana Güezmez, directora de asuntos de género de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), destacó que América Latina es la única región en el mundo que tiene una conferencia, con un espacio de confluencia y diálogo constructiva.

“Desde la primera conferencia en México en 1975 hasta la Conferencia de Tlatelolco 2025, con sentido de memoria y futuro se estableció una década de agenda estructural que plantea cambios en los ámbitos cultural, político, económico y social”, señaló Güezmez.

La experta de la CEPAL destacó además que la justa organización social de los cuidados y el reconocimiento del derecho al cuidado a partir de la opinión consultiva 31 emitida por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, sentaron un precedente que permitió la exigibilidad de este derecho en todo el mundo.

En el foro paralelo también participó Bibiana Aído Almagro, directora regional de ONU Mujeres para las Américas y el Caribe, quien destacó el sentido humano del Consenso: “Tlatelolco fuerza de la región que coloca la dignidad humana en el centro de las políticas públicas”.

Recordó que los Estados participantes del Consenso de Montevideo (2013) acordaron “garantizar también datos estadísticos confiables, desagregados por sexo, edad, condición migratoria y etnia, variables culturales y ubicación geográfica en materia de educación, salud, en particular salud sexual y salud reproductiva, empleo y participación de adolescentes y jóvenes”.

Para Aído Almagro, en seguimiento a Montevideo y Tlatelolco, los Estados deben garantizar datos sobre el derecho al cuidado que conduzcan a políticas y presupuestos con enfoque de género porque el “derecho al cuidado debe ser una realidad con más servicios, más tiempo, más corresponsabilidad y con resultados medibles”, afirmó.

Por su parte, Arlene Tickner, embajadora itinerante para Asuntos de Género y Política Global Feminista de Colombia, apuntó el papel de Estados Unidos en la región luego de su presidente DonaldTrump anunciara su “Escudo de las Américas”, es decir, convocó a una alianza por la derecha en la región, por la militarización y contra el multilateralismo expresado en el Compromiso de Tlatelolco.

Tickner destacó la implementación por primera vez de una política nacional de cuidado a través de más de 100 medidas para cambiar la organización social del cuidado entre las que están el conocimiento de formas comunitarias y colectivas del cuidado derivadas de la prácticas indígenas y afros de Colombia con lo que se preparan para ser la sede de próxima Conferencia Regional sobre las Mujeres en 2028.

Mecanismos para posicionar los cuidados como derecho del siglo XXI

En el segundo panel titulado “Mecanismos para posicionar los cuidados como derecho del siglo XXI”, Viridiana Lorelei Hernández, coordinadora de Vinculación de la Secretaría de Mujeres reconoció que la organización social se construyó alrededor de los cuidados, sobre la base de la desigualdad que vivimos las mujeres por ello, el sistema de cuidados debe construirse desde los territorios “con un compromiso institucional y moral con las mujeres”.

En sus palabras el Consenso de Tlatelolco “es un documento histórico que debe traducirse en cambios concretos en la vida de las mujeres y las niñas del América Latina y El Caribe”. Concluyó: “por el bien de todas primero las más pobres”.

Silvia Soler directora interina del Instituto de Liderazgo Simone de Beauvior señaló que el compromiso financiero quedó plasmado en el Anexo 31 del presupuesto nacional y que debe ensancharse.

 “El cuidado es un derecho, una necesidad, un bien público que cruza con justicia climática, con el trabajo en el que, si los estados no invierten, las mujeres pagan la cuenta. El cuidado es esencial de la defensa democrática, la desigualdad sostiene el ataque a las democracias” concluyó Soler.

Finalmente, Nashieli Noriega, coordinadora de género OXFAM ex integrante de la Red Trenzando Cuidados, destacó que hablar del cuidado en la región significa una ventaja sobre el entendimiento del derecho. “En narrativas, el consenso de Tlatelolco nos va a permitir visibilizar el cuidado y politizarlo”.

El panel concluyó con cuatro grandes desafíos para el derecho al cuidado. (1) El desafío fiscal, toda vez que no habrá sistema de cuidados sin financiamiento; (2) el laboral para construirse con trabajo decente, salarios dignos y protección social; (3) el institucional con instituciones que permitan su implementación y; el (4) cultural que permita transformar los imaginarios que reducen el derecho al cuidado a una visión estereotipada.


Este y otros eventos paralelos suceden en el marco del 70 período de sesiones de la Comisión de la Condición Jurídica y Social de la Mujer (CSW, por sus siglas en inglés, CSW70) que arrancó el lunes 9 de marzo y concluirá el 19 de marzo en la Sede de las Naciones Unidas en Nueva York, Estados Unido cuyo tema central es el acceso a la justicia para todas las mujeres y las niñas y tema de examen es la participación plena y efectiva de las mujeres y la adopción de decisiones en la vida pública, así como la eliminación de la violencia, para lograr la igualdad.

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