Desde 2019, los gobiernos de
extrema derecha en América Latina, desde Brasil y El Salvador hasta Argentina,
han estado adoptando estrategias similares para atacar los derechos de las
mujeres y la población LGBTQ+ y debilitar las políticas de salud sexual y
reproductiva.
Con
los recientes resultados electorales en Perú y Colombia, donde parece que
tomarán posesión Keiko Fujimori y Abelardo de la Espriella, respectivamente, otro líder de extrema derecha ha llegado al
poder en la región: José Antonio Kast,
en Chile. Hijo de un alemán, quien fue miembro
del partido nazi, Kast
asumió un mandato de cuatro años en marzo. Desde entonces, colectivos
feministas chilenos se han movilizado en respuesta a posibles reformas y
políticas de su gobierno que podrían amenazar los derechos conquistados tras
décadas de lucha. El gobierno
de Kast, considerado el mayor giro a la derecha en Chile desde el fin de la
dictadura militar en 1990, ya empieza a mostrar indicios de su agenda. Es
importante comprender qué cambios podrían producirse durante su presidencia.
Cambios en la educación sexual en las escuelas
Kast pretende reformar la educación sexual en las
escuelas. Durante su primera campaña presidencial en 2017, abogó por la
eliminación de programas escolares y contenidos curriculares que, según él, «promueven el aborto y las
llamadas ideologías de género». El año pasado, volvió al tema prometiendo «garantizar una
educación sin ideologías”.
La propuesta contrasta con la del expresidente de
izquierda Gabriel Boric. En enero de 2026, el
Gobierno de Boric reanudó un proyecto
de ley para ampliar
la educación sexual en las escuelas, lo que enfrentó una fuerte oposición de
parlamentarios de extrema derecha, quienes la calificaron de «ideológicamente
motivada». El texto fue aprobado por un Comité de educación
del Congreso en marzo pero
aún debe pasar por otros trámites legislativos antes de convertirse en ley. La postura de Kast se hace eco de discursos ya
conocidos en Brasil, como el movimiento ‘Escuela sin
partidos políticos’,
alimentada durante el Gobierno de Jair Bolsonaro (2019-2022),
quien buscó restringir la educación sexual asociándola con la “sexualización
temprana” y el “adoctrinamiento ideológico”. En El Salvador, el presidente Nayib Bukele, en el poder desde 2019, también
adoptó medidas similares. En 2022 el Ministerio de Educación ha eliminado
del currículo de secundaria los materiales sobre educación sexual, prevención
de la violencia de género y orientación sexual.
Violencia digital
La violencia digital, como el acoso en línea y el
discurso de odio, ha sido utilizada como herramienta por movimientos de extrema
derecha y gobiernos. En Chile, Martín de la Sotta,
director de Chile Necesita ESI, una organización que promueve la educación
sexual, afirma que los ataques en redes sociales se han intensificado desde la
campaña presidencial de Kast el año pasado, con el objetivo de intimidar y
silenciar a los activistas. El
propio De la Sotta fue víctima de una campaña coordinada de acoso digital. «Me
tomaron fotos en una fiesta y las publicaron en internet diciendo: ‘Este es el
pedófilo que quiere abusar de sus hijos’, y cosas por el estilo», dijo.
Emilia
Schneider, la primera
parlamentaria abiertamente transgénero de Chile, reelegida el año pasado,
también fue victima de ataques en línea. Fotos de ella antes de su transición
comenzaron a circular en las redes sociales. «Su nombre es Emilia, pero
publicaron las imágenes llamándola ‘Emilio’», dijo de la Sotta.
Feministas exiliadas
Las amenazas y las campañas de intimidación han llevado a periodistas y voces feministas a abandonar sus países de
origen cuando escriben sobre género, denuncian violaciones de los derechos
humanos o critican las políticas de gobiernos de extrema derecha.
La periodista argentina Luciana Peker afirma
que el acoso en línea que sufrió se intensificó tras la publicación de un
reportaje sobre el aumento de casos de feminicidio en 2022, resultando en amenazas de muerte. En diciembre de 2023, diez días después de que
el presidente de extrema derecha Javier Milei asumiera el cargo en Argentina, ella abandonó el
país. «La violencia
provenía de sectores vinculados a quienes entraron en el Gobierno de [Milei],
por lo que no existían condiciones seguras para hablar, escribir, vivir o
trabajar», dijo Peker.
En Brasil, después de la elección de Bolsonaro en 2018, un patrón de intimidación
similar llevó a la
especialista en derechos reproductivos Debora Diniz a abandonar el país. Afirma haber recibido
repetidamente acoso en línea y amenazas de muerte de grupos de extrema derecha
tras su testimonio ante el Tribunal Supremo Federal en defensa de la
despenalización del aborto. Diniz
explica que la cuestión de género es fundamental en la estrategia de la
ultraderecha. «Controlar a las mujeres —cuándo, cómo y con quién tienen hijos—
significa controlar la reproducción de la vida social y, en última instancia,
la reproducción del poder», afirmó.
Dinámicas de intimidación similares también fueron
documentadas en El Salvador bajo el gobierno de Bukele. Según Cristosal, una organización local de derechos humanos,
decenas de activistas y periodistas mujeres se vieron obligadas a abandonar el país
debido al ambiente represivo.
Obstáculos para acceder al aborto
Kast abogó por el retorno a una prohibición total del
aborto, incluso en casos de violación, y afirma que «defiende la vida
desde la concepción hasta la muerte natural», una opinión compartida por los miembros de la Iglesia
Católica en Chile y
por sus partidarios
evangélicos. Tras la reforma legal de 2017, el aborto está
permitido actualmente solo en tres casos en Chile. Riesgo para la vida de la mujer,
violación o inviabilidad fetal. Cerca de 80 por
ciento de la
población chilena está a favor del aborto, al menos bajo ciertas circunstancias.
“Nuestros derechos nunca están garantizados. Dependen de
que alcemos la voz»
La Administración anterior de Boric propuso un proyecto
de ley para permitir que
las mujeres tengan un aborto hasta las 14 semanas. El proyecto avanza lentamente en el Congreso,
pero enfrenta importantes obstáculos en las comisiones lideradas por
partidarios de Kast. «Es poco probable que sea aprobado», afirma Anamaría Arriagada, presidenta del Colegio
Médico de Chile, la asociación médica nacional.
Activistas advierten que podría volverse más difícil para las mujeres
en Chile acceder al aborto. Incluso antes de que Kast llegara al poder,
en casos de aborto que involucran violación, casi la mitad de
los profesionales de obstetricia que trabajan en hospitales públicos se
han declarado objetores de conciencia. “Bajo un gobierno autoritario
que se opone a los derechos humanos, es muy posible que los
profesionales de la salud que se oponen al aborto se sientan con mayor
libertad para negar la atención médica [del aborto]”, afirmó Ingrid Narbona,
abogada de la Red de Profesionales por el Derecho a Decidir en Chile.
Añadió: “Cuando se restringen los derechos, las mujeres no dejan de
necesitar abortos; recurren a opciones inseguras o ilegales”.
En El Salvador, Bukele adoptó una retórica similar a la
de Kast con respecto a la «defensa de la vida desde la concepción», en un país
donde el aborto está completamente prohibido. Aunque en el pasado había
defendido el aborto en circunstancias
limitadas, Bukele
comenzó a adoptar una postura firmemente antiaborto, llegando incluso a describirlo como un «gran genocidio».
Años de movilización por parte de grupos feministas y
defensa de los derechos de las mujeres ayudaron a asegurar la liberación de 81 mujeres
encarceladas en virtud de las estrictas leyes antiaborto del país. Sin embargo, en una señal del entorno cada
vez más represivo, el Grupo Ciudadano para la Despenalización del Aborto en El
Salvador anunció su disolución legal en
febrero.
Propagación del fundamentalismo cristiano
La propagación gradual y a menudo silenciosa de la
influencia antigénero y antirreligiosa más allá de los pasillos del poder,
infiltrándose en otras instituciones, es una característica central de la
estrategia de la extrema derecha en América Latina, según Giselle Carino, directora de Fòs Feminista una alianza mundial para la defensa de los
derechos sexuales y reproductivos. «Esto
se extiende a los consejos médicos nacionales y a los comités de bioética,
donde la gobernanza técnica puede ser remodelada de acuerdo con agendas
conservadoras», afirma.
En enero, la Comisión Nacional de
Bioética de Argentina fue
reestructurada formalmente bajo la tutela del Ministerio de Salud. Según
Carino, el cambio refleja una tendencia más amplia en la que “los expertos
independientes en ética han sido marginados y reemplazados por actores más
cercanos a redes religiosas”, suscitando inquietudes sobre cómo podría
interpretarse en la práctica el acceso al aborto. Carino también traza paralelismos entre esta
estrategia de la extrema derecha latinoamericana y el movimiento MAGA, liderado por Donald Trump en
Estados Unidos, lo que apunta a una alineación regional más amplia en torno a
políticas nacionalistas y anti-género.
En Brasil, Bolsonaro ha dependido
en gran medida de las iglesias evangélicas y de los pastores para movilizar a los
votantes, utilizando la retórica cristiana para oponerse al aborto y a los
derechos LGTBIQA+. Los parlamentarios evangélicos de partidos de extrema
derecha continúan trabajando contra los derechos de las mujeres y de la agenda de salud
reproductiva.
Las activistas por los derechos de las mujeres en toda
América Latina están demostrando que es posible resistir las estrategias de la
extrema derecha
En El Salvador, Bukele frecuentemente utiliza un lenguaje
cristiano para justificar sus políticas, llegando incluso a afirmar que Dios le había
hablado. En una publicación en redes
sociales expresó su
oposición al aborto y al matrimonio entre personas del mismo sexo, y destacó el
«apoyo de Dios» para construir lo que él describe como un «país más justo».
Kast, miembro del Movimiento de Schönstatt, una red
católica ultraconservadora, sigue una línea similar. Kast basa sus acciones
políticas en valores católicos conservadores y declaró en 2017 «Creo en Dios, creo en la patria, creo en
la familia.» Desde que asumió la presidencia el número de servicios religiosos
celebrados en el palacio presidencial chileno de La Moneda han aumentado de uno a hasta
cuatro por semana. Kast ya ha dejado clara su postura respecto a
los derechos LGTBIQA+. No ha firmado la Declaración regional sobre los derechos
LGBTQ+ en la Organización de los Estados Americanos.
Recortes en la financiación de los derechos de las mujeres
Kast comenzó su presidencia declarando un “gobierno de
emergencia” con un
enfoque en la seguridad, la migración y la economía. Para contener el gasto
público, prometió una reducción de 6.000 millones de dólares (unos 5.300 millones de euros) de gasto
público. «Es imposible
realizar recortes drásticos en el gasto público sin afectar la salud y los
derechos reproductivos», afirmó Arriagada.
Luz Reidel, subdirectora de defensa de políticas en Miles, una
organización de derechos sexuales y reproductivos, declaró: «Al presentar la
situación como un ‘gobierno de emergencia’, Kast permite que las autoridades
resten prioridad a ciertos servicios, haciendo que el aborto y la salud sexual
parezcan menos urgentes». Este
patrón se repite en la región.
En Argentina, bajo medidas de austeridad implementadas por Milei, se suspendieron al
menos 13 programas relacionados con cuestiones de género. incluyendo iniciativas destinadas a la
inclusión de las personas transgénero. Incluso
bajo la administración de Milei, la financiación para políticas de lucha contra
la violencia de género se redujo en aproximadamente 89 por ciento entre
2023 y 2024. El programa
‘Acompañar’, que brinda apoyo a las sobrevivientes de la violencia, sufrió una
reducción en su presupuesto reducido en un 90
por ciento y el
número de beneficiarias descendió de más de 100.000 en 2023 a tan solo 434 en
2024.
Lenguaje prohibido
Los líderes de extrema derecha de Argentina, El Salvador
y Brasil han estado tomando medidas para eliminar o restringir términos y
categorías relacionados con el género, la sexualidad y la identidad,
argumentando que no están alineados con las posiciones oficiales de sus
gobiernos. En 2024, el
gobierno de Milei prohibió el uso de «lenguaje inclusivo» en la administración pública y en los
documentos oficiales, incluidas las formas de lenguaje que reconocen a las
personas LGTBIQA+, clasificándolas como «distorsiones ideológicas». En El Salvador, Bukele emitió un decreto similar, prohibiendo el
uso de lenguaje inclusivo en las escuelas públicas y los materiales
gubernamentales, calificándolo de «español inapropiado» e «ideología de
género». Un informe de El Faro tuvo
acceso a una guía de estilo educativa, que reveló la prohibición de términos
como «feminismo», «feminista», «inclusión», «masculinidades», «orientación
sexual» y referencias a la comunidad LGTBIQA+ y al cambio climático.
De manera similar, en Brasil, el expresidente Bolsonaro rechazó el uso de un lenguaje neutro en
cuanto al género, afirmando que es «perjudicial para los valores tradicionales»
y que «malcría a los niños». Como
legislador, Kast también ha criticado públicamente el lenguaje inclusivo. En
una publicación en X escribió: “Basta ya de tonterías. Exijamos
que en Chile la gente hable correctamente y deje de copiar malas ideas del
extranjero”. «Aunque todavía
no existe un precedente formal concreto para la prohibición de ciertos términos
lingüísticos en Chile, esto entra dentro de lo que podemos esperar de este
gobierno», afirmó Reidel.
Desmantelamiento de instituciones de mujeres
Kast inició su administración con cambios institucionales
que, según activistas, debilitan las políticas de igualdad de género. Hasta la
fecha, el Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile ha despedido empleados y empleadas de una división dedicada a
promover una política exterior feminista. La
elección de Kast para dirigir el Ministerio de la Mujer y la Igualdad de Género
también generó inquietudes tras el nombramiento de Judith Marín, una figura evangélica que lleva años haciendo campaña contra el
aborto. «No tiene experiencia en temas relacionados con el género. Obviamente
es decepcionante», dijo Reidel.
“Lo que pueden parecer acciones inconexas están, en
realidad, interconectadas; todo forma parte de la misma estrategia”
En Argentina, Milei ha disuelto el Ministerio de la Mujer, Género y
Diversidad en 2024, el organismo responsable de las políticas de igualdad de
género y de la lucha contra la violencia contra las mujeres. Activistas afirman que estas acciones forman
parte de un esfuerzo más amplio, simbólico y práctico para revertir los avances
en igualdad de género mediante el desmantelamiento de las instituciones públicas.
“Lo que pueden parecer acciones inconexas están, en realidad, interconectadas;
todo forma parte de la misma estrategia”, declaró Giselle Carino.
En Brasil, durante el Gobierno de Bolsonaro en 2019, el
Ministerio de la Mujer fue reorganizado y renombrado Ministerio de la
Mujer, la Familia y los Derechos Humanos. Según Reidel, sustituir el término «género»
por «familia» supone un cambio simbólico pero políticamente significativo que
se aleja de las políticas de igualdad y refuerza los «roles sociales
tradicionales».
Resistencia
Las activistas por los derechos de las mujeres en toda
América Latina están demostrando que es posible resistir las estrategias de la
extrema derecha. En las últimas décadas, los movimientos por los derechos de
las mujeres han combatido con éxito la violencia de género y han ampliado los
derechos reproductivos mediante las protesta, procesos judiciales, procedimientos
constitucionales y campañas en redes sociales. Argentina Ni Una Menos, fundada en 2015, surgió en respuesta a los
altos niveles de
feminicidio en el país.
Desde entonces, el movimiento ha movilizado a millones de personas para marchar
en las calles, inspirando también un activismo similar contra la violencia de
género en Perú y Uruguay. La Marea Verde, movimiento liderado
por feministas en
Argentina también dio lugar a manifestaciones masivas desde
principios de la década de 2000,
que fue fundamental para la
legalización del aborto en Argentina en 2020. El movimiento también inspiró reformas legales
similares en toda la región, incluyendo Colombia y México.
Más recientemente, en Chile, apenas tres días antes de
que Kast asumiera el cargo, aproximadamente 500.000 personas participaron de las protestas del Día
Internacional de la Mujer en Chile, la más grande desde
la pandemia.Como explicó María Francisca Di Biase, abogada chilena y
activista de género que participó en la marcha: “Nuestros derechos nunca están
garantizados. Dependen de que alcemos la voz. Necesito seguir luchando y
marchando”.
Este artículo se publicó originalmente en inglés en Fuller,
una redacción independiente y sin ánimo de lucro dedicada a informar
sobre las experiencias de las mujeres y las personas de género diverso
en todo el mundo. Editado originalmente por Anastasia Moloney y Charlie
Brinkhurst-Cuff.
Ester Pinheiro. Priodista independiente, gerente de comunicación y podcastera en Feminismos del Sur.
Fuente: https://www.pikaramagazine.com/2026/07/el-manual-de-la-ultraderecha-para-atacar-a-las-feministas-en-america-latina/
