Reem Alsalem permanecerá en México con una agenda de trabajo los días 16, 17 y 18 de febrero, en una visita no oficial para escuchar a organizaciones y defensoras de derechos humanos en el marco de este encuentro internacional.
Reem Alsalem fue recibida entre aplausos por defensoras e integrantes de organizaciones civiles bajo el lema: “Se siente, se siente, la relatora está presente”. En el presídium la acompañaron Kenia López Rabadán, diputada del PAN y presidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados; Anaís Burgos, diputada de Morena y presidenta de la Comisión de Igualdad de Género; y Patricia Olamendi Torres, abogada y experta feminista cofundadora de «Nosotras Tenemos Otros Datos» y de la “Red de Mujeres en Plural”.
Reem Alsalem, expuso que México hay un aumento de la violencia contra mujeres y niñas perpetrado tanto por actores estatales como no estatales.
Asimismo, que hay desapariciones persistentes de mujeres, deficiencias en la investigación, la reparación del daño y no existe apoyo suficiente a las familias que buscan a mujeres y niñas desaparecidas. Añadió que una de las razones por las cuales se presentan estos fenómenos son la impunidad y la falta de acceso efectivo a la justicia.
Refirió que, si bien México ha asumido compromisos importantes, “por ejemplo, durante su examen periódico universal en 2024, el gobierno mexicano aceptó la abrumadora mayoría de las recomendaciones, incluidas aquellas relativas a la armonización de marcos jurídicos sobre feminicidio, desaparición y violencia basada en género y el fortalecimiento de la capacidad de las fiscalías y la protección de las defensoras y periodistas. Sin embargo, pese a los avances normativos, la violencia contra las mujeres continúa en niveles epidémicos y alarmantes también en este país”.
La relatora expresó que la paradoja “de nuestro tiempo está en el reconocimiento jurídico, el cual se ha ampliado, pero la violencia persiste y en algunos ámbitos se intensifica.”
En su intervención, Alsalem realizó un recuento del panorama internacional que enfrentan las mujeres. Destacó que, a nivel mundial, en 2024 se documentó el asesinato de 48 mil mujeres; 35% de los casos fueron perpetrados por sus parejas. Esto equivale a 37 mujeres asesinadas por cada 20 hombres, lo que, subrayó, representa apenas la “parte visible de la crisis”.
Esta mañana Cimacnoticias informó el contexto de violencia generalizada contra mujeres en el país. Las cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) indican que en 2025 se registraron 721 víctimas de feminicidio en México y 2 mil 074 homicidios dolosos contra mujeres, aunque el número podría ser mayor si se considera la narrativa oficial que sostiene una disminución histórica del delito, afirmación que ha sido cuestionada por organizaciones de la sociedad civil como el Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio (OCNF) y Causa en Común.
En 2025 México registró 721 casos de feminicidio. Sinaloa ocupó primer lugar
Si bien reconoció avances legislativos, señaló que la violencia continúa perpetuándose de distintas formas y que, hasta ahora, las mujeres solo gozan del 77% de los derechos de los que disponen los hombres. A ello se suman fenómenos emergentes que ha estudiado como los discursos que legitiman ataques, la sexualización, la mercantilización y la deshumanización de mujeres y niñas.
Uno de los puntos centrales fue el borrado de las mujeres a través del lenguaje. Explicó que la eliminación del término “mujer” para sustituirlo por expresiones como “persona gestante” o “persona femenina” genera confusión entre sexo, género e identidad de género. A su juicio, esta confusión no solo invisibiliza a las mujeres, sino que también provoca problemas estadísticos y debilita la formulación de políticas públicas.
Asimismo, instó a los Estados a erradicar la prostitución, pues afirmó que, en su mayoría, las víctimas son mujeres, niñas y niños, mientras que los hombres suelen desempeñar el papel de proxenetas. Señaló que esta práctica vulnera derechos humanos fundamentales y se vincula con la tortura, la trata y la violencia sexual. Además, advirtió que denominarla “trabajo sexual” invisibiliza la violencia que enfrentan las víctimas.
Añadió que dicha práctica no se alinea con las experiencias de las mujeres ni con el derecho internacional. Respecto al consentimiento, sostuvo que este pierde validez en contextos de prostitución y pornografía. Por ello, recomendó adoptar el llamado modelo nórdico, cuya política —según explicó— ha reducido la demanda de compra de actos sexuales al tratar a las mujeres como víctimas, brindarles apoyo integral y sancionar a los compradores.
La prostitución, agregó, está estrechamente ligada a la pornografía, la cual alimenta un sistema más amplio de explotación basado en normas patriarcales, profundiza la desigualdad y normaliza la violencia física. Propuso reconocerla como un sistema de explotación y violencia, regular sus contenidos y penalizar su consumo y producción por vulnerar derechos fundamentales.
Finalmente, abordó la gestación subrogada. Señaló que mujeres son sometidas a violencia económica y psicológica mediante contratos abusivos. Además, indicó que las infancias son separadas de manera inmediata de sus madres, lo que puede generar afectaciones a la salud, al desarrollo y al bienestar psicológico. A su vez, las mujeres enfrentan el riesgo de caer en redes de trata y explotación sexual.
Ante esta realidad, sostuvo que no existe un sistema eficaz para investigar el destino de las infancias y sus madres, y cuestionó que la capacidad de compra prevalezca sobre los derechos humanos. Aunque se promueve la gestación subrogada altruista, afirmó que las estadísticas muestran que la participación disminuye cuando no existe un incentivo económico, lo que evidencia que el factor monetario suele ser determinante.
La Relatora también destacó la labor de las mujeres en la sociedad, particularmente la de periodistas y defensoras, quienes han visibilizado las violencias que enfrentan mujeres y niñas. No obstante, advirtió que contra ellas se ejerce violencia —frecuentemente digital— como mecanismo de censura. Consideró que esto envía un mensaje preocupante a adolescentes y niñas, por lo que exhortó a los Estados a adoptar medidas firmes para frenar estos ataques.
Por su parte, Patricia Olamendi Torres, abogada y experta en derechos humanos, señaló que en México persisten avances y retos relacionados con la dominación de los cuerpos de las mujeres. Indicó que el país duplicó los casos de trata en el último año y alertó que muchos se clasifican como rapto, lo que provoca el ocultamiento estadístico de diversas situaciones de violencia.
Por su parte, la diputada Anais Miriam Burgos Hernández (Morena) señaló que las reformas constitucionales recientes refuerzan la igualdad sustantiva como principio rector, la vida libre de violencia como obligación reforzada, la participación paritaria en la vida pública, y el reconocimiento de la autonomía y la dignidad de todas las mujeres.
Dijo que las mexicanas cuentan con un marco normativo creado por la lucha histórica de miles de mujeres por la igualdad y protección. “Tenemos la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencias, la Ley de Igualdad entre Mujeres y Hombres, la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, entre otras”, agregó.
Indicó que en 2025 se registraron 786 presuntos feminicidios y más de 2,300 homicidios dolosos de mujeres. Los delitos sexuales superaron las 71 mil carpetas y el 64 por ciento de las víctimas de violación son menores de 18 años. Advirtió que la violencia se agrava cuando confluyen factores como origen indígena, discapacidad, orientación sexual, pobreza o ruralidad.
La impunidad y la falta de acceso efectivo a la justicia genera aumento de la violencia contra mujeres y niñas.
