.- Hace 32 años, del 12 al 17 de febrero de 1994, comunicadoras de 80 países se reunieron en Bangkok para hablar de la “comunicación como fuente de poder para las mujeres”.
La
representación mediática y las alianzas entre comunicadoras fueron ejes
centrales de la discusión para avanzar en el reconocimiento de los
derechos humanos de las mujeres.
Un año después, en 1995, en la
Cuarta Conferencia Internacional de las Mujeres en Beijing, se reafirmó
la importancia de la comunicación como una herramienta indispensable
para avanzar en la igualdad.
Los Estados presentes se comprometieron a avanzar en 12 esferas de acción, una de ellas, los medios de difusión.
Erradicar
los contenidos estereotipados que reproducen la opresión de las mujeres
y potenciar su participación en las industrias de medios fueron los dos
objetivos centrales del Capítulo J. Las mujeres y los medios de difusión, los cuales serían retomamos por UNESCO para establecer los indicadores de género para los medios de comunicación.
En
paralelo, en 1994 mujeres periodistas de todo el país fundaron la Red
Nacional de Mujeres Periodistas en México, la primera que buscaba
construir una estrategia para producir periodismo que colocara en el
centro a las mujeres frente a la narrativa imperante excluyente de la
mitad de la humanidad.
Las organizaciones hacían su parte:
implementaron un monitoreo global de medios que analizara la presencia
de las mujeres en las noticias. Revelaron que de cada 100 noticias, solo
17 consultaban a las mujeres en ese primer GMMP de 1995. A 30 años de
este hallazgo, solo hemos avanzado 7 puntos porcentuales.
En el
último GMMP, de cada 100 noticias las mujeres tenemos presencia en 24 de
ellas, es decir, la exclusión permanece. El poco avance es gracias al
trabajo de académicas feministas y organizaciones que, como Comunicación
e Información de la Mujer A. C. (CIMAC), apostamos a la sensibilización
y capacitación del periodismo feminista y, principalmente, al trabajo
de las mujeres periodistas que, como caballos de troya, incorporan el
enfoque de derechos humanos de las mujeres en su labor periodística, no
porque los medios lo soliciten sino porque, ellas, convencidas del rol
social de los medios, ejercen la libertad de expresión con la convicción
de amplificar la voz de otras mujeres.
Si son ellas quienes
transforman la agenda mediática, se hace necesario revisar en qué
condiciones ejercen su labor periodística. Lo hacen en desigualdad,
precarizadas y víctimas de violencia al interior de las redacciones y
con riesgos en las coberturas, aún así, las periodistas son quienes
acompañan a otras mujeres en la búsqueda de justicia, en la exigencia de
sus derechos y hacen eco de sus demandas a través de sus espacios
periodísticos.
Hoy presentamos los resultados del Proyecto de
Monitoreo Global de Medios (GMMP, por sus siglas en inglés) que
evidencian lo que aún nos falta por trabajar: colocar a las mujeres en
el lugar que les corresponde, desde la justicia y la dignidad, mostrar
sus aportes y sus condiciones de vida.
Los próximos 6, 7 y 8 de
febrero, la Red Nacional de Mujeres Periodistas, se reunirá en la Ciudad
de México para conversar y renovar su alianza para ejercer el
periodismo a favor de las mujeres.
El periodismo feminista, es
también abortista cuando exige el derecho a decidir; es sufragista
cuando defiende los derechos políticos de las mujeres; es de datos y de
investigación cuando evidencia las desigualdades que todas vivimos en el
día a día; es colaborativo cuando, en una profesión que compite por la
exclusiva.
Ellas se vuelven aliadas para posicionar narrativas que devuelvan a las mujeres su lugar: la mitad del mundo.
Frente
al riesgo para ejercer el periodismo en México, las periodistas hemos
señalado que el riesgo se vive también con marca de género y que sus
impactos trascienden a los ámbitos en que la desigualdad nos ha rezagado
como la tarea de cuidados. Un trabajo no remunerado que hace funcionar
el resto del mundo.
Renovar la alianza por el periodismo feminista
significa ser conscientes de que defender la libertad de expresión es
defender el derecho a la información de la sociedad y que erradicar la
violencia contra las periodistas es fundamental para avanzar en la
igualdad.
.- ciudad de México.-Integrantes del Subcomité de las Naciones Unidas para la Prevención de la Tortura (SPT)
de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) estuvieron en México
del 25 al 30 de enero de 2026 para evaluar al país en materia de
derechos humanos y la erradicación contra la tortura así como examinar
las medidas adoptadas tras la evaluación realizada en su visita anterior
en el 2016 y aunque esta delegación ya concluyó, defensoras de derechos
humanos han exigido al Estado mexicano hacer público el informe de
resultados de esta visita.
Es de resaltar que este informe 2026 es
de carácter confidencial, a menos que el Gobierno mexicano decida
hacerlo público, como ocurrió con los informes posteriores en las
visitas de esta misma delegación en 2008 y 2016. Este contendrá las observaciones y recomendaciones.
El
Centro de Derecho Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, recordó que tras
la visita de este Subcomité de las Naciones Unidas para la Prevención de
la Tortura (SPT) en el 2016, el informe de resultados fue publicado dos
años después porque la sociedad civil organizada lo solicitaron por
transparencia ante la negativa del Estado a hacerlo público.
Pero hoy, en este 2026, el Centro Pro, detalló que esta visita se da en el marco de:
«Incremento
significativo de las personas privadas de la libertad en el país,
la ampliación del catálogo de delitos que ameritan prisión preventiva
oficiosa, la inadecuada operación del Mecanismo Nacional de Prevención
de la Tortura (MNPT) y el debilitamiento institucional de la CNDH, la
reciente publicación de la Ley General en materia de Extorsión –con la
que se podrían validar pruebas obtenidas mediante tortura– y la
inminente regulación de la figura de “jueces sin rostro” en el próximo
periodo legislativo».
Hay que señalar que México firmó y
ratificó el Protocolo Facultativo de la Convención contra la Tortura
(OPCAT), por lo que se comprometió a dar acceso total a esta delegación
para llevar a cabo este tipo de visitas.
Por su parte, Cimacnoticias, realizó la investigación Prisión feminicida mexicana,
en donde se reveló que el Centro Federal de Readaptación Social femenil
número 16 en el estado de Morelos, único centro penitenciario federal
para mujeres en el país y considerado uno de los más grandes en América
Latina, se ha convertido en uno de los capítulos más violentos en la
historia de México contra las mujeres
A finales del 2023 la prensa
nacional informó que en el Cefereso 16 se suscitó una oleada de
presuntos suicidios entre las mujeres internas. Por su parte, la
Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) dieron a conocer
en noviembre de ese año un total de ocho casos, una cifra que se ha
duplicado a lo largo de los años y deja en vilo cuál es la cantidad
precisa de internas quienes han muerto violentamente al interior del
Centro, pues ex-internas aducen torturas sistemáticas.
Sobre este
tema, el Instituto Federal de la Defensoría Pública (IFDP) consideró que
la Fiscalía General de la República (FGR) debía investigar esos
suicidios de mujeres ocurridos bajo el protocolo de feminicidios.
“Todas
las muertes ocurridas dentro de Centros Federales consideradas como
violentas, deben ser investigadas por la Fiscalía General de la
República, debiéndose deslindar todas las responsabilidades por acción u
omisión de las autoridades correspondientes, y tratándose de muertes de
mujeres, deben investigarse como feminicidios”, señaló.
En esta investigación, Cimacnoticias
informó sobre encierros prolongados de las internas en el momento de su
ingreso, aislamiento, impedimento para que las internas contacten a sus
equipos legales, restricción, castigos corporales, distribución de
comida podrida, medicalización generada a través de distribución de
sustancias controladas y traslados ilegales de mujeres de otros centros
de reclusión para mantener este sitio poblado.
Por su parte el Observatorio Contra la Tortura, en su informe 2023,
detalló la crisis de derechos humanos que atraviesa a nuestro país.
Durante 2023, se iniciaron 4 mil 592 investigaciones por el delito de
tortura y tratos inhumanos o degradantes en México, sin embargo, menos
del 1% fueron judicializadas, es decir, no avanzaron lo suficiente para
llegar ante una persona juzgadora.
Del universo total de 4 mil
592, sólo 18 casos fueron judicializados y en 10 casos se logró dar con 3
responsables: 7 policías municipales, 2 sistemas penitenciarios y 1
caso en la secretaría de seguridad pública estatal.
Fuente: Observatorio contra la Tortura
De
acuerdo con los datos segregados de su informe, las mujeres representan
el 14% de los casos, aunque en realidad, como ya se advertía, puede ser
mucho mayor porque una buena parte de la población decide no denunciar.
Además se detalló que las entidades que acumulan las mayores
violatorias en contra de mujeres fue: Michoacán de Ocampo con 193 casos
registrados, seguido por el estado de México con 167, la Ciudad de
México con 123 y finalmente, Puebla con 49.
Asimismo, ese 14% de
los casos corresponden a 865 víctimas mujeres y de ellas, sólo 3 casos
lograron judicializarse: una en estado de México, otra en Jalisco y la
última en Oaxaca.
El Observatorio contra la Tortura, encontró que
el 82.5% de las víctimas en nuestro país no recibe un peritaje médico
basado en el Protocolo de Estambul. Los pocos exámenes que sí se
realizan, los hace la Fiscalía (95.6%) y al momento de lanzar sus
resultados, el 91.8% descartan la tortura por ser «no coincidente».
Fuente: Captura de pantalla Observatorio contra la Tortura
Cabe
señalar que durante la conferencia de prensa, integrantes del
Observatorio Contra la Tortura durante el 2024, afirmaron que al hablar
de tortura, siempre existe la participación de las autoridades.
Asimismo, recordó que las fuerzas armadas no están capacitadas para
atender asuntos de carácter público y que, si bien existen serias
deficiencias estructurales, era responsabilidad del estado robustecer a
sus autoridades civiles sin necesidad de meter a la fuerza castrense.
La visita
La delegación del el Subcomité de las Naciones Unidas para la Prevención de la Tortura (SPT)
estuvo compuesta por: Carmen Comas-Mata, jefa de la delegación
(España), Marco Feoli Villalobos (Costa Rica), Maria Luisa Romero
(Panamá) y Martin Zinkler (Alemania), con el apoyo de dos miembros de la
Secretaría.
Las y los expertos de la ONU, detallaron que
prestarían especial atención a la implementación de las recomendaciones
formuladas por el Subcomité tras su visita de 2016, así como a los
avances y desafíos que han surgido desde entonces.
«Estamos
aquí para examinar la implementación y el impacto de nuestras
anteriores recomendaciones, para ver qué funciona en la práctica y qué
aspectos aún necesitan mejorarse», declaró Carmen Comas-Mata, jefa de la
delegación del SPT.
Cabe señalar que México ratificó el Protocolo Facultativo de la Convención contra la Tortura (OPCAT)
en 2005 y estableció su Mecanismo Nacional de Prevención en 2007, que
se encuentra dentro de la Institución Nacional de Derechos Humanos del
país, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.
El Subcomité
ya visitó México en 2008 y 2016. Al igual que en misiones anteriores, la
delegación del Subcomité informó sostendría una visita en lugares donde
las personas están privadas de libertad y mantendrían entrevistas
confidenciales con detenidos y el personal que trabaja en dichas
instalaciones.
La delegación también se reunirá con las
autoridades mexicanas, el organismo nacional de supervisión conocido
como Mecanismo Nacional de Prevención (MNP) y otras partes interesadas
para evaluar los avances logrados por las autoridades en la prevención
de la tortura mediante medidas legislativas, políticas, administrativas y
de otro tipo. Cuando sea pertinente, la delegación también realizará
visitas conjuntas con el MNP.
“Consideramos
esta visita una oportunidad para seguir trabajando de forma
constructiva con el Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura y
otros actores implicados en la prevención de la tortura”, declaró
Comas-Mata.
“Un sistema nacional integral para la prevención de la
tortura requiere un Mecanismo Nacional de Prevención independiente,
imparcial y con los recursos necesarios para realizar visitas periódicas
a todos los lugares de privación de libertad y para operar en estrecha
cooperación con las instituciones correspondientes y la sociedad civil”,
añadió.
De acuerdo con el Centro Pro, en último informe del Subcomité de las Naciones Unidas para la Prevención de la Tortura (SPT)
a México, «se constató el carácter generalizado de la tortura en el
país», esto tras acudir a 32 lugares de privación de la libertad en Baja
California, Coahuila, Guerrero – donde se les negó la entrada a
instalaciones militares-, Ciudad de México, Morelos, Nuevo León y
Veracruz, y realizó recomendaciones al Estado, entre las que destacan por continuar siendo un pendiente:
La publicación del informe de la visita a fin de contribuir a la prevención de la tortura y la difusión de las recomendaciones.
Garantizar la calidad de la defensa pública otorgada a las personas privadas de la libertad, así como que estas puedan ejercer su derecho a la defensa desde el primer momento de su detención.
A fin de que las alegaciones de tortura y malos tratos no queden en la impunidad, garantizar que estas sean objeto de una investigación de oficio, pronta, exhaustiva e imparcial por órganos independientes.
Que las declaraciones realizadas como resultado de la tortura no sean utilizadas como prueba en ningún procedimiento, salvo en contra de la persona acusada de tortura.
Establecer un registro unificado a nivel nacional de detenciones, incluyendo a personas migrantes y personas privadas de la libertad.
Que el Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura (MNPT) lleve a cabo más visitas periódicas no anunciadas.
Que las personas privadas de la libertad puedan denunciar cualquier acto de totura ante el MNPT de manera confidencial y sin temor a sufrir represalias.
Mejorar las condiciones estructurales,
de personal y de servicios de los lugares de privación de la libertad,
notando la falta de gobernabilidad, sobrepoblación penitenciaria y
condiciones deficientes en estos espacios.
Evaluar las condiciones en las que las mujeres son sometidas a violencias institucionales en detención.
Garantizar que las autoridades con facultades para privar a personas de su libertad implementen estándares de uso racional y proporcionado de la fuerza,
así como la implementación de mecanismos de supervisión para prevenir,
detectar y sancionar la tortura en contra de personas detenidas.
CIMAC Foto.- Ciudad de México.- Los partidos México Tiene Vida, así como Construyendo Solidaridad y Paz
están ganando terreno para transformarse en partidos políticos
oficiales nacionales tras haber alcanzado el número de personas
afiliadas y de asambleas requeridas en el territorio, ambos están
conformados de ideologías de ultraderecha.
No sobra decir que la
ideología ultraderechista tiene un avance significativo en el mundo como
Estados Unidos con Donald Trump; Argentina con Javier Milei; en El
Salvador con Nayib Bukele; Italia con Giorgia Meloni, en Alemania con
Friedrich Merz de la Unión Demócrata Cristiana (CDU) / Unión Social
Cristiana (CSU) y de forma muy reciente en Japón con Sanae Takichi y
Rodrigo Paz, del Partido Demócrata Cristiano en Bolivia.
En México
ya tenemos intentos previos de partidos conservadores que intentan
obtener registro ante la autoridad electoral, por ejemplo, el partido de
Movimiento Viva México fundado por el actor y político
ultraderechista Eduardo Verástegui cuando el pasado 24 de febrero de
2025 el Instituto Nacional Electoral (INE) aprobó su registro para que
en un plazo de un año lograra reunir los requisitos para formalizarse
como partido.
Antes de ese paso, Eduardo Verástegui contendió por
la presidencia de México durante las elecciones de 2024 como candidato
independiente, pero al no alcanzar el número de firmas requeridas por el
INE perdió la oportunidad de participar. El pasado 31 de diciembre de
2025 el presidente de Movimiento Viva México José Mireles Verástegui anunció en su cuenta de X que el partido no continuaría su proceso para formalizar la organización como partido político nacional.
Para octubre de 2025, el Partido Acción Nacional (PAN) anunció su renovación y relanzamiento con el eslogan «libertad, patria y familia»
considerado como un guiño a la ultraderecha mundial, ya que estas
frases son referencias para mantener la simpatía de su base religiosa de
acuerdo con el artículo “Estrategias discursivas de los nuevos grupos conservadores mexicanos contra la ‘ideología de género’.
A
pesar de esta renovación, la postura del PAN ante temas como el aborto
siguen siendo las mismas, es decir, rechazan la interrupción de un
embarazo. Un ejemplo ocurrió en 2023, tras la resolución de la Suprema
Corte de Justicia de la Nación (SCJN) que declaró inconstitucional
penalizar el aborto voluntario, el partido manifestó su desacuerdo bajo
el argumento de que defiende la vida “desde la concepción hasta la
muerte natural”.
Ahora,
nuevos frentes de ultraderecha se están reconfigurando en el país los
cuales se podrían oficializar antes de que comiencen las elecciones
intermedias de 2027 donde se renovará el Congreso de la Unión.
Nuevos frentes de ultraderecha
México Tiene Vida
Desde el norte del país en Nuevo León nació la asociación llamada México Tiene Vida A.C.
cuya postura es de ultraderecha y su principal consigna es defender el
derecho a la vida, es decir, anteponerse a los derechos reproductivos de
las mujeres; sin embargo, este año podría alcanzar su registro como
partido oficial nacional antes de las próximas elecciones de 2027.
De acuerdo con su página oficial de Facebook, la asociación ya cuenta con 303 mil 739 personas afiliadas y 202 asambleas realizadas
cumpliendo así con los requisitos de la Ley General de Partidos
Políticos (LGPP) la cual establece como condiciones mínimas la
elaboración de 20 asambleas en 20 entidades o 200 asambleas en 200
distritos electorales, así como 3 mil personas afiliadas por entidad o
300 por distrito electoral.
«Estamos comprometidos a trabajar
arduamente para promover leyes y políticas que reflejen nuestra
ideología pro vida y nuestros valores éticos y morales» describe el fundador de México Tiene Vida,
Jaime Ochoa Hernández en su página web. Como ideología de ultraderecha
aducen el rescate de «la dignidad de la vida humana» y recuperar los
«valores éticos y morales» poniendo en el centro a la familia.
Su
emblema está compuesto por la figura de un águila en vuelo con la forma
de V de color azul y tanto su nombre como el logo apuestan por defender
«el derecho a la vida». De acuerdo con su declaración de principios, México Tiene Vida
reconoce la vida desde el momento de la concepción hasta su fin
natural. Asimismo, impulsan la familia como institución que se logra a
través del matrimonio para generar «continuidad de la sociedad» y crear
«nuevos miembros en la familia».
Sin embargo, México Tiene Vida nació en 2023 bajo el nombre de Vida cuando
el político y empresario Jaime Ochoa Hernández decidió conformar un
nuevo partido el cual fue aprobado por el INE en ese año. Este hombre
fue exmilitante del partido Bronco Independiente liderado por el
exgobernador de Nuevo León y excandidato a la presidencia de México en
el 2018, Jaime Heliodoro Rodríguez Calderón conocido como «el bronco» y
quien estuvo preso por desvío de recursos.
Pese a que el
periodista Luis Cárdenas le cuestionó Jaime Ochoa Hernández si México
Tiene Vida tenía una postura de ultraderecha en entrevista para MVS
Radio, éste lo definió como una postura de derecha, con militantes
cristianos y creyentes del modelo de familia «original» que se oponen al
aborto y a los matrimonios igualitarios.
Fotografía retomada de Facebook «México Tiene Vida Nacional»
Construyendo Solidaridad y Paz
Otra
organización también está a punto de alcanzar su registro como partido
oficial nacional, ya que el pasado 25 de enero publicó en su red social
de Facebook que alcanzaron 268 mil 925 personas afiliadas y la
realización de 285 asambleas. Apenas un año atrás, en enero de 2025 la
agrupación había anunciado su intención de convertirse en partido
político.
Cabe recordar que, Construyendo Solidaridad y Paz nació de la organización civil Construyendo Sociedades de Paz A.C. y de acuerdo con el medio Político MX
ha sido señalada por estar encabezado por Armando González Escoto y
Edith Carolina Anda Gonzáles, exmilitantes del Partido Encuentro Social
(PES) fundado por Hugo Eric Flores Cervantes con ideología de derecha.
El
PES nació en 2014 y desintegrado en 2018 cuando perdió su registro
después de las elecciones presidenciales y fue miembro de la coalición
Juntos Haremos Historia junto con MORENA y el Partido del Trabajo.
Posteriormente,
se transformó en el Partido Encuentro Solidario; sin embargo, perdió su
registro en 2021 después de las elecciones intermedias ya que no
alcanzó el 3% de la votación requerida. En su momento, ambos partidos se
posicionaron en contra de los derechos sexuales y reproductivos e
incluso presentaron proyectos para retroceder en derechos ya
conquistados.
En 2015 la entonces diputada del PES, Norma Edith
Martínez Guzmán propuso reformar el Artículo 10-Bis de la Ley General de
Salud para establecer que los profesionales, técnicos, auxiliares y
prestadores de servicio social podrían hacer valer la objeción de
conciencia para no participar en procedimientos que fueran contra sus
principios como el aborto.
En ese mismo año, los exdiputados del
PES Alejandro González Murillo y Melissa Torres Sandoval propusieron
reformar la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos
Mexicanos para crear la Comisión ordinaria de “Familia” en la Cámara
baja a fin de “promover principios y valores en la institución familiar y
el matrimonio”.
En septiembre de 2016 el PES propuso modificar la
Constitución federal para establecer que el Estado reconocería el
“derecho humano al matrimonio entre un hombre y una mujer”, así como la
protección de la vida de sus miembros desde la fecundación, esto para
restringir el derecho al aborto y el matrimonio igualitario; no
obstante, la idea no avanzó. Ahora parece que los ideales del PES
continuarán a través de Construyendo Solidaridad y Paz.
Fotografía retomada de Facebook «Construyendo Solidaridad y Paz»
El derecho a decidir en peligro
La
extrema derecha defiende una visión conservadora y promueve políticas
que limitan derechos individuales en favor de un orden tradicional
basado en la identidad nacional, la religión y la autoridad de Estado.
Entre sus principales características se identifica el ultraliberalismo,
ultraconservadurismo, patriotismo, racismo, xenofobia, negación al
cambio climático y sobre todo su oposición a ideologías progresistas
como los derechos de las mujeres.
Los derechos sexuales y
reproductivos son los más atacados por esta ideología. Cabe recordar que
fueron reconocidos en la Conferencia Internacional de Población y
Desarrollo (CIPD) que se llevó a cabo en El Cairo, Egipto, durante 1994
y, posteriormente, en la Conferencia Mundial de la Mujer realizada en
Pekín, China, en 1995.
Particularmente, las sociedades
patriarcales siguen negando la autonomía reproductiva, la cual es
definida por la Comisión Económica para América Latina y el Caribe
(CEPAL) como «la autodeterminación y la capacidad de las mujeres de
determinar, su fecundidad y sus decisiones reproductivas –incluido
el aborto– así como vivir una vida libre de violencia y una sexualidad
plena”.
Parte
de la autonomía reproductiva es que el Estado brinde información en
materia de planificación familiar y salud reproductiva y, sobre todo,
que las mujeres tengan el derecho a ser libres de interferencias sobre
sus decisiones reproductivas. Esto también está respaldado por la
Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación
contra la Mujer (CEDAW).
Hasta ahora, México ha logrado la
despenalización del aborto en 24 entidades federativas más el caso
especial de Aguascalientes donde el límite para interrumpir un embarazo
es hasta la sexta semana. Asimismo, este año el Congreso de Guanajuato
tiene la obligación de eliminar los artículos que criminalizan el aborto
del Código Penal local por orden de la Suprema Corte de Justicia de la
Nación (SCJN).
El
derecho de las mujeres a decidir libremente sobre lo que sucede en su
vida y cuerpo está avanzando, no obstante, podría quedar en peligro ante
la llegada de grupos conservadores en el país quienes aún desean
mantener el control sobre los cuerpos de las mujeres en el nombre de
defender la vida.
Salma Paralluelo jugando con el FC Barcelona en marzo de 2024. Imagen: Meer
Gustavo González
SANTIAGO – El 21 de agosto de 2025 el club Orlando Pride, uno de
los más importantes de la liga de fútbol femenino de los Estados
Unidos, anunció la contratación de la mediocampista mexicana Lizbeth
Jacqueline Ovalle. La transferencia desde el club Tigres de Nuevo León
de la Maga Ovalle, como se la conoce, ascendió a 1,5 millones de dólares, la más alta en la historia del balompié profesional de mujeres.
El paso de esta joven mexicana de 26 años a un club estadounidense
marca un hito. En la última década el fútbol femenino ha tomado un
protagonismo relevante, que sin embargo está aún lejos de igualar las
danzas de millones de contratos en su equivalente masculino.
La catalana Aitana Bonmatí, considerada por la Federación
Internacional de Fútbol Asociado (Fifa) la mejor jugadora del mundo,
reconocida con el Balón de Oro en los tres últimos años, opinó que
noticias como la transferencia de la Maga Ovalle serán cada vez más frecuentes.
Cierto que lo desembolsado por el Orlando Pride por la jugadora
mexicana está muy lejos de las astronómicas cifras de los contratos del
portugués Cristiano Ronaldo, el argentino Lionel Messi, el francés
Kylian Mbappé o el brasileño Neymar Junior.
Un desequilibrio que se justificaría por el trayecto histórico de un
fútbol masculino que cobró partida de nacimiento en 1904, mientras la
azarosa trayectoria del fútbol femenino recién encontró validación en
Europa en 1970, para mantenerse como una actividad casi amateur hasta
inicios del presente siglo, cuando se generalizó su profesionalización.
El primer mundial organizado por la Fifa fue el que se jugó en
Uruguay en 1930, año en que era innecesario precisarlo como competencia
masculina. Este 2026 se jugará en Canadá, México y Estados Unidos su
versión vigésimo tercera, con el récord de 48 selecciones participantes y
104 partidos desde el 18 de junio.
(Paréntesis necesario: Un Mundial que, como el anterior, de Qatar,
estará revestido de polémica por la sumisión del actual presidente de la
Fifa, el ítalosuizo Gianni Infantino, al presidente Donald Trump, para
quien creó en noviembre un Premio de la Paz, violando los principios de
neutralidad de la federación).
El primer mundial de fútbol femenino se disputó en China en 1991.
Desde entonces se ha jugado en nueve ocasiones, la última en 2023 con
organización conjunta de Australia y Nueva Zelanda. La décima copa está
programada para 2027 en Brasil con selecciones de 32 países.
La Fifa y sus filiales regionales determinaron que todas las
asociaciones nacionales deben tener ligas masculinas y femeninas y, al
igual que en el caso de los varones, han organizado campeonatos
mundiales en categorías adulta, sub20 y sub17. También se replican las
grandes competencias internacionales de clubes, con los torneos europeos
como los más competitivos.
La “industria” del fútbol femenino está ganando terreno y 2025 fue en
muchos sentidos un año de avances, con estadios llenos para finales de
campeonatos de selecciones y de clubes, sobre todo en Europa.
El continente americano es otra gran plaza, con Estados Unidos que ha
sido cuatro veces campeón mundial. Brasil es también una potencia
mundial, mientras México y Colombia muestran grandes progresos en los
últimos años.
Alex Morgan, la Maga y Jenni
La llegada de la Maga Ovalle al club Orlando Pride tiene una
buena carga de simbolismo, sumada a su millonaria contratación. El club
estadounidense le asignó en su camiseta el número 13, el mismo que
llevó durante años Alex Morgan, jugadora histórica del club y la
selección, que en septiembre de 2024, a los 34 años, decidió retirarse
del fútbol profesional tras anunciar que estaba embarazada de su segundo
hijo.
Futbolista, escritora y modelo, Morgan es una figura insoslayable en
la historia del fútbol femenino, por sus éxitos deportivos y su
activismo en las luchas por la igualdad en las condiciones económicas de
las mujeres con los varones en el balompié. Una lucha todavía en
desarrollo y que tiene ya algunos resultados.
Alex Morgan y Megan Rapinoe iniciaron en el año 2019 el movimiento en
pro de equiparar los sueldos en las ligas masculinas y femeninas y
terminar con tratos discriminatorios hacia las jugadoras. Ambas fueron
valores fundamentales para que ese mismo año Estados Unidos alcanzara su
cuarta corona en la justa mundial disputada en Francia.
También en 2019 las jugadoras de la liga española se declararon en
huelga con la exigencia de mejores salarios. Un movimiento que dio sus
frutos, porque la Federación Española de Fútbol aumentó el apoyo a la
liga femenina de tres millones de euros a 27 millones. Sin duda este
apoyo financiero contribuyó a que en el mundial de 2023 España alcanzara
la cima derrotando en la final a Inglaterra.
Balompié femenil y también feminista. En una imagen que se reprodujo
en todos los medios, el entonces presidente del fútbol español, Luis
Rubiales, estampó un beso en la boca a la capitana Jenni Hermoso y la
alzó en vilo por la cintura durante la premiación. El repudio a este
gesto se expandió desde las jugadoras hispanas a otras ligas y
finalmente Rubiales tuvo que dimitir del cargo y llevado a juicio.
Hermoso, que para entonces militaba en el Pachuca de México, requirió
a su vez ayuda sicológica para sobrellevar una situación que la expuso
mediáticamente y la obligó a distanciarse temporalmente de las prácticas
deportivas, hasta que en 2024 fue contratada por Tigres, el equipo de Maga
Ovalle, con quien protagonizó el 3 de marzo de 2025, un gol histórico,
que le valió a la mexicana el Premio Marta de la Fifa en diciembre.
Fue en un partido contra el Gudalajara, en que Hermoso lanzó un
centro “bombeado” al área rival. Un balón que Ovalle proyectó con la
suela de su botín, en una contorsión o zambullida de espaldas al arco,
para clavar el gol en un ángulo imposible para la arquera. Una jugada
poética, que la futbolista bautizó como el “camaroncín”, mientras
algunos comentaristas la llamaron “el escorpión invertido”.
La brasileña Marta Vieira dio el nombre a este premio al mejor gol
femenino del año, en una réplica del Premio Puskas que la Fifa otorga a
los hombres. Fue la primera galardonada en 2024 con un tanto que
convirtió vistiendo precisamente la divisa del Orlando Pride.
Cada año aparecen casos relevantes para la historia del fútbol
femenino. Una historia que además de deportiva es sobre todo otra lucha
feminista, donde las mujeres han tenido que derrotar prejuicios y
discriminaciones para conquistar su espacio en las canchas y estadios.
Se trata de una lucha contra estereotipos instalados en la sociedad,
el menosprecio de sus colegas hombres, la falta de apoyo de dirigentes
de clubes, autoridades gubernamentales y espónsores e incluso contra la
indiferencia del periodismo deportivo en muchos países.
Linda Caicedo, Salma Paralluelo y Melchie Dumornay
Linda Caicedo tenía cinco años cuando ingresó a una escuela de fútbol
para menores en Villa Gorgona, en el colombiano Valle del Cauca. Fue la
única niña en ese establecimiento, concebido solo para la formación de
niños, ya que entonces predominaba allí la idea de que el popular
deporte era cuestión de varones.
A sus 18 años, esta joven fue una de las estrellas del Mundial de
Fútbol Femenino 2023. La selección colombiana fue el equipo
latinoamericano de mejor desempeño, llegando a los cuartos de final
donde fue eliminada por Inglaterra, que a la postre sería vicecampeona,
derrotada en la final por España.
En las campeonas hispanas brilló también una muchacha de 19 años,
Salma Paralluelo Ayingono, hija de una emigrante de Guinea Ecuatorial,
jugadora del Barcelona, tradicional rival también en el fútbol femenino
del Real Madrid, donde juega Linda Caicedo, fichada después del Mundial.
El mundial de 2023 consagró igualmente a Melchie Dumornay. A sus 22
años, esta joven nacida en Haití, el país más pobre de América Latina,
es la gran estrella del Olympique de Lyon, el club femenino más poderoso
de Francia, donde juega la arquera chilena Christiane Endler.
Las mujeres están siendo cada vez más protagonistas del fútbol, un
deporte-espectáculo que mueve millonarios presupuestos, desde las
contrataciones y sueldos de jugadores cuyo solo nombre llena estadios,
hasta los ingresos por publicidad y sobre todo los derechos de
televisación de partidos y campeonatos.
Un negocio que no reconoce fronteras físicas y que, sin embargo, es
también un fenómeno social, un territorio de sueños para niños pobres
que improvisan un balón para jugar en playas, calles o sitios eriazos y
que sueñan con emular a Edisón Pelé o Armando Maradona. Un negocio de
marcas que producen en serie las auténticas camisetas de Lionel Messi,
Kylian Mbappé y Cristiano Ronaldo que portan con orgullo empobrecidos
emigrantes.
Es este el terreno donde las mujeres comienzan a abrirse paso, en otro frente de lucha contra el machismo y el patriarcado.
CIMAC Foto.- Ciudad
de México.- A 11 años de prohibir el matrimonio infantil en 2014 y seis
desde que se modificó el Código Civil Federal en 2019, México registra
hoy 237 mil 175 niñas y adolescentes de entre 12 y 17 años casadas o en
uniones tempranas, de acuerdo con datos del Censo de Población y
Vivienda (2020), lo que evidencia que este tipo de violencia sigue sin
ser erradicada.
En 2019, la Suprema Corte de Justicia de la Nación
(SCJN) resolvió como inconstitucional que las niñas, niños y
adolescentes contrajeran matrimonio siendo menores de edad, esto después
de que la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Aguascalientes
llevara un caso a discutir. En junio de ese mismo año, entraron en vigor
las reformas al Código Civil Federal que prohibe la práctica sin la
existencia de dispensas legales, un acto administrativo que exonera a
una persona de cumplir la ley.
De esta manera se reformó el
Artículo 148° del Código Civil Federal para establecer que la edad
mínima para contraer matrimonio era a partir de los 18 años. Antes de
dicha modificación, la ley permitía a hombres de 16 años y mujeres de 14
años estar en uniones tempranas, así como a las autoridades locales y
familiares tramitar dispensas o consentimiento para llevarlo a cabo.
No
obstante, para 2020 el Censo de Población y Vivienda identificó que
niñas y adolescentes de entre 12 a 17 años casadas superan al triple la
cantidad registrada en hombres de la misma edad: 76 mil 322.
Tan
solo en ese año se documentaron 26 casos nuevos de matrimonio infantil
en mujeres. siendo esta la menor cifra documentada desde 2011 cuando los
datos alcanzaron los 57 mil 982 casos según información del Instituto
Nacional de Estadística y Geografía (INEGI).
Gráfica del informe «Voces de niñas y adolescentes. Una aproximación a las causas de los matrimonios infantiles» de Save the Children
Para organizaciones como Save The Children,
la disminución fue el resultado de la reforma al Código Civil Federal;
sin embargo, las cifras siguen variando pues en el 2010 las uniones
informales de las niñas y adolescentes constituyó el 78% de los casos y
para 2020 aumentó a 94%.
El informe sombra «Prácticas nocivas: matrimonio, embarazo y venta de niñas y adolescentes»,
publicado en seguimiento de las recomendaciones del Comité CEDAW al
Estado Mexicano en ocasión del X informe de México, documentó que en
2021 los casos fueron 42 y en 2022 disminuyeron a 27 mostrando que la
situación persiste.
Datos desglosados por Save The Children indican que la mayoría de las niñas y adolescentes casadas tienen entre 15 a 17 años.
Por
su parte, el Censo de Población y Vivienda (2020) analizados por la
organización muestran que la brecha entre mujeres y hombres se disparan a
partir de los 13 años debido a la primera menstruación. Asimismo,
entidades como estado de México, Chiapas, Veracruz, Puebla, Guanajuato y
Michoacán lideran la lista con mayor incidencia.
Gráfica del informe «Voces de niñas y adolescentes. Una aproximación a las causas de los matrimonios infantiles» de Save the Children
El informe sombra «Prácticas nocivas: matrimonio, embarazo y venta de niñas y adolescentes»
presentado ante la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas
de Discriminación contra la Mujer (CEDAW por sus siglas en ingles)
durante 2025, advierte que los mecanismos de denuncia y protección como
el Programa Nacional para la Protección de Niñas, Niños y Adolescentes;
el Protocolo de Atención a Niñas y Adolescentes en Riesgo de Matrimonio
Infantil; y la reforma del senado que exige que los tres niveles de
gobierno implementen estrategias integrales que garanticen la protección
de la infancia; o la resolución de la SCJN no han sido suficientes.
El
informe da cuenta que a nivel estatal 31 de 32 entidades federativas
establecen los 18 años como requisito absoluto, a excepción de Yucatán
que permite dispensas al ser el Poder Ejecutivo capaz de autorizar
matrimonios infantiles.
Algunos estados (Querétaro, Guanajuato)
enfatizan la eliminación de dispensas anteriores. Otros (Campeche)
detallan protocolos de verificación de edad por registros civiles.
En
varios casos se especifica que las reformas implican la derogación de
artículos que permitían dispensas (como en Coahuila, Hidalgo o Sonora) y
la reubicación de las disposiciones legales en códigos familiares (como
en Michoacán y Oaxaca), lo que refleja un esfuerzo por alinear los
marcos jurídicos estatales con los estándares internacionales en
derechos humanos; sin embargo, el informe sombra denunció que: «incluso en los estados donde se ha prohibido el matrimonio infantil, este se realiza sin dificultad»
Ser niña y estar atada a un matrimonio infantil
De acuerdo con Save The Children en su informe «Voces de niñas y adolescentes. Una aproximación a las causas de los matrimonios infantiles»,
las mujeres son las principales afectadas por los matrimonios y uniones
infantiles tempranas y forzadas (MUITF), los cuales abarcan todas las
formas en que se presentan la unión formal o informal entre dos personas
cuando una de ellas o ambas son menores de 18 años.
La
organización señala que algunos factores que motivan su práctica es la
falta de recursos económicos, que impulsa la unión temprana para reducir
la carga económica; las normas sociales y de género que reafirman el
papel de las mujeres destinados a la maternidad, el trabajo doméstico o
de cuidado; el género y la sexualidad para tener el control sobre sus
cuerpos; los contextos de violencia y conflictos armados; y como una
decisión personal donde no hay coerción sino una alternativa de plan de
vida.
No obstante, cuando niñas y adolescentes se encuentran en
este tipo de uniones se afecta su desarrollo integral exponiéndolas a
otros tipos de violencia como abuso sexual, venta de niñas, sobrecargada
del trabajo de cuidados, explotación del trabajo doméstico y agrícola,
embarazo adolescente e incluso la muerte materna.
CIMAC Foto
Los
datos expuestos por la organización muestran que las niñas casadas
antes de los 14 tienen mayor riesgo de dejar de estudiar que los niños
en su misma situación, porque el 70% de niñas y adolescentes quienes
tuvieron al menos una hija o hijo al unirse o casarse, cuando son
menores de 14 años es probable que persistan casos de violencia sexual y
coerción por parte de un familiar o conocido.
En adherencia, el
33% de las niñas y adolescentes casadas que ya son madres no están
afiliadas a un servicio de salud lo que pone en riesgo su vida durante
el embarazo, parto y puerperio.
Otro dato importante a resaltar es
que las complicaciones en el embarazo son la sexta causa de
fallecimiento en adolescentes de entre 15 a 17 años y en 2020 las niñas y
adolescentes que murieron por muerte materna estaban casadas o en
uniones tempranas.
El
embarazo a temprana edad también produce que la madre experimente
violencia obstétrica, al menos el 35.5% de mujeres entre 15 y 24 años
que vivieron un parto mencionaron vivir violencia obstétrica.
Además,
solo el 52% de niñas y adolescentes casadas están afiliadas al
Instituto de Salud para el Bienestar (INSABI) y el resto no cuenta con
acceso a guarderías gratuitas proporcionados por los sistemas de
seguridad social.
CIMAC Foto.- Ciudad
de México.— En los últimos siete años, alrededor de 53 mil niñas, niños
y adolescentes fueron asesinados en América Latina y el Caribe debido a
la violencia según datos de la última investigación del Fondo de las
Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), se trata de una problemática
ligada a diversos factores que empeoran cuando se ejerce contra las
mujeres.
La organización advierte que la violencia puede provenir
de personas cercanas como padres, madres, personas cuidadoras, amistades
o parejas; así como personas desconocidas: la policía, agentes,
integrantes de pandillas o el crimen organizado los más comunes.
Lo
más complejo de la esta situación, advierten es que tras vivir o
presenciar violencia a temprana edad aumenta el riesgo de experimentarla
más veces y perpetuar un ciclo.
De acuerdo con el informe “Violencia contra niños, niñas y adolescentes en Latinoamérica y el Caribe”
de UNICEF, cada día millones de infancias en la región conviven con
diversas formas de violencia que pueden derivarse de condiciones como la
pobreza, deficiencia de los sistemas de protección infantil,
delincuencia, conflictos armados o la discriminación por edad, raza y
género.
La organización apunta que no todas las niñas, niños y
adolescentes están en riesgo de sufrir violencia, sino que ciertos
grupos suelen estar en condiciones de mayor vulnerabilidad. Cuando se
trata de mujeres la violencia que viven es diferenciada por su género y
esto obedece a un sistema estructural de desigualdad y discriminación
que reproduce relaciones de poder desiguales, normaliza la violencia y
las coloca en una posición de mayor exposición y riesgo.
CIMAC Foto
Para
las mujeres, el feminicidio se constituye como el mayor acto de
violencia en su contra. Datos del informe indican que en 2023 la región
registró que las jóvenes de entre 15 a 29 años representaron el 20.3% de
las víctimas de este delito en al menos 11 países con un total de 145
casos. Por otro lado, hubo otros 24 casos que involucraron a niñas de
entre 0 a 14 años.
El
informe señala que el feminicidio puede darse en situaciones de
violencia en pareja, rechazo a una insinuación sexual, no ajustarse a
los roles de género o debido al machismo realizado por la pareja,
familiares, personas de la comunidad o desconocidos y el riesgo es mayor
en contextos de pobreza, violencia generalizada, delincuencia o
impunidad.
La violencia sexual también se incluye en las
agresiones ejercidas principalmente en mujeres. Entre el 1% al 25% de
las jóvenes de la región afirmaron haberla sufrido durante su infancia o
adolescencia. Trinidad y Tobago, Granada, y México fueron los tres
países con mayores registros.
Alrededor del 28% de las mujeres de
15 años o más que estuvieron casadas o sufrieron violencia sexual por
parte de su pareja y dicha cifra se colocó por encima de la media
mundial que está en 24% y la cifra real podría ser mayor, ya que muchos
casos no se denuncian. El informe agrega otros factores que pone en
riesgo a la niñez como grupos armados que la utilizan como forma de
control.
Otras formas de violencia
En
2019, el homicidio fue la principal causa de muerte entre mujeres y
hombres adolescentes de 10 a 19 años. Aunque para 2022 la cifra
disminuyó, fueron los asesinatos de mujeres entre 15 a 17 años los que
aumentaron. El motivo detrás fue la violencia armada donde las infancias
están siendo reclutadas por las pandillas para transportar armas, ser
vigías o mensajeros de drogas, mientras que las niñas enfrentan abuso
sexual, trata o explotación.
El informe describe que el
reclutamiento suele hacerse en línea, lo que lleva hablar de la
violencia digital como otra forma de agresión en su contra. Las
prácticas comunes son presionar para que compartan imágenes sexuales y
contenido explícito a través del sexting y grooming,
realizar producciones de contenido sexual con abusos transmitidos en
directo, la difusión de imágenes sexuales de la niñez o el uso de la
inteligencia artificial para crear deepkafes.
La violencia digital también es empleada por las infancias en contra de sus compañeras o compañeros a través del sexting,
el ciberacoso o compartiendo contenido íntimo sin su consentimiento.
Datos del informe señalan que en Argentina, Panamá y San Vicente el
20.4% de las y los jóvenes declararon haber experimentado ciberacoso en
los últimos 12 meses. Tan solo el Argentina (21%) y Uruguay (16%) se
reportó haber vivido comportamientos ofensivos en línea.
Un factor de este tipo de violencia puede ser el bullying,
el cual según UNESC, se trata de un patrón de comportamiento y no un
evento aislado que puede implicar maltrato verbal, físico, acoso sexual y
ciberacoso dentro y fuera del espacio escolar. Si bien las y los niños
están expuestos a vivir maltrato físico derivado de esta violencia, las
niñas están propensas a pasar por violencia psicológica.
CIMAC Foto
Las víctimas de bullying
suelen experimentar depresión, ansiedad, pensamientos suicidas,
aislamiento social y bajo rendimiento escolar. Los datos de la región
revelan que 1 de cada 4 niña, niño y adolescente vive bullying.
En
América Latina y el Caribe la proporción de niñas y niños quienes pasan
por esta violencia es similar: 25% en mujeres y 25.3% en hombres. Los
países con mayor incidencia son Brasil, Perú y Guyana para ambos
géneros.
Por último, la disciplina violenta es otro patrón de
detectado contra las infancias porque se cree que es la única forma de
enseñar respeto y buen comportamiento. Personas adultas recurren a
medios físicos o psicológicos para disciplinar y poner límites. La
organización señala que estos métodos no funcionan, por el contrario,
pueden ocasionar un daño en su salud, bienestar y aprendizaje.
En
América Latina y el Caribe al menos 6 de cada 10 niñas, niños y
adolescentes entre 0 a 14 años fueron sometidos a la disciplina violenta
dentro de los hogares y la escuela. En Surinam, Haití y las Islas
Turcas y Caicos, las cifras son más altas, ya que afecta a 8 o 9 de cada
10 infantes. Cuando existen condiciones de discapacidad incrementa y el
abuso emocional es la forma más común de este tipo de agresiones.
Para
la UNICEF, algunas formas de cambiar la situación de violencia que
atraviesa este sector es cerrando los vacíos legales para que todas y
todos estén protegidos legalmente, brindando formación y capacitación a
personas trabajadoras en primera línea, apoyando a madres y padres
enseñando cómo interactuar establecido límites, invirtiendo en entornos
de aprendizaje seguros, y ampliando los servicios de respuesta en los
departamentos gubernamentales.
.- El
amor romántico sirve de coartada para una de las violencias más
normalizadas contra las niñas: el matrimonio infantil. En México, la ley
lo prohíbe, pero la realidad demuestra que no basta con escribir
derechos si no se garantizan.
Las niñas no son esposas ni madres.
Sin embargo, miles de ellas continúan siendo casadas con hombres que, en
muchos casos, les triplican la edad, en un contexto donde esta práctica
sigue siendo tolerada socialmente y minimizada por las instituciones.
La
permanencia del matrimonio infantil revela los límites de la
legislación cuando no va acompañada de acciones efectivas del Estado
para desmontar prácticas que vulneran de forma sistemática los derechos
de niñas y adolescentes.
Desde 2019, el artículo 148 del Código
Civil Federal establece con claridad que la edad mínima para contraer
matrimonio en México es de 18 años, sin excepción alguna, incluso cuando
exista consentimiento de madres y padres. Casar a una niña o
adolescente menor de edad es ilegal en cualquier parte del país.
No
obstante, la ley no se cumple. Desde la reforma constitucional de 2011,
el interés superior de la niñez debe prevalecer en todas las decisiones
del Estado. A pesar de ello, persiste una inercia social e
institucional que permite la violación cotidiana de este principio.
De acuerdo con Save the Children,
más de 313 mil niñas, niños y adolescentes de entre 12 y 17 años viven
en unión conyugal informal o en matrimonio temprano en México, una cifra
que evidencia la distancia entre la norma jurídica y la vida de miles
de niñas.
Para ellas, el matrimonio implica consecuencias devastadoras: siete de cada diez abandonan la escuela,
enfrentan mayores probabilidades de vivir en pobreza y quedan atrapadas
en relaciones de dependencia económica y emocional, con altos niveles
de violencia.
A escala global, cada año 12 millones de niñas son obligadas a casarse,
es decir, 28 niñas cada minuto. Estas uniones no ocurren en el vacío:
se sostienen con la anuencia de familias, comunidades y Estados que, por
acción u omisión, permiten que esta violencia continúe.
La
existencia de una prohibición legal no garantiza su erradicación. Para
que la ley cumpla su función protectora debe aplicarse. Cuando quienes
tienen la responsabilidad de hacerlo consideran “normal” el matrimonio
infantil, la norma se convierte en letra muerta.
Casarse antes de los 15 años incrementa en 50 por ciento el riesgo de sufrir violencia por parte de la pareja.
Además, el embarazo en niñas y adolescentes no es un hecho deseable ni
romántico: las complicaciones derivadas del embarazo y el parto se
encuentran entre las principales causas de muerte en niñas de 15 a 19
años.
Reducir la respuesta del Estado con medidas punitivas
resulta insuficiente si no se acompaña de políticas públicas integrales,
recursos suficientes y mecanismos de vigilancia. La experiencia
mexicana demuestra que las leyes, sin implementación efectiva, no
protegen.
El matrimonio infantil no es una costumbre cultural
inocente: es una violación grave a los derechos humanos que arrebata a
las niñas su infancia, su educación y su autonomía.
Revertir esta
realidad exige instituciones fortalecidas, una visión de Estado y
políticas públicas con enfoque de derechos y perspectiva de género.
No más leyes que no se aplican. Hagamos que las que existen protejan efectivamente a las niñas.
CIMAC Foto.-Ciudad
de México.- Las cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional
de Seguridad Pública (SESNSP) indican que en 2025 se registraron 721
víctimas de feminicidio en México, aunque el número podría ser mayor si
se considera la narrativa oficial que sostiene una disminución histórica
del delito, afirmación que ha sido cuestionada por organizaciones de la
sociedad civil como el Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio
(OCNF) y Causa en Común.
Sinaloa encabezó la lista de entidades
con más casos, al contabilizar 69 casos, cuando en 2024 ocupaba la
duodécima posición con 26. El estado de México se ubicó en segundo lugar
con 56, lo que representa una reducción respecto al año anterior. Le
siguieron Chihuahua (49), Ciudad de México (44) y Veracruz (43). En
conjunto, estas cinco entidades concentraron el 36.2 por ciento del
total nacional.
Gráfica del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP)
Anteriormente, Cimacnoticias
documentó que el repunte en Sinaloa pudo deberse al incremento de
violencia asociada al inicio de la guerra interna del crimen organizado
registrada desde principios de septiembre de 2024 entre las facciones
conocidas como “los mayitos” y “los chapitos”, ambos grupos fundados por
Ismael El Mayo Zambada y Joaquín El Chapo Guzmán Loera, quienes actualmente se encuentran presos en Estados Unidos.
En
el ámbito municipal, el norte del país volvió a concentrar los mayores
registros: Culiacán (Sinaloa), Ciudad Juárez y Chihuahua (Chihuahua),
Tijuana (Baja California) y Reynosa (Tamaulipas) fueron los municipios
con más casos de feminicidio. En la capital del país, la alcaldía con
mayor incidencia fue Iztapalapa.
Por grupo de edad, las mujeres
mayores de 18 años representaron la mayoría de las víctimas, con 610
casos; Sinaloa y Chihuahua reportaron las cifras más altas en este
sector. En el caso de niñas y adolescentes de 0 a 17 años se
contabilizaron 63 víctimas, principalmente en el Estado de México y
Jalisco. Además, en 48 expedientes no se especificó la edad.
En
cuanto a homicidio doloso de mujeres, durante 2025 se registraron 2 mil
74 víctimas. Guanajuato (327), Baja California (189), estado de México
(172) y Michoacán (141) concentraron alrededor del 40 por ciento de
estos delitos.
Gráfica del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP)
Los problemas en los registros de feminicidios
Aunque
las estadísticas oficiales apuntan a una reducción del feminicidio,
diversas organizaciones han cuestionado esa interpretación.
Anteriormente, María de la Luz Estrada Mendoza, directora del OCNF, ha
señalado que persisten deficiencias en la correcta tipificación del
delito, lo que distorsiona los datos.
Desde 2007, el OCNF ha
documentado y sistematizado información sobre violencia contra las
mujeres, monitorea la actuación de las autoridades en la procuración e
impartición de justicia, brinda acompañamiento jurídico a familiares de
víctimas e incide en la implementación de la Ley General de Acceso de
las Mujeres a una Vida Libre de Violencia.
La sentencia del caso
Mariana Buendía, emitida por la Suprema Corte de Justicia de la Nación
en marzo de 2015, estableció que toda muerte violenta de una mujer debe
investigarse bajo el protocolo de feminicidio. Sin embargo, aún se
registran asesinatos clasificados como homicidios dolosos o incluso
suicidios.
Organizaciones como Amnistía Internacional han
denunciado fallas en las investigaciones, entre ellas la pérdida o
manejo inadecuado de evidencias, inspecciones deficientes del lugar de
los hechos y diligencias periciales realizadas de manera tardía. También
han advertido que las fiscalías no siempre agotan todas las líneas de
investigación ni actúan con la debida perspectiva de género, lo que
deriva en la omisión de indicios de violencia sexual o en la incorrecta
clasificación de los casos.
A ello se suma la deficiente
implementación de medidas de protección. Aunque existen mecanismos
judiciales, como órdenes y medidas cautelares, la falta de coordinación
entre autoridades y los retrasos administrativos obstaculizan su
aplicación oportuna.
CIMAC Foto
A
inicios de 2025, la titular del SESNSP, Marcela Figueroa Franco,
aseguró que el feminicidio había disminuido 26 por ciento durante los
primeros 100 días del gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.
No obstante, María de la Luz Estrada sostuvo que, por el contrario, se
registró un incremento del 5 por ciento.
En su informe sombra presentado ante el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer (CEDAW), titulado Informe al Comité CEDAW ante la Décima Evaluación al Estado mexicano,
el OCNF documentó que entre 2015 y abril de 2025 fueron asesinadas 34
mil 715 mujeres en el país, y sólo el 24.6 por ciento de esos casos se
investigaron como feminicidio.
La estimación se acerca a la de Causa Común quien en su informe «Incidencia delictiva y algunas anomalías»
expuso que las víctimas de feminicidio representan el 24% y que ocho de
cada diez asesinatos de mujeres no son investigados como feminicidios,
aunque hay variaciones dentro de los estados como Guanajuato, siendo el
que mayores registros presenta con 249 casos de homicidio doloso, de los
cuales solo el 4% se investiga como feminicidio.
Causa Común
advirtió que las cifras son proporcionadas por el Instituto Nacional de
Estadística y Geografía (INEGI) y Secretariado Ejecutivo del Sistema
Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), pero la organización encontró
que varios delitos se reclasifican o se diluye su número debido a la
metodología que han utilizado para obtener dichos resultados.
Particularmente, especificaron que ambas instituciones utilizan
diferentes metodologías, criterios y definiciones para construir sus
reportes.
Mientras que el Secretariado Ejecutivo del Sistema
Nacional de Seguridad Pública, emplea las carpetas de investigación
abiertas en fiscalías, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía,
utiliza actas de defunción expedidos por servicios médicos del país. La
primera institución diferencia a las víctimas de homicidio doloso y las
de violencia feminicida, mientras que la segunda no lo hace, sino que
contabiliza muertes accidentales, suicidios y una cuarta subcategoría
llamada «eventos de intención no determinada».
La
organización también apuntó que la falta de homologación del delito de
feminicidio en los códigos penales de las entidades ocasiona que no
todas cataloguen el asesinato de una mujer como feminicidio. Esto es
apoyado en el informe sombra «Tipificación y protocolo de
feminicidio. Un abismo de la ley a su aplicación y el caso de la medida
correctiva 33 en la AVGM de Zacatecas» el cual establece que es la
falta de uniformidad lo que genera confusión jurídica y desigualdad en
la procuración de justicia, lo que obstaculiza la recopilación
estadística y la construcción de políticas públicas nacionales.
Cuatro expertos analizan por qué la lucha contra las
violencias machistas está siendo liderada por las mujeres. Un avance
colectivo frente a la resistencia social y el negacionismo.
En el escondite inglés solo
se avanza cuando el otro no mira. Basta un segundo de distracción para
dar un paso al frente. Si te descubren moviéndote, pierdes.
Durante años, la lucha de las mujeres contra las violencias machistas se ha movido exactamente así: a escondidas, en los márgenes, aprovechando los momentos en los que nadie quería mirar de frente.
No porque no existiera, sino porque no se consideraba un asunto
central. Y cuando alguien decidía detenerse a observarla, la reacción
solía ser la misma: apartar la vista y seguir adelante.
“Eres bueno. No te dediques a la violencia machista”
El médico forense y profesor universitario, Miguel Lorente,
cuenta que cuando empezó a investigar la violencia de género, recibió
un consejo de un compañero que hoy resulta revelador. Le dijo que no se
especializara en ese ámbito, que probara con el ADN, que él era bueno y era mejor dejar la violencia “a ellas”.
La frase no es una anécdota aislada, sino el reflejo de una lógica
profundamente instalada, que décadas después continúa vigente en muchos
ámbitos. La violencia machista no se entiende como una cuestión que interpelara al conjunto de la sociedad, sino como un asunto sectorial, casi identitario. Algo que deben estudiar, denunciar y gestionar las mujeres. El resto, parece, puede seguir avanzando sin mirar.
Una imagen de una manifestación feminista
Ese reparto implícito de responsabilidades tuvo un efecto claro en el
pasado: si la violencia machista era un asunto periférico, también lo
era la tarea de romper el silencio. Y durante años, hacerlo fue un gesto solitario, costoso y profundamente penalizado.
La red que sostiene
Ahora, romper el silencio ya no es un salto individual, sino un movimiento colectivo.
No nace de una decisión repentina, sino de un entramado que sostiene
antes, durante y después de hablar. “Las revelaciones individuales se
producen porque existe siempre una red de apoyo detrás capaz de sostener
la revelación del secreto”, explica la investigadora y experta en
violencia sexual, Bárbara Tardón. En ese sostén están
—señala— el feminismo, las profesionales que acompañan, las
organizaciones y las comunicadoras feministas, que crean un espacio
donde la palabra no cae al vacío. Cuando esa red no existe, el silencio vuelve a imponerse.
Esa fuerza colectiva no es nueva ni excepcional. “La historia del feminismo nos recuerda que es un movimiento fuerte”,
señala Tardón, incluso cuando el contexto es hostil. En un momento de
reacción antifeminista y negacionismo, insiste, el feminismo vuelve a
demostrar su capacidad de resistencia, una solidez que lo hace “impermeable” y que el patriarcado “nunca está preparado para imaginar hasta dónde”.
“Un cambio de las mujeres para las mujeres”
Ese sostén no se queda en el acompañamiento. También empuja. Para el letrado Isaac Guijarro, del despacho Olympe Abogados, ahí está la clave del cambio. “Son las mujeres las que siempre dan el primer paso”,
afirma, las que se adelantan cuando todavía no hay garantías ni
protección. No esperan a que el terreno sea seguro ni a que el sistema
reaccione. “Después llegan los abogados, los medios o las
instituciones”, señala, “pero antes ha habido una mujer que ha decidido hablar”. Ese gesto inicial, sostenido por el feminismo y sus redes, es el que fuerza el movimiento, incluso cuando hacerlo tiene un coste personal y social elevado.
La investigadora y experta en violencia sexual, Bárbara Tardón
Sin embargo, Lorente cree que esta oleada de testimonios no significa que todos hayan hecho el mismo viaje. “No hay una mayor conciencia social crítica frente a la violencia contra las mujeres.
No se actúa por responsabilidad social, sino por empatía, por vínculo,
por solidaridad. Sigue viéndose como algo propio de quien comparte esas
circunstancias. En el fondo, el esquema es el de siempre: lo masculino
como universal y lo femenino como particular. No parece un cambio social, sino un cambio de las mujeres para las mujeres.”
En ese punto sitúa la jurista, investigadora y experta en violencia sexual, María Naredo, el sentido de lo que está ocurriendo ahora. Las mujeres, insiste, no hablan porque quieren, sino porque pueden: tras haber atravesado el miedo, la culpa o la vergüenza, y porque existe un contexto social capaz de sostener ese relato. No es solo un proceso individual, sino el resultado de unas condiciones que, por primera vez, empiezan a hacerlo posible.
Como en el escondite inglés, el avance se ha producido mientras otros
no miraban. Mientras los hombres seguían jugando a no ver, las mujeres
han ido dando pasos, uno a uno, hasta que el movimiento ha dejado de poder ignorarse.
Si algo de lo que has leído te ha removido o sospechas que
alguien de tu entorno puede estar en una relación de violencia puedes
llamar al 016, el teléfono que atiende a las
víctimas de todas las violencias machistas. Es gratuito, accesible para
personas con discapacidad auditiva o de habla y atiende en 53 idiomas.
No deja rastro en la factura, pero debes borrar la llamada del terminal
telefónico. También puedes ponerte en contacto a través del correo 016-online@igualdad.gob.es o por WhatsApp en el número 600 000 016. No estás sola.
.- Hace 32 años, del 12 al 17 de febrero de 1994, comunicadoras de 80 países se reunieron en Bangkok para hablar de la “comunicación como fuente de poder para las mujeres”.
