TIEMPO DE MUJERES

5/02/2026

Palantir, un salto cualitativo de la guerra cognitiva

Fuentes: Rebelión

Palantir coagula, en su manifiesto publicado por “X” el 18 de abril de 2026, titulado “La República Tecnológica”, un salto cualitativo en la economía política de la alienación al convertir la captura, procesamiento y modelización de datos en infraestructura estratégica para la conducción de la guerra cognitiva contemporánea. Tal es un fenómeno cuya inteligibilidad exige regresar a la crítica del orden informativo internacional formulada por la Comisión Internacional para el Estudio de los Problemas de la Comunicación en el célebre Informe MacBridede 1980.

Palantir Technologies es una corporación estadounidense establecida en el año 2003 por Peter Thiel, entre otros. Se concentra en plataformas de integración y análisis de volúmenes enormes de datos destinadas a agencias estatales, fuerzas de seguridad, defensa y corporaciones transnacionales. Expertos en fusionar bases de datos heterogéneas, modelarlas y producir inferencias predictivas que orientan decisiones operativas: desde investigaciones criminales hasta logística militar o gestión empresarial.

No es una empresa del tipo “herramienta neutral”; su función se inscribe en la dominación de la economía política del dato y en la expansión de dispositivos de control social propios del capitalismo y sus extremas derechas al servicio de:

1. Vigilancia masiva y criminalización selectiva con aplicaciones de Palantir que han sido utilizadas por agencias como ICE en EE. UU. para rastrear poblaciones migrantes. La represión social con ayudas algorítmicas.

2. Militarización del análisis de datos y contratos jugosos con el aparato de tecnología y guerra. La “guerra cognitiva” ya no se limita a propaganda: incorpora predicción de comportamientos colectivos y modelado de escenarios sociales. Esto se aproxima a una gestión preventiva del conflicto social, donde la protesta puede ser tratada como anomalía a neutralizar.

3. Fusión Estado-corporación porque Palantir opera en una zona híbrida donde intereses privados y funciones estatales se superponen y suplantan, como el complejo militar-industrial-financiero-mediático-clerical, ampliado hoy a un complejo militar-informacional.

4. Ideología tecnocrática de elitismo con libertarianismo radical y críticas, incluso a la democracia liberal burguesa.

5. Naturalización del control como eficiencia de sus herramientas como soluciones “objetivas” para optimizar decisiones. No se optimiza la justicia social, sino la capacidad de gestión y control del orden capitalista existente.

Aquí no se demoniza la tecnología, se trata de interpelar su lugar en la lucha de clases. No reforzar asimetrías estructurales de poder: que concentran conocimiento estratégico en actores privados; que amplifican capacidades de vigilancia estatal. Que convierten la vida social en dato explotable. Estas capacidades están derivando en formas sofisticadas de autoritarismo, donde la represión, que no habitualmente adopta formas visibles, opera a través de la anticipación, la clasificación y la modulación de conductas.

Palantir no es una “anomalía” aislada con loquitos paridos por Silicon Valley; representa una fase avanzada del capitalismo informacional donde la dominación se vuelve predictiva y preventiva. Hablar de sus “perversiones” burguesas implica señalar que, bajo ciertas orientaciones políticas, estas tecnologías pueden profundizar prácticas dictatoriales de exclusión, control y desposesión simbólica, erosionando la autonomía colectiva. La cuestión estratégica consiste en disputar el control social de estas infraestructuras, evitando tanto la ingenuidad tecnófila como el rechazo abstracto, y situando el problema donde, realmente, pertenece: en la organización del poder, la propiedad de los medios de conocimiento y la conciencia de clase que se juega en ese terreno.

En el Informe MacBride de 1980, ya se advertía que la asimetría en los flujos comunicacionales no constituía un accidente técnico, más bien una expresión estructural de la división internacional del trabajo simbólico y de la concentración monopólica de los medios, diagnóstico que hoy adquiere una densidad inédita bajo el régimen algorítmico. Desde esta perspectiva, la plataforma Palantir no representa únicamente una empresa tecnológica; encarna una forma específica de subsunción del conocimiento al capital, reconfigurado mediante arquitecturas de datos que secuestran sentido de la vida social en tiempo real y reinyectan ese sentido distorsionado (manipulado) en dispositivos de control, predicción y direccionamiento conductual. Tal operación inaugura un salto cualitativo en la guerra cognitiva porque desplaza el campo de batalla desde la persuasión mediática clásica hacia la modulación continua de percepciones, afectos y decisiones a escala poblacional, integrando inteligencia artificial, vigilancia masiva y análisis predictivo en una misma matriz operativa.

Esto permite ver cómo Palantir simboliza una fase avanzada de la subordinación real de la conciencia al capital, donde la guerra cognitiva se institucionaliza como práctica permanente de gestión social. El reconocimiento de esta realidad impone la necesidad de articular un proyecto político-comunicacional capaz de disputar el control de las infraestructuras de datos, democratizar los algoritmos y reconstruir la esfera pública desde una perspectiva emancipadora. La vigencia del Informe MacBride radica precisamente en ofrecer un marco ético y político para esa tarea, recordando que la comunicación no puede reducirse a mercancía ni a instrumento de dominación; constituye un terreno decisivo en la lucha por la dignidad humana y la justicia social.

Por todo esto es referencia obligada el Informe MacBride (1980). Allí se estableció la necesidad de democratizar la comunicación para garantizar un orden informativo más justo, tesis que hoy se ve confrontada por una concentración sin precedentes en corporaciones capaces de integrar datos gubernamentales, militares y comerciales bajo una misma lógica de gestión. Plataformas como Palantir operan en la intersección de la transmutación entre Estado burgués y capitalismo imperialista, configurando un complejo militar-informacional que recuerda las advertencias de Dwight D. Eisenhower sobre el complejo militar-industrial, ampliadas ahora hacia el dominio cognitivo.

Porque la guerra cognitiva es ya la quinta dimensión del conflicto, junto a tierra, mar, aire y ciberespacio, lo cual implica que la conciencia de clase deviene terreno estratégico donde se disputa la capacidad de interpretar la realidad. Armand Mattelart, en La mundialización de la comunicación (1996), mostró cómo la expansión de redes globales responde a intereses geopolíticos concretos; la actualización de esa tesis permite afirmar que la analítica de datos constituye una nueva fase del imperialismo informacional, donde la dependencia tecnológica profundiza la subordinación de las periferias. Bajo este prisma, la guerra cognitiva no se limita a la manipulación de información; implica la expropiación de la capacidad colectiva de producir sentido, convirtiendo la experiencia en materia prima para circuitos de valorización capitalista.

Rebelión ha publicado este artículo con el permiso del autor mediante una licencia de Creative Commons, respetando su libertad para publicarlo en otras fuentes.

Feminicidio, impunidad y nuevas leyes

Ana Lilia Pérez

"El combate al feminicidio no dependerá sólo de la expedición de leyes y protocolos con perspectiva de género, sino de su aplicación permanente".

A sangre fría Carolina fue asesinada por su suegra, quien viajó desde Ensenada a la Ciudad de México para matarla. Le disparó a quemarropa seis impactos de bala. El crimen quedó videograbado por una cámara dentro del departamento en Polanco. Pasman la frialdad de los diálogos entre el esposo de Carolina y la agresora en la escena del crimen y resultan inverosímiles los pretextos de él para denunciar hasta el día siguiente, cuando la homicida ya había escapado. Sigue prófuga y ya hay ficha de búsqueda de Interpol.

El mismo día en que Carolina fue asesinada, en otro punto de la Ciudad, a Edith Guadalupe también la asesinaron. Ocurrió dentro de un inmueble al que acudió en busca de empleo; su cuerpo fue encontrado dentro de una bolsa en el sótano del edificio; el crimen se le imputa al vigilante.

Días después, en Reynosa, Tamaulipas, Lorenia Elizabeth, madre de familia y empleada de un restaurante fue víctima de feminicidio en su lugar de trabajo a manos de uno de sus compañeros quien había sido su pareja, y quien la asesinó con un cuchillo.

Son feminicidios, de los que ocurren cada día en el país. Son casos que se suman a la numeralia de mujeres asesinadas.

De enero a marzo de este año 518 mujeres fueron asesinadas en México; en 370 casos en las fiscalías se abrieron carpetas de investigación como homicidio doloso, y en 148 casos como feminicidio.

De ese periodo las entidades que registraron mayor número de feminicidios son Sinaloa, Chiapas, Ciudad de México, Estado de México y Sonora.

El año pasado cerró con dos mil 798 mujeres asesinadas, de esos crímenes sólo en 725 casos se abrieron carpetas de investigación tipificando como feminicidio; los otros casos como homicidio doloso.

Un reclamo frecuente de familias de víctimas es que hay casos de feminicidio cuyas carpetas de investigación se abren como homicidio, por la negativa en fiscalías a aplicar los protocolos de perspectiva de género y por la discrecionalidad o negligencia del personal en las fiscalías en varias entidades.

Es un rezago estructural que tiene como consecuencia que en promedio sólo uno de cada cuatro homicidios de mujeres se investigue como feminicidio, lo que en muchos casos evidencia la falta de aplicación de los protocolos de perspectiva de género. Además de que el bajo porcentaje de sentencias contra feminicidas ha fomentado la impunidad.

Hace 14 años que en México se tipificó el delito de feminicidio mediante la incorporación en el Artículo 325 del Código Penal Federal que especificó que “comete el delito de feminicidio quien prive de la vida a una mujer por razones de género”, definiéndose también las razones de género y causales.

A partir de sentencias que la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) emitió contra el Estado Mexicano por los crímenes contra mujeres en Ciudad Juárez, Chihuahua, como el llamado Caso Campo Algodonero (homicidios de Claudia Ivette González, Esmeralda Herrera y Laura Berenice Ramos, cuyos cuerpos se encontraron en un campo algodonero) se sentó un precedente jurídico en que por primera vez se establecieron a nivel internacional criterios para investigar y sancionar el feminicidio con perspectiva de género. Derivado de ello, en 2015 el gobierno federal definió un Protocolo de Investigación Ministerial, policial y pericial con perspectiva de género para el delito de feminicidio.

Se suponía que todas las fiscalías del país tenían que aplicarlo, pero la realidad fue que en muchas fiscalías quedó sólo como un documento más, como uno de esos manuales que nadie lee y que mucho menos se implementa. La realidad fue que en muchas fiscalías persistió la omisión, negligencia de los funcionarios, y revictimización a las víctimas y sus familias, hasta encubriendo a los feminicidas.

Están los casos de Debanhi Escobar, víctima de feminicidio en Nuevo León, revictimizada por esa Fiscalía, que fue negligente e ineficiente en la investigación. O el feminicidio de Ariadna Fernanda, en noviembre de 2022, cuyo feminicida de manera impune, cínica, carga su cuerpo para subirlo a una camioneta y tirarlo a un lado de la carretera ya en la zona de Morelos, un feminicida protegido por el fiscal de Morelos, quien de manera cómplice señaló como causa de muerte intoxicación alcohólica y broncoaspiración, revictimizando a Ariadna.

Para entonces no sólo existía el citado Protocolo que las fiscalías debieron cumplir y que evidentemente no cumplieron, sino que, también había precedentes establecidos por la Suprema Corte desde 2015 en que determinó que las investigaciones de muerte violenta de una mujer debían realizarse con perspectiva de género, criterio aplicable durante toda la investigación y en la parte procesal.

La Corte emitió los criterios a partir de la sentencia en el caso de Mariana Lima, quien, en 2010, a sus 28 años de edad había sido asesinada por su esposo, un policía judicial en el Estado de México, que inicialmente hizo pasar su crimen como supuesto suicidio.

La mamá de Mariana, Irinea Buendía, emprendió una larga batalla por que se indagara el crimen contra su hija. Su lucha sentó un precedente histórico al convertirse en el primer caso en que la Corte se pronunció por primera vez sobre el delito de feminicidio, destacando que la ausencia de perspectiva de género en la investigación del crimen contra Mariana la revictimizó a ella y a su familia.

La Corte determinó como obligatorio que las autoridades aplicaran protocolos para la investigación de muertes de mujeres considerando las connotaciones y contexto de violencia por razón de género, antecedentes de violencia y que desde esa perspectiva se realizaran pruebas técnicas; también para el proceso judicial. Pero en muchas entidades las autoridades siguieron omisas a esos criterios y protocolos.

Aunque el feminicidio está tipificado en las 32 entidades, hay disparidades en su tipificación, agravantes y sanciones; en varios estados se le incluye como agravante del delito de homicidio, en otros hay diferencias en lo que se considera o no como “razones de género", también en el cómo se acreditan o no esas razones de género, lo cual es definitorio para la clasificación del delito y la sentencia que puede implicar.

Aunque el Código Penal Federal establece siete causales (violencia sexual, lesiones degradantes, antecedentes de violencia, relación sentimental, incomunicación, amenazas, exposición del cuerpo), el número de causales y la definición sobre cada una varía en los códigos penales de cada entidad, lo que complica su comprobación en términos jurídicos.

Las diferencias sustanciales en cada entidad y los vacíos legales complican desde la etapa en que se presentan las denuncias y se abren las carpetas de investigación, lo que generan que en muchos casos se pasen por alto los antecedentes de violencia y otras causales que pudieran existir, y repercute en la investigación y sentencia.

La discordancia en los criterios que en cada entidad aplican las autoridades para investigar y procesar los feminicidios tiene como consecuencia que muchos feminicidios queden en la impunidad.

Por eso es muy relevante que en el Legislativo se avanza en la Ley General para prevenir, investigar, sancionar y reparar el daño por el delito de feminicidio, que será aplicable en todo el país, y mediante la cual se homologarán la tipificación, los protocolos y criterios jurídicos con perspectiva de género aplicables en la investigación, judicialización y sanción del delito.

La propuesta deriva de la iniciativa presentada por la Presidencia, para que se expida una ley que establezca el tipo penal y las sanciones para el delito de feminicidio, que permitan una adecuada articulación de acciones que garanticen, desde los distintos órdenes de gobierno e instituciones, el acceso a una vida libre de violencia de las mujeres y niñas, además de fortalecer al Estado para prevenir investigar, sancionar y erradicar las violencias contra las mujeres.

Se homologarán los estándares de investigación con perspectiva de género que deberán ser aplicados por fiscalías especializadas, para que por ley se garantice que el Ministerio Público en cada entidad tenga la obligación de investigar de manera inicial la muerte violenta de una mujer como feminicidio. También se homologarán los estándares de investigación con perspectiva de género, especificándose nueve razones de género y 21 agravantes.

Se establecerá un tipo penal homogéneo, sanciones y agravantes aplicables en todo el país, de 40 a 70 años de prisión, y que en las sanciones también se considere garantizar la reparación integral del daño y protección especial para familiares, incluyendo a infancias y adolescencias en orfandad.

La nueva ley será emitida por el Congreso federal en los próximos meses, y en cada entidad se deberán realizar las adecuaciones a sus marcos jurídicos y en las fiscalías para su aplicación.

Pero su efectividad será real sólo si hay una mayor vigilancia y coordinación entre las autoridades; si se revisan de manera permanente la aplicación de los protocolos; si en las fiscalías se capacita al personal para que no revictimicen a las víctimas, para que intervengan de manera oportuna, para evitar que la impunidad fomente el delito.

Desde el ámbito federal se ha planteado que con la nueva ley se busca también fortalecer la coordinación entre la Fiscalía General y las fiscalías estatales para atender de manera conjunta el delito de feminicidio, y ese precisamente será uno de los puntos clave para que se tengan resultados y que se combata el feminicidio, uno de los crímenes y delitos que más lastiman a la sociedad.

La efectividad de la nueva ley dependerá también de que en las fiscalías se tenga permanente revisión sobre el actuar de los Ministerios Públicos y el personal que, enquistado en las fiscalías, es negligente o incumple los protocolos existentes, o peor aún, que tiene prácticas corruptas.

Porque el caso de Edith Guadalupe, ocurrido en la Ciudad de México, dejó al descubierto que incluso en las fiscalías donde mayores avances se tenían en el combate al feminicidio, hay todavía personal que persiste en prácticas de corrupción y en omisiones.

La familia de Edith Guadalupe denunció públicamente que cuando perdieron comunicación con ella acudieron a denunciar para que personal de la fiscalía iniciara su búsqueda, pero hubo omisiones. La Fiscalía ya reconoció el incumplimiento del protocolo por parte de varios de sus elementos, y actualmente hay varios funcionarios bajo investigación de la contraloría interna.

Eso muestra que el combate al feminicidio no dependerá sólo de la expedición de leyes y protocolos con perspectiva de género, sino de su aplicación permanente.

Por el lado de la sociedad, es necesario un cambio en el paradigma cultural, pues las masculinidades violentas materializadas en violencias directas físicas extremas como el feminicidio, y otras violencias indirectas son el resultado de un aprendizaje en las relaciones en el seno familiar, ámbito escolar y comunitario, y a partir de los estereotipos de los medios de comunicación que fomentan las masculinidades agresivas como uno de los atributos varoniles. Son nuestras relaciones como sociedad, emanada de una base patriarcal dominadora las que debemos deconstruir en la búsqueda de relaciones sin que medie la violencia.

«La resistencia de las mujeres contra las políticas asesinas de los imperialistas consiste en mantener la vida en marcha»

Por Penelope Duggan

Esta contribución se realizó durante el panel Antirracismo, feminismo y derechos civiles en la lucha contra el fascismo en la 1.ª Conferencia Internacional Antifascista por la Soberanía de los Pueblos, celebrada en Porto Alegre, Brasil, del 26 al 29 de marzo de 2026.

Desde principios de este siglo, hemos visto el auge de fuerzas teocráticas, autoritarias y de extrema derecha que se están radicalizando hacia el fascismo, si no es que ya lo son.

Esto supone un peligro para todo el planeta: hemos sido testigos de las guerras desatadas por Rusia en Ucrania mediante su invasión imperialista; la guerra genocida de Israel contra el pueblo palestino, que aunque se ha intensificado desde octubre de 2023, lleva décadas en curso; la guerra en Sudán; la guerra librada conjuntamente por Estados Unidos e Israel contra Irán y Líbano que también está causando una gran pérdida de vidas entre la población, y han llegado incluso a atacar escuelas; hemos visto las acciones belicosas y las amenazas de Trump en Venezuela, contra Cuba, contra Groenlandia, y su guerra contra su propio pueblo y las y los migrantes.

Esta extrema derecha se caracteriza abiertamente por su racismo, pero también por su sexismo; no se trata de esferas o ideologías separadas, sino que son intrínsecas a la ideología de la extrema derecha.

Estas fuerzas gubernamentales están introduciendo un cambio profundo y sistémico en el tratamiento de las cuestiones de género, situando la regulación del cuerpo de las mujeres y la familia heteronormativa en el centro de sus agendas nacionales, basándose en algunos principios comunes:

• Que las mujeres deben dedicarse a la familia y no ocupar puestos de liderazgo en la sociedad.

• Que la maternidad es un deber para con la nación y no una opción.

• Que los “valores nacionales” implican excluir a quienes representan “al otro”, como les inmigrantes, les musulmanes y las personas racializadas, o las ideas que se perciben como provenientes de otros lugares.

Fundamentalmente, la extrema derecha está desarrollando un proyecto y una ideología que se opone al género como construcción social y cultural del individuo, como libre determinación de la identidad de género y como reconocimiento de la socialización de género. Aboga por la naturalización del género y se opone a toda libertad en este ámbito, llegando incluso a lanzar un ataque frontal contra las ciencias sociales y la investigación, al tiempo que recurre a la transfobia política y al antifeminismo.

Esto se pone en práctica en políticas gubernamentales que restringen el derecho al aborto; por ejemplo: la anulación de Roe vs. Wade en Estados Unidos, el recorte de cualquier forma de ayuda exterior que pudiera financiar el aborto, o políticas profamilia como las de la Hungría de Víctor Obrabán o la Italia de Giorgia Meloni (privilegios para madres de familias numerosas) y, por supuesto, políticas anti-LGBTQI.

Al mismo tiempo, están implementando políticas sociales en materia de salarios, seguridad laboral y servicios públicos, que socavan la capacidad de las personas para vivir dignamente, criar familias con acceso a la salud, la educación, la vivienda…

Por el contrario, un grupo diverso que incluye partidos políticos nacionalistas de derecha, los neoliberales, afirma defender los derechos de las mujeres. Esta explotación y cooptación de temas feministas por parte de campañas antiislámicas y xenófobas es denominada «femonacionalismo» por nosotras, las teóricas feministas. Demuestran, particularmente en el contexto europeo, que al presentar a los hombres musulmanes como una amenaza para las sociedades occidentales y como opresores de las mujeres, y al enfatizar la necesidad de salvar a las mujeres musulmanas y migrantes, estos grupos utilizan la igualdad de género para justificar su retórica y políticas racistas, así como las intervenciones imperialistas en Afganistán e Irán. Esta práctica también cumple una función económica. Las políticas neoliberales de integración cívica y los grupos feministas canalizan a las mujeres musulmanas y migrantes no occidentales hacia los sectores doméstico y de cuidados, que están caracterizados por la segregación, mientras afirman promover su emancipación.

Los vínculos entre el racismo, el feminismo y la forma en que las mujeres no occidentales son explotadas con diversos fines políticos y económicos son evidentes.

Están librando guerras asesinas que matan a cientos de miles de personas, incluidos niños, y devastan áreas inmensas en países como Ucrania y Palestina, además de explotar los recursos nacionales, apoderándose de los territorios y los recursos hídricos de los pueblos indígenas para construir proyectos derrochadores, como centros de datos para TikTok, tal como pude comprobar en mi reciente visita al pueblo Anacé en Ceará.

En este contexto, la resistencia de las mujeres contra las políticas asesinas de los imperialistas consiste en mantener la vida en marcha, en organizar la vida cotidiana en sus comunidades.

Pienso en las maestras ucranianas que dan clase en búnkeres subterráneos para proteger a sus alumnos de los ataques rusos, cuando hay electricidad para iluminar. Que no pueden dejar que los niños suban al comedor a comer cuando hay alerta de ataque aéreo. Las mujeres que se organizan para apoyar a las familias desplazadas por la guerra, a las familias con soldados muertos o heridos, y a las mujeres que son ellas mismas soldados en primera línea luchando contra la invasión imperialista rusa cuyo objetivo es eliminar la existencia de Ucrania como nación soberana. Y al mismo tiempo, se oponen a las políticas neoliberales y antiobreras de su propio gobierno.

En Palestina, tras la devastación de la guerra genocida, las mujeres siguen cuidando de sus familias y entre sí. La vida continúa, incluso la llegada de nuevos bebés: nacen en condiciones terribles, sin agua, sin comida y sin atención médica.

Las mujeres de Minneapolis en Estados Unidos han estado a la vanguardia en la organización de la solidaridad vecinal contra las redadas del ICE: operaciones de vigilancia para advertir sobre las redadas que se aproximan y llevar comida a las familias demasiado asustadas para salir de sus casas.

En Irán, el movimiento de mujeres de 2022 por los derechos básicos y contra el uso obligatorio del hiyab fue una continuación y un impulso a la lucha constante del pueblo iraní contra su régimen, que ha sido reprimido de forma tan sangrienta.

En países de todo el mundo, las mujeres se organizan de forma combativa en apoyo de todos los derechos de las mujeres, sabiendo que es defendiendo los derechos de las más explotadas y oprimidas —por ejemplo, las minorías racializadas y étnicas— como realmente defendemos los derechos de todas las mujeres, y como mujeres organizadas para liderar esa lucha, tenemos un papel estratégico que desempeñar en la resistencia.

Y que debemos aprender unas de otras a nivel internacional para comprender el significado profundo de nuestras reivindicaciones fundamentales, como el derecho de las mujeres a controlar sus propios cuerpos, que plantea interrogantes diferentes y específicos en distintos países y culturas. Y saber que la victoria de las mujeres en un país es una victoria que fortalece la lucha de todas nosotras.

Estos procesos de reproducción social son cruciales para la continuidad de la sociedad humana y, en su gran mayoría, son llevados a cabo por mujeres. Los actos cotidianos de perpetuar la vida, tanto individualmente como en sociedad, constituyen también actos diarios de resistencia contra las fuerzas fascistas e imperialistas que pretenden determinar quién tiene derecho a vivir y a morir, y quién tiene derecho a vivir en qué territorio.

Las mujeres tienen mucho que perder con el ascenso de las fuerzas de extrema derecha, autoritarias, teocráticas y fascistas en todo el mundo. Por lo tanto, la lucha antifascista y antiimperialista es crucial para las mujeres.

Pero la resistencia de las mujeres en todas sus formas —en conferencias, en marchas, luchando con las armas en la mano cuando sea necesario—, pero sobre todo para garantizar que la vida humana y la sociedad continúen, también es crucial.

La catástrofe ecológica, así como los fascistas e imperialistas, representan amenazas existenciales; debemos derrotarlas a ambas. Si la sociedad humana deja de existir, no podremos construir el socialismo.

Como dicen nuestras hermanas iraníes: Mujer, vida, libertad – jin, jîyan, azadî.

Fuente: https://fourth.international/es/america-latina/764

«CDMX lista para dar siguiente paso». Piden eliminar el aborto de su Código Penal

Escrito por Wendy Rayón Garay

CIMAC Foto: Wendy Rayón.- Ciudad de México.- En punto de las 9 de la mañana, la MX Marea Verde se reunió en la puerta del Congreso de la Ciudad de México para exigir una vez más que las diputadas y diputados legislen para eliminar el aborto del Código Penal local en el marco de los 19 años de su despenalización en la capital, un momento histórico que, permitió en 2007 un avance importante de los derechos reproductivos de las mujeres en el país.

Hay que decir que aunque la capital, la Ciudad de México fue pionera en la despenalización del aborto en el país, hoy es la entidad con más carpetas abiertas por el delito de aborto, además, datos recopilador por GIRE retomados del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) indican que se documentaron, entre enero de 2015 hasta 2026, mil 587 carpetas, de las cuales 244 fueron registradas en 2025, para la organización se trata de una cifra histórica.

CDMX la entidad que más criminaliza a mujeres por abortar. Urgen modificar Código Penal – cimacnoticias.com.mx

Esta protesta verde fue convocada por el movimiento feminista conformado por las organizaciones y colectivas que luchan por el reconocimiento del aborto como un servicio de salud. Entre ellas asistieron Abortion Data, Antígona, Balance, Serrucha, Ddeser, Equidad de Género, Fondo María, GIRE, Instituto de Liderazgo Simón de Bogotá, IPASLAC, Luchadoras, Médicos del mundo, Michis Aborteras, Redefíne CDMX, así como Vivas y Libres.

Su petición fue entregada al diputado Jesús Sesma Suárez del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), quien a su vez es presidente de la Mesa Directiva del Congreso local. El funcionario recibió la carta petitoria y se comprometió a entregar el documento al Secretario Javier Ramos para que sea remitida a las y los coordinadores de los diferentes grupos parlamentarios que conforman la Junta de Coordinación Política (JUCOPO) para que se discuta si el tema es llevado ante el Pleno.

Una de las asistentes cuestionó al diputado Jesús Sesma Suárez si la iniciativa sería discutida o se mantendría congelada como la última presentada en noviembre de 2025 cuando organizaciones civiles y legisladoras del Congreso de la Ciudad de México como la diputada Yuridia Ayala de MORENA impulsaron una iniciativa para eliminar el aborto del Código Penal local; sin embargo, tras su discusión en las comisiones conjuntas de Igualdad de Género y Justicia no se consiguió un consenso para que para que pudiera ser votada en el Pleno.

A lo que el funcionario respondió que no podía asegurar que la iniciativa llegara a discutirse hasta el Pleno, ya que depende de la decisión de la JUCOPO. Aun así, aseguró que toda iniciativa está obligada a ser discutida en el Congreso conforme a la disposición y voluntad de cada legisladora y legisladores.

En el documento entregado, MX Marea Verde realizó un llamado público a las diputadas y diputados del Congreso de la Ciudad de México para legislar el tema de aborto «en congruencia con los avances en derechos reproductivos y estándares constitucionales». Con ello, esperan erradicar el estigma respecto al derecho a decidir, la discriminación y la maternidad forzada para garantizar condiciones dignas a quienes deciden maternar.

La capital del país fue la primera entidad en despenalizar el aborto y gracias a ello, tres cuartas partes del país ya han eliminado el delito de aborto de sus Códigos Penales locales. Alrededor de 23 entidades permiten interrumpir legalmente el embarazo dentro de las primeras doce semanas de gestación, a esto se suma el caso especial de Aguascalientes donde el límite es hasta la sexta semana.

En México ¿Cuántas entidades han despenalizado el aborto en 2025? – cimacnoticias.com.mx

Sin embargo, MX Marea Verde aunque reconoció que en casi dos décadas la política pública sobre aborto se fortaleció, los avances fueron «parciales e insuficientes», ya que persisten resistencias para el reconocimiento en su práctica como proporcionar servicios de salud y su permanencia en el Código Penal local que ocasiona la criminalización de quien quiere ejercer su derecho a decidir.

Actualmente, una mujer puede abortar en la capital de forma voluntaria y después de las primeras doce semanas de gestación también lo puede hacer debido a causales específicas, por lo que MX Marea Verde apuntó que era momento de replantear el modelo: «La insistencia en mantener el aborto voluntario como una conducta prohibida, permitida solo dentro de las primeras 12 semanas o en determinados escenarios, es una de las razones por las cuales no se ha logrado erradicar la criminalización o las brechas para el acceso que enfrentan mujeres. Es momento de exigir al Estado un cambio de paradigma».

Señalaron que la criminalización tiene efectos en la salud y genera miedo, prejuicio o confusión del personal médico quien se niega o condiciona los servicios orillando a las mujeres a buscar otras alternativas que pueden derivar en abortos inseguros y muertes maternas.

Por ello, insistieron en que el aborto deje de ser tratado como un tema penal para ser reconocido dentro del ámbito de servicio de salud. El llamado terminó con las integrantes de MX Marea Verde rompiendo una piñata que representó al Código Penal de la Ciudad de México.

Muerte materna por aborto persiste a pesar de la despenalización en 23 entidades – cimacnoticias.com.mx

«Hoy, tras 19 años de avances, la Ciudad de México está lista para dar el siguiente paso, erradicar el estigma, eliminar cualquier posibilidad de discriminación y de criminalización al derecho de decidir y abandonar de una vez por todas el uso del derecho penal para controlar quién, cuándo y cómo se accede al aborto.» -MX Marea Verde.

Cada vez más hombres quieren que las mujeres no votemos. Y algunos están en La Casa Blanca

Por Lucía Taboada

Fuentes: El diario [Imagen: ‘El cuento de la criada’ (Hulu)]

El secretario de Defensa, Pete Hegseth, es seguidor de un pastor nacionalista cristiano que sostiene que las mujeres no deberían tener derecho al voto. No es una afiliación superficial, Hegseth llegó a compartir en sus redes sociales el año pasado un vídeo en el que ese pastor defendía abiertamente esa idea. El secretario de Defensa, por supuesto, no es el único partidario de Trump en sugerir que lo de votar hay que dejarlo en manos de gente preparada, es decir, de los hombres. También lo hizo, por ejemplo, John McEntee, asesor principal del Proyecto 2025 y exdirector de la Oficina de Personal Presidencial de la Casa Blanca de Trump. O Paul Ingrassia, a quien Trump nominó para dirigir la Oficina del Asesor Especial, sugirió derogar el voto femenino en un podcast.

Lo que esta panda defiende es el voto familiar. Es decir, un voto por hogar. Pero, por supuesto, ese voto correspondería al marido y no a la mujer porque los hombres, opinan, ostentan la máxima autoridad familiar. La razón detrás de toda esta corriente puede estar en el hecho de que los hombres son más propensos a votar por la derecha que las mujeres. También hay quien tiene esta convicción por razones religiosas, una especie de mandato bíblico. Pero también están los influencers y podcasters del ala ultraconservadora estadounidense que llevan meses normalizando la idea de derogar la Decimonovena Enmienda por pura misoginia. Sin medias tintas, son tipos que odian y desprecian a las mujeres, nos presentan como parásitas, y creen y esperan que volvamos a estar subordinadas a ellos.

“¿Por qué excluir a las mujeres? Porque su delicadeza las hace inadecuadas para la práctica y la experiencia en los grandes asuntos de la vida, las arduas empresas de la guerra y las exigentes responsabilidades del Estado. Además, su atención está tan centrada en la crianza de sus hijos que la naturaleza las ha dotado de mayor aptitud para las tareas domésticas. Y los niños no tienen juicio ni voluntad propios…”. Esto le escribía John Adams a James Sullivan el 26 de mayo de 1776. Doscientos cincuenta años después, estamos volviendo a esto, a ese ideal de mujeres sumisas, delicadas, esposas tradicionales, amas de casa entregadas, sin voz ni voto.

Ni siquiera hace falta que se ponga en práctica, el simple hecho de que esta idea vuelva a circular ya es aterrador. Aunque no se llegue a ese escenario (legislativamente sería bastante complejo), la convicción ya está flotando, el derecho de las mujeres a votar ya está siendo cuestionado.

El sufragio universal no es negociable sin vaciar la propia idea de democracia. Pero esto es lo que esta gente —que se permite el lujo de ir por el mundo dando lecciones, por cierto— entiende por democracia, un sistema en el que el voto sea de ellos. Las ideas más repulsivas de los misóginos más extremos de Internet se están difundiendo ante nuestros propios ojos desde despachos de la Casa Blanca por otros misóginos. Estamos a un susto de dejar sin ficción a Margaret Atwood.

@TaboadaLucia

Fuente: https://www.eldiario.es/opinion/zona-critica/vez-hombres-quieren-mujeres-no-votemos-casa-blanca_129_13155465.html

Taddei viola paridad. Solo una mujer entre directores para elecciones 2026

Escrito por Lizbeth Ortiz Acevedo

Foto: Cuenta oficial en X de Taddei.- Ciudad de México.- Este pasado 28 de abril, la Consejera Presidenta del Instituto Nacional Electoral (INE), Guadalupe Taddei Zavala, anunció la incorporación de nuevos integrantes en direcciones ejecutivas y unidades técnicas de cara al próximo Proceso Electoral Federal 2026-2027 y esta decisión contraviene el principio de paridad porque en estas 10 designaciones solo una es una mujer.

Esta designación de Taddei se aleja del derecho de paridad avalado por el mismo instituto, basta recordar que en el 2025, su Consejo General aprobó los Criterios para garantizar el Principio Constitucional de Paridad de Género en el Proceso Electoral Extraordinario para la elección de diversos cargos del Poder Judicial de la Federación (PEEPJF) 2024-2025.

Recordemos que estos principios se establecieron para la asignación de cargo en la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) y el Tribunal de Disciplina Judicial (TDJ), mediante la creación de dos listas, una para mujeres y otra para hombres.

La paridad es un principio que fue incorporado en la Constitución mexicana en el año 2014, aplicable para las candidaturas a la Cámara de Diputados, Senado y Congresos Estatales. La primera vez que fue implementada esta reglamentación fue en el Proceso Electoral de 2014-2015.

Más tarde, en 2019, se realizaron reformas a este principio para de esta forma garantizar “la paridad en todo”, lo que permitiría la participación progresiva de las mujeres en los tres Poderes de la Unión y en los tres niveles de gobierno, así como, en los organismos autónomos, pueblos y comunidades indígenas; lo cual, consolida el avance de un Estado cada vez más incluyente y plural.

La reforma sostiene que se incorporará la perspectiva de género de manera transversal y progresiva durante todas las atribuciones, programas y acciones para garantizar la igualdad de condiciones, sin embargo, la escueta interseccionalidad se contrapone con los compromisos de género que reza la reforma en su documento oficial de iniciativa.

Además, Cimacnoticias informó de la reciente elección de dos mujeres Consejeras y Consejero para incorporarse al Instituto Nacional Electoral (INE): Blanca Cruz García, Frida D. Gómez Puga y Arturo Chávez López, no obstante, de acuerdo con la base de datos del INE, desde 1990 en el INE solo han sido electas 13 mujeres de 70 personas consejeras en su historia.

En la historia del INE solo 13 mujeres lograron ser Consejeras. Conoce a las nuevas integrantes

¿Quiénes son las 10 designaciones de Tadei?

La Presidenta del INE entregó a consejeras y consejeros una carpeta con los nombres de estos 9 hombres y 1 mujer quienes asumirán la titularidad de áreas estratégicas del Instituto.

En este marco, la Consejera Presidenta del INE designó a:

-Mario Alberto Alejo García como Titular de la Unidad Técnica de Fiscalización.

-Anahí Silva Tosca como Directora Ejecutiva de Asuntos Jurídicos.

-Alejandro Romero Millán, como Director Ejecutivo de Prerrogativas y Partidos Políticos.

-Eduardo Hugo Ramírez Salazar como Titular de la Dirección Ejecutiva de Capacitación Electoral y Educación Cívica.

Asimismo, la Consejera Presidenta nombró como titulares a funcionarios que hasta ahora se desempeñaban como Encargados de despacho en distintas áreas operativas del Instituto y ratificó a:

-Roberto Carlos Félix López, en la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral.

-Y a Jorge Egren Moreno Troncoso, en la Dirección Ejecutiva del Servicio Profesional Electoral Nacional.

-A Pedro Pablo Chirinos Benítez, como Titular de la Unidad Técnica de Vinculación con los Organismos Públicos Locales.

-José Alberto Pérez de Acha, como Titular de la Unidad Técnica de Servicios de Informática (UTSI)

-Sergio Uzeta Murcio, como Titular de la Coordinación Nacional de Comunicación Social del Instituto.

En este contexto, la Consejera Presidenta indicó que la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral, la Unidad Técnica de Igualdad de Género y No Discriminación, así como la Unidad Técnica de Transparencia y Protección de Datos Personales se encuentran en revisión.

También informó que, a partir del 16 de mayo, Eduardo Meza Rincón asumirá la titularidad de la Dirección Ejecutiva de Administración.

También contextualizó la preparación institucional ante posibles reformas legislativas y judiciales que podrían impactar el calendario electoral.

El acompañamiento psicosocial de la niñez no acompañada en contextos de movilidad

Escrito por Alejandro Romero y Paula Novelo, área psicosocial, Instituto para las Mujeres en la Migración, AC IMUMI .

Foto de Deniz Tepe .-En el marco del Día de la Niña y el Niño, es urgente mirar hacia una de las realidades más complejas y dolorosas de nuestra región: la niñez y la adolescencia en contextos de movilidad, particularmente quienes viajan sin compañía.

Datos de UNICEF señalan que casi 48.8 millones de niñas, niños y adolescentes han sido desplazados por la violencia, los conflictos o los desastres. Dentro de este panorama, la niñez no acompañada (aquella que migra sin la compañía de una persona adulta responsable) han mostrado un incremento sostenido en los últimos años; por ejemplo, el ACNUR reportó que al menos 138 mil 600 niñas, niños y adolescentes viajaban solos a nivel mundial, aunque esta cifra se considera subestimada debido al subregistro en múltiples rutas migratorias.

Dentro de este panorama, el incremento de la niñez no acompañada es alarmante. Tan solo en América Latina y el Caribe, una de cada cuatro personas en contextos de movilidad es niña, niño o adolescente. Las rutas de alto riesgo, como la selva del Darién o la frontera entre México y Estados Unidos, son transitadas por cientos de miles de infancias que huyen de la violencia estructural, la desintegración familiar o que buscan reunificarse con sus seres queridos. En este trayecto, quedan expuestas a la trata de personas, la explotación y a profundas afectaciones en su salud mental y emocional.

Los contextos de violencia extrema a los que se enfrenta la niñez no acompañada generan profundas necesidades de atención psicosocial. Sin embargo, desde una mirada adultocéntrica, las manifestaciones de este impacto suelen ser mal interpretadas como «rebeldía», «desviación» o simples «etapas» del desarrollo. Olvidamos que provienen de entornos que han fracturado su integridad; sistemas complejos que les han negado el derecho al libre desarrollo, donde el estudio, la recreación y el juego han sido anulados.

Poner la mirada en la niñez no acompañada implica cuestionar cómo las instituciones sociales responden a su orfandad o separación familiar. El reto no es solo crear albergues, sino propiciar redes de apoyo reales y espacios seguros donde se garantice, ante todo, el Interés Superior de la Niñez.

El principal indicador para conocer el bienestar psicosocial de la niñez es el juego. Cuando un sistema le da la espalda a las infancias, los síntomas aparecen pronto: falta de integración, exclusión escolar, consumo temprano de sustancias o el sobrediagnóstico de trastornos del desarrollo. Esta dinámica es perversa, pues termina responsabilizando a las niñas, niños y adolescentes de los estragos que la violencia estructural ha ocasionado en sus vidas.

Detrás de cada niña, niño o adolescente migrante hay necesidades, voces e identidades particulares. Por ello, la labor humanitaria debe ir de la mano de una intervención psicosocial que abra espacios de diálogo y cuidado. Debemos alejarnos del adultocentrismo para potenciar su voz y permitirles expresar sus propios gustos y necesidades, garantizando siempre su consentimiento informado y validando sus emociones para no caer en la revictimización institucional.

Es fundamental hacer un énfasis específico en las niñas y las adolescentes no acompañadas. En muchas ocasiones, los sistemas de atención, e incluso ciertos espacios académicos, invisibilizan las necesidades particulares de las mujeres y niñas en movilidad. Además de enfrentar una cultura misógina, padecen una violencia institucional latente que ignora la falta de insumos básicos (tanto materiales como emocionales) y la ausencia de redes de apoyo seguras acordes a sus corporalidades e identidades.

El espacio de atención psicosocial debe ser un refugio; un lugar donde puedan recibir un abrazo acogedor en medio de la tempestad.

En el IMUMI, nuestro trabajo con la niñez y la adolescencia migrante se fundamenta en el afecto. Entendemos que un espacio de escucha activa y de cuidado es el primer paso para marcar la diferencia frente a la violencia y lograr que recuperen el protagonismo en sus procesos emocionales y jurídicos.

Una intervención con perspectiva de cuidado implica crear espacios dignos, evitar «encriptar» la información legal y hacerles partícipes de su propio proceso. Todo esto bajo un marco de cero tolerancia a la violencia y la explotación, buscando siempre su autodeterminación.

Mientras cientos de niñas, niños y adolescentes tejen rutas de subsistencia en un presente precario, sus ilusiones suelen ser instrumentalizadas por intereses adultos.

En este Día de la Niña y el Niño, recordemos que es urgente construir espacios genuinos de acompañamiento donde el centro no sean nuestras expectativas adultas, sino la protección incondicional de sus derechos, sus voces y sus sueños.

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Nuestro día inicia 4 am y guarderías abren a las 8. Trabajadoras por un Sistema de Cuidados inclusivo

Escrito por La Redacción

Foto: PRODesc.- “Nuestra jornada empieza a las 4 am y no hay servicios”:

mujeres de sectores precarizados advierten que la política pública no responde a su realidad.

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Ciudad de México,.– En el marco del Día del Trabajo, la Coordinadora Nacional de Defensoras de Derechos Humanos Laborales (CNDDH) advirtió que el Sistema Nacional de Cuidados no puede construirse sin la participación directa de las mujeres trabajadoras, quienes sostienen cotidianamente el trabajo de cuidados en el país.

Integrada por mujeres trabajadoras del campo, la maquila, artesanas, del comercio, las plataformas digitales, los mercados públicos, concentraciones y el trabajo de cuidados, la organización señaló que el diseño del sistema debe incluir de manera permanente su participación en todas sus etapas: desde la planeación hasta la evaluación.

“El sistema sólo será efectivo si se construye desde un enfoque de justicia social y laboral, reconociendo las condiciones de precarización, informalidad y desigualdad en las que trabajamos millones de mujeres”, señalaron en su pronunciamiento.

Una de las principales preocupaciones expresadas por las trabajadoras es la falta de servicios que respondan a sus jornadas laborales.

“Nuestra jornada empieza a las cuatro de la mañana y las guarderías abren a las ocho. Este servicio no responde a nuestras necesidades. Tenemos que dejar a nuestros hijos con familiares o pagar a alguien que los cuide, lo que implica trabajar más para poder cubrir ese gasto”, explicó una trabajadora jornalera.

Esta realidad obliga a muchas mujeres a combinar simultáneamente el trabajo y las labores de cuidado en sus propios espacios laborales, como ocurre con las trabajadoras de mercados, quienes frecuentemente atienden a sus hijas e hijos mientras realizan sus actividades, reflejando cómo las responsabilidades de cuidado continúan recayendo de manera desproporcionada sobre las mujeres.

Las integrantes de la CNDDHL subrayaron que el reconocimiento del cuidado debe ir acompañado de cambios estructurales:

“El cuidado debe ser reconocido como un derecho universal y como un trabajo con valor económico, con acceso a la seguridad social y condiciones laborales dignas, así como una redistribución social y estatal de estas responsabilidades”.

Asimismo, insistieron en que el Sistema Nacional de Cuidados debe contar con financiamiento público suficiente, progresivo y sostenible, para evitar que el costo continúe recayendo de manera desproporcionada en las mujeres, las juventudes y los hogares en situación de pobreza.

De acuerdo con estimaciones derivadas de la Encuesta Nacional para el Sistema de Cuidados (2022) del INEGI, entre el 70% y el 75% de las personas que realizan trabajo de cuidados en México son mujeres. Sin embargo, el gasto público destinado a servicios de cuidado —incluyendo guarderías del IMSS, ISSSTE y programas de atención infantil— representa menos del 1% del PIB, lo que evidencia una fuerte dependencia estructural del trabajo no remunerado sostenido principalmente por ellas.

La Coordinadora reconoció los avances en la construcción del Sistema Nacional de Cuidados, pero subrayó que aún es necesario fortalecerlo para que responda de manera efectiva a la realidad de las mujeres trabajadoras.

Reiteraron que, con participación vinculante, financiamiento suficiente y un enfoque de justicia laboral, este sistema puede convertirse en una política transformadora capaz de garantizar condiciones de vida dignas y avanzar hacia una redistribución real de las responsabilidades de cuidado en México.

Parir y nacer en la frontera

Este reportaje pertenece al número 11 de Pikara en papel, publicado en septiembre de 2023, antes de la llegada de Donald Trump al Gobierno de Estados Unidos; lo puedes conseguir en nuestra tienda online.

Ximena Rojas no recuerda la fecha con exactitud, pero sabe que era junio o julio de 2016. La imagen sí la tiene bien grabada: una crisis humanitaria en la frontera entre México y Estados Unidos: “Principalmente mujeres negras con sus bebés. Estaban ahí por horas, esperando. A veces sin suéter, sin agua, sin comida…”. Ese fue el inicio.

Con otras compañeras parteras y amigas de la comunidad en Tijuana, empezó con lo básico: llevando comida, agua y ropa. Pero la situación se iba desbordando. Algunas calles de la ciudad se habían transformado en camas de asfalto al aire libre. Repartir bienes de primera necesidad se quedó corto, Rojas decidió que tenía que ir un poco más allá y empezó voluntariamente a atender a las embarazadas. Les hacía consultas improvisadas en la calle. A veces llegaba a atender hasta 40 y 50 mujeres en un día. “Enfrentándome a casos muy diversos y con diferentes complejidades, sobre todo con mucho trauma del viaje. Algunas habían enviudado en el camino, otras habían caído del tren… Cosas básicas como pedirles una prueba de orina, a veces no podían darme ni unas gotitas de pipí, por su deshidratación”, cuenta.

Durante septiembre de 2016, 7.500 personas migrantes extranjeras cruzaron a Estados Unidos para solicitar protección y 3.400 permanecían en el estado de Baja California: el 75 por ciento en Tijuana y 25 por ciento en Mexicali, según un informe que hicieron conjuntamente la Comisión Nacional de Derechos Humanos de México (CNDH) y el Colegio de la Frontera Norte (COLEF). Ese mismo estudio dice que en diciembre de ese año el 80 por ciento eran originarias de Haití.

“Soy partera de parto en casa, ellas no tenían casa y puse la mía”

La situación removió a Ximena Rojas a muchos niveles. Su voluntariado, que comenzó siendo los fines de semana, se fue extendiendo hasta casi ni descansar. Así se convirtió en “la partera de mamás haitianas principalmente y de mamás migrantes. Yo soy partera de parto en casa, ellas no tenían casa y, entonces, puse la mía”.

Esos recuerdos los revive sentada en el sofá de esa misma casa. Es amplia, de dos pisos, con garaje y patio, y está en Playas de Tijuana, una de las zonas de clase media y media-alta más tranquilas de la ciudad, a unas cuantas calles de donde las olas del océano Pacífico se convierten en espuma sobre la arena que ahí es de México y a unos cuantos pasos ya es de Estados Unidos.

En esa casa ahora mismo hay, además de ella, cuatro parteras trabajando. Pasarán ahí unos meses y luego se irán y vendrán otras mujeres a reemplazarlas. El colectivo Justicia en Salud es dinámico y cíclico. Una de las que está en esa casa es Lupita Galarza, que viene de Jalisco. Tiene el pelo corto, negro y ondulado, lleva gafas y, a pesar del ritmo amable, al hablar desprende autoridad. Quizás por ahí reverbera algo de los años que pasó ejerciendo de enfermera militar. Es la mayor de las cuatro. Está también Karen Olvera, que ha venido con su hijo desde Michoacán. Y Maritere Salazar, abierta y habladora, muy enfocada en reivindicar que se inserte la partería tradicional en el sistema de salud público. Y está también Yoalty Aylin Alcantar, la más callada de todas. La partería la lleva en su linaje y hasta en su nombre. Ella no sabía qué significa Yoalty hasta hace un año, cuando una partera que estaba pasando también una temporada en Tijuana se lo dijo. “Yo jamás me imaginaba que me iba a decir que mi nombre proviene del náhuatl, es Yoalticitl y lo más interesante es que significa guardiana de los nacimientos. Muy fuerte”. Aunque ella no la conoció, su bisabuela también fue partera en su comunidad, en Michoacán.

En la época prehispánica, las parteras eran una figura de prestigio

La partería tradicional en México es un oficio milenario. Según datos oficiales, los primeros registros son de la época prehispánica, y era practicada principalmente por mujeres. En aquellos tiempos, las parteras eran una figura de prestigio, pero con la colonización y el imperio de la religión católica, la situación cambió drásticamente. Se prohibieron algunas prácticas y las parteras fueron estigmatizadas.

En el salón de la casa para partos en Playas de Tijuana hay una estantería blanca sobre un fondo pintado de amarillo claro. Está llena de tinturas de medicina tradicional. Debajo, sobre una mesa, se amontonan bolsas con medicamentos chinos. Ximena Rojas cuenta que son donados. “Nuestro modelo está enfocado en la medicina integrativa, donde trabajamos con la medicina natural, acupuntura, todas las técnicas que se puedan naturales, y después vamos escalando a otras situaciones”, dice. “Desafortunadamente, muchas de las usuarias que vienen a nuestros servicios han sido asaltadas sexualmente en la migración. Eso también ha sido un reto porque hemos tenido que estar navegando con diferentes organizaciones para encontrar grupos de defensa de la mujer. Incluso, casos de trata”, explica.

Desde el sofá en el que habla Rojas, en la planta baja de la casa, se ve la puerta entreabierta de una de las habitaciones donde se realizan los partos. A la piscina hinchable que hay entre la cama y la ventana la está dando la luz suave de la tarde, entre ocre y anaranjada. Ahí las mujeres tienen a sus bebés de manera natural, en el agua. De encima de la cama, Lupita Galarza ha recogido una pelvis de plástico y ha explicado cómo se mueven esos huesos, la flexibilidad en el parto y por qué algunas posiciones son mejores que otras para facilitar que nazca el bebé. Ha contado que la postura que se suele utilizar en las clínicas a la hora de dar a luz tiene un origen cercano al fetiche de un rey caprichoso. Según esa teoría, fue Luis XIV de Francia el que puso de moda esta postura, para que él pudiera ver bien a las mujeres mientras daban a luz a hijos suyos, aunque para ellas resultara mucho más incómodo.

Varias parteras en la consulta.

Alejandra Martínez y Samuel Karchmer publicaron un estudio en 2022 que recoge que, en México, más del 90 por ciento de las mujeres que viven en las grandes ciudades tienen su parto en hospitales. La investigación afirma que se dan índices elevados de episiotomías y cesáreas, que están directamente relacionadas con un “elevado nivel de medicalización de la atención materna en estos lugares”. Según Martínez y Karchmer, estos procesos implican intervenciones innecesarias y “descuida las necesidades emocionales de las embarazadas”.

Un estudio sobre la atención prenatal en el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), uno de los hospitales públicos de Tijuana, va más allá y reporta que entre 2005 y 2011 hubo 19 muertes directamente relacionadas con causas obstétricas. En un informe de la CNDH se reivindica el reconocimiento de las parteras tradicionales “como agentes que pueden colaborar en la reducción de la mortalidad materna”. Los objetivos del grupo que lidera Rojas están alineados con esa idea: ofrecer una alternativa de cuidados a las embarazadas que evite cualquier tipo de violencia. “Es otro concepto de atención, estamos más unidas con la mujer embarazada, las consultas son mucho más a fondo en comparación con el médico, que no te pregunta cómo estás de tus emociones, cómo estás con tu familia. Esta unión que hacemos con mamá, papá y pues tal vez hasta la suegra también, hace ya una red de apoyo para la mujer”, cuenta Yoalty Aylin Alcantar.

De las calles a la clínica

“Hola, bebé”, dice Maritere Salazar a la tripa de una embarazada. La mujer está estirada sobre una camilla y la partera le va masajeando la tripa con una pomada. Luego le pasa por encima un aparato que se llama Doppler y que sirve para escuchar el corazón del bebé. El bebé se mueve y la partera le vuelve a hablar: “Gracias por responder”. Le acerca el aparato a la madre para que escuche el corazón de su hijo y ella sonríe con felicidad. Se escucha fuerte. El bebé patea de vez en cuando dentro de la tripa. Maritere Salazar le dice a la madre que todo está bien.

En las horas en que el tráfico no es excesivamente pesado en Tijuana, se puede tardar alrededor de media hora desde la casa de las parteras hasta la clínica, la otra pata del colectivo Justicia en Salud, donde se realiza la atención primaria. Esa clínica es un conglomerado, una unión con otros colectivos, el resultado de una evolución.

Desde la atención a mujeres en las calles, Ximena Rojas pasó a atender también en los albergues para migrantes. Ella dice que, según la ley, deberían recibir a las mujeres migrantes en los hospitales, pero que en la práctica a veces no ocurre: “Sobre todo para las familias en tránsito, que tú les digas vete a otro hospital es bien complejo. A veces no hay dinero ni para pagar un taxi…”.

Una mujer migrante, embarazada.

En uno de esos albergues está Marta Loza, nombre ficticio para proteger su identidad. “Ayer amanecí con dolores. No se está en paz la bebé. Es niña”, dice. Está de nueve meses y lleva tres en Tijuana, esperando para poder cruzar “cuanto antes” a Estados Unidos. Se vino embarazada porque su marido la maltrataba: “Es traficante. Me vine para acá, no me quedó otra opción. Tengo miedo porque él me marca [llama] a veces y me dice que me va a quitar mi bebé”. En el tiempo que lleva en Tijuana ha estado visitando con el colectivo de parteras.

Edeleine es de Haití y lleva cuatro meses en el mismo albergue que Marta. En su país era profesora y dice que le gustan mucho los niños pequeños. Está embarazada de seis meses y quiere que el bebé nazca en Estados Unidos. En este hogar temporal duerme con su marido en una litera en un segundo piso, así que cada día tiene que subir y bajar escaleras. Cuenta que es difícil, porque tiene dolores. La pareja conoció la clínica de las parteras a través de unos amigos que se la recomendaron, y Edeleine también se está tratando allí mientras espera a poder entrar a Estados Unidos.

Esa espera puede alargarse incluso años. El tiempo que se tarda en conseguir el asilo para cruzar de forma legal. Por eso, las parteras pueden llevar un seguimiento médico de las mujeres embarazadas.

En los albergues, unos años atrás, Ximena Rojas empezó a conocer a otras personas voluntarias y se fueron organizando. En 2018 acabaron cofundando Refugee Health Alliance, organización detrás de la clínica donde atienden a mujeres como Edeleine o Marta. El local es un espacio cuadrado, de paredes blancas, con una fila de sillas gris claro al lado de la entrada, pegadas contra la pared. Colgadas hay fotos de bebés, un gráfico de las etapas de embarazo, imágenes de mujeres dando de mamar, dibujos hechos por niños y niñas…

Al fondo están las camillas donde auscultan a las embarazadas, separadas de las sillas de la entrada por estanterías llenas de diferentes medicinas, la mayoría chinas, como las que hay en la casa para partos de Playas de Tijuana.

Diferentes objetos que usan las parteras.

Esa es la parte de la clínica que pertenece al área de Justicia en Salud. Ahí está todo lo relacionado con salud reproductiva y embarazo. Hay dos áreas más, separadas por paredes. Está la parte médica, que es Resistencia en salud; y otra parte, muy importante, que es Dignidad en salud, donde hay regaderas [duchas] para que las personas que lo necesiten se metan a bañar y si no traen una muda de ropa, les disponen una. “Son tres cosas bien unidas. Cuando aquí hay algo que no sabemos, las mandamos para allá, y ellos cualquier embarazada con cualquier cosa, nos la mandan”. Lo cuenta Maritere Salazar sentada en el mostrador de cristal a la entrada de la clínica, y ese ejemplo práctico lo utiliza como muestra de lo que para ella es importante: que la partería tradicional esté integrada en los servicios de salud médicos, en los hospitales. No lo pide solo ella, es una reclamación bastante extendida en este sector de la partería. El 5 de mayo de 2021, Día Internacional de la Partera, en Ciudad de México se reunieron varios colectivos para compartir conocimientos y debatir los retos de esa profesión. Algo de lo que se habló allí tenía que ver con las dificultades que enfrenta la partería tradicional en centros de salud y clínicas, aunque también destacaron la necesidad de acceder a capacitación para que no se pierdan sus técnicas y pidieron que se cree una certificación oficial. Desde la Secretaría de Salud de México se anunció en septiembre de 2022 que estaban trabajando en una norma que refuerce la partería tradicional, pero todavía no ha habido nada más allá.

Sentada en la recepción de la clínica, Maritere Salazar también dice que hay días tranquilos, en los que atienden alrededor de 15 pacientes, y otros más frenéticos en los que ven a más de 45 mamás. Mujeres en tránsito, recién llegadas a la ciudad o que están esperando a que les acepten el asilo en Estados Unidos. Aunque la frontera por donde se cruza está a menos de diez minutos a pie de la clínica, para ellas a veces se aleja indefinidamente.

El uso patriarcal de la IA para seguir controlando a las mujeres

pikaramagazine.com

Andrew Gartzea

El terror sexual es una forma de disciplinamiento que sirve para regular el cuerpo y la conducta de las mujeres. De historias con moraleja como la de Caperucita Roja, a casos tan famosos como el de Jack el Destripador, o casos tan particulares como el de Alcàsser, cada relato nos dice lo mismo: Esto es lo que le pasa a una mujer que no obedece.

El internet y las nuevas conectividades nos abrieron otras formas de relacionarnos. Cambiaron cómo podíamos habitar la sociedad. Y para frenar esas posibilidades, se construyó un relato de terror sexual que sirviese para que las mujeres amoldasen sus cuerpos y coartasen sus libertad en el mundo digital. Todo para frenar el potencial emancipatorio.

Ante cualquier atisbo de libertad sexual o creativa, de mujeres que se salgan del guion escrito desde la mirada de la dominación masculina, la respuesta patriarcal dice al unísono: «Grok, ponla en bikini y conviértela en espectáculo».

Frente al avance de los feminismos, la reacción patriarcal en Internet busca preservar el statu quo machista a golpe de desnudo. Mientras ellas internalizan el miedo, a los chicos estos relatos los consolidan por una parte en su rol de protectores mientras por la otra les hace partícipes cómplices del poder que el sistema de dominación masculina ejerce sobre el cuerpo de las mujeres.

Las nuevas tecnologías han intensificado la violencia patriarcal, pero no inventaron una lógica nueva. Es la misma de siempre, sólo que ahora está amplificada por algoritmos. Un informe de la ONU lo confirma: entre el 16% y el 58% de las mujeres han sufrido violencia por el simple hecho de ser mujeres facilitada por la tecnología. Y lo peor es que esta violencia no solo está normalizada, sino que además tiene vínculos crecientes con la radicalización y las ideologías extremistas.

No nos callamos frente a los terrores sexuales. Frente al miedo como arma, los feminismos hacemos del entendimiento de este disciplinamiento y la resistencia colectiva nuestra mejor respuesta.