4/18/2026

Exigen justicia y rendición de cuentas para jóvenes y niñas víctimas del Caso Epstein

 

Hay que recordar que el 24 de diciembre del 2025, el Departamento de Justicia de los Estados Unidos informó sobre la existencia de más de un millón de documentos relacionados con el caso Jeffrey Epstein, por lo que, debido al volumen tardarían una semana más en terminar la divulgación; sin embargo, el primer lote expuso fotografías del presidente Donald Trump con el magnate, así como señalamientos en su contra por parte de testigos.

Esta información es crucial para revelar un caso de trata de personas con fines de explotación sexual que involucra a diversos hombres de la vida política del mundo.

Jeffrey Epstein, fue acusado de tráfico sexual en 2015; sin embargo este logró no hubiera sido posible sin la lucha de Virginia Louise Giuffre, quien no solo denunció al magnate, sino que describió su experiencia en sus memorias titulada «Nobody´s Girl» o «La chica de nadie» en español.

Virginia Giuffre, la mujer que reveló la red de tráfico sexual de Epstein y Donald Trump

Las expertas, nombradas por el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, lanzaron una advertencia general sobre la «violencia persistente de los sistemas de poder patriarcales» revelada por los «archivos de Epstein», que el Departamento de Justicia de Estados Unidos comenzó a hacer públicos a finales del año pasado.

Esta colección de documentos, fotografías, registros de vuelos y otros elementos relacionados con las investigaciones sobre las actividades de Jeffrey Epstein, financiero neoyorquino fallecido y acusado de haber creado esta red de trata de mujeres y niñas para su explotación sexual a nivel mundial, ha sido objeto de importantes debates jurídicos y políticos en los últimos meses, en Washington y más allá, afirmaron las expertas de la ONU.

«Estamos gravemente preocupadas por las alegaciones creíbles contenidas en los ‘documentos de Epstein’ sobre una trata sistemática de jóvenes y niñas con fines de explotación sexual, y pedimos una investigación completa y transparente», declararon la y los expertos

Señalaron que estas alegaciones implican a altos cargos políticos, personalidades públicas, diplomáticos, líderes empresariales de primer nivel y destacados académicos. Describen una trata generalizada de niñas y jóvenes a través de múltiples fronteras internacionales durante varias décadas.

Por lo que afirmaron que esta situación pone de relieve la discriminación y la violencia profundamente arraigadas inherentes a los sistemas de poder patriarcales, así como las deficiencias asociadas en materia de rendición de cuentas, subrayaron Siobhán Mullally, relatora especial sobre la trata de personas (en particular mujeres y niñas), y los cinco miembros del Grupo de Trabajo sobre la discriminación contra las mujeres y las niñas.

Una cultura de impunidad

Las y los expertos recordaron que la trata de niños y jóvenes constituye un delito penal grave, así como una flagrante violación de los derechos humanos. Asimismo, expresaron su profunda preocupación por la respuesta «totalmente inadecuada» de los gobiernos nacionales y las fuerzas del orden.

«La incapacidad para garantizar la rendición de cuentas perpetúa una cultura de impunidad que perjudica de manera desproporcionada a las mujeres y las niñas, y compromete la promesa de una protección igualitaria garantizada por el derecho internacional de los derechos humanos», señala el comunicado de los expertas independientes.

Además, la trata de niñas y niños con fines de explotación sexual destruye la infancia y tiene consecuencias devastadoras a largo plazo para las víctimas, afirmaron.

Recordaron a los gobiernos su obligación de prevenir la trata, proteger a las víctimas y garantizar el acceso a la justicia, así como la existencia de recursos efectivos, incluida la concesión de reparaciones.

Apoyo a las víctimas

«Las víctimas y las sobrevivientes deben estar en el centro de toda respuesta eficaz a la trata de seres humanos, una respuesta que sea a la vez sensible al trauma y respetuosa de la igualdad de género».

«Los Estados deben garantizar asistencia médica —incluidos servicios de salud sexual y reproductiva—, apoyo psicosocial, así como medidas de reinserción social y recuperación a largo plazo».

Mientras la atención mundial prestada a este caso comienza a desvanecerse, este grupo de expertas pidieron acciones concretas, el establecimiento de responsabilidades y la adopción de medidas urgentes para garantizar el acceso a la justicia, así como la concesión de reparaciones, garantías de no repetición y transparencia.

«Los Estados tienen la obligación de actuar, y esta obligación no ha hecho más que retrasarse», afirmaron.

Buscan castigar a quien use IA para alterar imágenes con fines sexuales

 

Aunque en los últimos años México ha generado avances en materia de violencia sexual digital como la implementación de la Ley Olimpia en 2020 para sancionar la difusión de contenido íntimo sin consentimiento, existen otras formas en que la violencia digital ha alcanzado a las mujeres y una de ellas es la alteración de sus fotografías con inteligencia artificial que la legislación mexicana aún no la contempla.

Es necesario recordar que en marzo y debido al marco del Día Internacional de la Mujer, el Gobierno de México firmó un acuerdo de colaboración para prevenir y atender la violencia digital en el espacio virtual con plataformas y redes sociales de Google, Meta y TikTok; sin embargo, la plataforma X quedó fuera del acuerdo.

Esta iniciativa responde al contexto actual. De acuerdo con la Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares 2021 del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), el 14.3% de las mujeres entre 15 y 24 años de edad han sufrido violencia digital. Otros datos alarmantes señalan que en México de 44 millones de mujeres que usan internet, al menos 9.8 millones fue víctima de ciberacoso, de acuerdo con el Módulo sobre Ciberacoso del mismo INEGI.

La iniciativa de la diputada Irma Juan Carlos busca reformar el Artículo 199° del Código Penal Federal, el cual describe una pena de cuatro a ocho años de prisión a quien utilice medios de radiodifusión, telecomunicaciones, informáticos u otro medio de transmisión de datos para contactar a una persona menor de 18 años de edad para pedirle imágenes sexuales explícitas, actos de connotación sexual o solicite un encuentro sexual.

Con la propuesta de la diputada morenista, se adicionaría que las mismas penas sean impuestas para quienes manipulen imágenes de forma digital usando inteligencia artificial para hacerlas parecer desnudas, involucradas en actividades sexuales explícitas o las distribuya, comercialice o almacene.

CIMAC Foto

Otra iniciativa

Esta no es la primera iniciativa de ley que busca sancionar el uso de la inteligencia artificial para este tipo de delitos.

En 2025, las senadoras Cora Pinedo Alonso, Martha Márquez y el senador Joel Padilla, la senadora del PT, Geovanna Bañuelos, propusieron adicionar el Capítulo III al Título Séptimo Bis denominado “Violación a la Intimidad Sexual mediante Inteligencia Artificial” al Código Penal Federal.

Su propuesta buscaba establecer en la ley que se sancionaría por violación a la intimidad sexual mediante inteligencia artificial, a quien videograbe, audiograbe o fotografíe a una persona sin su consentimiento, autorización o aprobación y modifique los archivos para elaborar material pornográfico a través de aplicaciones de inteligencia artificial para posteriormente divulgarlos, compartirlos, distribuirlos o publicarlos sin el consentimiento, aprobación o autorización de la persona afectada.

De igual manera, a quien sustraiga a través de las redes sociales, dispositivos móviles y electrónicos o cualquier otro medio, videograbaciones, audios o fotografías y las modifique para elaborar material pornográfico en imágenes, videos o audios, mediante aplicaciones de inteligencia artificial para posteriormente divulgarlos, compartirlos, distribuirlos o publicarlos sin el consentimiento, aprobación o autorización.

La iniciativa de los legisladores petistas plantea una pena de 5 a 9 años de prisión y de 600 a mil 200 días multa por este tipo de conductas, además de duplicar la pena si la víctima es menor de dieciocho años de edad o de personas que no tienen capacidad para comprender el significado del hecho o para resistirlo.

Casos de violencia contra mujeres con IA

Ante la falta de un marco jurídico, se han presentado diversos casos por el uso de tecnologías digitales que atentan contra la privacidad y dignidad de las personas, particularmente de mujeres y menores de edad. Una de ellas es la inteligencia artificial, de la cual su uso despegó en los últimos años, pues usuarias y usuarios de internet ya tienen a su alcance diferentes herramientas de edición o aplicaciones de IA que de forma automática obedecen a instrucciones sin considerar la violencia de género.

Contenidos como los «deepfake porn«, es decir, videos pornográficos modificados usan tecnología con la que se cambian los rostros de las personas y luego las llegan a compartir en redes sociales. Antes, para hacer este tipo de contenidos se necesitaban diferentes conocimientos técnicos, pero ahora basta con darle instrucciones a una inteligencia artificial para hacerlo posible.

CIMAC Foto

Tan solo este 2026, la red social X fue denunciada por diversas mujeres usuarias, ya que su inteligencia artificial de nombre Grok fue utilizada para generar imágenes sexuales explícitas de ellas, pero también de niñas y menores de edad. El movimiento de mujeres logró viralizar el caso y la empresa emitió un comunicado anunciando nuevas restricciones para limitar la modificación de este tipo de contenido y afirmó haber presentado una denuncia ante las autoridades contra quienes generaron esos contenidos.

Cimacnoticias ya había conversado con Paulina Zepeda, integrante del movimiento Ley Olimpia y de las Defensoras Digitales, quien compartió que este tipo de medidas no se traducen a una protección real para las mujeres, ya que las mismas empresas son quienes desarrollan y arrojan inteligencias artificiales sin tener acciones reales orientados a prevenir la violencia contra las mujeres y enfocándose en la mercantilización de los cuerpos femeninos.

Otros casos sin precedentes en México fue la difusión de fotografías de alumnas de la Escuela Superior de Comercio y Administración, (ESCA) del Instituto Politécnico Nacional (IPN) en la Ciudad de México, luego de que Diego N. fue identificado en flagrancia, por vender deepfakes sexuales elaborados sin consentimiento mediante inteligencia artificial y distribuidos en Telegram.

A pesar de que en su tableta electrónica se encontraron 20 mil videos y 166 imágenes obtenidos ilegalmente o a través de redes sociales, fue absuelto en dos de las ocho denuncias que había en su contra. El juez determinó que no se podría comprobar que el dispositivo electrónico le perteneciera al estudiante. En mayo de 2025, fue sentenciado por «pornografía infantil» por a otra denuncia separada que implicó a una menor de edad.

Crédito: Paulina Zepeda

En este 2026 ocurrió otro caso similar en Zacatecas, donde mujeres de la entidad denunciaron la existencia de grupos de Telegram y WhatsApp integrados por más de 2 mil hombres que utilizaban estos canales para intercambiar imágenes íntimas de mujeres zacatecanas sin su consentimiento. Tanto las víctimas como colectivas feministas se manifestaron para exigir justicia.

Ante este panorama, la diputada Irma Juan Carlos explicó que es necesario actualizar el Código Penal Federal para incorporar disposiciones que sancionen de forma específica a quienes manipulen imágenes de personas con fines sexuales, ya que el marco jurídico vigente es «insuficiente» ante todas las formas de violencia facilitadas por las tecnologías emergentes como la inteligencia artificial.

Para la diputada, su propuesta busca cerrar la normativa al equiparar la penalidad del delito con sanciones establecidas para quienes soliciten o distribuyan contenidos sexual explícito de menores de edad o personas vulnerables.

«Esta reforma es necesaria para garantizar que el orden jurídico responda adecuadamente a las realidades actuales, envíe un mensaje claro de rechazo a estas prácticas y proporcione justicia a las víctimas» -Irma Juan Carlos, diputada por MORENA.

Sobrevivientes de Caso Atenco, denuncian impunidad en audiencia ante la Corte IDH

 

A casi 20 años de los actos de tortura sexual en el caso Mujeres de Atenco, las sobrevivientes denunciaron la indolencia del Estado en su renuencia por cumplir con las medidas ordenadas por la Corte Interamericana. 

  • El “Tiempo de mujeres” solo arriba cuando se combate la impunidad y se erradican todas las formas de violencia contra las mujeres, incluída la tortura sexual.

Ciudad de México.- A casi 20 años de los hechos de represión el 3 y 4 de mayo del 2006, que derivó en detenciones arbitrarias, tortura y tortura sexual en Atenco, y tras 8 años de que la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) emitiera su sentencia en el caso Mujeres Víctimas de Tortura Sexual en Atenco Vs. México, las sobrevivientes participaron en una audiencia virtual de supervisión de cumplimiento y denunciaron que prevalece la impunidad en el caso, indolencia en su garantía de acceso a la atención médica, psicológica, así como una inadecuada implementación de garantías de no repetición.

En un comunicado emitido por las sobrevivientes señalaron que esta situación habilita la prevalencia de la práctica de la tortura sexual y otras violaciones graves a derechos humanos.

A casi 20 años de los hechos de represión en San Salvador Atenco, en el estado de México, donde se cometieron graves violaciones a Derechos Humanos contra mujeres de esa comunidad, al ser sometidas a tortura sexual por parte de agentes de seguridad estatal y federal el caso se mantiene en impunidad y al agotar todas las instancias legales en el país, las sobrevivientes buscaron al Sistema Interamericano para buscar verdad y justicia.

Los hechos

En 2006, San Salvador Atenco fue el escenario de la lucha del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra, quienes se oponían a la expropiación de sus tierras para la construcción del Aeropuerto de la Ciudad de México en Texcoco. El conflicto escaló.

Fue el 3 de mayo cuando inició una disputa entre vendedores de flores de San Salvador Atenco y policías municipales. El conflicto escaló hasta la ejecución de un operativo conformado por mil 815 policías estatales y 628 elementos de la Policía Federal Preventiva (PFP), quienes enviados por el entonces gobernador, Enrique Peña Nieto, buscaban ponerle fin al movimiento de protesta. Durante el operativo se detuvieron arbitrariamente a más de 200 personas.

De las mujeres aprehendidas declararon haber sido torturadas sexualmente por parte de elementos policiales al momento de su detención y traslado; 11 de ellas iniciaron un proceso ante el Sistema Interamericano que concluyó con la sentencia emitida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos el 28 de noviembre de 2018.

El caso de Atenco, consolida a México como un país que tortura mujeres privadas de su libertad, a través de agentes del Estado.

El gobierno federal, a través de la Secretaría de Gobernación (Segob), dio a conocer el Diagnóstico Nacional sobre Tortura Sexual Cometido contra Mujeres Privadas de Libertad en México. A partir de las mil 280 entrevistas realizadas en el estudio a mujeres privadas de la libertad en 66 penales del país, el documento revela que siete de cada 10 mujeres fueron víctimas de violencia en algún momento de su proceso judicial.

Se debe recalcar que este Diagnóstico forma parte del resolutivo emitido por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en su sentencia emitida el 28 de noviembre de 2018 contra el Estado mexicano por las 11 mujeres sobrevivientes víctimas de tortura sexual en el caso de San Salvador Atenco, estado de México.

En este diagnóstico se informó que 7 de cada 10 mujeres vivieron algún tipo de violencia, incluida la tortura sexual en diferentes etapas de su proceso: ya sea en su arresto, traslado, puesta a disposición ante el ministerio público, arraigo, estancia en centro de reclusión o la etapa de juicio.

La audiencia ante la Corte

La audiencia fue convocada por el Tribunal Interamericano para escuchar de las víctimas, sus representantes y el Estado mexicano para conocer cuál es el nivel de cumplimiento de las medidas ordenadas como reparación.

Como señalaron las mujeres, acompañadas por el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh) y el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL), persisten omisiones y obstáculos para la implementación de las reparaciones, adicionalmente existe falta de coordinación entre las instituciones responsables de cumplir con la sentencia, particularmente entre la Fiscalía General de la República (FGR), la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) y la Secretaría de Gobernación (SEGOB), así como la falta de colaboración de la Guardia Nacional.

Recordaron que si bien en 2019 se instaló una mesa de alto nivel para cumplir con el fallo, esta no se sostuvo en el tiempo. 

A detalle sobre las medidas incumplidas, las mujeres expusieron ante las juezas y jueces que a la fecha no ha habido avances en la investigación a cargo de la Fiscalía Especial para los Delitos de Violencia contra las Mujeres y Trata de Personas (FEVIMTRA).

Las sobrevivientes tuvieron que interponer acciones legales frente a la fragmentación de las investigaciones en el fuero local y federal, sin que a la par la fiscalía federal generara un plan de investigación integral que abordara el operativo en su conjunto e investigara la cadena de mando, por lo que la impunidad estructural persiste.

Además, resaltaron las omisiones de la FEVIMTRA en garantizarles su derecho a participar y ser informadas sobre la investigación, que se suman a su actuación deficiente al presentar en reiteradas ocasiones solicitudes de órdenes de aprehensión con múltiples falencias y que no atienden el marco fáctico constatado por la Corte IDH, al no incluir la responsabilidad de mandos superiores. 

«El Estado no ha cumplido con su responsabilidad de investigar y juzgar a los responsables y el caso permanece en impunidad. Nunca nos ha presentado un plan de investigación pese a que lo hemos solicitado de manera reiterada. No ha garantizado la información y nuestro derecho a coadyuvar. Las acusaciones por la Fevimtra presentan errores, los cuales hemos señalado. Ustedes escucharán supuestos avances, pero esto no es así. Es importante que haga una resolución que tome en cuenta las exigencias y se marque el camino a seguir para su cumplimento”, expresó Edith Rosales, una de las mujeres sobrevivientes, durante su intervención. 

Las sobrevivientes también evidenciaron la indolencia y negligencia que han tenido que enfrentar para recibir un tratamiento médico y psicológico a cargo de la CEAV, apuntando múltiples eventos de revictimización, especialmente por la falta de coordinación interinstitucional, el acceso oportuno a medicamentos y complejidades en los procesos administrativos, que no ponen al centro las necesidades de las víctimas sino de las instituciones, generando una carga para ellas, y que cuestionan la verdadera garantía de un servicio prioritario y gratuito, como fue ordenado por el Tribunal regional.

“Al recibir la sentencia de la Corte estábamos convencidas que sería una oportunidad para abrir un camino de justicia no sólo para nosotras, sino para otras mujeres que permanecen en prisión, sin acceso a acompañamiento, justicia o atención médica y psicológica (…). El Estado ha tenido 20 años para esclarecer lo ocurrido, determinar responsabilidades, generar mecanismos para evitar la repetición de los hechos a múltiples escalas (…). Después de 20 años seguimos pidiendo algo que debería ser una certeza para todas las mujeres: seguridad, un trato digno y una vida libre de violencia para todas las mujeres”, añadió Norma Jiménez durante la audiencia virtual. 

En cuanto a las garantías de no repetición, las mujeres y las organizaciones acompañantes expusieron que si bien se han registrado acciones en torno al mecanismo de Seguimiento a Casos de Tortura Sexual, el mismo no ha logrado modelos de actuación para el seguimiento y atención a los casos que se le presentan.

Se destacó que la próxima emisión de un segundo Diagnóstico Nacional sobre Tortura Sexual en el país será de la mayor relevancia para conocer más sobre la persistencia de la práctica y las acciones de las instituciones respecto de la misma.

Los feminismos populares contra la guerra neocolonial en América Latina

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Por Carmen Navas Reyes, Maisa Bascuas, Pilar Troya Fernández. Tricontinental. Resumen Latinoamericano, 09 de abril de 2026

El imperialismo sabe que, para destruir una nación, debe destruir la voluntad de quienes sostienen el tejido social. En la guerra híbrida, la mujer no es una víctima pasiva, sino una combatiente que reorganiza la voluntad colectiva en cada comuna y en cada territorio.

Nosotras y nosotros rendimos homenaje a las mujeres antiimperialistas de nuestro continente. Ellas, con sus cuerpos-territorios, su intelecto y ejemplos, escriben hoy las páginas más dignas de la historia contemporánea de Nuestra América.

Atravesamos una etapa marcada por la agresión Trump —una profundización de la guerra híbrida— y una guerra neocolonial que se despliega mediante la impunidad financiera y el extractivismo voraz. El avance de las ultraderechas en la región no es casual; busca imponer un modelo de despojo donde el peso de la deuda asfixie la soberanía de los pueblos. Ante la resistencia a la invasión directa y la guerra silenciosa de las Medidas Coercitivas Unilaterales (MCU) contra Cuba y Venezuela, el feminismo popular emerge no solo como protesta, sino como la columna vertebral de la supervivencia y la dignidad.

Mujeres ante el Monumento a las Heroinas de la Resistencia y la Independencia. Caracas, 2025. (Prensa MinMujer).

Las 3 lecciones de la agresión Trump y la guerra neocolonial en América Latina

    La historia reciente de Nuestra América, marcada por la sombra de la doctrina Monroe y su actualización bajo el “Corolario Trump” —que persiste como lógica de Estado en Washington—, nos deja tres lecciones fundamentales sobre la naturaleza de la guerra actual contra la soberanía.

    1. El cuerpo de la mujer como primer territorio de defensa

    El ataque del pasado 3 de enero contra Venezuela no fue solo una incursión militar; fue una afrenta a la dignidad de un pueblo que ha decidido ser libre. En esa jornada, 12 mujeres entregaron su vida en combate. Nueve de ellas eran soldadas, integrantes de la Guardia de Honor Presidencial.

    El imperialismo entiende que, para quebrar a una nación, debe quebrar la voluntad de quienes sostienen el tejido social. En la guerra híbrida, la mujer no es una víctima pasiva, sino un cuadro combatiente que reorganiza la voluntad en cada comuna y en cada territorio.

    Esta lección se hermana con la siembra de Berta Cáceres en Honduras. Hace una década, la élite extractivista creyó que al asesinar a Berta apagaría la voz del pueblo Lenca. No comprendieron que su cuerpo, al igual que el de las milicianas y comuneras venezolanas, representa la resistencia contra las represas y el capital transnacional.

    La detención ilegal de la luchadora social Cilia Flores es un intento más de secuestrar este símbolo de dignidad y resistencia política. Detenida ilegalmente en Estados Unidos, Cilia Flores es una reconocida luchadora social y política. Ella fue abogada de los oficiales que se rebelaron durante las insurrecciones militares de 1992, entre ellos el comandante Hugo Chávez. Este día, las mujeres del mundo pedimos su liberación y retorno a Venezuela.

    1. La economía de la resistencia es femenina

    En Cuba, la “guerra silenciosa” de las MCU ha tomado la forma de un asedio energético sin precedentes. Al impedir la llegada de combustible, Washington busca transformar la vida cotidiana en un infierno de carestías. Sin embargo, en la isla, la resistencia tiene rostro de mujer. Son ellas quienes, mediante la organización popular y los vínculos comunitarios, inventan soluciones diarias para sostener la vida frente al bloqueo.

    Esta economía de la resistencia no busca el lucro, sino la reproducción de la vida. Mientras el sistema financiero internacional utiliza la deuda para disciplinar a las naciones, las mujeres cubanas y venezolanas oponen una economía de cuidados colectivizados. En Venezuela, el 80% de los liderazgos de las comunas y consejos comunales son mujeres. Ellas deciden, planifican y ejecutan los proyectos que mantienen a flote la estructura social bajo el bloqueo. La lección es clara: el socialismo en Nuestra América sobrevive porque las mujeres han transformado el ámbito de lo privado en un espacio de gestión política y resistencia económica frente a la agresión imperialista.

    1. La solidaridad y la paz como diplomacia de los pueblos

    La reciente acción del gobierno de Claudia Sheinbaum en México, enviando buques con 1.200 toneladas de ayuda a Cuba, rompe con la lógica de la sumisión financiera. La “sororidad” no es solo un concepto interpersonal, sino una categoría política internacional.

    Lo vemos también en la movilización de las organizaciones populares que, desafiando presiones externas, coordinan el envío de ayuda y el apoyo mutuo entre naciones asediadas. El 21 de marzo vio el arribo del Convoy Nuestra América, organizado por diversos movimientos y organizaciones populares. Esta solidaridad popular es la que permite que Cuba resista y que Venezuela profundice su modelo comunal.

    Cuando México desafía las presiones de Washington para asistir a la isla y cuando las mujeres se auto convocan en brigadas feministas como Brigada Internacionalista por la Paz Cilia Flores, se está practicando un feminismo que prioriza la vida de las familias y las comunidades por sobre los dictámenes del capital transnacional. La solidaridad es la ternura —y la estrategia— de los pueblos.

    Gabriela Barraza (Argentina), Viviremos y venceremos, 2021. Disponível em eltricontinenal.org.

    Las 3 tareas a las que nos convocan los feminismos populares

      El diagnóstico no basta; la coyuntura exige una hoja de ruta que blinde los procesos populares contra la reacción patriarcal y extractivista.

      1. Institucionalizar la gestión comunal de poder popular

      En Venezuela, cerca del 80% de los liderazgos en los consejos comunales son ejercidos por mujeres. Ellas son las voceras de calle, las que planifican proyectos y ejecutan el presupuesto soberano. Frente al avance de la ultraderecha, la respuesta es más poder popular. La tarea urgente es fortalecer la Consulta Popular Nacional y el modelo de comunas. Es allí donde el feminismo popular hace gestión y responde a la ofensiva imperialista.

      Debemos asegurar que los recursos del territorio sean gestionados por quienes los habitan y defienden, cerrando el paso a la impunidad de las milicias (en Brasil, grupos armados parapoliciales y paramilitares) y las estructuras ilegales de poder como las que intentaron silenciar a Marielle Franco en Brasil.

      1. Desmantelar la impunidad del extractivismo neocolonial

      No podemos avanzar hacia el futuro sin cerrar las heridas de la impunidad. Las historias de Berta Cáceres en Honduras y Marielle Franco en Brasil son faros, pero también recordatorios de la ferocidad del capital.

      • Justicia para Berta: A diez años de su asesinato, la tarea es desmantelar el modelo extractivista que asesina a quienes defienden los bienes comunes. El castigo a los autores intelectuales del asesinato de Berta es una deuda pendiente de toda la región contra las transnacionales.
      • Justicia para Marielle: La reciente condena de los hermanos Brazão en Brasil es una victoria contra las milicias y el poder paraestatal. La tarea es erradicar las estructuras de violencia política que dañan los tejidos populares e  intentan silenciar a las mujeres negras, faveladas y disidentes que ocupan espacios de poder.

      Berta y Marielle nos enseñaron que defender el territorio indígena, campesino, afro y defender la vida en las ciudades es la misma lucha. Sus nombres son banderas que alimentan nuestra resistencia diaria contra el patriarcado, el colonialismo, el racismo y el capitalismo.

      1. Empujar la reforma agraria popular y la soberanía alimentaria

      Como nos enseñan las compañeras campesinas del Movimiento Sin Tierra, una tarea urgente para el feminismo popular es la defensa de la tierra. La reforma agraria popular es el derecho de las mujeres a decidir sobre la producción y la semilla frente al agronegocio extractivo. Para las mujeres, la tierra es el espacio de reproducción de la cultura y la vida. Sin soberanía alimentaria, la soberanía nacional está incompleta. Debemos fortalecer los lazos entre las campesinas y las trabajadoras urbanas para garantizar que el alimento sea un derecho y no una mercancía de la deuda.

      Mensaje de Berta Cáceres

        Para las mujeres de Nuestra América, la lucha es por la vida misma. Berta Cáceres, guardiana de los ríos y de la dignidad de los pueblos, nos dejó un mandato que sacude la conciencia de todo el continente:

        ¡Despertemos, humanidad! Ya no hay tiempo. Nuestras conciencias serán sacudidas por el hecho de estar contemplando la autodestrucción basada en el capitalismo, el racismo y el patriarcado. En nuestras cosmovisiones somos seres surgidos de la tierra, el agua y el maíz. De los ríos somos custodios ancestrales… ¡Demos la vida, si es necesario, por la defensa de la humanidad y del planeta!

        Este grito de Berta es nuestra brújula. Ante la agresión neocolonial, nuestra respuesta es la unidad, la custodia de nuestra tierra y la rebeldía inquebrantable.

        ¡Vivan las mujeres que luchan! ¡Viva Nuestra América libre y soberana! ¡Venceremos!

        Saludos a todas y todos,

        Carmen Navas, Maisa Bascuas y Pilar Troya.

        Carmen Navas es politóloga venezolana e investigadora de la Oficina Nuestra América del Instituto Tricontinental de Investigación Social. Maisa Bascuas es politóloga argentina, profesora e investigadora de la Universidad de Buenos Aires; Pilar Troya es investigadora y militante feminista ecuatoriana y ha trabajado sobre políticas públicas de igualdad y el movimiento de mujeres; ambas son coordinadoras del Departamento de Feminismos del Sur Global del Instituto Tricontinental de Investigación Social.

        Fuente: Instituto Tricontinental de Investigación Social

        Políticas antimujer en EE.UU: el laboratorio reaccionario que deberíamos vigilar

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        Por Miren Gutierrez. Rebelión_Resumen Latinoamericano 14 de abril 2026.

        Las salidas de tono de Donald Trump se viralizan rápidamente, como ocurrió cuando llamó piggy (“cerdita”) a una periodista que le preguntaba sobre sus relaciones con Jeffrey Epstein. Después insultó a otra reportera.

        Estos dos episodios dieron la vuelta al mundo. Y es normal que así fuera porque no se trata de anécdotas aisladas, sino de una estrategia que usa la misoginia para silenciar la crítica.

        Ponemos mucha atención a lo escandaloso –que lo es–, pero menos en los profundos cambios que se despliegan silenciosamente en EE. UU. contra el bienestar de las mujeres como parte de una ofensiva autoritaria y patriarcal.

        El aumento de la mortalidad materno-infantil

        En primer lugar, el cierre de los servicios de salud reproductiva ha provocado un aumento de la mortalidad materna e infantil en los estados que han impuesto prohibiciones; la evidencia demuestra que las restricciones tienen un impacto directo en la vida y la salud de las madres

        En 2022, con la anulación de la sentencia Roe vs. Wade –que reconocía el derecho constitucional al aborto en 1973–, la Corte Suprema de EE. UU. eliminó la protección constitucional del derecho al aborto, dejando a cada estado la facultad de prohibirlo. Desde entonces, una docena de estados han impuesto vetos casi totales, lo que ha llevado al cierre de clínicas de aborto y a la desaparición de servicios de salud reproductiva en amplias regiones del país.

        Estos cierres no solo afectan el acceso al aborto, sino también a la atención prenatal, la anticoncepción, la detección de cáncer y el manejo de complicaciones del embarazo.

        Un análisis del Gender Equity Policy Institute muestra que las mujeres que viven en estados con prohibición tienen casi el doble de riesgo de morir durante el embarazo, el parto o en el posparto que las que residen en estados donde el aborto es legal.

        Texas, que implementó una prohibición casi total, ofrece un ejemplo extremo. En el primer año bajo la aplicación de esta medida, la mortalidad materna aumentó un 56 %, con disparidades raciales profundas: las mujeres negras tuvieron una tasa de mortalidad materna 2,5 veces mayor que la de las blancas.

        Esto viene acompañado de un aumento de la mortalidad infantil. En Texas, las muertes de niños o niñas crecieron un 13 % en el año posterior a la prohibición, con un aumento de los fallecimientos atribuibles a anomalías congénitas graves, lo que sugiere que muchos embarazos que antes se interrumpían por razones médicas ahora se llevan a término, con consecuencias fatales.

        Deterioro de la esperanza de vida

        Las desigualdades en el acceso a la salud han tenido un impacto en la expectativa de vida de las mujeres negras, especialmente en estados del sur, rurales y segregados, donde la precariedad sanitaria se solapa con el racismo estructural.

        Aunque diversos análisis muestran que la esperanza de vida de la población negra ha sido sistemáticamente inferior a la de la población blanca, las mejoras en este área se han estancado.

        Cuando se observa la situación de las mujeres negras en condados rurales y estados históricamente segregados, varios estudios muestran que su esperanza de vida media está en un rango de 72,5 a 74,9 años, por debajo de los más de 80 años que alcanzan en promedio la población femenina blanca.

        Organizaciones como Black Women’s Health Imperative han documentado cómo la combinación de sesgo racial en la atención, falta de seguro médico, mayores tasas de enfermedades crónicas y barreras para desplazarse para recibir atención se traducen en más muertes evitables y una reducción de años de vida.

        Análisis como los del National Partnership for Women & Families documentan cómo las sucesivas administraciones de Trump han impulsado un desmantelamiento de programas orientados a promover la igualdad. Por ejemplo, la eliminación de programas de apoyo a la conciliación ha echado a cientos de miles de mujeres fuera del mercado de trabajo o hacia empleos más precarios, revirtiendo avances logrados en materia de protección frente a la discriminación en el trabajo.

        Un eje central de este retroceso ha sido la eliminación o vaciamiento de programas federales de equidad de género. La reinterpretación de normas como la Orden Ejecutiva 11246 –que obligaba a los contratistas federales a aplicar programas de acción afirmativa–, junto con órdenes que paralizan las actividades de promoción de la igualdad, han supuesto la eliminación de mecanismos que promovían la contratación de mujeres y minorías en sectores estratégicos.

        La calidad de vida de las familias de bajos ingresos –entre ellas, un elevado porcentaje de mujeres solas– se ha visto afectada por recortes de subvenciones destinadas a cumplir la Fair Housing Act –Ley de Vivivenda Justa–Investigaciones periodísticas muestran que la Casa Blanca ha ordenado la cancelación de las ayudas que el Departamento de Vivienda destinaba a organizaciones sin ánimo de lucro encargadas de investigar denuncias de discriminación en alquileres e hipotecas. La reducción de esta financiación deja a muchas comunidades sin defensa frente a desalojos injustos, cláusulas abusivas o discriminación por género, raza y discapacidad.

        Otras áreas de retroceso

        También se han reducido los fondos a programas de apoyo a las víctimas de violencia de género y trata. Un informe del Brennan Center for Justice detalla que se han cancelado cientos de millones de dólares en subvenciones, incluyendo programas que proporcionan servicios a las afectadas.

        A su vez, un análisis del Council on Criminal Justice describe cómo estos recortes afectan así mismo la formación de enfermeras forenses que atienden a víctimas de violencia sexual.

        Los recortes se combinan con cambios normativos y más condiciones para otorgar ayudas. La revista The New Republic documenta cómo se imponen nuevas normas a las beneficiarias de fondos federales, prohibiendo destinar recursos a programas que aborden la violencia como problema estructural.

        En paralelo, se han impulsado medidas que restringen el derecho al voto. El Brennan Center for Justice, que monitorea la legislación electoral, advierte de que varias iniciativas buscan imponer requisitos más estrictos de prueba de ciudadanía y documentación de identidad, lo que privaría del voto a millones de electores que no disponen de pasaporte o certificado de nacimiento actualizado.

        Estas exigencias podrían tener un impacto sobre las mujeres que han cambiado de apellido tras el matrimonio o el divorcio, pues muchas no tienen documentos que coincidan con su nombre legal actual: se estima que hasta 69 millones de mujeres están en esta situación.

        Organizaciones como la NAACP Legal Defense Fund y la ACLU –Unión Americana de Libertades Civiles– han llevado a los tribunales disposiciones administrativas que intentaban introducir requisitos adicionales de prueba de ciudadanía.

        Estos cambios se suman a la reducción de oficinas, horarios y recursos para el voto anticipado o por correo, lo que dificulta el acceso al voto de quienes enfrentan más barreras de tiempo, movilidad y cuidado –como mujeres cuidadoras o trabajadoras con varios empleos–, y se inscriben en una tendencia más amplia de debilitamiento del legado de la Voting Rights Act.

        La experiencia estadounidense demuestra que las políticas regresivas tienden a perjudicar a los sectores más vulnerables, especialmente a las mujeres de bajos ingresos.

        El daño cerebral del maltrato

         Por Esmeralda R. Vaquero 

        Fuentes: Pikara magazine [Ilustración de Deagreez (iStock)]

        El estudio ‘Neuropsicología de la violencia de género’, elaborado por varias profesionales de la Universidad de Granada, muestra de forma científica las secuelas de la violencia machista y puede abrir caminos para su abordaje.

        Profesionales de la Universidad de Granada han realizado una investigación para aplicar la Neurociencia y la Neuropsicología Clínica en la lucha contra la violencia machista, evaluando las secuelas cerebrales de esta la violencia. La publicación ‘Neuropsicología de la violencia de género’, de 2023, analiza de forma muy completa las alteraciones cerebrales y neuropsicológicas que sufren las mujeres y niñas y niños supervivientes, campo en el que apenas se ha profundizado, pese al aumento de la visibilización de la violencia machista en los últimos años. “La violencia ejercida contra las mujeres por parte de su pareja o expareja (…) constituye un grave problema de salud pública en nuestra sociedad, ocasionando un mayor riesgo de sufrir importantes problemas de salud en las mujeres que la sufren”, apunta el estudio, firmado por Natalia Hidalgo-RuzzanteJulia C. DaughertyNatalia Bueso-Izquierdo, Inmaculada Teva ÁlvarezJuan Verdejo-Román y Miguel Pérez-García.

        La violencia física en mujeres supervivientes se relaciona con múltiples alteraciones neuropsicológicas

        La evidencia científica muestra que los cerebros expuestos a violencia resultan alterados, a pesar de que no la reciban de forma directa y ‘solo’ la presencien. Muchas mujeres supervivientes han sufrido traumatismos craneoencefálicos, es decir, golpes en el cráneo. “Casi el 80 por ciento de las lesiones encontradas en mujeres víctimas y supervivientes que acuden a urgencias debido a la violencia de género se presentan en la cabeza, cara o cuello. A pesar de la escasa literatura, se sabe que estas agresiones pueden ocasionar diversos síntomas post-conmocionales, como son dolores de cabeza, mareos, problemas de concentración, insomnio, impaciencia y pérdida de memoria”, recoge el estudio. La documentación científica demuestra que la violencia física en mujeres supervivientes se relaciona con múltiples alteraciones neuropsicológicas que afectan a la atención y concentración, velocidad de procesamiento motor y fluidez, entre otras. La falta de investigación se debe, en parte, a las particularidades de la violencia machista: “Algunas mujeres pueden sentir desconfianza a la hora de informar sobre los daños sufridos, debido al estigma existente sobre las víctimas y a los sentimientos de miedo y vergüenza”. Otras no lo cuentan si no han sido explícitamente preguntadas, a veces porque tienen miedo de las consecuencias que les supondría si su pareja se enterara. “Solo entre el 17 y el 21 por ciento de las mujeres que ha sufrido un traumatismo debido a la violencia ejercida por parte de la pareja busca ayuda médica”, recoge también el estudio, que arrancó en 2009. Dolor de cabeza, problemas de concentración, mareos, insomnio, pérdida de memoria o irritabilidad son secuelas frecuentes de los traumatismos craneoencefálicos.

        También los estrangulamientos, que sufren más del 50 por ciento de las mujeres víctimas de violencia de género, tienen un apartado destacado en el estudio. Además de aumentar el riesgo de muerte por situar a la víctima al límite de ser capaz de respirar, esta acción violenta desemboca en múltiples consecuencias psicológicas asociadas, como el miedo a ser matada, depresión, estrés postraumático o ideación suicida.

        El llamado trastorno de estrés postraumático (TEPT, o trauma) es la etiqueta diagnóstica más frecuente en mujeres supervivientes, desde el punto de vista psicológico. Lo desarrollan una media de un 64 por ciento de ellas, pero los estudios al respecto son escasos. La repetición es un factor clave en las consecuencias neuropsicológicas del maltrato, ya que sufrir traumatismos durante años, además de padecer eventos emocionalmente impactantes en largos períodos de tiempo y por parte de alguien emocionalmente cercano a la víctima, son condiciones relevantes que precisan de nuevas denominaciones. De ahí que desde 2008 se haya habilitado el nombre trastorno por estrés traumático complejo (o trauma complejo), que incluye los síntomas principales del trauma (re-experimentación del trauma, evitar los recuerdos traumáticos y un sentimiento persistente de amenaza) así como un conjunto adicional de síntomas llamados de alteración en la auto-organización (desregulación afectiva, autoconcepto negativo y alteraciones en las relaciones), cuenta la investigación.

        “La exposición crónica al estrés se ha relacionado con alteraciones cerebrales, cognitivas y psicopatológicas”, explica el estudio. Y continúa: “Hasta el momento, los estudios han mostrado que existen unos elevados niveles de cortisol en mujeres supervivientes que desarrollan trastorno de estrés postraumático (TEPT) y/o depresión. Sin embargo, otros estudios recientes han mostrado que la severidad de la violencia sufrida se relaciona con elevados niveles de cortisol, después de controlar los efectos de la depresión y del TEPT”. Además del trauma, diversos trabajos han demostrado que la ansiedad crónica y la depresión contribuyen a explicar las alteraciones neuropsicológicas en mujeres supervivientes. EL trastorno de estrés postraumático se concreta en problemas en la atención, funciones ejecutivas (como planificar, organizar, tomar decisiones, control de impulsos), memoria y otros procesos del sistema nervioso.

        Por otra parte, la depresión y la ansiedad también son problemas de salud mental frecuentes en mujeres supervivientes. Dificultades para identificar las propias emociones, disminución de la autoestima, afectación del sueño y la alimentación (anorexia, bulimia), problemas con el consumo de alcohol, miedo generalizado, irritabilidad o trastornos emocionales producidos por el bloqueo se asocian con sufrir violencia de género.

        Infancia

        La Ley Orgánica 8/2015 reconoce a las niñas y los niños como víctimas directas, ya que sufren las consecuencias de la violencia, algo que se aborda en el estudio. “Además de las mujeres, sus hijos e hijas también se exponen a la violencia de género, ya sea directamente, siendo víctimas de maltrato físico, presiones, insultos y/o vejaciones; al estar presente en la comisión de la violencia; u observando las consecuencias en sus madres, lesiones o daños de la propiedad (la vivienda). Además, los hijos e hijas de mujeres asesinadas por su pareja sufren otro tipo de victimización tras estos asesinatos: pierden a su madre en circunstancias brutales, siendo el culpable el padre u otro miembro de la familia cercana. Múltiples estudios coinciden en señalar que la violencia de género repercute de manera muy negativa en la salud mental de los y las menores que la sufren”, recoge el amplio estudio.

        Además de tener más probabilidades de verse inmersa en violencia en su etapa adulta, la infancia testigo de violencia de género “se expone a un sistema de creencias patriarcal y a un estilo de crianza machista que puede ocasionar consecuencias” en su vida. Entre los problemas psicológicos más frecuentes se encuentran la ansiedad, depresión, miedo, ira, desesperanza, fobias, ideación suicida y baja autoestima, así como conductas agresivas o delictivas. En lo referente a lo cognitivo, ven afectada su inteligencia general, velocidad de procesamiento, atención, memoria o comprensión verbal. El porcentaje de niños y niñas con estrés postraumático en la infancia víctima de violencia de género se sitúa en torno al 50 por ciento.

        Una de las cuestiones más preocupantes es la transmisión intergeneracional de la violencia de género. En un estudio del año 2013 realizado con 150 diadas madre-hijas a lo largo de diez años, y donde se evaluaba la violencia de género durante tres generaciones, se detectó, por ejemplo, que, si la abuela fue maltratada por su marido, “su hija tenía más probabilidad de ser acosada sexualmente en la infancia y también era más probable que tuviera una relación de violencia con su pareja en la etapa adulta”. Del mismo modo, “si la madre fue sexualmente violentada durante su infancia, se incrementaba el riesgo de que su hija sufriera abuso sexual cuando era niña”. El estudio hablaba también de la maternidad con altos niveles de violencia de género alrededor, lo que conlleva “conductas de crianza menos sensibles por parte de sus madres”. Las consecuencias del maltrato en madres y criaturas, entre las que se encuentran problemas emocionales o altos niveles de estrés, pueden afectar tanto los hijos e hijas, como al vínculo materno-filial y a la propia recuperación familiar: “Un vínculo seguro con la madre es uno de los factores más importantes para lograr paliar los efectos negativos de la exposición al maltrato”.

        Esperanza

        La amplitud de los daños del maltrato es evidente. Sin embargo, y si es posible hablar de una buena noticia en este ámbito, el cerebro puede recuperarse gracias a su plasticidad. Una evaluación y posterior rehabilitación neuropsicológica individualizada y multidisciplinar puede contribuir a ello, pero las secuelas cognitivas todavía se infravaloran en las intervenciones médicas, lo que puede dificultar los procesos.

        La inclusión de la neuropsicología forense en la atención a las mujeres supervivientes permitiría evaluar el funcionamiento cognitivo y conductual y reportar los daños psíquicos. Y aquí aparece otra cuestión destacada en el estudio, vinculada con la responsabilidad y la reparación del daño: al igual que en cualquier otro procedimiento penal, si hablamos de violencia de género deberían poder fijarse “las consecuencias que un proceso traumático ha tenido sobre las facultades mentales de la víctima, y así servir para que la jueza o juez pueda establecer una compensación económica”, como existe en otros delitos en los que hay lesión y la persona responsable está obligada a reparar el daño y compensar por lo perdido y por las secuelas.

        “Al igual que en otras causas, como los accidentes laborales o de tráfico, la violencia contra la pareja podría provocar una incapacidad”

        La realidad ofrece una panorámica distinta. El estudio confirma que la valoración de la víctima, que no siempre se lleva a cabo, “se utiliza para valorar la credibilidad de su relato, y no para conocer la existencia de posibles secuelas consecuentes al maltrato y optar por indemnizaciones acorde a las mismas”. Y añade: “Es indispensable señalar que una declaración puede ser inconsistente por diversas razones, no necesariamente por engaño deliberado”. Por esto es importante la mirada neuropsicológica que explique las secuelas de la violencia física y psicológica en supervivientes de violencia de género. “Estas secuelas pueden justificar una baja calidad en el relato, no atribuible a la inexistencia o alteración voluntaria de los hechos declarados”, recuerda el estudio. Pese a la evidencia científica, no es habitual incorporar estas variables en una evaluación forense, lo cual deja fuera muchas realidades: “Al igual que en otras causas, como los accidentes laborales o de tráfico, la violencia contra la pareja podría provocar una incapacidad”.

        Los agresores

        En cuanto a los hombres maltratadores, entre otras cuestiones, el estudio explica que emplean procesos de disociación moral para justificar sus comportamientos y lo hacen minimizando su conducta agresiva, mostrando bajos niveles de culpa y atribuyendo esta a sus parejas: “Con frecuencia se encuentra que los hombres maltratadores indican que su condena se debe a las características personales y de agresividad de la víctima. En definitiva, los maltratadores tienen creencias de superioridad hacia las mujeres y estas creencias les hacen justificar sus comportamientos”.

        En las últimas décadas, ha cobrado relevancia la investigación del sistema emocional en hombres maltratadores. “La escasa literatura indica que presentan déficits en la regulación emocional y que estos tienen un papel crucial en los actos violentos contra sus parejas o exparejas”. Dichas complicaciones se combinan con las normas masculinas de dominación, control emocional y autosuficiencia. “Los hombres con dificultades para manejar las emociones tienen más posibilidades de maltratar a sus parejas y tienden a creer que los hombres no deberían compartir sus emociones o pedir ayuda (…). Los hombres maltratado res que sienten que no están cumpliendo las normas tradicionales de género, no regulan las emociones generadas por ese malestar y ejercen violencia contra la pareja”, añade el estudio.

        Fuente: https://www.pikaramagazine.com/2026/04/el-dano-cerebral-del-maltrato/

        «No tengo miedo al ICE». Del Otro Lado

         

        Asegura que de 1998 al 2026 con los ex presidentes de Estados Unidos: Bill Clinton, George W Bush, Barak Obama, Donald Trump, John Biden y Donald Trump, ¨siempre han existido deportaciones¨».

        Cimacnoticias documentó que en 2025 hubo 14 mil 691 niñas y mujeres fueron repatriadas a México, esto de acuerdo con datos del Centro Nacional de Monitoreo de Movilidad y Migración Internacional. La base de datos de ésta instancia indica que, durante los primeros 11 meses de la segunda administración de Donald Trump en Estados Unidos, se deportaron a 144 mil 061 mexicanas y mexicanos inmigrantes, de los cuales 13 mil 282 fueron mujeres mayores de 18, así como mil 409 niñas y adolescentes.

        Además, según cifras del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) se reportaron 527 mil deportaciones del territorio estadounidense, más 1.6 millones de personas que se autodeportaron a lo largo del último año.

        En 2025, Estados Unidos devolvió a más de mil niñas y adolescentes a territorio mexicano

        Juvencia, recordó que por poco pierde la vida durante su proceso migratorio hace 28 años. Fue un 6 de este abril, recordó.

        Respondió a la pregunta de: ¿Cuándo se enteró de que había deportaciones o escuchó esa palabra?

        Y explica: —En el 98 escuchamos, pero nunca veíamos que pasara como hoy.

        Recuerdo que en 1999, mi esposo y mi cuñado, cuando trabajaban en una tienda de venta de fruta, llegó migración. Se llevó a seis paisanos a la Federal Plaza en Manhattan. Solo se llevaron a mi cuñado porque mi esposo había salido más temprano ese día. Lo soltaron a las cinco de la tarde. Eso fue por junio. De ahí tuvo que presentarse a la Corte a pelear la residencia. En esa época de Clinton todo era más fácil. Conseguimos un abogado y le dieron permiso de trabajo y número de seguro social.

        Pero, todo cambió tras el ataque a las Torres Gemelas en septiembre 11 del 2001. Ya no se pudo renovar el permiso. Solo se quedó con el seguro social que, ese documento es para siempre. Nunca lo recogen.

        —¿Le dio miedo?

        —No, no sentíamos que estábamos en peligro. Para ir a lo seguro. Buscamos a un abogado. Para que nos arreglara los papeles. Nos decía el abogado que nos divorciáramos y él nos conseguía con quien casarnos. Pero en ese tiempo, se armó el escándalo. Eso en el 99. Los puertorriqueños se casaban hasta cinco veces.

        Mi esposo dijo: no, yo me quedo con mi esposa y no.

        —¿Le cobraron mucho por la consulta?

        —No, solo fue la consulta. Así seguimos viviendo hasta que llego Trump.

        —Se interrumpe y aclara: —También hubo muchas deportaciones con Obama. Pero eso si, no como ahora. Trump empezó a agarrar con todo. A diestra y siniestra. Sin remordimiento.

        —¿Aquí sí empezó el temor?

        —Siempre hemos dicho: que sea lo que Dios quiera. Si nos toca pues ni modo. Qué le vamos a hacer.

        Cimacnoticias documentó que el número de deportaciones en Estados Unidos ha alcanzado cifras históricas. Lo que comenzó con una amenaza en abril de 2024 donde Trump advirtió el uso de fuerzas castrenses en sus fronteras, hoy se materializó en toda una política antinmigrante que busca «limpiar» a Estados Unidos de la población migrante latinoamericana.

        Anteriormente, las y los migrantes ya habían vivido las consecuencias del endurecimiento de las políticas anti migrantes en las fronteras, sobre todo las niñas, adolescentes y mujeres quienes enfrentaron violencia diferenciada por su género. El informe “Te tratan como si no valieras nada”, recopila datos internos del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) de Estados Unidos, en donde reveló diversos casos de violencia contra las mujeres desde el 2017 por parte de agentes de la Patrulla Fronteriza y de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP).

        Varios casos incluyeron violencia sexual, trato discriminatorio y deshumanizante, violencia en razón de género, violencia verbal relacionada con animales, abuso físico y sexual, violencia psicológica, negación de alimentos y atención médica, intimidación de solicitantes de asilo, denegación del debido proceso, y detenciones hasta por más de 72 horas o incluso meses bajo temperaturas congelantes.

        Juvencia Cárcamo, asegura que en todo momento, ante la presencia de alguna arbitrariedad cometida en contra de ella, o de miembros de su familia, se informa de sus derechos.

        Por ejemplo asegura que a su esposo lo despidieron después de 16 años de trabajar. Era mánager y les dio a ganar mucho dinero a sus empleadores. Entonces buscaron un buen abogado quien los defendió. Detalla que recibieron amenazas pero ganaron.

        «Con decirle que hasta los ex patrones pagaron al abogado de nosotros y todos los gastos, que la demanda generó».

        Juvencia Cárcamo explica que ahora con la política anti inmigrante de Donal Trump, quien desde siempre ha dicho que los y las personas indocumentadas son “criminales” y de expulsión, señala que ya tiene un plan en caso de enfrentar una deportación:

        —Cuando quedó este hombre, le dijimos a nuestros hijos: ustedes ya son hombres. Si nos agarran. En mi caso. Firmo y que me manden a México. No quiero estar tres meses encarcelada sin tener derecho a nada. Ni hay Corte, ni fianza ni nada. Que me voten y empiezo de cero.

        Mi esposo, dice que sea lo que Dios quiera.

        Si me detienen a mi y me voy a México, me sigue mi esposo. Y así hago lo mismo, si lo detienen me voy para México.

        Juvencia, hizo una recomendación:— es muy importante grabarse uno o dos números de teléfono. Por si los detienen. Luego y corren con buena suerte y les dejan hablar. Pero las llamadas son por cobrar.

        Las mujeres migrantes

        Antes, Servicio de Control de Inmigración y Aduana (ICE) detenía y deportaba a personas sin documentos de estancia legal que tenían antecedentes criminales, hoy se llevan a todo aquel o aquella que se encuentran en las zonas públicas. Incluyendo mujeres que no tienen antecedentes delictivos. Son detenidos por violaciones migratorias, informa.

        Hoy las mujeres son también detenidas. Afectando a las familias de inmigrantes indocumentadas. Son retenidas y expulsadas.

        Otra experiencia de Juvencia Cárcamo fue la de uno de sus familiares quien fue detenido por ICE luego de ir a la Corte por un delito menor. Buscaron abogado. —Fue toda una odisea. Mi pariente no firmó carta de deportación. Esto fue en 2019. Buscamos y pagamos abogado. Pagamos bastante y se logró que saliera bajo fianza. La fianza fue de seis mil pesos.

        Aquí existen organizaciones protectoras e incluso el consulado. Pero ninguna apoya. No tienen abogados y mucho menos pagan o cooperan con los gastos. Esos gastos corren por parte de la familia.

        Del consulado mexicano refirió que fueron a verlo. Pero nada más.

        —Ya viví esa experiencia y pues nomás no quiero ser yo la que esté de ese lado encarcelada. Asegura Juvencia.

        Antes aseguró se podía apelar a la deportación, “hoy con Trump no se puede”.

        Nosotras como mujeres, somos guerreras y luchadoras. Estamos obligadas a ayudar, remata Juvencia quien finalmente dice:

        —Mi esposo y yo empezamos juntos. Aquí llegamos juntos. Estamos bin casados, por el civil y por la iglesia. Y juntos terminamos hasta que Diosito nos separe.

        Embarazada cruzó la frontera

        La mexicana explica que en México dejó su juventud. Salió de su rancho a los 15 años para trabajar en la Ciudad de México y a los 19 y medio años. A los 20 pisó el suelo norteamericano con su esposo quien la trajo a vivir a este país.

         ¿Cómo cruzó la frontera?

        —Crucé la frontera por Mexicali, cuatro días durmiendo en el monte. 48 horas sin comer. Por poco y me quedo a medio camino. Esos años ya pasaron —suspira—.

        Todo lo recuerda perfectamente.

        —Continúa— Por poco y me quedo en el agua, pero lo logré.

        Juvencia fue la única que emigró junto con 16 hombres. Entre ellos, su esposo y su cuñado.

        Pagó mil 300 dólares por el traslado. Y explica que hoy llegar a este país el precio a pagar es de 15 mil dólares. Pero es muy difícil que logren pasar.

        Desde su toma de protesta, de Donald Trump, un lunes 20 de enero de 2025, la frontera entre México y Estados Unidos, del lado estadounidense es custodiada por diferentes fuerzas de seguridad estadounidenses, incluyendo el propio ejército; y está en proceso de construcción del muro fronterizo.

        Fue ya aquí por McAllen en Tucson, Arizona donde nos almacenaban. Pudimos comer comida para un ejército. Al tiempo que exclama: daba náuseas. No sabía si comer o no. Cocinamos. Me cayó la comida como una bomba.

        ¡Horrible! Nos aseamos. Pasamos a Los Ángeles, ahí nos quedamos hasta que mi cuñado completó el dinero.

        Ahí tomó un avión y desde que subió se empezó a sentir mal.

         “Entré al baño. Y nauseas. Desde ahí, desde el avión. Pasaron tres días y vómito tras vómito. —Entre risas— Hasta comiendo frijoles.

        Me dice mi esposo: Hazte la prueba del embarazo. Ya venía embarazada. Este año es un símbolo. Casados por el civil y todo el alboroto.

        En estos momentos de incertidumbre y de tanta detención de inmigrantes, los hospitales ya no son frecuentados por quienes no tienen papeles migratorios. El miedo a salir e ir al médico hace que muchas mujeres sean atendidas de parto en sus hogares. Por parteras con licencia donde los pagos van de tres mil a diez mil dólares.

        Aunque en el estado de Nueva York el servicio de atención, seguimiento de los nueve meses hasta el parto es gratuito para madres embarazadas

        Juvencia Cárcamo llegó sin tener noción alguna del idioma inglés. Ya embarazada después de hacerse la prueba del embarazo, recordó que su esposo la llevó con un médico particular colombiano. Ahí le recetaron exámenes y le dieron referencia del hospital católico San Vicente para sus chequeos mensuales.

        ‘’Todo era en inglés, él hizo todo. Siempre iba conmigo para todo.

        Es una constante en este país que por no hablar el idioma inglés se propician diagnósticos de enfermedades contrarias a las molestias, esto debido a la falta de intérpretes. En muchas de las ocasiones, son las y los hijos pequeños quienes se encargan de explicar a las y los médicos o enfermeras los trastornos y motivos por los cuales se visita al médico.

        – “No hablo inglés, eso no se me da”, subrayó.

        El registro de sus datos se dio directamente al servicio médico Medicaid, servicio gratuito. No pagaba las consultas, pero sí, los ultrasonidos u otros análisis.

        El no tener papeles de residencia o ser ciudadana no tuvo nada que ver, eso no nos preguntaron. Con mi acta de nacimiento y de matrimonio fue suficiente. Cuando una está embarazada, no te pueden negar el servicio. Es gratuito para la mamá y después pasa directamente al bebé.

        Con su segundo hijo fue el mismo proceso. “Ya hasta iba yo solita”.

        México

        ¿Extraña algo de México?

        —Ahora no, cuando vine sí. Sobre todo a mis papás. A mi mamá. A ella le dije: cuando vaya no te voy a avisar. Yo te voy a sorprender pero ya falleció.

        Juvencia no pudo ir al entierro de sus papás.

         ¿Se vino a los Estados Unidos por amor?

        —Sí, por amor.

        Gran parte de la población poblana emigra a Nueva York, Nueva Jersey y Connecticut. Y Juvencia es de Zacapoaxtla, Puebla (Símbolo del heroísmo de la Sierra Norte) —lo dice con el orgullo en la voz— Con el machete peleamos, les dimos de machetazos a los franceses. La gente salió a pelear. A defender. —Explica—.

        El uso del machete es todo un arte. Es maravilloso, hacemos muchas cosas.

        Finalmente, Juvencia tiene una recomendación para las mujeres: No permitir que les bajen en autoestima. Las mujeres tienen derecho a opinar. No soy liberal, pero yo no soy sumisa. Debes de ser respetada, que no te impongan.

        México avanza en Senado ley contra el feminicidio; comisiones avalan iniciativa

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        Popr Darylh Rodríguez. Contralínea_Resumen Latinoamericano 10 de abril 2025.

        En el Senado de la República, las comisiones unidas de Puntos Constitucionales, Estudios legislativos y Para la Igualdad de Género aprobaron la modificación a la Constitución con el propósito de crear una nueva ley general para prevenir, investigar, sancionar y reparar el feminicidio, y, con ello, erradicar este delito y acabar con la impunidad.

        La iniciativa, enviada por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, plantea reformar el Artículo 73 constitucional para facultar al Congreso de la Unión el expedir una ley general en materia de feminicidio. De esta manera, el delito podrá ser homologado como tipo penal en todas las entidades federativas, al igual que su tipificación, investigación, persecución y parámetro de sanciones.

        Actualmente, cada estado cuenta con una legislación particular, por lo que en el Código Penal Federal existen diferencias en las sanciones de dicho delito. En este marco, la iniciativa busca homologar los protocolos de investigación en todo el país para así garantizar que toda muerte violenta de una mujer sea investigada desde el primer momento bajo la hipótesis de feminicidio, e incorporar de manera obligatoria la perspectiva de género en cada etapa del proceso.

        Al respecto, la presidenta de la Comisión Para la Igualdad de Género, la senadora Martha Lucía Mícher Camarena expuso esta disparidad de criterios y tipos penales que existen en el país. “Solo en nueve códigos penales de los estados de Baja California, Chihuahua, Coahuila de Zaragoza, Hidalgo, Michoacán de Ocampo, Morelos, Nuevo León, Tlaxcala y Zacatecas se contemplan las mismas razones de género del tipo penal que se establece a nivel federal; mientras que en los 23 estados restantes hay diferencias, aumentando, incluso reduciendo, las razones de género. Recuerden que las razones de género son situaciones objetivas que pueden ser demostrables, verificables y que constituyen precisamente un elemento para decidir que se realizó feminicidio, y las penalidades también varían”.

        Con ello, Mícher afirmó que la reforma responde al contexto actual mexicano, así como a los marcos internacionales, pues según la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, en la región se han cometido al menos 19 mil 100 asesinatos por razones de género a mujeres y niñas en los últimos cinco años.

        Escrito en el cuerpo: esterilizaciones forzadas en Perú

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        Por Laura Rosso. Latfem. Resumen Latinoamericano, 11 de abril de 2026

        Con el cuerpo como campo de batalla y la escritura como herramienta de denuncia, esta investigación recorre los testimonios de mujeres rurales que sobrevivieron al plan de ligaduras sin consentimiento en el Perú de los 90. Bajo el gobierno de Alberto Fujimori, cerca de 300.000 mujeres peruanas —en su mayoría campesinas e indígenas— fueron sometidas a esterilizaciones forzadas. Tras años de un silencio impuesto por el trauma y el desprecio sistémico, hoy se organizan en una red de resistencia para transformar sus cicatrices en un reclamo colectivo de verdad, justicia y reparación.

        ¿Qué es un cuerpo? Un cuerpo es más que sólo un cuerpo. En él, late la curiosidad de la vida y respiran también las huellas del olvido y la violencia. El cuerpo guarda las memorias más íntimas, los pesares más profundos. Los lazos ancestrales anidan ahí. Es lugar para el encuentro con otres y a la vez campo de batalla del sistema patriarcal. Pero además, y sobre todo, un cuerpo es motivo de escritura. 

        El aire en el local de la Confederación Campesina del Perú se sentía distinto. Era un lunes de febrero en 2016, cuando esas mujeres se miraron a los ojos y se tomaron de las manos. Sudaban de emoción. Así empezaron a acompañarse. Venían de Cusco, de Piura, de Ayacucho, abrigadas en sus ponchos y faldas con rastros de polvo de la montaña, barro de las acequias y el silencio de años. Un silencio que se había instalado en sus cuerpos. La primera en romperlo fue una mujer de Cajamarca, con el rostro curtido por el sol. “A mí me dijeron que era por mi bien”, soltó con un nudo en la garganta. Luego las lágrimas se le escaparon. El salón se llenó de murmullos. “A mí me engañaron”, “A mí me obligaron”, “Yo sentí que me moría”. Juntas tejían una voz colectiva cuya urdimbre tramaba una red de escucha y empatía: el miedo que habían conocido solas se disolvió en ese espacio del salón que compartían. En los ojos de las otras veían sus propias heridas, también sus biografías. Se reconocieron como sobrevivientes. Se abrazaron. Estaban unidas por una historia que había marcado sus cuerpos, de ahí nacía la urgencia por contar la verdad enmudecida. Aquel día fundaron la Asociación de Mujeres Peruanas Afectadas por las Esterilizaciones Forzadas (AMPAEF), una lucha forjada en el encuentro, la escucha y la resistencia colectiva. Venían de hacerlo solas y en esa ronda que las enlazaba se unieron para abrirse al mundo. 

        Verdad, justicia, reparación. Tres palabras que signaron el camino. Tres palabras que se oyen en quienes testimonian la violencia política vivida durante el gobierno de Alberto Fujimori, que fue presidente de Perú entre el 28 de julio de 1990 hasta su destitución por el Congreso el 21 de noviembre de 2000. Un gobierno que derivó en una dictadura cívico-militar tras el autogolpe de Estado que él mismo lideró en 1992. 

        Verdad, justicia, reparación. Tres palabras que empujan el dolor y lo transforman en resistencia, que unen lo vivido por mujeres de múltiples lenguas y mundos. Verdad, justicia, reparación. Tres palabras que se extienden como un manto sobre el cual caminar en las noches sin luna. Palabras que titilan y son respiro que orienta el recorrido de sus vidas, desde el grito hasta el abrazo. 

        Verdad, justicia, reparación, repiten juntas como un mantra que las calma. 

        “A mí me engañaron”, “A mí me obligaron”, “Yo sentí que me moría”. Juntas tejían una voz colectiva cuya urdimbre tramaba una red de escucha y empatía: el miedo que habían conocido solas se disolvió en ese espacio del salón que compartían. En los ojos de las otras veían sus propias heridas, también sus biografías.

        ¿Quiénes son estas mujeres que vienen de lejos con sus ropas de colores, sus cabellos largos, negros y trenzados debajo de sus sombreros? Traen sus nombres: Josefina, Esperanza, Demetria, Hilaria, Hermelinda, Maximiliana, Francisca, Gregoria. Nombres que nadie conocía. Traen sus rostros, de ojos oscuros y rasgados, que nadie había mirado. Traen los cielos de cada territorio donde sembraron y cosecharon sus alimentos. Son tantas, tantas más. 

        Josefina vivía con sus cinco hijos en el campo, en una casa de paredes de adobe, donde el frío de la mañana, aún hoy, se cuela por la puerta de chapa que queda entreabierta. Una mesa enclenque con alimentos de la tierra, maíz morado y papa amarilla, cacharros para el mate de coca y sillas de madera para el descanso de la tarde, cuando termina la faena en la chacra. Toda la familia cumple un rol en las labores. Los más pequeños aprenden. Afuera, el rebaño pastorea en el corral hecho de piedra, cerca del lugar donde las abuelas cultivan sus plantas medicinales, como la menta y el laurel. Cuando el sol indica que falta poco para el mediodía se cocina el almuerzo a través de un horno hecho en la tierra misma, donde las papas enterradas se calientan. 

        El día que se llevaron a Josefina había amanecido con sol. El camión llegó a la comunidad con las puertas cerradas. Al abrirse, se bajaron médicos y enfermeras. Prometían atención gratuita. Eran los “bata blanca” de los que se había oído hablar en la comunidad. ¿Venían a ayudarlas? ¿A revisarlas?

        Josefina quiso saber. Pero enseguida la empujaron por la espalda, la agarraron de los brazos y la llevaron hasta la sala de un centro de salud improvisado. “¡¿Cuántos hijos tiene?!”, le gritó alguien. 

        “Tengo cinco”, respondió. 

        “¿Hasta cuándo vas a parir? ¡Como un chancho, como una cuy estás pariendo!”, se burló otro. 

        Las palabras crudas la confundieron. ¿Le hablaban a ella? No llegaba a comprender todo lo que le decían. Después la arrojaron sobre una camilla. Sintió el frío de la superficie y el pinchazo de una inyección en el brazo. La última imagen que recuerda es la del techo de esa clínica precaria. Despertó con un dolor que le quemaba el vientre. “¿Qué cosa me han hecho?”, preguntó. Nadie respondió. Desde una sala cercana escuchó el llanto de otras mujeres, eco del mismo miedo. “Nos han cortado nuestras barrigas”, decían. Casi de inmediato, el médico la obligó a caminar de regreso a su casa, con el cuerpo partido y el alma desdibujada. Josefina no era la excepción. Era el plan. Un plan con metas anuales, anotadas en registros nacionales, y cuotas asignadas a las personas encargadas de realizar la tarea. 

        Otra mujer quechua de la provincia de Anta lloraba junto a su marido. “¿Cómo me han hecho esto? ¿Y si me pongo mal?” El marido preguntó qué hacer si eso sucedía. “¡Ja!, agradece más bien esta ayuda para que no siga pariendo sin medida”, respondió la enfermera. 

        Foto: Pierre Yves Ginet.

        Fueron casi 300.000 mujeres, número que estalla en una imaginación política que pretende alcanzar, nombrar, traducir cada una de esas existencias. Hay numerosas imágenes de ellas, quizás el modo más transparente de decir sus vidas. Sentadas en el frente de sus chacras, con sus vestidos, sus polleras, sus sombreros tejidos y aguayos, sus pieles marrones y arrugadas por el sol, el trabajo y la edad. Sus cabellos largos. Ellas, le entregan a la fotografía sus cuerpos como testimonio de la violencia vivida. Un cuerpo diferente. ¿Qué se inscribe en esos cuerpos? ¿Qué se escribe sobre ellos? 

        “Al comienzo me dijeron: ‘Te llevaré hoy mismo a Limatambo para hacerte operar’. Yo no acepté, me escapé con el pretexto de salir a buscar dinero. Luego, cuando tuve que ir a llevar a mi hijo al médico, me riñeron: ‘Ajá mañosa, ¿dónde estabas qué volviste?’” A su esposo lo amenazaron y tuvo que firmar. “Desde ese día estoy mal, estoy inválida. Ya no sirvo para hacer ninguna fuerza”. 

        A Esperanza, de Huancabamba, Piura, le ligaron las trompas en el momento de dar a luz, sin su consentimiento. Como con sus hijos anteriores, deseaba parir en su casa, pero la placenta se atascó y tuvo que acudir al centro de salud. Estaba vulnerable y dolorida. “Muchas cometimos el error de confiar en los bata blanca que nos atendían”, recuerda Esperanza. “A otras se lo hicieron cuando iban a la posta con sus niños. Ahí nos decían que paríamos como animales y nos preguntaban si eso no nos daba vergüenza”. 

        El camión llegó a la comunidad con las puertas cerradas. Al abrirse, se bajaron médicos y enfermeras. Prometían atención gratuita. Eran los “bata blanca” de los que se había oído hablar en la comunidad. ¿Venían a ayudarlas? ¿A revisarlas?

        Sangre en las batas, sangre en el piso, sangre en las sábanas. Y confusión después de la anestesia. Un frío que cala los cuerpos dolientes. Todas imágenes y sensaciones que permanecen en la memoria. 

        Al tiempo de estos hechos, María Esther Mogollón, una de las fundadoras del Movimiento Amplio de Mujeres, recibió en sus manos una carta en la cual mujeres rurales e indígenas expresaban con preocupación e incertidumbre las cirugías que les hacían. La carta estaba firmada con sus nombres o sus huellas digitales. Escribían desde los bordes del dolor. El texto decía: “Necesitamos ayuda, algo nos están haciendo en el cuerpo”. Así fue como lo supo. En ciertas poblaciones importantes de Perú, como Cusco, por ejemplo, pero también en todo el país, como Ayacucho y Huancavelica, mujeres campesinas e indígenas estaban siendo esterilizadas sin consentimiento. Una amalgama de tragedias atravesaba el territorio y convertía el lento caminar por el campo en una coreografía del horror que hacía crujir los cuerpos. 

        El plan se concentraba en las mujeres más vulnerables. Muchas no sabían leer ni escribir y no hablaban español, eran hablantes de lenguas andinas, como el quechua y el aymará y de muchas otras de origen amazónico. Un ataque a su autonomía reproductiva, una forma de violencia machista y colonialista que buscaba controlar sus cuerpos. El patriarcado se vestía de bata blanca. 

        Los hechos llegaron a oídos de otra mujer que utilizó la escucha, la investigación y la escritura como arma de lucha. Su nombre es Giulia Tamayo y fue una de las primeras activistas feministas en documentar estos crímenes. En 1999, publicó el informe Nada personal, con testimonios que revelaban la atrocidad: “Si levanto algo pesadito ya me está doliendo, si camino lejitos inmediatamente se me adormecen y entumecen mis piernas de la cintura para abajo”, “Al mes nomás me encogí totalmente”. “Más de tres meses estuve sin poderme levantar de la cama, sin poder estirar las manos para comer, dependiendo de otros para alimentarme”. 

        La valentía que tuvo Giulia en contar lo sucedido le costó caro. En el año 2000, tuvo que exiliarse de Perú para protegerse a sí misma y a su pequeño hijo, después de que asaltaran su casa y robaran los archivos de su investigación. Giulia, sin embargo, continuó acompañando el proceso desde el exilio. Falleció en 2014, sin ver la justicia que anhelaba. 

        Foto: Gentileza AMPAEF.

        Las mujeres de AMPAEF no se rinden. Su búsqueda por la verdad y la justicia se ha convertido en una lucha por la memoria histórica del Perú. “Fujimori se murió sin pagar reparaciones, ni decir la verdad de todo lo que él diseñó. Murió en total impunidad”, dijo Rute Zuniga, cusqueña y presidenta de AMPAEF. “La justicia peruana tiene que actuar, avanzar y responder. No puede seguir pasando el tiempo”. 

        La resistencia de estas campesinas es un faro, un recordatorio de que la justicia es un derecho humano. El Comité de la ONU ha instado a Perú a anular una ley de amnistía, a acelerar las investigaciones, a otorgar compensaciones económicas y apoyo psicológico a todas ellas. Es un llamado urgente a que el Estado peruano asuma su responsabilidad y repare el daño producido. 

        Las mujeres peruanas obligadas a la esterilización exigen justicia para que la historia no se repita. Para develar el maltrato y el olvido. Sus voces se levantan por la verdad y por la dignidad de todas las mujeres del mundo. Vestido con bata blanca o disfrazado de política de Estado, el patriarcado no elimina ni desteje esta urdimbre feminista. 

        Algo de justicia se produjo el miércoles 30 de octubre de 2024. Tras años de litigio y con el apoyo de la ONG chilena, Justicia y Reparación, en coordinación con Rute Zuniga y María Esther Mogollón, se presentó el caso ante el Comité de las Naciones Unidas para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer (CEDAW). El fallo fue histórico. El Comité de la ONU determinó que la política de esterilización forzada fue una “forma de violencia basada en el sexo y discriminación interseccional”. Reconoció que fue un ataque sistemático y generalizado contra mujeres rurales e indígenas. Además recomendó al Estado peruano la entrega de reparaciones integrales para los cinco casos estudiados, y atención en salud mental para ellas y sus familias. 

        Las mujeres peruanas obligadas a la esterilización exigen justicia para que la historia no se repita. Para develar el maltrato y el olvido. Sus voces se levantan por la verdad y por la dignidad de todas las mujeres del mundo.

        Para las sobrevivientes, la noticia fue emocionante. No hubo palabras hermosas. Hubo cuerpos que se abrazaban en un grito colectivo que les devolvía su dignidad. Después de años de no ser escuchadas, un comité internacional les daba la razón. Las lágrimas de frustración se convirtieron en lágrimas de alivio. Era un impulso para seguir la lucha y la certeza de que la unión colectiva y la escucha fortalecen sus caminos, que los siguen andando junto a esas tres palabras: verdad, justicia, reparación. 

        Otro logro llegó el miércoles 4 de marzo de 2026. Un fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, estableció en su sentencia que esta política de esterilizaciones masivas se implementó “mediante coerción y amenazas ejercidas por funcionarios públicos que recibían incentivos del gobierno para captar mujeres y esterilizarlas, quienes eran presionadas para someterse a procedimientos de anticoncepción definitiva”. El fallo de este tribunal indica que se ha constatado “que esta política fue organizada y dirigida desde los más altos niveles del Estado” y ordena al Estado peruano que se juzgue a los responsables de las esterilizaciones forzadas, un acto de perdón público y medidas de reparación económicas.

        Ellas acuñaron el compromiso. Nunca más el silencio.