



Historia de lo inmediato
"La CIA ha contado por décadas con cómplices en México para inmiscuirse en asuntos que les importan, lo de menos es si son narcotraficantes, ladrones...".

Hace exactamente un año, el 15 de mayo de 2025, Ronald Johnson llegó a México como Embajador de Estados Unidos tras una larga carrera en la Agencia Central de Inteligencia (CIA) y a partir de entonces la operación de sus agentes, como los fallecidos Richard Later Johnston y John Dudley Black en acciones ilegales en Chihuahua, se ha intensificado notablemente, en un accionar que evoca las alianzas que este organismo hizo en los sesenta con autoridades, policías, grupos de choque y empresarios de extrema derecha como el padre de Ricardo Salinas Pliego, Hugo Salinas Price, para infiltrar, desestabilizar y alinear al país a los planes de dominación estadounidenses.
Esta ofensiva del gobierno de Donald Trump que México enfrenta, con el pretexto del tráfico de drogas de organizaciones clasificada como terroristas, tiene el propósito de someter a la Presidenta Claudia Sheinbaum, en el contexto de la revisión del tratado comercial trilateral que está en curso y la infiltración de criminales en Morena y en sus gobiernos, que allá y acá tratan de equipararlo al caso de Genaro García Luna, el narcotraficante mano derecha de Felipe Calderón.
Sólo los corruptos defienden a los corruptos y en Sinaloa, como en cualquier lugar, deben ser sancionados quienes se amafian, sean servidores públicos o del sector privado. Un país y un gobierno se vuelven vulnerables cuando se encubre a criminales, los de los cárteles y los delincuentes de cuello blanco, que a menudo no se diferencian.
La presencia de cuatro agentes de la CIA en Chihuahua en un operativo, con la complicidad del Gobierno que encabeza la prianista María Eugenia Campos, y el reportaje de la televisora CNN sobre cómo miembros de la agencia de inteligencia de Estados Unidos hicieron estallar un vehículo con narcos —información que sólo podría proceder de esa misma instancia— es sintomático de las presiones al Gobierno de México para que se deje actuar a los agentes de ese país, como lo hacían antes.
Pero también significa que la presencia y acción de la CIA en México es mayor a la que reconoce el Gobierno de la Presidenta Sheinbaum, cuyos agentes deben estar debidamente registrados ante las secretarías de Relaciones Exteriores y Seguridad Ciudadana, como lo establece la Ley de Seguridad Nacional, que en su artículo 71 norma su actuación en territorio mexicano. No es de su inconveniente que haya agentes extranjeros, sino que hagan lo que les viene en gana, como lo hicieron por años.
La CIA cuenta y ha contado por décadas con cómplices en México para inmiscuirse en los asuntos que les importan, lo de menos es si son narcotraficantes, ladrones, torturadores o asesinos, como Fernando Gutiérrez Barrios y Miguel Nazar Haro, titulares de la Dirección Federal de Seguridad (DFS) e identificados plenamente como agentes de inteligencia de Estados Unidos desde la década de los sesenta, como parte de la operación LITEMPO.
Otros cómplices fueron quienes participaron en la operación LIHUFF, cuyo propósito era infiltrar, reclutar y financiar grupos de choque de la extrema derecha contra la izquierda en los ámbitos universitarios y de gobierno, como el Movimiento Universitario de Orientación a la Renovación (MURO) y el Frente Universitario Anticomunista (FUA), que además de ser controlados por la organización secreta de Los Tecos y El Yunque, antes y después de su ruptura, actuaban por órdenes de la CIA.
Alfonso Rudolph Wichtrich, un mexicano de origen estadounidense que era vicepresidente de la Cámara de Comercio México-Estados Unidos, y Agustín Navarro Vázquez, fundador del Instituto de Investigaciones Sociales y Económicas (IISE), eran los líderes de este plan de la CIA, cuyos documentos desclasificados los identifican respectivamente con los criptónimos LIHUFF-1 y LIHUFF-2. Los detalles de las acciones de estos personajes, a quienes la propia agencia de inteligencia de Estados Unidos les decían cómo reclutar adeptos y hasta cómo elaborar los volantes contra la izquierda, está documentada en el libro Derecha, poder, corrupción y engaño, escrito en 2024 por Alejandro Páez Varela y yo.
Wichtrich y Navarro Vázquez están muertos, pero Salinas Price vive y él mismo ha confesado en su libro de memorias Mis años con Elektra que financió a MURO, a la Unión Nacional Independiente Democrática (UNID) y al Partido Nacionalista Mexicano (PNM), así como las revistas Nacional y Espejo, organismos y publicaciones que el segundo creó como agente de la CIA, junto con otras figuras de la extrema derecha nazi-fascista, como Jorge Siegrist y Jorge Prieto Laurens.
La relación de Navarro Vázquez con Salinas Price no terminó en los años sesenta: Cuando Carlos Salinas de Gortari cedió TV Azteca a la familia en los años noventa, él y Fernando Baños Urquijo, expresidente de MURO, trabajaron con él para definir la línea editorial de la televisora que dirige Ricardo, quien aspira a ser Presiente de México y ha desplegado una campaña que recuerda la acción de la CIA.
Así como la CIA controlaba a los grupos de choque de la extrema derecha en México, los gobiernos y hasta la policía política, la DFS, ahora también la agencia de inteligencia de Estados Unidos tiene la complicidad de gobiernos estatales, como el de Chihuahua, de Nuevo León o de alguno de Morena, y sin duda hay empresarios que apoyan este tipo de operaciones contra la izquierda, ahora en el Gobierno de la República.
Recordemos: Trump indultó al narcotraficante Juan Orlando Hernández, el expresidente de Honduras sentenciado a 45 años de cárcel por traficar más de 400 toneladas de cocaína, para una operación contra los gobiernos progresistas de América Latina, entre ellos los de Sheinbaum y Gustavo Petro, con un medio desde Estados Unidos financiado por los presidentes de Argentina, Javier Milei, y del país centroamericano, Nasry Asfura, según las grabaciones del Hondurasgate.
En esta trama que tiene “el apoyo de algunos republicanos para poder atacar y extirpar el cáncer de la izquierda de ahí de Honduras y de toda Latinoamérica”, según Hernández, emerge un personaje de México. El expresidente y exrecluso en EU confesó: “Le contaba al Presidente Asfura que pudimos hablar con Javier Milei y él está apoyando con 350 mil dólares también. También otro gran amigo de nosotros de México está apoyando ya para el tema de los mexicanos”.
¿Con la CIA en acción en México esto es fortuito? No lo creo. La CIA tiene muchos cómplices en México y habrá que sacarlos de su escondrijo.

La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) confirmó que como medida preventiva bloqueó las cuentas a los funcionarios y exfuncionarios de Sinaloa señalados por autoridades estadounidenses por supuestos vínculos con el narcotráfico.
La acusación formal que las autoridades estadounidenses hicieron contra los hoy exfuncionarios se abrió en el Tribunal de Distrito Sur de Nueva York. Incluye a Rubén Rocha Moya, Gobernador de Sinaloa; también a quien era su Secretario de Administración y Finanzas, Enrique Alfonso Díaz Vega; al Secretario de Seguridad Pública, el General Gerardo Mérida; además de el Senador Enrique Inzunza, y otras seis personas. Se les acusa de supuesta colusión o protección a la facción de "Los Chapitos" del Cártel de Sinaloa, y de recibir sobornos a cambio de facilitarles información de índole de seguridad pública y militar para su operaciones ilícitas, entre otras imputaciones.
Para este momento dos de los acusados: Díaz Vega y el General Mérida se encuentran en Estados Unidos, ya que se entregaron a las autoridades de ese país y en una comparecencia inicial se declararon no culpables. Lo que sigue es que enfrenten el juicio o negocien con las autoridades estadounidenses que les imputan los cargos; de ello se conocerá en futuras audiencias como la que se les programó para el 1 de junio.
En tanto, la UIF los puso en la Lista de Personas Bloqueadas (LPB) con carácter preventivo, congelándoles las cuentas, como una medida que deriva de los convenios internacionales en materia de prevención y combate al lavado de dinero. Y es que, los bancos que operan en México, al mantener relaciones de corresponsalía con entidades financieras de Estados Unidos, emitieron alertamientos respecto de clientes considerados como Personas Políticamente Expuestas (PEP).
La acción de la UIF en este caso resulta pertinente para recordar la importancia de la decisión que, apenas en abril, la Suprema Corte tomó respecto a las atribuciones que la UIF tiene en materia de prevención al lavado de dinero.
El 6 de abril, la Corte validó la constitucionalidad en el bloqueo preventivo de cuentas por parte de la UIF como una medida cautelar de carácter administrativo, cuyo objetivo es prevenir riesgos en el sistema financiero, y le reconoció a la UIF las facultades que tiene de congelar cuentas sin la necesidad de una orden judicial previa, y garantizando el derecho de audiencia.
Y es que se trata de una de las herramientas centrales de la UIF en su tarea de prevenir y frenar las posibles operaciones financieras ilícitas en tiempo real, o cuando hay indagatorias de índole penal incluso a nivel internacional, como es el caso de los exfuncionarios de Sinaloa.
Vale la pena subrayar que, en abril, cuando la Corte emitió su resolución sobre dichas atribuciones de la UIF, en parte de la prensa y de la esfera política, se generó una andanada de descalificaciones y voces alarmistas. Pero queda claro que dicha facultad es básica también para el cumplimiento que México tiene en materia de prevención al lavado de dinero, según los estándares establecidos por el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), del que México forma parte desde el año 2000.
El GAFI es el organismo intergubernamental que fija los estándares internacionales en materia de prevención y combate al lavado de dinero. Precisamente, como parte de su integración a ese organismo, hace 22 años, en mayo de 2004 en México se creó la Unidad de Inteligencia Financiera, adscrita al sector hacendario, con la función principal de coadyuvar en la prevención y combate al lavado de dinero; sin embargo, por muchos años estuvo prácticamente como un elefante blanco.
Fue a partir del año 2019 que se iniciaron los primeros operativos relevantes para combatir el lavado de dinero de delincuentes de cuello blanco y de grupos del crimen organizado, mediante el trabajo de la UIF.
Pero esas primeras acciones se toparon con dos enormes obstáculos: una Fiscalía que no actuaba con la celeridad requerida, en tiempos de Alejandro Gertz Manero, y con la añeja corrupción en el Poder Judicial, porque cuando la UIF detectaba operaciones “inusuales” o ilícitos en casos donde ya había carpetas de investigación en la FGR y hasta órdenes de aprehensión, y la UIF inmovilizaba las cuentas como medida preventiva, pero no faltaba Juez que de inmediato otorgaba algún amparo.
Más tardaba la UIF en echar a andar indagatorias, que los jueces corruptos en su festín de amparos.
Incluso eran los mismos integrantes de la vieja Corte quienes con sus resoluciones obstaculizaban el trabajo de la UIF, particularmente exministros como Eduardo Medina Mora y Norma Piña emitieron polémicas resoluciones que ataban de manos a la UIF, y que favorecieron a delincuentes de cuello blanco, factureros y lavadores de dinero de origen ilícito.
Para muestra está el caso de Juan Collado y sus transferencias en paraísos fiscales como la Banca Privada de Andorra, donde fue la Suprema Corte de Norma Piña la que impidió el trabajo de la UIF.
También el caso de Genaro García Luna y su esposa Linda Pereyra, a quienes la UIF había congelado sus cuentas al detectar indicios de lavado de dinero en el entramado de multimillonarios contratos que junto con sus socios empresarios contratistas, de manera ilegal recibieron durante el calderonato.
En el mismo periodo en que en Estados Unidos a García Luna se le había encontrado culpable de cargos criminales, incluido el tráfico de drogas y de recibir sobornos de grupos criminales, en México un Juez federal le ordenaba a la UIF que le descongelara las cuentas bancarias a la esposa de García Luna, a pesar de que ella ya estaba también imputada por parte de la FGR por operaciones con recursos de procedencia ilícita.
Está también el caso de personas físicas y empresas vinculadas al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y sus redes de lavado de dinero, a las cuales la UIF indagaba en su Operativo Agave Azul.
El Operativo Agave Azul se puso en marcha en el año 2020, y mediante éste la UIF realizó el bloqueo de activos de mil 939 sujetos vinculados al CJNG, de éstas mil 770 eran cuentas de personas físicas, 167 de empresas y dos fideicomisos mediante los cuales la organización criminal realizaba transacciones para blanquear sus ganancias ilícitas utilizando el sistema financiero.
El bloqueo de esas cuentas era clave porque la UIF había identificado –mediante trabajo de inteligencia financiera– a operadores financieros, familiares, empresas, abogados, además de funcionarios de diversos niveles, cómplices de las actividades criminales del CJNG, pero luego también hubo jueces que comenzaron a entregar amparos contra el trabajo de la UIF, y a obstaculizar ese operativo.
Otro de los casos es el de la pareja facturera Víctor Manuel Álvarez Puga-Inés Gómez Mont: la UIF les encontró millonarias transacciones irregulares y tras identificar el movimiento de recursos de procedencia ilícita, los incluyó en la Lista de Personas Bloqueadas.
El caso se judicializó e incluso se emitieron órdenes de aprehensión contra la pareja por delitos de lavado de dinero y delincuencia organizada; ellos se fugaron al extranjero, y evadidos de la Ley, también encontraron jueces que les dieron amparos y que le ordenaron a la UIF que les descongelara las cuentas.
En 2023 comenzaron a recibir amparos y en marzo de 2025 una Jueza en materia administrativa le ordenó a la UIF que se les eliminara de la Lista de Personas Bloqueadas. Así, por orden judicial, la UIF se vio obligada a desbloquearles las cuentas.
Los Álvarez Puga-Gómez Mont prófugos de la justicia mexicana están en Estados Unidos. Es uno de los casos de personas de quienes se ha solicitado al gobierno estadounidense que los extradite para que enfrenten las indagatorias judiciales que hay en su contra, pero que el gobierno estadounidense se ha negado a extraditarlos.
Hay también otros casos en que, sin obstáculos de jueces cómplices, el trabajo de la UIF ha podido dar pasos en el combate al lavado de dinero, desde el dar seguimiento de los movimientos financieros de un criminal en fuga para lograr su detención, como ocurrió con Hernán Bermúdez Requena, líder del grupo criminal La Barredora, cuyo seguimiento financiero por parte de la UIF primero para congelarle las cuentas y activos, y luego para ubicarlo mediante el seguimiento a las transacciones con tarjetas de crédito que hacía desde Paraguay, fue clave para su detención.
En el caso de los exfuncionarios de Sinaloa a quienes les congeló las cuentas, en las revisiones y análisis que la UIF hace a sus operaciones financieras y sus redes y vínculos familiares y empresariales, en aquellos casos que compruebe operaciones “inusuales” que resulten injustificadas, la UIF tendrá que dar vista al Ministerio Público para las investigaciones correspondientes que serían competencia de la FGR.
Aún y cuando el caso contra funcionarios y exfuncionarios de Sinaloa inició en Estados Unidos, es necesario que, en un afán de legalidad y transparencia, las autoridades mexicanas realicen también indagatorias puntuales respecto a cada uno de los señalados, y es la UIF el órgano técnico que tiene facultades para ese mapeo financiero que derive en indagatorias a profundidad, como las que requiere este caso.
Agenda Ciudadana

No es que el personaje -Donald John Trump, el 45° y actualmente el 47° presidente de los Estados Unidos de América- necesariamente padezca un trastorno mental, aunque a veces da esa impresión, sino que en su caso ocurrió algo en la historia contemporánea y que se refleja en lo peculiar de su conducta: pasar directamente del pedestre mundo de los reality shows de la televisión, del de ambientes no convencionales y siniestros como los propiciados por Jeffrey Epstein o del de los obscuros negocios inmobiliarios millonarios de Nueva York, al mundo del ejercicio directo del máximo poder político de una gran potencia. Se trata de un salto desde la irrelevancia hasta lo imperial con el mayor poder.
Aunado a lo anterior -la falta de experiencia política combinada con el peso de la responsabilidad que conlleva tamaño ejercicio del poder-, resulta que el personaje en cuestión asumió el puesto de jefe del poder ejecutivo norteamericano en un contexto interno muy peculiar: uno donde los tradicionales pesos y contrapesos políticos casi han dejado de operar. Ese supuesto mecanismo de equilibrio de los poderes políticos diseñado desde norteamérica para evitar una concentración de los procesos de toma de decisiones en una sola persona o institución, más o menos funcionó por más de dos siglos. Pero hoy ya no es el caso, por decisión de la mayoría republicana en el congreso y de los miembros conservadores de la Suprema Corte de Justicia, ambas instituciones se han sometido a la voluntad presidencial. Actualmente dos de los tres poderes tradicionales -el legislativo y judicial- simplemente han abdicado de lo esencial de sus responsabilidades, lo que en la práctica ha dejado la toma de decisiones tan sustantivas como el emprender la guerra contra Irán, en manos de la única institución de carácter unipersonal en el contexto la división de poderes en Estados Unidos: la Presidencia. En tales circunstancias pareciera que actualmente en ese país y por lo que resta del cuatrienio de Trump, el juego interno de los pesos y contrapesos institucionales ha quedado suspendido.
A las consideraciones anteriores en torno a la coyuntura que tiene como centro al Presidente Trump hay que añadir otro elemento y que puede no ser secundario: la vejez del personaje, quien asumió su alto cargo a una edad ya avanzada –en 2017 tenía 71 años y hoy está por cumplir 80 y dormita en actos públicos- y con una biografía donde los usos y costumbres adquiridos en los primeros 70 años ya son sellos indelebles, desemboca en la forma y contenido del proceso de la toma de decisiones. Como ya se apuntó, los sellos o marcas actuales de la personalidad de Trump, se generaron en el ambiente autoritario en que nació y creció, en la especulación propia de sus negocios inmobiliarios, en la conducción de los shows televisivos y en su participación en los “círculos reservados” donde miembros de las élites norteamericanas se dan permiso de conducirse en ambientes donde se permiten y propician normas de conducta que no están vigentes para la sociedad en general.
Es posible que los estilos de conducta y valores que Trump ha mostrado en el ejercicio de su cargo le hayan resultado útiles en su papel de candidato populista de derecha pues el contraste con los estilos sus oponentes le ganaron votos de clases medias blancas conservadoras, precarizadas y muy resentidas con las élites políticas tradicionales. Pero finalmente ese estilo y discurso ya no le han ayudado en el desempeño de su papel como estadista y líder de una gran potencia mundial.
Ahora bien, como si lo expuesto no bastara para explicar el peculiar y no muy exitoso ejercicio de Donald Trump como líder imperial, hay otros elementos a considerar para mejor intentar entender las dificultades y consecuencias del desempeño del exproductor de reality shows como responsable de la política exterior norteamericana en un entorno internacional en rápida transformación. Y es que Trump no sólo arribó a la cúspide de la pirámide del poder mundial sin la preparación intelectual y la experiencia personal que demandan las responsabilidades del puesto, sino en la Casa Blanca en una coyuntura histórica mundial muy difícil para el imperio norteamericano. Veamos, a nivel internacional en este primer cuarto del siglo XXI está teniendo lugar un verdadero cambio de época, una transformación que no es la que Estados Unidos -sus élites y su ciudadanía- esperaban y que por ende no estaban preparadas para asumir sus consecuencias. Y la esencia del cambio en cuestión es la pérdida de ese país de su carácter de “única nación indispensable” según la caracterización hecha por la también única mujer Secretaria de Estado norteamericana (1997 y 2001), Madeleine Albright.
Un buen indicador del cambio de época que está afectando la esencia misma del lugar que Estados Unidos ocupa en la escena internacional se encuentra en la suerte que corrió el empeño de un grupo de notables pensadores de la derecha norteamericana encabezado por William Kristol y Robert Kagan. En 1997 y desbordando optimismo en sus marcos teóricos y confianza en el poder militar norteamericano, ese grupo decidió fundar en Washington y con el apoyo del American Enterprise Institute, una institución -un think tank- dedicada al estudio de las posibilidades futuras de la política mundial de Estados Unidos. A tal institución le dieron el rimbombante título que era también el corazón de su propuesta: “Proyecto para el Nuevo Siglo Americano” (PNAC) y que en el año 2000 dio a luz un documento que supusieron sería la guía de la política mundial de Estados Unidos. Para el PNAC la meta era mantener indefinidamente lo logrado tras la desaparición de la URSS: el dominio militar y económico del sistema mundial. Pese a la derrota de Estados Unidos en Vietnam (1975), para los neoconservadores del PNAC, la hegemonía norteamericana no debía aceptarse como un fenómeno transitorio sino como una realidad que debía y podía prolongarse indefinidamente. Sin embargo, para 2006 y tras el desastre que finalmente fue la invasión de Iraq por una coalición encabezada por Estados Unidos, el PNAC y su proyecto simplemente desaparecieron del mapa político como efecto del fracaso en que concluyó la aventura imperial de Estados Unidos en Iraq. Y para cuando Trump llegó a la Casa Blanca ya había otro fracaso más: Afganistán. La invasión norteamericana de ese país y apoyada por la OTAN para eliminar al Talibán concluyó en 2021 tras dos décadas de lucha que culminaron con los fundamentalistas islámicos en el poder y con una retirada desastrosa de los norteamericanos. Así pues, cuando Trump inició su segundo período presidencia en 2025 ya era obvio que este siglo no sería norteamericano sino uno de poder compartido entre ellos con China, Rusia, India y otros más. Sin embargo, la derecha norteamericana encabezada por Trump no pareció resignarse a esta pérdida relativa de poder. De ahí su decisión de embarcarse este año en una nueva aventura imperial, esta vez en Irán.
En el documento firmado en noviembre pasado por Trump en la Casa Blanca y titulado “Estrategia de Seguridad Nacional de Estados Unidos” se subrayó el hecho de que, pese a sus recursos petroleros y las bases militares de Estados Unidos en la región, el Medio Oriente ya no ocuparía un lugar central en la estrategia global norteamericana. Sin embargo, para el 28 de febrero de este año Trump, en unión de Israel e instigado por éste, desató contra Irán la operación “Furia Épica”. A estas alturas la tal furia se considera un error y más del 60 por ciento del público norteamericano la reprueba. Y por ahora el Presidente norteamericano ya no sabe cómo terminar esta aventura que ha llevado al cierre de la importante vía marítima petrolera del estrecho de Ormuz, lo que afecta a la economía mundial y que ha provocado, hasta fines de abril, la muerte de alrededor de tres mil 500 iraníes, la destrucción de parte de la infraestructura de Irán, pero también de las bases militares norteamericanas en la región.
De acuerdo con las declaraciones de Trump él esperaba que la guerra aérea en Irán, dominada totalmente por Estados Unidos, además de provocar la muerte del líder supremo de ese país acabaría con sus proyectos nucleares, desembocaría en su rendición incondicional y el cambio de régimen, más o menos como había ocurrido en Venezuela. Sin embargo, todo indica que la república islámica está decidida a resistir al imperio y que, en cambio, éste no está preparado para llevar su guerra al plano de la invasión terrestre, pues Irán es un país de 90 millones de habitantes y con unas fuerzas armadas de 600 mil efectivos más reservistas. Sin el apoyo del grueso de la opinión pública norteamericana la invasión de Irán resulta ser una auténtica misión imposible.
Finalmente, en el frente Ucrania-Rusia la situación ha escalado. En el inicio Estados Unidos, como líder de la OTAN, dieron todo su apoyo a Ucrania, pero ahora toman distancia de una OTAN empeñada en derrotar a Rusia en tanto que Trump pareciera ya no tener apetito de involucrarse en este conflicto que no es existencial para Estados Unidos y que incluso puede escalar hasta llevar a una de las partes a echar mano de armas atómicas, algo que Estados Unidos no desea por ningún motivo.
En fin, para que seguir adelante. A estas alturas es claro que Trump no es el líder adecuado para conducir a su país y a sus aliados por los meandros de una situación donde la unipolaridad que por más de medio siglo caracterizó al sistema internacional está siendo sustituida por una multipolaridad que aún no cuaja y que por ello este pasaje de una época a otra es particularmente inestable, complicado y peligroso.