10/31/2026

¿Por qué continúa la venganza del Gobierno contra la diputada Ilhan Omar?

 Un historial de hostilidad racista

Fuentes: Mundo Obrero - Imagen: Diputada por Minnesota Ilhan Omar.

Ilhan Omar nació en Somalia y tenía 12 años cuando su familia se trasladó a EE.UU. Luego, obtuvo la ciudadanía estadounidense.

El Departamento de Seguridad Nacional (DHS), que incluye al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), ejecutó una orden de registro en la residencia de la diputada Ilhan Omar (demócrata por Minnesota) en Washington, D.C., el 12 de octubre. Según los informes, los agentes buscaban «pruebas de fraude y declaraciones falsas en su documentación de inmigración».

Testigos presenciales del barrio afirmaron que vieron cómo sacaban cajas de su vivienda. Además, los vecinos oyeron fuertes golpes en la puerta de la casa de la Sra. Omar a las 4 de la madrugada de ese lunes. Ella no se encontraba allí.

La hermana de la Sra. Omar, Sahra Noor, y otro miembro de la familia recibieron una citación para comparecer ante un gran jurado. Al enterarse del registro de su domicilio, Omar criticó al n.º 47 (este número se refiere al presidente Trump), afirmando que su objetivo era «atacar a sus enemigos políticos y utilizar las fuerzas del orden federales como arma». (Washington Post, 12 de octubre)

Los abogados de Omar enviaron una carta al Departamento de Justicia en la que afirman que el registro de su residencia «viola los derechos constitucionales de la congresista Omar y amenaza la separación de poderes», debido a que dicha diligencia estuvo motivada por un ataque en su contra por parte del «número 47». (Washington Post, 16 de octubre). Los abogados exigen, además, la devolución inmediata de todas las cajas que fueron retiradas de su domicilio.

Ilhan Omar nació en Somalia y tenía 12 años cuando su familia se trasladó a EE.UU. y obtuvo la ciudadanía. El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) está investigando si el difunto padre de Omar falsificó cierta información en sus documentos de inmigración.

Fue elegida por primera vez para la Cámara de Representantes de los Estados Unidos en 2018, al ganar las elecciones en el 5.º distrito congresional de Minnesota. Minnesota alberga la mayor comunidad de inmigrantes somalíes de los Estados Unidos, con una población de más de 61.000 personas.

Un historial de hostilidad racista y sexista

El actual inquilino de la Casa Blanca ha expresado un desprecio absoluto hacia Omar desde su primer mandato hasta la actualidad. No hace falta ser un genio para entender por qué. Ella no es una socialista revolucionaria, pero, aunque no es miembro oficial de los Socialistas Democráticos de América (DSA), sí se identifica como socialista democrática. Ha apoyado el «Medicare para todos» y ha condenado el genocidio israelí en Gaza.

Las principales razones del odio del n.º 47 hacia Omar son que es una mujer procedente de Somalia —país al que él ha descartado como un «no-país»—. Se trata de la misma Somalia, situada en el Cuerno de África, cuya población se opuso a la invasión estadounidense en ese país (1992-94), llevada a cabo bajo el pretexto de la «ayuda humanitaria».

Este último ataque político contra Omar forma parte de la guerra xenófoba y fascista del n.º 47 contra los migrantes, especialmente contra los migrantes de color procedentes del Sur Global. Y dado que Omar ganó su escaño en el Congreso gracias al apoyo masivo de la comunidad somalí, Minneapolis fue blanco de ICE a principios de este año, lo que condujo a los asesinatos de Renée Good y Alex Pretti por defender a los migrantes.

Si el n.º 47 se saliera con la suya, todos los somalíes serían detenidos y deportados de vuelta a su país de origen. Afortunadamente, los residentes no migrantes de Minneapolis han mostrado una amplia solidaridad con sus hermanos migrantes organizando grupos de vigilancia que alertan a la gente cuando el ICE ha invadido sus barrios.

El derecho a la autodeterminación es primordial 

Los recientes acontecimientos relacionados con Ilhan Omar van mucho más allá de la necesidad de defender a una sola persona. No se trata de apoyarla como política demócrata: su partido, al igual que el Partido Republicano, representa el racismo, la guerra y los intereses de la clase dominante multimillonaria.

No se puede separar a Ilhan Omar de la comunidad somalí que la eligió como su representante —lo cual es su derecho. Los somalíes de Minnesota siempre la han defendido cuando ha sido objeto de ataques. El DHS y su aparato armado, el ICE, son extensiones del Estado represivo, cuyo objetivo es perseguir a los migrantes. Los migrantes somalíes se encuentran entre los más oprimidos de nuestra clase debido a la estrategia de «divide y vencerás» de la supremacía blanca.

Con el fin de forjar la unidad de la clase trabajadora y fortalecer así a nuestra clase para la lucha anticapitalista, todo movimiento revolucionario debe defender el derecho fundamental a la autodeterminación de un pueblo oprimido, incluido el derecho a votar para elegir a sus representantes, derecho que se ve constantemente amenazado por la burguesía imperialista.

Fuente: https://www.workers.org/2026/10/95491/

Marcela de Jesús lleva ante la CIDH la exigencia de justicia para periodistas y mujeres indígenas

 

La periodista y activista indígena ñomndaa Marcela de Jesús Natalia participará en una audiencia este 29 de octubre ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), en Panamá, para exponer las omisiones que denuncia en la investigación del ataque armado que sufrió en 2017 y visibilizar la violencia que enfrentan las mujeres periodistas, las personas defensoras de derechos humanos y los pueblos indígenas en México.

A nueve años de la agresión, Marcela continúa desplazada de su comunidad en Guerrero. Aunque recientemente recuperó su plaza laboral en el Sistema de Radio y Televisión de Guerrero (RTG), aún espera que se le permita volver a ejercer su labor periodística frente al micrófono. Además, de acuerdo con su testimonio, la investigación por el ataque no ha esclarecido plenamente los hechos ni ha investigado a quien señala como presunta autora intelectual.

En entrevista para CIMACnoticias, Marcela explicó que su participación ante la CIDH representa una oportunidad para denunciar las barreras que enfrentan las personas indígenas para acceder a la justicia y llevar ante una instancia internacional las experiencias de otras víctimas de agresiones.

“Yo no nada más voy a ir a decir lo que a mí me ha sucedido, sino voy a ir a que se enteren de qué es lo que está sucediendo en nuestro país y sobre todo las mujeres y los hombres indígenas”, afirmó.

La periodista destacó que el acompañamiento de CIMAC y de otras personas aliadas ha sido fundamental para llegar a esta instancia, pues considera que las víctimas no deberían enfrentar solas los procesos de búsqueda de justicia.


Foto: Nayely Ortiz Chávez / La periodista ñomndaa Marcela de Jesús Natalia busca que su caso contribuya a visibilizar la violencia contra mujeres indígenas periodistas y defensoras.

Nueve años sin esclarecer el ataque

El 3 de junio de 2017, Marcela de Jesús Natalia fue atacada a balazos cuando salía de las instalaciones de Radio y Televisión de Guerrero, en Ometepec, Guerrero. La agresión le provocó heridas graves y posteriormente tuvo que abandonar su comunidad por razones de seguridad.

Desde entonces, la comunicadora ha enfrentado las consecuencias del desplazamiento y la falta de respuestas que, según denuncia, persiste en la investigación. Durante la entrevista, recordó que las omisiones de las autoridades prolongaron su búsqueda de justicia y la obligaron a continuar su vida lejos de su hogar y del espacio en el que desarrollaba su trabajo.

“Si se hubiera investigado desde el principio, se hubiera encarcelado a mi autor material, que por cierto ya lo liberaron, porque se juzgó sin perspectiva de género ni interseccionalidad, pero mi presunta autora intelectual ni siquiera la han investigado”, señaló.

Marcela relató que, después de insistir durante años, logró declarar el 13 de mayo de 2026, luego de que la carpeta de investigación fuera reabierta con el acompañamiento de CIMAC y otras personas aliadas. De acuerdo con su testimonio, la Fiscalía había cerrado previamente el expediente sin que ella obtuviera justicia.

La periodista cuestionó que, mientras las víctimas deben abandonar sus hogares para protegerse de nuevas agresiones, las personas que señalan como responsables permanezcan fuera de prisión.

“¿Cuántos años más me van a robar de mi vida de estar exigiendo?”, cuestionó.

Para Marcela, el problema no se limita a su caso, sino que refleja las dificultades que enfrentan otras víctimas, incluidas las madres buscadoras, las personas defensoras de derechos humanos y las periodistas que deben abandonar sus comunidades para salvaguardar su vida.


Foto: Yazmín Hernández Contreras / Marcela de Jesús Natalia destacó que el acompañamiento de CIMAC y otras personas aliadas ha sido fundamental en su búsqueda de justicia.

Recuperó su plaza, pero el micrófono sigue cerrado

Además de las consecuencias de la agresión, Marcela denunció que perdió su plaza laboral en Radio y Televisión de Guerrero, pese a que el ataque ocurrió al salir de su centro de trabajo. Después de años de insistencia, logró recuperarla; sin embargo, todavía espera que se le permita volver a transmitir.

“Ahora viene el paso de que sí se me abra el micrófono porque ya logré recuperar mi trabajo, pero falta todavía ese micrófono sigue cerrado todavía”, expresó.

La comunicadora explicó que su labor radiofónica no representa únicamente un empleo, sino una forma de garantizar el derecho a la información de su comunidad, particularmente de quienes hablan ñomndaa y no tienen el español como primera lengua.

Por ello, recuperar su plaza no significa que haya podido restablecer plenamente su ejercicio periodístico. Para Marcela, volver al aire también implica recuperar un espacio para informar desde su lengua y contribuir a la preservación de la cultura de su pueblo.

Informar en ñomndaa también es un derecho

Marcela explicó por qué es importante que su lengua se escuche en los medios de comunicación. Para ella, transmitir en ñomndaa significa reconocer a las personas de su comunidad como sujetas de derechos y garantizar que puedan acceder a información en su propio idioma.

La periodista advirtió que las lenguas originarias, junto con las indumentarias, la gastronomía, las costumbres, la música y la danza, enfrentan procesos de pérdida en los que la discriminación tiene un papel importante.

Recordó la emoción que sintió cuando su voz se escuchó por primera vez en su lengua en un medio de comunicación y explicó que, por esa razón, procura iniciar sus participaciones con un saludo en ñomndaa: sabe que alguien de su pueblo puede estar escuchando.

“Una persona que no habla el español y escuchar su propio idioma en un medio de comunicación, de verdad es algo muy, muy grande y muy gratificador”, expresó.

Marcela también recordó que fue encarcelada durante tres años y cinco días, periodo que, según denunció, estuvo relacionado con delitos que le fabricaron por su labor periodística. Después enfrentó el ataque armado y el desplazamiento que todavía le impide regresar a su comunidad.

Pese a estas experiencias, aseguró que continuará exigiendo justicia y defendiendo el derecho de su pueblo a estar informado.

“Que se cuiden porque no me pienso cansar”, advirtió sobre su exigencia de justicia.

Su participación ante la CIDH representa una oportunidad para insistir en que la protección de las periodistas indígenas no puede separarse del acceso efectivo a la justicia, del reconocimiento de sus lenguas y del derecho de sus comunidades a contar con información propia.

La justicia debe investigar sin discriminación

Al hablar sobre los obstáculos para esclarecer las agresiones contra periodistas y personas defensoras, Marcela señaló la corrupción y los posibles intereses políticos como factores que, desde su perspectiva, impiden que las autoridades investiguen de manera imparcial.

Consideró necesario que las fiscalías y los ministerios públicos realicen investigaciones exhaustivas, sin descartar líneas relacionadas con el trabajo periodístico o la defensa de derechos humanos, y que las autoridades no traten el acceso a la justicia como una concesión.

“No queremos que nos crean que nos están haciendo un favor. Es un derecho que está plasmado en la Constitución Política”, afirmó.

La periodista también sostuvo que las investigaciones deben considerar las condiciones de género, identidad indígena y contexto social de las víctimas, en lugar de reducir los casos a explicaciones que, según denunció, pueden desviar la atención de las posibles responsabilidades.

En su caso, aseguró que durante años no se investigó a quien identifica como presunta autora intelectual de la agresión. Estos señalamientos forman parte de su testimonio y requieren distinguirse de las conclusiones oficiales que existan en el expediente.

Una voz colectiva ante la CIDH

Marcela espera que su participación en la audiencia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos contribuya a visibilizar no sólo su caso, sino las violencias que enfrentan otras mujeres indígenas periodistas y defensoras de derechos humanos en México.

“Quiero llevar la voz colectiva. Quiero decirle a las autoridades que van a estar en la corte de que existimos y de que lo que queremos no queremos que nadie nos regale nada”, expresó.

La comunicadora y periodista consideró que la audiencia puede abrir una oportunidad para que se conozcan las condiciones que enfrentan las víctimas y para que la CIDH, en el marco de sus atribuciones, contribuya a visibilizar las violaciones a derechos humanos y las obligaciones del Estado mexicano.

Su expectativa es que la exigencia de justicia trascienda su experiencia individual y permita colocar en el centro las dificultades que enfrentan quienes denuncian agresiones, especialmente cuando pertenecen a comunidades indígenas y carecen de condiciones para acceder a acompañamiento jurídico y protección efectiva.

Navi Pillay denuncia falta de acción internacional ante Gaza y exige justicia

 

La jurista sudafricana Navi Pillay, ganadora del Premio Nobel de la Paz 2026, denunció la falta de actuación de la comunidad internacional ante la situación en la Franja de Gaza y llamó a los Estados a cumplir las órdenes de arresto de la Corte Penal Internacional (CPI) contra el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, y el exministro de Defensa Yoav Gallant, por presuntos crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad.

En entrevista con Radio Francia Internacional (RFI), Pillay cuestionó que los mecanismos internacionales disponibles no se hayan utilizado de manera efectiva para responder a la crisis en el territorio palestino. A su juicio, el respaldo de Estados Unidos a Israel ha influido en la falta de una respuesta internacional contundente.

“Estoy decepcionada por el fracaso de la comunidad internacional”, expresó la jurista, quien fue alta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos entre 2008 y 2014 y presidió la Comisión Internacional Independiente de Investigación de la ONU sobre los Territorios Palestinos Ocupados.

Navi Pillay y la investigación sobre genocidio en Gaza

Pillay encabezó la comisión de investigación de Naciones Unidas que, en un informe publicado en septiembre de 2025, concluyó que Israel había cometido genocidio en la Franja de Gaza. La investigación examinó testimonios, documentación y declaraciones de altos funcionarios israelíes para evaluar si los hechos correspondían a los elementos establecidos en el derecho internacional para ese crimen.

La jurista defendió la metodología del informe y señaló que la comisión reunió pruebas para sustentar sus conclusiones, aunque aclaró que no tenía facultades judiciales para emitir una sentencia.

El genocidio es uno de los crímenes más graves reconocidos por el derecho internacional y requiere demostrar la intención específica de destruir, total o parcialmente, a un grupo nacional, étnico, racial o religioso.

En este contexto, Pillay también rechazó las sanciones anunciadas por Estados Unidos contra la CPI, al considerar que buscan obstaculizar su labor de investigación y persecución de delitos internacionales.

La Corte emitió en noviembre de 2024 órdenes de arresto contra Netanyahu y Gallant por presuntos crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad relacionados con la ofensiva en Gaza. Estas órdenes no equivalen a una condena penal, sino que implican que la Corte considera que existen motivos razonables para creer que las personas señaladas cometieron los delitos que se les atribuyen.Pillay pidió a los Estados parte del Estatuto de Roma que cumplan sus obligaciones de cooperación con el tribunal y ejecuten las órdenes de arresto cuando corresponda conforme a sus compromisos internacionales.

“La justicia internacional y la lucha contra la impunidad por los crímenes graves no deben ser selectivas”, sostuvo.

Cuestiona el veto en el Consejo de Seguridad

La Nobel de la Paz también criticó el uso del derecho de veto en el Consejo de Seguridad de la ONU, mecanismo que permite a sus cinco miembros permanentes —China, Estados Unidos, Francia, Reino Unido y Rusia— bloquear resoluciones sustantivas.

Pillay planteó la necesidad de reformar este órgano para reducir la capacidad de las grandes potencias de proteger sus propios intereses y los de sus aliados. A su juicio, la estructura actual limita la posibilidad de que la comunidad internacional responda de manera efectiva ante situaciones de violencia masiva.

La jurista insistió en que la prevención debe ser una prioridad y no una medida que se adopte cuando las consecuencias de los conflictos ya son irreversibles.

Al recordar el genocidio de Ruanda de 1994, en el que alrededor de 800 mil personas fueron asesinadas en aproximadamente cien días, señaló que la presencia de Naciones Unidas y de fuerzas de paz no fue suficiente para impedir las matanzas.

“La comunidad internacional debería hacer más para prevenir el genocidio”, afirmó.

Pillay presidió el Tribunal Penal Internacional para Ruanda, encargado de juzgar los crímenes cometidos durante aquel genocidio. Desde esa experiencia, ha defendido la importancia de documentar las violaciones graves de derechos humanos y garantizar que quienes las cometen rindan cuentas ante la justicia.

Asimismo, recordó que las sanciones y los boicots internacionales contribuyeron al fin del apartheid en Sudáfrica, por lo que considera que estas herramientas pueden formar parte de las respuestas frente a otras crisis internacionales.

La igualdad de género, otra prioridad de Pillay

Además de su trabajo en materia de justicia internacional, Pillay ha colocado la igualdad de género y la erradicación de la violencia contra las mujeres entre sus prioridades.

La jurista también respalda la posibilidad de que una mujer ocupe por primera vez la Secretaría General de Naciones Unidas, cargo que desde la creación de la organización ha sido ocupado por hombres.

“En casi 100 años de historia nunca hemos tenido una mujer secretaria general”, señaló, y atribuyó esta ausencia a la discriminación de género.

Su trayectoria ha estado marcada por la defensa de los derechos humanos y el cuestionamiento de las estructuras que perpetúan la desigualdad. Desde su trabajo contra el apartheid en Sudáfrica hasta su participación en tribunales internacionales y comisiones de investigación, Pillay ha insistido en que la justicia debe aplicarse sin distinciones y que los Estados tienen responsabilidades frente a los crímenes graves.

Ojo seco en la menopausia afecta a 64% de las mujeres y sigue infradiagnosticado

 Escrito por Georgina Monroy Vázquez 

El síndrome del ojo seco es una de las molestias que pueden aparecer durante la transición a la menopausia, pero su relación con esta etapa de la vida de las mujeres todavía pasa inadvertida en las consultas médicas. Aunque puede afectar actividades cotidianas como leer, conducir o trabajar frente a una pantalla, sus síntomas suelen atribuirse al envejecimiento.

Un estudio de la clínica ginecológica Dexeus Mujer, publicado en la revista científica Menopause, encontró que 64% de las mujeres en la menopausia o perimenopausia presenta síntomas compatibles con ojo seco. Sin embargo, solo una de cada cuatro había recibido un diagnóstico previo.

Los resultados evidencian la necesidad de identificar y atender manifestaciones de la menopausia que no siempre se reconocen como parte de los cambios que experimenta el organismo durante esta etapa.

¿Qué es el síndrome del ojo seco?

El síndrome del ojo seco es una afección que puede provocar irritación, enrojecimiento, sensación de quemazón, sensibilidad a la luz y visión borrosa. Estas molestias pueden interferir con distintas actividades diarias y afectar la calidad de vida.

La perimenopausia es el periodo de transición previo a la menopausia, durante el cual comienzan a presentarse cambios en el ciclo menstrual y otras manifestaciones relacionadas con las variaciones hormonales.

De acuerdo con la investigación de Dexeus Mujer, los síntomas de sequedad ocular pueden pasar inadvertidos porque se consideran parte del envejecimiento, en lugar de evaluarse como un posible problema de salud asociado con esta transición.

El responsable de la Unidad de Menopausia de Dexeus Mujer, Pascual García Alfaro, señaló que la detección podría realizarse desde la consulta ginecológica para facilitar el tratamiento o la derivación con especialistas, particularmente cuando también existen otras molestias, como la sequedad genital.

Otros síntomas de la menopausia que reciben poca atención

El ojo seco no es la única manifestación que puede pasar inadvertida durante la menopausia. El estudio también señala la xerostomía, o sequedad bucal, que afecta a cerca de 70% de las mujeres en esta etapa.

Esta condición puede ocasionar ardor en la boca, dificultades para tragar, hablar o percibir los sabores, con consecuencias para el bienestar cotidiano.

La disminución de la fuerza muscular, incluida la fuerza de agarre de las manos, es otra manifestación poco conocida que puede dificultar algunas tareas diarias y que no suele evaluarse de manera habitual en las consultas, de acuerdo con el estudio.

Estas manifestaciones muestran la importancia de abordar la menopausia desde una perspectiva integral, sin limitar la atención a los síntomas más conocidos, como los sofocos y los cambios en el ciclo menstrual.

La sequedad vaginal también afecta la calidad de vida

Los cambios hormonales durante la menopausia también pueden afectar la salud sexual y genitourinaria. Entre sus manifestaciones se encuentran la sequedad vaginal, la disminución de la lubricación y la pérdida de elasticidad de los tejidos vulvares y vaginales.

Estas alteraciones pueden formar parte del síndrome genitourinario de la menopausia, relacionado con la disminución de hormonas como los estrógenos y los andrógenos. Según Dexeus Mujer, esta condición afecta a alrededor de 90% de las mujeres posmenopáusicas.

A pesar de su impacto, las molestias íntimas y otros cambios relacionados con la menopausia pueden normalizarse y permanecer sin atención, mientras muchas mujeres desconocen que existen alternativas terapéuticas para mejorar su bienestar.

Por ello, reconocer los síntomas y hablar de ellos durante las consultas médicas es fundamental para recibir una valoración adecuada. En el caso de la sequedad ocular, la irritación persistente o la visión borrosa requieren atención profesional para determinar sus causas y el tratamiento indicado.

La menopausia es una etapa natural de la vida, pero las molestias que pueden acompañarla no deben ignorarse. Identificarlas oportunamente permite valorar las necesidades de cada mujer y mejorar su calidad de vida.

Violencia de género cuesta hasta 3.7% del PIB; refugios en México exigen más presupuesto

 

En una carta abierta publicada el 22 de octubre, la RNR, junto con organizaciones de la sociedad civil y colectivas, entre ellas CIMAC, exigió a las autoridades federales y legislativas garantizar un presupuesto suficiente, oportuno y transparente para los refugios que reciben a mujeres víctimas de violencia, así como a sus hijas e hijos.

La organización advirtió que el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación (PPEF) 2027 no resuelve las insuficiencias de financiamiento y plantea una reducción real de los recursos destinados a estos espacios. Por ello, pidió a la Cámara de Diputadas y Diputados revertir el recorte y avanzar hacia una asignación de al menos 580 millones de pesos.

La exigencia ocurre en medio de la discusión presupuestaria, cuya aprobación debe realizarse a más tardar el 15 de noviembre, de acuerdo con la carta.

El presupuesto se decide en el Congreso, pero sus consecuencias se viven en las mujeres, niñas y niños.

Su protección no puede depender de recursos insuficientes.

Desde la #RNR impulsamos una exigencia colectiva rumbo al #PEF2027

 https://t.co/b37NznAnx0 pic.twitter.com/HTXcr52uBb— Red Nacional de Refugios, AC (@RNRoficial) October 22, 2026

Prevenir la violencia también es una inversión

A principios de octubre, durante el foro De la protección a la autonomía, organizado por la RNR, Alejandra Alzérreca, especialista de Programa en Género y Violencia Basada en Género del Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA) para América Latina y el Caribe, señaló que el costo de la violencia de género puede alcanzar 3.7 por ciento del PIB, de acuerdo con estimaciones del Banco Mundial.

Ante ese panorama, sostuvo que prevenir las violencias y garantizar la atención a las sobrevivientes constituye una inversión estratégica.

Los refugios, explicó, no son únicamente espacios de resguardo: también ofrecen acompañamiento psicosocial y herramientas para recuperar la autonomía. Su labor permite que las mujeres reconstruyan sus proyectos de vida y encuentren alternativas para salir de los entornos violentos.

Dosia Calderón, representante auxiliar de la Oficina de México del UNFPA, coincidió en que estos espacios contribuyen a salvaguardar la vida de las mujeres y prevenir feminicidios. Por ello, llamó a garantizar presupuestos sostenibles y progresivos, sin retrocesos que debiliten los servicios de atención.

El impacto económico de la violencia también se manifiesta en la pérdida de ingresos, las dificultades para incorporarse o permanecer en el mercado laboral y los gastos asociados con la atención de sus consecuencias. Estas afectaciones pueden limitar la independencia económica de las sobrevivientes y dificultar que abandonen los contextos de violencia.

Red Nacional de Refugios alerta por recursos insuficientes

En su carta abierta, la RNR señaló que el componente destinado a refugios dentro del programa U012 pasaría de 536 millones de pesos en 2026 a 518 millones en 2027. Según el análisis de la organización, esto representa una reducción real de 3.35 por ciento y 18 millones de pesos menos para proteger a mujeres y sus hijas e hijos.

La Red también advirtió sobre una disminución de 11.75 por ciento en el programa presupuestario que agrupa acciones de prevención y atención de las violencias feminicidas. Asimismo, señaló reducciones reales para los Centros de Justicia para las Mujeres y las acciones en entidades con Alerta de Violencia de Género.

En contraste, el Anexo 13, relativo a las erogaciones para la igualdad entre mujeres y hombres, crecería 2.1 por ciento y alcanzaría 636 mil millones de pesos. Para la organización, esta diferencia evidencia que el incremento general del gasto etiquetado para la igualdad no necesariamente se traduce en mayores recursos para atender la violencia contra las mujeres.

La RNR, que agrupa 60 espacios de protección en el país, sostuvo que los recursos insuficientes, los retrasos en su entrega y la falta de certeza presupuestaria afectan la continuidad de los servicios especializados.

Exigen presupuesto suficiente y entregas oportunas

Entre sus demandas, la organización pidió a la Cámara de Diputadas y Diputados garantizar un presupuesto de al menos 580 millones de pesos para los refugios y revertir los recortes previstos para otros componentes de atención a las violencias de género.

También solicitó a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público establecer un calendario de ministraciones que permita entregar los recursos desde el inicio del año, con el objetivo de evitar que los refugios operen durante meses sin financiamiento.

A la Secretaría de las Mujeres le pidió publicar los lineamientos y la convocatoria correspondiente antes del 10 de diciembre de 2026, garantizar que los recursos asignados por proyecto no disminuyan en términos reales y evitar reducciones en los honorarios del personal especializado.

Otra de las exigencias consiste en vincular la salida de las mujeres de los refugios con programas de vivienda, ingresos, cuidados y acceso a la justicia, para que puedan sostener su proyecto de vida una vez que abandonen los espacios de protección.

La organización también llamó a incorporar a las mujeres y a las agrupaciones que trabajan directamente en los territorios en el diseño de las políticas públicas.

Sin recursos suficientes no hay manera de sostener atención especializada, protección y procesos de autonomía para mujeres que enfrentan violencias.

Garantizar derechos también significa garantizar recursos suficientes y oportunos para los Refugios.
#PPEF2027 #RNR pic.twitter.com/DeI3dw8Vra— Red Nacional de Refugios, AC (@RNRoficial) October 21, 2026

Protección y autonomía requieren financiamiento

La necesidad de fortalecer estos espacios también se refleja en sus cifras de atención. De acuerdo con información difundida por la RNR, entre enero y agosto de 2026 la organización atendió a 6 mil 84 mujeres, niñas, niños y adolescentes.

La Red reportó, además, que en 84 por ciento de las niñas, niños y adolescentes atendidos, la persona agresora era la misma que ejercía violencia contra su madre.

Estos datos muestran que la atención a las mujeres en situación de violencia también requiere medidas de protección para sus hijas e hijos, así como acompañamiento especializado para reconstruir sus condiciones de vida.

Frente a las estimaciones internacionales sobre el costo económico de la violencia y las necesidades de atención en México, la discusión presupuestaria coloca en el centro la responsabilidad del Estado de garantizar el derecho de las mujeres a vivir libres de violencia.

Para la RNR, asegurar recursos suficientes para los refugios no debe depender de decisiones administrativas temporales, sino formar parte de una política pública que garantice la continuidad de la protección, la restitución de derechos y la autonomía de las mujeres.


Mujeres cuidadoras experimentan falta de sueño, descuido en su salud e imposibilidad de trabajar: estudio

jornada.com.mx


Carolina Gómez Mena

Ciudad de México. En las familias en donde hay una o más personas que requieren cuidados, los costos económicos para desarrollar esa labor oscilan entre los 5 mil y 10 mil pesos mensuales, y en el caso de las mujeres cuidadoras, las principales afectaciones que experimentan son: dejar de dormir (69 por ciento), descuidar la atención de su salud (74 por ciento) y no poder trabajar (76 por ciento), establece el documento Percepción de las necesidades de cuidados y asistencia para infantes y jóvenes con discapacidad psicosocial, intelectual y múltiple. Resultados desde una perspectiva de derechos humanos. 

En el panel de discusión Cuidados, discapacidad múltiple y movilidad social: de las necesidades de las familias a la acción pública, Mónica Orozco Corona, investigadora externa del Centro de Estudios Espinosa Yglesias (CEEY) y una de las expertas que realizó el estudio, indicó que 92. 9 por ciento de las familias reconoció que realizan gasto de bolsillo para la compra de pañales, 91.5 por ciento en transporte accesible y 88.4 por ciento en terapias y rehabilitación, entre otros rubros. 

El documento, editado por el CEEY, y que recoge la voz de familias y personas cuidadoras por medio de una encuesta en línea, expone que 78.2 por ciento de las entrevistadas dijo que su hija, hijo o familiar requiere cuidados permanentes o continuos, y que las necesidades abarcan desde recursos humanos, económicos, materiales, de tiempo y son multidimensionales, indicó Margarita Garfias Hernández, fundadora de Familias y Retos Extraordinarios y de la colectiva Yo Cuido México. 

Lo anterior quiere decir que las familias “no tienen necesidades aisladas, sino que su satisfacción requiere un sistema articulado de apoyos que conecte salud, educación, movilidad, comunicación, asistencia personal, accesibilidad y participación comunitaria”. 

En vísperas del Día Internacional de los Cuidados y el Apoyo, que se conmemora el 29 de octubre, Orozco Corona, subrayó que el escrutinio arrojó que casi 50 por ciento de las familias tienen un gasto promedio de 5 mil pesos y un 25 por ciento de ellas tienen un gasto mensual de entre 5 y 10 mil pesos. 

“Si hacemos este comparativo con los apoyos (pensiones de Bienestar para personas con discapacidad) que se entregan en promedio a nivel nacional, con excepción de algunas entidades rondan los 2 mil pesos bimestrales. Esto implica que el apoyo correspondiente a este gasto representa para una buena parte de estas familias alrededor de una quinta parte del gasto (de bolsillo) que están realizando y en 25 por ciento, de ellas solamente una décima parte del gasto que requieren”. 

María Estela Álvarez Corona, secretaria de Bienestar de Tlaxcala, contó sobre algunos casos que ha atendido la dependencia a su cargo. “Nos ha tocado llegar a viviendas en donde la cuidadora principal es una mujer de 75 años que cuida de sus tres hijos con discapacidad permanente. Una familia en situación de pobreza, la familia. Es más que evidente que no es lo mismo que un niño nazca con discapacidad en una familia que económicamente esté estable, a que nazca en una condición como la que ahorita les acabo de plantear”.

Menstruación en la infancia: cómo hablar del ciclo menstrual antes de la primera regla

 

La primera menstruación puede llegar antes que la información necesaria para comprenderla. En México, 66% de las personas encuestadas tuvo poca o ninguna información cuando experimentó su primer periodo, de acuerdo con la Segunda Encuesta Nacional de Gestión Menstrual, elaborada por Essity, UNICEF México y la colectiva Menstruación Digna México.

El estudio también identificó que 75% desconoce que el ciclo menstrual tiene cuatro fases y que solo 4% recibe información sobre el tema en la escuela. Frente a este panorama, hablar de menstruación desde la infancia es una oportunidad para que las niñas conozcan los cambios de su cuerpo antes de enfrentarse a ellos.

La familia tiene un papel importante en este proceso: 71% de las personas encuestadas tuvo su primer acercamiento a la menstruación en el ámbito familiar, según la misma investigación. Por ello, madres, padres y personas cuidadoras pueden contribuir a que las dudas sobre el desarrollo corporal se resuelvan con información clara, sin reproducir estigmas ni asociar la menstruación con la vergüenza.

Hablar de menstruación desde la infancia

La educación menstrual no tiene que comenzar cuando aparece la primera regla. Explicar desde edades tempranas cómo funciona el cuerpo, qué cambios pueden ocurrir durante el crecimiento y por qué sucede la menstruación permite que las niñas cuenten con herramientas para comprender su desarrollo.

También es importante que estas conversaciones se adapten a su edad, partan de sus preguntas y se desarrollen en un entorno de confianza. De esta manera, la menstruación puede abordarse como un proceso natural del cuerpo y no como un tema que deba ocultarse o del que solo se habla cuando surge una emergencia.

La falta de información puede generar incertidumbre cuando llega el primer periodo. Por ello, contar con materiales accesibles y espacios de diálogo contribuye a que las niñas identifiquen los cambios de su cuerpo y sepan a quién acudir cuando tengan dudas.

Un libro infantil para hablar del ciclo menstrual

Con la intención de acercar estos conocimientos a las niñas, Fernanda Borja creó Los superpoderes de Gaia, su primer libro infantil, ilustrado por Melina Ontiveros.

A través de una historia dirigida al público infantil, la obra aborda el conocimiento del cuerpo, las hormonas y el ciclo menstrual. La propuesta busca que la lectura sea una oportunidad para que las niñas exploren estos temas y para que las personas adultas encuentren una manera cercana de iniciar la conversación.

El libro plantea, además, una experiencia compartida entre madres e hijas, en la que leer puede convertirse en un punto de partida para escuchar preguntas, aclarar dudas y acompañar los cambios físicos que forman parte del crecimiento.

Más allá de la llegada de la primera menstruación, el objetivo es abrir espacios en los que las niñas puedan hablar de su cuerpo con naturalidad y recibir información adecuada para cada etapa de su desarrollo.

La información menstrual como parte del acompañamiento

Los resultados de la Segunda Encuesta Nacional de Gestión Menstrual muestran que el conocimiento sobre el ciclo menstrual todavía enfrenta brechas tanto en la escuela como en otros espacios cotidianos.

Ante esta situación, las familias pueden contribuir a que la información llegue antes que el miedo o la incertidumbre. Hablar de menstruación desde la infancia, responder preguntas sin juzgar y recurrir a materiales educativos son algunas maneras de acompañar a las niñas en el conocimiento de su cuerpo.

Presupuesto 2027 de Chile pone en riesgo la continuidad de programas para mujeres

 

El proyecto de Ley de Presupuestos 2027 de Chile plantea cambios en el financiamiento de políticas públicas dirigidas a las mujeres, entre ellos el eventual cierre de la Fundación para la Promoción y el Desarrollo de la Mujer (Prodemu), reducciones en la estructura del Servicio Nacional de la Mujer y la Equidad de Género (SernamEG) y la ausencia de partidas explícitas para determinados programas de salud.

La propuesta fue presentada por el gobierno del presidente José Antonio Kast y comenzó su discusión en el Congreso durante octubre de 2026. Las medidas forman parte de un proyecto que todavía puede modificarse durante su tramitación legislativa.

Prodemu podría cerrar después de 36 años de trabajo

Uno de los cambios más relevantes es el previsto para Prodemu, fundación creada en 1990 para promover el desarrollo y la autonomía de las mujeres, particularmente mediante acciones de capacitación, formación y acompañamiento territorial.

El proyecto presupuestario contempla recursos para cubrir sus gastos operativos, incluidos salarios y servicios, únicamente hasta el 31 de marzo de 2027. Después de esa fecha, los fondos se destinarían a cubrir los gastos necesarios para el cierre, la liquidación y la disolución de la institución.

El Sindicato Prodemu advirtió que la medida afectaría a cerca de 50 mil mujeres que reciben atención y acompañamiento cada año, además de poner en riesgo alrededor de 400 puestos de trabajo.

Por su parte, la ministra de la Mujer y la Equidad de Género, Judith Marín, atribuyó los problemas financieros de la fundación a decisiones de la administración anterior, entre ellas el traslado de su funcionamiento al ministerio tras la eliminación del gabinete de la primera dama.

La continuidad de Prodemu dependerá de lo que ocurra durante la discusión presupuestaria y de las decisiones que se adopten respecto de la institución.

Menos plazas en el servicio de atención a las mujeres

El proyecto también propone reducir en 26 plazas el límite de puestos que el SernamEG puede contratar de manera permanente.

Este organismo ejecuta programas relacionados con la prevención y atención de las violencias de género, así como iniciativas para fortalecer la autonomía de las mujeres. Por ello, los cambios en su estructura laboral abren interrogantes sobre las capacidades institucionales para mantener sus servicios.

La propuesta presupuestaria también modifica el panorama de otros programas dirigidos a las mujeres. Entre los cuestionamientos planteados por organizaciones y sectores críticos se encuentra la eliminación de asignaciones específicas para iniciativas de participación política y social, así como cambios en los recursos destinados a políticas de autonomía económica y derechos sexuales y reproductivos.

Estas modificaciones forman parte de un debate más amplio sobre la distribución del gasto público y la continuidad de las políticas que buscan reducir las desigualdades de género.

El presupuesto dejaría de identificar el gasto con perspectiva de género

Otro cambio está relacionado con la metodología de Presupuesto con Perspectiva de Género, impulsada durante el gobierno del expresidente Gabriel Boric (2022-2026).

Desde 2024, la Dirección de Presupuestos (Dipres) desarrolló un mecanismo piloto para identificar qué proporción del gasto público contribuía, directa o indirectamente, a reducir las brechas entre mujeres y hombres o a financiar iniciativas de género.

Para el presupuesto de 2026, el 23 por ciento del gasto fue etiquetado bajo esta metodología.

Sin embargo, durante la formulación del proyecto para 2027, los ministerios dejaron de recibir las instrucciones para identificar y etiquetar sus partidas presupuestarias bajo ese mecanismo.

La ausencia de esta clasificación no demuestra por sí sola que todos los recursos destinados a cerrar brechas de género hayan desaparecido. No obstante, dificulta identificar de manera específica cuánto del presupuesto se dirige a ese objetivo y dar seguimiento a su distribución entre las distintas dependencias públicas.

Crece en Chile la conmoción por reducción de penas dadas a delincuentes sexuales de menores de edad

 

Aldo Anfossi, corresponsal

Santiago. El escándalo por las reducciones de penas a condenados en Chile por delitos sexuales contra menores de edad, dadas en los últimos seis meses por el gobierno de José Antonio Kast, lejos de amainar, empeora y acentúa la debilidad del ministro de Justicia, Fernando Rabat, autor y responsable político de los perdonazos.

Un informe publicado este martes por la emisora www.biobiochile.cl, dijo que los 56 violadores y/o abusadores que obtuvieron rebajas desde marzo mediante decretos ejecutivos, todos están en libertad y que ninguna de sus víctimas o familiares fueron notificadas de aquello.

También reportó que “informes de Gendarmería advierten alto riesgo de reincidencia, negación del delito y falta de empatía en varios de ellos”, y que buena parte de ellos se trata de “pederastas con alto peligro de reincidencia, con rasgos de “frialdad” y sin remordimiento por los ilícitos cometidos ni empatía con sus víctimas”.

Además de Rabat, que firmó 22 perdonazos, el subsecretario de Justicia, Luis Silva, facilitó 10, mientras que el subsecretario de Derechos Humanos, Pablo Mira, cedió uno.

Rabat defiende lo actuado en una supuesta “doctrina” o jurisprudencia de la Corte Suprema acogiendo recursos de amparo de los presidiarios, a quienes se les negó beneficios carcelarios, pero la presidenta del máximo tribunal, Gloria Ana Chévesich, refutó aquello señalando que el ministro de Justicia no estaba obligado a acatarlo.

La destitución de Rabat es exigida incluso por parlamentarios afines a Kast, con argumentos del tipo “va a arrastrar a todo nuestro sector a un problema que se va a alargar”, “la magnitud del error es tal que el ministro no debiese seguir, ojalá que él pueda renunciar para hacerle la vida más fácil al sector y al Presidente”, y porque la ignominia toca “al corazón de lo que es nuestro sector, de darle duro a los delincuentes y ser firmes, afecta lo que somos y la agenda con la cual fuimos electos”.

Mientras que desde la oposición centroizquierdista se puso en marcha el proceso para acusar constitucionalmente a Rabat, destituirlo e inhibirlo del ejercicio de cargos públicos.

Mujeres afrodescendientes defienden el territorio con energía solar en Colombia

 

Mapa del área protegida reconocida como Distrito de Conservación por parte de la CVC en manos de las mujeres que han impulsado su cuidado y reconocimiento. Imagen: María Fernanda Padilla

María Fernanda Padilla

BOCAS DE PALO, Colombia – Cuando se encendieron las luces de la cancha de fútbol, Zuleima Romero descubrió que era el lugar donde siempre quería estar. Durante años, la falta de electricidad en ese punto de encuentro de Bocas del Palo, una comunidad afrodescendiente del Valle del Cauca en Colombia, había impedido que ella y otras madres del consejo comunitario pudieran practicar ese deporte después de caer la noche.

Esas horas eran las únicas que tenían libres, después de las tareas del hogar: cocinar, hacer aseo, alimentar a los animales y cuidar de sus hijos.

“Antes salíamos a entrenar desde las 4:00 de la tarde hasta las 5:30, máximo, porque ya se oscurecía. Como estamos rodeados de cultivos de caña, si el balón se caía allá, había que esperar al otro día para recogerlo y si estábamos de buenas, encontrábamos el balón”, recuerda Zuleima.

Hoy tiene 56 años y no ha soltado el balón desde que pisó una cancha por primera vez cuando tenía 10. “La noche es nuestra hora para descansar y disfrutar sin toda la carga del hogar”, afirma.

Equipo de fútbol juvenil de Bocas del Palo donde jugaba Zuleima. Imagen: Cortesía de la comunidad

La luz llegó al pueblo gracias a un proyecto de energía solar impulsado por un grupo de mujeres de la comunidad. El 1 de noviembre de 2024 se puso en funcionamiento el parque solar y los paneles solares instalados en los postes de luz alrededor de la cancha. Aunque las casas ya contaban con el servicio de electricidad, los cortes de energía eran frecuentes.

Cuando la luz se iba, muchas familias tenían que alumbrarse con velas y encerrarse en sus casas al anochecer. Los espacios comunitarios, además, permanecían a oscuras cuando caía la noche.

“Con el parque solar, los niños juegan, las personas salen frente de sus hogares a hablar, a perderse un poquito de las redes sociales que nos han apartado a muchos como familias negras y extensas», cuenta Dany Ortiz, una de las mujeres impulsoras del proyecto solar y la hija mayor de Zuleima.

Añade que «esto reafirma esos lazos familiares y culturales que por muchos años han permanecido dentro de nuestro territorio. Y también hay algo súper importante: la iluminación de la cancha brinda seguridad, porque podemos ver si hay una persona extraña en la comunidad”.

La niñez y la juventud de Bocas del Palo han convertido la cancha de fútbol en un espacio de juego nocturno. Imagen: María Fernanda Padilla

El parque solar nació de un sueño que Dany y Nayive Reyes, otra de las lideresas de la comunidad, comenzaron a imaginar mientras cursaban un diplomado sobre transición energética en el Pacífico colombiano: llevar a Bocas del Palo un proyecto que les ayudara a conservar el territorio y garantizar mayor estabilidad energética. J

unto a Adelina Vásquez, mayora de su comunidad y lideresa de una organización de mujeres ambientalistas del consejo comunitario, le dieron forma a la propuesta. En agosto de 2023, la presentaron a un funcionario de la Corporación Regional Ambiental del Valle del Cauca (CVC) a quien conocían y que posteriormente llegó a un cargo en el Gobierno nacional.

Dos meses después, recibieron una llamada suya para anunciarles que su sueño sería una realidad.

La propuesta, que finalmente llegó a Bocas del Palo, fue diseñada bajo el modelo agrovoltaico, que combina la generación de energía solar con el aprovechamiento agrícola del mismo terreno.

En el consejo comunitario esa combinación cobra una especial importancia porque está rodeado de monocultivos de caña de azúcar y la comunidad enfrenta una creciente presión sobre la tierra disponible para sus propios cultivos. En Jamundí, municipio donde está Bocas del Palo, hay al menos 9237 hectáreas cultivadas de caña, según los datos abiertos del Gobierno nacional con corte al año 2022.

(De izq a der) Dany, Harold, Nayive y Adelina debajo de los paneles solares instalados. Imagen: María Fernanda PadillaEl proyecto se materializó en un parque solar de 186 paneles, un sistema de iluminación LED para la cancha de fútbol alimentado por 30 paneles distribuidos en 16 postes y un vehículo eléctrico equipado con cuatro paneles, que sirve para llevar los libros de la biblioteca pública etnocultural “Adelina Vásquez” a zonas dispersas del consejo comunitario y transportar los productos agrícolas cultivados bajo los paneles: tomate, habichuela, lechuga y plantas medicinales.De esta manera, el sistema solar agrovoltaico genera energía para suministrar al Sistema Interconectado Nacional (SIN) —la red eléctrica central que lleva la luz a la mayoría de ciudades de Colombia—, y desde allí distribuye electricidad a las 116 casas. Por su parte, el vehículo contribuye a la movilidad dentro del territorio.

La generación de energía solar también empezó a sentirse en los ingresos y gastos de la comunidad. Antes de la puesta en marcha del proyecto, un hogar en Bocas del Palo pagaba alrededor de 100 000 pesos colombianos (unos 32 dólares), mientras que ahora recibe facturas de entre 30 000 a 40 000 pesos (13 dólares).

Algunas viviendas, incluso, han llegado a registrar recibos en 0 pesos. En los hogares con un consumo mayor, el ahorro también ha sido significativo. Una familia que antes pagaba entre 280 000 y 300 pesos (89-96 dólares) puede pagar ahora 180 000 (57dólares).

Para una comunidad rural, esa diferencia no solo representa un menor gasto en electricidad, sino recursos que se pueden destinar para alimentación, salud o educación.

Además, el consejo comunitario recibe un pago por los excedentes de energía que genera el parque solar, que es invertido en necesidades colectivas. Tan solo en el 2025, recibieron aproximadamente 12 millones de pesos (unos 3830 dólares) anuales por la generación de energía comunitaria.

Dany Ortiz cuenta que este proceso también ha generado una relación distinta con la energía.

“Dentro de la capacitación previa a la instalación aprendimos que no tenemos que dejar enchufados los equipos, los televisores y los cargadores. Hubo un proceso de transformación de conciencia: generar energía gracias a la naturaleza depende de nosotros y como somos generadores tenemos que empezar a optimizar ese gran recurso, que hoy llegó para cambiar algunas cosas de nuestro hogar”, agrega.

Para Catalina Caro, coordinadora general de Censat Agua Viva, el valor de las energías comunitarias está en que permiten gestionar la energía a escala local y regional, con las propias comunidades como protagonistas.

Desde esta perspectiva, la energía no se reduce a la electricidad que llega a través de una red, sino que atraviesa la vida comunitaria, las formas de sembrar, producir alimentos y habitar el territorio.

Por eso, dice Caro, la gestión comunitaria de la energía puede fortalecer las posibilidades de las comunidades de permanecer en sus territorios.

Otra de las preocupaciones por parte de las lideresas es el reciclaje de los paneles solares después de 20 a 25 años de vida útil. Imagen: María Fernanda Padilla

Pero la transición energética no ha sido un proceso sencillo ni todo ha funcionado como esperaban. Convertirse en generadoras de energía ha obligado a las mujeres de Bocas del Palo a enfrentarse a conceptos técnicos, trámites administrativos y a una relación que consideran desigual frente la empresa encargada de comercializar la energía.

Reconocen que todavía tienen dificultades para interpretar algunos de los datos que produce el sistema y que necesitan contar con una persona de confianza dentro de la comunidad que pueda asumir ese conocimiento técnico.

A esto se suman desencuentros con Celsia, una compañía que puso 30 % de dinero para hacer realidad el proyecto y se encarga de la administración, operación y el mantenimiento del sistema.

Las lideresas aseguran que no tienen acceso directo al software que registra la generación, han encontrado facturas en las que no se aplican correctamente los descuentos correspondientes a la energía producida y, en ocasiones, han tenido que esperar por las bases de datos que necesitan para realizar la facturación.

Como una forma de solución, Galvis resalta el rol que debe cumplir el Estado en esa relación entre las comunidades energéticas y las empresas. Para ella, quien hace parte del Consejo Permanente para la Transición Energética Justa en Colombia, la transición no puede limitarse a sustituir unas tecnologías por otras si se mantienen intactas las formas de concentración del poder y las decisiones que definen cómo se produce, administra y comercializa la energía.

“El Estado debe vincularse financiando, sosteniendo, y brindando garantías para que la gestión de estas quede en manos de quienes habitan el territorio”, afirma. Esto implica, para ella, avanzar hacia alianzas público-comunitarias en la que las comunidades, los gobiernos y las autoridades indígenas y afrodescendientes tengan un papel decisivo.

Una guardia de defensoras territoriales

El sistema solar agrovoltaico es solo una de las formas que las mujeres de Bocas del Palo han encontrado para hacer frente a la crisis climática y defender su permanencia en el territorio. Antes de producir electricidad, Dany Ortiz, Adelina Vázquez y Nayive Reyes impulsaron el reconocimiento de Bocas del Palo como un área protegida.

El 6 de abril de 2024, la Corporación Regional Ambiental del Valle del Cauca (CVC) declaró 1754 hectáreas como “Distrito de Conservación de Suelos Bocas del Palo”, una figura destinada a proteger los humedales, el bosque seco tropical, los animales que habitan la zona y  a la comunidad afrodescendiente.

Desde noviembre del año 2022, junto a la CVC realizaron una caracterización ambiental para identificar las aves existentes, hacer un diagnóstico de los siete humedales que hacen parte del ecosistema Bosque Cálido Húmedo en Planicie Aluvial (Bochura), así como la revisar el estado del agua y recoger las tradiciones y saberes de la comunidad. El proceso les llevó a dialogar con las haciendas de caña y las empresas avícolas sobre los impactos ambientales de sus actividades y exigir a la autoridad ambiental protección.

“Teníamos antecedentes de denunciar ante las autoridades ambientales sobre el impacto de los ingenios de caña sobre los humedales y no había sido posible que pusieran la mirada acá. Solo cuando tenemos la declaratoria podemos hablarles de los impactos y logramos que despejaran 18 hectáreas de los espejos de agua. Falta una parte pero por algo empezamos”, cuenta Nayibe Reyes, quien se encarga de hacer jornadas de limpieza del buchón de agua que invade principalmente los humedales Cabezón, Santa Bárbara y Colindres, para evitar que asfixie a los peces y al ecosistema.

Pero las afectaciones que las mujeres de Bocas del Palo identificaron van más allá de los impactos de la caña sobre su territorio. En los últimos años, también han visto cómo la sequía y el aumento de las temperaturas han transformado el paisaje que conocieron: algunos humedales han tenido una reducción en su nivel de agua, especies como las nutrias han desaparecido y los pozos subterráneos que abastecían a varias familias se han secado.

El humedal Cabezón es uno de los que conservan aún el espejo de agua y sigue abasteciendo de peces a la comunidad. Imagen: María Fernanda Padilla

El río Cauca, principal proveedor de Bocas del Palo, también está erosionando sus orillas, llevándose territorio y vivienda del consejo comunitario. Las mujeres relacionan este deterioro con la deforestación y la minería de material de construcción y oro, a través de dragas externas, algunas de ellas —según denuncian— sin licencia o vinculadas con grupos armados.

La defensa del territorio también ha tenido un costo para los liderazgos comunitarios. El 26 de agosto de 2023, Jhon Freddy Castillo, líder comunitario, y su esposa Claudia Ordóñez, candidata al Concejo de Jamundí y defensora ambiental, fueron víctimas de un atentado en Bocas del Palo y ambos fallecieron. Además, otros liderazgos han recibido intimidaciones y hombres armados han disparado contra sus viviendas, provocando desplazamientos forzados.

A pesar de esto, Dany, Nayibe y Adelina siguen buscando que su comunidad se relacione de una forma distinta con la naturaleza y la energía, como una forma de prevenir que les arrebaten su territorio.

La transición energética y el parque solar, que tiene una proyección de 30 años, son hoy una de sus principales formas de prevenir la crisis climática y decidir sobre su futuro. Hoy, ellas son la guardia ambiental que garantizará la permanencia comunitaria, dice Adelina Vásquez, quien tiene 69 años y es una de las lideresas históricas de Bocas del Palo.

“Para nosotras es maravilloso decir: ‘No nos corten este palo’. Nos oponemos porque es cuidar la madre tierra, que es la que nos sostiene. Si no cuidamos lo que nos sostiene la casa, entonces, ¿quién la va a cuidar? Ese es el liderazgo como mujeres emprendedoras y como una comunidad que ha visto y ha cuidado este territorio de generación en generación”, afirma.

Este artículo se elaboró con el respaldo de Climate Tracker América Latina.