11/16/2026

Programa Tiempo de Mujeres CFRU sábado 14 de noviembre de 2026

Desde los estudios Frank Ryan de CFRU
en la Universidad de Guelph en Ontario Canadá


cfru 93.3 fm
Radio universitaria/comunitaria
de la Ciudad de Guelph
📻🔘💭
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TIEMPO DE MUJERES
Bienvenida al programa de hoy
Abogada penalista, perito criminalista, periodista,
defensora de los DH y activista
Hoy escuchamos a
María Natalia Lafourcade Silva, conocida como Natalia Lafourcade, es una cantante, ​ compositora, ​ actriz, ​ productora musical, ​ arreglista, ​ diseñadora,​ activista y multinstrumentista mexicana
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Colaboración de
Psicóloga, escritora y activista afrodescendiente
Tema de hoy
 "Cómo afecta la conducta criminal a la sociedad" 
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Colaboración de
Venus Xcaret García Tellez
Licenciada en Desarrollo Humano
Programadora Neurolinguista
Cuentos para pensar
"La ciudad de los pozos"
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TEMA
TEMA 
En esta entrevista con Amy Goodman en Democracy Now! en español, la periodista María Hinojosa conversó sobre su histórica entrevista con la activista Dolores Huerta (a sus 95 años en ese entonces). Dolores Huerta reveló públicamente que fue violada en dos ocasiones por César Chávez (en 1960 y 1966), incidentes que resultaron en embarazos que mantuvo en secreto durante más de 60 años. El peso del movimiento: Hinojosa destacó la importancia de mirar más allá de la figura única de César Chávez y reconocer la complejidad y el liderazgo colectivo dentro de la lucha por los derechos de los trabajadores agrícolas ("El movimiento no es solamente César Chávez")Dolores Huerta —quien acuñó la consigna “¡Sí se puede!”— falleció posteriormente a los 96 años, siendo recordada por Hinojosa y Democracy Now! como una figura fundamental e infatigable de los derechos civiles en EE. UU
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Tiempo de Mujeres

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Todos los Sábados de 8 a 9 de la noche
(tiempo del Este)

Ondas cortas y ondas largas en la cultura Fobaproa de México



Fernando Buen Abad Domínguez*

Produce naúseas la cultura del endeudamiento y sus repercusiones que en cadena logran esclavizar ideológicamente a los pueblos, cómo la barbarie de las tasas de interés se vincula con la lógica macabra del Fobaproa (Fondo Bancario de Protección al Ahorro), que no fue una operación financiera de salvaguarda bancaria. Fue una de las más obscenas escenificaciones del poder de clase en México, una arquitectura de transferencia de pérdidas privadas hacia las espaldas de la clase trabajadora, y un episodio revelador de la naturaleza delictiva del endeudamiento financiero.

Sus ondas cortas se identifican en la memoria instantánea de la crisis de 1994-1995, en la insolvencia bancaria, la depreciación monetaria, la contracción del crédito, el desastre de miles de familias y la transformación de una catástrofe financiera en una obligación colectiva. Sus ondas largas e intensas, mucho más peligrosas, siguen extendiéndose en la estructura del presupuesto, en la repartición social de los sacrificios, en la subyugación de las políticas públicas y, principalmente, en la pedagogía ideológica que instruye a las comunidades a percibir como natural que los beneficios sean propiedad de los propietarios privados mientras que las pérdidas hallen refugio en el sistema fiscal. Allí reside su significación histórica más profunda.

Su Fobaproa, que posteriormente se transformó en deuda pública a través de su transformación institucional en obligaciones gestionadas por el Instituto para la Protección al Ahorro Bancario, reveló una perversidad sistémica: la socialización de los quebrantos y la privatización de los beneficios. La operación no puede comprenderse cabalmente sin examinar la racionalidad de clase que la hizo posible. ¿Quiénes decidieron? ¿Quiénes se beneficiaron? ¿Quiénes pagaron? ¿Qué mecanismos políticos permitieron que una sociedad entera se comprometiera con obligaciones originadas en decisiones empresariales, financieras y gubernamentales que no había controlado? La deuda, en estas circunstancias, deja de ser una categoría contable para convertirse en una relación de poder.

Cuando dicha relación se naturaliza, se inicia su labor ideológica más perversa: convertir una injusticia histórica en una responsabilidad ciudadana, presentar el sacrificio de las mayorías como virtud republicana, y vestir de fatalidad económica lo que, en realidad, fue una decisión política. Las tasas de interés, cuando operan bajo relaciones profundamente asimétricas, ostentan una magnitud particularmente brutal: multiplican obligaciones, prolongan dependencias y transforman el tiempo de los trabajadores en una fuente inagotable de extracción de valor. El interés compuesto puede representar una manifestación matemática plenamente legítima; su empleo en estructuras de explotación, usura y subordinación financiera puede transformarse, en cambio, en un mecanismo de desposesión.

Entonces, el prestamista no necesita exhibir el látigo: le basta con administrar el vencimiento, multiplicar los recargos y hacer de la necesidad ajena una oportunidad de acumulación. Su sofisticación macabra consiste en que la violencia aparece revestida de legalidad contractual, mientras la víctima termina responsabilizándose por su propia asfixia. 

La cultura del endeudamiento es también una tecnología de disciplinamiento de las conciencias. Enseña a vivir anticipadamente hipotecados, a consumir con recursos futuros, a interpretar la precariedad como insuficiencia individual y a confundir solvencia crediticia con dignidad humana. 

Así se fabrica una subjetividad obediente, permanentemente preocupada por satisfacer obligaciones y cada vez menos disponible para interrogar las estructuras que producen su empobrecimiento. 

El deudor sometido difícilmente dispone de la misma libertad material y política que quien controla las condiciones del crédito.

https://www.jornada.com.mx/noticia/2026/11/15/opinion/ondas-cortas-y-ondas-largas-en-la-cultura-fobaproa-de-mexico

Por lo tanto, dicha deuda puede transformarse en una forma de gobierno de comportamientos: regula presupuestos domésticos, condiciona decisiones laborales, limita horizontes vitales y genera una pedagogía silenciosa de la resignación. Las ondas largas del Fobaproa también se hallan en esa memoria política que ciertos poderes preferirían clausurar: la de un Estado que moviliza recursos públicos con una diligencia extraordinaria cuando se trata de proteger ciertos intereses financieros, pero que resulta menos expedito cuando las mayorías demandan vivienda, salarios adecuados, educación, salud o seguridad social. 

No se trata de desestimar la necesidad de implementar mecanismos para prevenir el colapso de los sistemas de pagos, ni de desestimar la complejidad de una crisis bancaria; se trata de impugnar quién determina el costo del rescate, quién establece sus condiciones y quién termina subordinado a sus repercusiones.

De este modo, la reflexión crítica se torna esencial: el capital financiero no “auxilia” a las relaciones sociales, sino que representa una forma concentrada de poder sobre el trabajo, el Estado y la reproducción material de la sociedad. Entonces, luchar contra la cultura del endeudamiento requiere algo más que la simple denuncia de intereses abusivos o la exigencia de transparencia contable. Exige desterrar los privilegios financieros que los exhibe como necesidades nacionales disfrazadas de austeridad popular y mandato moralista burgués inapelable. 

Requiere auditoría social, responsabilidad y responsabilidad. Exige auditoría social, responsabilidades políticas y empresariales, transparencia irrestricta y una política económica que coloque las necesidades colectivas por encima de la rentabilidad parasitaria. ¿Quién se atreve?

Ningún pueblo conquista soberanía mientras su destino presupuestario permanezca condicionado por obligaciones que otros contrajeron y cuyos beneficios tampoco fueron colectivos. La emancipación no sólo implica disputar la posesión de la riqueza, sino también la facultad de decidir cómo se genera, cómo se distribuye y bajo qué condiciones se compromete el porvenir. 

El Fobaproa no debe recordarse como una reliquia administrativa, ni como una controversia clausurada por el paso de los años: es una advertencia histórica sobre la capacidad del capitalismo financiero para convertir sus propias crisis en mecanismos de subordinación social. Sus ondas cortas dejaron de ser noticia; sus ondas largas siguen interpelando la conciencia nacional. Dado que la deuda más peligrosa no siempre se manifiesta en los balances financieros, es aquella que logra establecerse en la imaginación de las poblaciones hasta persuadirlas de que se crearon para pagar, obedecer y agradecer las condiciones de su propia explotación. 

Contra semejante servidumbre no basta la indignación: hace falta conciencia de clase, organización popular y voluntad política de transformar radicalmente las relaciones que hacen posible esa barbarie.

*Doctor en filosofía

Partidos Políticos, Humanismo de Nuevo Género y Dirección Científica de la Sociedad



Fernando Buen Abad Domínguez*

Sin un partido dirigente, la revolución proletaria es imposible León Trotsky (Lecciones de octubre, 1924)

Nos encontramos ante una encrucijada civilizatoria en la cual los antiguos paradigmas de representación política, los fundamentos filosóficos del humanismo tradicional y las formas dominantes de conducción social están en crisis, mayormente, por contagios burgueses. Crisis no simplemente como accidente, sino como colapso estructural de una época signada por el agotamiento del modelo burgués de organización de la vida, la devastación epistemológica impuesta por el capital simbólico hegemónico y el vaciamiento semántico de las formas instituidas de la voluntad colectiva. 

En este contexto, urge una refundación profunda de las categorías desde las cuales pensamos el poder desde las bases, la humanidad y la ciencia en función emancipadora. Esto exige una crítica radical —filosófica, política y semiótica— de los partidos políticos tradicionales; una reapropiación revolucionaria del concepto de humanismo desde una praxis dispuesta a intervenir a fondo en la disputa por el sentido; y una formulación rigurosa de lo que significa, hoy, luchar por la dirección científica de la sociedad desde el campo de la semiosis como espacio de disputa histórica. “La tarea del Partido consiste en educar a las masas, en elevar su conciencia, en organizar su lucha, en dirigir su movimiento.” — V. I. Lenin, “¿Qué hacer?”, 1902. 

En los partidos políticos tradicionales, incluso aquellos autodenominados progresistas, operan tensiones mayoritariamente influidas por una matriz semiótica diseñada por la lógica burguesa de representación y de infiltración en no pocos casos. Son vehículos semánticos subordinados a una infraestructura simbólica que reproduce los mecanismos de legitimación del capital. 

https://revistazocalo.com/partidos-politicos-humanismo-de-nuevo-genero-y-direccion-cientifica-de-la-sociedad/

En su forma, en su gramática discursiva, en su estetización de la política, en su burocratización del lenguaje, los partidos más esclerotizados han sido colonizados por el régimen semiótico del capital que ha convertido a la política en espectáculo, en negocio de publicistas y al electorado en público consumidor de signos vaciados de praxis. 

Todo muy caro. “Los comunistas no forman un partido aparte, opuesto a los otros partidos obreros. (…) No tienen intereses separados de los del proletariado en general. (…) Su tarea consiste en hacer valer los intereses comunes de todo el proletariado, independientemente de la nacionalidad, y en representar, en las distintas etapas de desarrollo de la lucha entre el proletariado y la burguesía, los intereses del movimiento en su conjunto.” — Karl Marx y Friedrich Engels, Manifiesto del Partido Comunista, 1848. 

Esta crisis no es solamente organizativa. Es una crisis semiótica: el partido ha dejado de ser laboratorio y portavoz vivo de sentido colectivo de las bases en lucha, ha perdido la capacidad de producir narrativas históricas orientadoras y de articular praxis significantes capaces de movilizar a las mayorías desde sus condiciones materiales e intelectuales. 

El marketing ha sustituido a la estrategia, el simulacro ha reemplazado al programa, la impostura ha suplantado al horizonte. Por tanto, no se trata únicamente de “reformar” los partidos, sino de someterlos a una crítica filosófica profunda que interrogue su función semiótica en la reproducción del orden simbólico dominante. Algunos anestesian las luchas sociales para despertar sus negocios particulares.

Un partido revolucionario no puede limitarse a ocupar la forma partido. Debe crear una nueva semiosis política, una semántica de la organización colectiva que no esté subordinada a las lógicas de la maquinaria electoral ni a la sintaxis discursiva del capital. Debe ser creador de símbolos insurgentes, de relatos articuladores, de dispositivos de inteligencia colectiva capaces de encarnar en cada célula militante una episteme contrahegemónica que opere, no como doctrina dogmática, sino como dinámica dialéctica de sentido crítico y praxis transformadora. Con movilización revolucionaria, crítica y autocrítica. 

Por otra parte, pero no desligada. Si el viejo humanismo burgués fracasó en su intento de universalizar los valores ilustrados es porque fue incapaz de reconocer las condiciones históricas y materiales de su propia imposición colonial. El humanismo burgués fue una semiosis individualista eurocéntrica, patriarcal y racista disfrazada de moral abstracta. Hablaba de humanidad mientras negaba a los pueblos colonizados su condición humana; hablaba de razón mientras reducía el conocimiento a las formas de pensamiento funcionales al capital.

Por ello, lo que necesitamos no es simplemente un “retorno” al humanismo, sino su superación dialéctica. Un Humanismo de Nuevo Género que sea inseparable de la lucha de clases, de la soberanía simbólica de los pueblos, del derecho a significar la realidad desde los intereses de los oprimidos. Un Humanismo semiótico que no sólo enuncie al ser humano como valor central, sino que lo comprenda como ser productor y producto de semiosis históricas, sociales, culturales, materiales. “El Partido Comunista Chino es la fuerza dirigente de todo el pueblo. Sin el Partido, no habría nueva China.” Mao Zedong, discurso con motivo del 28º aniversario del Partido, 1 de julio de 1949. 

Este nuevo humanismo debe ser anticolonial, anticapitalista, antipatriarcal. Debe desmontar las narrativas que construyeron a “lo humano” como categoría cerrada, esencialista y excluyente. Lo humano no es una esencia, es una producción histórica de sentido en lucha. Por ello, lo verdaderamente humano no está dado de antemano: debe ser construido desde una praxis emancipadora que recupere el poder de los pueblos para definir su propio destino simbólico. 

Desde nuestra Filosofía de la Semiosis, el Humanismo de Nuevo Género se plantea como una estrategia para la reapropiación colectiva de los medios, los modos y las relaciones de producción del sentido. Es decir, lucha por la socialización del lenguaje, de la imagen, de la palabra, del relato. Un humanismo que no teme la técnica, pero que somete la técnica al proyecto ético de una vida digna para todos. Un humanismo que considera a la inteligencia artificial, a los algoritmos y a las redes como territorios en disputa, campos semióticos que deben ser resignificados desde los intereses populares y no desde el lucro de las corporaciones tecnológicas.

Por eso, es urgente consolidar la Dirección Científica de la Sociedad y no sólo a los dirigentes, que no es lo mismo dirección que dirigentes. Cuando hablamos de dirección científica de la sociedad no nos referimos a un gobierno de tecnócratas ni a un control burocrático del conocimiento. Hablamos de una conducción consciente, crítica y revolucionaria de los procesos sociales desde una base científica que reconozca la historicidad, la materialidad y la conflictividad de las relaciones sociales. Una dirección científica de la sociedad implica el dominio consciente de las condiciones de producción simbólica que permiten a un pueblo autogobernarse en función de sus necesidades reales, no de las exigencias del mercado. 

Entendemos la ciencia, en este sentido, como práctica social insertada en la lucha de clases, y no como saber neutral. La semiosis —la producción y circulación de signos— debe ser objeto de estudio sistemático, desde las ciencias sociales críticas, pero también desde la práctica militante que se forma y experimenta, inventa y teoriza desde los márgenes. La dirección científica de la sociedad requiere una epistemología del pueblo en lucha, que combine la teoría con la praxis, que se nutra de los saberes insurgentes y que construya dispositivos colectivos de análisis e intervención semiótica.

No puede haber dirección científica sin democratización radical del conocimiento. El monopolio de la investigación, de la tecnología y de los medios de comunicación debe ser desmontado. El pueblo tiene derecho no sólo a consumir información, sino a producirla, organizarla, criticarla y proyectarla. La dirección científica debe implicar la creación de Observatorios Populares de la Semiosis, Escuelas de Comunicación para la Emancipación, Consejos de Producción Simbólica y redes cooperativas de inteligencia comunicacional. Sólo así se podrá romper el monopolio cognitivo del capital.

Tal dirección científica de la sociedad, pensada desde la Filosofía de la Semiosis, exige un Estado capaz de asumir su papel como organizador del sentido colectivo, no como censor ni como propagandista burgués, sino como articulador de una ética comunicacional orientada al bien común. Un Estado productor de verdad colectiva, promotor de la crítica radical, defensor de la pluralidad semiótica y constructor de espacios para la deliberación popular sobre los grandes signos de nuestro tiempo.

Sabemos que la lucha política es, también, una lucha semiótica. Los signos no son neutros. Las palabras, las imágenes, los gestos, los algoritmos, los relatos… son armas. Y las clases dominantes lo saben. Por eso invierten miles de millones en guerras simbólicas. Por eso controlan Hollywood, las redes, los libros de historia y los medios de masas. Por eso persiguen a los artistas populares, criminalizan la memoria rebelde y prostituyen el lenguaje hasta convertirlo en ruido. 

Frente a eso, los partidos políticos revolucionarios, el humanismo de nuevo género y la dirección científica de la sociedad deben entender que su primera tarea es recuperar la iniciativa en la disputa simbólica. No basta con denunciar. Hay que crear. Hay que inventar lenguajes nuevos, imaginar formas inéditas de comunicar, construir símbolos colectivos con poder de movilización. La semiosis revolucionaria no puede ser una repetición de consignas vacías. Debe ser la invención constante de un sentido que organice, que oriente, que encienda la conciencia. 

Necesitamos laboratorios populares de signos. Necesitamos pedagogías liberadoras que enseñen a leer críticamente los medios, a desmontar la propaganda, a interpretar el mundo no para resignarse, sino para transformarlo. Necesitamos que cada organización política sea una escuela de semiosis crítica, una fábrica de sentido para la vida digna. La lucha por otro mundo posible es, también, la lucha por otra semiosis posible. 

El capitalismo no solo domina los cuerpos y las fábricas: domina las palabras, las imágenes, los sueños. Nos arrebata el derecho a nombrar, a pensar, a imaginar. Por eso, cualquier revolución verdadera será también una revolución del sentido. “El Partido es el timón de China. Mientras mantengamos firme este timón, el pueblo chino podrá superar cualquier tempestad.” Xi Jinping, discurso en el 100.º aniversario del Partido Comunista de China, 1 de julio de 2021. 

Nuestros partidos políticos al servicio de los pueblos y sus luchas deben reinventarse como dispositivos semióticos emancipadores. El humanismo debe ser resignificado desde una práctica transformadora del lenguaje. La dirección científica de la sociedad debe asumir la semiosis como objeto estratégico. Porque sin signos liberados, no hay humanidad liberada. 

Nos corresponde construir, desde las luchas y las agendas del pueblo, una nueva semántica de la organización y su autocritica dialéctica, una esperanza concreta en la planificación, una nueva gramática de la justicia, una nueva estética de la rebeldía. No es tarea de iluminados. Es tarea colectiva. Es trabajo militante. Es política del sentido. Y es urgente. Porque en cada signo que emitimos o recibimos se juega la posibilidad de un mundo más justo… o la perpetuación del infierno burgués. 

*Doctor en Filosofía. Ponencia presentada por el autor durante el Seminario: Los Partidos y una Nueva Sociedad organizado por el Partido del Trabajo en octubre 2026.

Escudo de las Américas, estrategia de EU para el dominio total del continente - Contralínea



Aníbal García Fernández

Comercio, control de cadenas de suministro de minerales, acuerdos en materia de seguridad y combate al narcotráfico, sanciones económicas conjuntas y hasta injerencia electoral son parte de las características del Escudo de las Américas. Con la adhesión de 14 naciones del continente a esa estrategia, Estados Unidos pretende “recuperar” el control de América Latina frente a la mayor disputa con potencias extranjeras, como China, Rusia e Irán. Para asegurar la región, incluso activó el TIAR, viejo tratado de defensa militar conjunta con la que pretende usar su “poderío militar” y atacar la región

En el marco de la reunión en la sede de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) en septiembre pasado, el presidente estadunidense Donald Trump dialogó con los 14 países que se han adherido a su iniciativa del Escudo de las Américas. Ahí reactivó el Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca (TIAR) para formar una coalición regional contra el narcotráfico, lo que implica la posibilidad de responder bélicamente ante algún conflicto armado, sea por razones propias de conflictos bélicos interamericanos o externos al continente.

En el fondo, la razón es el control total de América Latina y no el combate al narcotráfico, como ya quedó demostrado con el caso de Venezuela (donde Estados Unidos secuestró a un presidente en funciones por supuestamente formar parte del “Cártel de los Soles” y, tras ello, el Departamento de Justicia modificó la acusación tras reconocer la inexistencia del grupo delictivo, lo que constituyó una violación al debido proceso y al derecho internacional. Un caso de lawfare internacional con el cual el gobierno de Donald Trump intenta establecer dominio sobre una nación soberana).

Esto es que el Escudo de las Américas no tiene por eje rector el combate al denominado “narcoterrorismo”, sino el control de recursos estratégicos, entre ellos, minerales considerados críticos e hidrocarburos, con la intención expresa de sacar de la región a potencias extranjeras como China, Rusia e Irán. Estos elementos quedaron plasmados en la Estrategia de Seguridad Nacional (ESN) del gobierno de Estados Unidos.

Como dio cuenta al inicio del 2026 este semanario, en la ESN se menciona que Estados Unidos buscará el dominio energético, de infraestructura, de minerales y ampliará las compras latinoamericanas del complejo militar industrial estadunidense.  Aunado a ello, el Escudo de las Américas se conformó como una de las principales estrategias de dominio regional que se articula con elementos comerciales, de seguridad y con la cobertura mediática de activos de la CIA [Agencia Central de Inteligencia], como es Fernando Cerimedo y toda su red de medios y cabilderos para imponer gobiernos a modo.

Escudo de las Américas, estrategia de dominio total

Los miembros hasta ahora del Escudo de las Américas son Argentina, Bolivia, Chile, Colombia, Costa Rica, República Dominicana, Ecuador, El Salvador, Guyana, Honduras, Panamá, Paraguay, Perú, y Trinidad y Tobago.

Figura 1. Escudo de las Américas



En la segunda reunión del Escudo de las Américas, los países miembros acordaron emprender acciones para explorar mecanismos de control de las inversiones, salvaguardar las cadenas de suministro de minerales críticos, promover normativas sobre “proveedores de confianza” para la infraestructura digital (o sea, la red 5G).

En materia de seguridad anunciaron el supuesto combate al narcotráfico mediante la coordinación en materia de sanciones (incluida la congelación de activos; restricciones de inmigración y de visados para los miembros, asociados y simpatizantes de dichas organizaciones), designaciones y medidas financieras contra “terroristas”, ampliación de fuerzas de seguridad civiles y asistencia humanitaria y de comunicación. Este punto incluye compartir información de inteligencia, “facilitar acceso, cuando proceda a tecnologías y capacidad de seguridad”, y ampliar la formación de fuerzas civiles y militares.

En ese sentido, Estados Unidos suscribió acuerdos sobre el Estatuto de las Fuerzas conocido por sus siglas en inglés como SOFA con Ecuador y Paraguay. En el caso de Ecuador, fue suscrito desde 2023 y otorga al personal militar y civil del ahora Departamento de Guerra, así como a sus contratistas, privilegios, exenciones e inmunidades equivalentes a los de personal diplomático, bajo la Convención de Viena. Incluye que cualquier exceso cometido por el personal será juzgado en tribunales estadunidenses; garantiza libre circulación de aeronaves, buques y vehículos operados por el Departamento de Guerra e incluso, el uso gratuito del espectro radioeléctrico.

La estrategia se complementa con la creación de una fuerza de tarea conjunta denominada Southern Speer, la cual fue transformada para formar ahora Joint Task Force Western Hemisphere.

Lo más grave del avance imperial del gobierno de Trump es la reactivación del viejo Tratado Interamericano de Asistencia Recpíroca (TIAR) de 1947, donde se estableció la defensa mutua de los países miembros y homologó a las Fuerzas Armadas latinoamericanas con preparación desde y en Estados Unidos. Hoy se reactivan dos artículos del TIAR que permiten pensar en la hipótesis de ataques coordinados por el Escudo de las Américas. Los miembros solicitarán a la OEA una reunión de consulta para la creación de un Órgano de Consulta de conformidad con los artículos 6 y 13 del TIAR.

El artículo 6 menciona: “Si la inviolabilidad o la integridad del territorio o la soberanía o la independencia política de cualquier Estado Americano fueren afectadas por una agresión que no sea ataque armado, o por un conflicto extra continental o intracontinental, o por cualquier otro hecho o situación que pueda poner en peligro la paz de América, el Órgano de Consulta se reunirá inmediatamente, a  fin de acordar las medidas que en caso de agresión se deben tomar en ayuda del agredido o en todo caso las que convenga tomar para la defensa común y para el mantenimiento de la paz y la seguridad del Continente”.

El artículo 13 dice: “Las consultas serán promovidas mediante solicitud dirigida al Consejo Directivo de la Unión Panamericana por cualquiera de los Estados signatarios que haya ratificado el Tratado”.

La importancia del artículo 6 del TIAR radica en que al difuminar Estados Unidos la frontera entre seguridad pública (narcotráfico) y seguridad nacional (terrorismo), con el supuesto combate al “narcoterrorismo”, aplica extraterritorialmente su ley y la impone al resto de países. Por lo tanto, los cárteles que fueron designados como “narcoterroristas” son considerados ahora una agresión no militar que afecta la soberanía de los países bajo el TIAR, y podría invocar a una coalición de países para combatirlos militarmente.

Por ello, no es menor que el presidente Trump haya mencionado en la Asamblea General de la ONU que “Estados Unidos ya no permitirá que las amenazas contra América ganen terreno en ningún lugar del hemisferio occidental. Y, de ser necesario, utilizaremos nuestro poderío militar sin igual para asegurar los vitales intereses nacionales de Estados Unidos”.

Cárteles mexicanos en la mira

En ese contexto, ya son dos países más los que han designado como organizaciones narcoterroristas a varios grupos del narcotráfico regionales, entre ellos mexicanos. El primero fue Costa Rica. Su actual presidenta Laura Fernández designó el 14 de octubre a los cárteles de Sinaloa, Jalisco Nueva Generación (CJNG), del Noreste, La Nueva Familia Michoacana y Cárteles Unidos, entre otros.

El gobierno de Argentina también hizo lo propio con el Cártel de Sinaloa y la Nueva Familia Michoacana. Aunque Ecuador no ha designado directamente a un grupo del narcotráfico mexicano, sí designo a tres organizaciones que supuestamente mantendrían relaciones con el CJNG.

Se puede entonces establecer como hipótesis que los miembros del Escudo de las Américas avanzan en la designación de grupos del narcotráfico como organizaciones narcoterroristas, lo que habilita el TIAR frente a una agresión no militar. Por ello, la designación de organizaciones internacionales terroristas hecha por el gobierno de Estados Unidos y retomado por el Escudo de las Américas es la estrategia con la que podrían formar una coalición regional militar y atacar a los cárteles. La cuestión es si buscarían hacerlo en terceros países en donde tienen presencia, incluido México.

En ese sentido, el 3 de noviembre en su conferencia de prensa, la presidenta Claudia Sheinbaum afirmó: “nosotros llamamos aquí ‘delincuencia organizada’, y la combatimos, y trabajamos todos los días para la seguridad y la paz en nuestro país. Terrorismo es otra cosa. Y, además, no queremos, sobre todo, que, al llamarle de esta manera, eso represente una injerencia en nuestro país, ese es… Por eso, la modificación que hicimos al Artículo 40 de la Constitución, porque no puede ser un pretexto para invasión, injerencia de cualquier país en nuestro país”.

Foto: Departamento de Estado

Injerencia electoral

Otra vertiente de esta estrategia tiene que ver con el injerencismo. Por ello, la caída de Fernando Cerimedo tiene que relacionarse con el Escudo de las Américas. Distintas investigaciones en América Latina y el Caribe dan cuenta de la asesoría de Cerimedo y su círculo cercano a varios países que forman parte del Escudo de las Américas. Son los casos de Argentina, Bolivia, Paraguay, Honduras, El Salvador y Perú, aunque también se extiende hacia México y Brasil –con gobiernos progresistas que enfrentan serios ataques a su democracia por parte de Estados Unidos–. Cerimedo en su momento mencionó que “reventaría” las elecciones de 2027 en México.

Por lo tanto, otro rubro de la estrategia trumpista es el control mediático, para imponer presidentes afines a la geopolítica de dicho país y lograr ampliar el Escudo de las Américas. Sin Cerimedo, sus empresas y su red de poder –que llega hasta Trump–, no se podría explicar el supuesto “viraje a la derecha” de la región.

Según distintas investigaciones periodísticas, Cerimedo aparece no sólo como asesor del presidente de Bolivia, Rodrigo Paz, sino también como principal articulador de los “triunfos” de otros presidentes, como Keiko Fujimori en Perú, Abelardo de la Espriella en Colombia, Javier Milei en Argentina, Nasry Asfura en Honduras. E incluso del excandidato Flávio Bolsonaro en Brasil.

FUENTE: Departamento de Estado, 2026

La defensa de Cerimedo por parte de Estados Unidos llegó al punto del golpe judicial en Bolivia, pues sancionó al fiscal Roger Mariaca por “aceptar sobornos para facilitar el narcotráfico” y le retiró la visa.

Esto es que el Escudo de las Américas es la forma que adquiere la defensa de Estados Unidos de su supuesto “espacio vital”. No es el “patio trasero”, es la primera línea de defensa estratégica del imperialismo yankee en decadencia y, para ello, la protección implica asegurar comercio con tratados bilaterales o sectoriales (minerales, hidrocarburos, materia prima estratégica, manufacturas), ampliar los acuerdos en materia de seguridad como es el caso de los SOFA, combate al narcotráfico como pretexto para la presencia militar permanente y la injerencia electoral.

https://contralinea.com.mx/investigacion/escudo-de-las-americas-estrategia-de-eu-para-el-dominio-total-del-continente/

prensa 📰 hoy en México 🇲🇽 lunes 16 de noviembre de 2026


🗞  LA JORNADA 
Taddei dio por adjudicación directa 96% de 13 mil 300 contratos

Durante los últimos dos años, bajo la gestión de Guadalupe Taddei como consejera presidenta del Instituto Nacional Electoral (INE), este órgano asignó por adjudicación directa 96 por ciento de los más de 13 mil 300 contratos que firmó para servicios, arrendamiento o adquisiciones. El monto de este tipo de contrataciones supera 2 mil 829.7 millones de pesos.

Entre las empresas más favorecidas en el periodo que va de enero de 2025 a septiembre de 2026, se encuentran compañías que lo mismo fueron contratadas para servicios de seguridad y vigilancia que para labores de limpieza.

De acuerdo con los contratos difundidos por el órgano comicial a través de la Plataforma Nacional de Transparencia, también hay una decena de personas físicas que han gozado de millonarios contratos, algunos de los cuales también fueron para limpieza y para labores de seguridad, mismos que se concretaron a través de distintas áreas del órgano, así como de las juntas locales y distritales.

Por ejemplo, Arzaa Protección y Vigilancia Especializada, que recibió al menos 221 convenios, fue contratada en enero pasado para el “Servicio de vigilancia de la 09 Junta Distrital Ejecutiva en Guanajuato”, pero en abril, esa junta distrital recurrió a la misma compañía para el “Servicio de limpieza en las instalaciones del inmueble del módulo de atención ciudadana fijo” de La Joyita, en el municipio de Silao.

En el caso de Jurídicos Integrales FBP, con el que el INE firmó por lo menos 96 contratos que se elevan a 54.13 millones de pesos, se le encomendó la vigilancia de decenas de oficinas distritales. Uno de esos convenios se firmó en abril de 2025 por 15 millones 245 mil pesos, para servicio de vigilancia intramuros en 40 sedes de las juntas distritales ejecutivas en el estado de México.

Con Vigilancia y Protección a la Sociedad firmó contratos por poco más de 43 millones de pesos; con Seguridad Privada Guns 8A, 22.8 millones, y con Protección y Logística Empresarial VYMSA, 12.2 millones de pesos.

Adicionalmente, una decena de personas físicas recibieron contratos millonarios en el mismo periodo. La lista es encabezada por Ana María Juárez Hernández, quien recibió convenios que suman al menos 49.5 millones de pesos por medio de 60 contratos como persona física y dos más bajo la denominación Seguridad Privada Cabiexm, con sede en Reynosa, Tamaulipas, y que presentó en su documentación el mismo registro federal de contribuyente.

Juárez Hernández es esposa del empresario Mario Guitian Rosas, quien se ha visto inmerso en señalamientos de presunta extorsión, entre otros delitos, mismos que rechazó en abril pasado en una conferencia de prensa en Tamaulipas. Una de las denuncias la hizo desde 2024 Gabriel Hernández, también empresario y activista del Colectivo 10 de Marzo. En julio del año pasado, este último fue localizado sin vida, víctima de múltiples impactos de bala.

🗞  CONTRALÍNEA 
Con escudo de las Américas, Estados Unidos busca control del continente 

Comercio, control de cadenas de suministro de minerales, acuerdos en materia de seguridad y combate al narcotráfico, sanciones económicas conjuntas y hasta injerencia electoral son parte de las características del Escudo de las Américas. Con la adhesión de 14 naciones del continente a esa estrategia, Estados Unidos pretende “recuperar” el control de América Latina frente a la mayor disputa con potencias extranjeras, como China, Rusia e Irán. Para asegurar la región, incluso activó el TIAR, viejo tratado de defensa militar conjunta con la que pretende usar su “poderío militar” y atacar la región

En el marco de la reunión en la sede de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) en septiembre pasado, el presidente estadunidense Donald Trump dialogó con los 14 países que se han adherido a su iniciativa del Escudo de las Américas. Ahí reactivó el Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca (TIAR) para formar una coalición regional contra el narcotráfico, lo que implica la posibilidad de responder bélicamente ante algún conflicto armado, sea por razones propias de conflictos bélicos interamericanos o externos al continente.

En el fondo, la razón es el control total de América Latina y no el combate al narcotráfico, como ya quedó demostrado con el caso de Venezuela (donde Estados Unidos secuestró a un presidente en funciones por supuestamente formar parte del “Cártel de los Soles” y, tras ello, el Departamento de Justicia modificó la acusación tras reconocer la inexistencia del grupo delictivo, lo que constituyó una violación al debido proceso y al derecho internacional. Un caso de lawfare internacional con el cual el gobierno de Donald Trump intenta establecer dominio sobre una nación soberana).

Esto es que el Escudo de las Américas no tiene por eje rector el combate al denominado “narcoterrorismo”, sino el control de recursos estratégicos, entre ellos, minerales considerados críticos e hidrocarburos, con la intención expresa de sacar de la región a potencias extranjeras como China, Rusia e Irán. Estos elementos quedaron plasmados en la Estrategia de Seguridad Nacional (ESN) del gobierno de Estados Unidos.

Como dio cuenta al inicio del 2026 este semanario, en la ESN se menciona que Estados Unidos buscará el dominio energético, de infraestructura, de minerales y ampliará las compras latinoamericanas del complejo militar industrial estadunidense.  Aunado a ello, el Escudo de las Américas se conformó como una de las principales estrategias de dominio regional que se articula con elementos comerciales, de seguridad y con la cobertura mediática de activos de la CIA [Agencia Central de Inteligencia], como es Fernando Cerimedo y toda su red de medios y cabilderos para imponer gobiernos a modo.

Escudo de las Américas, estrategia de dominio total

Los miembros hasta ahora del Escudo de las Américas son Argentina, Bolivia, Chile, Colombia, Costa Rica, República Dominicana, Ecuador, El Salvador, Guyana, Honduras, Panamá, Paraguay, Perú, y Trinidad y Tobago.

🗞  EL UNIVERSAL
Consejeros del INE piden reembolsos por 955 mil pesos 

Durante los primeros seis meses de 2026, las consejerías del Instituto Nacional Electoral (INE) que se mantienen en su cargo han solicitado el reembolso de 955 mil 26 pesos al organismo como parte de la prestación de gastos de representación y viáticos de altos mandos a la que tienen acceso.

De ese gasto, tan sólo tres consejeros concentraron 73.7% de los recursos, es decir, 704 mil 27 pesos. Se trata de Uuc-kib Espadas, Jorge Montaño y Norma Irene de la Cruz, quienes han sido reconocidos por haber sido parte del grupo de los consejeros más cercanos a Guadalupe Taddei bajo su administración en el INE.

El consejero Uuc-kib Espadas fue quien más gastos reportó en cuanto a viáticos y comidas como “gastos de representación”, con un total de 356 mil 262 pesos. De ese dinero, 103 mil 843 pesos se gastaron en México y 252 mil 419 en el extranjero. Sus gastos representaron 37.3% del total para el periodo.

Jorge Montaño gastó 211 mil 122 pesos, representando 22.1% del total de las erogaciones del organismo para esas prestaciones. De ese dinero, 178 mil 987 pesos se gastaron en viajes o comidas nacionales y sólo 32 mil 135 en el extranjero.

La consejera Norma Irene de la Cruz gastó 136 mil 643 pesos entre el primer y segundo trimestre del año. Sus facturas representan 14.3% del total del gasto para el INE y destaca que 22 mil 171 pesos fueron gastos en México y 114 mil 472 en el extranjero.

Cabe destacar que tanto Uuc-kib Espadas como Norma Irene de la Cruz, así como el consejero Arturo Castillo, acudieron a una visita al Instituto Internacional de Democracia y Gestión Electoral de la India, en Nueva Delhi, del 3 al 11 de abril.

Pese a esa visita y el gasto que puede representar acudir a una ciudad como Nueva Delhi, sin esa comprobación de gastos el consejero Arturo Castillo hubiera facturado 14 mil 521 pesos, pero quedó en cuarto lugar de gasto con 125 mil 52 pesos, es decir, 13.1% del total.

Después de Castillo, la consejera Rita Bell López pidió el pago de 53 mil 240 pesos, de los cuales todos fueron en México, representando 5.6% del gasto total del organismo en el rubro.

Le sigue la consejera Carla Humphrey, con 43 mil 110 pesos en gastos, es decir, 4.5% del total.

La hoy consejera presidenta interina, Blanca Cruz, solicitó 16 mil 540 pesos que representan 1.7% del gasto total, y el consejero Martín Faz, con 12 mil 822 pesos, es decir, 1.4% del total facturado por los consejeros.

Los consejeros Arturo Chávez y Frida Gómez no registraron gastos, tampoco la expresidenta del INE, Guadalupe Taddei, quien renunció el 26 de octubre pasado en medio del escándalo de corrupción por la compra de materiales electorales.

Mientras el consejero Martín Faz facturó a cargo del Instituto Nacional Electoral un café de 70 pesos en Starbucks en una de sus comisiones oficiales, el consejero Uuc-kib Espadas gastó 7 mil 145 pesos el 25 de febrero en una comida en un restaurante Italianni’s en la Ciudad de México.

El consejero Uuc-kib Espadas también pagó una comida de 3 mil pesos en el restaurante De Costa a Costa Tlalpan, ubicado a cinco minutos del INE. Cada consejero debió argumentar ese gasto para que el instituto se lo pagara.

🗞  MILENIO
Desmantelan trece granjas de criptomonedas en cuatro años

Grupos de la delincuencia organizada se colgaron de la red eléctrica nacional en la Sierra Norte de Puebla. Lo hicieron con servidores clandestinos que zumban día y noche para acuñar criptomonedas y que consumen la electricidad equivalente al gasto de miles de viviendas, sin pagar un solo peso a la Comisión Federal de Electricidad (CFE).

Un registro construido por MILENIO a partir de solicitudes de información, informes del Gabinete de Seguridad federal y una denuncia penal radicada ante la Fiscalía General de la República (FGR) confirma un acumulado histórico de 13 instalaciones de minería digital intervenidas por autoridades en el país entre marzo de 2022 y noviembre de 2026.

La concentración territorial sitúa a Puebla a la cabeza del combate al huachicol eléctrico con cinco instalaciones desmanteladas; le siguen el Estado de México con dos, mientras que Hidalgo, Ciudad de México, Guanajuato, Sinaloa, Tamaulipas y San Luis Potosí registran un evento cada una.

Casi la mitad del fenómeno –seis de los 13 casos– se montó de forma directa sobre la estructura patrimonial, deportiva y de generación hidroeléctrica bajo control del Sindicato Mexicano de Electricistas (SME) y la empresa Generadora Fénix. 

Las células involucradas aprovecharon el dominio de las instalaciones en la cuenca de Necaxa y el vacío de vigilancia administrativa derivado de la extinción de Luz y Fuerza del Centro (LyFC) en 2009.

​El costo de un bitcoin: tres siglos de luz doméstica

Para emitir estas monedas virtuales —que no cuentan con respaldo ni regulación de bancos centrales— se requiere un proceso informático denominado "minería": decenas o cientos de procesadores especializados que resuelven cálculos matemáticos de alta complejidad para validar transacciones en la red, una operación que demanda volúmenes industriales de electricidad.

A tarifa comercial, el costo energético por criptomoneda superaría los 1.5 millones de pesos: el negocio solo resulta rentable si la luz no se paga.

Estimaciones del Cambridge Bitcoin Electricity Consumption Index calculan que minar un solo bitcoin requiere cerca de 450 mil kilovatios-hora (kWh). 

En México, donde una vivienda promedio en tarifa básica consume alrededor de 250 kWh al bimestre, generar una sola moneda equivaldría a mantener una casa con los focos encendidos durante 300 años.

De ahí que los operadores recurran a conexiones clandestinas de alto voltaje y a técnicos especializados. Por ello, el delito que persigue el Ministerio Público de la Federación no es la actividad informática en sí, sino el robo de fluido eléctrico, al que se suman operaciones con recursos de procedencia ilícita y delincuencia organizada.

🗞  EXCÉLSIOR 
Retrasos comprometen 57 contratos del INE

El Instituto Nacional Electoral tiene 57 contrataciones en riesgo de no concretarse a tiempo para garantizar la organización de las elecciones de 2027, luego de retrasos en la aprobación de documentación electoral y la revisión de los procedimientos de adquisición para evitar posibles irregularidades.

En la Comisión de Organización Electoral, posterior a la pasada sesión del consejo General, se informó que, de los 72 contratos previstos por esa dirección, 45 se encuentran en alto riesgo. 

En la Dirección Ejecutiva de Capacitación, 10 de 24 contrataciones están en tiempos críticos, mientras que dos procedimientos de la Unidad Técnica de Servicios de Informática también enfrentan plazos comprometidos, entre ellos insumos para el Programa de Resultados Electorales Preliminares (PREP).

Durante la sesión del Consejo General, los consejeros Martín Faz y Carla Humphrey cuestionaron que la entonces presidenta del INE, Guadalupe Taddei, devolviera el pasado 3 de septiembre a revisión técnica los documentos electorales, lo que consumió 72 días. 

Según Faz, de los 25 modelos gráficos presentados originalmente, 13 permanecieron idénticos y los demás tuvieron modificaciones principalmente gráficas o ajustes menores.

🗞  EL HERALDO 
Piden auditar material electoral para 2027

El Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) aprobó migrar el Sistema Integral de Fiscalización (SIF) al nuevo Sistema de Contabilidad en Línea, plataforma que se encargará de auditar los recursos económicos de aspirantes, candidatos y partidos políticos.

En sesión extraordinaria celebrada de manera virtual, el Consejo General avaló las bases para la implementación de este nuevo mecanismo y estableció los lineamientos técnicos para su puesta en operación.

Dicho esquema sustituirá gradualmente al SIF y estará operando de cara al proceso electoral de 2027.

El presidente de la Comisión de Fiscalización, Jorge Montaño, indicó que el nuevo sistema garantiza continuidad, estabilidad y precisión en la revisión de los recursos públicos y privados que ejerzan los partidos, candidatos y aspirantes durante las precampañas y campañas de los próximos comicios.

 "La transición tecnológica no altera las reglas del juego; este acuerdo no modifica las obligaciones, los plazos, los procedimientos ni los derechos de los sujetos obligados. Su propósito central es brindar absoluta certeza jurídica, fijando las directrices para una coexistencia temporal y ordenada entre las plataformas. En este esquema transitorio se establece claramente que el registro y la fiscalización del ejercicio ordinario se mantendrán en el SIF, en tanto dicho proceso se habilita y migra formalmente al Sistema de Contabilidad en Línea", precisó.

Montaño aclaró que el SIF conservará con plena validez sus funciones históricas de consulta, la generación de reportes y la atención de procedimientos pendientes de ejercicios anteriores.

Asimismo, la nueva plataforma incorpora herramientas técnicas avanzadas que otorgan mayor certidumbre a los partidos políticos, precandidaturas y candidaturas independientes.

Por su parte, la consejera electoral Carla Humphrey sostuvo que resulta indispensable modernizar una de las funciones sustantivas más relevantes del INE: la fiscalización de los recursos utilizados por todos los actores políticos durante los periodos de precampaña y campaña.

🗞  LA CRÓNICA 
Aire, territorio y ciberespacio,nuevos objetivos en seguridad pública 

Los cárteles buscan afianzar el control territorial de sus bastiones, mientras apuestan a rivalizar con las capacidades de inteligencia e innovación del propio Estado al parasitar sutilmente el ciberespacio y echar mano del espectro radioeléctrico para espiar, extorsionar y anticiparse a la oficialidad

En diversas mecas de pensamiento, seminarios y foros académicos avocados al análisis de la conflictividad política y geopolítica global, tales como el Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales (CSIS, en Washington D.C.) o el Instituto Internacional de Estudios Estratégicos (IISS, en Reino Unido), pulula la tesis de que el narco ya no necesita ganar enfrentamientos armados para mantener el control de sus terruños y la estabilidad de sus operaciones; con un flujo casi irrestricto de capitales y dividendos, cadenas de suministro internacionales y mercados con pertrechos de guerra y tecnología completamente permeables, además del secuestro de otras economías ilícitas, las organizaciones criminales del trasiego de droga cosechan números que ascienden, al menos en México, a entre 58 y 88 mil millones de dólares por año, superando con creces la cifra presupuestada para la Secretaría de la Defensa Nacional en 2026, de unos 170 mil 753 millones de pesos, es decir, poco más de 9 mil millones de dólares.

Esta diferencia entre la hacienda del hampa y el arca de las instituciones a las que se encargó su combate se extrapola, por lógica, a la cantidad de dinero que destina cada actor a esfuerzos de Innovación y Desarrollo, o simplemente para adquirir equipo, capital humano y capacidades tecnológicas extraordinarios, todos elementos que tejen hoy día una hoja de ruta para el narco en la que la inteligencia y los golpes certeros pesan más que el terror y las demostraciones de fuerza.

Y existen dos breves agregados más: la geografía y el buen trato diplomático bendicen a México con profundos vínculos comerciales con China, masivo proveedor de componentes electrónicos vitales para lo que se viene, según los analistas. El otro añadido, es que mientras la burocracia podría entorpecer el ímpetu inventivo del Ejército o la Marina y sus socios en la iniciativa privada, las universidades y otras dependencias, o retrasar la compra de enseres tecnológicos, el crimen organizado se manda solo y actúa con una celeridad voraz y altamente pragmática, es el único actor no estatal e ilegal que combina grandes capacidades logísticas, de capital y de acceso a la tecnología.

LOS ANALISTAS

En un ensayo titulado Nuevas amenazas emergentes de los cárteles mexicanos, citado incluso en academias militares como West Point, los investigadores Ghaleb Krame y Eduardo Zerón García, desmenuzan de qué forma el narco en México avanza en la captura de aquello que hoy día son los tres grandes frentes de batalla entre el Estado y la actividad criminal, el aire, el territorio y el ciberespacio. Y todo parte de una sola premisa: la adopción de una capacidad por parte de los delincuentes se basa en condiciones observables. La autoridad falla en tanto tiende a reaccionar a las nuevas competencias sin observar las condiciones que la generaron y prevenir que tales destrezas se materialicen en casa.

🗞  LA RAZÓN 
Urgen activistas y académicos comité a Diputados para relevo de Taddei

Integrantes del Observatorio Ciudadano CEPNA 2026-2027 pidieron a la Cámara de Diputados y al Ejecutivo federal concretar la renovación de la presidencia del Instituto Nacional Electoral (INE), al advertir que el organismo atraviesa una “crisis de credibilidad” tras las denuncias por presuntos hechos de corrupción que involucran a su extitular, Guadalupe Taddei.

En un pronunciamiento titulado “Identidad en principios y consenso en formas y tiempos”, José Ramón Cossío, Diego Valadés, Jorge Alcocer y Jesús Orozco Henríquez señalaron que ha pasado más de un mes desde que estalló el escándalo y que las deficiencias derivadas de la integración del Consejo General afectan el funcionamiento del instituto.

Advirtieron que la falta de una conducción renovada, respaldada por la sociedad y la pluralidad política, representa “un grave riesgo para los comicios de 2027 y el derecho ciudadano de votar en las mejores condiciones para su ejercicio libre y auténtico”. Señalaron que el oficialismo se ha negado a llevar al pleno el proyecto de acuerdo con la convocatoria para elegir a quien ocupará la presidencia del INE, con el argumento de buscar consensos.

    El Dato: Esta semana se liberó una de las pocas licitaciones de la época post-Taddei para la compra de 56,991 chalecos grises y 33,257 mochilas, cambiando por completo el rosa mexicano. 

Advirtieron que los legisladores deben respetar la diversidad de ideas, la convivencia democrática y garantizar la integración completa del Consejo General.

Sostuvieron que, para alcanzar un acuerdo, bastaría el compromiso del coordinador de Morena en San Lázaro, Ricardo Monreal, para que el Comité Técnico de Evaluación, responsable de examinar y calificar a los aspirantes, esté integrado por especialistas electorales con prestigio, independencia y honorabilidad. Tres de sus integrantes deben ser designados por la Junta de Coordinación Política (Jucopo) y dos por la presidenta de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH).

Conforme al marco legal vigente, el comité se integra por siete personas: tres nombradas por la Jucopo, dos por la CNDH y dos por el organismo garante en materia de transparencia.

🗞  REFORMA 
Alcanza 171 mil mdp subsidio a gasolinas

El control de precios que aplica el Gobierno federal a combustibles ha generado un costo del dinero de los mexicanos de más de 171 mil millones de pesos en ocho meses.

Aunque Luz Elena González, Secretaria de Energía, aseguró a senadores la semana pasada que el cierre del Estrecho de Ormuz por la guerra en Medio Oriente no ha afectado a México, el Gobierno sí ha tenido un impacto en la recaudación de 163 mil 819.93 millones de pesos por el subsidio que aplica de Impuesto Especial sobre Productos y Servicios (IEPS) a los combustibles, de acuerdo con un análisis de Ramsés Pech, especialista en energía.

Además, la Secretaría de Hacienda erogaría, al cierre de esta semana, alrededor de 7 mil 214.48 millones de pesos de subsidio adicional al diesel, expone el documento.

En total, la pérdida fiscal asciende a 171 mil 34.41 millones de pesos, arroja el análisis elaborado por el experto.

Sólo por diesel, el fisco habría dejado de recaudar 92 mil 280.31 millones de pesos de marzo al 20 de noviembre, mientras que por gasolina Magna y Premium el impacto se estima en 61 mil 791.49 millones y 9 mil 748.13 millones de pesos, en ese orden, en el mismo periodo.

El subsidio al IEPS forma parte de la estrategia que el Gobierno ha implementado para evitar un alza de los combustibles, que se encuentran presionados por el aumento de los precios internacionales debido a la guerra.

11/15/2026

Vamos al Fobaproa

 Fabrizio Mejía Madrid

Vamos al Fobaproa. Por Fabrizio Mejía

Lo que sabemos del Fobaproa es muy poco para lo que necesitamos saber como sociedad democrática. Sabemos, vamos a ver: esta deuda privada convertida en pública nos costará a tres generaciones de mexicanos unos ocho billones 400 mil millones de pesos. En dólares serían 400 mil millones. Para cada habitante del país, incluyendo los bebés, 70 mil pesos de ahora. Es una barbaridad. Se terminará de pagar, según un cálculo que hizo hace un mes Andrés Manuel López Obrador, en algún momento de 2055. Que lo seguiremos pagando todavía dentro de 33 años más, hace del tema algo que hay que conocer, sobre todo, en las repercusiones políticas que tuvo, como el supuesto acuerdo que hizo el entonces Presidente Ernesto Zedillo con Bill Clinton de dejar que Vicente Fox y el PAN llegaran a la Presidencia, a cambio de 50 mil millones de dólares, 20 de la Reserva de Estados Unidos, y 30 del Fondo Monetario Internacional. Sin ese desfalco a todos los mexicanos, nadie sabría quién es Vicente Fox.

Pero empecemos por el principio. La llamada crisis del Fobaproa no fue un accidente, ni un fenómeno natural, ni tuvieron la culpa los que pagan sus deudas, es decir, todos los mexicanos. Fue un acto de corrupción elevado a la altura de mecanismo económico, con la complicidad de las autoridades hacendarias y del Banco de México con los financieros y, finalmente, con el voto del PRI y del PAN, que en un inicio mostró algo de dignidad, pero se le esfumó con las promesas de Zedillo.

Los empresarios que lo llevaron a cabo incurrieron en acciones de alto riesgo porque sabían que el Estado mexicano los iba a rescatar. Con nuestro dinero. Con la pobreza y la falta de bienestar para tres generaciones de mexicanos. El Estado había rescatado varias veces a esos mismos empresarios. En 1979 los bancos se nacionalizan para evitar una fuga de capitales orquestada contra López Portillo por las cámaras empresariales. En 1982, con Miguel de la Madrid, esos mismos empresarios y otros que soltaron raudales de dinero para las campañas del PRI pusieron casas de bolsa que también quebraron. El Estado mexicano las rescató en 1987. Salinas reprivatizó los bancos y se los entregó a esos mismos bolseros en 1991. Es decir, a los que se les había ya rescatado, se les vendieron además 18 bancos en menos de 13 meses. ¿Qué podía salir mal? Los nuevos banqueros se prestaron a sí mismos fortunas impagables, le prestaron a sus socios en empresas no financieras, le prestaron a sus familiares y amigos, se autoprestaron. Fue una bacanal de derroche porque sabían que el Estado garantizaba siempre los rescates con dinero de todos.

Así que, en 1994, contaban con esa garantía de tener a Zedillo en la Presidencia y a Guillermo Ortiz en el Banco de México. Ortiz aprobado la venta de los bancos a impresentables como Cabal Peniche, Jorge Lankenau, o Ángel Rodríguez, "El Divino". También trató de minimizar la crisis financiera de 1995, supervisó las capitalizaciones ficticias, instrumentó el Fobaproa y apadrinó la propuesta para que el líder del PAN, un tal Felipe Calderón, ordenara que su bancada, liderada por Carlos Medina Plascencia, votara a favor de socializar las pérdidas de los excesos de los empresarios consentidos del régimen neoliberal. El PRIAN defendió los rescates carreteros, acereros, de fertilizantes aduciendo que eran por el bien de los empleos. Con los rescates de los capitalistas financieros adujo que era por el bien de los ahorradores. Sin embargo, estos perdieron todo y nadie los rescató. Más del 70 por ciento de los rescatados a lo largo del neoliberalismo, eran millonarios. Y hacían cochinadas de todo tipo. Por ejemplo, a Banamex, el Gobierno le vendió un paquete de Tesobonos del Gobierno a un tipo de cambio de 3.9 pesos por dólar por un monto de 300 millones de dólares. Al día siguiente de la operación, la moneda se devaluó 25 por ciento. Es decir, Banamex obtuvo en un día un 25 por ciento de ganancia. Antes de la crisis de 1994, lo que hicieron fue ganar fortunas al pedir prestado en dólares e invertir en pesos. Pero todo se derrumbó con la devaluación entre Salinas y Zedillo. La otra ilegalidad que cometieron fue comprarse acciones de sus empresas con dinero del banco, es decir, de los ahorradores, ganando por partida doble. ¿Qué podía salir mal?

Sus nombres: Roberto Hernández y Alfredo Harp Helú de Banamex; Eugenio Garza Lagüera de Bancomer; Adrián Sada de Serfín; Antonio del Valle y Juan Sánchez Navarro de Banco Internacional; Agustín Legorreta de Comermex; Raymundo Hernández y Carlos Cabal Peniche, dueños de camiones y tractores, Banco Cremi-Unión; Carlos Gómez de Somex; José Madariaga de Banco Mercantil; Ángel Rodríguez "El Divino" de Banpaís; Roberto Alcántara de Bancrecer; Alfonso de Garay del Banco del Atlántico y Rodolfo Esquer Lugo de Banoro; Jorge Lankenau de Confía; y Marcelo Margain de Banco de Oriente. Todos ellos, después de ser rescatados como bolseros y como banqueros luego, acabaron vendiendo a los extranjeros, a España, a Estados Unidos, a Hong Kong. Lo pudieron hacer gracias a nuestros pagos, porque los blanqueamos con el Fobaproa. Como lo explicaron en su momento los profesores de la UAM, Celso Garrido y Christian Leriche. Escriben: “El gobierno adquiría la cartera vencida a los bancos, entregándoles a cambio un pagaré convencimiento inicial para el año 2005 (el llamado "pagaré" Fobaproa), que genera intereses a los bancos y con el que éstos sanean el lado de los activos en la hoja de balance. Estos créditos fueron comprados en general por el Fobaproa en montos que duplicaban el capital fresco aportado por los inversionistas de 105 bancos, y la cartera comprada por el Fobaproa continuaba siendo administrada por los bancos, con la condición de que la recuperación de los valores adeudados se aplicaría para cancelar las obligaciones con el Fobaproa”. Pero esto no fue así. En el momento en que se hizo pública la deuda privada de estos banqueros pillos, ellos se llevaron como ganancia el bono Fobaproa. En ese momento, el Estado mexicano decidió intervenir algunos bancos y encarcelar a los más rapaces, como Lankenau y Cabal Peniche, pero dejó a los mismos banqueros que habían operado el fraude a cargo de sus bancos, como si nada. A los ahorradores de a pie, como usted y yo, se les trató como ladrones, se les miró desde la perspectiva del acreedor, es decir, de los mismos banqueros defraudadores. Se habló de que los mexicanos teníamos una cultura del no-pago, dato que no se sustenta más que en vil clasisimo. Los que no habían pagado nada eran los banqueros y aún resultaron beneficiados. Al primer aniversario de la quiebra de 1994 se anunció que el costo sería de unos 50 mil millones. En el Informe de Zedillo en 1996 ya era de unos 100 mil millones. Un año y medio después, el país pagaba 658 millones ---el 11 por ciento de toda la riqueza producida por el país--- y, de ahí, a los ocho billones 400 millones de este año.

Después de rescatar a los bancos y dejar que los mismos dueños siguieran operándolos, Zedillo y Guillermo Ortiz decidieron que había que rescatar otras empresas que se podían contagiar de la debacle financiera porque estaban en los esquemas de autopréstamos. Ellos eran Claudio X. González Laporte, de Kimberly Clark; Ricardo Salinas de Salinas y Rocha; el inmobiliario Juan Diego Gutiérrez Cortina; el camionero Raymundo Gómez Flores; Jorge Ballesteros de las carreteras; los Vázquez Raña; Fernando Cenderos; los Chedraui; los Sada Zambrano y los Mazón. Pero, también, Alfonso Romo de Grupo Pulsar; Carlos Hank Rhon de Grupo Hermes; Enrique Molina Sobrino del monopolio azucarero Caze; Jorge Martínez Güitrón de Sidek-Situr; David Peñaloza de Tribasa que fue doblemente agraciado con el rescate carretero. De los políticos: Vicente Fox por su deuda de tres millones de dólares resultado de su proverbial ineptitud como empresario agrícola y de zapatos; Roberto Madrazo por los fideicomisos que Cabal Peniche le creó para financiar su campaña en Tabasco en 1994 y que acabó en un fraude contra López Obrador. Otros políticos implicados, como Fox, fueron Fernando Canales Clariond del PAN; Eduardo Bours del PRI; Alfredo Miguel Afif que financió la precampaña de Labastida contra Fox. En la debacle, además quebraron Aeroméxico, Mexicana, y TAESA.

Son 745 deudores que acabaron hasta beneficiados por todos nosotros. A ellos se refirió hace unas mañanas la Presidenta Claudia, cuando pidió transparentar algo que, en cualquier país democrático, debería de ser público: ¿a quién y cuánto les hemos pagado su vida? Tenemos derecho a saber, también, a cambio de qué favores los funcionarios como Guillermo Ortiz, Ernesto Zedillo y Martín Werner Wainfeld, el subsecretario de Ortiz, y José Ángel Gurría impusieron el Fobaproa. Tenemos que saber por qué Felipe Calderón cambió de opinión de no votarlo y por qué ningún panista se opuso.

En su libro sobre el Fobaproa, Expediente abierto, Andrés Manuel, entonces presidente del PRD, reproduce una carta que le escribió a Felipe Calderón, del PAN. Vale la pena reproducirla aquí. Escribe AMLO: “Veo con honda preocupación el hecho de que su partido haya decidido aliarse con el Gobierno federal haciendo suya la mascarada oficial para endosar a los mexicanos el costo del Fobaproa. Al parecer el PAN ya se olvidó de que la adquisición de deuda por el Fobaproa fue un acto que viola flagrantemente la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Al parecer ya también se olvidó que dentro del Fopbaproa están las pruebas de las complicidades de funcionarios públicos con banqueros y empresarios priviulegiados por el salinismo y el zedillismo. También ya se olvidó que en ese Fondo están los dineros que el PRI utilizó en 1994 para ganar ilegítimamente la Presidencia de la República y la mayoría en el Congreso".

“Nosotros no hemos olvidado. Esa es la razón por la que no participamos ni particparemos con el Gobierno ni con ustedes en avalar este atraco al pueblo mexicano”.

Para los jóvenes: imaginen un país que es uno antes y otro después. Con el Fobaproa perdieron sus propiedades un 20 por ciento de las familias de clase media, entre departamentos y automóviles. Con el Fobaproa dejaron de consumir carne, comprar vestido y zapatos, un porcentaje grande de una clase media que casi desapareció con Zedillo. Entre 1994 y 1996, 17 millones de personas fueron arrojados por estos banqueros y su gobierno tapete a la pobreza. Son 17 millones de nuevos pobres. Y son 18 millones en pobreza extrema, es decir, los que no podían pagar la canasta básica de comida pasaron de 47 millones de mexicanos a 64 millones. Por el Fobaproa, la pobreza, alimentaria y patrimonial, llega a casi el 70 por ciento de los mexicanos. Hasta el 2002 el país recuperó el nivel de pobreza de antes de 1994.

Cuando hablamos del Fobaproa no estamos hablando del pasado, de una crisis de 1994 que facilitó la formación del PRIAN, que eliminó a la clase media, que extranjerizó la banca mexicana, que nos dejó sin aerolíneas nacionales. No. Estamos hablando del futuro porque es algo al que le faltan todavía treinta años para saldar. Es ya hora de que vayamos al Fobaproa para saber lo que tenemos derecho a saber.

El fuerte ejército de Claudia, que respalda a la 4T

Puntos y Contrapuntos

Pedro Mellado Rodríguez

"Será muy difícil que esta mayoría de los pobres, los desvalidos, los discriminados, los abandonados, deje de respaldar al Gobierno de la Cuarta Transformación".

El fuerte Ejército de Claudia, que respalda a la 4T. Por Pedro Mellado

Ellos son callados, silenciosos, sin prisas y serán los primeros que estarán en las urnas en los comicios del domingo 6 de junio del 2027 para depositar sus votos. Llegarán por sus propios medios o apoyados en sus hijos o nietos. Son el ejército de Claudia Sheinbaum Pardo que respalda al Gobierno de la Cuarta Transformación y que lo llevará al triunfo para darle a la Presidenta de la República la mayoría en la Cámara de Diputados de la federación y en gran parte de los congresos de los estados en los cuales se renovarán los poderes legislativos.

La Lista Nominal de Electores, actualizada por el Instituto Nacional Electoral con corte al jueves 29 de octubre del 2026, incluye poco más de 101 millones de personas con credencial de elector vigente y refleja un dato muy significativo e impresionante, que no se había observado en los últimos ocho años: por mucho, las personas de 60 años y mayores, ya representan el segmento más importante de quienes podrán acudir a las urnas en los comicios del primer domingo de junio del 2027, pues superan los 20 millones de ciudadanos.

Habría que recordar que el voto de las personas de la tercera edad fue el que logró las calificaciones más relevantes en las pasadas elecciones del domingo 2 de junio del 2024: el segmento de ciudadanos de entre los 60 y los 74 años tuvo una participación promedio del 75 por ciento, por encima del 72 por ciento registrado en el 2018. Los datos duros muestran que en los comicios del 2018 los adultos mayores representaron el 16.55 por ciento de la Lista Nominal de Electores y en octubre del 2026 ya son el 20.65 por ciento.

El Estudio Muestral de Participación Ciudadana en el Proceso Electoral Concurrente 2023-2024, que la Comisión de Organización Electoral del Instituto Nacional Electoral publicó el lunes 9 de diciembre del 2024, nos permite observar un crecimiento de más de 4 millones de ciudadanos en el segmento de los adultos mayores, con respecto al 2018, en la Lista Nominal de Electores con corte al jueves 29 de octubre del 2026.

En enero de 2018, cuando Andrés Manuel López Obrador llegó a la Presidencia de la República, la lista Nominal de Electores incluía a más de 87 millones de personas y había poco más de 14.5 millones de ciudadanos de la tercera edad con credencial para votar. En octubre del 2026 ese segmento ya suma más de 20.6 millones de personas. Esta es una muy mala noticia para la oposición de todos los signos y colores, pues los adultos mayores tienen una particular predilección por el partido Morena, desde que López Obrador asumió el compromiso de que en su gobierno se atendería preferentemente a los más pobres, con las pensiones del bienestar.

El estudio sobre la participación ciudadana en los comicios del 2024, cuando la Lista Nominal de Electores incluyó poco más de 98 millones de personas, también concluye que hubo una caida sensible en la presencia del voto joven entre 2018 y 2024. Los muchachos que votaron por primera ocasión en el 2018 representaron el 64.7 por ciento, mientras que en 2024 ese porcentaje bajó al 61.6 por ciento. También es importante observar que los niveles de abstencionismo aumentaron en los segmentos de votantes de entre 20 y 29 años de edad, pues sólo concurrió a las urnas el 48 por ciento de los ciudadanos inscritos en la Lista Nominal de Electores.

Estos dos segmentos de edad, entre los 20 y los 24 años, y entre los 25 y los 29 años son los más numerosos después de los adultos mayores. En 2018 representaban, juntos, el 24.86 por ciento de los votos, contra el 22.26 por ciento que suman en 2026. Esta potencial fuerza electoral no es determinante en las urnas, pues en tanto que los adultos mayores se hacen presentes en las votaciones con una participación del 75 por ciento, sólo el 48 por ciento de los jóvenes acude a sufragar.

También hay que tener presente que en las elecciones del 2024 las mujeres tuvieron una participación más alta que los hombres, con un 64.3 por ciento, cifra mayor en 9.5 puntos porcentuales a la presencia de los varones en las urnas que fue del 54.8 por ciento. En la actual Lista Nominal de Electores el 52.03 por ciento son mujeres y el 47.96 por ciento son hombres. Hay un cuatro por ciento más de mujeres que podrían acudir a votar el año próximo.

El tercer segmento de edad más numeroso, entre los votantes potenciales, rumbo a los comicios de junio del 2027, es el de las personas que tienen entre 30 y 34 años de edad, que en el 2018 sumaban 9.5 millones de ciudadanos y en octubre del 2026 son más de 10.7 millones con credencial para sufragar. Sin embargo, el Estudio Muestral de Participación Ciudadana 2024 del INE revela que entre los comicios del 2018 y los del 2024, este segmento de edad tuvo una caída en su promedio de participación electoral del 58.1 por ciento al 52.1 por ciento.

Pensiones del Bienestar

En las últimas cuatro décadas, desde la administración priista de Miguel de la Madrid Hurtado hasta la de Claudia Sheinbaum Pardo, ningún gobierno había destinado tantos recursos a las pensiones del bienestar, en beneficio de los más necesitados, que al cierre del 2026 estarán impactando en forma directa a más de 42.8 millones de personas en todo el país, según estimación de la Secretaría del Bienestar ponderada el 23 de octubre de 2026.

Hasta el cierre de octubre, el Padrón Único de Beneficiarios de los programas del bienestar incluía a 13.8 millones de personas que reciben la Pensión para Personas Adultas Mayores. Otro programa con amplia cobertura es la Beca Rita Cetina, que según reporte de la Secretaría de Educación del 11 de octubre del 2026, atiende a 14.9 millones de niños de educación preescolar, primaria y secundaria.

Agregue usted que la Beca Benito Juárez, de apoyo a estudiantes de Educación Media Superior respalda a 3.9 millones de muchachos; la pensión Mujeres Bienestar suma 2.8 millones de personas, además de programas de menor registro como Sembrando Vida, La Escuela es Nuestra, Salud Casa por Casa, Jóvenes Escribiendo el Futuro, Pensión para Personas con Discapacidad Permanente, así como los diversas iniciativas de apoyo a niños en orfandad, a trabajadores del campo y a pescadores.

Después de décadas de abandono, de administraciones que nunca se preocuparon por ellos, será muy difícil que esta mayoría de los pobres, los desvalidos, los discriminados, los abandonados, deje de respaldar al Gobierno de la Cuarta Transformación que les destinó en 2026 un billón de pesos (un millón de millones pesos), presupuesto igual que fue aprobado en el gasto federal del 2027 por la Cámara de Diputados de la federación, el pasado martes 10 de noviembre del 2026.

La relevancia que tienen los programas de apoyo para el bienestar de la gente, en el actual gobierno federal, se refleja en el hecho concreto de que durante 2027, representará el 10 por ciento de todo el Presupuesto de Egresos de la Federación, que suma 10 billones de pesos, es decir, 10 millones de millones de pesos. Todo esto motivará que en los primeros lugares de las filas de votantes en junio del 2027 estarán las personas de la tercera edad.

INE y OPLES, saqueo estructural

 Ana Lilia Pérez

"Debido a una supervisión deficiente e insuficiente, el INE también ha tolerado y solapado el uso discrecional de recursos por parte de partidos políticos".

INE y OPLES, saqueo estructural. Por Ana Lilia Pérez

Comencemos por la dimensión presupuestaria. En México, el sistema político-electoral cuenta con estructuras institucionales sumamente costosas cuyo financiamiento público se incrementa año con año. Este entramado incluye al Instituto Nacional Electoral (INE), a los Organismos Públicos Locales Electorales (OPLE) de cada entidad federativa y a los tribunales electorales, además de la asignación monetaria a los partidos políticos. En conjunto, el presupuesto supera los 50 mil millones de pesos, una cifra que varía según los periodos electorales.

Concebidas originalmente como árbitros y garantes de los procesos democráticos, estas instituciones constituyen pilares fundamentales para hacer valer los derechos político-electorales de la ciudadanía. Con el propósito de dotar de transparencia y legalidad a los comicios, en 1990 se constituyó formalmente el entonces Instituto Federal Electoral (IFE), cuya creación transformó el sistema político mexicano.
Al paso de los años, el organismo fue dotado de autonomía, mayores atribuciones y un presupuesto creciente. Especialmente a partir de la reforma del año 2014, al ya como Instituto Nacional Electoral se le otorgó mayor centralización en los procesos electorales de todo el país, destacando la facultad de nombrar a los consejeros de todos los OPLE, la potestad de atraer la organización de comicios locales y la responsabilidad central de auditar todas las campañas estatales.

Entre sus obligaciones constitucionales más importantes destaca la fiscalización del origen y destino de los recursos –tanto públicos como privados– con los que operan los partidos políticos, coaliciones y candidatos. Esto implica la obligación de supervisar el destino de los miles de millones de pesos que los partidos reciben anualmente tanto para su gasto corriente como para los gastos de campaña.
Y es en el contexto del escándalo de corrupción que vive el INE, que surge una contradicción fundamental: ¿cómo podría ese instituto priorizar y ejecutar la vigilancia del gasto que hacen los partidos políticos, con la rigurosidad requerida, si en sus propias prácticas internas coexisten el manejo discrecional de recursos y graves prácticas corruptas?

Precisamente, la falta de rigor en esa fiscalización evidencia escandalosos mecanismos de opacidad. Debido a una supervisión deficiente e insuficiente, el INE también ha tolerado y solapado el uso discrecional de recursos e incluso la malversación de fondos por parte de partidos políticos. Un sistema viciado tiende a volverse permisivo y, ante la impunidad, las prácticas corruptas proliferan.

Los recientemente expuestos esquemas de corrupción con que han operado los organismos electorales en el manejo de sus presupuestos, también muestran por qué las anomalías financieras en tiempos de campaña, o la malversación de recursos por parte de los partidos, quedan reducidos a simples anécdotas mediáticas, sin castigo alguno ni aplicación de la Ley. Como muestra de esa impunidad, se pueden citar el caso Monex o los sobornos de Odebrecht que financiaron también la campaña de Peña Nieto, entre tantos otros escándalos que quedaron sólo en lo mediático.

La gravedad de lo que ha quedado expuesto a partir del escándalo que involucra a Guadalupe Taddei y sus subordinados radica también en que los mecanismos de corrupción de funcionarios y contratistas que históricamente ha arrastrado el país, degradó también las instituciones electorales. En ellas, diversos funcionarios públicos se aprovecharon tanto de los cuantiosos recursos asignados como de la autonomía y las amplias atribuciones con las que se dotó al organismo. De este modo, utilizaron el argumento de que “la democracia tiene un costo” para encubrir sus corruptelas, disfrazando el hecho de que una parte significativa de ese presupuesto se desvía en redes de complicidad entre funcionarios contratantes y proveedores corruptos.

Cuando un contratista gubernamental recurre al soborno de quienes le contratan –ya sea mediante dinero, regalos, viajes o prebendas–, suele incluir de forma sistemática el costo de esos cochupos dentro del cobro del contrato. Esto deriva en contratos con precios inflados y sobreprecios operativos, provocando que, al final, sea el propio erario el que termine costeando el soborno. Este tipo de prácticas convirtieron tanto al INE como a los OPLE en una mina de oro para redes delictivas de contratistas y funcionarios corruptos.

Los órganos electorales no quedaron exentos del saqueo de recursos públicos que históricamente ha lacerado al país, una situación fomentada también por la tardía e ineficaz acción de las autoridades fiscalizadoras. Sólo así se explica el que se mantuviera en el padrón de contratistas a un grupo como el de los Hernández Casillas, el cual ya contaba con graves antecedentes de corrupción en el ámbito de los órganos electorales.

Actualmente, el INE y sus funcionarios, exfuncionarios y contratistas se encuentran bajo auditorías e investigaciones judiciales. El jurídico del INE, ya con un Consejo encabezado por la consejera provisional Blanca Cruz García, presentó seis denuncias formales ante la Fiscalía General de la República (FGR) por presuntas irregularidades en el ejercicio de recursos públicos. La FGR abrió carpetas de investigación por delitos de cohecho, uso ilícito de atribuciones y facultades, tráfico de influencias, peculado, lavado de dinero, asociación delictuosa.

A la par, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) realiza revisiones amplias que abarcarán las contrataciones y el manejo de recursos en el INE a partir del año 2000. Esta fiscalización, que abarca más de dos décadas de multimillonarias asignaciones presupuestales, también se extenderá a las contrataciones hechas por los OPLE, tras identificarse una notable concentración de proveedores y prácticas ilegales en el gasto público.

Desde su primera etapa, estas auditorías perfilan graves actos de corrupción. La ASF detalló que desarrolla sus indagatorias con la colaboración directa de informantes que buscan acogerse al “Programa de Reducción de Sanciones para Informantes en Investigaciones”.

Con esos testimonios, sumados a la recopilación de documentos, fotografías, videos, registros financieros, ubicaciones, mensajes de WhatsApp, la ASF ha documentado indicios de cómo “los beneficiarios finales de diversas empresas habrían intervenido en la selección de proveedores y en la definición de requisitos técnicos para favorecer a sus propios intereses”, en esquemas que habrían “operado las irregularidades en contrataciones públicas de organismos electorales durante varios años”.

Asimismo, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) incluyó en la Lista de Personas Bloqueadas a 25 personas físicas y 15 empresas proveedoras. Esta medida cautelar cobra especial relevancia debido a que los implicados cuyas cuentas están congeladas no podrán recurrir a la artimaña antaño utilizada de buscar ampararse frente a esas disposiciones.

Es necesaria y urgente la ampliación de las auditorías que realiza la ASF, ya que el esquema de corrupción alcanza a los OPLE. Muestra de ellos son las revisiones del Órgano Interno de Control al gasto operativo en algunas de las instalaciones en varias entidades donde se han identificado también múltiples irregularidades en el manejo del presupuesto para el gasto corriente. Estas anomalías abarcan desde duplicidad de funciones en oficinas estatales, graves deficiencias en contratos de arrendamiento, también en gastos de contratación de servicios de vigilancia y hasta en la contratación de servicios de limpieza, en los que se detectaron irregularidades en la comprobación del gasto, personal sin registro ante el IMSS, e incluso proveedores con datos fiscales inexistentes. También contratos “fantasma”, de corta duración mediante un mecanismo exprés diseñado específicamente para desviar recursos públicos.

La evidencia de actos delictivos en el manejo de recursos arraigados tanto en el INE como en los OPLE desde hace años, exige una indagatoria de la mayor profundidad. Este escenario requiere de procesos rigurosos, la aplicación estricta de la Ley y sanciones ejemplares.

Principalmente, resulta indispensable que, derivado de las investigaciones y una vez que se determine las responsabilidad, que se proceda con la incautación de los recursos y activos que funcionarios, exfuncionarios y proveedores acumularon ilegalmente a costa del erario. El marco jurídico actual contempla esta posibilidad; sólo desmantelando financieramente a los involucrados se logrará inhibir la reincidencia. Limpiar a fondo el entramado de ilegalidades en las instituciones electorales es una acción imperiosa para comenzar a recuperar la credibilidad ciudadana.

¿Qué tan profundas son las redes de corrupción y complicidad en las instituciones electorales? Determinar su verdadera dimensión es una tarea que las auditorías en curso tendrán que puntualizar. Por ahora, el escándalo de corrupción que involucra a Guadalupe Taddei, a sus subalternos cómplices y los contratistas ha provocado un enorme daño a la imagen del INE, lo que exige una respuesta pronta y contundente por parte de las autoridades encargadas de las investigaciones.