Una iniciativa plantea valoraciones periódicas, atención psicológica y psiquiátrica, así como protocolos para prevenir suicidios y autolesiones en centros penitenciarios.
Las mujeres privadas de la libertad enfrentan condiciones que pueden afectar su salud mental, como la separación de sus hijas e hijos, el abandono familiar, la pérdida de redes de apoyo y los antecedentes de violencia. Frente a este escenario, una iniciativa presentada en la Cámara de Diputados busca garantizarles atención psicológica y psiquiátrica especializada, además de establecer mecanismos para prevenir suicidios y autolesiones en los centros penitenciarios.
La propuesta fue impulsada por la diputada Laura Irais Ballesteros Mancilla, de Movimiento Ciudadano (MC), quien plantea reformar la Ley Nacional de Ejecución Penal para que las autoridades penitenciarias garanticen el acceso oportuno e integral a servicios de salud mental para las mujeres bajo custodia del Estado.
La iniciativa contempla que las mujeres reciban valoraciones periódicas de su salud mental desde su ingreso al centro penitenciario y durante todo el tiempo que permanezcan en reclusión.
Asimismo, establece que tengan acceso a atención psicológica y psiquiátrica de acuerdo con las necesidades identificadas por profesionales de la salud.
Prevención del suicidio y atención especializada
Entre las medidas propuestas se encuentra la implementación de protocolos permanentes para prevenir, detectar y atender el riesgo suicida y las autolesiones.
Estos mecanismos deberán contemplar la identificación de factores de riesgo, intervención inmediata, seguimiento y, cuando sea necesario, la canalización de las mujeres a instituciones públicas del Sistema Nacional de Salud.
La iniciativa también establece que los servicios médicos de los centros penitenciarios deberán realizar campañas permanentes de prevención del suicidio.
Otro de los puntos relevantes es que, en los casos de personas con una enfermedad mental grave, no podrá recurrirse al aislamiento como medida de atención.
La atención deberá proporcionarse con perspectiva de género, respeto a la dignidad humana, confidencialidad y consentimiento informado.
CNDH advierte carencias en la atención a mujeres en prisión
La propuesta retoma los hallazgos de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), que ha documentado las condiciones diferenciadas que enfrentan las mujeres privadas de la libertad y las dificultades para acceder a servicios especializados.
En suInforme diagnóstico sobre las condiciones de vida de las mujeres privadas de la libertad desde un enfoque interseccional, publicado en 2022, el organismo identificó la falta de recursos, instalaciones, especialistas y espacios para atender su salud mental.
También advirtió que los centros penitenciarios femeniles presentaban registros relevantes de autoagresiones y pensamientos suicidas. Entre los factores asociados señaló el abandono familiar, el distanciamiento de la pareja y el rechazo social.
La CNDH destacó que estas condiciones requieren estrategias de atención especializadas y centradas en las necesidades de las mujeres, particularmente para prevenir conductas suicidas y lesiones autoinfligidas.
La gravedad de esta problemática también quedó documentada en la Recomendación 276/2023, emitida por la CNDH, relacionada con violaciones a los derechos humanos de 13 mujeres que perdieron la vida por suicidio en el Centro Federal de Readaptación Social Femenil número 16, ubicado en Coatlán del Río, Morelos.
En este caso, el organismo señaló responsabilidades del sistema penitenciario por las violaciones a los derechos humanos de las mujeres y también identificó omisiones y dilaciones de la Fiscalía General del Estado de Morelos en las investigaciones.
Buscan fortalecer el derecho a la salud en prisión
La iniciativa plantea que garantizar la atención en salud mental no solo es una medida para preservar la vida y la integridad de las mujeres privadas de la libertad, sino también una condición necesaria para proteger su derecho a la salud y contribuir a los procesos de reinserción social.
La diputada Ballesteros Mancilla señala que la atención debe considerar las experiencias y circunstancias particulares de las mujeres, entre ellas las violencias de género y sexual, la maternidad, la separación de sus hijas e hijos, la pérdida de redes de apoyo y los antecedentes de violencia.
La propuesta contempla adicionar un segundo párrafo al artículo 36 y un tercer párrafo al artículo 43, así como reformar la fracción I del artículo 76 de la Ley Nacional de Ejecución Penal.
La iniciativa fue turnada a la Comisión de Justicia de la Cámara de Diputados para su análisis y dictaminación.
Los estudios de género han ganado terreno en las universidades gracias a décadas de organización y exigencias feministas. Sin embargo, su consolidación todavía enfrenta resistencias institucionales y dificultades para incorporar esta perspectiva en todas las áreas de la formación académica.
Durante la mesa ¿Cuál es el futuro de los estudios de género?, realizada como parte del ciclo Feminismo y estudios de género. Memoria, transformaciones y futuros para una universidad igualitaria 2026, académicas de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) analizaron los avances y desafíos para construir una institución más igualitaria.
Ana Gabriela Buquet Corleto, exdirectora del Centro de Investigaciones y Estudios de Género (CIEG), destacó que las movilizaciones de mujeres universitarias han sido fundamentales para transformar la institución. Entre los avances mencionó la creación de la Coordinación para la Igualdad de Género (CIGU), las reformas al Estatuto General y la incorporación de materias de género en los planes de estudio.
No obstante, señaló que estos cambios no han eliminado las resistencias para consolidar una perspectiva feminista en la Universidad.
Feminismo universitario, una lucha de décadas
La incorporación de los estudios de género en la UNAM es resultado de un proceso histórico de organización. Entre sus antecedentes se encuentra el Grupo Autónomo de Mujeres Universitarias, surgido en la década de 1970, así como la creación del Centro de Estudios de la Mujer, en 1984.
Posteriormente, en abril de 1992, se fundó el Programa Universitario de Estudios de Género (PUEG), que en 2016 se transformó en el CIEG, consolidando este campo de conocimiento dentro de la institución.
Durante el encuentro, Clara Inés Ramírez González, especialista del Instituto de Investigaciones sobre la Universidad y la Educación, también abordó la exclusión histórica de los conocimientos producidos por las mujeres en los espacios académicos.
El reto es llevar la igualdad a todas las áreas
Otro de los pendientes es que las políticas institucionales no se limiten a su creación, sino que se traduzcan en cambios efectivos.
Rubén Hernández, director de Políticas de Igualdad y no Discriminación de la CIGU, presentó los resultados del Observatorio Nacional para la Igualdad de Género en las Instituciones de Educación Superior, que identificó avances desiguales en las políticas universitarias.
Entre sus hallazgos destacó que las instituciones han progresado más en la creación de políticas de igualdad que en su transversalización, es decir, en incorporarlas efectivamente a sus distintas áreas y actividades.
A estos desafíos se suman las demandas de los movimientos estudiantiles feministas, que han impulsado cambios en las aulas y los planes de estudio.
Las reflexiones de las académicas coincidieron en que el futuro de los estudios de género requiere superar las resistencias institucionales y transformar las formas en que se produce, transmite y reconoce el conocimiento. El objetivo es que la igualdad deje de ser una agenda aislada y atraviese la vida universitaria.
La propuesta contempla dispensar píldoras abortivas únicamente en hospitales y durante las primeras nueve semanas de embarazo.
Corea del Sur prepara una regulación para permitir el uso de medicamentos para abortar a partir de 2027; sin embargo, las condiciones propuestas por el gobierno podrían convertirse en nuevas barreras para acceder a este servicio. Human Rights Watch (HRW) advirtió que las restricciones sobre el tiempo de gestación y los espacios donde podrán obtenerse las píldoras limitarían el acceso a servicios de aborto seguros y asequibles.
La propuesta representa un avance en un país que, pese a haber despenalizado el aborto en 2021, todavía no cuenta con un marco legal integral que garantice explícitamente este derecho y establezca condiciones claras para su atención.
En un comunicado publicado el 25 de octubre de 2026, HRW señaló que las disposiciones planteadas por las autoridades surcoreanas no se ajustan a las recomendaciones internacionales en materia de salud reproductiva y podrían dificultar que mujeres y niñas reciban atención oportuna.
Corea del Sur propone regular el aborto con medicamentos
La iniciativa contempla autorizar el uso de Mifegymiso, un medicamento que combina misoprostol y mifepristona, utilizados para interrumpir embarazos mediante un procedimiento farmacológico.
De acuerdo con la organización, la propuesta gubernamental establece una primera etapa de prueba de dos años, durante la cual los medicamentos únicamente podrán ser prescritos y dispensados directamente por médicos de grandes hospitales e instituciones sanitarias.
Además, su utilización estaría limitada a embarazos de hasta nueve semanas de gestación. Una vez concluido el periodo de prueba, las autoridades evaluarían la posibilidad de ampliar su distribución para que las pacientes puedan adquirirlos en farmacias independientes mediante receta médica.
La aprobación y distribución del medicamento están previstas para 2027. Con ello, el gobierno busca incorporar el aborto farmacológico al sistema de atención sanitaria y dejar atrás parte de la incertidumbre que ha prevalecido desde la despenalización.
Restricciones podrían dificultar el acceso al aborto seguro
Aunque Human Rights Watch reconoció que permitir el uso de píldoras abortivas representa un paso importante, advirtió que las condiciones propuestas podrían impedir que muchas mujeres accedan a este servicio.
Una de las principales preocupaciones es el límite de nueve semanas de gestación. Según HRW, esta disposición no coincide con las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud (OMS), que contempla el uso de medicamentos para abortar durante las primeras 12 semanas de embarazo.
La organización también cuestionó que únicamente médicos de grandes hospitales puedan prescribir y entregar los fármacos durante los primeros dos años de implementación. Esta condición podría afectar especialmente a quienes viven en comunidades rurales o alejadas de los centros hospitalarios, pues tendrían que trasladarse para recibir atención.
Otro punto señalado es la exclusión de alternativas de atención a distancia. La OMS recomienda modelos de telemedicina para brindar acompañamiento durante un aborto con medicamentos, mediante los cuales las recetas pueden enviarse directamente a farmacias y las pacientes pueden realizar el procedimiento en casa con información adecuada y acompañamiento de personal de salud cuando lo requieran.
HRW recordó que este modelo puede utilizarse de manera segura en embarazos de hasta 12 semanas, siempre que se cuente con medicamentos de calidad, información precisa y acceso a apoyo sanitario.
HRW pide garantizar los derechos reproductivos
Ante este escenario, Human Rights Watch llamó a las autoridades de Corea del Sur a modificar las disposiciones y avanzar hacia una legislación que garantice el acceso oportuno, asequible y seguro al aborto.
Entre sus recomendaciones se encuentra ampliar el número de profesionales de la salud autorizados para prescribir y proporcionar los medicamentos, eliminar requisitos de consentimiento o notificación de parejas y familiares, así como garantizar que los servicios de aborto estén cubiertos por el seguro nacional de salud.
La organización también pidió establecer un marco legal que proteja tanto a las pacientes como al personal médico y que permita acceder a información confiable sobre salud sexual y reproductiva.
«Sin un acceso seguro y asequible a los servicios de aborto, las mujeres y las niñas no pueden ejercer plenamente su autonomía ni sus derechos reproductivos«, señaló Susanne Bergsten, asistente interina de investigación sobre los derechos de las mujeres en Human Rights Watch.
De esta manera, la discusión en Corea del Sur no se limita a autorizar el uso de medicamentos para abortar, sino a establecer condiciones que permitan que todas las mujeres puedan acceder a estos servicios sin obstáculos económicos, geográficos o administrativos.
Organizaciones realizarán una jornada de encuentros y lecturas del 20 al 25 de noviembre para visibilizar las violencias contra las mujeres.
En el marco del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres (25N), colectivas y organizaciones feministas de Tlaxcala organizarán la jornada «Tejiendo esperanza frente a las violencias contra las niñas y mujeres», un espacio de encuentro que busca fortalecer las redes de acompañamiento y construir una agenda común frente a las distintas formas de violencia que enfrentan niñas, adolescentes y mujeres en la entidad.
La iniciativa es impulsada por el Colectivo Mujer y Utopía, Malinalli Espacio Común, Medusas Sufragistas de Tlaxcala, el Centro Fray Julián Garcés y el Centro de Atención para la Familia Migrante Indígena (CAFAMI).
De acuerdo con las organizaciones, la jornada busca generar espacios para compartir experiencias, reconocer las problemáticas que atraviesan las comunidades y fortalecer el trabajo que realizan las agrupaciones feministas desde sus distintos territorios.
Las integrantes señalaron que hacer frente a las violencias requiere fortalecer los vínculos entre organizaciones, recuperar los aprendizajes de sus procesos de acompañamiento e identificar preocupaciones comunes para impulsar respuestas colectivas.
Lecturas y encuentros para nombrar las violencias
Como parte de la jornada, las organizaciones realizarán actividades los días 20, 21, 23, 24 y 25 de noviembre en distintos espacios de Tlaxcala. El programa contempla once lecturas de obras literarias, testimoniales y de investigación periodística que abordan problemáticas como desapariciones, feminicidios, memoria, desarraigo y exclusión.
Entre los títulos seleccionados se encuentran El invencible verano de Liliana, de Cristina Rivera Garza; Fruto, de Daniela Rea; La fosa de agua y Feminicidio mítico, de Lydiette Carrión; así como Violencia, de Bibiana Collado Cabrera.
También se incluirán testimonios de mujeres que han regresado a sus territorios, mediante las obras Crónicas del desarraigo en la propia tierra y Crónicas de la exclusión, con el propósito de recuperar experiencias y visibilizar las distintas realidades que enfrentan las mujeres.
Las actividades se realizarán en espacios de las organizaciones convocantes y en la Universidad Autónoma de Tlaxcala. Al concluir la jornada, el 26 de noviembre, las colectivas difundirán un pronunciamiento conjunto en sus redes sociales para compartir sus reflexiones, preocupaciones y compromisos frente a las violencias.
Colectivas exigen al gobierno garantizar justicia y reparación del daño
Más allá de las actividades de reflexión, las organizaciones hicieron un llamado al Gobierno de Tlaxcala para implementar políticas públicas y acciones efectivas que permitan prevenir y erradicar las violencias contra niñas, adolescentes y mujeres.
Entre sus exigencias se encuentra garantizar una atención integral, el acceso a la justicia, la reparación del daño y medidas de no repetición para quienes han enfrentado situaciones de violencia.
Asimismo, señalaron la necesidad de evitar prácticas institucionales que revictimicen a las mujeres cuando buscan atención y justicia, y colocar sus derechos en el centro de las acciones gubernamentales.
Las colectivas destacaron que la construcción de respuestas frente a las violencias no puede recaer únicamente en las organizaciones y redes de acompañamiento, sino que requiere que las autoridades asuman sus responsabilidades en materia de prevención, atención y acceso a la justicia.
Finalmente, convocaron a mujeres y a la sociedad en general a acercarse a las organizaciones participantes y conocer el trabajo que realizan en sus comunidades.
A propósito del #25N, académicas y feministas reconocieron la trayectoria de Marcela Lagarde.
En el marco de las actividades rumbo al 25 de noviembre (#25N), la doctora Marcela Lagarde y de los Ríos recibió un homenaje organizado por el Diplomado “Las mujeres en la perspectiva de las ciencias sociales y humanidades. Política feminista y el enfoque de género”, de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México (UACM), junto con compañeras de la sociedad civil.
Durante el encuentro se reconoció su trayectoria política, académica y legislativa, así como sus aportaciones desde la antropología feminista, que contribuyeron a transformar la manera de comprender y nombrar las experiencias de las mujeres, particularmente las distintas expresiones de violencia que enfrentan.
Lizbeth Álvarez, coordinadora académica de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México (UACM), destacó que hablar de Marcela Lagarde significa comprender parte de la historia y las luchas de las mujeres en México. Señaló que su trabajo ha brindado herramientas para nombrar y visibilizar experiencias que durante mucho tiempo permanecieron fuera de la academia y de la política.
Entre sus aportaciones, reconoció su trabajo en torno al concepto de feminicidio, que permitió colocar en el debate público una realidad dolorosa que durante décadas había sido invisibilizada y llevarla también al ámbito legislativo.
De la investigación feminista a la legislación
Por su parte, la abogada feminista Andrea Medina Rosas profundizó en las aportaciones de Lagarde al desarrollo del pensamiento feminista y su traducción en instrumentos jurídicos para la protección de los derechos de las mujeres.
Medina Rosas destacó que dos de sus contribuciones fueron fundamentales para consolidar décadas de trabajo: el desarrollo teórico de conceptos como feminicidio y violencia feminicida, y su participación en la construcción de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia.
La abogada explicó que el bagaje teórico de Lagarde fue uno de los pilares para impulsar esta legislación. Recordó que, durante su paso por la Cámara de Diputados, investigó la violencia feminicida, solicitó información a las autoridades y promovió espacios especializados para documentar y comprender la problemática en el país.
Este trabajo permitió reunir información sobre las muertes violentas de mujeres y evidenciar que la violencia feminicida no se limitaba a un territorio específico, sino que respondía a condiciones estructurales de discriminación y desigualdad.
A partir de estas investigaciones y del trabajo colectivo con otras legisladoras, se impulsó una legislación que reconoció el derecho de las mujeres a vivir libres de violencia y estableció responsabilidades para el Estado mexicano en materia de prevención, atención, sanción y erradicación.
Destaca que su trabajo de investigación sobre la violencia feminicida permitieron sentar bases para prevenir estas violencias, así como comprender el feminicidio más allá de su dimensión penal.
Nombrar el feminicidio para transformar la respuesta del Estado
Otro de los puntos centrales del testimonio de Andrea Medina fue la importancia de comprender el feminicidio más allá de su dimensión penal.
Explicó que el concepto no surgió únicamente para nombrar un delito, sino para analizar las condiciones de discriminación, misoginia y omisión institucional que permiten que la violencia contra las mujeres llegue hasta su expresión más extrema: la muerte.
Desde esta perspectiva, el feminicidio permitió cuestionar la responsabilidad del Estado mexicano frente a las muertes violentas de mujeres y la falta de prevención, investigación y acceso a la justicia.
Medina Rosas también consideró necesario revisar la justicia penal y las respuestas institucionales frente a la violencia contra las mujeres, para evitar que la atención se reduzca al castigo de los responsables y se mantengan las condiciones que hacen posible estas violencias.
Marcela Lagarde: reunirse entre mujeres también es una experiencia de libertad
Durante su homenaje, Marcela Lagarde y de los Ríos destacó que ver a mujeres reunidas por una misma búsqueda representa una experiencia de libertad, especialmente en sociedades donde históricamente han sido excluidas de los espacios de decisión, del reconocimiento intelectual y de la construcción de las normas.
La antropóloga feminista señaló que su trabajo ha estado orientado a la búsqueda de la vida y la libertad de las mujeres y las niñas. Asimismo, reconoció la importancia de que existan funcionarias y funcionarios formados desde esta perspectiva, pues consideró que el pensamiento y las herramientas construidas durante décadas han contribuido a transformar las instituciones y las respuestas del Estado frente a las desigualdades de género.
En este sentido, el encuentro también permitió reconocer la importancia de mantener vigentes las redes, los espacios de reflexión y la organización colectiva de las mujeres para continuar impulsando cambios políticos, sociales y legislativos.
La periodista y politóloga asumirá el cargo el 1 de diciembre de 2026.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) seleccionó a la periodista y politóloga chilena Viviana Giacaman Sarah como nueva relatora especial para la Libertad de Expresión (RELE), una responsabilidad que asumirá el próximo 1 de diciembre de 2026.
De acuerdo con el organismo, su designación responde a su trayectoria profesional y a más de 20 años de experiencia en materia de libertad de expresión, derechos humanos y gobernabilidad democrática.
Giacaman Sarah fue elegida por sus capacidades técnicas, liderazgo y experiencia para trabajar con Estados, organizaciones de la sociedad civil y otros actores del Sistema Interamericano de Derechos Humanos.
Su nombramiento fue remitido al secretario general de la Organización de los Estados Americanos (OEA), Albert Ramdin, quien expresó su conformidad con la decisión.
#CIDH elige a Viviana Giacaman Sarah como Relatora Especial para la @RELE_CIDH. #IACHR elects Viviana Giacaman Sarah as Special Rapporteur for Freedom of Expression.
Viviana Giacaman Sarah es periodista y politóloga de nacionalidad chilena. Cuenta con una maestría en Estudios Latinoamericanos por la Universidad de Georgetown, en Estados Unidos.
A lo largo de su trayectoria profesional ha trabajado en iniciativas relacionadas con la defensa de los derechos humanos y la libertad de expresión. Desde la sociedad civil encabezó programas de protección a periodistas en 15 países y colaboró de manera sistemática con la CIDH y su Relatoría Especial para la Libertad de Expresión.
También se desempeñó como jefa de una oficina nacional de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y estuvo a cargo de la comunicación estratégica del Ministerio Secretaría General del Gobierno de Chile.
Entre sus áreas de experiencia se encuentran la movilización de recursos, la construcción de coaliciones y la comunicación estratégica, conocimientos que formaron parte de los criterios considerados para su selección.
¿Qué hace la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión?
La Relatoría Especial para la Libertad de Expresión es una instancia que depende de la CIDH y tiene como propósito contribuir a la promoción y protección del derecho a la libertad de expresión en las Américas.
Entre sus responsabilidades se encuentra elaborar informes temáticos y anuales sobre la situación de este derecho en la región, además de apoyar el seguimiento de casos relacionados con posibles violaciones a la libertad de expresión.
La persona titular trabaja en coordinación con la Secretaría Ejecutiva de la CIDH y desempeña sus funciones desde Washington D. C.
La designación de Viviana Giacaman Sarah se realizó después de un proceso de selección en el que participaron 145 personas. Asimismo, la CIDH recibió 258 cartas y observaciones de organizaciones de la sociedad civil y Estados durante la consulta pública.
La periodista chilena asumirá formalmente la titularidad de la Relatoría el próximo 1 de diciembre de 2026.
Integrantes de la Red Eslabones por los Derechos Humanos se reunieron con la secretaria de Gobernación para plantear necesidades relacionadas con la búsqueda de sus familiares.
Integrantes de la Red Eslabones por los Derechos Humanos, conformada por madres buscadoras y familiares de personas desaparecidas, se reunieron con la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez Velázquez, para exponer sus inquietudes y planteamientos sobre las acciones institucionales necesarias para localizar a sus seres queridos.
El encuentro se realizó el lunes 9 de noviembre en las instalaciones de la Secretaría de Gobernación (Segob), donde la funcionaria escuchó las demandas de las integrantes del colectivo y expresó la disposición del Gobierno de México para mantener el trabajo coordinado con las familias.
A través de sus redes sociales, Rodríguez informó sobre la reunión y señaló que el propósito es fortalecer las acciones de búsqueda de personas desaparecidas.
«Escuchamos y manifestamos la disposición del Gobierno de México de continuar trabajando de forma coordinada en el fortalecimiento de las acciones de búsqueda de sus seres queridos», escribió.
Durante el encuentro estuvieron el fortalecimiento de los mecanismos de búsqueda, la identificación forense y la atención institucional a las familias. También se señaló la necesidad de mejorar la coordinación entre las autoridades responsables de investigar y localizar a las personas desaparecidas.
Esta tarde recibimos en la @SEGOB_mx a madres buscadoras de la Red Eslabones por los Derechos Humanos, a quienes escuchamos y manifestamos la disposición del @GobiernoMX de continuar trabajando de forma coordinada en el fortalecimiento de las acciones de búsqueda de sus seres… pic.twitter.com/pkIKFEL5vY— Rosa Icela Rodríguez Velázquez (@rosaicela_) November 9, 2026
Red Eslabones reúne a más de 100 familias
La Red Eslabones por los Derechos Humanos comenzó sus actividades en 2013 y está integrada por más de 100 familias y alrededor de 180 personas, en su mayoría mujeres y madres buscadoras.
Sus integrantes participan en labores de búsqueda y mantienen exigencias ante las instituciones para conocer el paradero de sus familiares, así como para obtener respuestas sobre las investigaciones relacionadas con sus desapariciones.
La reunión con Rosa Icela Rodríguez representa un espacio de interlocución entre las familias y las autoridades federales, en un contexto en el que los colectivos de búsqueda continúan demandando atención institucional, coordinación y avances en los procesos de localización e identificación humana.
Gobernación mantiene reuniones con colectivos de búsqueda
El encuentro con Red Eslabones se suma a otros acercamientos que ha sostenido la titular de Gobernación con organizaciones de familiares de personas desaparecidas.
Entre ellos se encuentra la reunión con integrantes del colectivo De Frente Hasta Encontrarte, de Tamaulipas, con quienes también dialogó para escuchar sus planteamientos y dar seguimiento a sus solicitudes.
Asimismo, el 28 de octubre, Rosa Icela Rodríguez encabezó una mesa de trabajo en Hermosillo, Sonora, junto con el gobernador Alfonso Durazo y la fiscal general de la República, Ernestina Godoy Ramos. En aquella jornada participaron más de 250 familiares y representantes de colectivos de Baja California, Baja California Sur, Sonora, Chihuahua, Sinaloa y Durango.
Por otra parte, Gobernación informó que la Estrategia Nacional de Búsqueda ha permitido localizar a más de 16 mil personas durante los últimos meses. También anunció la integración de un grupo de nueve especialistas nacionales e internacionales para revisar las metodologías del registro de personas desaparecidas y formular recomendaciones técnicas que contribuyan a mejorar la calidad de la información.
Sin embargo, respecto al encuentro con la Red Eslabones, hasta el momento no se han dado a conocer públicamente acuerdos específicos, plazos de cumplimiento o nuevas medidas derivadas de la reunión.
Mientras tanto, las familias continúan demandando que los espacios de diálogo con las autoridades se traduzcan en acciones efectivas para encontrar a sus seres queridos y garantizar su derecho a la verdad y la justicia.
Los procesos contra dos exautoridades chilenas fueron aplazados hasta 2027, lo que preocupa al Comité de Expertas.
El Comité de Expertas del Mecanismo de Seguimiento de la Convención de Belém do Pará (MESECVI) expresó su preocupación por las dilaciones en dos procesos judiciales por violencia sexual que involucran a exautoridades públicas en Chile. Ante los aplazamientos, llamó al Estado a garantizar investigaciones y juicios oportunos, así como la protección integral de las denunciantes.
En un comunicado publicado el 10 de noviembre de 2026, el Comité señaló los casos del exsubsecretario del Interior, Manuel Monsalve, denunciado por violación y abuso sexual contra una funcionaria que se encontraba bajo su autoridad, y del exdiputado Francisco Pulgar Castillo, acusado de violación y abuso sexual reiterados contra una niña de 13 años.
De acuerdo con la información recibida por el organismo de organizaciones de la sociedad civil, la audiencia de preparación del juicio oral contra Monsalve, prevista inicialmente para principios de octubre de 2026, fue reprogramada para marzo de 2027.
A este aplazamiento se sumó la modificación de su medida cautelar de arresto domiciliario total a nocturno, decisión que posteriormente fue revocada por la Corte de Apelaciones de Santiago.
En el caso de Francisco Pulgar, el juicio relacionado con hechos denunciados en mayo de 2021 fue aplazado hasta noviembre de 2027. Para el Comité, estos retrasos evidencian obstáculos en la respuesta institucional frente a la violencia sexual y pueden prolongar la incertidumbre de las víctimas.
Retrasos judiciales pueden favorecer la impunidad
El MESECVI recordó que ya se había pronunciado sobre el caso de Monsalve en noviembre de 2024, cuando instó a las autoridades chilenas a actuar con transparencia, celeridad y debida diligencia reforzada. Dos años después, reiteró que una respuesta judicial oportuna es indispensable para garantizar el acceso efectivo a la justicia de las mujeres y las niñas.
El organismo también manifestó preocupación por la reducción de penas a personas condenadas por delitos sexuales contra niñas, niños y adolescentes, situación que, señaló, se suma a las brechas que persisten en la actuación de las instituciones frente a estas violencias.
En este sentido, recordó que el artículo 7 de la Convención de Belém do Pará establece la obligación de los Estados de actuar con debida diligencia para prevenir, investigar y sancionar la violencia contra las mujeres, además de garantizar procedimientos legales justos y eficaces que incluyan juicios oportunos.
El Comité advirtió que la lentitud de los procesos judiciales puede generar cargas adicionales para las sobrevivientes, prolongar la incertidumbre y aumentar el riesgo de que abandonen los procedimientos. También puede contribuir a la revictimización y debilitar la confianza en las instituciones.
Estas consecuencias adquieren especial relevancia cuando los procesos involucran a personas que ocuparon cargos de autoridad pública, pues las dilaciones pueden desalentar a las víctimas y transmitir a la sociedad un mensaje de tolerancia frente a la violencia.
El organismo retomó su Cuarto Informe Hemisférico sobre la implementación de la Convención de Belém do Pará, en el que advierte que la lentitud judicial debilita el acceso a la justicia y contribuye a la impunidad. Asimismo, subrayó la necesidad de garantizar respuestas adecuadas a la edad de las niñas víctimas de violencia sexual, con acompañamiento especializado y medidas para evitar su revictimización.
Piden proteger a denunciantes y evitar estereotipos de género
El Comité de Expertas recordó que la debida diligencia reforzada no solo implica resolver los procesos con oportunidad, sino también garantizar que las autoridades judiciales apliquen los estándares sobre consentimiento y eliminen los estereotipos de género durante las investigaciones y los juicios.
Al respecto, reiteró que las asimetrías de poder, la coacción y el temor a la violencia pueden viciar o anular el consentimiento, por lo que estos elementos deben considerarse en la actuación judicial.
Si bien el MESECVI reconoció la información proporcionada por las autoridades chilenas sobre la articulación institucional y las acciones contempladas en la Ley 21.675, así como las iniciativas legislativas para fortalecer la respuesta estatal, insistió en que la prevención, investigación y sanción de la violencia sexual requieren la coordinación de todos los poderes e instituciones.
Finalmente, llamó al sistema judicial y al Ministerio Público de Chile a garantizar que los procesos en curso avancen con celeridad, transparencia y debida diligencia reforzada.
También pidió asegurar la protección integral de las denunciantes, considerar su seguridad al adoptar o modificar medidas cautelares, brindarles apoyo psicosocial durante todas las etapas del proceso e informarles oportunamente sobre las decisiones judiciales.
El Comité enfatizó que estas obligaciones deben reforzarse cuando las víctimas son niñas, quienes requieren atención adecuada a su edad y acompañamiento especializado.
El vuelco demócrata en Estados Unidos es una noticia esperanzadora para ese país y para el mundo. El contundente rechazo de la ciudadanía a las políticas autocráticas de Donald Trump y sus comparsas republicanos abre en ese país la posibilidad de recuperar el Estado de derecho y la vida democrática.
Un ejemplo contundente es Texas, un baluarte republicano por décadas, que, gracias a la votación masiva de la ciudadanía y de la población latina, se ha convertido en un estado con autoridades demócratas en que destacan figuras como la próxima gobernadora Gina Hinojosa, de origen mexicano.
El camino hasta el 2027, sin embargo, no será fácil. Los tiranos no toleran el cuestionamiento y menos la derrota. En efecto, sin afán pesimista y con esperanza de que prevalezca el impulso democrático ciudadano, el nombramiento de Stephen Miller como jefe de gabinete no puede leerse como un error más de Trump, es un desafío a la democracia.
Tras diez años de colaboración con Trump, Miller ha destacado por sus posturas extremistas contra la inmigración, a favor del presidencialismo ilimitado y del uso de la fuerza. Aun medios tibios, lo consideran “el arquitecto” de la feroz política anti-inmigrante que desde 2016 tanto daño ha hecho al país.
Convencido de la teoría del “gran remplazo” (supuesta amenaza de que la población de color desplace a la blanca) y de la superioridad racial blanca, bajo Trump, Miller ha defendido el uso indiscriminado de la violencia contra lo que llama una “invasión” migrante, incluyendo la separación de las familias y la clausura del asilo. Sus convicciones vienen de lejos.
Nacido en California, Miller se inclinó desde su adolescencia hacia posiciones conservadoras. Opuesto al multiculturalismo, la “corrección política” y al uso del español en la escuela, se alejó de un amigo por ser latino. Ante el atentado del 11/09/2001 escribió un artículo intitulado “Tiempo de matar”, de corte anti-islámico, abogando por matar a los terroristas.
Estudió ciencia política en Duke donde estrechó sus lazos con personajes supremacistas. Como asesor del senador conservador Jeff Sessions, difundió teorías conspiracionistas racista y eugenésicas. Empezó a trabajar con Trump como asesor en 2016, colaborando con Steven Bannon.
Desde entonces impulsó políticas nefastas como la prohibición de la inmigración musulmana, las deportaciones masivas, el fin del programa DACA (para proteger a quienes llegaron de niños a EU).
También purgó a funcionarios de la Casa Blanca que no le parecían leales. Aunque se le investigó como colaborador en el intento de golpe de estado del 6 de enero 2021, prosiguió su carrera sin obstáculos. Sostuvo, como Trump, que éste había ganado las elecciones.
Entre 2021 y 2024 trabajó con organizaciones conservadoras y participó en la elaboración de un nuevo programa de gobierno.
En 2025, como subjefe de gabinete y asesor en política de seguridad nacional, promovió las draconianas políticas de migración y la estigmatización de la disidencia mediante el memorándum NSPM-7 contra el “terrorismo interno”, a raíz del cual manifestantes arrestados por protestar contra el campo de concentración de Prairieland, Texas recibieron condenas de 30 a 50 años de cárcel, uno de ellos sin haber estado siquiera presente en la protesta.
Medios críticos le atribuyen inclinaciones a tachar de “insurrección” las protestas contra ICE y a declarar entonces el estado de emergencia, que le daría enormes poderes al Ejecutivo.
Observadores críticos y especialistas en regímenes autoritarios advierten desde su nombramiento que Miller representa una amenaza para la democracia en cuanto podría alimentar los peores impulsos de Trump para mantenerse y fortalecer su poder. Podemos pensar, con base en sus ideas, en una intensificación de la guerra contra Irán para “terminarla”, una aceleración de las redadas contra migrantes e intentos de cerrar las fronteras, persecución legal de disidentes (incluyendo a representantes demócratas).
O peor, favorecer o permitir que asociaciones fanáticas como los Proud Boys y otras milicias y grupos racistas y neonazis descontentos con los resultados electorales, que llaman en redes a la radicalización (GPAHE, Proyecto Global contra el Odio y el Extremismo), provoquen violencia social.
Para Miller, el orden mundial debe ser regido por el más fuerte (Trump y los blancos). Los próximos meses pueden ser muy turbulentos y peligrosos.
(Con información de Servicios Informativos EBSCO, Southern Poverty Law Center, LBC Global, GPAHE)
La Cámara de Diputados aprobó el Presupuesto de Egresos de la Federación 2027. Wendy Figueroa , directora de la Red Nacional de Refugios advierte que no se garantizó la reasignación de recursos que solicitaron.
La Cámara de Diputados aprobó el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) 2027; sin embargo, la decisión legislativa dejó de lado los análisis de la Red Nacional de Refugios (RNR) de garantizar mayores recursos para la atención y protección de mujeres, niñas y niños que viven violencias machistas.
Durante la madrugada del 11 de noviembre, el Pleno de San Lázaro avaló en lo particular el presupuesto con 352 votos a favor, 130 en contra y ninguna abstención. El documento contempla un gasto neto total de 10 billones 636 mil 488.1 millones de pesos y fue enviado al Ejecutivo federal para sus efectos constitucionales.
Tras la aprobación, Wendy Figueroa Morales, directora de la Red Nacional de Refugios, expresó su preocupación porque, pese a las solicitudes realizadas durante la discusión presupuestaria, no se concretó una reasignación acreditada para fortalecer los recursos destinados a estos espacios.
La organización había solicitado al menos 580 millones de pesos para revertir la reducción presupuestaria que identificó en el componente de refugios del programa U012, destinado a la prevención y atención de las violencias feminicidas.
De acuerdo con el análisis de la Red, el monto previsto para este componente pasó de 536 millones de pesos en 2026 a 518 millones para 2027. Aunque existe una diferencia nominal, al considerar la inflación representa una reducción real de 3.35 por ciento, equivalente a 18 millones de pesos menos en capacidad presupuestaria.
El PPEF 2027 propone +0.66% para Refugios. Descontada la inflación, es un recorte real de 3.35%.
Presupuesto insuficiente pone presión sobre los refugios
En entrevista con Cimacnoticias, Wendy Figueroa señaló que la falta de recursos suficientes incrementa la presión sobre las organizaciones que sostienen estos espacios, particularmente ante las dificultades que han enfrentado en los últimos años por la entrega tardía e insuficiente del presupuesto.
Explicó que cuando los recursos no llegan completos o a tiempo, puede ponerse en riesgo la continuidad de los servicios psicológicos, jurídicos, sociales, médicos y educativos, así como el pago de honorarios del personal especializado que acompaña a las mujeres y sus hijas e hijos.
«No estamos hablando de edificios o únicamente de servicios, estamos hablando de mujeres que necesitan salir de contextos de violencia, de niñas y niños que también requieren atención especializada y de procesos de protección, restitución de derechos y autonomía que no pueden interrumpirse por decisiones administrativas», advirtió.
La directora de la RNR subrayó que los refugios no son solamente espacios de resguardo, sino que ofrecen atención integral para que las mujeres puedan reconstruir sus proyectos de vida y recuperar su autonomía después de enfrentar situaciones de violencia.
Por ello, consideró que no es posible hablar de avances en los derechos de las mujeres cuando las políticas públicas destinadas a protegerlas no cuentan con los recursos necesarios para funcionar.
Más de 6 mil mujeres, niñas y niños atendidos en ocho meses
La preocupación por el financiamiento de los refugios se relaciona directamente con las situaciones de violencia que enfrentan las mujeres y sus hijas e hijos.
Figueroa Morales compartió que, entre enero y agosto de 2026, la Red Nacional de Refugios brindó atención a más de 6 mil mujeres, niñas y niños.
Un dato que destacó es que, en 84 por ciento de los casos de niñas, niños y adolescentes atendidos, la persona agresora era la misma que ejercía violencia contra su madre.
Esta situación evidencia que las violencias contra las mujeres también afectan directamente a sus hijas e hijos, quienes requieren procesos de atención y protección especializada.
Para la directora de la Red, estas cifras permiten dimensionar que el financiamiento de los refugios no es una discusión administrativa ni abstracta, sino una condición para responder a situaciones complejas de violencia que requieren intervención profesional y recursos suficientes.
También señaló que las reasignaciones presupuestarias durante 2027 todavía pueden ser una vía para fortalecer la atención, por lo que llamó a colocar en el centro la vida y seguridad de las mujeres, niñas y niños.
El #PEF2027 ya fue aprobado, pero la protección no se garantiza con una votación
Los #Refugios necesitan financiamiento suficiente y continuo para sostener la atención especializada de mujeres, niñas y niños.
Red Nacional de Refugios exige claridad sobre los recursos de 2027
Tras la aprobación del PEF, la Red Nacional de Refugios insistió en que la responsabilidad del Estado mexicano no termina con la votación del Congreso.
Por ello, pidió a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) y a la Secretaría de las Mujeres que informen con claridad cuáles serán los recursos efectivamente asignados a los refugios y establezcan mecanismos que garanticen su entrega íntegra y oportuna.
Asimismo, solicitó a la Secretaría de las Mujeres publicar con anticipación lineamientos claros y establecer garantías para evitar que se debilite la capacidad de atención de los espacios que actualmente operan.
La organización también pidió transparencia y vigilancia legislativa sobre el ejercicio de los recursos, así como condiciones presupuestarias que permitan sostener los servicios y al personal especializado.
Figueroa Morales advirtió que la insuficiencia presupuestaria y los retrasos en la entrega de recursos pueden comprometer la operación de los refugios y provocar interrupciones en la atención.
«La aprobación del presupuesto no concluye la responsabilidad del Estado», enfatizó.
Finalmente, sostuvo que la protección de las mujeres no puede depender de la incertidumbre presupuestaria ni de los esfuerzos de las organizaciones civiles para cubrir las obligaciones institucionales.
«Nuestra preocupación es que una vez más las organizaciones tengamos que resolver con recursos insuficientes una responsabilidad que tiene el Estado mexicano», concluyó.
A seis años de su detención, Kenia Hernández continúa defendiendo el medio ambiente y compartiendo sus saberes con otras mujeres privadas de la libertad.
El 27 de octubre, al ingresar a la Penitenciaría Femenil Nezahualcóyotl Sur, nos recibió una mujer con una sonrisa. Era Kenia Inés Hernández Montalván, defensora indígena amuzga y afrodescendiente, quien después de seis años privada de la libertad salió al encuentro de las mujeres y hombres que conformábamos una delegación internacional que acudió para conocer su situación y expresarle su solidaridad.
Kenia vestía un huipil que combinaba con sus aretes y sandalias. Cada una de las prendas era resultado del trabajo que realiza dentro del centro penitenciario, donde lidera un taller de artesanías en el que participan 32 mujeres.
El espacio, llamado Tejedoras de libertad, busca que las participantes encuentren alternativas al consumo de drogas y alcohol, aprendan técnicas artesanales y puedan generar ingresos a partir de sus creaciones.
Entre sus productos hay huipiles cuya elaboración puede tomar más de 180 horas de trabajo, sandalias bordadas, bolsas, llaveros y portagafetes. Kenia comparte sus conocimientos con otras mujeres, quienes encuentran en el tejido y el bordado una oportunidad para desarrollar habilidades y obtener recursos económicos.
La labor ocurre en el Centro Penitenciario y de Reinserción Social Femenil Nezahualcóyotl Sur, ubicado en el municipio de Nezahualcóyotl, Estado de México, una de las demarcaciones más pobladas de la zona metropolitana del Valle de México.
De acuerdo con el Censo de Población y Vivienda 2020 del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), Nezahualcóyotl tenía un millón 77 mil 208 habitantes, cifra que lo colocaba como el segundo municipio más poblado del Estado de México, después de Ecatepec.
Sobre la población del centro penitenciario, el Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria 2023 de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) registró 330 mujeres privadas de la libertad, frente a una capacidad de 424 espacios.
En este espacio, Kenia ha encontrado una forma de compartir sus conocimientos, acompañar a otras mujeres y generar ingresos. Sin embargo, reconoce que las condiciones laborales dentro de prisión no son sencillas: “Es muy mal pagado el trabajo en reclusión”.
Fotografía: Twitter @ParaKenia
Seis años lejos de sus hijos
La historia de Kenia en prisión comenzó antes de octubre de 2020. El 6 de junio de ese año fue detenida en el Estado de México, durante una movilización relacionada con la exigencia de libertad para personas presas políticas. Permaneció cinco días en el Centro Penitenciario de Chiconautla, en Ecatepec, y el 11 de junio obtuvo la posibilidad de continuar su proceso en libertad bajo medidas cautelares.
Cuatro meses después, el 18 de octubre de 2020, fue detenida nuevamente en la caseta de Amozoc, Puebla, por alrededor de 22 elementos policiales. De acuerdo con las organizaciones que acompañaron su caso, durante varias horas no se informó a sus familiares sobre su paradero. Posteriormente supieron que había sido trasladada al Centro de Readaptación Social (Cereso) de Santiaguito, en Almoloya de Juárez, Estado de México.
Esta segunda detención marcó el inicio de un periodo de encarcelamiento que, hasta la visita de octubre de 2026, sumaba seis años.
Durante este tiempo, su situación ha cambiado y ha permanecido en distintos centros penitenciarios. Después de Santiaguito estuvo en el Centro Federal de Readaptación Social Femenil número 16, en Morelos. En enero de 2024 fue trasladada al penal de Ecatepec y el 30 de mayo de ese año, fue llevada al centro femenil de Nezahualcóyotl Sur para proteger su integridad, de acuerdo con datos de la Organización Mundial contra la Tortura (OMCT).
Al recordar su paso por Santiaguito, Kenia señala que las condiciones eran más estrictas. En Nezahualcóyotl Sur, explica, la llegada de una nueva directora ha permitido algunos cambios y condiciones más flexibles.
Uno de ellos es la posibilidad de comunicarse mediante videollamadas con sus hijos durante 40 minutos. La distancia y los gastos que implica trasladarlos hasta el centro penitenciario dificultan las visitas presenciales. De acuerdo con lo que compartió durante el encuentro, llevarlos representa un gasto aproximado de entre 10 mil y 14 mil pesos.
La separación familiar es una de las consecuencias más difíciles de su encarcelamiento. A pesar de ello, busca mantenerse presente en la vida de sus hijos y encontrar en el trabajo artesanal una manera de sostenerse económicamente.
Por eso, la venta de los huipiles y demás productos no representa únicamente una actividad recreativa. Es una fuente de ingresos para ella y para las mujeres que participan en el taller, una posibilidad de generar recursos en un contexto donde las oportunidades laborales son limitadas.
Kenia también es una ávida lectora. Los libros forman parte de su vida cotidiana y de las herramientas con las que mantiene activo su pensamiento, incluso en un espacio que limita su libertad de movimiento y sus posibilidades de continuar con el trabajo que realizaba fuera de prisión.
El activismo no se queda detrás de los muros
Antes de su detención, Kenia construyó una trayectoria como abogada y defensora de derechos humanos. Su labor ha estado vinculada con la defensa de la tierra y el territorio, los derechos de los pueblos indígenas, los derechos de las mujeres y el acompañamiento a comunidades que enfrentan distintas formas de violencia.
Originaria de Xochistlahuaca, Guerrero, es hablante de la lenguaamuzga y ha participado en movimientos sociales en defensa de los derechos comunitarios. También fue coordinadora del Colectivo Libertario Zapata Vive y participó en el Movimiento Nacional por la Libertad de los Presos Políticos.
Su trabajo como defensora no se ha detenido desde que ingresó a prisión. A través de la organización con otras mujeres, el intercambio de conocimientos y la defensa de sus propios derechos, continúa impulsando actividades que considera necesarias para transformar su entorno.
Durante la conversación con la delegación, habló particularmente de su preocupación por el medio ambiente. Para ella, la defensa del planeta es una responsabilidad que no puede quedar suspendida mientras permanece recluida.
“El tema ambiental es una deuda que tenemos, debemos concientizar a las compañeras”, expresó.
Incluso desde el encierro ha imaginado proyectos que permitan involucrar a otras mujeres en actividades de reciclaje. Una de sus ideas surgió de la posibilidad de vincular la música con el cuidado ambiental.
“Mi mejor amigo tiene una banda de rock y he pensado en cómo vincular la música con hacer que las personas reciclen, lo he soñado”, contó.
Su propuesta consiste en separar los residuos que se generan dentro del centro penitenciario y establecer un vínculo con una empresa recicladora. Una vez reunida cierta cantidad de materiales, la empresa podría acudir y, como incentivo, una banda de rock ofrecería una presentación para las mujeres participantes.
“Se me ocurre separar aquí adentro los desechos que generamos y buscar a una empresa recicladora, cada cierto volumen, entonces que venga una banda de rock a tocar, eso motivaría a las compañeras”, explicó.
En su relato, la idea también deja ver la frustración que experimenta al imaginar iniciativas que no puede concretar con la libertad y los recursos que tendría fuera de prisión.
“Y esos sueños reflejan mi frustración, el mundo va avanzando y yo sigo detenida”, compartió.
Aun así, tiene claro que el activismo no depende de un lugar específico ni de las condiciones en las que se encuentre. Desde el taller, con sus compañeras o a través de cualquier actividad que pueda impulsar, busca mantener vivo su compromiso.
“Ya es tiempo de hacer algo por el planeta”, afirmó.
Su preocupación ambiental está vinculada también con una idea de futuro y de responsabilidad hacia las siguientes generaciones. Para Kenia, defender el territorio y cuidar los recursos naturales significa pensar en las condiciones en las que vivirán sus hijos y las comunidades que vienen detrás.
“Mi objetivo es dejar un mejor México a mis hijos, y a México dejar lo mejor de mis hijos”, expresó.
Y añadió: “El mundo y América Latina necesita mayor amor al planeta. Menos consumismo y más activismo”.
Foto: Georgina Monroy
Una mujer defensora indígena que exige ser visible
La visita del 27 de octubre formó parte del Quinto Viaje de Cooperación y Diálogo México-Unión Europea, denominado Acompañar a quien resiste, aprender de quien defiende, impulsado por la Plataforma por la Paz y los Derechos Humanos México-Unión Europea, que representa a más de 200 organizaciones de México y Europa.
Entre quienes acudieron se encontraba la eurodiputada y vicepresidenta del Grupo de los Verdes, Diana Riba i Giner, así como representantes de organizaciones nacionales e internacionales, entre ellas la Red Nacional de Defensoras de Derechos Humanos en México, la Red por los Derechos de la Infancia en México, la Red TDT, Comunicación e Información de la Mujer (CIMAC) y el Centro de Derechos Humanos Zeferino Ladrillero.
Durante el encuentro, Kenia agradeció el acompañamiento y reconoció que la solidaridad de las organizaciones ha sido fundamental para continuar defendiendo sus derechos y los de otras mujeres privadas de la libertad.
“La fuerza que me mantiene en pie también es gracias al apoyo de las organizaciones, este apoyo hace posible contribuir al ejercicio de nuestros derechos aún privadas de nuestra libertad. Sin el apoyo de todas ustedes no sería la Kenia fuerte que soy.” expresó.
La delegación también le entregó mensajes de solidaridad de defensoras de derechos humanos, integrantes de organizaciones y movimientos de 18 países de cuatro continentes: América, África, Asia y Europa.
Para Kenia, mantener visible su caso es indispensable. Su encarcelamiento no puede entenderse únicamente a través de los expedientes judiciales: también implica la separación de sus hijos, las restricciones para continuar su labor como defensora y las dificultades que enfrentan las mujeres privadas de la libertad para ejercer sus derechos.
“Hay que presionar al gobierno, una mujer defensora indígena tiene que ser visible”, señaló.
Entre las preocupaciones expuestas se encuentran la presunta negación de interpretación en lengua amuzga, las restricciones a las visitas familiares y las dificultades para asistir presencialmente a las audiencias. El Gobierno mexicano respondió el 18 de septiembre y sostuvo que Kenia cuenta con atención médica, actividades educativas y culturales, correspondencia y visitas familiares.
Los mecanismos internacionales precisaron que su comunicación no constituye una determinación definitiva sobre el caso, pero solicitaron información adicional al Estado mexicano.
Foto: Sergio Moreno Hernández
Tres causas penales mantienen a Kenia en prisión
A seis años de su detención, la situación jurídica de Kenia Hernández ha tenido cambios importantes, aunque todavía no se ha traducido en su libertad.
En abril de 2026, la defensora logró cerrar ocho causas federales relacionadas con el delito de ataques a las vías generales de comunicación. Cinco de ellas concluyeron mediante acuerdos reparatorios con Caminos y Puentes Federales (CAPUFE), mientras que en tres procedimientos relacionados con Guanajuato se determinaron resoluciones judiciales favorables.
Para concretar los acuerdos con CAPUFE, Kenia optó por cubrir una indemnización económica por los ingresos que la institución dejó de percibir durante las manifestaciones en las que participó. De acuerdo con lo que compartió con CIMACnoticias, el monto ascendió a 334 mil pesos. Esta vía permitió evitar un procedimiento abreviado que implicaba aceptar responsabilidad penal.
Sin embargo, uno de los procedimientos federales volvió a abrirse. El 3 de junio de 2026, CAPUFE obtuvo una resolución favorable en un recurso de amparo relacionado con la causa penal 203/2024, en Guanajuato. La determinación dejó sin efectos la resolución de no vinculación a proceso y ordenó reponer el procedimiento, por lo que Kenia volvió a enfrentar el riesgo de ser vinculada a proceso en esa causa.
A ello se suman dos sentencias del fuero común en el Estado de México por delitos de robo con violencia, que en conjunto representan 21 años y nueve meses de prisión. Ambas se encuentran impugnadas mediante juicios de amparo, pendientes de resolución.
Por esta razón, el comunicado difundido el 28 de octubre por las organizaciones que acompañan su caso señaló que Kenia permanece privada de la libertad por tres causas penales: dos estatales y una federal.
Las organizaciones nacionales e internacionales han exigido que se revisen los procesos y se garantice su libertad inmediata, además de poner fin a la persecución judicial que, sostienen, ha enfrentado por ejercer su derecho a la protesta y defender los derechos de los pueblos indígenas.
Mientras tanto, dentro del penal de Nezahualcóyotl Sur, Kenia continúa tejiendo, enseñando y compartiendo sus conocimientos con otras mujeres. Los huipiles que elabora requieren más de 180 horas de trabajo; el activismo que sostiene desde prisión, en cambio, no ha tenido una pausa.
Su historia recuerda que las mujeres defensoras no dejan de serlo cuando son privadas de su libertad. Kenia sigue imaginando formas de organizarse, cuidar el medio ambiente y construir un país distinto para sus hijos y para las generaciones que vienen.
“Menos consumismo y más activismo”. ¡Libertad para la defensora Kenia Hernández!
