El complejo contexto político y social que se vive en Perú nos recordó que existe un feminismo operando para refrescar la imagen del neoliberalismo, y que utiliza su poder para mediatizar dos puntos importantes de su agenda: la interseccionalidad y la paridad.
Dos peruanas, en una protesta reciente. / Foto: Ana Huerta
“Aunque utilicemos esa identidad en términos estratégicos, mi fin no es ese.
Mi fin es desbaratar lo que a mí me hizo negra, lo que a mí me hizo lesbiana o lo que a mí me hizo empobrecida, que son los sistemas de opresión”
Hay un feminismo que goza de legitimidad: al que se le abre las puertas de los espacios académicos más importantes, un feminismo que te promete una carrera profesional con acceso a puestos de poder dentro de las empresas de prestigio, un feminismo al que se le permite hablar, que tiene eco mediático y publicidad millonaria para generar un clima agradable a su favor. Un feminismo que goza del privilegio de la universalidad, algo que no pasa con los otros feminismos.
Esos otros feminismos representan un peligro, son los que te llevan a vivir y a trabajar en alerta, cuidándote de no parecer muy radical, de no ser muy antisistema. Esos otros feminismos están representados por cuerpos a los que se les tiene miedo, y no solo por cómo lucen, sino porque son cuerpos con memoria y con ansias de justicia y reparación.
La interseccionalidad parecía generar un punto de encuentro entre todos los feminismos: la convención de que todes vivimos la violencia patriarcal de distinta manera, siendo lesbianas, mujeres negras, mujeres trans o mujeres blancas heterosexuales. Pero de ser una un elemento de resistencia frente al análisis monofocal de género, terminó como recurso para construir la versión renovada de la salvadora blanca, que ahora es feminista.
Esto lo pudimos ver en Perú, con mayor claridad cuando en 2021, Pedro Castillo pasó a segunda vuelta con un proyecto conservador pero que, a la vez, representaba para miles de mujeres una esperanza. Algo que resultó inconcebible para el feminismo universal, que no entendía cómo, para esas otras mujeres, la agenda del enfoque de género no era prioridad. Lo que terminó evidenciando la interseccionalidad de un feminismo que se sigue creyendo universal, como la práctica de enunciar a las subalternas pero sin considerarlas como iguales.
Esa es la trampa de la interseccionalidad que presenta el feminismo universal: te hace creer que con nombrar a las personas y a sus distintas identidades es suficiente. Te hace creer que lo correcto es identificar que las otras existen, como si esas otras necesitaran del feminismo universal para existir, con una lógica parecida a la del “descubrimiento” de América. A pesar de que esa enunciación no represente ningún cambio material en las vidas de las otras, y solo sirva para seguir viéndolas y hacerlas sentir, como a quienes hay que incluir, insertar o civilizar.
La paridad como pacto colonial
Entre 2021 y 2022, el feminismo universal se unió a los medios de comunicación tradicionales e independientes, principalmente de Lima, para denunciar el machismo y la misoginia del Gobierno de Castillo. Durante ese tiempo, leí reflexiones públicas que hablaban del “peor gobierno para las mujeres”, y de cómo su mandato representaba “un peligro” para nuestros derechos; a pesar de que el análisis para llegar a estas conclusiones se centraba principalmente en un tema: la paridad.
De hecho, hay un titular de 2021 del diario El Comercio, en donde la periodista que escribe se pregunta cuánto es lo que ha retrocedido el Perú a escala de América Latina en “presencia de mujeres”, como resultado de la juramentación del primer gabinete de Gobierno de Castillo, en donde solo había dos mujeres.
Si hacemos un recorrido por los últimos ejecutivos del país y sus gabinetes ministeriales que sí fueron paritarios, se puede identificar – salvo algunas excepciones- un perfil de mujer muy parecido: limeña y de educación privada. Considerando esto y volviendo a la pregunta que se hacía la periodista de El Comercio sobre el retroceso en presencia de mujeres: ¿de qué mujeres estamos hablando?
La evidencia nos indica que la agenda de las mujeres con la capacidad de llegar a los puestos de poder no necesariamente coincide con el de la población que dice representar; porque, como ya sabemos las mujeres no solo somos mujeres, también estamos empobrecidas, precarizadas o estamos desplazadas de nuestros territorios por el extractivismo. Si esta es la coincidencia más básica de los feminismos contemporáneos (el que tenemos más identidades que la de género), ¿por qué el feminismo universal sigue sin cuestionar la paridad?, y lo que me resulta más perverso aún, ¿por qué sigue presionando para que la defendamos?
“Ante el poder, te rebelas”
“Ante el poder no te empoderas, ante el poder te rebelas”. Eso dijo María Galindo, reconocida activista feminista boliviana, en su ponencia durante el Encuentro Internacional Feminista organizado por el Ministerio de la Igualdad de España. Y, creo, que es precisamente lo que está pasando: Perú se está rebelando. Y, a pesar de la tragedia y el dolor, significa un logro poder demostrar que para rebelarse ante el poder, los otros feminismos no necesitan -ni necesitaron nunca- del feminismo universal.
“Hay muchas madres de familia con golpes en la cabeza, las han golpeado solo por pedir que no disparen a los manifestantes. Ellos [la policía] intentan hasta quitarles sus simbolismos, pero las mujeres están ahí, adelante, agitando las wiphalas”, esto dijo Olinda Valdés, arquitecta y activista presente en las protestas.
Mucho se habla de la crisis peruana, pero creo que es momento de cambiar esa narrativa y empezar a hablar de una revolución. ¿Cómo no hablar de una revolución cuando hay personas resistiendo por más de dos meses al desprecio, la violencia institucional y mediática, la persecución política, la estigmatización, las balas, las muertes, los insultos y el amedrentamiento?
“Entendemos que el movimiento va a tener avances y repliegues, pero no estamos dispuestos a rendirnos. Así pase el tiempo que tenga que pasar, la población va a seguir resistiendo de diferentes formas en las calles y también desde el arte”, menciona Valdés.
Perú no está fuera del mapa global, aunque a veces lo parezca, y lo que pasa ahí, también ocurre en mayor o menor medida en los demás países del mundo. Por eso, es necesario que esto nos ayude a identificar al feminismo universal de nuestros territorios y, sobre todo, que nos sirva para recordarles que por ser universal es blanco, patriarcal y colonial.
SAN SALVADOR – La audiencia abierta en la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) del caso Beatriz vs El Salvador
se ha convertido en un proceso que abre esperanzas de que ese y otros
países de América Latina anulen o al menos atenúen las severas leyes que
penalizan el aborto en todas sus formas.
Eso sucederá si la Corte IDH
así lo establece en su fallo sobre si el Estado de El Salvador violó,
entre otros, los derechos a la salud de Beatriz, como se conoce a la
demandante. Ella buscó en 2013 que se le interrumpiera el embarazo
porque era de riesgo y su vida corría peligro.
Pero se le realizó tardíamente, provocándole afectaciones a una salud
ya deteriorada y eso, según los demandantes, eventualmente la llevaría a
su muerte, en octubre de 2017.
“Espero que al final se restablezca el nombre de mi hija, y que
lo que le pasó a ella no le vuelva a pasar a ninguna otra mujer”: madre
de Beatriz.
La audiencia sobre el emblemático caso se realizó el miércoles 22 y
el jueves 23 en la sede de la Corte, en San José de Costa Rica. El caso
de Beatriz toma como precedentes otros similares: el de la salvadoreña
Manuela, la dominicana Esperanza y la nicaragüense Amelia.
Los siete jueces escucharon los alegatos de los demandantes, de los
representantes del Estado salvadoreño y de los testigos de ambas partes.
Tras la audiencia, las partes tienen 30 días para entregar los
alegatos por escrito y después los magistrados se tomarán varios meses
para debatir y llegar a una resolución.
La
audiencia abierta de la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre
el caso Beatriz vs El Salvador. Es la primera ocasión en que se juzga la
penalización absoluta del aborto y cuya sentencia tendrá implicaciones
para América Latina, una región especialmente restrictiva en los
derechos sexuales y reproductivos de las mujeres. Foto: Corte IDH
Un caso histórico
“Espero que al final se restablezca el nombre de mi hija, y que lo
que le pasó a ella no le vuelva a pasar a ninguna otra mujer”, dijo la
madre de Beatriz en el estrado, en su declaración como testigo. El
nombre de la progenitora no fue revelado en la Corte.
La audiencia ha acaparado la atención internacional porque se
considera histórico para los derechos sexuales y reproductivos de las
mujeres en la región del mundo especialmente restrictiva en la práctica
de abortos.
“Será el primer caso donde la Corte se pronunciará sobre la
prohibición absoluta de la interrupción voluntaria del embarazo, en
particular en torno al riesgo para la salud y cuando existe una
inviabilidad del feto”, señaló al tribunal Julissa Mantilla Falcón, de
la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos (CIDH), al establecer los hechos del caso.
Fue a esa instancia a la que se abocó Beatriz cuando la Sala
Constitucional de El Salvador le negó, el 11 de abril de 2013, un amparo
en el que ella pedía se le practicara la interrupción del embarazo.
El 19 de abril, la Comisión estableció medidas cautelares a favor de
Beatriz, y el 27 de mayo 2013 solicitó la adopción de medidas
provisionales a la Corte IDH, que el Estado debía cumplir.
En su Informe de Fondo, de noviembre de 2020, la CIDH estableció que
el Estado salvadoreño era responsable por la afectación desproporcionada
a varios derechos de Beatriz, al no brindarle un tratamiento médico
oportuno debido a las leyes que criminalizan el aborto.
La CIDH identificó el impacto desproporcionado que esa legislación
genera en mujeres y niñas salvadoreñas, en especial las pobres.
La Comisión consideró que no existía expectativa de cumplimiento
integral por parte del Estado de las recomendaciones del informe, y por
ello envió el caso a la Corte IDH, la que ahora, tras diez años, está a
meses de resolver.
Anabel
Recinos, de la Agrupación Ciudadana para la Despenalización del Aborto,
una de las organizaciones salvadoreñas codemandante en el caso Beatriz
vs El Salvador, espera que la sentencia de la Corte Interamericana
siente jurisprudencia en el tema y allane el camino para modificar la
legislación que desde 1998 criminalizan el aborto en El Salvador, en
todas sus formas. Foto: Edgardo Ayala / IPS
Por su parte, Anabel Recinos, de la Agrupación Ciudadana para la Despenalización del Aborto,
una de las organizaciones salvadoreñas codemandante en el caso, afirmó a
IPS que se tiene la esperanza de que la sentencia de la Corte IDH
siente jurisprudencia en el tema.
Y para el caso, dijo que espera que el organismo establezca que en El
Salvador y en la región es necesario cambiar las leyes en el tema de la
interrupción del embarazo.
Además de El Salvador, Honduras, Nicaragua y República Dominicana son
los países de la región con una prohibición absoluta del aborto en sus
códigos penales. Solo en cinco es legal, mientras en el resto la
interrupción del embarazo solo se permite en algunos supuestos.
“O al menos se permita por causales o excepciones, como salvaguardar
la salud y vida, o la incompatibilidad de la vida fuera del útero”,
acotó Recinos.
Unos 20 países latinoamericanos han reconocido la competencia
contenciosa de la Corte IDH: Argentina, Barbados, Bolivia, Brasil,
Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Haití,
Honduras, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, República
Dominicana, Suriname y Uruguay.
La Comisión y la Corte conforman el sistema interamericano
supranacional de los derechos humanos, actúan como órganos
independientes y en el caso de la Corte sus sentencias son inapelables y
de obligado cumplimiento, aunque en ocasiones eso no suceda.
Recinos habló con IPS afuera de una sala de la Universidad de El
Salvador, en la capital del país, donde decenas de personas se reunieron
para presenciar en una enorme pantalla la audiencia, transmitida en
vivo desde San José.
La activista añadió que es muy probable que la Corte condene al
Estado salvadoreño, porque el tribunal podría refrendar el análisis y
las conclusiones a las que ya llegó la Comisión.
El tribunal está integrado por los jueces Ricardo Pérez Manrique
(Uruguay), Humberto Sierra Porto (Colombia), Eduardo Ferrer Mac Gregor
(México) y Rodrigo Mudrovitsch (Brasil), así como por las juezas Nancy
Hernández López (Colombia) y Verónica Gómez (Argentina).
En marzo de 2003 Beatriz solicitó un aborto durante su segundo
embarazo, porque padecía de lupus, una afectación del sistema
inmunológico que tiende a dañar órganos vitales, y preeclampsia, que es
un aumento peligroso de la presión arterial durante el periodo de
gestación, entre otras dolencias.
Su vida estaba, pues, en riesgo. Además el feto presentaba malformaciones y no iba a vivir mucho al nacer.
Sin embargo, el personal médico, aunque estaba consciente de que la
interrupción del embarazo era lo que procedía, para salvarle la vida a
Beatriz, no la atendió con celeridad, precisamente por el temor a ser
procesados penalmente.
Beatriz fue obligada a continuar con un embarazo que le seguía perjudicando su salud a medida que pasaban los días.
Pero luego de que la Corte IDH otorgó las medias provisionales,
Beatriz fue sometida a una cesárea, para extraerle el feto, el 3 de
junio de 2013, casi tres meses después de haberlo solicitado.
La criatura, que nació con anencefalia, sin parte del encéfalo y el cráneo, murió cinco horas después.
Activistas
por los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres en El Salvador
se manifestaron el 22 de marzo ante la sede de la Corte Interamericana
de Justicia, en San José de Costa Rica, durante la audiencia por el
emblemático caso de Beatriz vs El Salvador. Resalta el color verde,
símbolo de la lucha por el derecho al aborto en América Latina. Foto:
Organizaciones Colitigantes
Misoginia estatal
Desde 1998 El Salvador, un país centroamericano de 6,7 millones de
habitantes, es el más drástico de la región en la persecución del aborto
y castiga con penas de hasta 30 años a las mujeres que interrumpan su
embarazo, en todos los casos, incluso cuando la vida y la salud de las
mujeres están en riesgo o en caso de violación.
Esta legislación afecta principalmente a mujeres pobres, en la zona
rural. Según datos de organizaciones de derechos de las mujeres, 181
casos de ese tipo han sido judicializados desde 2019.
Guillermo Ortiz, médico ginecólogo y obstetra, especialista en
embarazos de alto riesgo, en su calidad de testigo, aseguró en el
estrado de la Corte: “Sí, vi a muchas mujeres morir porque no tuvieron
oportunidad de acceder a un procedimiento de aborto seguro, a pesar de
yo haberlo solicitado”.
En su intervención, la madre de Beatriz dijo que la interrupción del
embarazo era lo que habían recomendado los muchos médicos que atendieron
a su hija, pero, de nuevo, ellos no se animaban a practicarle una
cesárea para extraer el feto, por el miedo a ser encarcelados.
“Le dijeron a mi hija que ellos no podían, porque en El Salvador eso
es un delito, y si lo hacían podían ir presos”, afirmó la madre.
Agregó: “El Estado le falló dos veces a Beatriz”, señaló la madre, tras lo cual rompió en llanto.
Se refería a la interrupción del embarazo que no se le practicó con
celeridad, pese a los varios padecimientos de salud. Y también, a un
accidente de motocicleta que la joven, de 22 años, sufrió
posteriormente.
“Tuvo un accidente, no era para morir, ella iba estable” cuando la
ingresaron al hospital de Jiquilisco, un municipio del departamento de
Usulután, en el este del país.
Pero hubo una tormenta que provocó una inundación en algunas áreas de
ese centro médico, y entonces la trasladaron al hospital de Usulután,
el municipio que es la capital del departamento.
“Ahí la doctora que la atendió ni sabía qué era lupus”, señaló. En ese lugar pescó una neumonía.
El testimonio de ella y de todos los demás declarantes en la
audiencia ha sido seguido de cerca en El Salvador y en otras naciones,
por parte de organizaciones feministas y de derechos humanos que han
venido monitoreando y criticando la legislación salvadoreña en materia
de aborto.
CIMACFoto: Diana Hernández Gómez.- México atraviesa un complejo periodo de violencia y
las instituciones del Estado encargadas de prevenir la violencia y
brindar atención a las víctimas han dejado a la población en estado de
abandono y vulnerabilidad. A raíz de ello, en el país se siguen forjando
movimientos que se oponen y proponen para cubrir estos
vacíos estatales y las violencias sistemáticas que de ellos provienen.
Las universidades están siendo uno de sus principales escenarios, y
quienes los lideran son universitarias cuyas reflexiones nacen desde el feminismo.
Una de las tantas expresiones de las violencias que inundan a México es la violencia contra mujeres, niñas y adolescentes
por motivos de género. Las cifras gubernamentales y de organizaciones
civiles muestran que sus diferentes manifestaciones (casos de
feminicidio, maltrato físico o psicológico, hostigamiento sexual, etc.) están alcanzando niveles alarmantes en entidades como Guanajuato y el Estado de México, y no dejan de aumentar constantemente en otras zonas del país. A raíz de la pandemia de Covid-19, el problema solo se intensificó.
La respuesta del Estado ha sido insuficiente, negligente y omisa ante
tal situación. Tan solo en los casos de homicidio doloso de mujeres de
los últimos seis años, únicamente 7 de cada 100 de estos delitos
denunciados ante las autoridades han sido esclarecidos; esto, según el
informe Impunidad en homicidio doloso y feminicidio 2022 de la organización Impunidad Cero.
En el caso de la violencia sexual
—materializada en acoso, hostigamiento, abuso, violación, insesto “y
otros delitos” según el Sistema Nacional de Seguridad Pública en
México—, el estado de las cosas no es tan distinto. De acuerdo con la
organización civil México Evalúa, en 2021, solo el 0.3 por ciento de estas agresiones fueron denunciadas ante Fiscalías.
Lo anterior (que también se traduce en un alto grado de impunidad) se origina en una desconfianza hacia las autoridades causada por factores como su corrupción, la falta de perspectiva de género al
atender a las víctimas y la presencia de funcionarios con actitudes
patriarcales y misóginas. Pero esta estructura violenta y revictimizante
no es exclusiva de las autoridades gubernamentales.
Únicamente entreenero de 2022 y marzo de 2023, Cimacnoticias ha dado seguimiento a diez movilizaciones estudiantiles organizadas
por alumnas de diferentes universidades públicas en México. A través de
la formación de redes, estas jóvenes aspirantes a profesionistas están
evidenciando la corrupción e ineficiencia de las autoridades
administrativas y directivas en sus instituciones al atender casos de violencia sexual cometidos contra ellas, contra sus compañeras y también contra docentes y trabajadoras.
En
algunas ocasiones, además, las alumnas organizadas están apropiándose
de las responsabilidades de dichas autoridades para dar acompañamiento a
las víctimas en sus procesos; para fortalecerlas y hacerles saber que
no tienen que estar solas si lo que necesitan es un apoyo que ni la
universidad ni las Fiscalías están dispuestas a brindarles.
CIMACFoto: Diana Hernández Gómez
Pese a la defensa de los derechos humanos
que esto supone, muchas de estas alumnas —respaldadas por profesoras
como Virginia Ilescas Vela, excatedrática de la Universidad del Itsmo
(Unitsmo) en Oaxaca— han sido criminalizadas y hostigadas por sus agresores y por las autoridades que, se supone, deberían protegerlas.
Entre
las instituciones donde se han suscitado casos como estos, además de la
Unitsmo se encuentran la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), la Universidad Autónoma de la Ciudad de México (UACM) y, más recientemente, la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM).
Las colectivas formadas en estas instituciones sociales están constituidas por profesoras y estudiantas tanto de licenciatura como de nivel medio superior.
Esto, y los contextos tan diversos en los que surgen cada una de sus
necesidades, generan una gran diversidad en sus formas de accionar y de
manifestarse, aunque, en todas ellas, el arte y la iconoclasia son
elementos centrales. Y los pasillos del Colegio de Ciencias y
Humanidades Plantel Sur (CCH Sur) son un ejemplo de ello.
Suplir a la dirección como se suple al Estado
El CCH Sur es una de las 14 instituciones de nivel medio superior que dependen de la UNAM.
Este plantel es, quizás, uno de los más reconocidos entre quienes
aspiran a ingresar a las aulas universitarias. Y es que, si bien las y
los ceceacheros no se encuentran aún cursando
la licenciatura, el hecho de pertenecer a un bachillerato de la UNAM te
acerca de múltiples formas al ambiente universitario.
Así se lo
hace saber Emilio a Jesús. Los dos son estudiantes del plantel y gastan
sus tardes en una de las tantas áreas verdes que conforman al CCH
ubicado al sur de la Ciudad de México. Aquí, murales y grafitis con mensajes de denuncia social conviven en las paredes con boletines donde se leen los nombres de presuntos agresores.
CIMACFoto: Diana Hernández Gómez
Los
pasillos son amplios y los edificios están dispersos en un espacio
rodeado por piedras volcánicas. Hace no muchos meses, el 17 de octubre
de 2022, este espacio fue escenario de una presunta violación perpetrada en contra de una alumna. Los hechos ocurrieron en los baños del edificio P, el cual se encuentra muy al fondo de la explanada principal.
De hecho, pasando esta explanada (en cuyos bloques solían estar los directivos), el CCH Sur se vuelve cada vez más vacío y silencioso.
De acuerdo con Aranza (de quien cambiamos el nombre como medida de
seguridad), este factor fue uno de los que facilitaron la agresión
contra su compañera.
Aranza tiene 17 años y actualmente cursa el
último semestre en CCH. Quizás al concluir estudie Ciencias Políticas y
luego vaya al Estado de México “a cambiarlo todo”: los
feminicidios, la violencia familiar, el acoso… esas mismas condiciones
contra las que ya está trabajando dentro de su escuela. Ella, junto con
otras más de cincuenta alumnas, forma parte de las Feministas Organizadas Independientes CCH Sur.
Esta
colectiva encabezó un paro de labores tras darse a conocer la agresión
contra su compañera. En sus pliegos petitorios exigían a las autoridades
instalar postes de luz y un mejor sistema de vigilancia,
sobre todo en las zonas menos concurridas de la escuela. Las
autoridades respondieron medianamente a sus peticiones y colocaron
cámaras, luminarias y botones de pánico. Sin embargo —dice Aranza— los
botones no funcionan, las cámaras no apuntan a sitios estratégicos, y
aún con luminarias, las alumnas no están completamente seguras, pues
siguen ocurriendo delitos como asaltos dentro de la escuela.
A
cinco meses de lo sucedido, aseveran Aranza y una de sus compañeras, no
ha pasado nada. Los baños “del P” permanecen cerrados y el agresor continúa en el anonimato, mientras la alumna agredida ha dejado de acudir a la escuela. Los directivos, por su parte (entre ellos la directora Susana Lira de Garay), abandonaron los
edificios que ocupaban hasta ese entonces. Ahora, ni Aranza ni sus
compañeras saben desde qué instalaciones se supone que manejan los
asuntos relacionados con la escuela.
Los
sanitarios del edificio P de CCH Sur permanecen cerrados desde la
presunta violación ocurrida en octubre de 2022. Después de la agresión
(y antes de la llegada del personal de la Fiscalía), trabajadores
asearon los baños y removieron todas las pruebas. CIMACFoto: Diana Hernández Gómez
Los edificios donde andes se encontraba la dirección ahora lucen abandonados. CIMACFoto: Diana Hernández Gómez
Entre estos asuntos se encuentra dar acompañamiento a alumnas que quieren iniciar un proceso de denuncia por violencia en razón de género. De acuerdo con un manual publicado
en el sitio de CCH Sur, las áreas encargadas de esto son la Unidad de
denuncias, la Oficina Jurídica y la Unidad de Apoyo Jurídico. No
obstante, Aranza explica que tanto en el caso de octubre de 2022 como en
otras ocasiones, dichos departamentos no cumplen con sus funciones.
La misma Aranza ha llevado denuncias ahí. Para ella, el trato ha sido revictimizante en tanto que las autoridades cuestionan las versiones de las alumnas
e intentan evidenciar a toda costa que ellas solas se colocan en
situaciones de vulnerabilidad. Por otro lado, afirma que el seguimiento
que se da a los casos consiste únicamente en brindar atención
psicoemocional y en un par de correos y llamadas telefónicas para
notificar si tu caso puede concluir o no en una sanción para el agresor.
Y cuando es así, las medidas aplicadas son insuficientes.
“Terminan
cambiando a los agresores de turno o a las víctimas les dicen “te doy
una solución, te cambio de turno y ya”. Jamás dan una alternativa más
allá de eso”, declaró otra integrante de las Feministas Organizadas
Independientes CCH Sur en entrevista con Cimacnoticias.
Lo
anterior ha convertido al CCH Sur, como a muchas otras escuelas, en
sitios donde las alumnas salen de la violencia en las calles para
convivir con más agresores dentro de las aulas. Pero Aranza y sus
compañeras han decidido afrontar dicho problema generando redes de apoyo entre ellas. Estas redes disponen de dos espacios específicos: un “cubo” y una salona.
Aquí reciben cerca de cinco denuncias diarias por
parte de compañeras a quienes orientan sobre los pasos a seguir para
llevar sus quejas formalmente. También cuentan con un botiquín médico y
ropa donada que puedes usar en caso de necesitarlo, así como toallas y
tampones para gestionar tus días de sangrado. De igual manera, utilizan
el espacio para organizar actividades como tendederos de denuncia y talleres para difundir información sobre educación sexual, violencia de género y feminismo.
CIMACFoto: Diana Hernández Gómez
Pizarrón
de denuncias justo a un costado de la salona. Este es solo uno de los
espacios que las alumnas de CCH Sur utilizan para evidenciar a sus
agresores. CIMACFoto: Diana Hernández Gómez
“La
verdad es un trabajo muy sentimental porque al final cargas con los
sentimientos de demasiadas mujeres, demasiadas morras, pero es bonito el
saber que tienen un refugio contigo y que puedes ayudar a eso”, dice la
amiga de Aranza con una sonrisa modesta en el rostro.
Pese al valor que esto tiene para las estudiantes, las autoridades han aplicado una criminalización constante
contra quienes forman parte del colectivo. Al respecto, Aranza y su
amiga cuentan que profesoras y profesores las han amenazado con bajarles calificación
o reprobarlas si las ven participando de la organización estudiantil.
Además, denuncian que no es raro ver al personal de la Oficina Jurídica
en las inmediaciones de la salona y el “cubo”.
Esto provoca temor entre las alumnas organizadas, pero también las estigmatiza y desacredita
frente a una fracción de sus compañeros. Emilio y Jesús, sin embargo,
no forman parte de esa fracción. Tampoco Fernando, quien los acompaña
sentado en una barda de concreto mientras escuchan música.
Los tres reconocen que la violencia contra sus compañeras es algo normalizado
y se percibe en agresiones físicas pero también en comentarios
sexualizantes sobre sus cuerpos. También han observado que mecanismos
como los tendederos de denuncias o las publicaciones en redes sociales
dejan una marca sobre el agresor, quien comienza a ser excluido por la
comunidad estudiantil. Jesús y Fernando, por ejemplo, tienen por lo
menos tres o cuatro conocidos de quienes se han alejado al saber que
eran agresores.
Así, los esfuerzos de Aranza y de sus compañeras van generando cambios tangibles
dentro de CCH Sur. Mientras los alumnos comienzan a mirar la dimensión
real del problema, las estudiantas se sienten acompañadas por mujeres
con una sensibilidad real ante la violencia. Pero, para las autoridades,
esta sensibilidad parece simplemente inaccesible.
CIMACFoto: Diana Hernández Gómez
¿Qué pasa con los protocolos de género en las universidades?
“La
sensibilidad no se capacita”. Esta frase está en mi cabeza desde que la
escuché en una conferencia de prensa ofrecida por las alumnas organizadas de la UAM el
pasado 23 de marzo. Desde el día 9 del mismo mes, uno a uno, los cinco
planteles que conforman la institución (Azcapotzalco, Cuajimalpa,
Iztapalapa, Lerma y Xochimilco) empezaron a entrar en un paro de labores
debido a los casos de violencia contra las alumnas de esta universidad.
Aunque cada unidad tiene sus propias denuncias, el paro generalizado se detonó a partir de un caso en el que las autoridades de la UAM Cuajimalpa decidieron no sancionar a un alumno por haber violado a su compañera en
el plantel. La conclusión de la Comisión de Faltas (el órgano encargado
de atender la denuncia) se basó en una supuesta falta de pruebas. Antes
de esto, la misma Comisión recomendó a la víctima no acudir con la
Fiscalía porque sería la universidad quien se haría cargo del asunto.
La situación desató una digna rabia entre las estudiantas, quienes han reaccionado con una organización impecable detrás de la cual hay una estrategia de comunicación clara
para transmitir los hechos a los medios locales. Sus exigencias son
contundentes: medidas preventivas ante la violencia y organismos
realmente eficientes para atender a las víctimas.
En teoría, su
universidad ya cuenta con dichos organismos, cada uno con diferente
nombre según el plantel. En el caso de Lerma, por ejemplo, es la
Coordinación de Bienestar Universitario y Género (CBUG), mientras en
Azcapotzalco es la Unidad de Género y Diversidad Sexual (UGEDIS). Pero,
independientemente del nombre, y tal como sucede en el CCH Sur, estos órganos internos tienen graves deficiencias evidenciadas no solo en el caso de Cuajimalpa.
En Xochimilco, una alumna de maestría se ha visto obligada a convivir con su presunto violador
porque la única solución de las autoridades fue dejarlo tomar clases
virtuales. Y, en Iztapalapa, se permitió que el profesor José Ramón N.
ingresara como catedrático aún teniendo antecedentes de denuncias por
acoso sexual en otras instituciones. Entonces, ¿realmente funcionan los
protocolos de atención a la violencia contra las alumnas?
CIMACFoto: Diana Hernández Gómez
Samantha Zaragoza Luna
es doctora en Ciencias Sociales en el Área de Mujer y Relaciones de
Género por parte de la UAM. Actualmente se desempeña como profesora e
investigadora en la UACM en las áreas de Estudios
Sociales Históricos, Estudios de Género y Feminismo en América Latina.
El plantel en el que está —San Lorenzo Tezonco— también se encuentra en
la Ciudad de México.
En entrevista con Cimacnoticias narró que, en el 2013, entre ella y otras profesoras como Yolanda Pineda implementaron un primer protocolo para
atender los casos de violencia de género en su plantel. Todo surgió en
un círculo de Estudios de Género, cuando alumnas y alumnos se acercaron a
ellas para pedir información sobre cómo denunciar a un estudiante por
acoso sexual.
Las profesoras investigaron y se percataron de la falta de lineamientos
al respecto, así que tomaron manos en el asunto y se encargaron de
diseñar un protocolo de atención a casos de violencia, acoso y
hostigamiento sexual. El protocolo (creado junto con colectivos de la
comunidad estudiantil) se caracterizaba por:
Ser un protocolo situado; es decir, solo tenía operación dentro del plantel y no en toda la UACM.
Porque las rutas de atención a las víctimas se diseñaban según las necesidades de cada caso en particular.
En un ejercicio reflexivo, Samantha Zaragoza afirma a Cimacnoticias que
la aplicación de este protocolo fue fructífero en diversos sentidos. En
primer lugar, marcó un antecedente en la atención a casos de violencia
de género en la UACM. En segundo, llevó a profesores, directivos y
administrativos a aprender a escuchar a las víctimas y sus necesidades. Finalmente, logró involucrar a diversas áreas para atender las denuncias del alumnado.
Precisamente,
esto último marca una diferencia importante respecto a los protocolos
de la UAM y de la UNAM. Contrario a estas dos instituciones, el
protocolo implementado por la doctora en Ciencias Sociales y sus colegas no exigía la creación de una oficina exclusiva para recibir y procesar las denuncias.
“Nunca
hemos creído que el asunto de la violencia solo le competía una
oficina”, dice Samantha Zaragoza. “Tenemos que involucrar al Consejo del
plantel, a algún integrante del Órgano de Gobierno (que en el caso de
la UACM es el coordinador del plantel) al representante de la Oficina
del Abogado General del plantel, al área administrativa y a nosotras”. Y
eso fue lo que hicieron.
Con este modelo transversalizado,
las y los representantes de cada una de las áreas mencionadas arriba se
involucraron en procesos de atención a la violencia. El mensaje que se
quería dar con este modelo de atención era, de acuerdo con Zaragoza
Luna, que la comunidad universitaria cuenta con la fuerza suficiente para exigir al violentador detener las agresiones.
Justamente, parte del protocolo era citar al agresor
y explicarle uno a uno los derechos de la víctima que estaba
violentando. A esto seguía una exigencia de no más violencia, y se tenía
un monitoreo permanente para la víctima y el agresor.
Y, si la víctima lo deseaba, alguien del grupo de acompañamiento iba con
ella al Ministerio Público para levantar una denuncia.
“Eso
nos ayudó muchísimo porque ellos se daban cuenta de que las estudiantes
no estaban solas. Con eso aprendimos que es fundamental hacer efectivo
el principio «no estás sola». Hay que llevarlo a su límite, y su límite
es que las estudiantes tengan claro que tienen a una comunidad que está
dispuesta a acompañarla, pero que también el generador de violencia se
dé cuenta de que la compañera no está sola”.
Samantha Zaragoza Luna
Pero el protocolo también tenía una limitación clara en casos muy específicos: aquellos donde los agresores eran profesores. “A ellos no los podíamos sentar en esa mesa”, lamenta la profesora, “porque incurríamos en problemas de carácter laboral”.
Y es quizás el mismo problema por el que profesores acosadores,
abusadores y hasta violadores continúan impartiendo clases también en la
Unitsmo, la UAM y en CCH Sur.
Este obstáculo administrativo va de la mano con las jerarquías y el poder del
que disponen los docentes y, vale la pena mencionarlo, también los
administrativos y directivos institucionales. De ahí que, incluso cuando
hay protocolos que reconocen a los docentes como posibles agresores,
para las alumnas es casi imposible obtener un fallo a su favor.
Así lo demuestra el caso de Gabriela Martínez Ciprián, estudiante de Arte y Patrimonio en el plantel San Lorenzo de la UACM. Gabriela es víctima de violencia vicaria por
parte del profesor Lenin N., quien, con ayuda del enlace administrativo
de la universidad, consiguió una constancia de hechos donde afirmaba
que Gabriela estaba agrediéndolo. El documento, sellado y firmado por la
universidad, fue usado por el agresor en un juicio familiar para
solicitar una multa de 10 mil pesos contra Gabriela.
La joven estudiante (quien no ha visto a su hija desde el 16 de marzo de 2022) se acercó con la Defensoría de los Derechos Universitarios
para exponer su caso. No obstante, la Defensoría alegó que no procedía
porque hasta el momento la UACM no cuenta con un Concejo de Justicia.
Esto significa que, aún con una investigación, no habría quién
dictaminara una sanción contra Lenin.
La ausencia de un Concejo de Justicia es un problema latente desde la entrada en vigor del nuevo Protocolo para
prevenir y erradicar la discriminación, la violencia contra las
mujeres, el acoso y el hostigamiento sexual en la UACM, diseñado por la
Comisión de Mediación y por Asuntos Legislativos, quienes fueron
asesorados por la abogada feminista Andrea Medina Rosas.
Este segundo protocolo, implementado el 26 de octubre de 2020, centraliza la atención a las alumnas
de los cinco planteles de la UACM en una sola oficina. Dicha oficina,
además, no tiene representaciones en las universidades sino que está en
un edificio administrativo en el centro de la Ciudad de México, una
ciudad donde trasladarte al centro desde otro punto puede tomarte,
mínimo, una hora (tiempo suficiente para que una víctima desista de su
intención de denunciar, afirma la investigadora Samantha Zaragoza).
Además de esto, el lineamiento actual no tiene la misma perspectiva transversal
que el protocolo de 2013 ni ofrece atención de acuerdo con las
necesidades de cada caso. “Lo que está generando es que se piense que
las problemáticas que hay en San Lorenzo se pueden atender de la misma
forma a las que hay en Cuautepec o a las que existen en casa libertad o
en Iztapalapa y eso no es así”, comenta Samantha Zaragoza al respecto.
Así, aún con lineamientos y oficinas específicas, la UACM (como la UAM y la UNAM) no están atendiendo la violencia contra
sus alumnas. Y esta es la misma situación que se vive afuera de los
salones de clase. En México se reconocen y sancionan las violencias
contra las mujeres en los Códigos Penales federales y locales; sin
embargo, al momento de aplicar las leyes, los datos de Impunidad Cero y
México Evalúa dejan al descubierto las carencias del sistema de
justicia.
“Lo que tiene en
jaque no solo a la UACM sino a todas las universidades es que tenemos
protocolos, tenemos oficinas de atención a casos de la violencia,
tenemos normativa interna, pero como instituciones nos estamos
conformando con administrar las violencias. Me refiero a atender las
solicitudes en términos numéricos y cuantitativos de cuántos casos
atendemos, cuántos se derivan, y no en términos realmente cualitativos
que tiene que ver más con un trabajo que tenemos pendientes las
universidades: el acompañamiento, no solo ver a las compañeras como un
número que tenemos que informar”.
Samantha Zaragoza Luna
La omisión de las
autoridades se refleja en cifras. De acuerdo con Samantha Zaragoza, del 8
de marzo al 19 de octubre de 2022, en la UACM San Lorenzo Tezonco se
recibieron denuncias de 28 alumnas víctimas de violencia. Y, en un tendedero realizado el 8 de marzo de 2020, 210 alumnas exhibieron los nombres de sus agresores en otra manifestación simbólica.
CIMACFoto: Diana Hernández Gómez
Desde
la perspectiva de la especialista, estas manifestaciones y la
organización estudiantil de la que derivaron venían impulsándose
fuertemente desde antes de la pandemia de Covid-19.
Además de tendederos y reflexiones internas, las alumnas llevaron a cabo
un Festival contra las violencias patriarcales y capitalistas y un Festival de las violencias. No obstante, el confinamiento por la pandemia frenó todo.
Las
actividades siguieron desarrollándose en línea, aunque con menos
fuerza. Y pese a que se tejieron lazos con diversas colectivas
feministas y de familiares de desaparecidos, retomar el paso está siendo
más complicado de lo esperado. De cualquier forma, las estudiantas
están en un proceso reorganizativo para abordar las violencias que les atraviesan en su complejidad. Y en este proceso, el acercamiento con las docentes —afirma Samantha Zaragoza Luna— ha sido esencial tanto como lo fue en la creación de aquel primer protocolo.
El caso de Oaxaca (o por qué apartar la mirada del centro)
La participación de las profesoras de la UACM para generar un protocolo de acción frente a la violencia habla de una sororidad que no conoce de estructuras jerárquicas y relaciones de poder. Esta misma sororidad estuvo presente hace ocho años en la Unitsmo cuando Virginia Ilescas Vela decidió dar su respaldo a una trabajadora y varias alumnas agredidas por profesores y estudiantes.
Virginia
Ilescas es doctora en Ciencias Sociales e investigadora en Estudios de
Género. A través del monitor se puede apreciar su mirada amable y
cálida. Tal vez, ese lenguaje corporal fue el que inspiró la confianza
de sus alumnas y también de colegas y trabajadoras de la Unitsmo Campus Ixtepec, una institución perteneciente al Sistema de Universidades Estatales de Oaxaca.
En 2015, la enfermera de la escuela le confesó a Virginia que un profesor estaba agrediéndola
y que incluso había ejercido violencia física en su contra. Desde
entonces, la doctora y otro profesor se convirtieron en su red de apoyo.
Lo mismo ocurrió cuando, un año después, varias estudiantas se
acercaron a Ilescas Vela para contarle que tenían problemas con sus
docentes varones por comentarios misóginos de su parte.
La red de
apoyo para estas alumnas se amplió cuando una profesora de Derecho
(Virginia daba clases en Administración Pública) se unió a Ilescas y al
otro docente para respaldarlas. Pero la situación se tornó sumamente complicada tanto para ellos como para sus estudiantas.
Todo se desencadenó en 2019, cuando una alumna recibió una amenaza de feminicidio
por parte de un estudiante de Derecho. La situación fue llevada a la
entonces jefa de carrera, Silvia Bonilla Carreón, quien no tomó ninguna
acción al respecto. Más adelante, en febrero de 2020, intentaron hacer
un procedimiento administrativo contra Bonilla por su inacción ante esta
y otras quejas que involucraban tocamientos contra alumnas por parte de
los profesores. También se llevó el asunto con el vicerrector Israel
flores Sandoval, pero nada ocurría con los agresores.
Con la red de apoyo sí pasó algo: comenzó una serie de hostigamientos
que desembocaron en el despido de Virginia. El acoso laboral que
sufrieron ella y sus compañeros se hizo evidente luego de que acudieran,
junto con las alumnas, a una manifestación del 8 de marzo de 2020. En
ese momento el caso se hizo público, y el exrector del Sistema de
Universidades Estatales, Modesto Seara Vázquez, comenzó a aparecer en la
prensa local para desmentir a las víctimas.
Algunas de las alumnas, por su parte, llevaron sus casos a la Fiscalía, y junto con los profesores levantaron quejas con la Defensoría
de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca. El 25 de noviembre de
2021, esta Defensoría emitió una recomendación solicitando la reparación
del daño a las víctimas de violencia y la creación de un protocolo para
atender casos como esos; también pedía la recontratación de Virginia
Ilescas, quien fue despedida en noviembre de 2020.
Virginia Ilescas Vela durante una manifestación del 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer. Cortesía
Virginia recuerda este despido injustificado como
el día que el vicerrector fue a patear su puerta y avisarle que la
seguridad de la escuela tiene autorizado usar armas en su contra si se
acercaba al plantel. Ante el peligro que esto supuso (y al encontrarse
en una comunidad tan pequeña, donde prácticamente todo el mundo se
conoce entre sí), la investigadora se vio obligada a desplazarse.
Hasta
la fecha prefiere no revelar su ubicación. Y es claramente
comprensible: si bien las alumnas de CCH Sur, de la UACM y de la UAM no
están exentas de estigma y criminalización, la situación siempre es más
riesgosa al hablar de los estados en un país con una centralización tan marcada
como México. Esta centralización tiene como consecuencia un abandono
institucional más profundo hacia la población, pero también un índice de
violencia más elevado.
En este sentido, no es casualidad que Oaxaca ya se esté perfilando como la segunda entidad con más feminicidios a nivel nacional en
lo que va del 2023 según el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional
de Seguridad Pública (SESNSP). El primer lugar lo ocupa el Estado de
México, donde se encuentra el plantel Lerma de la UAM.
Para la investigadora Virginia Ilescas, este contexto profundamente violento
tiene una relación innegable con los hechos de abuso como los que
vivieron sus estudiantas. Tal como en los casos descritos arriba, las
alumnas y las profesoras intentaron organizarse para frenar la
violencia; pero las condiciones en Oaxaca son muy distintas a las de la
Ciudad de México, por lo que la colectividad universitaria no ha sido suficiente para frenar la violencia en la Unitsmo.
En este caso, las redes con colectivas feministas y con medios de comunicación han
sido esenciales para visibilizar los hechos y darles seguimiento a las
denuncias que aún continúan activas. Fuera de ello, la vigilancia de las
autoridades universitarias hace que cualquier conato de movilización
estudiantil se disuelva. Pero, aún con esto, Ilescas Vela no opta por el silencio porque eso sería beneficiar al sistema de violencia.
“No
hay esperanzas en este momento y tenemos que reconocerlo, porque esa es
la única razón para seguir, para no dejar esta lucha. Es algo que he
pensado, porque todo el mundo te dice «ay, para que te metes en
problemas, ya estás en otro lugar, ya, déjalo». No puedo. No podría
dormir a gusto si yo sé que hoy abandono la lucha. Ya no podría vivir
con tranquilidad.”
Virginia Ilescas Vela
De esta forma, aunque la organización estudiantil no sea posible
en esta zona de Oaxaca, la revolución no deja de estar concentrada en
figuras como las de Virginia Ilescas Vela. Pero, mientras el centro no
se diluya, los avances en las entidades seguirán siendo lentos y sumamente costosos para quienes ponen la cuerpa frente a las agresiones.
Parte de un mural pintado en la UAM unidad Cuajimalpa. CIMACFoto: Diana Hernández Gómez
Ni una más, ni dentro ni fuera de la universidad
“Las universidades se han erigido en este momento como la plataforma para normalizar la violencia
contra las mujeres. Porque si ante la sociedad una universidad hace
algo positivo, bueno, es un deseo una aspiración, un ejemplo, pero
también de lo negativo es un deseo y una aspiración”, dice Virginia
Ilescas.
En las aulas trasladadas a estas líneas, el acoso
sexual, las violaciones y la impunidad son una raíz que comienza a
arraigarse en el ecosistema universitario. Sin embargo, las estudiantas —junto con sus profesoras— dejan claro que no están dispuestas a ceder el paso ante las violencias, no importa si el agresor es un compañero, un profesor o un rector.
Al grito de “ni una más”, el feminismo en México
está haciendo de estas resistencias dignas una costumbre frente a la
cultura machista y patriarcal. Aunque esto no es una novedad. No
olvidemos que, sin las feministas de antes, en el país no podríamos
hablar de interrupción legal del embarazo o del derecho al voto conseguido por las mujeres en 1953.
Las mexicanas siempre hemos luchado por defender nuestros derechos y nuestra integridad. Es lamentable, sí, que la lucha deba llevarse
también a recintos supuestamente pensados para la reflexión y el
conocimiento. Pero es alentador que, en medio de ese panorama violento,
sean cada vez más aquellas que levantan la voz. Porque la revolución
sigue, es feminista, y las universitarias saben cómo acuerparla.
Nace la
Internacional de Mujeres Feministas en oposición al feminismo populista
Sobre
la reacción de respuesta del movimiento feminista europeo y
latinoamericano a los intentos de Irene Montero y otras dirigentes para
erigirse en representantes del feminismo internacional.
Mujeres y organizaciones feministas de Latinoamérica y Europa
se plantan frente a los intentos populistas de asaltar la agenda de los
derechos de las mujeres y las niñas.
Fundan la Internacional de Mujeres Feministas (IMF) con el
objetivo de defender y reivindicar la agenda feminista y denunciar el
engaño y usurpación que pretenden lideres populistas como Irene Montero o
Claudia Sheimbaum en una reunión programada para el próximo 30 de marzo
a 1 de abril en Ciudad de México.
El feminismo no divide por grupos identitarios sino que universaliza por dignidad humana esencial.
Líderes feministas y organizaciones de mujeres fundan la
Internacional de Mujeres Feministas frente a los intentos populistas de
asaltar la agenda de los derechos de las mujeres y las niñas.
La Internacional de Mujeres Feministas denuncia las maniobras
de usurpación del feminismo que quieren protagonizar altas funcionarias
y políticas en activo de España y el populismo latinoamericano.
El próximo 30 de marzo y 1 de abril tendrá lugar en la Ciudad de
México un encuentro internacional que da continuidad al organizado en
Madrid por Irene Montero los pasados 24, 25 y 26 de febrero y que
encadena las acciones del populismo y de los defensores de las teorías
del generismo queer para promover una Internacional autodenominada
“feminista” que instituye de manera encubierta una nueva agenda
contraria a los intereses de mujeres y niñas.
El objetivo de dicho evento, anunciado como un encuentro de
“lideresas mundiales” es crear una pretendida “Internacional Feminista”,
que utilizando el concepto “feminismo” plantea una agenda paralela que socava en todo el mundo los derechos humanos de las mujeres y las niñas basados en el sexo y quebusca alterar la auténtica agenda feminista, introduciendo reivindicaciones neoliberales como
la legalización de la explotación sexual y reproductiva de las mujeres,
el cuestionamiento y negación de la realidad sexuada de mujeres y
hombres o la implicación de la realidad biológica en las relaciones
personales y sociales.
El encuentro que tendrá lugar en Ciudad de México es
continuación del evento organizado por el Ministerio de Igualdad del
Gobierno de España el pasado mes de febrero en el que, utilizando una
cantidad ingente de recursos económicos públicos, se convocó a mujeres
de la élite política de España y Latinoamérica próximas a la corriente
de pensamiento de Irene Montero.
La respuesta de las organizaciones europeas y latinoamericanas ha sido presentar en la misma fecha, la constitución de la INTERNACIONAL DE MUJERES FEMINISTAS (Feminist Women International)
La Internacional de Mujeres Feministas denuncia que
el encuentro de Ciudad de México, como ya ocurrió con el celebrado en
España, busca consolidar una red de altas funcionarias y agentes
políticos para que ingentes recursos públicos sean enfocados a:
La promoción de políticas transgeneristas y transhumanistas junto
con la industria bio-fármaco-tecnológica que hace posible el mercado de
cuerpos humanos.
La negación de la realidad material y sexuada de las mujeres y sus implicaciones político-culturales.
La promoción personal de las carreras políticas y profesionales de esas lideresas a cargo de los impuestos pagados por todas y todos.
La suplantación de la agenda de las mujeres por políticas identitarias e intereses de grupos.
Internacional de Mujeres Feministas frente a los intentos
populistas de asaltar la agenda de los derechos de las mujeres y las
niñas.
Organizaciones de Argentina, Chile, México, Colombia, Venezuela, España, Reino Unido, Italia, Francia… se constituyen en la Internacional de Mujeres Feministas, IMF,
como respuesta a este segundo encuentro que tendrá lugar en México DF
con la intención de constituir con recursos públicos una autodenominada Internacional Feminista,
que no solo no representa la agenda de las mujeres sino que la
tergiversa y establece sistemas de exclusión, cancelación y acoso a las
feministas.
En el manifiesto de respuesta al encuentro de Ciudad de México promovido por los sectores populistas, la Internacional de Mujeres Feministas reivindica
el carácter internacionalista del feminismo, su vocación
transformadora, y denuncia las maniobras entristas y usurpadoras que
pretenden distorsionar la agenda feminista.
Es usurpación negar que las mujeres somos el sujeto político
del feminismo o sustituir la palabra “mujeres” por la amalgama de
“todos, todas y todes”.
Es usurpación negar que las mujeres somos las personas de
sexo femenino y suplantarnos por personas que eligen una “identidad de
género” feminizada.
Es usurpación afirmar, como hace el documento de ese Encuentro, que
el feminismo es “un proyecto político transfronterizo”. Sustituir la
palabra “internacional” por “transfronterizo” pretende eludir el marco
internacional de la agenda feminista para hacer valer la terminología
propia del populismo posmoderno, relativista y subjetivista; o en otras
palabras, pretende esquivar el marco internacional de los derechos de las mujeres
avalado por la CEDAW de Naciones Unidas (Convención sobre la
Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Contra la Mujer) e
impugnar lo que en el tratado CEDAW se formuló inequívocamente: que la causa de la desigualdad de las mujeres y niñas es por razón de sexo, por nacer mujeres, y
que su efecto, el género, el conjunto de atributos, normas y
estereotipos sexistas y de género, debe ser combatido activamente.
Transfronterizo, señala el Manifiesto de la Internacional de Mujeres
Feministas, sí es el negocio de la prostitución y el de la pornografía, o
el mercado de óvulos para la explotación de mujeres a través del
alquiler de vientres; transfronterizo es el tráfico de niñas para su
matrimonio forzado; transfronterizas son las guerras que incrementan la
violencia contra las mujeres y las niñas.
Con el lema “El feminismo no es un populismo” la Internacional de Mujeres Feministas subraya en su Manifiesto que:
El feminismo afirma que la causa de la desigualdad que como mujeres sufrimos es por razón de sexo. Por lo tanto, no es feminismo sustituir intencionadamente la categoría “sexo” por la falsa categoría “identidad de género”.
No es feminismoafirmar la existencia de la “identidad de género” o creencia en que ser mujer es una elección y un sentimiento.
El feminismo no divide por grupos identitarios sino que universaliza por dignidad humana esencial
El feminismo se articula en una agenda de marcada raíz abolicionista de la pornografía, la prostitución, la práctica del alquiler de vientres y de todo constructivismo social relativo al género.
El feminismo denuncia hoy las prácticas represivas de señalamiento y cancelación que el populismo está ejerciendo sobre las feministas por mantener una agenda feminista.
El feminismo es una teoría política transformadora de la realidad con una agenda clara. No es una conjura de hermanas, ni un sueño. Las feministas somos mujeres en lucha contra el patriarcado, pero también contra la impostura y los sucedáneos.
Es un hecho indiscutible que toda sociedad y toda cultura asignan
recursos, propiedades y privilegios a las personas de acuerdo con el
sexo, lo que provoca, en última instancia, la subordinación de las
mujeres. A esta realidad se le denomina patriarcadoy combatir esta aciaga realidad es feminismo.
Desde la Internacional de Mujeres Feministas se
defiende que esta es la única agenda internacional del feminismo y que
cualquier otra cosa solo es la impostura del populismo que práctica el
entrismo en el Movimiento Internacional de Mujeres Feministas.
La
Internacional Feminista tendrá su primer encuentro desde este 30 marzo y
hasta el 1 de abril, en Ciudad de México. Esta instancia tendrá la
participación de la ‘‘elite del mundo feminista’’, tanto nacional como
internacional. De hecho, entre sus cofundadoras se encuentran la
ministra de la Mujer y Equidad de Género, Antonia Orellana; la alcaldesa
de Santiago, Irací Hassler; y la diputada del Partido Comunista (PC)
Karol Cariola, quien también forma parte del comité ejecutivo de la
Internacional.
Según indica la diputada del PC, en conversación con El Mostrador Braga,
este espacio autónomo busca coordinar a las representantes feministas
de distintas partes del mundo, para incorporar las perspectivas de
género en todos los países y gobiernos posibles, lo que en su opinión
aún no se logra, incluso en Chile.
“Nos une la lucha por transformar nuestras sociedades
capitalistas y patriarcales, que han sostenido formas de dominación y
violencia contra las mujeres en cada rincón del planeta”, dictan las
primeras líneas del manifiesto de la Internacional Feminista, espacio
transfronterizo fundado el pasado 8M.
-¿Cómo se gesta la Internacional Feminista?
-Nace a partir de un espacio que hemos ido constituyendo entre
compañeras lideresas a nivel mundial, que por distintas razones nos
hemos ido encontrando y que, al participar de espacios internacionales,
nos dábamos cuenta de que los temas de género, particularmente, siempre
pasaban a ser temas de segunda línea, de segunda prioridad. Entonces con
compañeras, como la exministra de las Mujeres de Argentina, Elizabeth
Gómez Alcorta, o la ministra de Igualdad de España, Irene Montero, en
fin, con mujeres lideresas nos dábamos cuenta de la necesidad de poder
generar un espacio de coordinación política, ya que las lógicas de
violencia política a las que nos veíamos enfrentadas o las políticas
públicas en los distintos países eran bastante similares. Entonces
empezamos a pensar en algún espacio que nos permitiera desarrollar una
perspectiva común, no solo desde América Latina, sino que también desde
el resto del mundo, con compañeras de Palestina, de la India, de África,
donde también compartíamos problemáticas comunes y algunas también que
no las teníamos tan presentes, como los matrimonios infantiles,
mutilación de clítoris, etc. Entonces armamos un grupo de 15 compañeras
donde comenzamos a reflexionar este espacio, empezamos a articularnos y
se nos ocurrió formar la Internacional Feminista. Existe la
Internacional Progresista, han existido distintas formas de organización
internacional, pero no hay un cuerpo que aglomere a las feministas del
mundo.
-Este primer encuentro tiene el objetivo de marcar una hoja de
ruta para la Internacional Feminista. ¿Cuáles son los temas más urgentes
a tratar para comenzar a trazar este mapa?
-Dimos a conocer el 8 de marzo la existencia de la Internacional
Feminista con una carta donde hicimos la primera convocatoria a este
primer encuentro fundacional, donde vamos a tener cerca de 200
delegadas. La Internacional Feminista lo que quiere es delinear el rumbo
de las perspectivas del feminismo y de nuestra contribución a los
distintos pueblos, y en eso nos hemos definido como un feminismo
popular, comunitario y de clase. Hemos tomado la determinación de
construir un feminismo antirracista, antiimperialista, por la paz,
disidente, antipunitivista, ecologista, que desarrolle también una
perspectiva de democratización de nuestros pueblos, un feminismo
anticapitalista. Son algunas definiciones que van delineando la
perspectiva que este espacio va a construir.
Uno de los desafíos de este momento es poder determinar,
también, qué tipo de organización queremos ser, si una organización más
abierta, de masas. Porque, de hecho, a este encuentro están invitadas
parlamentarias, lideresas sociales, hay varias organizaciones de Chile.
Es decir, lo que hemos intentado es construir un espacio que representa
la diversidad de los espacios de poder político y social en que las
mujeres nos estamos desarrollando y tenemos que seguir ampliándolo para
que podamos hacer una contribución concreta desde las políticas
públicas. Hemos pensado en constituir un repositorio y observatorio de
políticas públicas, es decir, que incentive que las políticas públicas
que se llevan en un lugar puedan ser recogidas, adquiridas y aprendidas
en otros lugares, el poder trasladar o compatibilizar las experiencias
que hemos ido construyendo, pero por sobre todo empujar, desde la
militancia feminista, un trabajo de avance de las políticas con
perspectiva de género, de la emancipación de las mujeres y de la
democratización de nuestros países.
-Este encuentro cuenta con la participación de muchas líderes y
representantes, pero finalmente, una vez determinada la hoja de ruta,
¿cómo se planea llegar a estos grupos de mujeres que no llegan a sus
espacios, aquellas más vulnerables?, me refiero a las mujeres migrantes,
a las mujeres que son mutiladas en África, indígenas…
-Una de nuestras perspectivas es la interseccional, que implica
necesariamente la construcción de distintas luchas, que se vinculan
entre sí. En eso hay organizaciones indígenas que están participando del
encuentro, también lideresas negras. Son cerca de 200 compañeras de
distintos sitios las que nos vamos a reunir, más las compañeras
mexicanas, que van a hacer una contribución importante desde sus
distintas realidades. Nosotras entendemos que el feminismo requiere de
mirarse interseccionalmente, que necesariamente tenemos que poner sobre
la mesa la integración de quienes han sido excluidas por tantos años,
como son las mujeres indígenas que han vivido las consecuencias más
brutales. Ericka Ñanco, diputada mapuche, va a participar, por lo tanto,
también vamos a poder tener la perspectiva, al menos desde Chile, de
las mujeres indígenas organizadas.
-La Internacional Feminista, según plantea su comunicado, nace a
partir de las crisis políticas, el avance del neoliberalismo y de la
ultraderecha, ¿cuál es su balance de ese contexto, sobre todo a nivel
nacional?
-En los últimos años, hemos visto cómo la ultraderecha ha ido
avanzando a nivel mundial, han ido tomando espacios desde una
perspectiva antimujeres, hemos visto cómo el discurso antigénero ha
tomado cada vez más espacio público. Nosotras lo hemos dicho con mucha
fuerza y lo dice nuestro manifiesto. Lamentablemente, hay sectores
políticos que reivindican la violencia contra las mujeres, desconocen el
patriarcado como método de dominación, reivindican el capitalismo como
el mecanismo de subsistencia de la humanidad y lo defienden a costa de
cualquier cosa. Y también han utilizado el espacio público para buscar
retroceder. Nosotras lo hemos vivido en Chile, por ejemplo, de manera
permanente con los republicanos, que han buscado retroceder concepciones
básicas respecto de la violencia, sobre la decisión de nuestros
cuerpos, ellos intentan permanentemente desconocer la perspectiva de
género en el desarrollo de las políticas públicas.
Ese es un ejemplo concreto respecto del desconocimiento de esta
desigualdad y eso no solo pasa en Chile, es una arremetida que se ha
venido dando en distintas partes del mundo, por eso es que hemos tomado
la determinación de trabajar en esta dirección. De hecho, vamos a tener
cuatro mesas de trabajo: una es la lucha feminista frente al
neofascismo; las alianzas de luchas e interseccionalidades; la
despatriarcalización del Estado, los gobiernos y los partidos políticos;
y el feminismo popular como herramienta de organización social. Esos
son los cuatro ejes de trabajo que vamos a tener. Nuestro objetivo es
fortalecer nuestra declaración de principios, pero también poder
desarrollar un plan de acción, no nos queremos quedar solo en el
levantamiento de un encuentro que sea testimonial.
-¿En estas mesas de trabajo van a participar todas o va a estar
más focalizado?, porque me llama la atención que en la mesa de
despatriarcalización del Estado pueda estar, por ejemplo, la ministra
Antonia Orellana, tomando en cuenta la perspectiva feminista que ha
querido levantar el Gobierno…
-En las distintas mesas vamos a distribuirnos según los intereses
particulares, la idea es que cada mesa trabaje el tema en profundidad en
dos perspectivas, en desarrollarlo políticamente y, al mismo tiempo,
también en construir planes de acción. Hemos llegado al convencimiento
de que las instituciones del Estado, los partidos y los gobiernos son
instituciones profundamente machistas en todas sus expresiones, no hay
ninguno que por sí mismo haya logrado salir de las lógicas del
patriarcado y eso es una realidad que tenemos que enfrentar. Por más que
haya declaraciones de buenas intenciones, de decir que queremos ser o
aspiramos ser un Gobierno feminista o que aspiramos a construir
políticas de mayor igualdad, no hay ninguna institución en Chile ni en
el mundo que haya logrado despatriarcalizarse completamente.
La ministra Orellana estaba confirmada, pero todavía no sabe si
va a poder ir, a propósito de la coyuntura que hay en nuestro país en
materia de seguridad. Sin embargo, ella es una de las fundadoras de este
espacio de articulación política, así que, bueno, si no puede
participar físicamente, va a poder hacer sus contribuciones de otra
manera. Además, este es el primer encuentro de muchos.
-¿Cómo les transmitiría la importancia o el impacto que va a tener
la Internacional Feminista a las mujeres que, por ejemplo, no saben del
feminismo?
-La Internacional Feminista es un espacio que esperamos proyectar
con la fuerza que tiene un espacio de coordinación de mujeres feministas
por sí mismo. Pero, sobre todo, poder contribuir a que los países
tengan procesos de democratización mucho más concretos y efectivos. La
paridad como concepto es un elemento muy importante para el feminismo,
no solo porque buscamos igualdad de condiciones en los espacios de
representación política, sino que porque buscamos mismas oportunidades y
derechos entre hombres y mujeres. Entendernos como pares significa
mirarnos a la cara y poder decir que somos lo mismo, no hay un género de
primera categoría y otro de segunda categoría y hasta de cuarta, por
ser de un determinado género. Y en eso también nos referimos a las
disidencias en general, nosotras esperamos desde el feminismo poder
contribuir a la comunidad LGBTQ+, por eso es que la perspectiva de
nuestro feminismo también es transincluyente. Nosotras esperamos desde
este espacio contribuir a la lucha internacional contra el patriarcado,
contra el capitalismo, desarrollar una organización colectiva
internacional que impulse una agenda común en favor de la igualdad de
oportunidades y, por supuesto, por la erradicación de todas las formas
de violencia machista contra las mujeres, contra las disidencias y, por
supuesto, también por lograr más derechos y decisiones políticas que
sean favorables a nuestra autonomía, incluida en eso la decisión de
elegir sobre nuestras vidas y sobre nuestros cuerpos.
