3/05/2022

Congreso del Estado de México analiza legislar “violencia vicaria” en contra de las mujeres

  

El pasado 30 de noviembre de 2021 la diputada del PRD, Viridiana Fuentes Cruz, presentó una propuesta para reformar las fracciones XIV del artículo 3 y I del artículo 31 Bis; y adicionar el artículo 8 Ter de la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia del Estado de México.

¿Qué es la violencia vicaria?

En su momento, la legisladora explicó que el término “violencia vicaria” fue acuñado por la psicóloga clínica Sonia Vaccaro, quien la define como “aquella violencia que se ejerce sobre los hijos para herir a la mujer”. Es decir, la que provoca a la mujer un daño extremo porque el maltratador sabe que agredir o asesinar a los hijos o hijas es asegurarse de que la mujer no se recupera jamás.

La definición indica que esta forma de violencia está presente también en las amenazas asociadas a las obligaciones alimentarias, el régimen de convivencia y la guardia y custodia de los menores de edad; la dilación de procedimientos judiciales para afectar el lazo materno-filial mediante la fabricación de falsas acusaciones, o bien las lesiones a padres, madres o hermanos.

¿Quiénes piden legislar?

La iniciativa de la perredista fue elaborada con las opiniones de agrupaciones como la “Colectiva de Amorosas Madres contra la Violencia Vicaria” (Cam-Cai) a fin de introducir este término en la ley. Apenas el 19 de febrero Cam-Cai anunció que se unió con las colectivas Tonatzin, Mahai Kollontari, Madre yo sí te creo y Jessica y Andrea Flores para crear la Red Mexicana de Colectivas contra la Violencia Vicaria. 

Isaura Contreras es una mujer víctima de violencia vicaria, cuyo testimonio fue expuesto por la diputada Viridiana Fuentes Cruz. De acuerdo con su relato, Isaura fue acusada de lesiones, robo a casa habitación y violencia familiar por su expareja, con quien desde hace tres años mantiene un litgio por la guarda y custodia de sus tres hijos. Su agresor, según el testimonio, ha dicho que prefiere ver muerta a su hija que verla siendo feliz con su madre.

“Nuestros agresores nos entierran entre expedientes por años con falsas denuncias, son capaces de ensuciar nuestro nombre, reputación, y al mismo tiempo señalar nuestra manera de maternar. La violencia vicaria representa la forma más cruel de violencia contra las mujeres ya que en ella se utilizan a las hijas e hijos para dañar a las madres”, expuso la legisladora.

Congreso mexiquense abre debate

Este 23 de febrero las y los integrantes de las Comisiones Unidas de Procuración y Administración de Justicia y para las Declaratorias de Alerta de Violencia de Género contra las mujeres por Feminicidio y Desaparición tuvieron una reunión en la que analizaron la propuesta.

En esta reunión la diputada Viridiana Fuentes Cruz  explicó que por definición la violencia vicaria, concepto que se ha popularizado en España, es aquella que se ejerce contra las mujeres a través del daño a terceros, por lo que no solo tiene como víctimas a las mujeres, sino que lastima y vulnera especialmente a personas adultas mayores, con discapacidad o dependientes, así como a niñas, niños y adolescentes.

 “Es precisamente el último grupo (la infancia) el más propenso a ser instrumentalizado y aquello que puede haber empezado como la amenaza de sustraer a los menores de su madre en su caso más extremo ha terminado en el asesinato de niñas y niños a manos del padre”, dijo.

La legisladora subrayó que abunda evidencia de estos casos en los tribunales y en los medios de comunicación; sin embargo, “al no estar reconocida la violencia vicaria en nuestro marco jurídico dificulta a las y los operadores de justicia el reconocerla y facilita a los agresores el ejercerla”. 

De ahí la necesidad de incluirla en la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia del Estado de México, “porque al reconocerla podremos avanzar en construir un marco de actuación, además de que nos permitirá levantar datos precisos que ayuden a identificarla, prevenirla y atenderla eficazmente”, dijo.

Ante esto, diputadas y diputados de las bancadas de PAN, PRI, PRD y Morena consideraron que esta iniciativa debe de ser enriquecida, por lo que la enviarán a la Procuraduría del DIF, la Fiscalía General de Justicia del Estado de México, la Secretaria de la Mujer, la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México, entre otras dependencias para su estudio y análisis.

La diputada por Morena, Karina Labastida, sostuvo que su grupo parlamentario apoyará esta iniciativa y explicó que de ser aprobada el Estado de México sería en el primer estado en el país y en América Latina que contempla la “violencia vicaria”.

En el congreso Sonora la diputada por Morena, María Alicia Gaytán Sánchez, también ha manifestado su intención de legislar este tema, para que Sonora sea la primera entidad en reconocer la “violencia vicaria” . En noviembre de 2021 la legisladora organizó un foro de consulta para revisar la pertinencia de expedir la “Ley de Violencia Vicaria”.

Mujeres y niñas de AL y el Caribe, con menos acceso a derechos sexuales y reproductivos

  

Por ello, en 2014 el Mecanismo de Seguimiento de la Convención de Belém do Pará (MESECVI) publicó la Declaración sobre la violencia contra las mujeres, niñas y adolescentes y sus derechos sexuales y reproductivos. ¿De qué trata esta declaración? ¿Cómo están accediendo a estos derechos las mujeres en la región? Conversamos al respecto desde Brasil con la experta del MESECVI, Leila Linhares Barsted.

Latiendo Libres es un programa conjunto del Mecanismo de Seguimiento de la Convención de Belém do Pará (Mesecvi), Comunicación e Información de la Mujer A.C. (CIMAC) y Violeta Radio 106.1 FM.

Exigen destitución de jueza que dejó en libertad a feminicida

 

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En un comunicado, el Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio (OCNF) y Justicia Pro Persona A.C. –solicitantes de la Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres para la Ciudad de México (CDMX) y asesores de la familia–, junto con “El Día Después”, manifestaron su indignación por el fallo absolutorio que se concedió a  Vincent “NN”, feminicida de Lucía Delgado Hernández.

De acuerdo con las organizaciones, la Fiscalía de Investigación del Delito de Feminicidio de la CDMX integró una investigación científica con perspectiva de género y recabó datos de prueba contundentes para acreditar el delito de feminicidio, como los peritajes en medicina forense, criminalística, fotografía, antropología social, testimoniales, así como “pruebas científicas irrefutables” como el análisis de telefonía y confrontas de ADN que corroboran la responsabilidad de Vincent “NN” en la comisión de los hechos. Aún con estas pruebas, la Jueza Norma Elizabeth Marín Ramírez, Jueza de Control Del Sistema Procesal Penal Acusatorio de la Ciudad De México, emitió un fallo absolutorio a favor del agresor.

“A casi un año de los violentos hechos, la respuesta del Poder Judicial de la CDMX (PJCDMX) es la impunidad, la violación a los principios de imparcialidad y de debida diligencia con perspectiva de género, así como la falta de sensibilidad ante un crimen atroz, y ante la violencia feminicida que se vive en la CDMX”, declararon las organizaciones.

A decir de las organizaciones, dicha absolución no solo impacta negativamente en el caso de Lucía, quien fue asesinada de manera brutal el día de su cumpleaños, sino que es un revés para todas las mujeres capitalinas, pues envía un mensaje de permisividad en el que a pesar de que se cuente con evidencia científica, “la justicia está lejos del alcance de las mujeres que son asesinadas de manera cruel e inhumana”.

Las organizaciones observaron que la resolución de la jueza también deja a un feminicida libre, lo que significa el riesgo de que otras mujeres puedan ser asesinadas, como ha sucedido ya en la entidad, con casos conocidos como el del llamado “matanovias” y otros agresores seriales.

Por todo esto, exigieron al Presidente del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura de la CDMX, Rafael Guerra, la remoción inmediata de la Jueza Norma Elizabeth Marín Ramírez por las acciones y omisiones que derivaron en la impunidad para Lucía y su familia y que tome medidas necesarias para garantizar que los casos de violencia contra las mujeres y feminicidio, sean conocidos por juezas y jueces sensibles, competentes y que cuenten con perspectiva de género que permitan el acceso a la justicia para las mujeres.

También exigieron que se impulse la generación de sanciones a las y los funcionarios públicos que obstaculicen el acceso a la justicia para que hechos como los referidos no se repitan, y pidieron a la Jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, y a la Fiscal General de Justicia de la CDMX, Ernestina Godoy, garanticen la representación jurídica a las víctimas para que éstas puedan agotar los recursos necesarios, a fin de revertir la abominable resolución judicial, la protección de las hijas de Lucía y su familia, así como la reparación integral del daño, que incluya el acceso a la justicia, acompañamiento psicosocial, y otras, conforme a la Ley de Víctimas de la CDMX.

De acuerdo con las organizaciones, casos como el de Lucía, evidencian la necesidad de la emisión de la AVGM para la CDMX, solicitada en septiembre de 2017. En el marco de dicha solicitud, hecha por Justicia Pro Persona A.C. y el Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria, A.C. O.P., con el acompañamiento del Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio, el Grupo de Trabajo de la AVGM emitió medidas de justicia dirigidas al Poder Judicial de la CDMX, que de cumplirse contribuirían a garantizar el acceso a este derecho, con la debida diligencia y perspectiva de género.

De acuerdo con los primeros datos del 2022 del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, por número de víctimas, la Ciudad de México es la segunda con más casos de feminicidio: un total de 6 en solo el primer mes del año.

Mujeres en el Donbass: las otras ucranianas

  

Imágenes y reportaje realizados durante la Caravana Humanitaria a Donbass de mayo de 2015.

Contenido relacionado: ‘Las que se quedaron’, testimonios de tres mujeres que vivieron la guerra civil en Donbass

Pasear por Alchevsk, en la autoproclamada República Popular de Lugansk al este de Ucrania, inspira más desasosiego al pensar en su futuro que en su pasado reciente. Es una ciudad industrial, pequeña, abrazada por una descomunal acería que enmarca el horizonte con enormes chimeneas. La industria pesada, tan simbólica del pasado soviético de la región, era paradójicamente su pulmón, hasta que la guerra rompió los cristales de sus ventanas.

Las ancianas del lugar, con sus pañuelos bordados de flores anudados al cuello, hacen fila en el comedor de caridad improvisado por las milicias en un edificio destartalado. Ellas son mayoría en esa ciudad del silencio, que forma parte de la región del Donbass que controlan las milicias con amplio apoyo popular y que injustamente se ha dado en llamar a secas pro rusa, con el ánimo de hacer de esta guerra, como de todas las guerras, un conflicto en blanco y negro, enterrando todos los matices grises. Ellas cargan sus tarteras en bolsitas de tela y se arrastran pasito a paso de nuevo a través de las desiertas avenidas. En Alchevsk no llega el dinero de las pensiones desde el verano pasado. Con el exilio masivo de la juventud, el alistamiento y el alcoholismo haciendo estragos en la población, son ellas, las jubiladas, las pobres, las peor paradas de esta guerra.

Una vecina del comedor popular de caridad de Alchevsk. - Foto de Edurne Batanero
Una vecina del comedor popular de caridad de Alchevsk./ Edurne Batanero

La guerra civil que se libra en el este de Ucrania es sin duda uno de los conflictos más injustamente tratados en el circo de las relaciones internacionales: manipulada por oscuros intereses geopolíticos, despreciada por los medios de comunicación y sin cauces oficiales para la ayuda humanitaria, la guerra del Donbass sigue cobrándose muerte y silencio.

Cynthia Enloe, académica pionera en abrirse camino en las Relaciones Internacionales desde el feminismo, se preguntaba hace veinte años dónde estaban las mujeres cuando se hablaba de diplomacia, de guerra, de Estado. Desde entonces, una escuela apasionante se ha construido en torno a esa pregunta.

¿Dónde están las mujeres en Ucrania? Si Enloe planteara esa cuestión hoy, probablemente las mujeres del Donbass no figurarían entre las respuestas. La visibilidad femenina en este conflicto se ha limitado a las imágenes de hermosas activistas envueltas en banderas nacionales ucranianas en la plaza de Maidán, al más puro estilo del estereotipo de feminidad normativa eslava –muy atractiva para el mercado del sexo internacional-. Rubias de enormes ojos claros, jóvenes, frías, iconos de las ansias de modernidad que tan bien han funcionado en la propaganda de la franquicia ucraniana de activismo Femen como transmisoras de liberación, aunque no se sepa exactamente de qué se liberan. La otra imagen más recurrente si pensamos en Ucrania ha sido la de las mujeres victimizadas, las ancianas llorosas, las mutiladas por los bombardeos, padeciendo el dolor de la guerra en sus carnes, arrastrándose en silencio entre las casas destruidas.

Decía Carol Cohn en su impecable libro “Women and Wars” que había que saber huir de la dicotomía de víctimas y verdugos, (una dualidad tan sexualizada) si se quiere abordar un conflicto bélico. La mujer es la paz, lo doméstico, la violada, la protegida, el descanso del guerrero; el varón es el protector, el beligerante, el dueño del espacio público, el señor en todas las guerras. El rancio estribillo de “mujeres, niños y ancianos” para referirse al coste humano de una guerra es tan manido como falso.

A diferencia de otras guerras contemporáneas que ocupan portadas, en el bando del Donbass, el que los telediarios llaman prorruso, separatista y rebelde, no se lloran cadáveres. Su enemigo es el ejército regular ucraniano, que obedece a un gobierno instalado con patrocinio occidental (la llamada Junta de Kiev), presunto adalid de valores democráticos pese a contar con la extrema derecha ampliamente representada en sus filas a través de movimientos como Sector Derecho o Svoboda.

El ejército regular kievita está envuelto en incógnitas: desde movilizaciones forzadas a deserciones de jóvenes que huyen de la masacre en el Este, poco se sabe del funcionamiento real de una armada de reciente reestructuración, formada especialmente para esta guerra y en el que algunos de sus cuadros eran hasta hace bien poco hooligans y miembros de guerrillas paramilitares de ultraderecha.

Las milicias populares de Donbass se autoorganizaron al inicio de la guerra para defender sus territorios de la que consideran agresión imperialista para imponer la dominación de Kiev. Hoy, estas milicias controlan amplias regiones dentro de las Repúblicas Populares de Donetsk y Lugansk. Sería injusto negar que a este lado de la trinchera existen también diferentes corrientes e intereses, pero la fuerza del proyecto social, político y cultural que está construyéndose en torno a estas Repúblicas Populares no es mera propaganda. Es una fuerza que se siente nada más poner un pie en Alchevsk, en Kirovsk, en Stakhanov, en Krasnodon.

Tatiana en el cuartel de Alchevsk./ Comitatto per il Donbass Antinazista

Las Repúblicas Populares (RP), que atraviesan hoy un complejo proceso de desarrollo, sientan bases en su herencia socialista, tiempos en los que la región disfrutaba su época dorada. Estos nuevos proyectos de construcción de Estado nunca hubieran fructificado sin la fuerza y el desarrollo de las milicias populares desde el principio de la guerra, que fueron el motor para el despertar colectivo. Paralelamente a su desarrollo militar, las RP han tejido redes políticas y culturales, pero también económicas con proyectos de nacionalización de los recursos naturales y de autogestión y cooperativismo en la industria y la agricultura local, acechadas siempre por la amenaza voraz de la oligarquía local.

Tatiana en el cuartel de Alchevsk./ Comitatto per il Donbass Antinazista

Volvamos a Enloe, entonces. ¿Dónde están las mujeres en Donbass? Están activas en todas las estructuras de guerra. Desde el principio del conflicto, muchas se unieron a las milicias, tanto en combate como en el complicado entramado burocrático que les rodea. No ha habido problema en alistarse libremente en la milicia popular, aunque algunas se quejen de lo costoso de llegar a la primera línea del frente. Cuando viajas por la región puedes verlas: están en los checkpoints, en los cuarteles y los despachos, caminando entre los civiles, paseando con perros de rastreo y haciendo ronda en las calles.

Las milicianas que se han unido a las brigadas abarcan edades y experiencias muy distintas, pero su alistamiento, -voluntario-, cuando son preguntadas responde a una causa común: combatir al Gobierno que masacra a su pueblo. Se han generado experiencias como batallones únicamente femeninos. En Krasny Luch, en la región de Lugansk, 25 mujeres, de universitarias a jubiladas y mineras, comenzaron formando barricadas en las calles para terminar constituyendo un batallón al que se fueron uniendo posteriormente los hombres del pueblo. El batallón Rus, formado a finales de 2014 y compuesto enteramente por mujeres, es otro ejemplo. Una celebridad local es la capitana Nut, que está al mando de una unidad de artillería compuesta por 50 hombres en el batallón Oplot de Donetsk, tras dejar su trabajo de empleada en un casino. Hubiera muerto igual quedándose en casa, así que Nut aprendió a manejar artillería pesada y fue ascendiendo en la estricta jerarquía de estas formaciones hasta tener medio centenar de soldados a su cargo.

Hace un par de meses caía asesinada en una emboscada Anna Aseyeva, jefa de Prensa de la brigada Fantasma, junto al comandante Alexei Mozgovoy, inseparables en su trabajo. La Brigada Fantasma o Prizrak, milicia con gran presencia que controla parte de la región de Lugansk, toma su nombre del hecho de que a menudo la dan por muerta, sin embargo, siempre aparece algún nuevo destacamento en la región. Esta brigada es el alma de la milicia y ha generado una organización cuyas redes superan con mucho lo militar y se insertan en la vida cotidiana de muchas ciudades. Quizá por eso, el reconocimiento póstumo a Anna fue unánime: quienes conocían el día a día de esta guerra sabían que su labor era imprescindible, o todo lo imprescindible que puede ser una sola persona en medio de una guerra.

Escuela Pública de Alchevsk, celebración del 9 de Mayo./ Edurne Batanero
Desfile del Día de la Victoria, Alchevsk./ E. Batanero
Desfile del Día de la Victoria, Alchevsk./ E. Batanero

El día a día en una guerra no es como lo cuentan las películas de cine. Hay turnos eternos en los puestos de vigilancia; días enteros conduciendo arriba y abajo por carreteras vacías, tareas cotidianas que se llevan con hastío y horas que pasan lentas, muy lentas, esperando. Ellas han de compartir puestos de guardia y rondas nocturnas con una mayoría masculina; también camastros, duchas, quehaceres diarios. Esta es una experiencia que no es ajena a las mujeres del lugar: En una sociedad militarizada como la exsoviética, la militarización se traslada a todos los ámbitos de la vida. En la escuela, las niñas y niños del colegio estatal celebran el día de la Victoria contra el fascismo, el 9 de mayo, escenificando bombardeos con tanques de juguete y cantando himnos militares. Saben bailar y marchar en pequeñas formaciones, se uniforman y depositan flores en las piras al soldado desconocido y desfilan por la calles con disciplina castrense. La historia de su pueblo es la causa de su presente, y son conscientes de ello.

En el parque central de la ciudad de Stajhanov una estatua dorada de una obrera industrial, con mono y herramientas, se yergue en una plazoleta. Otra obrera metalúrgica labrada en piedra recibía junto a su compañero a los visitantes a la entrada de la acería de la ciudad de Alchevsk. Las mujeres del socialismo soviético abanderaron las más dignas luchas y conquistas sociales, a menudo de la mano, y otras muchas frente a frente, contra sus propios compañeros.

En lo militar fueron pioneras: un millón de ellas combatieron en la Segunda Guerra Mundial, como las famosas aviadoras Brujas de la Noche, las letales francotiradoras que se convirtieron en celebridad local o las menos conocidas artilleras rusas. La URSS fue de hecho, el primer país en el que el aborto fue legal y gratuito. Parece que eso se le ha olvidado al feminismo moderno. De la imagen de la mujer compañera y camarada del socialismo –con todos sus claroscuros- se ha retrocedido a la figura familiar, la crianza y el culto a la belleza y la fragilidad en el país de los oligarcas y las princesas de largas trenzas, paralelamente a la entrada masiva del mercado del sexo y la pornografía, perseguidos (al menos públicamente) durante la URSS, en un proceso que Attwood llama la re-masculinizacion de la sociedad rusa. Las sociedades eslavas tienen estructuras profundamente patriarcales, elementos que el azote conservadurista del resurgir de la iglesia ortodoxa ha avivado aún más en las últimas décadas, sumido a las consecuencias de la crisis política y económica que la Perestroika supuso especialmente para las mujeres, a las que se les conminó desde las propias instituciones a volver a sus hogares y dejar sus empleos. Un patriarcado al que se ha querido señalar desde Occidente para justificar la aversión a lo ruso y lo que significa como amenaza siempre latente en geopolítica, pero que tiene muchos paralelismos con el que puede experimentar cualquier sociedad occidental.

Esta percepción de las cuestiones femeninas como domésticas y secundarias en algo tan público y expuesto como una guerra conduce a que existan cuestiones terriblemente minimizadas tales como la violencia sexual y la salud de las mujeres en tiempo de guerra. En el contexto del Donbass, se ha especulado con denuncias de violaciones y desapariciones de mujeres en los territorios en guerra que nadie quiere asumir y de las que poco o nada se sabe. El Gobierno de Donetsk, la otra república popular de la región, declaró haber encontrado los cadáveres de decenas de mujeres violadas y asesinadas por el ejército ucraniano, una información que ni la OSCE ni Human Rights Watch confirma ni niega pasado un año. También se han reportado denuncias de periodistas internacionales sobre las violaciones y torturas a mujeres cometidas por el Batallón Azov –destacamento voluntario de extrema derecha- en las prisiones militares de esta unidad, dependiente directamente del Gobierno de Kiev.

Pero una guerra es un antes, un mientras, y sobre todo, un después. Como en Yugoslavia, como en Afganistán, estos crímenes sólo tendrán alguna relevancia pasados los años, cuando el postconflicto destape la realidad de la devastación humanitaria y las consecuencias a largo plazo de una guerra que siempre padecen en mayor grado las mujeres. No nos olvidemos que está dejando miles de refugiadas, desplazadas y exiliadas de las que no se habla. El peso –invisibilizado- de la mujer en los periodos de posguerra y las labores de desarme, desmovilización y reintegración jugarán sin duda un papel crucial en este y otros conflictos híbridos actuales.

Mujeres guardan fila a las puertas del comedor popular, Alchevsk./ E. Batanero

Pero hasta que esto suceda en Donbass, donde la calma tensa sigue siendo la norma, las tareas la voz de las mujeres activistas en Donbass tiene un poder especial: en la red circulan sitios cuya información, les ha hecho convertirse en referentes, las páginas a las que acuden miles de personas para llegar a datos distintos a los de la versión hegemónica. La mayoría de estos blogs y páginas de información pertenecen a mujeres residentes en las zonas de conflicto que asumen los riesgos de escribir para el mundo. Denya, alias Little Hiroshima, se ha hecho enormemente famosa con su blog sobre Lugansk. Era profesora de Filosofía en Moscú y viajera aficionada hasta que decidió hacerse cooperante en Donbass, alquiló una furgoneta y se marchó cargada de comida hasta allí. Pero no está sola: hay poetas, políticas, activistas humanitarias, periodistas. Escucharlas, leerlas, verlas, es acercarse a una guerra con perspectiva de género, abriendo sin duda nuevos enfoques e interpretaciones que no sólo rompen con el esquema hegemónico masculino, sino sobre todo, con la versión de los telediarios.

En estas guerras híbridas, las guerras de la posmodernidad, con nuevas actrices y actores, nuevos escenarios, pero con el reciclaje de viejos discursos y enemigos, con ecos antiguos, la participación femenina ha obligado a reconsiderar identidades y espacios -de eso saben bien en el Kurdistán-, porque ellas son las agentes activas que han sido tradicionalmente excluidas del discurso de la guerra o peor, instrumentalizadas para mostrar sólo el rostro femenino del conflicto en los términos que favorecieran la normatividad masculina.

Hoy, pasado año y medio del terrible verano del cerco a Lugansk, y viviendo su segundo “invierno del hambre” las cifras del conflicto que se manejan hablan de 9100 personas fallecidas desde que comenzara a contabilizarse las víctimas en abril de 2014. Más de un millón de personas desplazadas en Rusia y otro tanto en Europa. Concretamente, en los últimos seis meses contabilizados, en los que la región ha permanecido bajo el presunto alto al fuego fruto de los acuerdos de Minsk II, se han registrado 575 víctimas civiles en la zona de conflicto, con 165 asesinadas, la mayoría por morteros, cañones, obuses, tanques. Nadie se acuerda de aquel avión derribado, el MH17. Los pactos de Minsk son en realidad, papel mojado. El pasillo humanitario sigue sin abrirse. Hoy, hay otro enemigo, lejos de Donbass, en los telediarios.

Mientras, en la pequeña ciudad de Alchevsk intentan poner de nuevo en marcha la acería. Se camina con cuidado en los campos minados cubiertos por la nieve. La ciudad vecina de Kirovsk también intenta recomponerse: la maestra de una de sus escuelas elementales se acerca al vernos tomar fotos. Cuenta que miles de personas (20.000, de una población de 25.000 habitantes) se habían marchado lejos de allí en apenas un año. En su clase le preguntan cada día si la guerra ha terminado porque no quieren volver a correr al sótano cuando escuchan caer los grads. Y ella nos lo pregunta a nosotras, con gesto ansioso. ¿Qué dicen los telediarios de vuestro país? ¿Acabará la guerra?. En Kirovsk no quieren dinero, ni medicamentos, ni abrigo. Sólo quieren respuestas. Preferimos mirar al suelo antes que decirle que de ella y su futuro, en nuestro país, nadie dice nada.

Era una mujer alta, sonriente y brava, que nos despidió desde la ventanilla con la promesa de volvernos a ver. Se quedó ahí, en medio de la avenida, en Kirovsk, República Popular de Lugansk, tierra de olvido y silencio, agitando el brazo, mirándonos marchar. Al día siguiente, volvería a la escuela.

*Este artículo fue retomado del portal pikaramagazine

Denuncian violencia contra mujeres por proyectos hidroeléctricos en Guatemala

 Lourdes Álvarez Nájera

Foto: David Diego Marcos

En el 2013 el Banco Internacional de Desarrollo (BID) otorgó dos préstamos con los que se realizaron proyectos hidroeléctricos en el departamento de Huehuetenango que actualmente están suspendidos; de esa cuenta, en el 2019 el Mecanismo Independiente de Consulta e Investigación (MICI), un ente creado con el fin de atender reclamos de comunidades potencialmente afectadas a nivel ambiental y social por esos proyectos, generó un informe y una serie de recomendaciones donde se destacó que las mujeres son las principales afectadas por este tipo de intervenciones, por lo que concluyó que se debe retirar el capital otorgado por el BID para financiar esas actividades.

El MICI publicó desde el 13 de octubre del año pasado el Informe de Verificación de la Observancia de Proyectos Generadora San Mateo, S.A. y Generadora San Andrés, S.A., con serios señalamientos. El informe destaca que se desconoció la presencia de pueblos indígenas en cinco comunidades de la microrregión de Yichk’isis, en el municipio de San Mateo Ixtatán, Huehuetenango, luego de una serie de denuncias presentadas a través del Gobierno Plurinacional Q’anjob’al, Popti, Chuj, Akateko y Mestizo, quien dio acompañamiento a las comunidades y a la población.

En esa recopilación de información que hizo el MICI se logró determinar que el BID desconoció la presencia de los pueblos indígenas para poder financiar los proyectos hidroeléctricos y, además, las graves consecuencias que esto conlleva para las comunidades donde las más afectadas son las mujeres.

Entre los hallazgos por impactos diferenciados por razones de género se indica que no se hicieron evaluaciones de impactos con perspectiva de género y no se determinaron acciones para prevenir, evitar o mitigar impactos adversos y riesgos, mientras se hacía la autorización de los proyectos hidroeléctricos en esa región.

Entérese más aquí:

En particular, según el MICI, resaltaron algunos impactos específicos, como la contaminación del agua, la cual afecta de manera diferenciada a las mujeres en virtud de las actividades que tradicionalmente desarrollan, entre ellas mencionan en el informe la recolección de agua, cocina, pesca de caracoles y camarones para complementar la alimentación familiar, crianza de animales y actividades de recreación con otras mujeres o sus hijos pequeños.

Además, señalaron que ahora las mujeres tienen que recorrer distancias más grandes para recolectar agua limpia, lo que afecta el mantenimiento de las huertas y granjas familiares, de las cuales generalmente están a cargo, además de que la desaparición de cangrejos, caracoles y pescados de los ríos afecta a la dieta y a la economía familiar, ya que eran fuentes de alimentación gratuita que ahora deben pagar a terceros.

Vista panorámica de Yichk´isis, el centro de la microrregión norte de San Mateo Ixtatán. Fotografía: Francisco Simón Francisco

Asimismo, el informe de MICI destaca que la llegada de trabajadores foráneos y el aumento de fuerzas de seguridad en la zona, les ha generado a las mujeres inseguridad y temor debido al hostigamiento, amenazas físicas y verbales que reciben, así como por impedimentos al libre tránsito cuando no las dejan pasar al río o les impiden el paso usando sus equipamientos.

¿Por qué la violencia diferenciada contra las mujeres?

Aunque el informe del MICI hace una recopilación extensa de las denuncias que trastocan las dinámicas comunitarias de hombres, adultos y adultas mayores, niñez y juventud, se hace énfasis en el impacto a las mujeres porque la carga simbólica de la violencia también trastoca aspectos culturales e históricos que es importante comprender.

En ese sentido, para la socióloga guatemalteca Ana Silvia Monzón, la violencia contra las mujeres tiene un carácter sexual porque se ha usado como una forma de vulnerar a aquellas personas que son catalogadas como “enemigos”, según evidencia empírica recopilada en otros estudios e informes sobre acontecimientos como el conflicto armado interno en el país.

A criterio de la socióloga ese fue el sentido de usar la violación sexual como una práctica durante la guerra interna de Guatemala y agredir así tanto los cuerpos y la dignidad de las mujeres, como la de sus familias y comunidades.

La académica y doctora en Antropología, Victoria Sanford, también hace referencia a ese tipo de abusos diferenciados por género en su libro “Guatemala: del genocidio al feminicidio”, donde aborda cómo ese tipo de prácticas afectó particularmente a las mujeres indígenas que fueron consideradas como un botín.

Monzón añade que en el Proyecto Interdiocesano de Recuperación de la Memoria Histórica (REMHI) también se señala que los cuerpos de las mujeres y particularmente de las mujeres indígenas fueron considerados como botín de guerra. “Eran tomados como ese espacio donde ejercer el poder, y así lo podemos ver desde la invasión hace 500 años, pero también desde cualquier invasión y ocupación, sea económica, política o simbólica que protagonizan los hombres”, señala.

A criterio de Monzón también es importante llegar a hilar más fino y con mayor precisión para no solo referirse a los acontecimientos históricos, porque en esos acontecimientos como la invasión se trata de hombres con nombres y apellidos que las protagonizaron y es importante destacar.

“Hay diferencia en la forma como se violenta a las mujeres, porque también se ha construido el mito de la virginidad, del cuerpo puro, en contraposición a otros cuerpos que no lo son, entonces al atacar a las mujeres de los que se consideran enemigos, es una forma de vulnerarlos a todos”, indicó Monzón.

“Agredieron a unas compañeras, pero ellas no se dejaron”

Como parte de las denuncias de agresiones que incluyeron acoso sexual a raíz de la instalación de proyectos hidroeléctricos en Huehuetenango, una de las mujeres de la comunidad de Bella Linda de la microrregión de Yichk’isis que solicitó no se citara su nombre por razones de seguridad, indicó que desde el 2013 fueron objeto de amenazas e intimidaciones por su participación en reuniones públicas.

Ella narró que a raíz de esas actividades gran parte de su familia decidió refugiarse en México. “Solo yo me quedé aquí, mi familia está del otro lado. Mi madre me dice: mija saber cuándo nos vamos a volver a ver. Pero aquí estamos pidiéndole todos los días a Dios porque ya no queremos que esos proyectos regresen, ya no queremos tristeza, dolor, sufrimiento. Nuestros hijos están creciendo, ellos solo quieren comer y sobrevivir, por eso nosotros luchamos”, indicó.

Según su relato, las fuerzas de seguridad nacional como la policía y el ejército, así como guardias de seguridad privada, también cometían abusos y violencia en su contra, intimidándolas con hacerles daño a sus hijos pequeños cuando las veían “cargándolos” o que participaban en protestas y reuniones en contra de las hidroeléctricas.

“Nosotros como mujeres ahí comenzamos a unirnos para poder parar eso y preguntar para qué querían llevarse a los hombres. En una de esas acciones de protestas fue que agarraron al compañero Víctor Pérez, que en paz descanse”, señaló. Se refiere a la autoridad comunitaria de San Mateo Ixtatán, criminalizado, luego absuelto y que falleció el año pasado.

Añadió que cuando las entrevistaron para saber qué estaba pasando en esa región, fueron las mujeres las que dejaron claro que manifestaban en contra de los proyectos: “por nuestro derecho, pero también por la vida de nuestros hijos, no los estábamos insultando, nosotros solo peleamos con palabras, mientras ellos venían con bombas y con armas”.

Además, contó que cerca de la comunidad había una casa que le llamaban la casa de la máquina, y cuando pasaban por ese lugar, había hombres armados que les decían: “esas pinches mujeres van a querer una su buena agarrada, una buena violada”.

En una ocasión, la entrevistada narró que por ese lugar pasaron tres hermanas, que cansadas del acoso encararon a los sujetos y lograron agarrar a uno y quitarle el arma. “Le dijeron -si sos tan bueno para decirnos cosas, vamos a ver ahora, hacelo pues-, pero él se quedó callado y no hizo nada. Eso se lo decían para asustarlas, pero esas compañeras no se dejaron”.

La entrevistada consideró que a partir de ese tipo de episodios las mujeres de esa comunidad se unieron más y estrecharon los lazos de afecto y de comunicación, por eso ahora salen juntas y se reúnen.

“Ya no queremos esos proyectos, pero queremos que no nos dejen solos, en este mundo estamos llenos de maldad, nosotros creemos en las cosas buenas y le pedimos a Dios que nos ayude a derrotar las cosas malas. La gente que tiene poder, dinero, empresas, nos ven a los campesinos como que no fuéramos nada, pero ante los ojos de Dios todos valemos lo mismo, por eso seguimos luchando”, puntualizó.

Nombrar las violencias que trastocan

Para la socióloga Monzón, la vida y las comunidades se trastocan cuando hay una sistemática violación al derecho que tienen como pueblos indígenas, según legislación nacional y convenios internacionales como el 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), porque de manera general, se ha venido retrocediendo en el cumplimiento del marco de los derechos humanos.

“Esto no es solo para Guatemala, se ha visto en la región, sobre todo en Honduras que es de los que también ha padecido esta problemática”, añadió Monzón.

Las dinámicas que se trastocan tienen que ver con la vida cotidiana de las mujeres de manera particular, porque son las responsables por la asignación del rol de género, de la reproducción y del cuidado de la vida, lo que es perturbado cuando se empieza a instalar la incertidumbre y la amenaza concreta, añadió la socióloga.

A su criterio, es importante hacer explícitas y señalar a este tipo de violencias por sus dimensiones. “Cuando se llevó a cabo el proyecto REMHI, no se había considerado inicialmente un tratamiento específico de ese tipo de violencia, pero fue surgiendo porque las primeras que empezaron a dar testimonios sobre sus familiares torturados, asesinados, desparecidos fueron las mujeres, pero no se hablaba de la violencia que ellas habían padecido, esto empezó a surgir y la necesidad de abrir un capítulo para ese tipo de violencia”, indicó.

En el orden patriarcal, en opinión de la experta, siempre se va a culpar a las víctimas, por esa razón para las mujeres será doblemente difícil reconocer que la han padecido, más si se trata de violencia sexual, porque en la sociedad guatemalteca existe instalada una idea que ellas son las que la provocaron, algo que es de suma urgencia cambiar y nombrar.

Este material se comparte con autorización de Prensa Comunitaria

Sin recuperación económica ni laboral las mujeres son las más afectadas

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CIMACFoto: Ericka Cervantes

En la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares (ENIGH) 2020, las mujeres tuvieron un ingreso promedio trimestral de 14 mil 860 pesos, prácticamente la mitad del ingreso masculino, 52 por ciento menor a los 22 mil 618 pesos que obtuvieron los hombres.

En consecuencia y según Coneval, únicamente 24 de cada cien mujeres no son pobres, mientras que la gran mayoría (76 por ciento), sufren carencias sociales y económicas. Una mirada a su nivel de ingreso laboral confirma esta afirmación, considerando que éste es, en promedio, más del 66 por ciento del ingreso de los hogares, y se complementa con remesas y transferencias de programas sociales.

Tendencia del nivel de ingreso salarial

Conforme a datos de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE) del Inegi, en el cuarto trimeste de 2021,  7.5. millones de mujeres percibían un ingreso equivalente a más de uno y hasta 2 salarios mínimos (SM); en contraste, en el nivel de más cinco SM sólo 35 mil 447 trabajadoras reciben ese salario (1.6 por ciento), véase gráfica.

En cambio, en el tercer trimeste de 2019 el número de mujeres que recibían el nivel de más de 5 SM era de 508 mil 900, cifra superior al número de trabajadoras con esos ingresos en 2021, un  2.4 por ciento. En el nivel de más de 1 hasta 2  SM el porcentaje de 32.2 era inferior al que se observa en 2021 (41.5 por ciento).

En síntesis, ha crecido el número de trabajadoras con bajos salarios (más de 1 hasta 2 SM), con una importante disminución del número de trabajadoras con más de 5 SM. No hay una recuperación de los ingresos laborales respecto a 2019, por el contrario, han decrecido significativamente los ingresos de las mujeres. Después de la pandemia siguen muy afectadas en su economía, su salud y en sus derechos.

Durante 2021 las tasas de informalidad y subocupación se mantuvieron en niveles altos, en informalidad la más alta fue en el tercer trimeste, con 54.9 por ciento. Esto es muy grave, más de la mitad de la fuerza laboral femenina está al margen de los derechos laborales más elementales.

Tasa de subocupación. ¿Qué es la subocupacion según Inegi?: es el número de personas ocupadas  que trabajan menos de 35 horas semanales por causas involuntarias y desean trabajar más horas. Necesitan obtener más ingresos y para ello tienen que buscar un segundo empleo.

Las tasas de subocupación que registra 2021 son muy altas (veáse gráfica), el doble de lo que reporta el tercer trimestre de 2019 con un 7.3, frente a 12.7 por ciento de 2021. Los sueldos son bajísimos para más del 40 por ciento de la fuerza laboral femenina, esa es la causa central, han crecido los empleos pero han disminuido salarios y derechos laborales.

La desigualdad regional también es un factor a considerar, hay una mejor recuperacion de los empleos formales en el norte del país por estar vinculados al modelo exportador y la recuperación de la economía del país vecino; en contraste, cuatro entidades  reportan pérdidas de estos empleos: CDMX (-11,425); Guerrero

(-6,060); Chiapas (-3,595) y Puebla con una disminución de 3 mil 316 empleos formales, de acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

Pese a la reforma del outsourcing que permitió una recuperación de la formalidad, ello no significó la creación de nuevos empleos.

Otro dato que confirma la NO recuperación a las condiciones previas a la pandemia es el déficit de empleos. Para marzo de 2020 era de 20.0 y creció a 22.9 por ciento en diciembre de 2021 (datos Inegi).

Las cifras de Consar acerca de los retiros en las Afores por desempleo también corroboran lo díficil que es la recuperación;  en 2018 fueron del orden de 864.8 millones de pesos, para 2021 ascendieron a 1,754.8 un crecimiento de más del 200 por ciento.

No existe seguro de desempleo y cero apoyos fiscales paraa sortear el desempleo, se están comiendo su dinero para el retiro o jubilación, muy mal.

En materia de Pensiones contributivas las cosas no están mejor al aprobarse el uso de la UMA como unidad de medida para dos aspectos fundamentales: el cálculo del monto de la pensión, así como los incrementos anuales, éstos se hacen de acuerdo al incremento del UMA y no al del Salario Mínimo.

Disminuyendo el monto de las pensiones y los aumentos anuales, cada año las mujeres reciben una pensión más baja, decreciente, cada año son más pobres.

En 2021 la UMA equivalió a 89.62 pesos; mientras que para el 2022, 96.22 pesos, según datos de Inegi. El Salario mínimo para esos mismos períodos es de $141.70 y 213.39 (2021), para 2022 son 260.34 en la frontera norte y 172.87 el resto del país. Una diferencia considerable entre UMA y Salario Mínimo, perjudicando a las personas que reciben pensiones contributivas.

Obviamente hicieron y hacen falta apoyos fiscales para la población, básicamente para mujeres, y no son suficientes los programas sociales.

Por fortuna los flujos altos de las remesas continúan, han contribuido en forma sustancial a sostener el valor del peso y aliviar la pobreza de las jefas de familia.

Pemex se ha beneficiado de los incrementos en el precio del petróleo provocados por la crisis de Ucrania (y del mundo); ese es un lado de la balanza, el otro son los crecimientos de los precios en Gas LP y gasolinas, abonan en el proceso inflacionario que se padece.

No se puede bajar la guardia en la defensa de una economía más saludable para los bolsillos, en la disminución de la violencia, los casos de feminicidio en 2021 superan a los de 2020 en 2.6 por ciento. La precariedad femenina también tiene esta expresión, por desgracia.

PD:

La reforma a la Ley de Seguridad Social (LSS), aprobada por el Congreso de la Unión en diciembre del 2020, ayudó a 28 mil 272 trabajadores a tener derecho a una pensión dado que no cumplían con el requisito previo de al menos 1,250 semanas de cotización.

L a reforma pensionaria disminuyó las semanas de cotización de 1,250 a 750 en el 2021. A partir de este año las semanas de cotización se incrementarán en 25 semanas hasta llegar a las 1,000 en el año 2031.

En enero IMSS otorgó 1,458 pensiones del Régimen 97, de las cuales, un mil 329 contaban con menos de un mil 250. Son  mujeres quienes tienen mayor problema para cumplir con el número de semanas de cotización por sus trabajos de cuidados y la maternidad, que les lleva a interrumpir su vida laboral,  por ende sus contribuciones en Afores.

Son 2400 millones las mujeres con menos derechos económicos

 

Las mujeres con igual trabajo que los hombres tienen una remuneración inferior en decenas de países, y apenas 12 economías avanzadas han equiparado completamente los derechos y oportunidades de desarrollo para ambos géneros. Foto: Edwin Torres/Gobernación de New Jersey

WASHINGTON – Aproximadamente 2400 millones de mujeres en edad de trabajar en el mundo no tienen igualdad de oportunidades que los hombres, con barreras legales que les impiden participar plenamente en la economía de 178 países, concluyó un estudio divulgado este martes 1 por el Banco Mundial.

Globalmente “la brecha entre los ingresos esperados tanto de hombres y mujeres a lo largo de su vida es de 172 billones (millones de millones) de dólares, casi dos veces el producto interno bruto (PIB) mundial anual”, señaló Mari Pangestu, directora gerente de Políticas de Desarrollo y Alianzas de la institución.

En 86 países las mujeres enfrentan algún tipo de restricción laboral, y 95 no garantizan la igualdad de remuneración por un trabajo de igual valor.

El informe del banco, “La Mujer, la Empresa y el Derecho 2022” mide las leyes y regulaciones en ocho áreas que afectan la participación económica de las mujeres en 190 países. Las áreas son Movilidad, Trabajo, Remuneración, Matrimonio, Parentalidad, Empresariado, Activos y Jubilación.

Las mujeres todavía acceden a solo tres cuartas partes de los derechos reconocidos a los hombres, lo que se traduce en una puntuación total de 76,5 sobre los 100 puntos que indicarían la existencia de una paridad jurídica completa.

Solo 12 países, todos integrantes de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE, de economías industrializadas o emergentes), tienen paridad jurídica entre los géneros, según el estudio.

Ellos son Bélgica, Canadá, Dinamarca, Francia, Grecia, Irlanda, Islandia, Letonia, Luxemburgo, Portugal, España y Suecia.

El estudio recoge sin embargo que, a pesar del efecto desproporcionado que la pandemia covid-19 ha generado en la vida y los medios de subsistencia de las mujeres, 23 países reformaron sus leyes en 2021 y “dieron pasos muy necesarios para promover la inclusión económica de las mujeres”.

En América Latina y el Caribe las mujeres acceden a menos de tres cuartas partes de los derechos legales que se otorgan a los hombres, y de las 32 economías de la región, dos promulgaron reformas en 2021.

Argentina contabilizó explícitamente los períodos de ausencia por cuidado infantil en las prestaciones de jubilación, y Colombia se convirtió en el primer país de la región en introducir la licencia parental remunerada, con el objetivo de reducir la discriminación contra las mujeres en el lugar de trabajo.

Las regiones de Medio Oriente y Norte de África, y África al sur del Sahara, mostraron las mejoras más significativas en el índice de La Mujer, la Empresa y el Derecho, aunque continúan rezagadas con respecto a otras partes del mundo.

Gabón se destaca por haber introducido amplias reformas en su código civil, y por haber promulgado una ley sobre la eliminación de la violencia contra la mujer. La puntuación de este país aumentó de 57,5 en 2020 a 82,5 en 2021.

La región de Asia oriental y el Pacífico “sigue reformando su legislación en favor de la igualdad de género, pero a un ritmo lento”, de acuerdo con el informe.

Dos economías de Asia oriental hicieron reformas el año pasado. Camboya introdujo un sistema de pensiones de vejez en el que se equiparó las edades a las que tanto los hombres como las mujeres pueden jubilarse con pensión completa, y Vietnam eliminó todas las restricciones al trabajo para las mujeres.

En Asia meridional las mujeres acceden a solo dos terceras partes de los derechos reconocidos a los hombres. Solamente una economía en la región implementó reformas: Pakistán eliminó las restricciones del trabajo nocturno para las mujeres.

Las economías avanzadas continúan logrando avances en los indicadores del estudio, y España, Grecia y Suiza reformaron sus leyes en 2021, todas centradas en mejorar la licencia remunerada para los nuevos padres y las nuevas madres.

Abogando por la licencia parental compartida, Carmen Reinhart, vicepresidenta y economista jefe del Grupo Banco Mundial, dijo que “las mujeres no pueden lograr la igualdad en el lugar de trabajo si están en una posición desigual dentro del hogar”.

“Eso implica lograr condiciones equitativas, y asegurarse de que el hecho de tener hijos o hijas no impida a las mujeres participar plenamente en la economía y hacer realidad sus esperanzas y aspiraciones”, añadió Reinhart.

A-E/HM

Cada vez es menos

Ilka Oliva Corado

Crónicas de una inquilina


Las únicas veces que Caya de nía Chenta escuchó el sonido de los cascos de los caballos sobre los adoquines fueron las noches haciéndole compañía a la señora de la farmacia cuando sus hijos se iban de viaje a la capital, entonces pedía favor a nía Chenta para que se la prestara para que se quedara a dormir con ella  mientras regresaban, así fue como Caya escuchó el sonido del agua potable recorriendo la tubería de pvc, en esa casa también vio por primera vez un inodoro, una pila y un refrigerador. Una plancha eléctrica, un televisor a control remoto y una secadora de pelo.

Qué distinto el sonido del pueblo al de su aldea que quedaba perdida entre los cerros, a donde no llegaba el agua potable, ni la luz eléctrica. Mientras las niñas del pueblo iban a la escuela a Caya le tocaba ir a acarrear agua al nacimiento que quedaba a seis kilómetros de su casa, se llevaba dos mulas y diez tinajas, cuatro en cada mula y dos que cargaba ella, una en la cabeza y otra en la cintura.  Eso a las cuatro de la madrugada para regresar aclarando el día, poner a hervir el maíz, molerlo en el molino de mano y echar las tortillas para llevar desayuno a su papá y a sus hermanos que trabajaban de mozos en una finca.  

Su mamá para mientras cuidaba a los tres hermanitos pequeños, dos gemelos de meses de nacidos y la hermanita de tres años a la que Caya le llevaba nueve, su mamá le enseñó a hacer quesadillas y pan de arroz, marquesote y semitas que salía a vender al pueblo para ayudarse en la compra de sal, aceite, gas para el candil, jabón, baterías para el radio, azúcar y cal para cocer el maíz. En una de esas ventas fue que la conoció la señora de la farmacia que también le sugirió que comprara leche y que hicieran queso y crema para vender que si quería ella podía ofrecerlos en la farmacia. Cada vez que subía al pueblo a vender Caya se quedaba ayudándole en la limpieza de la casa, a cambio la señora le daba dinero unos días y otros le daba víveres, ropa usada, zapatos que iban dejando sus hijos para que se los diera a sus hermanos. Y un día para su cumpleaños le dio una máquina de coser usada, le dijo que podía comprar pedazos de tela y hacer delantales, bolsas de manta y remendar ropa  y que podía quedarse ahí en la casa cosiendo porque le ayudaba la luz eléctrica y así fue como Caya de nía Chenta aprendió el oficio de la costura que le ayudó mucho para dar dinero a sus papás a quienes veía muy poco, entre que limpiaba la casa de la señora, salía a vender las quesadillas, hacía el queso y la crema y se ocupaba en la máquina de coser.

Una noche que se quedó a dormir en la casa de la señora de la farmacia le sucedió la desgracia, uno de los hijos mayores regresó de la capital y la abusó mientras dormía, le tapó la boca para que no gritara y la amenazó que si decía algo iba a contar en el pueblo que fue ella quien lo buscó y que él como era hombre no podía decirle que no. Así fue como Caya de nía Chenta quedó embarazada a los doce años, cuando se lo explicó a sus papás no le creyeron, tampoco le creyó la señora de la farmacia que la culpó de abuso de confianza, que le dijo que cómo se atrevía siendo sirvienta a voltear a ver a sus hijos, que le echó en cara la ayuda, la máquina de coser y los zapatos usados que le regalaba para sus hermanos.  Los papás la echaron de su casa, le dijeron que era una vergüenza para la familia y un mal ejemplo para su hermana menor, con tres meses de embarazo Caya se fue de su aldea en Ahuachapán, El Salvador y cruzó la frontera hacia Guatemala, en Jalpatagua buscó trabajo en las tiendas, tocó puertas en casas, en bodegas de granos y consiguió trabajo haciendo limpieza en una cafetería.

No recuerda las veces que la abusó el dueño y la amenazó  que si le decía algo a su esposa la echaría a la calle, ahí en la cafetería tuvo a su hija,  a los dos meses cuando  sintió fuerza para poder caminar se fue del lugar, se paró a media calle con su hija en brazos y paró tráileres pidiendo que la llevaran a la capital, no tenía dinero, de tráiler en tráiler llegó a la frontera entre México y Guatemala, en ese camino conoció la ingratitud, porque sin dinero la única forma de pago fue su cuerpo, ninguno se ofrecía a llevarla si no le daba algo a cambio y de la misma forma atravesó México en tráileres con su hija en brazos, así fue como llegó a Estados Unidos después de cruzar por la línea del tren entre Sonora y Arizona, de eso ya veinticinco años.

Caya pone el agua a hervir en una olla pequeña, la medida justa para tres tazas de café, no se acostumbra al café instantáneo ni a las máquinas eléctricas, tiene que tomar su café hervido. Se cambió el nombre, desde que llegó al país dijo que se llamaba María, le dicen Marry, no quería ningún recuerdo de la familia que la echó, su nombre tampoco. Tiene 22 años trabajando de costurera en una lavandería, vive en un apartamento que comparte con su hija Nuria y su nieto Paco, de los tres él es el único con papeles pues es ciudadano estadounidense, está en la escuela primaria. Ni su hija ni su nieto saben su historia ni por qué emigró, no conocen a los familiares de su mamá y su abuela, sólo saben que es salvadoreña y que cuando extraña su país hace quesadillas y pan de arroz que acompaña con café hervido, pero cada vez es menos. 


 
Ilka Oliva-Corado. @ilkaolivacorado
3 de marzo de 2022.

Pensar y explicar la violencia extrema

  

Sobre “Necromáquina”, de Rossanna Reguill

CIMACFoto: César Martínez López

“Cuando morir no es suficiente”, subtítulo del reciente libro “Necromáquina” (2021) de Rossana Reguillo, apunta a la dimensión “abismal” de la violencia extrema que estamos viviendo en México desde la agudización de una “guerra inducida” (Monárrez) que alcanza hoy niveles casi inimaginables de crueldad.

Enfrentar las masacres y desapariciones y la extorsión impuestas por el crimen organizado, en colusión muchas veces con autoridades, es aterrador para la población; analizarla, es un reto doloroso. Dar cuenta y articular el sentido del salto a una crueldad extrema, que secuestra, desaparece, desgaja cuerpos humanos y los oculta como despojos en fosas clandestinas o los exhibe des-humanizados en calles y puentes, implica confrontar el espanto que enmudece, atreverse a mirar un horror asociado con lo indecible, para acotar con el poder de la palabra ética ese vacío que amenaza con engullir el sentido de lo humano y lo social.

Con una impresionante trayectoria como investigadora de las juventudes, los movimientos sociales y las violencias, Rossana Reguillo ha echado mano de un sólido bagaje intelectual y de su singular capacidad de reflexión e imaginación crítica para ofrecernos un acercamiento a las ya no tan nuevas violencias que desafían día a día a la sociedad, al Estado y su perdido monopolio del uso de la violencia “legítima”.

Con ello nos invita a superar las explicaciones maniqueas e intentar aprehender lo que llamamos “barbarie”, como si fuera ajena a “nosotros”, y resistir a su normalización.

Aunque una primera lectura no dé cuenta de la riqueza de este libro, destaco al menos su relevancia para pensar mejor en vías de resistencia e intervención social ante las violencias que desde hace años diezman nuestro presente y futuro.   

A través del análisis de hechos violentos que pautan el paso del inicio de la “guerra” al predominio del “narco” en vastas regiones,  al control con afán totalitario sobre territorios, recursos, personas, redes políticas y sociales del crimen organizado, Reguillo explica la transformación  de lo que antes llamó  “narcomáquina”, todavía activada por una racionalidad acumulativa de ganancias, a lo que hoy nombra “necromáquina”, una insaciable maquinaria de muerte.

La “necromáquina” remite a las violencias atroces, con que no se busca matar para deshacerse de un “enemigo” sino demostrar un poderío que se quisiera inconmensurable sobre la vida misma: ya no basta con morir, explica un chico engullido por el crimen organizado, es preciso desbaratar(se). Ya no basta matar, hay que imponer dolor y destruir.

La necromáquina, explica Reguillo, “es la disolución de la vida en estado de urgencia”, recurre a una práctica de “tierra arrasada”, de “destrucción sistemática del territorio y de la vida, para imponer un régimen de terror a través de violencias inenarrables y someter a las poblaciones a la resignación total”. En ella participan tanto el crimen organizado como los ejércitos que expulsan poblaciones para implantar megaproyectos.

La “necromáquina” recurre a la violencia “disciplinante” para conformar cuerpos y mentes sumisos; despliega sobre todo “violencia expresiva” en procesos de des-humanización y des-personalización; transforma vidas en despojos, que exhibe para aterrar. El efecto de esta violencia expresiva  – también evidente en los casos de feminicidio de Ciudad Juárez (Monárrez, Segato)-  no queda en gritos o estremecimientos de espanto.

La necromáquina, desplegada con particular brío en Michoacán, transforma y conforma relaciones sociales, modos de pensar y vivir: normaliza la violencia y su lenguaje. Crea sus propios agentes, sus condiciones de funcionamiento. Apela a la emoción, al anhelo de pertenencia o “redención” (como la Familia/Templarios)…

Con lucidez, Reguillo nos confronta con la realidad de una maquinaria destructiva, que se nutre en las capas oculta(da)s de una sociedad que ha negado presente y futuro a millones de jóvenes y tolerado  violencias insoportables sin reconocer su propia responsabilidad.

No todo está perdido, sin embargo. La resistencia individual y colectiva que representan el trabajo de periodistas de investigación, bordadoras por la paz, madres buscadoras, libros como éste (añado), desafía el silencio y el sometimiento ante la normalización del horror.

Piden mesas de diálogo con autoridades federales para liberación de defensora Kenia Hernández

  

Ciudad de México.- El Centro de Derechos Humanos Zeferino Ladrillero- defensa legal de Kenia Hernández Montalván- y la Red Nacional de Defensoras de Derechos Humanos en México (RNDDHM), pidieron al gobierno federal retirar los cargos en contra de la defensora, terminar con su criminalización y solicitaron una mesa de diálogo con las autoridades federales para resolver el caso y otorgarle la libertad.

En un comunicado, la RNDDHM también se pronunció para exigir el cese inmediato de las acciones de criminalización y acoso judicial en contra de la defensora.

“El caso de Kenia se encuentra en el contexto adverso que enfrentamos las defensoras de Derechos Humanos ante la violencia y agresiones ejercidas por parte de distintas autoridades quienes en este caso recurren al uso ilegítimo e ilegal del sistema penal como medio para obstaculizar su labor y estigmatizar a las defensoras y defensores de DH”, expresó la Red.

Datos de la RNDDHM y de la Iniciativa Mesoamericana de Mujeres Defensoras de Derechos Humanos (IM-Defensoras), señalan que de las 1 mil 125 agresiones documentadas en 2021 en contra de defensoras, 105 están relacionadas con el inicio de causas o juicios penales y/o administrativos con base en la fabricación de hechos y pruebas, como en el caso de Hernández Montalván.

Kenia Hernández es una abogada, feminista y defensora indígena amuzga que ha participado en distintas luchas y movimientos sociales del estado de Guerrero. Es integrante del “Movimiento por la Libertad de los Presos Políticos” y dirigente del “Colectivo Libertario Zapata Vive”. Fue desplazada de Guerrero luego de recibir amenazas de muerte por parte de grupos criminales, por estos hechos, en 2019 fue incorporada al Mecanismo Federal de Personas Defensoras de DH y Periodistas.

No obstante, ha sido acusada de diversos delitos por los que actualmente se encuentra en reclusión. El pasado 19 de febrero, Kenia Hernández fue sentenciada a 10 años y seis meses de prisión, y una multa de 21 mil pesos por parte del Tribunal de Enjuiciamiento del Distrito Judicial de Almoloya de Juárez, en el Estado de México por el supuesto delito de “robo con violencia” en contra de Concesionarias Mexiquenses S.A. de C.V. Ésta sería la única sentencia que se ha dictado en su contra, mientras que el resto de los procesos siguen abiertos.

Por lo anterior, ayer, durante la conferencia mañanera del presidente Andrés Manuel López Obrador, fue interrogado sobre la situación de la defensora, a lo que respondió que le pediría al subsecretario de Población, Migración y Derechos Humanos, Alejandro Encinas, “que atienda el caso y que le dé un informe sobre la situación de la defensora”.

Posterior a la declaración, el Centro de Derechos Humanos Zeferino Ladrillero, emitió un comunicado en el que informa al titular del Ejecutivo federal que Hernández Montalván fue privada de su libertad bajo hostigamiento judicial, y que ha sido víctima de violencia institucional y de género y que durante las audiencias, la representante de CAFUPE y el juez a cargo del caso han señalado a Kenia Montalván como una mujer “peligrosa y insumisa” que necesita prisión preventiva para evitar el ejercicio de los derechos a la protesta social, asociación y libertad de expresión.

Límite gestacional en casos de violación, una barrera para que mujeres accedan a aborto

  

El pasado 17 de febrero, la Asamblea Nacional en Ecuador aprobó la Ley Orgánica para garantizar el acceso a los servicios para la interrupción voluntaria del embarazo por violación. Esta decisión da cumplimiento a una sentencia de 2021 que emitió la Corte de aquél país para reconocer la interrupción del embarazo para víctimas de violación; no obstante, en esta regulación se impone un límite de edad gestacional para acceder la interrupción voluntaria: 12 semanas para mujeres adultas y personas gestantes, y 18 semanas para niñas, adolescentes y mujeres de la ruralidad y de comunidades indígenas.

La imposición de un límite de edad gestacional es contrario a los derechos de las víctimas porque es una barrera práctica que niega el acceso a la IVE a las víctimas que, por distintas circunstancias, rebasen el límite de edad establecida, explicó en entrevista con Cimacnoticias, Marisol Escudero Martínez, asesora de políticas de Ipas CAM. 

De acuerdo con la abogada, no existe evidencia científica que respalde la decisión de imponer un límite de 12, 18 semanas u otro plazo gestacional para que una víctima de violación sexual acceda al aborto; por el contrario, refirió, los protocolos para los servicios de aborto de la Organización Mundial de la Salud señalan que es que es factible y seguro realizar una interrupción del embarazo hasta en el segundo o incluso tercer semestre de la gestación, siempre y cuando se realice por personal debidamente capacitado y con los insumos adecuados. 

En Chile, por ejemplo, la Ley N°21.030 establece que el aborto es legal cuando el embarazo sea resultado de una violación, siempre que no hayan transcurrido más de 12 semanas de gestación. En caso de menores de 14 años podrá realizarse hasta las 14 semanas de gestación. Lo mismo establece la legislación de Uruguay, donde se pide como requisito además presentar una denuncia formal. En Panamá se prevé la interrupción voluntaria del embarazo que fue consecuencia de violación pero solo durante los 2 primeros meses de la gestación.

Escudero Martínez especificó que en casos de violación, las leyes no pueden prestablecer criterios o límites de edad gestacionales porque hay situaciones en las que las mujeres tardan en denunciar la violación sexual, así como identificar o atender los embarazos; por ello, dijo, este tipo de requisito establece una barrera que afecta de manera desproporcional a niñas, adolescentes, con discapacidad y en condiciones con vulnerabilidad. 

Por ello, señaló la también defensora de los derechos sexuales y reproductivos, la autoridad sanitaria en cada país debe tomar en cuenta las características particulares de cada caso y, en el caso de las legislaciones, cuando se regule la interrupción del embarazo se debe tomar en cuenta la evidencia científica y el marco internacional de Derechos Humanos. 

De acuerdo con Escudero Martínez, en Ecuador fue muy evidente que los criterios para establecer la edad gestacional máxima para acceder al aborto nació de consideraciones políticas y no así de la evidencia científica. Desde la propuesta inicial de dictamen se propuso limitar la IVE a 28 semanas de gestación, después se redujo a 18, luego a 16 y finalmente quedó en 12 semanas sin ninguna argumentación científica ni de DH que lo justificara, detalló la experta. 

Luego de Ecuador, el pasado 22 de febrero Colombia consiguió la despenalización del aborto hasta las 24 semanas de gestación. En este caso no sólo para víctimas de violación, sino para toda aquella mujer que por distintas razones quisiera interrumpir su embarazo.  

A decir de Escudero Martínez, la discusión en América Latina en torno a la despenalización del aborto, debe ir hacia el reconocimiento del aborto como un servicio de salud, esto quiere decir que su provisión debe responder justamente a los protocolos y estándares de la OMS, así como evaluar caso por caso para determinar la seguridad y la procedencia de la interrupción del embarazo.

México: SCJN tiene criterios claros

En julio de 2021, la Suprema Corte de Justicia de la Nación en México se pronunció al propósito del Amparo en revisión 438/2020 promovido a favor de una mujer con parálisis cerebral severa, en condición de pobreza y marginación, víctima de violación sexual cuando era menor de edad, a quien el Director del Hospital General de Tapachula, Chiapas, le negó la posibilidad de interrumpir el embarazo producto del delito del que fue víctima por estar fuera del plazo de 90 días después de la “concepción”, establecido en el artículo 181 del Código Penal para el estado de Chiapas.

Al revisar el caso, la Primera Sala de la SCJN declaró inconstitucional la porción normativa del artículo 181 del Código Penal para el estado de Chiapas, ya que –dijo– la limitación temporal (o límite de edad gestacional) prevista en dicho precepto implica un total desconocimiento de la dignidad humana y del libre desarrollo de la personalidad de las mujeres gestantes, cuyo embarazo no es producto de una decisión libre y consentida, sino resultado de conductas arbitrarias y violentas que desconocen su carácter de sujeto autónomo y que por lo mismo se trata de conductas que se encuentran tipificadas penalmente y son reprochables por el Estado.

Previo a esta decisión, el congreso de la Ciudad de México pretendió elaborar una nueva Ley de Salud en la que se establecía un límite de 20 semanas para que las víctimas de violación interrumpan un embarazo. Si bien esta iniciativa fue aprobada por mayoría de votos, las organizaciones civiles feministas consiguieron mediante reuniones con las autoridades capitales que éstas la echaran atrás.